UNA EXTORSIÓN DEL GAFI

El ministro de la Corte Suprema le apunta al GAFI por reclamar una ley que considera innecesaria. Se preocupa por las “futuras extorsiones” que podría hacer el organismo, y dice que el GAFI busca “monitorear” la economía.





–Usted ha sido muy duro en sus críticas a la llamada ley antiterrorista. ¿Cree que es un error del Gobierno?

–No lo sé. Yo no tengo el panorama completo del daño que el GAFI puede hacernos. Presumo que el Gobierno, que seguramente lo puede valorar más que yo, lo habrá evaluado. Lo que sé es que la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?

–¿Qué es el GAFI?

–Es un organismo cuyo interés consiste en monitorear toda la actividad financiera de los países del sur. No tiene nada que ver con el terrorismo, ni la ley que nos extorsionaron sirve para prevenir el terrorismo, ni tampoco el lavado. Nosotros, desde siempre, por lo menos desde 1921, tenemos las más severas penas contra cualquier acto terrorista o de cooperación o instigación. Ahora resulta que el derecho penal argentino será omnipotente, los terroristas serán nuevos “Lázaro”, los resucitaremos para ponerles otra prisión perpetua. Nadie me supo decir jamás cuál es la pretendida laguna de punibilidad en materia de terrorismo, porque no la había. En cuanto al lavado, tampoco tiene relevancia, porque nuestro mercado es muy pequeño, cualquier operación grande llama la atención; aquí sólo se puede lavar alguna prenda interior y nada más. Lo que les interesa es monitorear toda nuestra actividad financiera, enterarse de todo, controlar todo. Es un organismo que sólo puede hacer “recomendaciones”, pero que se toma la atribución de calificar a los países, hacer listas negras, promover sanciones económicas. Para ello cuenta con una serie de burócratas que promueven estas leyes porque tienen que justificar sus sueldos en euros y dólares. Son sus “técnicos” o, mejor dicho, sus “escribas”.

–¿Para qué quieren controlar nuestra actividad financiera?

–Para, seguritos, conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor. No se olvide que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren.

–¿Lo considera un peligro cercano y grave?

–No lo sé; un peligro es, cuán cercano, no sé. Sé que como todo extorsionador vendrá por más, no se conformará con esto, es inevitable porque es la mentalidad del extorsionador y de los “yuppies”. Llegará un momento en que será necesario decirles basta, no sé si nosotros solos o en bloque, porque los otros países del sur también sufren las mismas extorsiones.

–De lo que dice se deduce que fue un error político acceder a esa exigencia.

–Insisto en que eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si en este momento estamos en condiciones de arrostrar los daños que nos podrían causar. De cualquier modo creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que se trata de una extorsión, en especial para sacar la cuestión del juego político y encararla como una cuestión nacional, en la que todos, Gobierno y oposición, deberían estar de acuerdo y actuar en consecuencia. No es una broma ni una nueva oportunidad para que nadie saque partido, es una amenaza común a la nación. Aquí se debe en el futuro operar con consenso de todos, no jugar con nuestra soberanía.

–¿Considera que se podría abusar de la ley para sancionar la protesta social, la crítica pública o algo parecido?

–De momento nadie jugará con esta ley, y si a alguien se le ocurriese la peregrina idea de valerse de sus defectos, para eso estamos los jueces, para ponerle los frenos que correspondan conforme a la Constitución Nacional. Si alguien quisiera filtrar alguna limitación a los derechos ciudadanos, lo pararemos en seco. Pero no es ésta la cuestión, sino ponernos a pensar todos juntos, Gobierno, oposición, técnicos, economistas, juristas, diplomáticos, qué diablos vamos a hacer con las futuras extorsiones de este organismo. Esta es una amenaza clarísima a nuestra soberanía nacional por parte de un organismo que se atribuye más poder que la ONU. Aquí tenemos que demostrar madurez, o sea, que somos una nación y no un montón de grupos en pelea constante. Está en juego el bien común de la población, no lo olvidemos. Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos.

Página 12

OTRA VEZ UNA LEY ANTITERRORISTA

Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas. Por eso cuando se trata de violencia que habilita una ley el principio que ha de seguirse es la cautela. Pero los diputados del pueblo han servido un banquete para satisfacción de la ilusión punitiva.

Leemos el lenguaje de castigo del nuevo art. 41 que se quiere en el Código Penal: finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. La pena máxima se aumenta el doble si con el peligrosómetro normativo el juez detecta en cualquier delito una disposición subjetiva como la que la ley describe.

La ley no aumenta las penas únicamente cuando la población se aterroriza o a una autoridad se le impide hacer o no hacer algo. Lo que produce escalofrío es el mayor castigo por meras disposiciones internas que el juez observa como síntomas de un potencial enemigo. Puro derecho penal de ánimo y de peligro. Una variante normativa del viejo peligrosismo racista. Sólo una minoría de fundamentalistas del castigo tiene a esta doctrina por verdadera.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos.

Ningún organismo internacional ha podido definir conceptualmente al terrorismo. Tampoco los sociólogos y criminólogos pueden. Los juristas menos. La voracidad punitiva no lo logró con el delincuente subversivo, el demonio o las brujas. Quizá podríamos ofrecerle algo para que se lleve a la boca, lo que la mayoría reconoce como terrorismo: los delitos de lesa humanidad y genocidio.

Alejandro Alagia
Profesor titular de Derecho Penal, UBA

la criminalización de la protesta en democracia

apunten, fuego (en defensa del maestro Zaffaroni)

Por Julio Maier*

Apreciado Raúl:
Me gustaría conocer qué le atribuyen y quién es el “atribuyente” (valga el neologismo). El primer dato es imprescindible, pues cualquier juicio de valor, con mayor razón el que reposa sobre una conducta humana, necesita un objeto y tal objeto debe estar, desde el comienzo, bien descripto. Cuando el objeto es una conducta humana, lo mínimo que podemos exigir consiste en definir la conducta y calificarla; por lo contrario, no resulta idónea la descripción y la calificación que se refiere a la relación de una cosa con una persona, ni a la conducta de otros, salvo que –en idioma penal–, como usted sabe mejor que yo, se establezca una relación de participación en el hecho de otro. La descripción y el significado que, a juicio del “atribuyente”, deben ser analizados, son también imprescindibles en la vida de relación para que usted pueda responder, defenderse de la imputación. Si bien no he leído ni escuchado toda la catarata de dimes y diretes que hoy lo tienen a usted por centro, le confieso que, aun dejando de lado la procacidad y la falta de educación de algunos, no he conseguido conocer qué le atribuyen, si se supone –como algunos esconden con mecanismos increíbles– que ello debe portar el signo del delito o, al menos, de la mala conducta en el ejercicio del cargo. Más me desorienta el hecho de que una imputación formalmente definida como delito, por vía judicial, esto es, fundada en elementos públicos, ha provocado un éxito político sin precedentes hace escasos días a través del voto ciudadano y sido valorada por los porteños tan positivamente, que pudo ser calificada así por el mismo imputado.
La pregunta por el quién se relaciona con la advertencia anterior: algunos proclaman la necesidad de un juicio político en su contra o le recomiendan que renuncie a su cargo de juez de nuestra Corte. Me gustaría poder preguntarles a ellos por qué toleran en cargos públicos a aquellos sobre los cuales pesan imputaciones delictuales formales y, más aún, los votan como ciudadanos y públicamente para ejercer cargos electivos, mientras pretenden crucificar a otros sin conocimiento alguno. Peor aún, varios de los que así se pronunciaron son abogados y hasta creen ser juristas.
No se moleste en contestarme. Usted, en verdad, ya contestó a mis interrogantes en sus libros y escritos, sobre todo cuando explica la relación entre prensa y pena. Con la misma falta de educación que algunos han demostrado para con usted intentaré consolarlo pidiéndole que no se preocupe pues, según la afirmación vulgar, “por interés baila el mono”.
* Amigo y colega como profesor en la Facultad de Derecho de la UBA.