EL LAWFARE SIGUE VIVO CON LOSARDO

 Emiliano Blanco, ejecutor del espionaje a presos políticos

 

Emiliano Blanco, que espió a Boudou en la cárcel, hoy trabaja con la ministra de Justicia Marcela Losardo. Es el exdirector del Servicio Penitenciario durante el gobierno de Macri, responsable del espionaje a presos políticos e incluso a sus abogados. Aún trabaja en el ministerio de Justicia a pesar de todas las pruebas en su contra.

 

La ministra de Justicia, Marcela Losardo

 

Emiliano Blanco, ejecutor del espionaje a presos políticos durante el Gobierno de Mauricio Macri, trabaja aún hoy en el Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo. Entre los espiados cuando estaba en el penal de Ezeiza estuvo Amado Boudou e incluso sus abogados. El dato de que sigue trabajando con el actual gobierno lo dio él mismo al ser indagado en la causa de espionaje. El Destape pudo confirmarlo a través de documentación y diversas fuentes.

El rol de Blanco en el lawfare no fue menor. Era el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el reinado de la Doctrina Irurzun, mecanismo utilizado por el gobierno de Macri y Clarín para encarcelar ex funcionarios kirchneristas sin condena. Varios de ellos contaron los maltratos constantes a los que fueron sometidos por el personal que dependía de Blanco. Luego, cuando se destapó la caja de pandora del espionaje ilegal, se supo además que Emiliano Blanco y sus subordinados desplegaron un aparato de espionaje que incluía a los presos y a sus abogados, donde se violaba tanto la intimidad de los primeros como la relación abogado-cliente.

El espionaje en las cárceles es uno de los capítulos en la causa por las operaciones de inteligencia ilegales desplegadas en la era Macri. El rol de Blanco fue detallado en varias notas de Franco Mizrahi en El Destape. Todo se hizo a través del programa penitenciario “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), que manejaba Blanco.

El IRIC era manejado por Blanco y funcionaba bajo la órbita de otros dos engranajes del lawfare: el ministro de Justicia Germán Garavano y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, hoy cobijado por Horacio Rodríguez Larreta como fiscal general de la ciudad. Debajo de Blanco estaba Cristian Suriano, jefe de inteligencia del SPF que oficiaba de vínculo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un convenio entre Blanco y Gustavo Arribas daba la cobertura.

Tal como informó Mizrahi, los jefes de inteligencia penitenciaria reconocieron el espionaje en cárceles. Según la imputación en su contra existía una “organización criminal establecida por Emiliano Blanco”. Junto a otros funcionarios, y siguiendo las directivas de Blanco, los responsables de la inteligencia penitenciaria “fueron los encargados de obtener, almacenar y sistematizar información sobre personas” mediante espionaje ilegal.

A finales de noviembre, en su declaración indagatoria, fue el propio Blanco el que informó que trabaja para el Ministerio de Justicia. Dado que es una instancia de defensa podía mentir, pero El Destape pudo reconstruir que dijo la verdad. Blanco está actualmente contratado en relación de dependencia por el Ministerio de Justicia a través de el Convenio Marco MJYDH- Acara Automotor.

 

 

 

La propia ministra Marcela Losardo también confirmó que este ejecutor del lawfare trabaja bajo su gestión. Fue a través de su cuenta de Twitter, que utilizó para responder a una serie de publicaciones periodísticas que decían que Losardo y Blanco tenían una amistad y eran vecinos. “Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive”, escribió la ministra. Ininterrumpida es hasta hoy, a un año de la asunción del nuevo Gobierno.

 

Más allá de lo que escribió Losardo lo cierto es que, como informó en su momento El Destape, en los primeros meses de su gestión la ministra quiso ascender a Blanco a Subsecretario de Asuntos Penitenciarios. El tema desató una fuerte interna en el Gobierno, ya que por entonces se conocía cómo Blanco había maltratado a los presos políticos. Sobre el espionaje había sospechas, hoy confirmadas.

 

El lobby para ascender a Blanco al cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios incluyó operaciones mediáticas como la nota que publicó Infobae el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumida Losardo, donde lo daban por designado. La ministra tiene sí una estrecha relación con Infobae, donde realizó una serie de entrevistas a jueces y fiscales en el ciclo Justicia Abierta de InfobaeTV. Lo cierto es que el resto de los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron designados y ese raviol siguió vacante. Había razones y sospechas que luego se confirmaron: no solo maltrató a los presos políticos sino que los espió.

Según Clarín, en ese momento el ascenso de Blanco se frenó por un tuit de la modelo Luciana Salazar. El tuit, también del 18 de diciembre de 2019, decía: “Escándalo en el Ministerio de Justicia por el intento de nombrar a Emiliano Blanco director del servicio penitenciario federal en lugar de su amigo Mahiques. Ambos piezas claves de la denuncia que formulo CFK en su descargo. Primera grieta con Losardo?” . La cuestión era más compleja que lo que simplificó Clarín con la modelo twittera como excusa. No podían decir que Blanco era proveedor de escuchas e información de manera ilegal. A pesar de eso, aún es parte del Ministerio de Justicia.

 

 Ari Lijalad

 

 

 

 

 

 

 

La Violencia Sexual es un PROBLEMA POLÍTICO, No Moral

“La noticia de una agresión sexual se instala como un espectáculo en los medios y eso tiene que cambiar”, dice la antropóloga Rita Segato, una de las grandes intelectuales latinoamericanas, al analizar el tratamiento que tuvo en televisión la denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés. También llamó la atención sobre el riesgo de que se produzca un efecto imitación como ocurre con las noticias de suicidios, y sobre la necesidad de correr a la actriz del lugar de víctima. “No quiero solamente consolar a una víctima que llora. El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral”, señaló Segato.

La autora de “La guerra contra las mujeres” (Madrid: Traficantes de Sueños, 2016), está además preocupada por lo que viene llamando “un feminismo del enemigo”. “El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos ‘naturales’”, expresó. Y a su vez, cuestionó los “linchamientos” en redes sociales para denunciar violencias machistas entre pares, adolescentes. “Debemos preparar a nuestras y nuestros jóvenes para que puedan tramitar sus relaciones con su propia palabra y con sus propios gestos”, alentó. Y quiso dejar como mensaje una frase que le dijo un jefe de la policía de El Salvador, donde estuvo trabajando durante una gran parte de este año: “Que la mujer del futuro, no sea el hombre que estamos dejando atrás”.

Es una de las voces más lúcidas de la región a la hora de pensar la violencia machista en sus distintas formas y circunstancias. Su pensamiento es provocador. Empuja a la reflexión. Segato nació en Argentina y vivió también en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil. Tiene una extensa trayectoria académica. Este año, la Universidad de Brasilia le concedió el título de Profesora Emérita de la institución, y recibió tres Doctorados Honoris Causa de universidades argentinas. Es autora de numerosos libros, el último, “Contra-pedagogías de la Crueldad” (Buenos Aires: Prometeo, 2018).

Cuando empezó a trabajar primero con los presos condenados por violación en la penitenciaria de Brasilia, pensó que sería una situación excepcional y pronto abandonaría el tema. Cuando fue invitada, luego de publicar el libro “Las estructuras elementales de la violencia” (2003, Prometeo), para aplicar su modelo de la fratria masculina, del club de hombres, al caso de las mafias de Ciudad Juárez, pensó también que estaba ante un caso excepcional, raro, que rápidamente ese tema iba a desaparecer de la historia. Y siente una tremenda frustración porque no consigue abandonarlo. Este año, fue convocada por la Policía Nacional Civil de El Salvador, tal vez el país más violento del continente, para elaborar un diagnóstico sobre crímenes de género al interior de la institución.

→ La conversación transcurre en su departamento de San Telmo.

–¿Cómo analiza lo que pasó a partir de la denuncia de Thelma Fardin?

–Es fundamental vincularlo con lo que pasó dos semanas antes con el fallo sobre el femicidio de Lucía Pérez, donde un tribunal dijo que no hay ninguna relación de poder entre dos hombres adultos que le proveen droga a una adolescente. La sociedad que se escandaliza porque otra adolescente, de la misma edad que Lucía, fue violada por un varón de mayor y de más poder, les está diciendo a esos jueces de Mar del Plata que están equivocados y que han traicionado las expectativas de la sociedad con relación a la justicia. Es importantísimo vincular las dos escenas, ponerlas en relación. En segundo lugar, estamos viendo que la sociedad está siendo avisada y se está volviendo más sensible en relación a las agresiones, a los acosos, a las distintas formas de abuso de género y esa es una buena noticia.

–¿Cómo ve el rol de los medios en el abordaje del tema?

–Tenemos un problema con el espectáculo de la noticia. Es indispensable ver cómo los medios pueden informar sobre este fenómeno. Lo que hemos aprendido de feminicidios y escándalos sexuales anteriores es que aunque los medios muestren la monstruosidad del agresor, ese monstruo para otros hombres resulta una figura tentadora, porque el monstruo es potente. El monstruo es un personaje predador, rapiñador, como debe ser el sujeto masculino formateado por el mandato de masculinidad. Y lo que el hombre quiere mostrar siempre es que puede serlo, porque es su forma de mostrar que es potente. Ha sucedido en otras situaciones, como en el caso de Wanda Taddei, que la monstruosidad quiere ser imitada. Hoy en día existir bajo el lente mediático parece ser para muchas personas la única forma de existir. Es un fenómeno de nuestro tiempo. Así como en el caso del suicidio fue revisado el rol de los medios y hay una pauta mediática que decidió no mostrarlos ni hablar del tema porque ya se sabe que se va a repetir, se deberían repensar las coberturas en casos de agresiones sexuales.

–¿Cuál es su propuesta?

–Profesores de comunicación, formadores de periodistas y editores de medios tienen que convocarse a una gran convención, diría latinoamericana, donde se debata en profundidad la pauta mediática para las agresiones sexuales, y donde también se rediscuta el suicidio como pauta. Porque no informar, es decir, desinformar, también es problemático. Esa discusión es indispensable. No se puede seguir así. En este caso de Thelma es clarísimo: aparece una niña llorando, linda, actriz, que en su momento fue famosa. Se la muestra como una heroína de cuentos de hadas. Pero no debe ser mostrada así. Es peligroso. Porque las heroínas del cuento de hadas reviven al final la ilusión del príncipe salvador.

–¿Cómo se la debería mostrar?

–Se la debe mostrar como una sujeta que está descubriendo su propia capacidad política de modificar una estructura, que es la estructura desigual del Patriarcado. Ese es su papel. Y por encima de todo como una sujeta que no necesitó de un príncipe: hay un colectivo de actrices que la secunda, que promueve su denuncia, que la acompaña políticamente. Entonces, no basta la posición de víctima. El victimismo no es una buena política para las mujeres. Lo más importante en esta noticia y lo que los medios deberían destacar y repetir sin reserva y hasta con exceso es que quien rescata a Thelma es un grupo de mujeres, son sus pares, sus colegas, sus amigas, sus hermanas en el proceso político que estamos viviendo en Argentina y en el continente: mujer salva mujer y muestra al mundo lo que tiene que cambiar. No hay un príncipe valiente. Hay política, que es más lindo, más heroico y más verdadero. La mano salvadora viene de nuestra amistad y alianza. Sin embargo, lo que destacan y repiten es la escena sin límite de la víctima describiendo la agresión y exhibiendo su dolor “mariano”. Se comprende la emoción reviviendo aquel momento y no debe estar ausente, pero la presentación de una sujeta acusadora solamente a partir de su dolor moral por lo que le ha sucedido –que es lo que los medios mostraron– no debería substituir ni desdibujar o anteponerse a la escena de una mujer que se ha vuelto una sujeta política y por eso denuncia.

–¿No cree que si una víctima no muestra públicamente el sufrimiento que le causa el recuerdo de la violación que sufrió, la opinión pública pondría en duda sus palabras? Hay un modelo de víctima ideal: si no es sufriente pierde credibilidad para cierto público…

–Claro, pero eso lo tenemos que cambiar. La víctima no necesita ser buena y pura para ser comprendida como víctima, solo necesita ser persona. Entender la diferencia es dar el giro político que la sociedad necesita para que este tipo de cosa no vuelva a sucederle a nadie.

–Pero, ¿cómo movemos eso de ahí?

–Ése es el punto. Lo tenemos que mover porque incluso es chocante para quien está dentro de una crítica y un proyecto político, que es mi proyecto: la intención es cambiar al mundo, el orden político patriarcal, que hace a todo el mundo, hombres y mujeres, tanto daño. Les estamos diciendo a los hombres que se corran, se desmarquen y desmonten el mandato de masculinidad. Muchos lo están haciendo, me consta, porque están percibiendo que ese mandato los mata primero, los enferma primero, y que también son pobres e incautas víctimas de ese orden corporativo autoritario y cruel que impera al interior de la propia corporación masculina. Porque dentro de esa corporación, como en todas, hay hombres que son más hombres y hombres que son menos hombres, es jerárquica, es maligna, obliga a dar pruebas de narcisismo y de crueldad todo el tiempo. Es por eso que la visión política, la manera de hacer política en estilo femenino se está recomponiendo después de un largo tiempo de rasura, de censura, de olvido compulsorio. Hay un fenómeno de afloramiento de la politicidad femenina después de un largo tiempo de su negación como política. Eso es lo que vemos en las calles. Y es también, afortunadamente, lo que se ve en el apoyo masivo que Thelma ha recibido de las mujeres de su gremio, y también de la sociedad argentina. Tenemos que celebrarlo. Basta de llanto. No queremos solamente consolar a una víctima que llora. El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral. Cómo mostramos el orden patriarcal, que es un orden político escondido por detrás de una moralidad. El problema es que está siendo mostrado en términos de moralidad. Y es insuficiente mostrarlo así por varias razones.

–¿Cuáles?

–Aparece y lo he visto mucho en estos días, que solo el hombre es sujeto del deseo sexual; la mujer, no. El hombre desea, la mujer se rinde. No es esa mi propuesta de un mejor momento para las mujeres. La mujer es un sujeto pleno del deseo. La noticia es presentada como si la mujer no lo fuera, y fuera solo víctima del deseo masculino. Tengo un miedo terrible a esa posición porque es tremendamente conservadora, es decir, no nos saca del lugar de la pasividad.

–Pero la denuncia es importante porque abrió una puerta que ya no se va a cerrar y confirma lo que desde el movimiento de mujeres hemos venido diciendo desde hace tiempo: la naturalización y la impunidad frente a la violencia sexual en distintos ámbitos …

–Sí, pero que no se malogre con el aspecto de espectáculo que tiene esto. La glamorización de lo sucedido es contraproducente. Es importantísimo lo que está pasando. Muestra que la sociedad, muchas mujeres y hombres también estamos insatisfechas con el orden de las cosas.

–¿Cómo enlazarlo con lo que viene sucediendo a partir del Ni Una Menos, los paros de mujeres, la lucha por el aborto, ese camino de las mujeres hoy?

–Volviéndolo político, retirándolo de lo moral, y haciendo ver que se trata de una escena, de una situación, de una posición en que nosotras, las mujeres nos hemos encontrado muchas veces en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en la vida en relación. La escena de género es una escena de poder, no podemos más dudarlo. La sociedad no lo duda más… y el derecho debe asimilarlo. Hemos tenido un maravilloso éxito político al demostrarlo y las joven llevarán adelante en la historia esta lucidez que la sociedad ha alcanzado….. no sin dolor, o, mejor dicho, a través del dolor de los feminicidios. Pues cada feminicidio es un ataque a toda la sociedad, un dolor de todos.

–¿En su evaluación, entonces, es un gran momento para nosotras?

–Sin duda alguna. Es un viraje de la historia, lo estamos viendo en varios escenarios distintos que estamos consiguiendo dar vuelta a una página de la historia con el movimiento que estamos haciendo las mujeres. Los relatos que están aflorando y haciéndose públicos muestran claramente que estamos librándonos de un cierto mandato paterno, patriarcal, cruel, abusador, narcisista y castigador. Y es por la desestabilización de ese mandato que se cambia el rumbo, que se cambia el mundo. Es un gran momento inédito y de una intensidad impar. Pero, por otro lado, por la intensidad de este momento tenemos que tener mucho cuidado.

–¿Cuáles son sus alertas?

–1. Cuidado con lo que vengo llamando “un feminismo del enemigo”, pues todas las políticas que se arman a partir de la idea de un enemigo caen irremediablemente en el autoritarismo y en formas de accionar fascistoides. El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos “naturales”. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por mujeres.

2. Cuidado con los linchamientos, pues hemos defendido por mucho tiempo el derecho al justo proceso, que no es otra cosa que el derecho al contradictorio, a la contradicción, al contraargumento en juicio. Linchamiento y escrache no son lo mismo. El escrache, como lo habilitamos en Argentina cuando el Estado se volvió genocida, y en realidad podríamos volver a habilitar ahora, porque constatamos, como en el caso de Lucía Pérez o el caso del jury al Juez Rossi (que había dejado en libertad, a pesar de tener condena por violación, a quien mató luego a Micaela García), que la justicia nos traiciona, se elabora a través de un “proceso”, que es de justicia aunque no de justicia estatal. Cuando la justicia estatal falla, otras formas de justicia aparecen, pero no son espontáneas, pues hay deliberación, consulta, escucha, y la consideración por parte del colectivo de que se puede estar cometiendo un error –eso es el contradictorio, eso es el espacio para la posibilidad de la contradicción–. El linchamiento es una forma de ejecución sin ninguna de esas garantías. Es una ejecución sumaria, y extrajudicial en el sentido de que no está sometida a ningún tipo de deliberación, ni estatal ni de la colectividad en cuanto tal.

3. Cuidado con entregar la gestión y negociación de las relaciones entre las personas y, muy especialmente, de la sexualidad, al estado. No es propio de nuestras sociedades, de nuestra forma de ser en el continente latinoamericano, curvarnos a la judicialización de la gestión de la vida, de las relaciones interpersonales, y no creo que sea un buen propósito. Debemos preparar a nuestras y nuestros jóvenes a que puedan tramitar sus relaciones con su propia palabra y con sus propios gestos. La entrega de esa gestión de las relaciones a otras instancias puede ocurrir cuando los intentos de hablar del deseo y del no deseo interpares se muestre imposible. Las y los jóvenes deben reaprender a conversar.

Y, por último, 4, te comparto la extraordinaria frase que me dijo un jefe de la policía de El Salvador, donde estuve trabajando durante una gran parte de este año: “Que la mujer del futuro, no sea el hombre que estamos dejando atrás”.

Mariana Carbajal habla con Rita Segato




Se va a caer... el bozal legal

La persona A denunció ser acosada en el trabajo y el denunciado inició una demanda por la que tuvo que dejar de comprarse un auto para pagar su defensa. 

B denunció que su hija fue abusada y tuvo que sacar un préstamo en el banco, con tasas altísimas, para pagar la querella del demandado. 

C contó que sus hijas no quieren ver al progenitor porque las obligaba a realizarle sexo oral y terminó condenada por no permitir las visitas con el que les sacaba el sueño. 

D contó en las redes sociales que fue acosada cuando tenía 17 años y no supo que hacer cuando encontró una carta documento por debajo de su puerta. 

E se solidarizó en las redes sociales con una víctima y repudio a un agresor y hace un mes que se pasa los días juntando pruebas, pidiendo plata prestada y visitando abogadas para no terminar hipotecada. 

F es una psicóloga que perito un caso de abuso sexual en la infancia y el padre al que ella marcó como abusador le inició una demanda por la que tuvo que vender su departamento para pagar los costos del juicio.

Todos los casos son reales. Pero no se pueden decir los nombres propios por la misma razón que genera una doble revictimización las víctimas: son judicializadas por denunciar violencia de género y, si aparecen expuestas, pueden sufrir mayores consecuencias judiciales. El fenómeno no es nuevo y tiene una palabra en inglés que la define: backlash. “Cuando se pone sobre la mesa un tema hay un proceso de tomar partido contra algo que se inicia. Siempre aparece esta otra fase de reacción. Sobreviene después de una etapa donde aparece un tema, se le da importancia y lugar y, por cuestiones coyunturales, aparece alguna contradicción en ese marco teórico con una nueva visión y pone, transitoriamente, en tensión a esa nueva manera de ver las cosas. Pero las investigaciones sobre abuso sexual han dado respuestas a los planteos del backlash”, le explicó a Las12, en una entrevista realizada el 15 de julio del 2016, el sociólogo norteamericano David Finkelhor, considerado el Freud en la difusión de la problemática del abuso sexual infantil (ASI).

La reacción contra las denuncias de abuso sexual pone en jaque a la Justicia patriarcal no solo para hacer justicia sino, mucho peor, para convertirse en una herramienta desalentadora de la búsqueda de justicia. Por un lado no todos los casos son judiciables ni tienen que serlo –no todas las víctimas tienen, quieren o deben realizar denuncias en la Justicia– y, por otro lado, hay muchas causas que sufren los tiempos de prescripción u otras trabas legales, como la jurisdicción, que no permiten la vía legal. Pero, además, todos los riesgos, trampas y sufrimientos de la revictimización judicial sin un destino seguro por falta de perspectiva de género en la justicia son una muralla contra las garantías de respeto en los tribunales.

Una noticia alentadora es que gracias al impulso de la denuncia de Thelma Fardin se votaría el martes próximo, en el Congreso de la Nación, la Ley Micaela García, en homenaje a la joven víctima de feminicidio en abril del 2017, que el oficialismo había dejado afuera de la agenda legislativa pero que volvió a entrar por la presión social del movimiento “Mirá como nos ponemos”. La Ley Micaela establece la capacitación con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. La diputada Lucila del Ponti (Movimiento Evita), una de las impulsoras de la iniciativa, resaltó: “Insistimos en que se vote la ley porque no nos alcanzan los anuncios o declaraciones que se hacen cuando se mediatiza un tema, pero que después no se llevan a la práctica. Sancionar este proyecto, acordado desde diversos bloques, garantiza avanzar en la implementación efectiva de estas políticas”.

La capacitación en perspectiva de género es fundamental en una justicia que todavía cree, como en la sentencia del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Mar del Plata, en el juicio de Lucía Pérez, que si un hombre lleva una Cindor y facturas para tomar con una chica esa es una prueba fehaciente de qué no se trata de un femicida o violador. Falta capacitación. Y mucha, mucha Cindor. Pero, además, faltan abogadas concretas, capacitadas y dispuestas a defender a las víctimas. Y, además a defenderlas de los agresores con poder, dinero y contactos que litiguen contra ellas. No solo que puedan hacer las denuncias, sino que puedan defenderlas de las contra denuncias de los denunciados. Sin ese escudo el derecho a la denuncia de abuso sexual no está realmente garantizado en Argentina.

El 23 de marzo del 2016, Michelle Obama, cuando todavía era primera dama norteamericana, en su visita a la Argentina, felicitó en su discurso en el Centro de Diseño de Barracas, al país por tener patrocinio jurídico gratuito. Pero una víctima que necesita una abogada todavía se ahoga en un mar de búsquedas difíciles, costosas y, muchas veces, sin resultados. No es la única deuda pendiente post Ni Una Menos “De los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el Gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, apenas se construyeron y equiparon 10, según informó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero 8 de los 10 se habían empezado durante la gestión anterior. Recién el mes pasado comenzaron las capacitaciones al cuerpo de abogados que ofrecerá patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. Pero el servicio estará disponible a partir del trimestre del año próximo y no en todo el país: solamente en NOA, NEA, La Plata y Neuquén. Las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se están entregando apenas en 15 jurisdicciones, pero sirven solo si en la zona hay señal para celular. Los datos muestran que la implementación de políticas integrales en materia de violencia de género, a tres años y medio de la primera marcha de Ni Una Menos, todavía es una deuda pendiente. A eso se suma una reducción del Presupuesto 2019 del INAM del 7 por ciento en términos reales, en relación a 2018”, escribió Mariana Carbajal en PáginaI12, el 27 de noviembre del 2018.

Sin libertad de denunciar no hay libertad. Sin abogadas para defender a las víctimas de las denuncias por denunciar no hay justicia. Las denuncias de las víctimas tienen una diferencia clave y de clase con respecto a la violencia de género y el abuso sexual: la violencia machista se da en todas las clases sociales. En cambio, las denuncias contra las denunciantes es una espada de la contraofensiva de los sectores sociales, culturales y económicos más altos y protagonizada, muchas veces, por personas con influencia, poder, contactos o métodos de intimidación tanto a víctimas, sobrevivientes de abuso sexual y madres protectoras de hijos e hijas abusados sexualmente.

Si ya no las callan más es indispensable que el poder de querellar a las víctimas no les ponga un bozal legal a las víctimas. Porque ante el bozal lo único que sale es más rabia. Y sí, ya saben cómo nos ponemos.

Luciana Peker

UBERTI: IMAGINA IMAGINADOR

El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti dijo las palabras mágicas: “Néstor, Cristina, bolsos, valijas, bóvedas”. Con eso consiguió firmar un acuerdo para ser considerado imputado-colaborador y con ello le dieron el boleto para transportarse desde una celda inminente en Marcos Paz hacia su confortable casa.

No necesitó presentar ni una sola prueba. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurriría en un juicio, la declaración no sirve para nada, porque carece de evidencias para sostener lo que dijo.

Por ejemplo, declaró que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. “No lo vi, pero lo sé por comentarios”. Fue en octubre de 2010. Se trata de un dato asombroso teniendo en cuenta que Uberti había dejado de ser funcionario en agosto de 2007. En paralelo, el ex titular de las concesiones viales contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri, es decir que el propio presidente queda salpicado. Tampoco en esto Uberti presentó prueba alguna e involucró a Techint en los pagos oscuros.

El nuevo arrepentido fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), desde 2003 hasta el momento en que renunció por el caso de la valija de Antonini Wilson, en agosto de 2007. El se califica a sí mismo como “funcionario de cuarta categoría”, pese a lo cual manifiesta haberle llevado bolsos y valijas a Néstor Kirchner en persona. Al principio dice que le entregaba 150 mil dólares por mes de los concesionarios viales a Julio De Vido, pero luego que llevaba esa cifra directamente a Néstor Kirchner en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Al menos en el texto de la declaración no hay testigos ni nadie que pueda verificar la versión, salvo los empresarios que pusieron el dinero. El problema es que el método extorsivo utilizado en el expediente impide saber si, ante la posibilidad de ir preso, el empresario que declare dirá la verdad o dirá lo que le permita eludir el calabozo.

En la declaración ante el juez Bonadio, el ex funcionario dijo que el número 2 de Techint, Luis Bentatza, le dio 100 mil dólares en efectivo para entregarle a Kirchner; que en otra ocasión, uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le entregó “una valija con 10 millones de euros, que sacó de su Fiat Mondeo (sic)”, y también tuvo la oportunidad de subir al departamento de la calle Uruguay “donde había valijas en el pallier y en su dormitorio muchas más. No había nadie en el departamento. Por referencias de Daniel Muñoz –fallecido secretario de Kirchner– esas valijas iban a Santa Cruz. Eran como 20 valijas. Las iban a poner en bóvedas compradas al Banco Hipotecario y que estaban en la casa de los Kirchner en Río Gallegos”.

Se ve que Uberti debía incorporar elementos que no pesarían desde el punto de vista judicial, pero sí servirían como escenografía de color para el periodismo. Por ejemplo, cuenta que Néstor Kirchner le pegaba a sus colaboradores, que ordenó pegarle tres golpes a uno de los hermanos Zacarías, Rubén, porque no le entregó el diario a tiempo o que el fallecido presidente tiraba los paquetes de dinero cuando eran en pesos y no en euros o dólares. Por supuesto que no se privó de mencionar al gran objetivo del juez, Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cuestión no era ajena a la Sra. Kirchner que presenciaba los transportes de dinero”, declaró Uberti. El ex funcionario agregó que en una ocasión, Néstor Kirchner lo mandó a ver al empresario Juan Carlos Relats para que entregue dinero para construcciones o reformas en el hotel Los Sauces. Es una jugada a varias bandas. Relats falleció, imputa a Cristina Kirchner y vincula la maniobra con la causa Los Sauces, que también instruye Bonadio.

En todo el relato que, con las certificaciones y la aceptación de Bonadio totaliza 13 páginas, nuevamente no aparece un testigo vivo ni algún elemento que permita verificar los dichos.

Todos son valijas y bolsos, no hay cuentas, no hay propiedades, no hay sociedades ocultas y habrá que ver si aparecen las famosas bóvedas. En su momento se armó el mismo mito respecto de la casa de Calafate y el propio arquitecto desmintió la versión de la existencia de las bóvedas. Respecto de los bolsos, quien los mencionó fue la supuesta secretaria Miriam Quiroga, cuyos dichos fueron desmentidos por ella misma ante el juez Luis Rodríguez.

Parece claro que en semejante cuadro de coacción, de prisiones arbitrarias y de la falta de una búsqueda rigurosa y silenciosa de pruebas, será muy difícil esclarecer los casos de corrupción. La matriz es la persecución, tapar la grave crisis económica, en lugar de investigar la verdad.

Uberti dijo las palabras mágicas

Por Raúl Kollmann y Irina Hauser

→ El extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti se había entregado el lunes 13-8 a la Justicia y negoció declarar como imputado-colaborador. El nombre de Uberti reapareció a raíz de la declaración del número 2 de Techint, Luis Benatza, quien justificó el supuesto aporte de miles de dólares a través de Roberto Baratta para pagar virtuales gestiones del gobierno kirchnerista para que Hugo Chávez pagara una indemnización por la estatización de la siderúrgica venezolana Sidor, propiedad de Techint. Benatza, como los demás empresarios cercanos al macrismo, no aportó ninguna prueba y se fue a dormir tranquilo a su casa.

Uberti dejó el gobierno de Néstor Kirchner en agosto de 2007, a raíz de la aparición de 800 mil dólares en un vuelo privado en el que volvieron de Caracas distintos funcionarios. El responsable de permitir que Guido Alejandro Antonini Wilson subiera al avión fue el que estaba a la cabeza de la misión, Uberti, por lo que tuvo que renunciar.

La causa quedó en la nada, porque Estados Unidos nunca permitió que Antonini Wilson declarara en la Argentina. Washington pactó con Antonini que acusara a las autoridades del gobierno de Hugo Chávez, pero nunca justificó de dónde sacó el dinero. Uberti quedó imputado en aquella causa, pero el juez Pablo Yadarola cerró el expediente en junio pasado, señalando que no había pruebas suficientes contra Uberti. 

Habrá que ver qué es lo que declara el ex funcionario, ahora arrepentido, respecto de la negociación con Chávez por Sidor. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo el domingo en Radio 10 que hubo una reunión, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas de 2005, en la que participaron Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y el propio Fernández. El ex jefe de Gabinete afirmó que en esa reunión quedó firme que Venezuela le pagaría a Techint y que la negociación continuaría en forma directa entre Rocca y Hugo Chávez. “En ese momento mismo, intercambiaron teléfonos y la forma de comunicarse. De ninguna manera hubo coima. Es una canallada. Yo estuve ahí”, redondeó Alberto Fernández.

EL SANTO OFICIO DE COMODORO PY

Yesid Reyes Alvarado es un destacado jurista colombiano. Es hijo de Alfonso Reyes Echandía quien fuera presidente de la Corte Suprema de su país, y fue asesinado por la guerrilla del M-19, junto a otros magistrados. El crimen provocó cambios legislativos radicales: tribunales en las sombras, testigos ocultos, ley del arrepentido.

Lejos del furor de la vendetta, Reyes Alvarado cuestiona las innovaciones que compara con un regreso a los métodos de la Inquisición. Afirma que la obtención de evidencia en la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la prioridad de los derechos individuales de los acusados. Hay jerarquía de derechos… De lo contrario, fulmina, regresan en este siglo las reglas del Santo Oficio.

Corresponde trasladar la prédica a la Argentina, para abordar la causa más famosa de estas semanas. La productividad informativa de un proceso penal no sanea sus vicios:

→ Forum shopping ejercitado por el juez federal Claudio Bonadío para adjudicarse el expediente.

→ Abuso de la prisión preventiva aplicada a granel a todos los sospechosos, sin mediar condena ni siquiera procesamiento.

→ Manejo discrecional de la institución del “arrepentido”, que técnicamente debe llamarse “delator premiado”.

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El encarcelamiento arbitrario se usa para quebrar voluntades. Una nota de la periodista Emilia Delfino en “Perfil” describe el primer recurso del método que practica el juez Claudio Bonadío junto al fiscal Carlos Stornelli. Se titula “El olor a tumba, clave en el operativo ablande de los empresarios arrepentidos”. Comenta que es crucial alojarlos en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La cárcel, lejos del mandato constitucional, es inhóspita con hedor “a vómitos, suciedad, orina y materia fecal” de anteriores reclusos. Así se los ablanda y se ponen en marcha los pactos con los “arrepentidos”.

La norma estipula que para ser arrepentido un ciudadano debe confesar un delito, señalar a otros culpables (de rango superior) aportar pruebas. A cambio de eso podría (se resalta el potencial) obtener una reducción en su condena. Supeditada a que sus dichos sean veraces y las pruebas conducentes. Dicha decisión se toma recién al dictar sentencia.

En los trámites previos (ahorramos tecnicismos y jerga, aspirando a no falsear) se les concede un tratamiento especial, “a cuenta” de lo que se produzca en el proceso, En el que también intervienen otros acusados, con derecho a defenderse y producir prueba.

Bajo esa cobertura, lo que ocurre en Comodoro Py es sideralmente distinto al sistema mencionado. Lo que explica por qué tantos empresarios “confiesan” haber sido víctimas y niegan estar incursos en cohechos (coimas) u otros delitos similares. Supuestamente se meten en un brete al macanear tanto: el aspirante a arrepentido que miente no solo pierde su beneficio, sino que agrega una condena adicional a la que ya corresponde.

Pero los empresarios ablandados no están deveras, comerciando esa condena futura para la que faltan años, acaso un lustro. Negocian el presente bajo la amenaza de quedar encanados ahora: “zafan” de esa presión ilícita. El porvenir es virtual, el presente inquisitorial y fétido los mueve. Pactan quedar afuera ahora, más adelante se verá. Por cierto, del otro lado de la mesa fomentan la burla a la ley.

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Se hace forzoso colar una reflexión. El razonamiento que hacemos goza de bajo rating en los medios dominantes e, intuye el cronista, en vastos sectores de opinión pública.

¿Para qué reconocer derechos humanos a los delincuentes? ¿Por qué no meterlos a la sombra ahora mismo, cuando los dichos de varios testigos son verosímiles? La respuesta es obvia y, tal vez, minoritaria. La enfatizamos, de todas maneras. Porque se supone que rigen la Constitución, el Código penal, la presunción de inocencia. Y revistamos en la tradición penal de Occidente.

La justificación de la tortura es similar a la operatoria que reseñamos, mal que les pese a los flamantes cruzados de la decencia.

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El expediente sigue adelante, obteniendo revelaciones creíbles cuyo impacto político y cultural es inmediato. Por añadidura los “arrepentidos” jamás se retractarían porque se verían implicados en falso testimonio o conductas similares, perdiendo la protección obtenida. Los otros encausados están impedidos de apelar los pactos, porque les son ajenos. Los fiscales, en línea con el Gobierno, seguramente no moverán un dedo.

Los testimonios obtenidos inducen a pensar que hubo cartelización de la obra pública, retornos o coimas, pagos regulares de empresarios a funcionarios. No sería novedad pero eso no exculpa a nadie ni política ni penalmente.

Corresponde pesquisar, permitir defenderse a los sospechosos, procesar y condenar cuando existan pruebas que rebatan la presunción de inocencia. Nada de eso se controvierte acá.

Solo se advierte que con pruebas contaminadas, abusos de poder y violaciones de derechos se genera un precedente tremendo, que posiblemente induzca a vendettas judiciales futuras. Y a repetir la vindicta contra otros rivales políticos, acaso de distinto partidario ideológico al kirchnerismo. La legisladora porteña de izquierda Myriam Bregman alertó: la amenaza puede propagarse para reprimir la protesta social.

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Debería ser iluminador el ejemplo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que se honraron todas las garantías de los acusados. Pero tan noble memoria cae en el olvido. Todo vale en la cruzada continental contra el “populismo de izquierda”.

Delatores premiados y apremiados

Por Mario Wainfeld

AMADO Y ODIADO

La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente.

También se comprobó que Ciccone no era de Boudou, ni The Old Fund era de Boudou. Lo más sólido de lo que se ventiló alrededor del caso es que el dinero de The Old Fund provino del empresario y financista Raúl Moneta. Y que el management de la Ciccone recuperada estuvo a cargo de Jorge Brito, del Banco Macro. No se aportó ni una prueba de que Brito podría ser el testaferro de Boudou. Su relación es lejana.

Cuando el Estado nacionalizó Ciccone hubo un sólo reclamo de indemnización: el que realizó Raúl Moneta. Prueba de que él puso el dinero.

Finalmente, lo más grotesco: el Tribunal Oral Número 4 (los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, que votó en disidencia) nunca manda a prisión a quienes condena. Respeta el derecho a apelar a Casación, para que la condena tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido por los organismos internacionales. Ni Boudou ni Núñez Carmona tienen condena firme. En este caso no cumplieron con esa tradición, dos de los tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según le explicaron desde Tribunales a la periodista Irina Hauser, “porque los tiempos cambiaron”.

No deben leerse estos casos como hechos aislados. Deben leerse en el marco de la ofensiva judicial-política-mediática que se vive a nivel continental. Es el establishment usando a la justicia para que no vuelva lo que ellos llaman “el populismo”. El emblema es Lula, preso en Brasil. El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a la presidencia.

Los métodos no importan.

Por Raúl Kollmann

El presidente del tribunal oral IV que condenó y envió a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso de la imprenta Ciccone, Pablo Bertuzzi, fue premiado por la tarea cumplida: perseguir opositores. Ahora, tiene allanado el camino para pasar a integrar una de las vacantes en la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los presidentes de sus cuatro salas y la presidencia del tribunal, acordó no oponer reparo alguno al traslado solicitado por el magistrado al Consejo de la Magistratura, que el mes que viene oficializaría el pase, según el cronograma de reuniones de este organismo.

De esta manera, Bertuzzi ocupará luego de setiembre una de las tres vacantes existentes en la cámara de apelaciones por las que pasan todos los casos de corrupción en la administración pública nacional investigados en los doce juzgados de instrucción de los tribunales de Comodoro Py. El actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) se sumará a sus colegas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en la sala I de la Cámara Federal porteña. La sala II tiene a uno solo juez de tres puestos, Martín Irurzun.

Tiren contra el Fiscal FEDERICO DELGADO

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado como sospechoso de haber filtrado información sobre la causa donde investigaba la muerte de 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, en abril de 2016.

Se basó en una denuncia que hizo Víctor Stinfale, uno de los principales acusados y procesados como organizador de la fiesta donde circulaban y se comercializaban drogas sintéticas frente a los ojos de funcionarios del gobierno porteño.

El fiscal Franco Picardi había dictaminado que se debía archivar el tema porque no veía delito alguno. Pero el juez le dio crédito al planteo del abogado y empresario, que dijo que se había enterado de que lo detendrían a través de los medios mientras había secreto de sumario. Además, prometió en televisión: “Me lo voy a cargar fiscal Delgado”. Stinfale tiene procesamiento confirmado por la Cámara pero logró que, además de desplazar a Delgado, el tribunal también apartara al juez federal Sebastián Casanello cuando estaba por elevar la causa a juicio oral con más de 30 procesados.

La causa sobre los hechos y las muertes también la tiene Martínez de Giorgi desde agosto pasado, y quedó casi paralizada. El caso no fue a juicio oral aún, pero el fiscal fue citado como imputado.

Federico Delgado tiene un panorama penal complejo en la actualidad, ya que a la denuncia que le hizo Stinfale por Time Warp, donde ahora la citan por incumplimiento de deberes de funcionario, este año se sumaron otras dos causas penales. Una surgió de una denuncia en su contra que hizo el juez Claudio Bonadio por una presentación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y también lo denunció Jorge “Corcho” Rodríguez. La primera causa la tiene Daniel Rafecas, la segunda, también Martínez de Giorgi. También tiene un sumario abierto en la Procuración. Es una especie de cerco que se configuró en los últimos meses. Coincide también con la publicación de un libro de Delgado que se llama «Injusticia», sobre la trama de funcionamiento de Comodoro Py.

En la causa sobre la fiesta Time Warp, Víctor Stinfale estuvo detenido y cuando salió en libertad fue al programa “Animales Sueltos” y prometió: “Yo me voy a cargar al fiscal Delgado, a él nunca le interesó esclarecer el hecho, con cinco pibes muertos (...) Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado”, prometió. La denuncia penal decía que había violado el secreto de sumario, porque los medios se enteraron de su detención antes que él. El fiscal al que le tocó la denuncia, Picardi, evaluó que la denuncia de Stinfale era producto de su disconformidad en la causa, donde está involucrado, pero que no había un delito penal de por medio. Además, señaló que era imposible determinar si la fuente de la filtración era Delgado porque muchas personas trabajan en el expediente.

La defensa de Delgado también planteó que no era cierto que en las fechas señaladas por Stinfale hubiera secreto de sumario. El 3 de mayo de 2016, que trascendió su detención, no hubo secreto durante el horario laboral de tribunales sino cuando terminaba. Había vencido el día anterior y pasó casi un día hasta que se reanudó. Tampoco regía el 16 de mayo, cuando se conoció el pedido de procesamiento y prisión. Martínez de Giorgi hizo otra evaluación y lo citó para el 19 de junio. “Las pruebas indican que en ese lapso (del 22 de abril al 3 de mayo de 2016) habría revelado información sensible al trámite de la instrucción, reservada a su conocimiento en razón del ejercicio de su función, suministrando a distintos medios de comunicación cauces de investigación y prueba realizada en secreto”, dice la resolución.





Durante la investigación de la Time Warp los organizadores estuvieron presos, entre ellos Stinfale, considerado socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci –presidente de Dell– y Maximiliano Avila –apoderado–. Pero también fueron procesados 30 funcionarios del gobierno porteño y agentes de la Prefectura.

Delgado y Casanello sostuvieron que la fiesta en cuestión era el disfraz de otros negocios, como la venta de drogas sintéticas y de botellas de agua que se cobraban 100 pesos, en un predio habilitado para 13 mil personas, donde entraron 20.500 y había solo tres ambulancias. La imputación fue “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte”. La Cámara luego confirmó los hechos e imputados pero cambió la calificación y puso facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Tras esa decisión aparecieron los prófugos.

Hoy no hay nadie preso, ni juicio en camino. Los familiares esperan los resultados de una pericia sobre las causas de las muertes.

Irina Hauser

SERGIO MORO, EL AMIGO AMERICANO

El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pidió la detención del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en un curso con una delegación estadounidense en 2009. Según el documento que fue revelado por el medio de filtraciones WikiLeaks, el encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes) buscó “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.”

Jueces federales y fiscales de los 26 estados brasileños y del distrito federal, y más de 50 agentes de la policía federal de todo el país participaron de la conferencia que duró una semana y que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro. También se hicieron presentes en el seminario representantes de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay.

El nombre de Sergio Moro fue uno de los pocos que se mencionaron en el documento, hecho que habla de la importancia que tuvo el juez en el encuentro. “El juez federal especializado en lavado de dinero, Sergio Moro, mencionó los 15 problemas más comunes que él ve en los casos de lavado de dinero en las cortes brasileñas”, explica el informe. Luego, detalla que los presentadores estadounidenses comentaron, a partir de la presentación de Moro, varios aspectos respecto a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo cooperación internacional formal e informal, confiscación de activos y acuerdos de culpabilidad. Además, mencionaron el uso de interrogación directa como herramienta y sugerencias de cómo tratar con ONG sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito.

Por otro lado, los redactores del documento se jactaron de haber tenido un pequeño triunfo, puesto que los miembros del sector judicial brasileño adoptaron sin problemas el término terrorismo –impuesto por los estadounidenses– para hablar de problemas en su territorio, en lugar de utilizar “crímen trasnacional”, que era tradicionalmente usado por el Ejecutivo. Así, se explica que al comienzo de la conferencia, la coordinadora para el contra-terrorismo, Shari Villarosa, habló en sus declaraciones iniciales directamente sobre terrorismo y el financiamiento ilícito del terrorismo, enfatizando que dicho financiamiento es un problema global que debe ser discutido de manera global. A continuación, se lee en el informe: “En lugar de discutir estas afirmaciones como usualmente pasa al tratar con el ministerio de relaciones exteriores de Brasil o con miembros del Poder Ejecutivo, los representantes del sector judicial en la conferencia encontraron que el tema era extremadamente interesante e importante”. Más aún, continúa, se mostraron verdaderamente entusiasmados al pedir entrenamiento de seguimiento relacionado al tema. “Claramente los jueces federales, fiscales y profesionales de las fuerzas del orden estaban menos preocupados por el campo de minas político en torno al tema y más genuinamente interesados en aprender como encarar mejor el proceso judicial en la lucha contra el terrorismo”, sentencia el documento en clara crítica al gobierno de Brasil.

Los delegados estadounidenses destacaron así que el sector judicial del país sudamericano estaba muy interesado en abordar, según sus palabras, más proactivamente la lucha contra el terrorismo, pero que necesitaba de las herramientas y el entrenamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, proponían que el entrenamiento debería ser a largo plazo y coincidir con la formación de equipos de trabajo para dicho entrenamiento. Además, y esto resulta llamativo, sugerían que San Pablo, Campo Grande o Curitiba fuesen las locaciones. El juez Sergio Moro es Juez Federal de la 13.ª Sala Criminal Federal de la ciudad Curitiba, estado de Paraná. No obstante, se desconoce si el mencionado entrenamiento fue efectivamente llevado a cabo.

Otro de los ejes que se destacaron en el informe entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos y filtrado por WikiLeaks, fue el ansia por parte de los miembros del poder judicial y de las fuerzas de tratar con los estadounidenses temas internos, en torno al sistema legal brasileño: “Los participantes brasileños buscaron a los representantes estadounidenses a lo largo de toda la conferencia para discutir cómo mejorar el sistema legal de Brasil, especialmente en el área de investigaciones y enjuiciamientos financieros complejos”. Como puede leerse en el documento, los miembros de la delegación de Estados Unidos no ocultaron su satisfacción al ser consultados sobre estos asuntos.

El informe cierra exclamando el rotundo éxito que supuso la conferencia, no sólo por la concurrencia sino también, según dijeron, por reconocer que el término “terrorismo” no es un tabú para los profesionales que tienen que prepararse para lo peor.

Página 12

"DEVUÉLVANME MI INOCENCIA"

En los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de LULA, descontando una decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a LULA, sugiriendo un quiebra del consenso de CURITIBA que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente absurdo, de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos–. Nadie tiene dudas de que el juez SERGIO MORO es un adversario político feroz de LULA, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatoria, que frecuenta, de forma amigable, fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan siquiera acusado por el juez y sus colegas.

El clima era de gran expectativa. Una Revista semanal de la derecha advertía que si LULA recibía el hábeas corpus se terminaba el caso Lava Jato, confesando que ese operativo anticorrupción dependía de la violación de la Constitución que dice expresamente que la prisión de un acusado solo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, había anticipado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el hábeas corpus.

En los días previos a la sesión del 4 de abril, los medios habían usado todos sus recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde el anuncio de movilizaciones de docenas de personas como si fueran miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula. Quedó claro que solo por la vía judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil.

Como elemento nuevo, oficiales de las FF.AA. pasaron a manifestarse abiertamente en favor de la prisión de Lula. Hasta el mismísimo comandante en jefe del Ejercito se sumó al coro, diciendo que la institución no aceptaría que la Justicia sea tolerante con la corrupción. Sus dicho representan la repolitización de las FF.AA., que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los as de 20 anos de dictadura. “Intolerancia con la corrupción” debería significar la anulación esa amnistía y el pasar a juzgar a todos los crímenes de la dictadura. Pero ahora es solo una frase que se sumar a la persecución política de Lula y nada más.

     El Supremo tribunal federal trató el pedido de hábeas corpus presentado por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva para que el expresidente permanezca libre hasta agotar las apelaciones a la condena proferida por el juez Sergio Moro, de la primera instancia de Curitiba, luego confirmada por los camaristas del Tribunal de alzada de Porto Alegre en la causa Lava Jato. 
 
     El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da SIlva y sostuvo que la Corte Suprema "rasgó la Constitución" al rechazar por 6 a 5 un hábeas corpus para evitar su detención.
 
     Desde hace prácticamente un año el régimen encabezado por Michel Temer, vacío de legitimidad y enlodado por escándalos probados de corrupción, comenzó a ceder espacios de poder a los militares. Uno de sus cuadros, el general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, amenazó con un alzamiento armado si la Corte se pronunciara por la libertad de Lula . Incluso el jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, se pronunció en Twitter contra “la impunidad”, un eufemismo con el que fijó su posición a favor del encarcelamiento del ex presidente.    

Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la red Globo. En una editorial, ese medio criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública por aceptar la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer y Aecio Neves, entre otros, mientras que, súbitamente, muestran preocupación por el caso de Lula.

El clima ha vuelto a ser tenso en Brasil y en todo el país, fomentado por los medios, en particular por la red Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con la amenaza del golpista del comandante en jefe del Ejército - antes de decir lo contrario al día siguiente.

En ese clima el STF falló en contra de Lula. Caben todavía recursos y, aun siendo rechazados, como se espera, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción, por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas, como lo han confirmado sus Caravanas por todo el país.

Una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que acaba de ir a subasta, con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria del inmueble. con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político.

Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí a que, a lo mejor, no se atrevan, pero mantengan lo que más le importa a la derecha brasileña: tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia del país.

Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus

Por Emir Sader

EL BESO PROHIBIDO

Rocío Girat y su esposa Mariana Gómez

El viernes 9-3, pocas horas después de la movilización y paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans del 8M, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional –integrada por los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo– confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida el 2 de octubre pasado en el Centro de Trasbordo del Subte C en Plaza Constitución.

Aquel día, Mariana y su esposa, Rocío Girat, se resguardaron de la lluvia bajo el techo vidriado del Centro de Trasbordo y permanecieron conversando, besándose y fumando. Muchas otras personas fumaban en ese sector. Varios minutos después, el empleado de Metrovías José María Pérez y el policía de la Ciudad Jonatan Rojo le exigieron a Mariana que apagara el cigarrillo. Según declaró Mariana Gómez, el policía la llamó despectivamente “pibe” más de una vez y cuando ella aceptó apagar el cigarrillo, la obligó a permanecer en el lugar mientras le ordenaba: “Pibe, vas a ser detenido”. Los cargos que se le imputan son “resistencia a la autoridad y lesiones graves” por no acatar el arresto y por la pérdida de cabello que sufrió la policía femenina Karen Villareal, quien participó en la detención.

Durante el arresto, Mariana Gómez intentó escapar y defenderse de la violencia física de los oficiales. El policía Jonatan Rojo declaró en el expediente que “le pedí a la señora Gómez que no podía retirarse, ella me contesta que éramos masculinos y no podíamos tocarla y ahí me enfrenta y me da un golpe con su pecho”. Por el contrario, Mariana Gómez señaló que fue el policía quien intentó retenerla tocándole un pecho. Acerca de la pérdida de un mechón de cabello que sufrió la oficial, la defensa sostiene que se produjo cuando el policía Rojo arrojó al piso a la detenida, que intentó sostenerse del primer elemento que encontró a mano, para no caer.

Una vez reducida por los policías, Mariana Gómez fue trasladada a la División Subterráneos de la Policía de la Ciudad, ubicada en la estación Boedo de la línea E. Dentro de un calabozo la obligaron a desnudarse y tres oficiales femeninas la requisaron. Le ordenaron ponerse en cuclillas y exhibirles sus cavidades corporales. Permaneció detenida durante 8 horas.

Pocos días después de este episodio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó –en el programa de Mirtha Legrand– su apoyo a la policía en este procedimiento, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación respondió con un nuevo Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI.

Según denuncia la comunidad LGBTI, este nuevo protocolo avanza contra derechos y libertades civiles. El protocolo prohíbe “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves”. Graves son los que dejan secuelas permanentes. De manera tal que los dolores y sufrimientos que no causan ese tipo de secuelas ahora están permitidos durante la detención. Esos sufrimientos son los que llevan a las personas detenidas a ejercer resistencia al arresto y así se configura fácilmente la figura penal.

Con el fallo dictado ayer, la Sala 6 confirmó el procesamiento dictado el 29 de diciembre por la jueza María Fontbona de Pombo. La defensa de Mariana Gómez, a cargo del abogado Lisandro Teszkiewicz, fue notificada del fallo recién el 1º de febrero. La orden de la jueza era notificar después de la feria judicial. “No tuvimos ese mes para analizar la apelación”, declaró en esa oportunidad Teszkiewicz a Página 12. Ahora será nuevamente la jueza Fontbona de Pombo la encargada de dictar sentencia.

El martes 27-2, tuvo lugar la audiencia de apelación ante la Sala 6. Por la Sala habló solamente el juez Lucini. Los magistrados escucharon los argumentos de la defensa, pero se negaron a aceptar el alegato de la abogada Luciana Sánchez sobre los estereotipos de género que usó en su fallo la jueza Fontbona de Pombo. Sánchez se presentó como amicus curiae por la organización Colectivo para la Diversidad (COPADI). Tampoco escuchó al defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella.

Pero lo que causó estupor entre el público asistente a la audiencia –mayoría absoluta de integrantes de agrupaciones feministas y de lesbianas– es que los jueces no permitieron hablar a Mariana Gómez. “En estas audiencias nunca se escucha a los imputados”, dijo el juez Lucini.

A la salida de la audiencia, Mariana Gómez se abrazó a su hermano y luego declaró al suplemento Soy de Página 12: “No me permitieron hablar en la sala. Entonces voy a compartir con ustedes lo que iba a expresar ante el tribunal. Quería decirles que comparen mi procesamiento con el de mis abusadores (Mariana Gómez fue abusada durante años por su padrastro y el padre de éste). Por esta situación absurda, a mí me procesan en menos de cuatro meses. Yo denuncié a una persona por haberme violado durante 16 años y tardaron un año y medio en procesarlo. Cuando me llevaron a la comisaría del subterráneo, me sentí violada de nuevo. Me hicieron mostrarles mis partes íntimas a tres policías femeninas. Me da bronca, porque desde que tengo conciencia ningún juez me dio oportunidad de nada”.

A horas de la manifestación del #8M y del documento en el que –entre otros puntos– se condena la violencia institucional contra las lesbianas, las palabras de Mariana Gómez sacuden los estantes donde descansan tomos de doctrina y jurisprudencia, y conducen los ecos de la gigantesca marea feminista que llenó de verde y violeta y arcoíris las calles argentinas, a las frías salas de los tribunales.

Ninguna de estas voces se oyen en el fallo judicial. En ningún momento se permite ingresar el argumento del trato discriminatorio desde el primer minuto de la detención. El caso debe volver al despacho de la jueza Fontbona de Pombo, quien no permitió que Rocío Girat –testigo y víctima del accionar policial– declarara en la causa.

Durante la detención de su esposa, y cuando pedía que no lastimaran a su pareja y le dijeran a qué lugar la iban a llevar detenida, los policías le exigieron que les mostrara el certificado de matrimonio, algo que no se exige a ninguna persona heterosexual. En los papeles que llenaban mientras detenían a Mariana Gómez, Rocío pudo ver que consignaban que era “soltera”.

Otro detalle significativo de la audiencia. El abogado Lisandro Teszkiewicz solicitó al tribunal que se permitiera a Rocío Girat asistir a la audiencia cerca de la defensa, en su calidad de esposa. La invitan a ingresar a la sala llamándola “señorita Rocío”. Esta vez la Justicia, en una actitud ambigua, le negó a Rocío Girat el trato de esposa.

Del fallo firmado por los jueces Lucini y González Palazzo se destaca el pasaje donde describen cómo un testigo salía de la estación de trasbordo y, al notar lo que ocurría, lo filmó en parte. El tribunal sostiene que el testigo (de apellido Bertacchini) dijo que no escuchó que explícitamente se refirieran a Mariana Gómez como un varón. “Pero por la forma en que la trataban, me dio esa sensación”, había declarado Bertacchini en la causa. El tribunal desestimó esta apreciación del testigo. “Es carente de todo sustento”, escribieron los jueces de Cámara en el fallo.

De la parte previa a este momento, no hay constancia en video. Y difícilmente podría ser de otra manera. A nadie le llamaría la atención ver a un policía con dos mujeres jóvenes. Sí llaman la atención los gritos durante una detención. Por eso existen documentados en video de esta parte del procedimiento policial. Los jueces dicen que “ninguna prueba sustenta que (el empleado de Metrovías y el policía Rojo) se percataron de su ‘elección sexual’ y no aceptaban que se besaban”. Hasta ahora ningún juez tuvo en cuenta el testimonio de Rocío Girat. “La jueza Fontbona de Pombo se negó a que la esposa de Mariana declare en la causa”, dice el abogado Teszkiewicz.

En otro apartado, Lucini y González Palazzo sostienen que “la pretensión de la defensa en justificar los golpes que propinó Gómez a los policías, a través de una cuestión de género, parece tener como único propósito desviar del foco de atención del no acatamiento de la indicación dada por Pérez y Rojo de cesar con la infracción a la norma que dispone la prohibición de fumar en lugares públicos”. Aquel mediodía del 2 de octubre pasado, decenas de personas atravesaban los molinetes de la línea C en Plaza Constitución y encendían un cigarrillo. La única interpelada fue Mariana Gómez. Lo que diferenciaba a Mariana del resto es que había estado besando a su esposa.

Adriana Carrasco

BONADIO: LA ESPADA DE CAMBIEMOS

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner. Además pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

En una resolución de más de 360 páginas, ordenó las detenciones del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; el dirigente Luis D'Elía, el excanciller Héctor Timerman –dispuso su arresto domiciliario-, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y el exlíder de Quebracho Fernando Esteche.



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“El presidente Macri es el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

Acompañada por legisladores de Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa para responder a la medida judicial dispuesta por el juez Bonadio, quien la procesó con prisión preventiva y pidió su desafuero.





“El cronograma judicial y mediático, apoyado y potenciado por los trollcenters del gobierno, no es inocente, al contrario, es planificado y obsceno”.

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El fallo de Bonadio por el encubrimiento en la causa AMIA

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El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse “como cabeza del revanchismo” iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder.

A todos se los acusa de pretender encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace 23 años durante el gobierno de Carlos Menem, sobre la base de una denuncia por supuesta "traición a la patria" formulada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Para Eugenio Zaffaroni, esta denuncia hecha por el ex titular de la UFI-AMIA “es un disparate”. “Es una aberración decir que hay traición a la patria, si no hay guerra”, que es lo que presupone la Constitución.

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La historia de Claudio Bonadío

En los últimos años, el juez Claudio Bonadio comenzó a ganar protagonismo dentro de las páginas judiciales de los principales diarios y portales de noticias por sus investigaciones al poder político de turno, llevando adelante causas como el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, interviniendo en las multas de Guillermo Moreno a las consultoras privadas que mostraban sus propios índices de inflación, y en estos últimos meses por la famosa causa de las empresas ligadas a la familia presidencial a la que se llamó "Hotesur, pero que incluye varias sociedades más.

Sin embargo, la historia del juez dentro de los pasillos de Tribunales empezó a escribirse mucho antes que la mayoría de la sociedad conociera siquiera su nombre, cuando en el año 1992 se creó el sistema de juicio oral y público y se amplió el número de juzgados de seis a doce.

Su llegada al juzgado federal número 11:

El gobierno menemista decidió designar a jueces que no venían precisamente de las entrañas de los Tribunales, sino a los más cercanos, siendo uno de los beneficiados Claudio Bonadio, quien por ese entonces ya había sabido desempeñar sus funciones dentro de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde hizo muy buenas migas como subsecretario de Carlos Corach, un soldado del entonces presidente, Carlos Saúl Menem.

1996: Cavallo y la famosa "servilleta" de Corach con los jueces menemistas:

Cuatro años más tarde, en 1996, el juez Bonadio afrontaría por primera vez la exposición mediática, cuando el entonces opositor Domingo Cavallo denunció frente a los medios de prensa la existencia de una servilleta escrita a puño y letra por Carlos Corach, donde éste le enumeraba los nombres de los jueces que "jugaban a favor del gobierno".

Por esa denuncia, varios jueces que se encontraban en la lista comenzaron a ser investigados y fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, Bonadio, que acumulaba cuatro denuncias ante el Consejo de la Magistratura, supo resistir en el cargo.

2001: Procesamiento a periodista de Clarín por difundir declaración jurada de funcionario menemista:

El 5 de junio del año 2000, el periodista del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, publicó un artículo en la página 10 del diario titulado "Alderete, en apuros con la DGI: no puede justificar 600 mil pesos", donde se detallaban las inconsistencias de la declaración jurada del ex interventor del PAMI en la última etapa de Carlos Menem.

Un año más tarde, el juez Claudio Bonadio procesó al periodista por el delito de violación del secreto fiscal. Para justificar la decisión, el magistrado planteó una "colisión" entre los derechos de libertad de expresión y la intimidad, señaló que "la libertad de prensa debe ceder" y destacó que "ella no es ilimitada".

Bonelli, en ese entonces, apeló el fallo y afirmó que si la Cámara resolvía en su contra, sentaría precedente y los periodistas no podrían investigar la evasión fiscal de los poderosos de turno. Ya en 2001, la Cámara falló en favor del periodista, quien fue sobreseído gracias al derecho de libertad de expresión y prensa.

2004: Absoluciones y devolución de favores en la causa PAMI:

En el año 2004 y tras sobreseer a varios funcionarios del menemismo vinculados en casos de corrupción, como el ex interventor de PAMI, Víctor Alderete, la Oficina Anticorrupción denunció a Bonadio, tras atribuirle"incumplimiento de deberes, prevaricato y tráfico de influencias" por manejos sospechosos en una causa para favorecer al ex director de PAMI.

La presentación explicaba que el magistrado tuvo a cargo durante más de cinco años una investigación sobre maniobras fraudulentas en el PAMI para favorecer a la firma Fegera con el monopolio de las prestaciones geriátricas y la administración discrecional de fondos, y que omitió citar a un alto funcionario vínculado a Carlos Menem "con el fin de cumplir con la palabra que le habría dado al ex ministro del Interior Carlos Corach, quien a pedido del ex presidente le habría solicitado desvincularlo".

2005: Apartamiento y "cajoneo" de la causa por encubrimiento en AMIA:

Un año más tarde, Bonadio fue apartado de la causa que investigaba el encubrimiento y las pistas falsas plantadas en la causa por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.

Los motivos del apartamiento eran varios, pero la acusación más significativa era por haber estado cinco años sin mover el expediente, beneficiando así a su colega amigo Juan José Galeano y a su ex jefe Carlos Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA.

2014: Seis expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura:

Según publicó la Revista Veintitres en noviembre del año pasado, el juez Bonadio acumula 6 causas en su contra dentro del Consejo de la Magistratura, la mayoría de ellas por "cajonear" causas y demorar injustificadamente los procesos judiciales según el caso.

La más resonante de ellas tiene que ver con una defraudación del Estado en la privatización de la empresa Tandanor. En ella, el letrado Ezequiel Nino, de ACIJ, denuncia a Bonadio por "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", donde "se le cuestiona al magistrado una demora injustificada en el trámite de dichas actuaciones".