TIEMBLA EL STATU QUO

“La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo”, es la conclusión a la que llegó el jurista Alejandro Slokar sobre la declaración de inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura. El juez de la Cámara de Casación y miembro de “Justicia legítima” afirmó que la posibilidad de modificar el Consejo y de elegir con el voto popular a sus integrantes “es un debate clausurado” por la reciente decisión del máximo tribunal, que sólo podría revertirse con una reforma de la Constitución. Sin embargo, enfatiza que “la ruptura adentro del Poder Judicial está planteada, y aunque no será inmediata es una transformación, casi un choque cultural, que no se detiene más”.



–¿Cuál es el destino de la reforma del Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema?

–Acá está en juego la relación del Poder Judicial con la sociedad y con el poder político. La sociedad lo ve como un poder no igualitario, autoritario, con privilegios, como estar eximido del pago del Impuesto a las Ganancias, y poco abierto a escuchar. En ese contexto, el fallo no contribuye a achicar ese aislamiento, va en contra de una democracia expansiva, y revela una vocación contrademocrática. Al interior del Poder Judicial pone en evidencia la fractura que existe, no sólo dentro de la propia Corte, sino también dentro de ese propio poder. Y pone en evidencia la pérdida del liderazgo de la Corte para las transformaciones en el orden interno. La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo, pero también marca un quiebre. No quiero hablar de fin de ciclo, pero sí de otro punto de análisis de la apreciación que se tenía desde afuera respecto de la capacidad de la Corte de liderar esas transformaciones. Lo que llama a la reflexión es que durante todo el proceso legislativo hubo un diálogo interpoderes, y la Corte sólo reaccionó para recuperar los fondos y administración de esos fondos, pero nunca puso en consideración la posibilidad de algún ajuste que diera lugar a un cambio de lo que se modifica en las leyes, por ejemplo, respecto de la conformación de la Magistratura. No hay gestos, no hay apertura en favor a alguna transformación. Lo único que les preocupó fue el control de la caja.

–¿Era una ocasión para que el Poder Judicial aportara su impronta al cambio?

–En un diálogo interinstitucional de poderes, en una relación seria, era el momento para ofrecer una opción superadora, si acaso esto era decididamente inconstitucional. No lo hicieron, lo único que hicieron fue recuperar la caja. El fallo no evaluó la implicancia institucional de lo que estaba en juego, o si se evaluó, optaron por mantener este estado de cosas donde nada cambia, todo se consolida y parece que la Justicia funcionara fantásticamente.

–Entonces, ¿el debate sobre el Consejo quedó clausurado?

–El debate quedó clausurado con la decisión de la Corte, al menos desde el punto de vista interno tal como había sido pensada la reforma. El Judicial pudo haber ofrecido alternativas posibles y no lo hizo. Hay reformas que están vigentes que lamentablemente no se materializan, no entiendo por qué no se hizo efectivo hasta ahora el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, falta la reglamentación de la Corte a una ley vigente. Las designaciones siguen siendo a dedo y sin concurso. Otros aspectos tienen que ver con la transparencia en las declaraciones juradas patrimoniales, y aún en eso hay demoras. Fíjese lo que revelan las formas y los modos: esto se resolvió en tiempo record. No hubo audiencias públicas como se implementan en otras causas, no hubo apertura en favor de la incorporación de los amicus curiae, frente a un tema trascendente porque está en juego la condición democrática de un Poder Judicial, que es el derecho a sufragio. En Brasil se transmiten las deliberaciones del Tribunal por un canal de televisión, debaten de cara al público. Si no querés la reforma del sufragio, al menos consolidá hacia adentro algunas formas democráticas que impliquen una modificación del estado de cosas.

–Si el debate está cerrado, ¿por qué la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama a dar la gran batalla por la reforma judicial?

–En los otros aspectos sólo puede haber un retroceso en un caso concreto de algún expediente que alguien plantee en Casación, que la creación de una nueva instancia produce una afectación al derecho a un juicio en los plazos razonables. Y que la Corte termine transformando eso en un caso. Lo mismo respecto de las cautelares, donde tenés que tener un caso para que se expidan si es inconstitucional o no. Pero en relación con la modificación del Consejo y con el sufragio universal de los integrantes ya está zanjado, lo único que cabe es cambiar la Constitución.

–¿No se estará refiriendo a eso la Presidenta?

–No lo creo, porque en su discurso aclaró que lo que enviaba era constitucionalmente posible, sin necesidad de modificar la Constitución. El valor de la disidencia en este fallo es que se trató de un constituyente que fue parte de la redacción del artículo 114, que creó el Consejo. Siete jueces le dicen a él que el planteo es inconstitucional. Algo hace ruido ahí. Rescato el valor de la disidencia porque dice “a mí no me gusta pero no puedo decir que todo lo que no me gusta sea inconstitucional”. La mayoría le dice que sí, él con razón replica que no, que como redactor del 114 sabe lo que representa y el debate que lo precedió. El otro punto de vista tiene que ver con el problema propio de la declaración de inconstitucionalidad, que es un recurso extremo, sólo se da cuando es evidente la colisión con la Constitución, por eso Zaffaroni salió a decir “tengamos cuidado”. Me parece que banalizar la declaración de inconstitucionalidad es un problema, porque por más que los ministros digan que tienen las facultades para hacerlo, la banalizan cuando la aplican a un caso como éste, que comprometen al propio cuerpo. Para fundar su facultad invocaron el antecedente de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y nadie puede trazar un parangón entre eso y esta ley, porque hacerlo implica bastardear toda la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. En el plano local eso está clausurado, el reclamo internacional no tiene sentido para producir consecuencias en lo inmediato. No queda otro camino que desafiar todo esto con una reforma constitucional, que dependerá de coyunturas electorales con resultados que deben superar el 60 por ciento, con el tema del tercer senador. Es una cuenta que debe hacer un político.

–Así las cosas, la fiscalización de la elección de los miembros del Consejo seguirá en manos de la Asociación de Magistrados.

–Sí, pero se ha producido un cisma, hay un antes y un después que ya se venía insinuando. Hay sectores que seguirán conservando su poder, la elección se va a plantear dentro del diseño actual, que habilita que sólo la Asociación de Magistrados tiene la facultad y el poder de fiscalización. Es un reglamento que dictó el Consejo. Se debería modificar por otro reglamento, pero como eso es poco probable, quizá haya algún amparo que lo propicie. Quedan puntos de tensión, hay una disposición final en la ley del Consejo que dice que la Corte y la jefatura de Gabinete tienen que reglamentar la ley respecto del manejo presupuestario. Esta co-reglamentación es un escenario complicado a la hora de sentarse en un diálogo interpoder.

–¿Es acertada la estrategia de la Presidenta de confrontar tan abiertamente con la Corte?

–Sí, definitivamente. Porque se da un escenario como el de la Resolución 125 (de las retenciones agropecuarias) donde la tensión entre el poder político y corporación es evidente y esto va a llevar a redoblar la apuesta. Adentro del Poder Judicial está planteada una ruptura evidente, la transformación no será inmediata, pero no se detiene jamás. Es casi un choque cultural en términos de entender el derecho, del control de constitucionalidad, de la relación con la sociedad.

–¿La familia judicial entró en crisis, dejó de ser intocable?

–Claro, y eso cambió por la presión del afuera, si no la tuvieras enfrente a Estela de Carlotto, a Susana Trimarco, a Pablo Ferreyra la situación sería distinta, más allá del diseño y la estrategia política del Poder Ejecutivo. Desde el adentro esto no tiene retorno. Hay un punto en que más allá de las relaciones puntuales que se dieron ahora, a la larga el escenario es de reforma. Lo otro es aceptar definitivamente que el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular del Consejo de la Magistratura es óptimo, lo cual es moralmente inaceptable.

–En este contexto, ¿cómo evalúa las amenazas que el ministro Juan Carlos Maqueda denunció haber recibido por parte de La Cámpora?

–No sé qué entidad tuvo el episodio, si fue un grupo de personas o si se trata de un transeúnte que envuelto en una camiseta de La Cámpora le inquirió acerca de lo que iba a votar. Desde la función publica uno tiene que tener la capacidad de soportar hasta ese tipo de presiones. La situación que vivió (Axel) Kicillof en Buquebús, nadie la comparó, pero lo que para un sector fue un escándalo, para el otro era válido. Es condición del funcionario resistir a ese tipo de presiones. Además, estamos muy lejos del escenario que dejó la crisis del 2001, cuando los caceroleros se desplazaban hasta la casa de (Antonio) Boggiano y a la de (Julio) Nazareno, reclamándoles la renuncia. La pancarta decía “menú justicia, hoy suprema a la cacerola”. Tampoco creo que, como algunos suponen, el fallo de la Corte vaya a dar lugar a una caza de brujas hacia adentro respecto de quienes piensan diferente de lo que votó la mayoría. Esto es así porque el Poder Judicial hoy es algo heterogéneo, con infinidad de variantes y actores, y hay que respetar el margen de diferencias internas. El fallo no clausura el debate interno en el Poder Judicial.

–¿En cuánto cambia la modificación del número de miembros del Consejo la eficiencia o independencia del organismo?

–La historia del cuerpo demuestra que no cambió nada, que el número de integrantes no garantiza nada, que las mayorías se conforman según las circunstancias. Pero no siempre responden al Poder Ejecutivo, hoy el Consejo está bloqueado por la corporación judicial. Y así no puede funcionar, los sectores corporativos se suman a la oposición. Lo que define la tendencia es la política de alianzas y los entramados que se conforman.

–¿Y acaso el sistema electoral hubiera garantizado que el votante eligiera a conciencia a su representante en el Consejo?

–Eso es otra cuestión. Acá lo valioso es el protagonismo y la participación ciudadana en todos los estamentos de gobierno. La Constitución dejó abierta la posibilidad del voto popular para la elección de los diferentes estamentos del Consejo. La Corte pudo haber evitado la confrontación con la corporación, pero habilitar al menos el sufragio para los cargos de científicos y académicos, pero tampoco abrió esa puerta. Hubo la vocación de estrellarse, de confrontar. Lo que sí es cierto es que el tema no mueve la aguja del interés electoral. No hubo un trabajo previo en la sociedad para la búsqueda de consenso como se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esto sigue, el debate político no se clausura con esta sentencia porque la fractura está planteada.

Adriana Meyer

CLAROSCUROS JUDICIALES

En contraste con la saludable iniciativa que el Poder Ejecutivo denomina de democratización de la Justicia, el oficialismo nacional y el de dos provincias, promueven la destitución de jueces y funcionarios que superan con creces el test de legitimidad democrática, mientras no avanzan los procedimientos contra otros que son emblema de los vicios y complicidades que se deberían desterrar.


.I

La destitución del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias y del defensor oficial ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil Julián Axat, ambos de La Plata, es promovida por un grupo de legisladores para quienes las órdenes del ministro Ricardo Casal son deseos, como su ex Subsecretario de Relaciones Económicas con la Policía, Guido Lorenzino, quien no tiene parentesco con el honorable ministro de Economía de la Nación.

Afirman que ambos actuaron en la causa de los muertos durante la inundación por fuera de su competencia, lo cual no es cierto. Axat realizó la presentación luego de recibir llamados sobre menores desaparecidos o muertos durante el desastre y de recorrer las zonas afectadas, donde distintos testigos le dijeron haber visto bebés y niños arrastrados por el agua. Como no han sido cubiertos los cargos creados por ley de Defensor provincial de Niños y de Defensor Público en lo contencioso sobre derechos económicos, sociales y culturales, debe actuar un defensor penal. La ley 14442 lo pone a salvo de “influencias o presiones de las autoridades”, para procurar que se cumpla para sus defendidos con los tratados de protección a los derechos humanos, la Constitución y las leyes. La competencia contencioso administrativa está fijada por el artículo 4º de la ley provincial 14.214 de hábeas data, cuando se trata como en este caso de averiguar datos en registros y archivos.

Por orden del ministro Casal, Axat y Arias no pudieron ingresar a la morgue, lo cual reforzó su curiosidad. Así comenzaron a encontrar cuerpos de personas muertas como consecuencia del temporal, que eran computadas como casos no traumáticos y excluidas del listado.

Dos declaraciones bajo reserva de identidad, una ante el fiscal Juan Condomí, del Opus Dei y La Cámpora (sic), y otra ante una instructora de la oficina de denuncias penales, indican que entre la morgue judicial y el Registro de las Personas, ambos dependientes de Casal, se acordó una operatoria ilegítima para ocultar el número de víctimas. Un médico de la morgue narró que se alteraron los protocolos establecidos, de modo que las víctimas pasaran a identificarse por un número y no con la carátula correspondiente a una investigación penal. Un abogado del Registro provincial de las Personas narró que su directora, Natalia Panella, ordenó que las defunciones traumáticas se inscribieran sin la intervención judicial que marca la ley y sin tomar las huellas digitales de aquellos no identificados. Médico y abogado, que no se conocen entre sí y trabajan en dos lugares distintos, coincidieron que en la morgue había sesenta cadáveres. Otro testimonio mencionó un alto número de cuerpos que se hallarían en el hospital naval, cosa que hasta el cierre de esta nota nadie había verificado o desmentido. Con los procedimientos descriptos, es posible la rotación de cadáveres en los mismos sesenta casilleros numerados, mientras se sepultan o creman otros, lo cual tornaría imposible determinar el número real de víctimas. La hostilidad del gobierno provincial hacia el juez y el defensor no es nueva. Axat y Arias denunciaron que la policía provincial extorsiona a jóvenes y si no roban para ellos los matan.

Como abogado del estudio de Héctor Granillo Fernández, Condomí defendió hace una década en una causa penal al ahora intendente viajero Pablo Bruera, quien fue sobreseído por el juez Guillermo Atencio, el mismo al que ahora acudió Casal para que desplazara a Arias. Sobre Atencio penden tres juries de enjuiciamiento, el último por un allanamiento irregular a la casa de la ex pareja del Secretario de Fiscalía Leandro Rubio, que litigaba por alimentos, del que también participó Condomí. Aquí también, la familia judicial.


.II

Al mismo tiempo, en Mendoza, se inició el proceso de destitución contra el juez de Menores Ramón Pérez Pesce, por haber concedido “un inusitada cantidad de hábeas corpus preventivos”, en favor de “jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada”. En una comisaría de San Rafael todos los detenidos por “averiguación de identidad” eran albañiles, changarines o desocupados, y ningún profesional. Esto demuestra “la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales, y el alto nivel de discriminación”. La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y una serie de organismos defensores de los derechos humanos sostienen que el desplazamiento del juez constituiría “una muestra más de un Poder Judicial subordinado a los intereses de minorías corporativas”.


.III

La misma amenaza pende sobre el juez federal Daniel Rafecas, en este caso por los mensajes que intercambió con el abogado de José Núñez Carmona, Nachito Ignacio Danuzzo Iturraspe. Esa imprudencia merece una sanción disciplinaria, pero no la destitución. El procedimiento fue impulsado por el oficialismo y apoyado por la UCR, que no perdona la rigurosa instrucción del juez en la causa contra el ex presidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado. Desde la Procuración General, Rafecas coordinó hace una década la comisión de fiscales que comprobó cien procedimientos policiales fraguados. Gracias a ese trabajo fueron dados de baja 150 jefes, oficiales y suboficiales de la Policía Federal y se desterró esa práctica vil de maquillar estadísticas deteniendo sin causa a personas vulnerables. Parte de esa experiencia fue volcada en su tesis doctoral “La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos”. Juez desde 2004, es el que mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad. En el Cuerpo de Ejército I relevó más de veinte centros clandestinos por los cuales pasaron 1200 víctimas y detuvo a un centenar y medio de represores. La semana pasada arrestó al ex jefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, absuelto en el juicio de 1985, en cuyo domicilio secuestró actas secretas de la Junta Militar y material de Inteligencia. Entre sus líneas actuales de investigación está el secuestro de empresarios que fueron torturados en Campo de Mayo para despojarlos de sus bienes. También procesó al jefe y subjefe de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo, por el espionaje político que fue denunciado por un funcionario de la Inteligencia naval en 2006. En 2010 logró la recuperación pacífica del intrusado Club Albariños, y detuvo, procesó y envió a juicio oral a nueve responsables del delito. Rafecas es uno de los asistentes a los encuentros de Justicia Legítima.



.IV

Al mismo tiempo, sigue en funciones el juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi, cuyo juicio político fue solicitado como consecuencia de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra. José Pedraza, el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, el agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid fueron procesados por digitar el sorteo de modo que la causa recayera en la sala que presidía Riggi, de modo de conseguir la libertad de los miembros de la patota e impedir el arresto de Pedraza, que aún estaba en libertad. Aráoz fue relator de Riggi hace más de veinte años en el fuero penal económico y su primer acto como juez federal subrogante fue nombrar como secretaria a Laura Riggi, la hija de su protector. Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. El viernes 19 se anunciará el fallo por el asesinato de Ferreyra, mientras el juez que estuvo a punto de impedirlo sigue en funciones.

Horacio Verbitsky

Luis María Cabral preside la Asociación de Magistrados. En ese carácter opinó que la reforma judicial que impulsa el gobierno es inconstitucional porque se propone “eliminar el sistema de un poder que controla la legitimidad de los actos de los otros poderes”, cosa que no se desprende de ninguno de los proyectos oficiales. Cabral es juez subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal, donde fue designado con un procedimiento escandaloso, emblemático de los que han sumido a la Justicia en el descrédito y abierto espacio para las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo: sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias, según denunció el fiscal general Jorge Auat, quien lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum. Pero la Cámara lo confirmó luego de un áspero proceso de discusión interna, del que Cabral participó en defensa de sí mismo, en vez de excusarse, como es de estilo. Las posiciones se dividieron, cinco a cinco, dado que Cabral opinó pero no llegó a tanto como votar. Sin embargo, él fue quien propuso la salida que se adoptó: que se rechazara el planteo pero se limitara su subrogancia al primer semestre de 2013 y se diluyera el caso con una acordada que también tocara otros casos por completo distintos. “De otro modo, me estarían echando por la puerta trasera”, dijo, en un diálogo de extrema franqueza corporativa. Sólo el juez Alejandro Slokar mantuvo su posición adversa y se pronunció por la conclusión inmediata de la subrogancia ilegal de Cabral. Auat y Slokar integran Justicia Legítima.

Horacio Verbitsky

JUSTICA POPULAR O CORPORATIVA

Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.

Luis Bruschtein

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JUECES Y FISCALES POR + DEMOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL

JUSTICIA LEGÍTIMA

Alrededor de un millar de personas se dieron cita ayer en la Biblioteca Nacional en la jornada inaugural de la convocatoria por una Justicia Legítima, con un fuerte cuestionamiento y denuncia hacia la postura "corporativa" de un sector del Poder Judicial...

No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo.

El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario.

Se llenaron el hall, el café, la explanada.

El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”.

Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica”.

“No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.

–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.

“justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.

La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó.

Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.

La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz.

El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.

La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.

Hoy siguió el encuentro con 4 talleres de los que surjieron propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.

Irina Hauser