ABOGADOS COLEGIO PARA TODOS

«El debate trasciende la defensa de los intereses profesionales».


Entrevista a Damián Loretti, candidato a presidente del Colegio Público de Abogados...


«Hay que darle voz pública al Colegio. El derecho tiene cada día mayor peso en una sociedad cada vez más compleja. Hoy se habla de la expansión de derechos civiles, sociales, económicos y políticos, pero el Colegio no está presente en esos debates», señala Damián Loretti, candidato a la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por la agrupación Frente Gremial de Abogados Colegio para Todos.

La afirmación de Loretti, doctorado en Derecho a la Información, impulsor de la nueva ley de medios y ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pone el acento en un tema clave: el rol de las asociaciones profesionales en el seno de la sociedad.

«La discusión está más allá de la defensa de los propios intereses del abogado. No digo que deba existir una voz uniforme, porque se pueden llegar a situaciones donde se expresen minorías y mayorías mediante comisiones de trabajo que hagan públicos los debates. Insisto en que hay un rol de educación comunitaria para empoderar a la población con el conocimiento de las leyes. Es un desafío muy fuerte. Y es algo que, salvo nosotros, nadie está proponiendo», afirma Loretti.

–¿Qué temas debería poner en debate el Colegio Público de Abogados?

–Un tema es la reforma de los códigos civil y comercial. Hay un texto planteado. Sería de una enorme utilidad que el Colegio lo discutiera, que tuviera voz en una reforma central. Hoy, no hay debate. Ni siquiera se ha discutido sobre las implicancias del fallo de la Corte Suprema en la cuestión del aborto. La Corte dice que el caso más importante que tiene es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha dado instrucciones en caso de apremios ilegales y que ha instruido sobre cómo seguir con los casos donde se investigan crímenes de lesa humanidad. Si se miran las propuestas de las otras listas, o incluso la propia historia del Colegio, no hay un reconocimiento de esta realidad.

–La discusión de fondo es qué rol debe cumplir el Colegio Público de Abogados…

–Tal cual. Si es sólo defender los intereses de un sector profesional, aun con las diferencias que puedan existir, o de qué modo se le da preponderancia a la voz del abogado para jerarquizarlo y amigarlo con una sociedad que, como decía, es cada vez más compleja. Si uno observa un conjunto de leyes nuevas que se relacionan, por ejemplo, con los migrantes, los refugiados, con la salud mental o incluso con los medios de comunicación, el Colegio no está.

–Hay un crecimiento exponencial de los derechos…

–Seguro. Son derechos que la gente puede ejercer y sobre los cuales los abogados también tenemos un rol que cumplir. Es crucial entender al abogado más allá de su ejercicio individual. Hay que interpretar al abogado en la perspectiva del colectivo científico que integra.



«un Colegio para todos». Loretti explica que buena parte de las expectativas de la lista que encabeza pasan por captar el voto de los abogados que en ocasiones anteriores se volcaron a otras opciones. Pero también por hacer crecer el interés de los que no se sienten representados. “Hasta ahora, la gran satisfacción pasa por saber que hay colegas que nos han dicho que a partir de nuestra propuesta existe la posibilidad de pensar un Colegio distinto. Por eso levantamos el lema «un Colegio para todos»”, dice Loretti.

–¿Quiénes son los que no se sienten representados?

–Principalmente, los abogados jóvenes que no han encontrado todavía un espacio en la profesión. Es poco lo que ha hecho el Colegio por ellos. Tampoco encuentran incentivos en las propuestas más conservadoras. Dentro de esa franja hay una crisis seria, especialmente entre quienes trabajan en relación de dependencia...

–¿Los que trabajan para los grandes estudios?

–Sí. No tienen ningún tipo de derecho. O bien tienen sueldos muy deteriorados o, directamente, no son reconocidos en su jerarquía profesional.

–¿Por qué?

–Porque les asignan roles propios de un gestor.

–¿Qué otra mirada los diferencia del resto de las listas?

–La problemática de jerarquizar el rol del abogado en las estructuras de la administración pública, tanto del Estado Nacional como porteño. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, cómo se ensambla ese profesional dentro de las estructuras de los diferentes organismos públicos y, por el otro, la necesidad de establecer mecanismos de perfeccionamiento, investigación y publicación. Se trata, en definitiva, de que el abogado pueda mejorar en el escalafón profesional.

–Hay una idea generalizada que señala sólo como abogado a quien litiga…

–Es una idea errónea. Aún cuando no litigue, hay un mecanismo de ejercicio que no está suficientemente reconocido y jerarquizado en la administración pública nacional y porteña.

• Los actores concentrados. “Hay que compensar la asimetría económica porque genera una asimetría en el derecho de la defensa. El ejercicio de la profesión no es sólo, como dicen los sociólogos del derecho, dos expertos puestos en debate. Es mucho más que eso. También es lo que está atrás de cada uno de ellos en términos de los intereses a ser reconocidos y defendidos. No aceptarlo es desconocer las condiciones reales en que se desarrolla la profesión”, subraya Loretti. Su visión pone en relieve que el abogado que litiga en forma individual está en una situación de desventaja frente a los sectores más concentrados de la profesión.

–Una vez más aparece la cuestión de los grandes estudios.

–Es que frente a estos estudios, el litigante individual debe afrontar una situación de fuerte asimetría. Por ejemplo, tener que pagar un bono por parte implica desconocer el contexto real en que ese profesional ejerce. Además, es normal que los grandes estudios presentan poderes donde aparecen diez o quince abogados que alternativamente pueden ir las audiencias. Ese poderío económico también se manifiesta en una mayor capacidad para investigar jurisprudencia y doctrina. El otro abogado, el que trabaja en forma individual, el tiempo que está en la biblioteca se lo resta a su clientela.

–¿Cómo se resuelve esa asimetría?

–No creo que se puede resolver tan simplemente, pero se puede reducir. El Colegio debe realizar una tarea mucho más profunda de facilitación de materiales; por ejemplo, poniendo materiales online y concretando ateneos ante fallos o plenarios relevantes.

–¿Qué otra cuestión ligada a lo económico tiene en su agenda?

–La Ley de aranceles. Hay que modificarla. Hoy, el interés sobre el capital de condena tiene una tasa mucho más favorable que la tasa por la cual se ajustan los honorarios. En otras palabras: el deudor que no paga honorarios lucra con los intereses del profesional que lo representó. Otra cuestión que se debe revisar es el mecanismo de ajuste de los aranceles mínimos, que en la actualidad están establecidos por ley. También se debe buscar una solución para la situación de inequidad entre los abogados que pagan ganancias y otros que ganando lo mismo, pero en relación de dependencia, tributan menos.

–La lista ha sido identificada por algunos medios como una “lista K”…

–Los que integramos la lista provenimos de diferentes sectores. Algunos estamos más cercanos a las posiciones del Gobierno que otros. De nuestro espacio participan sectores de la conducción de la Asociación de Abogados en sus distintas vertientes, porque tampoco es un bloque homogéneo. También hay profesionales que integran la Asociación de Abogados Laboralistas y otros con una larga trayectoria en los organismos de derechos humanos.

–Algunos plantean que la política no debe ingresar en las organizaciones profesionales, que se debe mantener distancia. ¿Qué opina de esa oposición?

–Hay un planteo muy fuerte en ese sentido por parte de la actual conducción del Colegio. Se trata, en definitiva, del rescate de una posición apolítica, que es tradicional de los grandes estudios.

–¿En qué tradición política inscribiría la agrupación que encabeza?

–Nuestra fórmula reconoce dos cosas en su nombre. Por un lado, un homenaje a la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, que fue la institución donde se nuclearon los abogados que en su momento tuvieron un rol muy importante en la defensa de los presos políticos. Por otro lado, la perspectiva de «un Colegio para todos» habla de un programa inclusivo, de la intención de construir un Colegio que abarque a los casi 70.000 matriculados. Queremos que digan qué opinan, que participen y que se hagan cargo de que todos tienen derecho a pedir y disfrutar del Colegio Público.

Gabriel Bencivengo

Las 5 listas que se presentan en la elección...

Además de la nómina que encabeza Damián Loretti (Frente Gremial de Abogados Colegio para Todos), otras 4 agrupaciones disputarán espacios en el Consejo Directivo y en la Asamblea del Colegio Público de Abogado en las elecciones del próximo 24 de abril.

Una de ellas es Gente de Derecho, que postula la reelección del actual presidente de la entidad, Jorge Rizzo, quien propone la continuidad de una línea que se presenta como apolítica y que consiguió en los comicios pasados un fuerte ascendiente entre los sectores conservadores y liberales de la profesión.

Una base de apoyo ideológicamente similar tiene la agrupación que lidera Atilio Alterini, ex presidente del entidad (2000-2002) y ex decano de la Facultad de Derecho de la UBA (2002-2006) con el apoyo del radicalismo. En esta ocasión, y tras no acordar con PRO, Alterini es secundado por Juan Pablo Más Vélez, titular del radicalismo porteño.

Las dos listas restantes son Bloque Constitucional, que postula a Daniel Rybnik, y Nueva Alternativa, que lleva a Elías Salazar, de la mutual de abogados, organización que por primera vez presentará candidato propio.

Unificación del Código Civil y Comercial

El anteproyecto de modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación es un salto institucional cualitativo.

Es imposible resolver los problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX. El objetivo del nuevo Código es asegurar la libertad y la dignidad de las personas para elegir en el marco de las leyes su forma de vida. Sin sociedad y sin democracia nunca puede haber derecho.

Que se queden tranquilos los argentinos, que no les metan cosas raras en la cabeza, que no se sancionarán cosas que los vayan a perjudicar. Tengo fe en que aprobemos este año el nuevo Código y no lo haremos con los métodos del siglo XIX que fueron a libro cerrado. El que rige hoy fue aprobado a libro cerrado en el Congreso de la Nación.

Por supuesto, no es el tratamiento que voy a impulsar. Creo en el debate y mi larga tradición legislativa no me permitiría imponer al Congreso, que no lo aceptaría, una aprobación a libro cerrado...

Presidenta
Cristina Fernández

1
Matrimonio
No se realizan distinciones entre varón y mujer a los efectos de definir quienes pueden unirse en matrimonio, manteniendo así el gran avance logrado con la sanción de la Ley N° 26.618 (Ley de Matrimonio Igualitario).

Se incorpora la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias (único existente en la actualidad) y el régimen de separación de bienes, con acuerdos prenupciales. Igualmente, aún cuando se hubiera optado por el régimen de separación de bienes, el inmueble asiento del hogar conyugal queda especialmente protegido al requerir el asentimiento de ambos cónyuges para cualquier acto de disposición.


2
Divorcio
Se simplifican los trámites para solicitar el divorcio, admitiéndose que éste sea dispuesto sin mayores recaudos que la libre petición de uno o ambos cónyuges, sin requisitos temporales. Además, los cónyuges pueden hacer propuestas y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución.


3
Técnicas de reproducción humana asistida.
Se actualiza la legislación mediante la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida (como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras), regulando expresamente el consentimiento informado, los requisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por dicho medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.


4
Adopción
Se simplifica el régimen jurídico de la adopción, teniendo en miras, primordialmente, el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos. Se mantiene la adopción plena y simple, y se le incorpora el régimen de la adopción por integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente. Se admiten tanto la adopción conjunta como la unilateral.

En cuanto a los derechos del niño, niña o adolecente, se incorpora el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, a la identidad, a conocer sus orígenes, a la preservación de los vínculos fraternos.


5
Propiedad comunitaria indígena
Se establece que la Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas será: exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, insusceptible de gravámenes, inembargable e inejecutable, para la preservación de la identidad cultural y el hábitat de los pueblos originarios. También tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.


6
Gestación por sustitución.
El proyecto admite la figura de “gestación por sustitución”. En este caso, el elemento central es la voluntad procreacional, expresado el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. El consentimiento previo debe ser homologado judicialmente.

Asimismo, el juez interviniente en la homologación, constatará que la gestante no haya recibido retribución alguna y que alguno al menos uno de los comitentes ha aportado material genético.


7
Sociedades de un solo socio
Se crea la figura de la sociedad unipersonal que facilita la asignación de una porción del patrimonio a un proyecto productivo, incentivando así las inversiones.


8
Derechos Personalísimos
Se incorpora un capítulo, inexistente hasta ahora, dedicado a los derechos personalísimos, que abundan en los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad federal. Allí se reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros.


9
Formas modernas de contratación
Se incorporan modernas formas de contratación como los contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, franquicia, suministro y leasing, y se incorporan y armonizan los derechos del consumidor. Con ello se brinda mayor seguridad jurídica y se garantiza de mejor manera la defensa de los ciudadanos en tanto consumidores.

fuente
Unificación del Código Civil

De Etchecopar a Zaffaroni

“Ahí están otra vez. Esconden la nave en algún rincón oscuro del conurbano y salen de nuevo, armados, dispuestos a todo. A matar o morir”.

¿Quién es el pregonero del terror? La maquinaria de la criminología mediática aceita sus engranajes y comienza a rodar; no estamos seguros, dicen, ante un “ellos” cuyos márgenes son cada vez más difusos.

EL REGRESO DE LA MÁQUINA DEL MIEDO: El caso Etchecopar. Los estereotipos a la licuadora. El asalto al conductor radial y televisivo Angel “Baby” Etchecopar predominó en la escena mediática de la semana pasada. Su peculiaridad no radica únicamente en que la víctima es un destacado portavoz de las políticas de mano dura en materia de delitos; el aspecto más relevante lo constituye el hecho de haber encarnado como pocos esa síntesis de estereotipos cuyo objetivo último es instalar una sociedad de control frente a una población inerme.

Así, el tratamiento de la noticia que los diarios Clarín y La Nación efectuaron en relación al tema, se centra en caracterizar a los asaltantes como aquellos potenciales asesinos, delincuentes reincidentes, menores y marginales que habitan en aquellas “escuelas del delito” que son las villas de emergencia. Son “ellos”, un otro diferente y peligroso, que no teme a matar nia perder la vida.

La pieza periodística “Los marcianos atacan de nuevo” (Clarín, domingo 18-03-12) es un claro ejemplo de la construcción estereotipada del “ellos”. La idea de un extraterrestre, “ajeno al cuerpo social”, diferente a nosotros y temible, no lo constituye solamente el que comete el delito, sino que proviene, a decir del teórico del derecho Dr. EugenioRaúl Zaffaroni, “del mundo más amplio de estereotipados que no cometieron ningún delito y que nunca lo han de cometer”. ¿Quiénes pueden formar parte de este universo de diferentes? Desde identidades étnicas, de clase, grupos etarios (los “adolescentes”, los “menores” en general) socioculturales (los “pibes chorros”) potenciales integrantes de una marginalidad vaga que en cualquier momento puede atentar contra el orden establecido.

Para el diario Clarín, los jóvenes que viven en el barrio de los asaltantes de la casa del conductor forman parte de una “bomba social” que no se desactiva: son “los jóvenes de la banquina, sin nada que hacer”, cuyo único destino es “un horizonte de revólver y muerte”. Son el “ellos”, “los pibes que todavía no salieron a robar, pero que pueden empezar esta tarde, mañana o la semana que viene”, porque la criminología mediática opera de ese modo: universalizando al “delincuente”, imponiendo su particular visión del universo social plagado de prejuicios.

Otro de los estereotipos más frecuentes es el de la “reincidencia”: se trata de destacar que el asaltante volvió a cometer un delito gracias a la impunidad promovida por aquellos jueces que le otorgan, pese a sus antecedentes, la libertad. Así, en su edición del 14/03/12, La Nación titula: “En libertad condicional, salía a robar”, mientras explica que “Hasta anoche, ningún integrante del Tribunal Oral de San Martín que le otorgó ese beneficio al sospechoso explicó por qué excarceló al imputado, a pesar de los antecedentes que tenía”.

Por otro lado, la criminología mediática apela a la empatía sólo en el caso de la víctima: utiliza casi únicamente como fuentes a sus familiares y amigos, construye un perfil de “buen ciudadano”, y recurre a citas de autoridad y oficiales para legitimar la autodefensa a cualquier costo: en una nota del 17/03/12 titulada “El intendente de San Isidro defendió la reacción de Baby Etchecopar”, La Nación justificaba el homicidio cometido contra uno de los asaltantes: “Gustavo Posse dijo que el periodista ‘no tuvo opción’ ante la agresión que sufrió su familia en el asalto en su casa”. Clarín cita al Fiscal interviniente en el caso, Dr. Andrés Zárate: “para el fiscal, la acción de ‘Baby’ Etchecopar fue un caso de legítima defensa”.


La realidad presentada como tragedia

Eugenio Raúl Zaffaroni plantea que, en ocasiones, la criminología mediática da con la víctima ideal, capaz de provocar identificación en un amplio sector social, y en tal caso la convierte en vocera de su política criminológica, consagrándola como víctima héroe. La aplicación de este recurso por parte de Clarín y La Nación puede ejemplificarse con exactitud en el tratamiento que dichos medios realizaron sobre la muerte de un peluquero de la conurbanísima Lanús en ocasión de robo.

En la pieza “Lo mataron de un balazo en el corazón para robarle el auto”, publicada el 15/03/12, La Nación apela al testimonio de la madre del peluquero asesinado: “Lo mataron como a un perro de un balazo en el corazón” dijo, conmovida, la madre de la víctima, María Esther. La otra fuente, la esposa, es otra víctima a la que la criminología mediática fagocita en el peor momento de vulnerabilidad, “interrumpiendo brutalmente el camino de elaboración del duelo, o sea de restablecimiento de su equilibrio emocional” (E.R Zaffaroni).

Así, a decir de La Nación, “Consternada, muchísimo más dura fue Romina, la mujer de Ayala que dijo:Me quedo sola con mis hijos por estos delincuentes de mierda que lo asesinaron por un auto de porquería. Estoy podrida de estos pendejos de mierda que tienen 14 años y los largan de vuelta porque son menores de edad. Los tienen que matar a todos”.

Las duras declaraciones de Romina no fueron puestas al azar, ya que en ellas están implícitos temas que son debatidos frecuentemente al interior de la sociedad, como lo son la baja de la edad de la imputabilidad o la pena de muerte, temas controvertidos a los que se pretende dar legitimidad mediante el testimonio directo de una víctima. La empatía generada hacia ella permite que sea políticamente correcto, o al menos comprensible, plantear la pena de muerte.“Por supuesto que estos shows seleccionan algunas víctimas y ocultan otras, procurando sugerir discursos vindicativos y represivos a las seleccionadas” (E.R Zaffaroni).

Al día siguiente, La Nación vuelve a reproducir el estereotipo de menor delincuente en la pieza: “Cuatro detenidos por el crimen de Axel Ayala”, cuya bajada enfatiza “Cuatro personas, dos de ellas menores de edad fueron detenidas”.

Clarín lleva la emotividad y la empatía al extremo al reproducir el testimonio del hijo de siete años de la víctima: “no puedo llorar, mi papá me dijo siempre que tenía que ser un hombre fuerte”. La pieza en que esta declaración aparece, tiene el gráfico título Sueños rotos, y en ella se describe la vida de un laborioso trabajador del conurbano, que a base de esfuerzos había conseguido comprar el auto, al que unos delincuentes impidieron alcanzar su nueva meta de la casa propia (Clarín 15-03-12).

Por su parte La Nación, ese mismo día narraba: “Otra víctima de la inseguridad, otro golpe del delito. La violencia parece no detenerse en el conurbano bonaerense. Ayer fue el turno de un joven de 31 años,-padre de un nene de 7 años- en Lanús, al que para robarle el auto mataron de un tiro en el corazón”. Lo que aquí se destaca era su condición de padre de un niño de siete años, para aumentar la sensación de odio e impotencia, dato que nunca aparece cuando se elimina a un “ellos”: a nadie parece interesarle el niño que se queda sin padre cuando el asaltante es asesinado.


“Nadie escapa a la inseguridad”

Si bien la construcción de la victima predilecta por la criminología mediática corresponde al estereotipo del trabajador de clase media, padre de familia, buen contribuyente, respetuoso de las leyes que debe soportar el acecho constante de un “ellos” peligroso, otras tácticas más sutiles, pero no por ello menos efectivas, refuerzan esa sensación de constante amenaza. Así, los medios hegemónicos instalan en el imaginario social la idea de que hasta aún aquellos que son los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, tanto como quienes se constituyen en referentes de la defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, sufren las consecuencias de la “escalada del delito”.

En su edición del 17/03/12, el diario La Nación publicó una pieza periodística acerca del secuestro extorsivo de la familia de Juan Zabaleta, “secretario administrativo del Senado y mano derecha de Amado Boudou”. El título “Un secuestro de tres horas que inquietó en el poder” lleva implícita la idea de que el hecho delictivo no escapa al poder político, reforzando la representación de un Estado impotente, incapaz de resolver las problemáticas que la criminología mediática identifica como prioritarias en la sociedad.

Algo similar ocurre en la edición del 14/03/12 del diario Clarín, con la pieza titulada “Brutal asalto a una Madre de Plaza de Mayo en su casa de La Plata”, donde esta vez son aquellos que velan por las garantías constitucionales, incluso las de los “delincuentes”, las víctimas de un “ellos” que hasta parece “ensañarse” hasta con sus supuestos defensores: “Se ensañaron conmigo cuando les dije que era Madre de Plaza de Mayo”, declaraba a Clarín Nora Centeno tras el episodio.

Estos mecanismos a los que recurren los medios hegemónicos tienen como objetivo instalar en el sentido común popular la percepción de un Estado ausente, indiferente al reclamo ciudadano de mayor seguridad en las calles, corrupto institucionalmente e impotente que ejerce un abandono del espacio público al no dotarlo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para hacer efectiva una sociedad de control. Así, para Clarín el estado perdió el poder de disuasión (“Inermes ante el matar por matar”, Clarín, 13-03-12) mientras la justicia brilla por su ineficiencia; así a decir del Dr. Zaffaroni “La consigna de la criminología mediática, según la cual a mayor represión corresponde menor libertad y mayor seguridad, impulsa una política que procura un control que neutralice políticamente a la población excluída o marginada acosta del sacrificio de muchas vidas humanas”.


Zaffaroni vs. Grondona

Pero si alguien cumple un rol estratégico en la construcción de los estereotipos de que hace uso la criminología mediática, es el intelectual orgánico a las clases hegemónicas.Si hay alguien en el universo mediático que encarne a la perfección a este tipo de intelectual es Mariano Grondona, quien constituye una referencia ineludible en la difusión de la parcialidad de los medios hegemónicos.

En su columna de opinión del domingo 18-03-12 en La Nación, titulada “Los jueces los liberan y ellos vuelven a matar”Grondona ofrece una interpretación teórica y política de las causas principales de la proliferación del delito en Argentina, a saber: la propagación de una teoría del derecho que incita a la impunidad: la teoría abolicionista de la pena. No se trata ya del clásico debate entre “garantistas” y quienes exigen “mano dura”, interpretaciones ambas de la teoría liberal. De hecho, Grondona reconoce en nuestra constitución nacional una interpretación garantista del derecho; la amenaza reside ahora en una teoría que se aleja peligrosamente del encuadre liberal de que toda sociedad occidental y moderna dispone. Así el abolicionismo, doctrina que interpreta al victimario del delito como víctima oprimida del sistema, cuyos derechos básicos fueron lesionados por las desigualdades sociales imperantes, se acerca peligrosamente al “anarquismo”.

Esta asociación del abolicionismo con el anarquismo no es antojadiza: su objetivo último es asociarla al “caos” social, al desorden; a la constitución de una democracia restringida, donde los delincuentes son liberados y vuelven a atacar al cuerpo social. Y el mayor difusor de esta teoría es, a decir de Grondona, el mismísimo integrante de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Zaffaroni, quien ha sido responsable de formar ideológicamente a un gran número de jueces que, educados en esta doctrina, la ejecutan a la hora de dejar en libertad a los delincuentes, erosionando los pilares básicos del ordenamiento jurídico.

El grito de guerra de la criminología mediática se hace oír en la voz de sus intelectuales del orden conservador: eliminando a la escoria social, las garantías penales son potestad de un “nosotros” restrictivo, que debe ser vigilado para ser salvaguardado; así el espíritu de su proclama puede resumirse en la siguiente frase publicada en La Nación: “Es imperioso, pues, que la policía gane en número y calidad de recursos humanos y técnicos para combatir exitosamente el delito y recupere así la confianza de la ciudadanía, que hoy se encuentra inerme”(A merced de la delincuencia, 18-03-12).

Más poder a la policía, más efectivos patrullando las calles, mejores dispositivos de control tecnológico y rigor en la aplicación de las penas son los reclamos de la prensa hegemónica que confirman la consigna de la criminología mediática, que a decir de Zaffaroni “a mayor represión corresponde menor libertad y mayor seguridad”.

Agencia Periodística de Buenos Aires

EL REGRESO DE LA MÁQUINA DEL MIEDO

El hecho protagonizado por Baby Etchecopar reavivó la psicosis de la inseguridad. La lectura política del caso...

El de la inseguridad es un debate sobre un campo minado: depende del factor sorpresa y de algún estruendo que sacuda la buena conciencia del espíritu público. En ello consiste una buena parte de la dialéctica del asunto. Al respecto, en esta semana nada fue comparable al episodio en la casa del conductor radial Ángel Pedro Etchecopar.

Pero el largo brazo de la violencia urbana también zamarreó a una Madre de Plaza de Mayo y a la familia de un altísimo funcionario parlamentario. Como para dejar en claro que tal flagelo no tiene ideología ni descanso. Apenas 24 horas después de ese inolvidable martes 13, los diarios de mayor tiraje relegaron esos hitos a un segundo plano por una tragedia inmediatamente posterior: el asesinato de un hombre para robar su vehículo. Es curioso que aquella noticia mereciera hasta sus tapas cuando, en las semanas anteriores, incidentes exactamente iguales sólo ocupaban un modesto recuadro en la segunda mitad de la edición. Lo cierto es que, tras unos meses de quietud –con los delitos contra la propiedad opacados por una seguidilla de crímenes íntimos–, la máquina del miedo ha vuelto a funcionar.

La casa del Ángel. Le pudo pasar a cualquier ciudadano. Pero le tocó a Etchecopar, el famoso Baby. Y es precisamente su celebridad, anudada al dramático atraco del cual fue víctima, la que hace de él un símbolo social. La imprecisa masa anónima se pone en su lugar. Y teoriza sobre los beneficios e inconvenientes de desatar en una pequeña habitación un tiroteo entre cinco personas armadas. Una discusión que, en última instancia, podría liquidarse con la siguiente pregunta: ¿sería de su agrado ser asaltado en compañía del señor Etchecopar?

Sin embargo, sobre esta cuestión corre un río de tinta. En un país en el que la mayoría de los homicidios dolosos causados por armas de fuego no ocurre en ocasión de otros delitos, la polémica sobre su tenencia con fines defensivos está al rojo vivo. Una polémica en la que intervienen especialistas, opinadores de televisión y hasta taxistas. Una polémica, en definitiva, política. Tan política como la reaparición del no ingeniero Juan Carlos Blumberg y del ex funcionario menemista Alberto Kohan, cuya rodilla, por cierto, algo sabe del tema.

El choque de opiniones sobre la autoprotección armada no es novedosa. Ya en el remoto invierno de 1990 esta problemática estuvo en boga, cuando el 16 de junio de aquel año el ingeniero Horacio Santos persiguió a dos ladrones de poca monta hasta matarlos a tiros. No era un tiempo signado por una alarmante tasa de delitos; pero sobre la conciencia colectiva ya aleteaba el buitre de la inseguridad. A 22 años de aquellos días, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, esgrimiría su parecer: “En un estado de desesperación, el ciudadano utiliza los recursos que tiene a mano”.

¿Un Estado de desesperación?

En paralelo al asalto a Etchecopar, en la localidad de Ituzaingó sería liberada por sus secuestradores –a cambio de 50 mil dólares– la ex mujer y dos hijos adolescentes del secretario administrativo del Senado nacional, Juan Zabaleta.


En esas mismas horas, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Centeno era golpeada brutalmente por sujetos que habían ingresado a su casa de La Plata, presumiblemente con fines de robo.

En el primer caso, ¿que resortes del azar intervinieron para que una banda de pistoleros transitara por cuatro horas a través del oeste del conurbano, con tres personas en su poder y sin contratiempos?

En el segundo, es notable que, después del ataque, la anciana víctima haya descripto a sus agresores como “gente sin apariencia marginal”. Según su relato, los asaltantes se habrían ofuscado con ella al ser anoticiados sobre su pertenencia a Madres?

¿Un Estado de desesperación?

Recientemente, la vidriosa situación que impera en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense –que incluyó una golpiza de patovicas a sus empleados– se suma a otras inestabilidades provinciales, tanto en el ámbito penitenciario como policial. De hecho, el estrepitoso derrumbe de las tres pesquisas más mediáticas de la Bonaerense –el cuádruple crimen de La Plata, el asesinato del niño Gastón Bustamante y el caso Candela– forman parte de esta situación de zozobra. En tal sentido, esta última pesquisa terminó por convertirse en un manual de estilo: un expediente laboriosamente cincelado con datos ficticios, comediantes de identidad reservada, pruebas plantadas y el arresto de personas inocentes. Todo ello, sin otro propósito que el de mantener en secreto los lazos comerciales de la policía con los narcos y piratas del asfalto de Villa Tesei. A seis meses del hecho, el expediente hace agua por todos los costados. No se demostró la relación entre el supuesto autor intelectual y el ejecutor. El móvil jamás se aclaró. Y ya fueron puestos en libertad la mitad de los sospechosos.

Sí. Un Estado de desesperación.

Desesperación que se extiende como una enorme mancha venenosa sobre el cuerpo social. Pero que disocia su naturaleza de las manifestaciones que provoca.

¿Tiene la violencia urbana el carácter inexorable de las catástrofes meteorológicas?

¿Los piratas del asfalto, por caso, brotan de la nada como hongos o son el eslabón más visible de una cadena formada por uniformados, comerciantes y punteros?

¿Los menores que delinquen no son acaso reclutados por el servicio de calle de algunas seccionales?

¿Las zonas liberadas son un mito suburbano? No importa saberlo. Se exige más presencia policial en la calle, a pesar de que ya es de conocimiento público que en ciertos efectivos de la Fuerza anida el huevo de la serpente.

Primera plana. El miércoles a la madrugada fue asesinado en Lanús el peluquero Alex Ayala, de 31 años, mientras intentaba evitar el robo de su flamante Peugeot 207.

Durante aquella misma semana, hubo tres homicidios de género, uno de ellos cometido luego de que la víctima fuera violada. Ninguno de tales martirios mereció más de un suelto en los medios. Y en las señales televisivas de noticias, ni siquiera fueron tomados en cuenta.

En cambio, la sangrienta muerte de Ayala fue para los diarios Clarín y La Nación la noticia del jueves más importante del mundo. Más importante que la ofensiva represiva contra la oposición siria. Más importante que la quita de conseciones a YPF de yacimientos en Chubut y Santa Cruz. Más importante que la reforma en el Banco Central. Y del histórico pronunciamiento de la Corte sobre el status legal del aborto en casos de violación. Tanto es así, que los dos diarios encararon un protocolo similar, con una fotografía de la madre del difunto con títulos y epígrafes a tono.
Lo cierto es que durante los robos de vehículos se suele cometer más homicidios que en otros delitos contra la propiedad. Tal vez, en ello incidan dos factores por igual desafortunados: la propensión del damnificado a resitirse y la peligrosa inexperiencia de quienes se dedican a esta modalidad. Sin embargo, hacía ya 28 días que no ocurría una muerte en tales circunstancias.
No menos cierto es que los homicidios intrafamiliares o protagonizados por personas conocidas entre sí arañan el 51% en la Ciudad de Buenos Aires y el 63% en el resto del país.

Según un informe de las Organización de las Naciones Unidas, la Argentina posee una de las tasas más bajas de homicios de la región: apenas 5,4 casos por cada 100 mil habitantes. Cuando Brasil tiene 23,1 y la turbulenta Guatemala, el 60,6%.

Sin embargo, nuevamente suenan las alarmas del pánico social.

Sin embargo, nuevamente corre por el imaginario nacional la fiebre de la autoprotección.

Y todos podemos ser Baby Etchecopar.

En tanto, la excarcelación del Topo Moreyra puso la impunidad del caso Candela al desnudo. Pero eso ya no importa.

Ricardo Ragendorfer

¿ESTADO QUERELLANTE?

«... La querella estatal está guiada, explican en el Gobierno, por el afán de ponerse del lado de los damnificados. El loable objetivo se cumplió acabadamente con los sobrios anuncios de los ministros Alicia Kirchner y Juan Manzur de prestar atención médico psicológica y contención a familiares de víctimas fatales y a sobrevivientes. La querella, en cambio, es un paso en falso por dos motivos básicos: agrega una quinta rueda al de por sí lento carro de “la Justicia” y hace caso omiso de que el Estado debe ser investigado. Por otra parte, el interés general está representado por el Ministerio Público (la Fiscalía). Y el estado no es una ONG que puede entrar a un expediente en el que todo debe ser puesto bajo la lupa. El juez federal Claudio Bonadío debería desestimar el planteo, lo que no resentiría en nada los derechos de los damnificados.

» Las carencias de TBA, que para muchos son flagrantes, pueden implicar responsabilidades de funcionarios, nadie debe interferir en esa procura. Por cierto, la culpa penal es una mira muy estrecha: requiere comisión de delitos, usualmente dolosos. La responsabilidad de gestión es mucho más vasta, debe juzgarse de modo veloz y no rige para ella la presunción de inocencia...»

"El dolor y los deberes"
Mario Wainfeld

¿UNA SENTENCIA PREVARICADORA?

El juez Baltasar Garzón, cuyo trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel.

Las órdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retomó el caso cuando Garzón se inhibió por la participación en los hechos delictivos de numerosos cargos públicos del Partido Popular: por el magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.

Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricación. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislación vigente permitía la intervención de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la cárcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de su rapiña en colaboración con dirigentes del PP.

La investigación judicial que Garzón desarrolló entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de juego a dos decenas de políticos del PP (alcaldes, diputados autonómicos, consejeros, directores generales…) cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la policía dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garzón sabía, cuando estaba ordenando las escuchas en la cárcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resolución injusta a sabiendas.

Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garzón nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ningún momento que su práctica era ilegal.

Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas.

Alguien se podría preguntar si los siete magistrados del Supremo sabían, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resolución injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podría pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.

José Manuel Romero

EL DERECHO A LA DEFENSA

El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantía de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.

La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, perdería su legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga delante y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso. La condición social de los imputados no debería condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es así. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que están a muchos kilómetros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayoría, tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten maltratados por ello.

Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras leyes ni -a veces- nuestro idioma están terriblemente limitadas para ejercer sus derechos. Necesitarían de una mayor atención justamente por ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos parecía mucho más difícil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantías que deben proteger su presunción de inocencia.

Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.

Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.

Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayoría de los abogados, como la mayoría de los jueces y de los policías, incluyendo a sus máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jurídicos saben que serían imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraísos fiscales, de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que –en ocasiones- acaba situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.

Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en las más altas instancias. En las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor reverencial a entrar en determinados ámbitos. Otros porque dudan de ser respaldados en ese empeño. Hay demasiados intereses en juego y demasiado poderosos. También existe el miedo. El miedo físico, incluso.

Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la trama Gürtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.

Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.

Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien debería pensar sobre esto.

Mercedes Gallizo Llamas

(ex secretaria general y ex directora general de Instituciones Penitenciarias
cuando se produjeron las escuchas)

Respuesta pública a Julio Maier, sobre la Justicia

PRIMERO EMPEZÓ MEMPO GIARDINELLI, LUEGO LE CONTESTÓ JULIO MAIER, PERO MEMPO SIGUE INSISTIENDO.

EL DEBATE SOBRE LA JUSTICIA SIGUE...





Estimado Dr. Maier:

La verdad es que me honra su Carta abierta, a la vez que me hace soltar un suspiro de alivio porque ya me parecía extraño que mi artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, publicado en Página 12 el pasado viernes 20, tuviera por toda respuesta pública el silencio. Y digo “pública” porque en privado sí he recibido comentarios, y eso mismo es parte de mi cuestionamiento.

Soy consciente de que esa nota fue provocativa, aunque no por serlo nomás, sino porque pienso –sigo pensando– que el estado de la Justicia en la Argentina es penoso y amerita un debate sincero, público y profundo. No es con silencios o negaciones como nuestro país mejorará al Poder Judicial, que es uno de los pilares de la democracia y de nuestro sistema constitucional.

Entiendo, respeto y acepto la validez de sus argumentos, máxime por ser fruto de su larga experiencia tribunalicia y docente. No obstante lo cual, y parafraseando a Galileo Galilei, insistiré en que la Justicia argentina está en coma o casi. Y no creo, como usted dice, que se trate de “una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución”. Todo lo contrario: es una simplificación para que en efecto se ataque el problema en busca de soluciones. Me disculpará usted, pero a veces acusar de “simplificación” a un argumento, como acusarlo de “generalización”, es un recurso nulificador de la posibilidad de empezar un debate.

Lo que propuse debatir es el sistema judicial. Tómelo como otra simplificación, si quiere, pero es el sistema el que hace agua. Por eso me parece que ya es hora de que los hombres y mujeres que se formaron en Derecho y tienen en sus manos y en su labor cotidiana la impartición de justicia en nuestro país, comiencen por aceptar públicamente lo que sólo aceptan en privado: que la administración de Justicia argentina es un desastre. Con honrosas excepciones, que siempre hay que subrayar, pero un desastre.

Sé que de ninguna manera es su caso, estimado Doctor, pero la mayoría de sus colegas eluden aceptar el pésimo estado de la Justicia, y mucho menos se plantean discutir e implementar las urgentes y profundas correcciones necesarias. Maestros de la elusión, la elipsis, el manejo de los plazos y las prescripciones, la mayoría siempre elude. Y muchos se ofenden demasiado fácilmente.

Por supuesto que comparto con usted la idea de que “los pobres sufren todo de mala calidad”. Así es. Pero si la vulnerabilidad de los pobres hace que para ellos todo sea de mala calidad, entonces ésa es la razón fundamental para que de una vez se modifique el sistema que hace que la Justicia sea de tan injusta específicamente para ellos.

De hecho, usted mismo está aceptando y coincidiendo conmigo en que hay una Justicia –degradada– para los pobres, y otra para los acomodados. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar. Para lo cual hay que empezar a debatir eso, y no mi pertinencia o simplificación o generalización. Que yo soy Nadie y en esto lo que verdaderamente importa es que la impunidad existe de manera abrumadora y es sistema. Sobre todo esto último.

Por eso hay temor en la así llamada “familia judicial”, y es un temor grande. Me lo dicen amigos y amigas abogados, tenaces litigantes que llevan años pateando juzgados. Conozco bien a muchos de ellos, fueron mis compañeros en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, y de algunos tengo el más elevado concepto, como lo tengo de usted. Y sé que ellos tienen miedo, como lo tienen algunos secretarios, oficiales de justicia, escribientes y hasta cosedores de expedientes que también conozco. Todos me dicen que es cierto lo que digo, y qué bueno que lo digo yo que no estoy en el sistema.

Para decirlo shakespearianamente, algo huele mal en Dinamarca. Y es claro que no sé con exactitud cómo se arregla, pero de lo que no tengo dudas es de que la Justicia en la Argentina es un enfermo grave que disimula sus males mediante pactos implícitos de silencio. Porque todos y todas saben que hay coimas y corrupción, y genuflexiones de todo tipo. Pero de eso nunca hablan en público. Y mientras tanto el Poder Judicial, como corporación, zafa de las críticas y las desautoriza.

El sistema está armado para que mediática y popularmente sea más fácil darle palos al Poder Legislativo. Los legisladores, se sabe, están desprestigiados casi irreversiblemente y cualquier senador o diputado está bajo sospecha per se.

Y ni se diga del Poder Ejecutivo: presidentes, ministros y gobernadores siempre están en cuestión y existe la presunción (muchas veces autoconfirmada, desde ya) de que son todos corruptos e ineptos.

Pero el Poder Judicial siempre zafa, quizá por ese estilo acartonado y solemne que distingue a la mayoría de los miembros de la corporación. Doctorísimos y ceñudos, muchísimos jueces y abogados de la “familia judicial” argentina, la federal y la de todas las provincias incluidas, miran para otro lado y hacen silencio, como si el “secreto de sumario” fuese una garantía más de impunidad.

Si a veces hasta pareciera que no son tan argentinos como cualquier otro funcionario, legislador o ciudadano.

Por eso, Dr. Maier, mi pregunta sigue en pie aunque le parezca una simplificación: ¿de qué hablamos, en este país nuestro, cuando hablamos de Justicia?

Reciba mi saludo más respetuoso y cordial.

Mempo Giardinelli

LEA LOS ANTECEDENTES:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

(INICIO)

Carta pública a Mempo Giardinelli

(RESPUESTA)


La presente nota es la respuesta de MG a la "Carta pública..."

Carta pública a Mempo Giardinelli

Estimado Mempo:

Perdóneme la confianza de tratarlo por su nombre o apodo, pero él siempre me resultó simpático y fue uno de los factores para que siempre lo lea con gusto cuando opina. Sospecho que, si yo lo conociera y tuviera el gusto de charlar con Ud., estaríamos de acuerdo en muchos de nuestros juicios y valores. Al menos así lo sentí desde la polémica con Osvaldo Bayer por el homicidio del jefe de policía Falcón por intermedio de Página/12. Yo, humildemente dicho, estaba de su lado y algo escribí sobre ello, que hoy no hallo.

Pero me parece que su opinión (“¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, Página/12, 19/1/2012), es, cuanto menos, una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución.

Para que conozca a quien le escribe: en lo que al tema concierne, soy jurista, jurista anciano y creo –no me concierne ni me gusta juzgarme a mí mismo– que he sido honorable en el ejercicio de mi profesión en todos sus aspectos: docencia, abogacía y función judicial.

Por lo demás, a pesar de haber sido juez durante muchos años de mi vida, siempre critiqué la labor de los jueces, el lenguaje de los jueces, las creencias de los jueces en sus decisiones. Puedo dar fe de lo que digo, pero me consumiría demasiado espacio y, además, Ud., seguramente, encontrará quien no lo crea así o me critique.

Su opinión puede sintetizarse por la denuncia de que la justicia de los pobres es de mucho menor calidad que aquella que experimentan los ricos o pudientes (en varios sentidos). Y yo creo que Ud. tiene razón o se aproxima a la verdad pero, en cambio, no creo que esta advertencia sea distinta a la misma afirmación en otros campos del conocimiento.

Ud. mismo trata el caso de la niña embarazada por violación que no consigue interrumpir su embarazo. En realidad –según lo expone en Página/12, un día antes de su opinión, alguien con mayor prestigio– ése no debería ser un caso judicial. Al menos podemos concordar en que, mucho antes de la intervención de un juez –innecesaria–, el problema corresponde al ámbito de la salud. Y el mismo caso nos ilustra acerca de algo que ya sabemos: el ejercicio de la medicina no es idéntico para los pobres que para otros más poderosos, sobre todo, económicamente. Los pobres sufren todo de mala calidad; el problema se repite cada vez que ellos deben acudir al auxilio ajeno, sobre todo estatal. Esto es aquello que se invoca, en primer lugar, con la palabra “vulnerable”.

Pero, por otro lado, Ud. revela, a mi juicio, una exagerada confianza –a través de una crítica exagerada de su aplicación real– en el Derecho Penal como sinónimo de justicia, o en la solución de la pena estatal, mejor aún, de la privación de libertad, mejor, de la prisión, pues, según intuyo, los casos que critica tienen de común la llamada “impunidad”, tanto en su iniciación como en su final.

Según yo opino, no resulta argumentablemente justificable que unos seres humanos encierren a otros. La prisión como castigo no soluciona problema alguno, sino que crea al margen otros problemas. Debo admitir que culturalmente no toleramos que algunos hechos graves, como el homicidio y el ejercicio de diversas violencias graves, no sean provocadores del encierro, tanto para sospechosos inmediatos como para juzgados. Y también que la regla cultural le es aplicable directamente a los vulnerables, mientras que los que pueden defenderse con idoneidad consiguen esquivarla, al menos durante el comienzo y la tramitación del juicio. Pero seamos también justos y digamos que esta última aplicación es la correcta, en el sentido republicano, pues antes del juicio y de la sentencia todos gozamos de la presunción de ser inocentes. El problema, según creo, es la solución inútil e injusta que representa la prisión para cualquiera y que sólo es tolerable ligada a una aplicación mínima, igualitaria para todos, pero mínima.

Julio Maier
Profesor titular consulto de Derecho Penal, UBA.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.

Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.

Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en Página 12.

Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.

Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.

Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.

Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011, había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2.433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009, hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.

Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.

Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.

Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.

Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (...). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.

Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.

En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.

La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en Página 12 por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia... de silencio e ineptitud.

¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

Mempo Giardinelli