«HAY QUE HACER LA REFORMA POLICIAL O HACER LA REFORMA POLICIAL»

El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”.

Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”.

De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”.  

Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.

 “Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.”

Arslanian recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.

Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.

–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?

–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.

–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?

–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.

–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.

–La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.

–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.

–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.

–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?

–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.

–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.

–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.

–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?

–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.

–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?

–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.

–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?

–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.

–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?

–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.

Carlos Rodríguez

POLICÍA: NO HAY MIRADA ESTRATÉGICA

El diputado provincial Marcelo Saín es una de las principales voces en materia de seguridad. Fue el primer titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –la única fuerza de seguridad federal creada en democracia– y secundó a León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando se encaró un proceso de reestructuración policial, que quedó finalmente trunco tras su reemplazo por Carlos Stornelli.

El ahora legislador de Nuevo Encuentro aseguró que la crisis desatada en las últimas semanas demostró el colapso “de la modalidad de gestión política de la seguridad”, producto del resquebrajamiento de un “doble pacto”. Por un lado, el “pacto político-policial” y por el otro el “pacto policial-criminal”.

Según Saín, en este contexto se generan las condiciones para avanzar en un proceso de reforma con tres etapas: la reconstrucción de soberanía política sobre la seguridad y las policías, la redefinición del proyecto institucional de policía y, en tercer lugar, la “laboralización del trabajo policial”.



–¿Qué mirada tiene sobre los levantamientos policiales?

–Fue un reclamo salarial y después hay que ver la consecuencia institucional de eso.

–¿Cómo analiza entonces ese reclamo?

–Ha habido un fuerte malestar laboral en las policías. Lo que quedó demostrado a partir de esta crisis es que estas policías conviven fuertemente con bolsones de trabajadores pobres, que a sí mismos no se consideran trabajadores. Y que además no lo son desde el punto de vista jurídico, porque no portan ningún derecho laboral. Eso tiene que ver con la configuración de estas fuerzas fuertemente militarizadas y estructuradas sobre la base de la sumisión al superior. Esto eclosionó. Una de las manifestaciones más fuertes de esta situación de crisis es una suerte de licuación de la estructura de mando tradicional, que ya no es administrable por las cúpulas con el reglamento militarizado en la mano. Uno de los fenómenos que hemos visto en estos días es que no ha habido clandestinidad en la demanda. Es un fenómeno que yo no lo asimilaría a ningún otro tipo de hecho de desestabilización por parte de fuerzas policiales. El segundo aspecto es la existencia de estructuras de conducción policial profundamente anacrónicas y con muy escasa capacidad de gestión de la crisis. Y en esto hay que destacar la ausencia total de estructuras de gestión política. A punto tal es la acefalía y la defección política en las provincias –existan o no ministerios de seguridad–, que en ninguna se vislumbró capacidad política de gestión de la información y de la conflictividad. Eso obligó a que los propios gobernadores de manera directa intercedieran ante la crisis, incluso en algunos casos estableciendo diálogos y negociaciones con los propios sectores que establecieron los reclamos. Le pasó a un gobierno como el de De la Sota, que le concedió a la policía todo el poder, al punto de llevar como ministro de Seguridad a Alejo Paredes, vinculado con la oficialidad de la dictadura militar.

–Precisamente allí es donde se desencadena el conflicto, que después se reproduce en otros distritos...

–Sí, pero es un error decir que en el caso cordobés están reaccionando a la falta de fondos provenientes del crimen. Eso es desconocer que los fondos provenientes del narcotráfico no se distribuyen socialmente de manera equitativa. Hay también policías que reaccionan frente a las cúpulas. En la proclama anónima del 14 de diciembre, los tipos claramente están diciéndoles a los jefes que no protegen a los trabajadores, que son ricos, están vinculados al crimen, y ellos no son delincuentes.

–¿Pero cómo se pasa de un reclamo salarial a esta situación?

–Esta crisis arranca siendo una demanda laboral, pero termina siendo una crisis política por ausencia de gestión política sobre estas cuestiones. Hemos vislumbrado que algunos sectores internos en algunas provincias se montaron sobre muchas de estas cosas que deben ser internas entre ellos. El tipo de Mar del Plata que libera la zona para que saqueen el centro, quizás esté motivado por razones internas con el jefe departamental, que no tiene nada que ver con el conflicto original. Pero hay un contexto donde es funcional la canalización de ese conjunto de conflictos o diferencias internas. Allí sí después hubo lo que la policía sabe hacer: liberación de zonas, pactos con sectores criminales, estímulo a determinados saqueos.

–¿Hubo intencionalidad en los saqueos?

–En algunos era claro. Lo dijo el gobernador de Chaco y es creíble. En Córdoba también por algún sector policial. En Mar del Plata claramente hubo comisarios comprometidos con los saqueos. Pero hay que analizar caso por caso. En Buenos Aires, entre los policías de Adrogué, La Plata y los de algún otro sector más no comprometían más de mil miembros de la institución sobre 60 mil. Pero el grado de repercusión política que eso tiene es enorme, no solamente porque sea fogoneado por algún medio de comunicación, como hizo TN, que claramente alentó a que esto ocurriera y se expandiera. Por fuera de eso el hecho en sí mismo es muy acotado, pero tiene un grado de repercusión política y social muy elevado. En la provincia, los únicos saqueos que ocurrieron fueron claramente fogoneados por la propia policía. Claramente hubo liberación de zonas. ¿A qué respondió? No fue una maniobra de sectores provinciales, quizá responda a factores muy propios del lugar.

–Algunos gobernadores apuntaron que es responsabilidad del gobierno nacional...

–La principal responsabilidad es el desmanejo político de la policía. Esta policía no es resultado del espíritu santo. Es la policía de esta política. Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y éstas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto es lo que se empieza a agrietar. A través del desmanejo de las organizaciones policiales se agrieta el pacto político policial y, a través del crecimiento del crimen más complejo y organizado y su autonomización respecto de la regulación estatal, como hemos visto en los problemas con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se empieza a quebrar el pacto policial-criminal. Es simultáneo, forma parte de lo mismo. Y ahora, cuando se quiebra ese doble pacto, no hay resto político para enfrentar el tema, porque al darle el gobierno de la seguridad a la policía, nunca se construyó capacidad de gestión política. El gran desafío no es tanto el proceso de reforma policial, esa es una segunda etapa, lo más importante es construir capacidad de gestión política.

–¿Y por qué no se avanzó por ese camino?

–Porque la política cree que esto es ingobernable. Y siempre a los gobernantes, que saben que estos procesos son de largo plazo, les cuesta mucho, primero, crear estructuras especializadas de gestión y no ven ningún tipo de beneficio político inmediato. Y al mismo tiempo creen que va a haber contestación de sectores policiales y/o políticos y judiciales contra cualquier impronta de reforma. No hay mirada estratégica. Y un proceso de cambio implicaría acuerdos políticos porque va más allá de la temporalidad de un gobierno. Si acá no hay una reapropiación política de la conducción de la seguridad y de las policías, sucesivas crisis van a ocurrir y se van a comer un pedazo de la soberanía política argentina.

–¿Qué posición tiene sobre la sindicalización?

–Ese debe ser un punto de llegada, la conversión del empleo policial en un trabajo. Hay un abordaje esquizofrénico del Estado y de la política con relación a los policías. No podemos tener policías con doble empleo. Tiene que haber un nivel salarial que imponga la exclusividad. Si no, no hay profesionalización y desempeño eficaz de las tareas. Las condiciones materiales de trabajo hay que revertirlas. Y hay que permitir el derecho a futuro a la agremiación y a la negociación colectiva, no así el derecho a huelga. La sindicalización tiene que ser pensada en el marco de un cambio mucho más integral en la policía.

–¿Cuál sería?

–La reconstrucción de soberanía política y de capacidad de gerenciamiento político de la seguridad y de las policías. Repensar las policías. Hay que tener un nuevo proyecto institucional de policía, que resulte de un debate nacional acerca de para qué está, cómo se debe organizar y cuánto debe costar una policía a la altura de la gestión democrática de los conflictos. Y el tercer punto es el laboralización del trabajo policial.

–¿La creación de las policías municipales es parte de la solución?

–Sí, es un cambio importante. En Buenos Aires, la municipalización de las policías en las grandes ciudades es una de las respuestas que el sistema político bonaerense va a dar a esta crisis, a nivel de seguridad preventiva. Los intendentes se convierten en los jefes de policía y tienen policías totalmente nuevas, con personal capacitado nuevo, a su servicio, para poder gestionar localmente la seguridad. Va a tener funciones solamente abocadas a la seguridad preventiva, al crimen menor en la calle. No va a tener tareas investigativas vinculadas con el crimen organizado, ni con control de grandes manifestaciones, ni con operaciones especiales.

Sebastian Abrevaya

¿ESTADO QUERELLANTE?

«... La querella estatal está guiada, explican en el Gobierno, por el afán de ponerse del lado de los damnificados. El loable objetivo se cumplió acabadamente con los sobrios anuncios de los ministros Alicia Kirchner y Juan Manzur de prestar atención médico psicológica y contención a familiares de víctimas fatales y a sobrevivientes. La querella, en cambio, es un paso en falso por dos motivos básicos: agrega una quinta rueda al de por sí lento carro de “la Justicia” y hace caso omiso de que el Estado debe ser investigado. Por otra parte, el interés general está representado por el Ministerio Público (la Fiscalía). Y el estado no es una ONG que puede entrar a un expediente en el que todo debe ser puesto bajo la lupa. El juez federal Claudio Bonadío debería desestimar el planteo, lo que no resentiría en nada los derechos de los damnificados.

» Las carencias de TBA, que para muchos son flagrantes, pueden implicar responsabilidades de funcionarios, nadie debe interferir en esa procura. Por cierto, la culpa penal es una mira muy estrecha: requiere comisión de delitos, usualmente dolosos. La responsabilidad de gestión es mucho más vasta, debe juzgarse de modo veloz y no rige para ella la presunción de inocencia...»

"El dolor y los deberes"
Mario Wainfeld

Fiscales de pacotilla

Mi recuerdo permanente a Don Jorge Cepernic

Cuando esta mañana vi una foto donde dirigentes de la Unión Cívica Radical homenajeaban al ex fiscal Strassera, me vino a la memoria otra imagen: la del momento en que conocí en 1982, a Don Jorge Cepernic, en la cocina de la casa de su estancia, a pocos kilómetros de El Calafate.


La cocina era tan sencilla y cálida como él.


Habíamos viajado a ese pueblo entrañable con Néstor y otros compañeros para iniciar la campaña de afiliación al partido. Es que, después de la tragedia de Malvinas, “las urnas dejaban de estar bien guardadas”. Era un invierno muy crudo y estaba todo nevado. Hacía poco que a Don Jorge, le habían levantado la libertad vigilada, luego de haber estado preso por muchos años en la cárcel de Magdalena. Su detención había estado fundada en el hecho de estar incluido en las actas de responsabilidad institucional y colateralmente, estar investigado por la CONAREPA, instituciones creadas por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Así lo conocí. Generoso, buena gente, nos recibió como si hubiéramos sido amigos de años. Me contó sus anécdotas de cautiverio junto a otros dirigentes de nuestro partido.


Años más tarde, bien avanzado el proceso democrático, un día de larga charla volvió a salir como tema de conversación, el juicio a las Juntas Militares y por primera vez, hizo referencia a las razones y la forma de su detención en 1976. Estaba en un cine de esta Capital Federal junto a otro compañero, viendo la película Tora Tora. De golpe, se encendieron las luces y vio como entraban fuerzas conjuntas para llevárselo detenido. Como era de esperar en esos casos, se presentó inmediatamente un pedido de habeas corpus. El Juez, no recuerdo su nombre, le corrió vista al Fiscal. Este Fiscal dictaminó que no se hiciera lugar al pedido de libertad, porque las actas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional eran constitucionales y, por lo tanto, las actas de responsabilidad institucional -que no imputaban ningún delito y solo decían quien tenía que estar preso- también lo eran.


Ese Fiscal duro en sus apreciaciones y firme en sus convicciones a la hora de hacer cumplir el Estatuto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, era Julio César Strassera. Don Jorge estuvo varios años detenido hasta recuperar la libertad.


Siempre me pregunté, cuántos habeas corpus y otros tantos argentinos o argentinas, habrán corrido la misma suerte. Presos sin ninguna razón ni causa, sin juez, sin derechos, sin garantías y cuántos de esos, tal vez nunca fueron liberados porque aún continúan detenidos desaparecidos.


Don Jorge falleció hace muy poco. Era un hombre íntegro a quien por supuesto, debieron liberarlo después de años, sin poder encontrarle ninguna razón, ni hecho de que acusarlo. No tenía rencores pero tenía una maravillosa memoria, memoria que parece faltarle a algunos.


Vaya pues, mi recuerdo a Don Jorge Cepernic, un hombre de verdad. Uno de esos a los que los homenajes no le gustaban pero que, sin lugar a dudas, tenía razones más que suficientes para recibirlos.



Cristina Fernández de Kirchner

La única verdad es la realidad...

digna PRESIDENTA de la
Nación
Argentina

“SERÍA IMPERDONABLE QUE EL PJ Y EL PROGRESISMO PERMITIERAN LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA”

Cuando le pido que identifique los tres mayores aciertos de su presidencia, sonríe. “El principal fue animarme a abrir la puerta del despacho para entrar”, dice. Se recuerda como un presidente muy débil, en medio de una situación política, económica e institucional de “ingobernabilidad absoluta”. Ni siquiera la dirigencia política que lo apoyaba coincidía con su idea sobre el país. “Abrí una ventana. La Plaza de Mayo estaba llena. Fue la más triste que vi en mi vida, porque allí había un pueblo que demandaba trabajo, atención, que la Casa Rosada se diera vuelta y dejara de mirarlos con la nuca.” A veces las palabras no acuden cuando las precisa. Las ideas se le atropellan y la boca es un embudo muy estrecho, como el día en que habló de “un grito de aire fresco”. Su relación con sujeto, verbo y predicado no se inspira en la de Juan Perón. Le salen frases enrevesadas que a menudo quedan truncas, con los puntos suspensivos de una obra de Armando Discépolo, pero se hace entender mucho mejor que tanto pulcro abogado sentencioso. Dice que se acercó “a esa Plaza Rosada” y sintió que con el cargo había asumido todas las responsabilidades por la situación. “Tarea difícil la de ser presidente”.

Los pactos que no fueron

A los pocos días, un ministro le dijo que la Corte Suprema de Justicia se proponía redolarizar la economía si no se le brindaban “determinadas seguridades”. Por la noche lo consultó con Cristina y el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Vuelve a reír: “En aquel momento yo era el Chirolita de Cristina”. Cuando decidieron explicar a la sociedad que el gobierno no aceptaba este trato extorsivo “empezó uno de los procesos más importantes de la institucionalidad argentina”, que condujo al establecimiento de una Corte Suprema independiente, elegida con un método transparente. Pero advierte que más de una vez ha estado en desacuerdo con sus fallos y se intuye que no las tiene todas consigo sobre lo que el tribunal pueda decidir cada vez. Es que al formar esa Corte con no partidarios, como hizo Mitre un siglo y medio antes, se ató al mástil de una institucionalidad a prueba de editoriales exaltados de los herederos de su precedente y de los socios mayores.

Días antes de asumir, una visita importante le planteó que para garantizar la convivencia debían ratificarse las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

–El ex senador Eduardo Duhalde.

–Sí, pero también algunos compañeros.

Dice que el impulsor de esa especie de “acuerdo cívico militar” fue el general Ricardo Brinzoni, quien había visitado a varios gobernadores para llevarles su propuesta. Kirchner lo recibió durante un almuerzo en Comandante Piedrabuena.

–Me habló de un trabajo coordinado para sostener la institucionalidad. Le respondí que la mejor manera era que cada uno cumpliera con el rol que le asigna la Constitución. A muchos les sorprendió que en cuanto asumí lo relevé. Lo hice en defensa del gobierno que comenzaba, porque bajo su conducción las Fuerzas Armadas volvían a actuar en terrenos que no les correspondía.

–¿Y con las leyes de impunidad?

–Pedí tiempo hasta comenzar mi gobierno, que necesitaba fortalecerse. Y cuando asumí respaldamos los juicios que se estaban realizando, como pedían los organismos y el sistema interamericano de derechos humanos, derogamos el decreto que firmó De la Rúa contra las extradiciones solicitadas por el juez Baltasar Garzón y pedimos la ratificación de la Convención Internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la nulidad de las dos leyes.

Mucho más que tres

Le hago notar que los tres mayores aciertos que mencionó se produjeron en los primeros meses de su gobierno. Son los más importantes porque sin ellos no hubiera habido institucionalidad, dice, pero limitarlo a tres le parece mezquino. “Son muchos más.” La enumeración que sigue a borbotones incluye los gemelos superávit comercial y fiscal, la renegociación de la deuda externa, el pago al Fondo Monetario Internacional para que deje de condicionar la política económica, la recuperación del trabajo con la creación de cinco millones de puestos nuevos, los 23 aumentos concedidos a los jubilados, la reapertura de las negociaciones paritarias, la fijación mediante sucesivos aumentos del salario mínimo más alto de Latinoamérica, la inclusión en el sistema provisional de un millón y medio de trabajadores pasivos que habían quedado sin ninguna cobertura. “Todo esto va vertebrando un sistema muy diferente al que recibimos y también diferente a lo que pasa ahora. A mí me tocó sacar a la Argentina del infierno. Por eso las contradicciones de esa etapa son diferentes a las contradicciones de este gobierno...

–Después hablamos del gobierno de Cristina...

Pero Kirchner no quiere interrumpir su razonamiento. Dice que las contradicciones son diferentes porque cambió el campo de alianzas. Entonces “había muchos que aún pensando diferente acompañaban porque todos querían salir del infierno, pero ahí todavía no se perfilaba la definición profunda del modelo, y ahora sí”. Cuando le pregunto por los tres mayores errores o carencias de su mandato, su respuesta se adelanta a la pregunta siguiente: las falencias de su gobierno, que reconoce, son los principales méritos del de su esposa. No parece deliberado, pero sumando ambas cosas, no hay más que aciertos. Ese es el estilo que les permitió darle a la caída electoral del 28 de junio la dimensión de un traspié, cosa que exaspera a los opositores que los daban por acabados. Una vez Cristina dijo que eran dos cuerpos con un solo cerebro.

Los medios y los fines

Kirchner no percibió que “la democratización debe ser total, más profunda”, que también era necesario consolidar “un sistema de medios absolutamente democrático y no monopólico”. Tuvo “la ingenuidad de esperar comprensión, para construir una Argentina democrática”. Después de reintegrar al sistema previsional a quienes habían quedado afuera por las privatizaciones que dejaron a tantos sin empleo, entendió que esa respuesta era parcial. También se habían privatizado “los fondos de los trabajadores, mediante las famosas AFJP, que crearon gran parte de la deuda argentina, por el buco que generaron en el presupuesto”. Se suponía que esos fondos servirían para crear un mercado de capitales, que benefició a muy pocos y descapitalizó a los trabajadores. La decisión posterior de recuperar el sistema previsional “la podríamos haber realizado nosotros, pero no lo vimos con claridad”. No parece recitar un libreto, sino buscar respuestas que aún no conoce. “A veces, es necesario ganar en homogeneidad, un proyecto tiene que ir construyendo conciencia en la gente”, tantea. Luego vuelve a terreno más conocido: “A este proyecto político lo atacan mucho más por los aciertos que por los errores”. Esos aciertos, dice, hicieron que se juntaran muchos “sin ideas y sin proyectos, sólo por tratar de revertir lo avanzado”.

“A Cristina le toca enfrentar un núcleo duro cerrado y desestabilizador, que se opone a la política de derechos humanos, más los sectores monopólicos mediáticos, a los que se suma una oposición política que destruyó la Argentina dos veces y no aporta ideas para la construcción a partir del caos que ellos crearon. Por el contrario, siempre tratan de profundizar cualquier contradicción para que todo se agrave. Eso es lo que hoy tenemos enfrente y lo que en la Argentina futura se va a debatir”.

Frente a ese cuadro, afirma que la respuesta de CFK consiste en mejorar la calidad institucional y pone como ejemplos la Ley de Medios Audiovisuales, la recuperación del sistema previsional, la asignación universal a cada hijo, el Fondo del Bicentenario. Kirchner entiende que la Asignación Universal es la medida de política social más importante que se adoptó en medio siglo. “Muchos dicen que ellos la plantearon primero. No vamos a discutirles. Si todos la querían, que la presidente la haya adoptado es un triunfo de todos. ¿No?”. También reivindica el Plan Argentina Trabaja, que mediante las cooperativas se aparta de los planes clientelistas que se dictaron en el inicio del siglo, “inclusive en algún momento de nuestro gobierno”. Es difícil compatibilizar su enfoque con los de la oposición, política, corporativa y mediática, que denuncia un atropello institucional tras otro. “Son los que trabajan para desestabilizar al gobierno. Lo que ocurre es que no nos estamos rindiendo al sistema. Llegamos para transformarlo”, replica.

Conflictos de intereses

La personificación de esa queja es el vicepresidente Julio Cobos. Kirchner pide que se tome conciencia del lastre que debe remontar Cristina, con el único “vicepresidente desestabilizador” que tuvo la democracia desde 1983, que “goza de los privilegios institucionales de un proyecto político al que traicionó y del que se plantea como alternativa”. También señala el machismo de la sociedad, al que atribuye que haya prosperado “el cuento de que yo tomo las decisiones, con el que intentan desgastarla. No la conocen a Cristina, ni a mí”.

El escollo con que chocó el actual gobierno a poco de andar fueron las patronales agropecuarias. Kirchner cree que “se podría haber comunicado mucho mejor” pero defiende la necesidad de las retenciones al comercio exterior de la soja, “tanto por la extensión de sus plantaciones y el nivel de precios como por la distribución del ingreso”. Omite nombres pero opina que “quienes trabajaban con Cristina en el tema no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Se remite a una declaración de su esposa: “sin renunciar a las medidas en las que uno cree, desde la presidencia hay que buscar una síntesis, sin odios ni enojos”. Pero lo que se ve es un conflicto ríspido. “Que no nos asuste, muchas veces habrá conflicto de intereses. Ordenar los intereses de la sociedad significa equilibrar cargas que no lo están y eso genera conflictos”. Pero cree posible una síntesis, que no perjudique a nadie y que respete “los intereses de la mayoría de los argentinos”.

El gran examen

Cuando habla de su esposa trasunta una admiración que no se compadece con la imagen tan difundida, que la reduce a mera emanación de su voluntad. Dice que el manejo de la crisis internacional fue “el gran examen que dio Cristina”. Describe la crisis como más profunda que la de los años ’30, con el derrumbe del sistema financiero, el estallido de la burbuja especulativa simbolizada por instituciones como Lehman Brothers, emblemáticas del Consenso de Washington, y el uso del Estado como resguardo cuando todo temblaba. “Los dirigentes europeos y estadounidenses no podían comprender lo que les estaba pasando ni atinaban a aplicar el antídoto correcto, hasta que apelaron al tipo de medidas defensivas que nos criticaban a nosotros”. El razonamiento se cierra en el punto en que comenzó: “¿Se imagina si hubieran estado a cargo quienes gobernaron la Argentina en la década del ’90 o en la crisis de 2001? Hubiéramos tenido política de ajuste, descuento de salarios, descuento de ingresos a las provincias, pactos fiscales a cuenta de la coparticipación”. Y, aunque no lo diga, represión, para imponer ese programa. Agrega que “quienes hoy tanto hablan de coparticipación son los mismos que firmaron todos los pactos fiscales y llamaban a los gobernadores para que las provincias resignaran fondos”.

Reservas y deuda

La alabanza se refiere a las políticas activas para el sector automotor, el campo, la construcción, la inversión pública. Cuenta que en marzo hay 150 escuelas a inaugurar y miles de obras básicas y fundamentales para activar y para generar empleo, que comenzaron en 2008 y 2009. “Por eso la Argentina creció el 0,5 o 0,6 por ciento pero no decayó”.

–¿En 2009?

–Sí. Decían que se iban a vender 200 mil automóviles, se vendieron 550 mil. La recaudación aumentó en los dos últimos meses del año, y en este enero que comienza, está creciendo a dos dígitos. Se exportó carne por 1935 millones de dólares, cuando decían que iba a ser necesario importar. También ingresaron 670 millones de dólares por exportaciones de lácteos. A pesar de la tremenda crisis internacional, de la sequía, del conflicto, de no haberse liquidado algunas cosechas, los resultados económicos permitieron llegar a 48.240 millones de dólares de reservas.

–Varias fuentes de la oposición dicen que se reinicia el endeudamiento.

–Eso no es serio. Estamos pagando la deuda que contrajeron los gobiernos que se sucedieron desde 1976 hasta 2003. Cuando asumimos, la deuda equivalía a más de una vez y medio el Producto Bruto, ahora apenas pasa del 40 por ciento.

¿Qué es una derrota?

Reformulo su planteo de esta manera: desde 1983 hasta 2003 rigió un pacto de gobernabilidad. Los intereses hegemónicos que emergieron de la dictadura autorizaron la subsistencia de gobiernos electos, siempre que no afectaran sus negocios y que ajustaran sobre las espaldas de los trabajadores. Kirchner rompió este acuerdo en 2003. Pero entonces, ¿cómo se explica que su candidatura haya sido derrotada por nadie el 28 de junio?

–Hubo varios factores. El conflicto por la 125 produjo una confusión en la sociedad, que poco a poco se fue aclarando. Después empezamos a remontar desde muy atrás. Había sectores que de verdad querían que el gobierno se cayera...

–¿Querían?

–Y siguen queriendo. Dirigentes con nombre y apellido lo han dicho en público.

Cree que parte de la confusión fue que se atribuyera a factores internos la pérdida de poder adquisitivo de sectores medios y mediosbajos, que no lo relacionaron con la crisis internacional. También computa la zozobra que provocó la pandemia de gripe A. Pero considera central debatir si su construcción política fue correcta, porque percibe alguna desconexión entre el mensaje a la sociedad “y aquellos que tenían que instrumentarlo, que a veces pensaban más en sus intereses individuales que en los del proyecto nacional. Sin proyecto nacional es imposible que haya un proyecto provincial y menos proyectos municipales. Lo estamos discutiendo, nos autocriticamos”. También incluye en el análisis lo que llama “el cerco mediático para desgastarnos y limarnos”, y los recursos ilimitados de la campaña de quienes resultaron ganadores cuyo gasto “fue astronómico” y del que no debieron rendir cuentas. Aunque dice que “fuimos la primera minoría del país, por más de 6, 7 puntos”, no intenta minimizar el fuerte simbolismo de la derrota en la provincia de Buenos Aires. “Nos ganó la derecha”, señala.

La incidencia del Indec

Le doy mi opinión sobre la incidencia de la situación del Indec. El maquillaje de las cifras devaluó toda palabra pública y el enmascaramiento de la inflación dificultó ver ese sufrimiento de los sectores medios-bajos y bajos y demoró una medida como la Asignación Universal, que debería haberse tomado mucho antes.

Kirchner interrumpe, con esa actitud de peleador que tanto irrita como admira:

–Pero se tomó...

Trato de terminar el razonamiento:

–...y en cambio se prefirieron los acuerdos con sectores oligopólicos, que bajaban dos o tres artículos por unos días, mientras subían todos los demás, y dos o tres semanas después subían también los precios acordados.

No coincide. Por un lado, defiende el cambio de un sistema armado para un esquema neoliberal donde crecían los servicios y desaparecía el resto. También señala que había funcionarios del INDEC cercanos a las consultoras, aunque no quiere generalizar porque la mayoría le parecen decentes. Pero además observa que en el momento de las elecciones la caída de la actividad había hecho que los precios se mantuvieran o cayeran. ¿Y el efecto de la negada inflación anterior sobre la credibilidad oficial?

–Se puede discutir. Pero lo importante es lo que se está haciendo ahora. El gobierno no se ha encerrado como si se sintiera dueño de la verdad absoluta. Se está haciendo un trabajo conjunto con las universidades nacionales, que permitirá crear un sistema que quede fuera de toda duda. La presidente ha elegido ese camino para buscar la solución definitiva.

Aún así, no niega la posible influencia del INDEC en el resultado electoral. “Sería absurdo de mi parte. Nunca hay una sola causa que determine un resultado”. Pero insiste en ponderar los otros elementos que mencionó.

Llamados de atención

Pienso en la depresión y el repliegue de Alfonsín después de la derrota de 1987, en las maniobras de Menem después de la de 1997 para que lo sucediera la inofensiva oposición y no sus feroces compañeros, en la terca negación con que De la Rúa fingía que la derrota de 2001 no lo afectaba porque no había sido candidato. La reacción de Kirchner no se parece a ninguna de ellas. Acepta el resultado en forma autocrítica, pero no lo siente como un drama (la oposición dice que actúa como si no hubiera ocurrido). Se ríe cuando recuerda sus malos resultados en varias elecciones en su provincia, donde después se impuso.

–La política es así. A veces hay derrotas que son llamados de atención, y además de analizar por qué se pierde hay que ver con quién se pierde. Lo más grave es que no perdimos con una fuerza progresista sino con el pasado, con los años ’90. No hay más que ver lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno dice que nosotros estamos terminados, y él todavía no empezó. A nosotros nadie nos puede quitar el valor de que hemos sabido gestionar, administrar. Este señor no ha podido mantener una sola decisión, y ha tomado las más agraviantes. Lo grave es que nosotros perdimos con eso y nuestro análisis es que ocurrió por no haber profundizado y corregido las cosas que teníamos que corregir. Por eso se tomaron todas las medidas que se tomaron después del 28 de junio.

Le menciono tres proyectos de reforma que él no aprobó: la fiscal en la que trabajó Felisa Miceli, la de la Ley de Entidades Financieras de Carlos Heller y la de la Carta Orgánica del Banco Central que presentó Mercedes Marcó Del Pont.

–Hubieran sido profundizaciones del modelo y, por ejemplo, hubieran evitado el problema con Redrado.

–Nos quedamos sin Felisa.

–Desde el gobierno se paró esa reforma mucho antes, porque Clarín había publicado una tapa sobre el tema.

Pero seguimos trabajando, dice, sin explicar cómo ni cuándo.

–El tema de la Carta Orgánica del Banco es una asignatura pendiente. La conversamos pero nos quedamos ahí por no alterar el funcionamiento del sistema financiero. Mercedes presentó un buen proyecto, hay que discutirlo, pero el mundo no termina hoy ni mañana, y la presidenta tiene muchas cosas más claras de lo que las tenía yo. Con Heller estamos conversando sobre este tema, nunca fue rechazado.

Por Horacio Verbitsky - Página/12