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domingo, 13 de enero de 2019

NISMAN 4 AÑOS DE MENTIRAS




    A lo largo de los cuatro años desde la muerte de Alberto Nisman, que se cumplen este viernes 18 de enero, se fueron derrumbando buena parte de los mitos que la utilización política construyó alrededor del caso. Hoy por hoy la causa judicial está en un atolladero porque se busca un comando inexistente y asesinos inventados sólo para imputar al gobierno kirchnerista, o a iraníes o venezolanos que nunca nadie vio. Los mitos hacen agua por todos lados y habrá que ver si pruebas que hoy ocultan el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini –mensajes de whatsapp y mails– permiten avanzar en el expediente.




Estos son algunos de los mitos caídos.

1 El disparo no fue en un lugar compatible con un suicidio

Debate terminado hace rato. El disparo fue en la sien, levemente por arriba y por delante de la oreja derecha. Lugar típico en el que se disparan los suicidas. Las manos del fiscal exhiben la sangre emanada como un chorro, lo que prueba que él se disparó. Tomó el arma con ambas manos, por eso la sangre está tanto en la derecha como la izquierda. En las pericias que se hicieron se demostró que lo más probable es que haya accionado la pistola varias veces porque el disparo no salía: el arma se trabó. En las pruebas falló las primeras siete veces. De manera que el tiro recién se concretó después de varios intentos, una razón más para que haya tomado la Bersa con las dos manos, algo que hacen muchos suicidas.

2 La pericia en Salta demostró que Nisman no disparó

Falso. Efectivamente se hizo una pericia en el ministerio público de Salta que tiene uno de los aparatos más sofisticados para detectar residuos de disparo. El texto de la conclusión dice “sobre las muestras analizadas se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo, las que son definidas como aquellas que pueden estar asociadas con la descarga de un arma, pero también podrían originarse a partir de otras fuentes no relacionadas con una deflagración”.

En una mano se encontraron 69 partículas consistentes y en la otra 19. O sea, el estudio dice que hay elementos, pero que no son categóricos. Y a continuación explica las razones por las que puede dar resultados no categóricos: las manos estaban llenas de sangre, pasó demasiado tiempo hasta que se tomó la muestra, la muestra se tomó mal o efectivamente no disparó. Pero las otras fuentes posibles de las partículas son imposibles en el caso de Nisman: no estuvo en contacto con fuegos artificiales ni con pistolas de la construcción que producen partículas semejantes.

3 Las cámaras de seguridad del edificio no andaban y entonces pudo entrar el supuesto comando

Del total de 101 cámaras que enfocaban a la Torre Boulevar, donde vivía Nisman, y las zonas comunes, andaban 80 y no funcionaban 21. El estudio fue realizado por la Dirección de Operaciones Técnicas Especiales (DOTE) de la Policía Federal. No falta quien desconoce el expediente y sostiene que, por ejemplo, no andaba la cámara del ascensor de servicio. Como se puede ver por la foto, efectivamente funcionó en forma perfecta (ver foto). Tratando de forzar todo lo posible una hipótesis, la Federal señaló que se podía acceder al edificio saltando la verja, en un momento en que el domo no enfocara hacia ese lado, llegando luego al edificio y subiendo por la escalera los trece pisos. Todo muy inverosímil.

4 La puerta de servicio estaba abierta y el comando pudo acceder por ese lado

Es un debate terminado: el departamento estaba cerrado por dentro como solía cerrarlo Nisman cuando estaba allí. La puerta principal estaba cerrada con un pasador que no cuenta con llave desde afuera. La puerta de servicio tenía dos cerraduras. La de arriba, con pasador, pero con llave, tuvo que ser abierta por la madre de Nisman con llaves que tenía ella. En la cerradura de abajo hubo que empujar la llave que estaba puesta del lado de adentro, cosa que hizo un cerrajero. O sea, el departamento estaba cerrado en los dos únicos accesos reales, ya que no hubo ingreso por el pasadizo del aire acondicionado. Nadie pudo salir y dejar el departamento cerrado desde adentro.

5 No hubo pelea porque a Nisman lo maniataron dopándolo con ketamina

Hasta el juez Julián Ercolini desistió de la delirante hipótesis de la ketamina, armada por la Gendarmería bajo el mando de Patricia Bullrich. Los profesionales de esta fuerza no pudieron definir ni cuánto le suministraron Nisman ni, sobre todo, cómo se lo suministraron. No se detectó pinchazo de una inyección ni forma de dejar al fiscal indefenso. Esto derriba una de las cuestiones sin solución: en el departamento no había ni desorden ni rastros de pelea de ningún tipo, de manera que queda sin explicación cómo el supuesto comando redujo al fiscal y lo llevó al baño.

6 A Nisman le pegaron una paliza y le fracturaron la nariz

La hipótesis surge de la pericia de la Gendarmería que, curiosamente, está hecha por solo dos médicos, ninguno con vasta experiencia en autopsias. En cambio, el Cuerpo Médico Forense y luego la junta médica compuesta por 14 forenses dictaminó que no existía tal fractura. Un análisis posterior hecho por forenses del CMF sostiene que la Gendarmería confundió una foto tomada desde un ángulo en diagonal con una fractura, algo que no se verifica para nada: no hay marcas ni hematomas pronunciadas. Por otra parte, no se encontró en todo el departamento, salvo en el baño, una gota de sangre. O sea que resulta inconsistente que le hayan pegado una tremenda paliza sin desordenar nada y sin que cayera sangre. La junta médica, conducida por el CMF, que realiza 4.000 autopsias por año, redondeó de esta manera su mirada: “ninguna de las observaciones indican con certeza pericial médico-legal que se haya tratado de un hecho homicida”.

7 Lo mataron tres hombres dentro del baño

No hay la menor evidencia de semejante hipótesis, entre otras cosas porque hubo manchas de sangre alrededor de Nisman, lo que indica que la sangre cayó hacia todos lados sin interferencia. Y, lo fundamental, la puerta del baño estaba cerrada. No existe prueba de que se haya podido entrar al baño, matar al fiscal, luego salir, y dejar cerrado desde afuera. Todo esto sin dejar pisadas, sin que haya quedado una gota de sangre fuera del baño.




8 El informático Diego Lagomarsino estaba en la escena en el momento del disparo, participó del crimen

Otro debate terminado. Las cámaras exhiben a Lagomarsino saliendo de Le Parc el sábado a las 20.30 y entrando al edificio donde vive, en Martínez, a las 21.02. Había llevado la pistola Bersa a lo de Nisman, como lo testificó el primer día. Nisman, por su parte, chateó con la periodista de Clarín Natascha Niebieskikwiat hasta las 21.17. Además mantuvo diálogo con uno de sus custodios, con el periodista de Infobae Laureano Pérez Izquierdo y con el manager de modelos Leandro Santos. Todo quedó en su celular. La hipótesis de que Lagomarsino usó un arma a su propio nombre para participar de un supuesto crimen es descabellada. Nadie haría semejante cosa. Si se quería simular un suicidio, bastaba con ponerle a Nisman un arma de origen desconocido en la mano: no se necesita “un arma amiga”, como señalan el fiscal y el juez. La Bersa del informático ni siquiera estaba cerca de la mano del fiscal, de manera que el supuesto comando sofisticado hasta habría omitido ponerle la Bersa en la mano a Nisman. Nada tiene sentido.

9 El informático no le prestó el arma a Nisman, sino que la entregó a un comando sofisticado que fue el que cometió el supuesto crimen

Nuevamente, nadie entrega una pistola para cometer semejante asesinato, de repercusión mundial, que terminó en una catástrofe para Lagomarsino: imputado como partícipe, con una tobillera, perdió su trabajo en la fiscalía AMIA, le deterioró toda su situación laboral y social. A esta altura del expediente está probado que el fiscal también le pidió la pistola a su custodio de máxima confianza, Rubén Benítez, y que intentó hacerle un pedido a un comisario que estaba en Mar del Plata. No hay ningún registro de llamadas ni de encuentros entre Lagomarsino y Benítez que indiquen que pudieron armar la coartada. En verdad, a Lagomarsino lo estudiaron por todos lados y no le encontraron hasta ahora ningún elemento que lo pueda vincular con supuestos cómplices oscuros.

10 ¿Se ocultan pruebas de importancia?

Según el testimonio de Lagomarsino del lunes 19 de enero de 2015, en la tarde del sábado 17 el fiscal le pidió prestada la pistola argumentando que necesitaba un arma por si estaba con sus hijas y alguien lo agredía o patoteaba. Llamó a Lagomarsino y le dijo que lo fuera a ver. El informático llegó a las 17.20 y se fue a las 17.50. Está probado que el Lagomarsino se fue desde Le Parc a su casa a buscar el arma, pero se demoró porque no quería sacar la pistola delante de la esposa. Entre las 19.11 y las 19.21 hubo 14 mensajes de whatsapp entre Nisman y Lagomarsino, en los que tal vez el fiscal le preguntó al informático si encontró el arma en su casa, si ya estaba regresando o preguntas de esa naturaleza. Si ese es el contenido de los mensajes, siete de Nisman a Lagomarsino y siete de respuesta, se derrumba la hipótesis de que Nisman no le pidió el arma prestada a Lagomarsino. Los mensajes fueron encontrados peritando el celular que el informático entregó al día siguiente de la muerte del fiscal. Sin embargo, el fiscal Taiano no entrega copia de esos mensajes. Podría ser una prueba decisiva y, al menos por ahora, se oculta.




11 ¿Cuando murió Nisman?

La Gendarmería incurre en una de los absurdos más increíbles de la historia pericial. Señala: “la muerte se debería haber producido aproximadamente a las 2,46 horas del día domingo 18 de enero de 2015”. Como se señala en el detallado libro Quién mató a Nisman, de Pablo Duggan, toda autopsia marca una franja horaria, que es lo que se hace habitualmente. Nadie se aventura a un horario exacto porque es científicamente imposible. El punto clave que, además, desmiente ese horario es que Nisman accedió a su computadora en la mañana del domingo, a las 7.01, algo que está en sintonía con lo dictaminado por la médica que revisó el cuerpo en el baño, luego por la autopsia y también por la junta médica: que el fiscal murió en la mañana del domingo 18 de enero.

12 El comando manejó la computadora de Nisman el domingo a la mañana

La desopilante hipótesis fue sostenida por la acusación porque la navegación de ese domingo concluyó con un ingreso a una nota sobre el regreso de la muerte, posteada por Claudio María Domínguez en Infobae, un indicio sólido de que Nisman se quitó la vida. La pericia informática dictaminó que la navegación no fue remota sino en la propia computadora de Nisman, conclusión firmada por todos los peritos. Este diario constató ese punto ya que el fiscal leyó largamente una nota de PáginaI12 a las 7.01.51, o sea siete de la mañana, un minuto, cincuenta y un segundos, lo que se verificó en el servidor de este diario. O sea, supuestamente, el comando se dedicó a navegar en la computadora de Nisman estando en el departamento de Le Parc, una movida que no se entendería. En lugar de huir se dedicaron a navegar en la computadora. Pero las piezas no encajan. Para desbloquear la computadora, los intrusos debieron poner la contraseña. Y luego hay una navegación en Instagram, donde Nisman se posó en dos fotografías de una chica con la que había salido. Para ingresar hubo que poner también la contraseña de Instagram, además de saber que él había salido con esa modelo. En ningún momento de la navegación se incurrió en errores, lo que sucede cuando se intrusa una máquina, y la “cadencia” fue la habitual de Nisman. Está dicho: su última lectura fue una nota sobre el regreso de la muerte.




13 ¿Se ocultan pruebas? Parte II

En aquella mañana del 18 de enero de 2015, Nisman accedió la página de ingreso a su casilla de mails, yahoo. Sin embargo, no se pudo determinar si entró, si leyó mails o incluso si escribió algún mail. El secreto está en Estados Unidos. Según trascendió, el FBI le dijo a la fiscalía y al juzgado que no aportaría ningún elemento de importancia política, no criminal. Pero resulta que todos los mails son de importancia política y criminal. Lo cierto es que el acceso a esa información, que habitualmente no tarda más que unos meses, fue imposible en cuatro años. Estados Unidos -el FBI y la CIA- están muy interesados en la causa por la muerte de Nisman. Les interesa mantener el caso como un homicidio y que se apunte a sospechosos –inexistentes–, por supuesto iraníes-venezolanos.

14 El complot que no cierra

Los voceros oficiosos de la causa judicial ponen el acento en las comunicaciones del 17 de enero de 2015 entre hombres de la ex SIDE, el jefe del Ejército César Milani, el jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin y hasta el fiscal Carlos Stornelli. Dice que nunca se cruzaron tantas llamadas. Las conversaciones no está grabadas de manera que es imposible reproducirlas y entonces –sin pruebas– dibujan un complot entre todos ellos. Todas las comunicaciones fueron hechas desde los celulares a nombre de cada uno de los protagonistas, es decir que no tiene la menor lógica que armaron un gran complot usando sus propios teléfonos. Pero, además, todos explican que ese fin de semana había tres temas serios en danza. Primero, la denuncia de Nisman y si iba a concurrir al Congreso o no. Segundo, el robo de un misil en el regimiento de Arana, en La Plata. Y, tercero, jugaban River y Boca, uno el sábado y el otro el domingo, y estaba el rumor de que se quería colocar un muerto en plena campaña electoral. Eso motivó -según dicen los protagonistas- las llamadas entre Jaime Stiuso, su hombre de confianza Alberto Mazzino, otro jefe de la ex SIDE, Fernando Pocino, el general Milani, el jefe de la Bonaerense, Milani y el fiscal Stornelli, hombre anti-kirchnerista, insospechado de participar de semejante complot que, además, quería resolver un problema surgido con un amigo de su hijo en Pinamar. Ante la ausencia de pruebas en el expediente, es posible que el fiscal y el juez se dediquen a especular sobre esta no-prueba.

15 Homenajes, un débil residuo

El viernes próximo estará dedicado a homenajear al fallecido fiscal en Israel y Buenos Aires. El marco del aniversario es la caída de buena parte de los mitos y la contundencia de las pruebas que indican que el fiscal se quitó la vida envuelto en el rechazo inicial a su denuncia, la posibilidad de su despido de la fiscalía, la pelea familiar y los sórdidos conflictos personales que enfrentaba. El viernes 16 se encerró en su departamento, bajó las cortinas y no volvió a salir. Pero, además, en estos cuatro años aparecieron evidencias de que llevaba una vida ostentosa, con una fortuna inexplicable, algo que en aquel tiempo solo notaron los familiares de las víctimas de la AMIA que habían pedido públicamente su desplazamiento. Los homenajes son un débil residuo de los primeros tiempos. Hoy se basan simplemente en que siguen utilizando a Nisman en la geopolítica, contra Irán y “los gobiernos populistas”.

Las 15 pruebas falsas del caso Nisman
Raúl Kollmann







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sábado, 15 de septiembre de 2018

DE VIDO: AYER UN JURAMENTO, HOY UNA TRAICIÓN




A TODOS MIS QUERIDOS COMPAÑEROS PRESOS POLÍTICOS PERONISTAS

Por la presente quiero hacer absolutamente responsables sobre la seguridad de mi familia (5 hijos, 10 nietos y 4 bisnietos) y de mi esposa Alessandra Minnicelli, tanto a los que viven aquí en Buenos Aires, como en las ciudades de Córdoba y Rio Gallegos, a todos aquellos que han pretendido involucrarme en la denominada causa de los cuadernos.

Cuadernos que hasta para los más ingenuos de los bien intencionados no EXISTEN ni EXISTIERON. Sólo le dieron virtualidad a través de una perversa operación de inteligencia, llevada a cabo por el agente de inteligencia del Ejército Argentino, Batallón 601, el Suboficial Centeno, acompañada y ejecutada en parte por otro agente, Orlando Jancic, quien trabaja encubierto como portero en el edificio donde reside mi familia en Capital Federal, quien invento, ordenado por sus mandantes –que siguen haciendo inteligencia interna - una mudanza de cajas de seguridad desde un 10º piso que por el peso y dimensiones que describió -según cuentan los medios de prensa- hubiera sido imposible de concretar. Sólo un idiota podría haber imaginado que tal operación fuera posible.

Como vemos y como vimos en la Argentina, este tipo de personal no reúne las condiciones mínimas para llevar adelante un razonamiento coherente; los reclutan por su maldad y perversidad y estoy convencido de que no resistirían una prueba de aptitud psicológica elemental.


De la misma forma, hago cargo y responsabilizo a todos los empresarios, a López y a Uberti, quienes extorsionados ante la amenaza del Fiscal Stornelli de mandarlos presos, me incluyeron a mí en relatos claramente dictados por la fiscalía para involucrarme en escenas en las que ni siquiera figuraba en el enfermizo texto de las copias truchas de Centeno.

La leyenda sobre mi riqueza personal -una gran mentira- de la que ha hecho gala y exposiciones estas y otras escorias impropias de la condición humana, nos expone a toda la familia, ante tamaña ola de inseguridad que se incrementa día a día, con el impulso de esta campaña mediática y judicial, en la que se ocultan y nos acechan delincuentes de la peor calaña y condición, como Orlando Jancic y Oscar Centeno, quienes paradójicamente tienen protección policial.

Quiero además solidarizarme con el resto de mis compañeros injustamente presos sin juicio ni proceso, o sea casi incomunicados y apretados para que se arrepientan. Ellos también han sido víctimas de esta operación de inteligencia y a ellos por este medio ratifico todo mi afecto y mi confianza.

No hablo de poner las manos en el fuego porque -como ya he escrito- es un ejemplo propio de la Inquisición. He sufrido esta comparación -o mejor dicho dilema- en carne propia. Lo estoy sufriendo y me parece un tema por lo menos para mí terminado.

Además, y también haciéndome eco de los dichos de otra porquería, Juan Manuel Abal Medina, le exigiría que limpie la memoria del compañero Mazzón, al que agravió en la cobardía de saberlo muerto.

Y hablando de cobardía, misteriosamente nadie lo reivindicó ni defendió en esta oportunidad, pero cuando estaba vivo lo llenaban de elogios. Un abrazo respetuoso y fraterno a la familia de este buen compañero que fue Juan Carlos Mazzon.

Ayer cuando oíamos al compañero Verna señalar que hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón, decíamos que “en la indignidad del Carnero esta la debilidad del rebano”. Buen momento para tener presente esto.

Le pido a Abal Medina que en honor a su tío diga la verdad, que honre la memoria de un héroe del Peronismo como Fernando Luis Abal Medina y reconozca, que junto con las basuras de López y Uberti, a pedido del Fiscal metió preso a los otros compañeros para zafar él.

Lamento que un apellido glorioso para nosotros todos los peronistas haya sido manchado por un entregador ortiva y mentiroso. Ojalá nunca le toque estar preso. Aquí en la cárcel hay códigos en los que no se respeta a los de su categoría. Aquí lo consideran lo peor, la ultima escoria de la escala zoológica, no solo los internos sino los propios carceleros.

Igualmente, y haciéndome eco de lo que en su momento pidiera y aún pide Cristina sobre la necesidad de una auditoria integral de toda la Obra Pública, pido que lo hagamos extensivo a todas las campañas políticas que se hicieron en la Argentina del 2003 en adelante, tal como está investigando en la actual causa el Dr. Bonadío, donde a similitud de la misma el Dr. Casanello también deberá hacerlo con las del PRO, creo que a partir del 2007, pero haciendo hincapié especialmente en la Presidencial del 2015 y la legislativa del 2017, donde los que figuran como aportantes negaron haber realizado estos aportes.

Hasta ahora la única respuesta que recibimos fue que había “lagunas”. Hasta ahora no hay cuadernos, en realidad hay testimonios concretos de ciudadanos que dicen la verdad, no de arrepentidos. Si el Dr. Casanello investiga, con la ayuda y enjundia de algún fiscal honesto y que busque la verdad, tal vez ésta y la Justicia aparezcan.

Por supuesto que para darle mayor completitud, amplitud y fundamentalmente sentido de justicia porque si no se analizan todos los temas entonces nunca lograremos justicia, pues esta solo se da si corre para todos y todas y para todos los temas en general, lo otro solo es parcialidad, mirada sesgada. Eso no es justicia.

Y como es eso lo que perseguimos y debemos perseguir, ésta no debe ceñirse solo a la auditoria de la Obra Pública, la que por cierto con las causas que hay en curso, más la presente de los cuadernos truchos -ya planteada hasta la saturación-, no quita todavía que seguro habrá nuevas excavaciones a lo largo y ancho de la Patagonia y el resto del país. He escuchado que han participado también geólogos. Habría que decirle a la universidad que estudien la posibilidad de instaurar un posgrado en la materia. También podrían aparecer cajas fuertes de 400 kg o mas boleadas desde un 10 piso de 30 mts de altura, registrada o percibida por algún hijo de puta que no tenía una cámara de fotos a mano, quizás un drone o en fin mil variantes más.

Pero volvamos a nuestro tema de ampliar la auditoria que quiere la expresidenta a otras áreas como ser: LABORATORIOS MEDICINALES, SUPERMERCADOS, FRIGIROFICOS, ACEITERAS, EL PLAN ARGENTINA TRABAJA, BANCOS, AUTOMOTRICES, LA SIDERURGIA O MEJOR DICHO TECHINT y sus permanentes pedidos de antidumping y ANSES.

A propósito, sería bueno analizar dónde y por qué depositaba los fondos, mejor dicho, a qué Bancos elegía BOSSIO para depositarlos y con qué criterio los hacía. También las mineras, las Petroleras. ¿Nos preguntamos alguna vez desde cuándo está dolarizada la tarifa de gas? Sería bueno también, como quería Laurita Alonso, hacer público el Acuerdo con CHEVRON, total ahora Galluccio es empresario petrolero y compite en la compra de áreas con YPF.

La ultima en Caleta Olivia, SINOPEC, con su Empresa VISTA. Todavía no pasaron tres años que Miguel Galluccio dejó de ser presidente de YPF. ¿No habrá hecho alguna denuncia Laura Alonso? En fin, todas estas cosas que deberían ser claramente investigadas junto con la gran auditoria de la Obra Pública, que como está más que claro ya esta iniciada. Si queremos apurarla, apurémosla, abogados y contadores sobran en la Argentina, pero no nos olvidemos de lo demás sino seríamos injustos o sólo son potenciales delitos en la Argentina los que denuncian Carrio y Monner Sanz.

Deberíamos investigar también a qué municipios benefició José López con las Obras Publicas. Este dato también sería clave en una investigación.

Siguiendo cada una de estas líneas, tal vez no encontremos delitos o irregularidades, pero sí nos explicaríamos la lógica del financiamiento de todas estas campañas electorales.

Y obviamente junto con todo esto deberían investigarse las declaraciones juradas de todos los jefes de campaña de cada distrito electoral, de los candidatos, de los aportantes y de los gastos de cada una de las campañas.

Esta vez, si hacemos esto o investigamos entre el año 2003 y 2017 podremos tener cuadernos pero completos, que digan la verdad, que tengan espiral de alambre y tapas con espiral de alambre y en colores, hechos por jueces y fiscales con la participación de peritos profesionales serios -tal vez los de la Corte– no por el suboficial Centeno y un agente ignorante y perverso.

También estaría muy bueno que averiguáramos quienes integran hoy en día, el staff gerencial de todas las empresas de energía. Principalmente Pampa Energía. Tal vez hallemos allí conflictos de interés. Lamentablemente estoy preso y no tengo acceso a internet para hacerlo personalmente, pero estoy seguro que hay periodistas y fiscales que lo harían a conciencia y en 5 minutos.

Para no ser tan subjetivos habría que analizar el financiamiento de algunas campañas frustradas como la de BOSSIO GOBERNADOR 2015. Si hubiera registros fotográficos de la época, recuerdo lo obscenas que eran las gigantografias por el mal gusto y el costo exorbitante que seguramente tendrían.

Me quedó grabada la que estaba sobre el río Reconquista. Lo menciono simplemente porque en estos días escuché que las copias truchas de Centeno eran el resultado de exfuncionarios infieles. Creo que BOSSIO como los funcionaros ABAL MEDINA, LOPEZ Y UBERTI, son el mejor ejemplo de infidelidad que podemos mostrar. Además, incluyo esto porque debe ser exhaustivamente analizado en todos sus aspectos. Quiero recordar que BOSSIO fue uno de los que promovió fuertemente mi desafuero y detención ilegal hace hoy 328 días.

Todo esto, y para que no digan que me olvidé, se complementa con, …. bah! queda reducida a una minucia, comparada con: LOS PANAMA PAPERS, EL BLANQUEO DE CAPITALES DE PARIENTES DE FUNCIONARIOS, LA CONDONACIÓN DEL CORREO, EL CONTRABANDO MAS GRANDE DE LA ARGENTINA CON LA TRIANGULACION DE AUTOPARTES, LAS CLOACAS DE MORON , ETC ,ETC.

Todo esto debería ser auditado y revisado en profundidad por el CONGRESO NACIONAL, como quiere Cristina.

Veo también algunos compañeros, funcionarios “fieles”, que ahora están escondidos mientras muchos otros pelearon o dieron testimonio en su momento pidiendo por su libertad. No me incluyo porque yo también estaba (y estoy) preso, pero mi familia concurrió a alguno de los actos organizados.
Si no hay valentía, al menos debería haber por lo menos más vergüenza y si no hay huevos por lo menos presencia.

Debemos estar orgullosos de todo lo que hicimos y acompañar a la gente en su padecer cotidiano con lo que podamos Y MILITAR CLARAMENTE LA NO APROBACION DE ESTE PRESUPUESTO DE HAMBRE MISERIA.

Y si investigamos, como decíamos más arriba, que sea en serio, como corresponde y todo. No solo algunos temas o a algunos compañeros para estigmatizarlos y posicionarse políticamente mejor, nos perseguirán y nos mataran como ratas como hacen con algunos de nosotros.

Investiguemos también este presente. Solo así sabremos qué tabla, de qué baño está meando hoy Juan Chediak y en qué inodoro están defecando su cobardía y su traición Wagner, López, Uberti, Pescarmona y Rocca.

VIVAN LOS PRESOS POLÍTICOS PERONISTAS

Julio De Vido










jueves, 16 de agosto de 2018

UBERTI: IMAGINA IMAGINADOR





El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti dijo las palabras mágicas: “Néstor, Cristina, bolsos, valijas, bóvedas”. Con eso consiguió firmar un acuerdo para ser considerado imputado-colaborador y con ello le dieron el boleto para transportarse desde una celda inminente en Marcos Paz hacia su confortable casa.

No necesitó presentar ni una sola prueba. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurriría en un juicio, la declaración no sirve para nada, porque carece de evidencias para sostener lo que dijo.

Por ejemplo, declaró que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. “No lo vi, pero lo sé por comentarios”. Fue en octubre de 2010. Se trata de un dato asombroso teniendo en cuenta que Uberti había dejado de ser funcionario en agosto de 2007. En paralelo, el ex titular de las concesiones viales contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri, es decir que el propio presidente queda salpicado. Tampoco en esto Uberti presentó prueba alguna e involucró a Techint en los pagos oscuros.

El nuevo arrepentido fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), desde 2003 hasta el momento en que renunció por el caso de la valija de Antonini Wilson, en agosto de 2007. El se califica a sí mismo como “funcionario de cuarta categoría”, pese a lo cual manifiesta haberle llevado bolsos y valijas a Néstor Kirchner en persona. Al principio dice que le entregaba 150 mil dólares por mes de los concesionarios viales a Julio De Vido, pero luego que llevaba esa cifra directamente a Néstor Kirchner en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Al menos en el texto de la declaración no hay testigos ni nadie que pueda verificar la versión, salvo los empresarios que pusieron el dinero. El problema es que el método extorsivo utilizado en el expediente impide saber si, ante la posibilidad de ir preso, el empresario que declare dirá la verdad o dirá lo que le permita eludir el calabozo.

En la declaración ante el juez Bonadio, el ex funcionario dijo que el número 2 de Techint, Luis Bentatza, le dio 100 mil dólares en efectivo para entregarle a Kirchner; que en otra ocasión, uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le entregó “una valija con 10 millones de euros, que sacó de su Fiat Mondeo (sic)”, y también tuvo la oportunidad de subir al departamento de la calle Uruguay “donde había valijas en el pallier y en su dormitorio muchas más. No había nadie en el departamento. Por referencias de Daniel Muñoz –fallecido secretario de Kirchner– esas valijas iban a Santa Cruz. Eran como 20 valijas. Las iban a poner en bóvedas compradas al Banco Hipotecario y que estaban en la casa de los Kirchner en Río Gallegos”.

Se ve que Uberti debía incorporar elementos que no pesarían desde el punto de vista judicial, pero sí servirían como escenografía de color para el periodismo. Por ejemplo, cuenta que Néstor Kirchner le pegaba a sus colaboradores, que ordenó pegarle tres golpes a uno de los hermanos Zacarías, Rubén, porque no le entregó el diario a tiempo o que el fallecido presidente tiraba los paquetes de dinero cuando eran en pesos y no en euros o dólares. Por supuesto que no se privó de mencionar al gran objetivo del juez, Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cuestión no era ajena a la Sra. Kirchner que presenciaba los transportes de dinero”, declaró Uberti. El ex funcionario agregó que en una ocasión, Néstor Kirchner lo mandó a ver al empresario Juan Carlos Relats para que entregue dinero para construcciones o reformas en el hotel Los Sauces. Es una jugada a varias bandas. Relats falleció, imputa a Cristina Kirchner y vincula la maniobra con la causa Los Sauces, que también instruye Bonadio.

En todo el relato que, con las certificaciones y la aceptación de Bonadio totaliza 13 páginas, nuevamente no aparece un testigo vivo ni algún elemento que permita verificar los dichos.

Todos son valijas y bolsos, no hay cuentas, no hay propiedades, no hay sociedades ocultas y habrá que ver si aparecen las famosas bóvedas. En su momento se armó el mismo mito respecto de la casa de Calafate y el propio arquitecto desmintió la versión de la existencia de las bóvedas. Respecto de los bolsos, quien los mencionó fue la supuesta secretaria Miriam Quiroga, cuyos dichos fueron desmentidos por ella misma ante el juez Luis Rodríguez.

Parece claro que en semejante cuadro de coacción, de prisiones arbitrarias y de la falta de una búsqueda rigurosa y silenciosa de pruebas, será muy difícil esclarecer los casos de corrupción. La matriz es la persecución, tapar la grave crisis económica, en lugar de investigar la verdad.













El extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti se había entregado el lunes 13-8 a la Justicia y negoció declarar como imputado-colaborador. El nombre de Uberti reapareció a raíz de la declaración del número 2 de Techint, Luis Benatza, quien justificó el supuesto aporte de miles de dólares a través de Roberto Baratta para pagar virtuales gestiones del gobierno kirchnerista para que Hugo Chávez pagara una indemnización por la estatización de la siderúrgica venezolana Sidor, propiedad de Techint. Benatza, como los demás empresarios cercanos al macrismo, no aportó ninguna prueba y se fue a dormir tranquilo a su casa.

Uberti dejó el gobierno de Néstor Kirchner en agosto de 2007, a raíz de la aparición de 800 mil dólares en un vuelo privado en el que volvieron de Caracas distintos funcionarios. El responsable de permitir que Guido Alejandro Antonini Wilson subiera al avión fue el que estaba a la cabeza de la misión, Uberti, por lo que tuvo que renunciar.

La causa quedó en la nada, porque Estados Unidos nunca permitió que Antonini Wilson declarara en la Argentina. Washington pactó con Antonini que acusara a las autoridades del gobierno de Hugo Chávez, pero nunca justificó de dónde sacó el dinero. Uberti quedó imputado en aquella causa, pero el juez Pablo Yadarola cerró el expediente en junio pasado, señalando que no había pruebas suficientes contra Uberti. 

Habrá que ver qué es lo que declara el ex funcionario, ahora arrepentido, respecto de la negociación con Chávez por Sidor. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo el domingo en Radio 10 que hubo una reunión, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas de 2005, en la que participaron Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y el propio Fernández. El ex jefe de Gabinete afirmó que en esa reunión quedó firme que Venezuela le pagaría a Techint y que la negociación continuaría en forma directa entre Rocca y Hugo Chávez. “En ese momento mismo, intercambiaron teléfonos y la forma de comunicarse. De ninguna manera hubo coima. Es una canallada. Yo estuve ahí”, redondeó Alberto Fernández.



domingo, 12 de agosto de 2018

EL SANTO OFICIO DE COMODORO PY





Yesid Reyes Alvarado es un destacado jurista colombiano. Es hijo de Alfonso Reyes Echandía quien fuera presidente de la Corte Suprema de su país, y fue asesinado por la guerrilla del M-19, junto a otros magistrados. El crimen provocó cambios legislativos radicales: tribunales en las sombras, testigos ocultos, ley del arrepentido.

Lejos del furor de la vendetta, Reyes Alvarado cuestiona las innovaciones que compara con un regreso a los métodos de la Inquisición. Afirma que la obtención de evidencia en la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la prioridad de los derechos individuales de los acusados. Hay jerarquía de derechos… De lo contrario, fulmina, regresan en este siglo las reglas del Santo Oficio.

Corresponde trasladar la prédica a la Argentina, para abordar la causa más famosa de estas semanas. La productividad informativa de un proceso penal no sanea sus vicios:

→ Forum shopping ejercitado por el juez federal Claudio Bonadío para adjudicarse el expediente.

→ Abuso de la prisión preventiva aplicada a granel a todos los sospechosos, sin mediar condena ni siquiera procesamiento.

→ Manejo discrecional de la institución del “arrepentido”, que técnicamente debe llamarse “delator premiado”.

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El encarcelamiento arbitrario se usa para quebrar voluntades. Una nota de la periodista Emilia Delfino en “Perfil” describe el primer recurso del método que practica el juez Claudio Bonadío junto al fiscal Carlos Stornelli. Se titula “El olor a tumba, clave en el operativo ablande de los empresarios arrepentidos”. Comenta que es crucial alojarlos en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La cárcel, lejos del mandato constitucional, es inhóspita con hedor “a vómitos, suciedad, orina y materia fecal” de anteriores reclusos. Así se los ablanda y se ponen en marcha los pactos con los “arrepentidos”.

La norma estipula que para ser arrepentido un ciudadano debe confesar un delito, señalar a otros culpables (de rango superior) aportar pruebas. A cambio de eso podría (se resalta el potencial) obtener una reducción en su condena. Supeditada a que sus dichos sean veraces y las pruebas conducentes. Dicha decisión se toma recién al dictar sentencia.

En los trámites previos (ahorramos tecnicismos y jerga, aspirando a no falsear) se les concede un tratamiento especial, “a cuenta” de lo que se produzca en el proceso, En el que también intervienen otros acusados, con derecho a defenderse y producir prueba.

Bajo esa cobertura, lo que ocurre en Comodoro Py es sideralmente distinto al sistema mencionado. Lo que explica por qué tantos empresarios “confiesan” haber sido víctimas y niegan estar incursos en cohechos (coimas) u otros delitos similares. Supuestamente se meten en un brete al macanear tanto: el aspirante a arrepentido que miente no solo pierde su beneficio, sino que agrega una condena adicional a la que ya corresponde.

Pero los empresarios ablandados no están deveras, comerciando esa condena futura para la que faltan años, acaso un lustro. Negocian el presente bajo la amenaza de quedar encanados ahora: “zafan” de esa presión ilícita. El porvenir es virtual, el presente inquisitorial y fétido los mueve. Pactan quedar afuera ahora, más adelante se verá. Por cierto, del otro lado de la mesa fomentan la burla a la ley.

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Se hace forzoso colar una reflexión. El razonamiento que hacemos goza de bajo rating en los medios dominantes e, intuye el cronista, en vastos sectores de opinión pública.

¿Para qué reconocer derechos humanos a los delincuentes? ¿Por qué no meterlos a la sombra ahora mismo, cuando los dichos de varios testigos son verosímiles? La respuesta es obvia y, tal vez, minoritaria. La enfatizamos, de todas maneras. Porque se supone que rigen la Constitución, el Código penal, la presunción de inocencia. Y revistamos en la tradición penal de Occidente.

La justificación de la tortura es similar a la operatoria que reseñamos, mal que les pese a los flamantes cruzados de la decencia.

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El expediente sigue adelante, obteniendo revelaciones creíbles cuyo impacto político y cultural es inmediato. Por añadidura los “arrepentidos” jamás se retractarían porque se verían implicados en falso testimonio o conductas similares, perdiendo la protección obtenida. Los otros encausados están impedidos de apelar los pactos, porque les son ajenos. Los fiscales, en línea con el Gobierno, seguramente no moverán un dedo.

Los testimonios obtenidos inducen a pensar que hubo cartelización de la obra pública, retornos o coimas, pagos regulares de empresarios a funcionarios. No sería novedad pero eso no exculpa a nadie ni política ni penalmente.

Corresponde pesquisar, permitir defenderse a los sospechosos, procesar y condenar cuando existan pruebas que rebatan la presunción de inocencia. Nada de eso se controvierte acá.

Solo se advierte que con pruebas contaminadas, abusos de poder y violaciones de derechos se genera un precedente tremendo, que posiblemente induzca a vendettas judiciales futuras. Y a repetir la vindicta contra otros rivales políticos, acaso de distinto partidario ideológico al kirchnerismo. La legisladora porteña de izquierda Myriam Bregman alertó: la amenaza puede propagarse para reprimir la protesta social.

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Debería ser iluminador el ejemplo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que se honraron todas las garantías de los acusados. Pero tan noble memoria cae en el olvido. Todo vale en la cruzada continental contra el “populismo de izquierda”.


Por Mario Wainfeld



martes, 5 de junio de 2018

Tiren contra el Fiscal FEDERICO DELGADO







El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado como sospechoso de haber filtrado información sobre la causa donde investigaba la muerte de 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, en abril de 2016.

Se basó en una denuncia que hizo Víctor Stinfale, uno de los principales acusados y procesados como organizador de la fiesta donde circulaban y se comercializaban drogas sintéticas frente a los ojos de funcionarios del gobierno porteño.

El fiscal Franco Picardi había dictaminado que se debía archivar el tema porque no veía delito alguno. Pero el juez le dio crédito al planteo del abogado y empresario, que dijo que se había enterado de que lo detendrían a través de los medios mientras había secreto de sumario. Además, prometió en televisión: “Me lo voy a cargar fiscal Delgado”. Stinfale tiene procesamiento confirmado por la Cámara pero logró que, además de desplazar a Delgado, el tribunal también apartara al juez federal Sebastián Casanello cuando estaba por elevar la causa a juicio oral con más de 30 procesados.

La causa sobre los hechos y las muertes también la tiene Martínez de Giorgi desde agosto pasado, y quedó casi paralizada. El caso no fue a juicio oral aún, pero el fiscal fue citado como imputado.

Federico Delgado tiene un panorama penal complejo en la actualidad, ya que a la denuncia que le hizo Stinfale por Time Warp, donde ahora la citan por incumplimiento de deberes de funcionario, este año se sumaron otras dos causas penales. Una surgió de una denuncia en su contra que hizo el juez Claudio Bonadio por una presentación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y también lo denunció Jorge “Corcho” Rodríguez. La primera causa la tiene Daniel Rafecas, la segunda, también Martínez de Giorgi. También tiene un sumario abierto en la Procuración. Es una especie de cerco que se configuró en los últimos meses. Coincide también con la publicación de un libro de Delgado que se llama «Injusticia», sobre la trama de funcionamiento de Comodoro Py.

En la causa sobre la fiesta Time Warp, Víctor Stinfale estuvo detenido y cuando salió en libertad fue al programa “Animales Sueltos” y prometió: “Yo me voy a cargar al fiscal Delgado, a él nunca le interesó esclarecer el hecho, con cinco pibes muertos (...) Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado”, prometió. La denuncia penal decía que había violado el secreto de sumario, porque los medios se enteraron de su detención antes que él. El fiscal al que le tocó la denuncia, Picardi, evaluó que la denuncia de Stinfale era producto de su disconformidad en la causa, donde está involucrado, pero que no había un delito penal de por medio. Además, señaló que era imposible determinar si la fuente de la filtración era Delgado porque muchas personas trabajan en el expediente.

La defensa de Delgado también planteó que no era cierto que en las fechas señaladas por Stinfale hubiera secreto de sumario. El 3 de mayo de 2016, que trascendió su detención, no hubo secreto durante el horario laboral de tribunales sino cuando terminaba. Había vencido el día anterior y pasó casi un día hasta que se reanudó. Tampoco regía el 16 de mayo, cuando se conoció el pedido de procesamiento y prisión. Martínez de Giorgi hizo otra evaluación y lo citó para el 19 de junio. “Las pruebas indican que en ese lapso (del 22 de abril al 3 de mayo de 2016) habría revelado información sensible al trámite de la instrucción, reservada a su conocimiento en razón del ejercicio de su función, suministrando a distintos medios de comunicación cauces de investigación y prueba realizada en secreto”, dice la resolución.





Durante la investigación de la Time Warp los organizadores estuvieron presos, entre ellos Stinfale, considerado socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci –presidente de Dell– y Maximiliano Avila –apoderado–. Pero también fueron procesados 30 funcionarios del gobierno porteño y agentes de la Prefectura.

Delgado y Casanello sostuvieron que la fiesta en cuestión era el disfraz de otros negocios, como la venta de drogas sintéticas y de botellas de agua que se cobraban 100 pesos, en un predio habilitado para 13 mil personas, donde entraron 20.500 y había solo tres ambulancias. La imputación fue “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte”. La Cámara luego confirmó los hechos e imputados pero cambió la calificación y puso facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Tras esa decisión aparecieron los prófugos.

Hoy no hay nadie preso, ni juicio en camino. Los familiares esperan los resultados de una pericia sobre las causas de las muertes.

Irina Hauser










domingo, 10 de diciembre de 2017

TRAICIÓN A LA PATRIA (Puesta en Escena)





Estaba escrito

Por Horacio Verbitsky

El 3 de enero de 2016, advertí sobre el intento de imputar a CFK por traición a la Patria. El propósito no es detenerla sino ponerla a la defensiva y mellar su liderazgo.

Entre las elecciones de octubre y el pedido de desafuero de CFK transcurrieron 45 días durante los cuales ningún obstáculo formal hubiera impedido su detención. El simultáneo juicio político al juez Daniel Rafecas por haber archivado en 2015 la denuncia el fiscal Natalio A. Nisman y la cuidadosa sobreactuación del gobierno nacional que se declara ajeno a una decisión que dice preocuparlo, completan el cuadro.

La idea no era privarla de la libertad sino acosarla de modo de mellar su liderazgo y colocarla figuradamente a merced del Peornismo Opoficialista que gerencia el senador Miguel Pichetto, el candidato del Frente para la Victoria derrotado por mayor diferencia en las elecciones de 2015. Para los lectores atentos no debería ser novedoso. Lo que sigue fue publicado en el diario Página/12, el 3 de enero de 2016, cuando Maurizio Macrì no había cumplido un mes en la presidencia:

    “Un columnista del Grupo Clarín sostuvo que cuando fue apartado de la causa el juez de Casación Juan Carlos Gemignani se proponía denunciar a Cristina por traición a la patria a raíz del memorando de entendimiento con Irán (…). El mismo día, un boletín electrónico dirigido por dos editores del Grupo Clarín dijo que un ciudadano colombiano, cuya identidad ocultan, escuchó el 16 de enero del año pasado, en una oficina de la Cancillería donde realizaba un trámite personal, que el entonces ministro Héctor Timerman planeaba asesinar al fiscal Alberto Nisman y que el ejecutor sería el nerd informático Diego Lagomarsino (!). Dos días después Nisman apareció con una bala en la cabeza y el colombiano fue a Puerto Madero a verificar los hechos (¡!). Como corresponde, la extravagante denuncia, que nadie con dos dedos de frente podría tomar en serio, cayó en el juzgado de Claudio Bonadío. El 28 de diciembre, el rabino Gustavo Perednik le dijo al aún receptivo Mariano Grondona, que ‘CFK va a ir presa por el asesinato de Nisman’, cuando a casi un año el único elemento a favor de la hipótesis del crimen es la voluntad de la familia y de los amigos políticos de Nisman. 
    En coincidencia con estos episodios, el nuevo gobierno pretende que la Unidad AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora a cargo del exsenador radical Mario Cimadevila, oriente su tarea a la investigación de la muerte del exfiscal y sobre todo a resucitar la denuncia de Nisman contra la exPresidente, que un juez de primera instancia, dos de apelaciones y un fiscal de Casación desestimaron por inexistencia de delito. Incluso se proponía rebautizar a la dependencia como Unidad AMIA-Nisman, lo cual motivó una tajante reacción de familiares de las víctimas del atentado. ‘Si asesinan a un familiar y el fiscal de la causa se gasta en putas los fondos asignados para investigarlo, ¿qué te parecería que lo homenajearan?’ fue la pregunta airada que escuchó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj (…). 
    El fiscal federal Eduardo Taiano dio curso a otra denuncia desopilante por traición a la patria y encubrimiento contra Timerman, por el contenido de una conversación telefónica grabada en forma ilegal, donde dice en privado lo mismo que la justicia y el gobierno afirmaban en público desde 2005: que los autores del atentado eran los iraníes denunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2005 y 2010 por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner y cuya captura internacional solicitó en 2007 el juez Canicoba Corral
    En 2013, cuando el presidente de la AMIA Guillermo Borger le recriminó que negociara con Irán, Timerman le respondió que no podía negociar con Suiza, porque la bomba la pusieron los iraníes. Taiano pidió que se agregara la denuncia de Nisman contra Timerman y Cristina, de modo que confiando en la conocida buena puntería de Bonadio sea posible acertar a la cabeza de la oposición. 
    Los audios forman parte del libro Nisman debe morir, del periodista Daniel Santoro y su divulgación ahora como si revelaran algún secreto descalificatorio, une la utilidad del marketing a lo placentero de la injuria contra el anterior gobierno.  
    Daniel Santoro también fue el vehículo elegido para atribuir carácter de prueba judicial al borrador del juez Gemignani sobre Cristina, cuando no es más que la opinión de un magistrado cuyas afirmaciones no tienen sustento en los documentos de la causa. Según Gemignani, la traición a la Patria habría consistido en la creación de una comisión de la verdad que implicaría transferir la soberanía al ‘estado sospechoso’ de haber ordenado el atentado. También entiende que el tratado restringe ‘la potestad de encarcelamiento’ del juez al ‘dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables’. 
    Pero el memorandum sólo dice que esa comisión que nunca se integró (de cinco juristas de prestigio internacional, que no podía incluir iraníes) revisaría la documentación y transmitiría una opinión a los dos gobiernos, pero no que desplazaría la jurisdicción de los tribunales argentinos. Además está probado en forma contundente que nunca se contempló levantar las alertas rojas. Por el contrario, el entonces director de Interpol, Ronald Noble, declaró que el gobierno argentino le pidió en forma reiterada e insistente que siguieran en vigencia” (…).
    “El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa ‘Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita’, instada por el gobierno militar que tres semanas después fusilaría a decenas de trabajadores y militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para Botet, el delito se había realizado con la sanción de leyes que a su juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades extraordinarias. Botet, que se identificaba como ‘Juez de la Revolución Libertadora’, libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrì: si el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el dictador Juan Carlos Onganía hizo descargar sobre la cabeza de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas”.

    “(…) No es de extrañar que el tema central elegido para acorralar a Cristina y propiciar el surgimiento de un peronismo hermafrodita, que vuelva a acomodarse en el rol de facilitador de políticas contrarias al interés popular que pregona defender, pase por la política internacional. Macrì nunca ocultó que ése era su propósito; (…) antes de las elecciones viajó a Israel, donde coincidió con el halcón presidente Beniamin Netanyahu en su posición contraria a cualquier acuerdo con Irán e incluso contra la política soberana de la Argentina frente a los fondos buitre. 
    Así lo contó en una investigación sobre los fondos no declarados que Nisman recibió de Israel y Estados Unidos, el sociólogo Jorge Elbaum, quien precedió a Claudio Avruj como director ejecutivo de la DAIA. Elbaum reveló que el rabino Perednik fue uno de los principales contactos de Nisman con el partido Likud, de la derecha gobernante israelí, que su vez fue su vía de acceso a Roger Noriega, quien desde que dejó el gobierno de George W. Bush dirige el American Enterprise Institute. Su principal financista es el millonario empresario estadounidense del juego Sheldon Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot y mecenas de la Task Force Argentina, que volcó cuantiosos recursos a difamar a las anteriores autoridades argentinas (…). 
    Elbaum cuenta que Nisman se encontró con Noriega en Buenos Aires en 2010, en un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, coorganizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus Foundation, asidua receptora de aportes provenientes de Adelson, El Rey de Las Vegas. En 2014, Avruj concertó con Nisman la agenda de las reuniones que Maurizio Macrì sostuvo en Tel Aviv y en Jerusalén, vinculadas con temas de seguridad internacional. El entorno de Macri consideraba como referente a Nisman después de sus dictámenes contra la infiltración iraní en Venezuela y América del Sur. A través de los contactos de Nisman, Macrì se reunió con referentes de la derecha israelí y con el primer ministro Netanyahu”.

Hasta aquí, la simpática sección “Yo te lo dije”. Después supimos que Adelson también le pagó 280.000 dólares a Nisman y fue un gran contribuyente a la campaña de Trump, quien junto con Netanyahu pretenden revocar el acuerdo nuclear con Irán. Cuando el premier israelí visitó la Argentina lo acompañó una comitiva de vendedores de equipamiento de defensa, seguridad e inteligencia para el espionaje y el control social. Para superar las restricciones constitucionales (“La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”, artículo 119), el doctor Glock adhirió a la doctrina del Comando Sur sobre las Nuevas Amenazas, por la cual se expande la definición de guerra en múltiples direcciones, de modo de incluir a los atentados de 1992 y 1994. Y para soslayar el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, finge que los diputados y senadores que convirtieron el memorando en ley estaban coaccionados o no sabían de qué se trataba. Pocas veces la definición de mamarracho jurídico estuvo mejor atribuida.

Como sostuvo el CELS el jueves 7, sin debido proceso, no hay justicia: hay persecución. Este es el texto difundido por la organización, que representa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humano a las víctimas del atentado nucleadas en Memoria Activa:

“Desde hace meses, el juez federal Claudio Bonadío impulsa una causa paralela irregular por la firma del memorándum con Irán. Hoy, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y otras cuatro personas, por los delitos de traición a la patria y encubrimiento.

“El juez utiliza como argumento para la prisión preventiva la llamada ‘doctrina Irurzun’: sostiene que los imputados, por haber sido parte del gobierno, pueden entorpecer la investigación o fugarse, o que tendrían ‘nexos’ para hacerlo, sin elementos concretos que den cuenta de que esto sea realmente así.

“Este tipo de argumentación genérica, sin base constitucional, viola lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Loyo Fraire y los estándares de prisión preventiva del sistema interamericano de derechos humanos.

“Si no se cumple con los parámetros objetivos de los riesgos procesales, la prisión preventiva es una medida desproporcionada e ilegal que atenta contra los principios del debido proceso e implica una violación de las garantías constitucionales. Si no hay debido proceso, se trata de una instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos.

“La investigación del atentado a la AMIA es la historia de la degradación de la justicia federal argentina. La construcción de impunidad caracterizó desde el primer momento la respuesta judicial. Veintitrés años después, las víctimas siguen esperando que avance la causa que debe investigar lo que ocurrió mientras el juicio en el que se investiga el encubrimiento trascurre sin que se le preste mayor atención. En 2004, las víctimas aceptaron la nulidad del juicio oral en el que se acusó de forma irregular a un grupo de policías: siempre buscaron justicia con debido proceso. La causa impulsada por Bonadío es una expresión más de la utilización política del atentado y de las arbitrariedades y violaciones al debido proceso que se justifican en una supuesta lucha contra la impunidad”.



► El expediente 8912/10

WHAT'S WRONG, SANTORO?







El ex titular de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ronald Noble (https://twitter.com/RKNGlobal), salió a desmentir al periodista Daniel Santoro por una nota en el diario Clarín en la que lo acusaba de ser cómplice en la escandalosa investigación judicial que lleva el juez Claudio Bonadio por el Memorandum de entendimiento con Irán.



El panelista de Animales Sueltos, aseguró que el juez Bonadio "sospecha" que Ronald Noble ayudó al ex canciller argentino, Hector Timerman a ocultar que se iban a levantar las alertas rojas de su organismo.









También remarcó que la nota es "tendenciosa" y que él estaba dispuesto a responder preguntas y cargó contra el juez Claudio Bonadio: "Un juzgamiento parcializado no puede cambiar la verdad y esa es que Interpol jamás fue interpelado por Argentina o Timerman para dar de baja las alertas rojas".





En su cuenta de Twitter (https://twitter.com/RKNGlobal), Noble reprochó que Santoro no lo contactara siquiera para contrastar la información que le brindó el juez Claudio Bonadio, a quien le atribuye la sospecha.








LAS MENTIRAS DE CLARÍN...



















jueves, 7 de diciembre de 2017

BONADIO: LA ESPADA DE CAMBIEMOS





El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner. Además pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

En una resolución de más de 360 páginas, ordenó las detenciones del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; el dirigente Luis D'Elía, el excanciller Héctor Timerman –dispuso su arresto domiciliario-, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y el exlíder de Quebracho Fernando Esteche.



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“El presidente Macri es el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

Acompañada por legisladores de Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa para responder a la medida judicial dispuesta por el juez Bonadio, quien la procesó con prisión preventiva y pidió su desafuero.





“El cronograma judicial y mediático, apoyado y potenciado por los trollcenters del gobierno, no es inocente, al contrario, es planificado y obsceno”.








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El fallo de Bonadio por el encubrimiento en la causa AMIA


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El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse “como cabeza del revanchismo” iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder.

A todos se los acusa de pretender encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace 23 años durante el gobierno de Carlos Menem, sobre la base de una denuncia por supuesta "traición a la patria" formulada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Para Eugenio Zaffaroni, esta denuncia hecha por el ex titular de la UFI-AMIA “es un disparate”. “Es una aberración decir que hay traición a la patria, si no hay guerra”, que es lo que presupone la Constitución.









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La historia de Claudio Bonadío

En los últimos años, el juez Claudio Bonadio comenzó a ganar protagonismo dentro de las páginas judiciales de los principales diarios y portales de noticias por sus investigaciones al poder político de turno, llevando adelante causas como el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, interviniendo en las multas de Guillermo Moreno a las consultoras privadas que mostraban sus propios índices de inflación, y en estos últimos meses por la famosa causa de las empresas ligadas a la familia presidencial a la que se llamó "Hotesur, pero que incluye varias sociedades más.

Sin embargo, la historia del juez dentro de los pasillos de Tribunales empezó a escribirse mucho antes que la mayoría de la sociedad conociera siquiera su nombre, cuando en el año 1992 se creó el sistema de juicio oral y público y se amplió el número de juzgados de seis a doce.

Su llegada al juzgado federal número 11:

El gobierno menemista decidió designar a jueces que no venían precisamente de las entrañas de los Tribunales, sino a los más cercanos, siendo uno de los beneficiados Claudio Bonadio, quien por ese entonces ya había sabido desempeñar sus funciones dentro de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde hizo muy buenas migas como subsecretario de Carlos Corach, un soldado del entonces presidente, Carlos Saúl Menem.

1996: Cavallo y la famosa "servilleta" de Corach con los jueces menemistas:

Cuatro años más tarde, en 1996, el juez Bonadio afrontaría por primera vez la exposición mediática, cuando el entonces opositor Domingo Cavallo denunció frente a los medios de prensa la existencia de una servilleta escrita a puño y letra por Carlos Corach, donde éste le enumeraba los nombres de los jueces que "jugaban a favor del gobierno".

Por esa denuncia, varios jueces que se encontraban en la lista comenzaron a ser investigados y fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, Bonadio, que acumulaba cuatro denuncias ante el Consejo de la Magistratura, supo resistir en el cargo.

2001: Procesamiento a periodista de Clarín por difundir declaración jurada de funcionario menemista:

El 5 de junio del año 2000, el periodista del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, publicó un artículo en la página 10 del diario titulado "Alderete, en apuros con la DGI: no puede justificar 600 mil pesos", donde se detallaban las inconsistencias de la declaración jurada del ex interventor del PAMI en la última etapa de Carlos Menem.

Un año más tarde, el juez Claudio Bonadio procesó al periodista por el delito de violación del secreto fiscal. Para justificar la decisión, el magistrado planteó una "colisión" entre los derechos de libertad de expresión y la intimidad, señaló que "la libertad de prensa debe ceder" y destacó que "ella no es ilimitada".

Bonelli, en ese entonces, apeló el fallo y afirmó que si la Cámara resolvía en su contra, sentaría precedente y los periodistas no podrían investigar la evasión fiscal de los poderosos de turno. Ya en 2001, la Cámara falló en favor del periodista, quien fue sobreseído gracias al derecho de libertad de expresión y prensa.

2004: Absoluciones y devolución de favores en la causa PAMI:

En el año 2004 y tras sobreseer a varios funcionarios del menemismo vinculados en casos de corrupción, como el ex interventor de PAMI, Víctor Alderete, la Oficina Anticorrupción denunció a Bonadio, tras atribuirle"incumplimiento de deberes, prevaricato y tráfico de influencias" por manejos sospechosos en una causa para favorecer al ex director de PAMI.

La presentación explicaba que el magistrado tuvo a cargo durante más de cinco años una investigación sobre maniobras fraudulentas en el PAMI para favorecer a la firma Fegera con el monopolio de las prestaciones geriátricas y la administración discrecional de fondos, y que omitió citar a un alto funcionario vínculado a Carlos Menem "con el fin de cumplir con la palabra que le habría dado al ex ministro del Interior Carlos Corach, quien a pedido del ex presidente le habría solicitado desvincularlo".

2005: Apartamiento y "cajoneo" de la causa por encubrimiento en AMIA:

Un año más tarde, Bonadio fue apartado de la causa que investigaba el encubrimiento y las pistas falsas plantadas en la causa por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.

Los motivos del apartamiento eran varios, pero la acusación más significativa era por haber estado cinco años sin mover el expediente, beneficiando así a su colega amigo Juan José Galeano y a su ex jefe Carlos Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA.

2014: Seis expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura:

Según publicó la Revista Veintitres en noviembre del año pasado, el juez Bonadio acumula 6 causas en su contra dentro del Consejo de la Magistratura, la mayoría de ellas por "cajonear" causas y demorar injustificadamente los procesos judiciales según el caso.

La más resonante de ellas tiene que ver con una defraudación del Estado en la privatización de la empresa Tandanor. En ella, el letrado Ezequiel Nino, de ACIJ, denuncia a Bonadio por "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", donde "se le cuestiona al magistrado una demora injustificada en el trámite de dichas actuaciones".




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