MARTÍNEZ DEBATE SOBRE LA JUSTICIA

Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales, de quienes se ocupan de los acusados que no pueden o no quieren contratar un abogado particular. Por eso sabe mucho de las desigualdades del sistema judicial. “Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto”, asegura. La convicción de que es necesario debatir a fondo el modelo de justicia que se impone en el país hizo que encabezara junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó el pronunciamiento por “Una Justicia Legítima”. “A algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular”, agrega sobre el tema. Acaba de volver de vacaciones. Está bronceada y vestida de violeta en un despacho prestado porque el suyo está en refacciones. “Por eso está tan ordenado, sin papeles”, explica. Se entusiasma con una medida tomada a fines del año pasado, pero anunciada esta semana: la implementación de concursos para todos los empleados de las defensorías oficiales, medida que le parece clave para democratizar la Justicia, porque termina con la idea de lo que todavía en tribunales se considera un “derecho adquirido”: la posibilidad de que los hijos o sobrinos de los magistrados tengan un cargo asegurado (ver aparte).

–¿Por qué firmó la solicitada por “Una Justicia Legítima”?

–Creo que nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público. No estoy de acuerdo con la elección popular de los jueces porque me parece que va a ser un sistema de mayor presión, me da miedo. Y en aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno. Pero el problema no pasa por elección popular o no elección popular, sino ¿queremos discutir sobre cuáles son los fallos de nuestra Justicia? ¿Qué nos falta para aggiornarnos y estar de acuerdo con una constitución progresista que incorporó un montón de tratados de derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial.

–¿Cuáles son?

–Uno es el caso (de Leonardo) Forneron, que tiene que ver con una adopción en Entre Ríos (se trata de una niña habría sido entregada a una familia sin el consentimiento del padre y nunca se investigó una posible venta de la menor) donde hay un número significativo de prácticas que deben ser revisadas y donde se produce una mora judicial muy significativa. Otro es el caso (de Sebastián) Furlan, un joven discapacitado a causa de un accidente. El juicio duró muchísimo y cuando le pagaron la indemnización, esta persona tenía daños irreversibles. La Justicia no funcionó sensible al drama de una persona discapacitada y con alta situación de vulnerabilidad. Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto. Se desprotegió a una persona vulnerable. Hay un contrasentido. Si estamos permanentemente hablando del acceso a la Justicia, de privilegiar a las personas en situación de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que no puede haber una misma mirada cuando litigan grandes empresas o corporaciones. No es que no tengan derecho a una justicia rápida, pero no se las puede privilegiar por sobre una persona vulnerable que necesita para sobrevivir la posibilidad de tener una indemnización. Este tipo de cosas son las que hay que conversar. Otra cosa para conversar... yo soy defensora y no estoy de acuerdo con los ataques que se hacen contra medidas que tienen que ver con dejar en libertad a personas que cumplen condena. No creo que los jueces tengan que ver con la seguridad. Esto tiene que ver con personas que recuperan su libertad y cometen otros delitos. Lo que no está funcionando es la infraestructura de apoyo y control que tiene que tener una persona que recupera su libertad. Los jueces de instrucción, que deberían ser muchos más de los que son y tener un gabinete interdisciplinario de primer nivel, si no tienen los medios, ¿qué van a hacer? ¿Fallar en contra de la ley?

–¿Cuál es el tercer caso ante la Corte Interamericana?

–El de (Oscar) Mohamed, que establece el derecho al recurso para todos los ciudadanos. En este momento tenemos conflictos graves en la Justicia, aparentemente hay bandos irreconciliables, pero creo que no es así, hablamos un lenguaje en el que podemos conversar todos juntos. Pero a algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular. Lo que estoy diciendo es: hay cosas que comparto y otras que no. Hay que abrir las ventanas, oxigenar y tener una mirada en la cual los operadores judiciales nos sentemos y digamos cuál es la Justicia que queremos. Van a decir que permanentemente se está haciendo eso. Es cierto, muchas veces se hacen reuniones. Pero esas reuniones quedan en lo formal. Los jueces tienen derecho a luchar por sus prerrogativas y esto lo ha hecho históricamente bien la Asociación de Magistrados. Pero ahora es el momento justo para tener una reflexión sobre qué Justicia queremos. Hubo muchas situaciones graves. Ha habido mucha contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad, yo no puedo hablar mucho porque soy la defensora, pero hay un distinto tratamiento. Si yo soy llevada ante la Justicia y soy una persona de escasos recursos y no tengo ningún padrino, me van a tratar distinto. Además, hay que elevar el nivel de eficiencia. Esto lo dijo el presidente de la Corte y es así. Nosotros también tenemos que trabajar para tener estándares de eficiencia altos. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal tienen un sistema de selección para los secretarios. Hay que fijar estándares mínimos. E insistir mucho con que somos un servicio público, no un poder del Estado... bueno también, todo muy bien, pero antes que nada somos un servicio público. Si no funcionamos como servicio público algo está mal. Nuestra legitimación sale de ser un servicio público que le dé un servicio digno a la gente. Si la gente no se siente protegida, el sistema nunca va a estar legitimado.

–Con respecto a la solicitada, ¿le molesta que en algunos medios los presenten como los kirchneristas o los que responden al Gobierno contra los supuestamente independientes?

–Obviamente estoy a favor de una Justicia independiente. Y particularmente sería muy injusta si dijera que desde que estoy en la Defensoría General he recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno. Nosotros defendemos militares, les garantizamos un buen servicio de defensa. Hemos recibido algunos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que son lógicos, porque estuvieron muchos años soportando calladamente y ven que hay una defensa aguerrida y bueh... pero el Gobierno nunca intervino y cuando tuvimos necesidad de que nos defendieran, nos defendieron. Segundo, yo he llevado casos contra el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directa o indirectamente. El de los menores (por la imposición de penas perpetuas a menores de edad) está a punto de tener sentencia y es una cosa importante. El caso Furlan, si bien lo defendió la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la persona concreta es una defensora nuestra. Si yo dijera que en estos siete años recibí presiones por acusar al Estado por derechos humanos ante la Corte Interamericana sería injusta. También estamos interviniendo en el caso de los qom y estamos o no de acuerdo en muchas cosas, pero nunca nos dijeron “por qué se meten, no vayan”. Esta es mi visión e insisto en que este grado de independencia tiene que existir siempre. Lo que sí decimos en la solicitada es que la independencia tiene que ser de todos. La independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa. El lobby, como bien dice (el juez de la Corte Raúl) Zaffaroni, existió siempre y va a seguir existiendo. Que la Justicia pueda fallar de manera absolutamente libre diciendo lo que cree que en verdad corresponde, que todos los operadores del sistema puedan actuar libremente es fundamental. Ahora, no podemos mirar solamente cuando hace reclamos el Ministerio de Justicia, podemos estar de acuerdo o no con una modalidad. Y lo hacen todos. ¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa.

–¿Algún ejemplo?

–Casos concretos. Lo que pasó con la ESMA. Me pareció disparatado. Que se reaccionara con esa virulencia, que se utilizaran expresiones tan fuertes contra el ministro de Justicia... Podemos discutir si corresponde o no corresponde hacer un asado en la ESMA. Esa es una discusión, pero es como que no tiene correlato... Otra cosa clarísima fue cuando en Salta se mostró con una filmación de celular cómo torturaban a dos presos. Y hubo una reacción tibia. Veinte días después, se publicó que (el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor) Hortel había establecido un sistema para que los presos salieran y volvieran a ingresar. No pasó nada, nadie se le escapó, tenía autorización judicial... discutamos si queremos que pase esto o no. Pero lo cierto es que en un país con convicciones democráticas fuertes, una tortura tendría que haber generado una reacción popular de escándalo, de vergüenza, de buscar soluciones. Y si se ve la cantidad de papel escrito que hubo en un caso y en el otro... bueno, éstas son las cosas que no pueden ser. Ahora estamos lanzando por los doscientos años de la Asamblea del Año XIII una campaña nacional contra la tortura. Sobre estos temas hay que discutir. ¿Por qué no avanzan las causas sobre torturas?

–¿El juicio por jurados mejoraría la administración de justicia?

–Como defensora tengo que preferir el juicio por jurados, porque con buenos defensores es más beneficioso. No me parecería mal hacer una experiencia de juicio por jurados.

–Pero no le parece central.

–No. Lo central es modificar el sistema de administración de justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo tenemos que actuar.

–¿Hay una excesiva judicialización de las decisiones políticas o es un proceso natural?

–Esto es natural. También tiene que ver con un país que durante muchos años no tuvo la opción de acudir a la Justicia y luego la recuperó y entonces acude a la Justicia. También es cierto que hay dos ejes a tener en cuenta: si se acude a la Justicia, y me imagino que éste es el tema, y la Justicia utiliza la posibilidad de aplicar medidas cautelares, es decir de hacer lugar a amparos o distintos tipos de mecanismos para frenar leyes o resoluciones, esto tiene que ir de la mano con que ese amparo o medida cautelar otorgada no puede ser eterna.

–Concretamente con la ley de medios, ¿significa que hace rato debería haberse definido el tema de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no?

–A lo mejor se podría arreglar legislativamente. Podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado. Porque si no, tenemos una Justicia que no es tal, porque los requisitos para hacer lugar a un amparo son mucho más laxos que para resolver sobre el fondo del asunto. No podemos decir no al amparo. Nosotros lo usamos muchísimo en casos de salud, en casos de prestaciones de obras sociales, pero lo lógico es que luego la solución sobre el fondo no sea eterna, porque se desvirtúa. La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución. Puede ser que en un determinado momento una parte se sienta agraviada y que el juez diga “puede ser que esto le cause un agravio que luego sea irreparable”, pero entonces hay que resolver sobre el fondo en un plazo corto. El problema son los plazos. Eso pasa a todo nivel. También la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma, porque en la Corte las causas tardan mucho. La Corte está sobrecargada de trabajo.

–¿La solución sería...?

–Modificar todo el sistema.

–¿Poner otro tribunal?

–Una posibilidad buena es poner una Corte Constitucional. Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte.

–¿Los jueces tiene que pagar Ganancias?

–Esto está ligado con la intangibilidad de los salarios. Eso puede ser una de las discusiones que se den en el ámbito de la reunión convocada para fin de mes. La posición tradicional de la Asociación de Magistrados, que todos en principio acompañamos, es que nosotros no debíamos pagar Ganancias. Pero es cierto que parece como un privilegio desmesurado. Es un tema que hay que debatir. Sí estoy en contra de la postura que se ha manejado en algún momento sobre la jubilación. Nosotros recibimos el 82 por ciento, pero no es una jubilación de privilegio, aportamos mucho más de lo que aportan las demás personas. Si el Congreso, que es la representación popular, dice en algún momento que debemos pagar Ganancias y no tener esa jubilación, será así. Pero no es la discusión central.

–La solución parece pasar por cambiar la mentalidad de los administradores de justicia más que por alguna medida en particular.

–Sí. Es un cambio a futuro. Esta Corte es una Corte progresista pero las Cortes no han ayudado. Y el recambio no se produjo. Ha habido un recambio relativo político...

–¿Recambio en qué sentido?

–De gente joven. Por ejemplo en la Cámara de Casación. Está renovada, pero en una porción mínima y creo que renovar por gente que está en perfectas condiciones de jubilarse es bueno. Y que la gente mire. Me parece bien que las asociaciones de la sociedad civil estudien los fallos, que monitoreen.

Victoria Ginzberg

Solicit Ada by

Respuesta pública a Julio Maier, sobre la Justicia

PRIMERO EMPEZÓ MEMPO GIARDINELLI, LUEGO LE CONTESTÓ JULIO MAIER, PERO MEMPO SIGUE INSISTIENDO.

EL DEBATE SOBRE LA JUSTICIA SIGUE...





Estimado Dr. Maier:

La verdad es que me honra su Carta abierta, a la vez que me hace soltar un suspiro de alivio porque ya me parecía extraño que mi artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, publicado en Página 12 el pasado viernes 20, tuviera por toda respuesta pública el silencio. Y digo “pública” porque en privado sí he recibido comentarios, y eso mismo es parte de mi cuestionamiento.

Soy consciente de que esa nota fue provocativa, aunque no por serlo nomás, sino porque pienso –sigo pensando– que el estado de la Justicia en la Argentina es penoso y amerita un debate sincero, público y profundo. No es con silencios o negaciones como nuestro país mejorará al Poder Judicial, que es uno de los pilares de la democracia y de nuestro sistema constitucional.

Entiendo, respeto y acepto la validez de sus argumentos, máxime por ser fruto de su larga experiencia tribunalicia y docente. No obstante lo cual, y parafraseando a Galileo Galilei, insistiré en que la Justicia argentina está en coma o casi. Y no creo, como usted dice, que se trate de “una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución”. Todo lo contrario: es una simplificación para que en efecto se ataque el problema en busca de soluciones. Me disculpará usted, pero a veces acusar de “simplificación” a un argumento, como acusarlo de “generalización”, es un recurso nulificador de la posibilidad de empezar un debate.

Lo que propuse debatir es el sistema judicial. Tómelo como otra simplificación, si quiere, pero es el sistema el que hace agua. Por eso me parece que ya es hora de que los hombres y mujeres que se formaron en Derecho y tienen en sus manos y en su labor cotidiana la impartición de justicia en nuestro país, comiencen por aceptar públicamente lo que sólo aceptan en privado: que la administración de Justicia argentina es un desastre. Con honrosas excepciones, que siempre hay que subrayar, pero un desastre.

Sé que de ninguna manera es su caso, estimado Doctor, pero la mayoría de sus colegas eluden aceptar el pésimo estado de la Justicia, y mucho menos se plantean discutir e implementar las urgentes y profundas correcciones necesarias. Maestros de la elusión, la elipsis, el manejo de los plazos y las prescripciones, la mayoría siempre elude. Y muchos se ofenden demasiado fácilmente.

Por supuesto que comparto con usted la idea de que “los pobres sufren todo de mala calidad”. Así es. Pero si la vulnerabilidad de los pobres hace que para ellos todo sea de mala calidad, entonces ésa es la razón fundamental para que de una vez se modifique el sistema que hace que la Justicia sea de tan injusta específicamente para ellos.

De hecho, usted mismo está aceptando y coincidiendo conmigo en que hay una Justicia –degradada– para los pobres, y otra para los acomodados. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar. Para lo cual hay que empezar a debatir eso, y no mi pertinencia o simplificación o generalización. Que yo soy Nadie y en esto lo que verdaderamente importa es que la impunidad existe de manera abrumadora y es sistema. Sobre todo esto último.

Por eso hay temor en la así llamada “familia judicial”, y es un temor grande. Me lo dicen amigos y amigas abogados, tenaces litigantes que llevan años pateando juzgados. Conozco bien a muchos de ellos, fueron mis compañeros en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, y de algunos tengo el más elevado concepto, como lo tengo de usted. Y sé que ellos tienen miedo, como lo tienen algunos secretarios, oficiales de justicia, escribientes y hasta cosedores de expedientes que también conozco. Todos me dicen que es cierto lo que digo, y qué bueno que lo digo yo que no estoy en el sistema.

Para decirlo shakespearianamente, algo huele mal en Dinamarca. Y es claro que no sé con exactitud cómo se arregla, pero de lo que no tengo dudas es de que la Justicia en la Argentina es un enfermo grave que disimula sus males mediante pactos implícitos de silencio. Porque todos y todas saben que hay coimas y corrupción, y genuflexiones de todo tipo. Pero de eso nunca hablan en público. Y mientras tanto el Poder Judicial, como corporación, zafa de las críticas y las desautoriza.

El sistema está armado para que mediática y popularmente sea más fácil darle palos al Poder Legislativo. Los legisladores, se sabe, están desprestigiados casi irreversiblemente y cualquier senador o diputado está bajo sospecha per se.

Y ni se diga del Poder Ejecutivo: presidentes, ministros y gobernadores siempre están en cuestión y existe la presunción (muchas veces autoconfirmada, desde ya) de que son todos corruptos e ineptos.

Pero el Poder Judicial siempre zafa, quizá por ese estilo acartonado y solemne que distingue a la mayoría de los miembros de la corporación. Doctorísimos y ceñudos, muchísimos jueces y abogados de la “familia judicial” argentina, la federal y la de todas las provincias incluidas, miran para otro lado y hacen silencio, como si el “secreto de sumario” fuese una garantía más de impunidad.

Si a veces hasta pareciera que no son tan argentinos como cualquier otro funcionario, legislador o ciudadano.

Por eso, Dr. Maier, mi pregunta sigue en pie aunque le parezca una simplificación: ¿de qué hablamos, en este país nuestro, cuando hablamos de Justicia?

Reciba mi saludo más respetuoso y cordial.

Mempo Giardinelli

LEA LOS ANTECEDENTES:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

(INICIO)

Carta pública a Mempo Giardinelli

(RESPUESTA)


La presente nota es la respuesta de MG a la "Carta pública..."

Carta pública a Mempo Giardinelli

Estimado Mempo:

Perdóneme la confianza de tratarlo por su nombre o apodo, pero él siempre me resultó simpático y fue uno de los factores para que siempre lo lea con gusto cuando opina. Sospecho que, si yo lo conociera y tuviera el gusto de charlar con Ud., estaríamos de acuerdo en muchos de nuestros juicios y valores. Al menos así lo sentí desde la polémica con Osvaldo Bayer por el homicidio del jefe de policía Falcón por intermedio de Página/12. Yo, humildemente dicho, estaba de su lado y algo escribí sobre ello, que hoy no hallo.

Pero me parece que su opinión (“¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, Página/12, 19/1/2012), es, cuanto menos, una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución.

Para que conozca a quien le escribe: en lo que al tema concierne, soy jurista, jurista anciano y creo –no me concierne ni me gusta juzgarme a mí mismo– que he sido honorable en el ejercicio de mi profesión en todos sus aspectos: docencia, abogacía y función judicial.

Por lo demás, a pesar de haber sido juez durante muchos años de mi vida, siempre critiqué la labor de los jueces, el lenguaje de los jueces, las creencias de los jueces en sus decisiones. Puedo dar fe de lo que digo, pero me consumiría demasiado espacio y, además, Ud., seguramente, encontrará quien no lo crea así o me critique.

Su opinión puede sintetizarse por la denuncia de que la justicia de los pobres es de mucho menor calidad que aquella que experimentan los ricos o pudientes (en varios sentidos). Y yo creo que Ud. tiene razón o se aproxima a la verdad pero, en cambio, no creo que esta advertencia sea distinta a la misma afirmación en otros campos del conocimiento.

Ud. mismo trata el caso de la niña embarazada por violación que no consigue interrumpir su embarazo. En realidad –según lo expone en Página/12, un día antes de su opinión, alguien con mayor prestigio– ése no debería ser un caso judicial. Al menos podemos concordar en que, mucho antes de la intervención de un juez –innecesaria–, el problema corresponde al ámbito de la salud. Y el mismo caso nos ilustra acerca de algo que ya sabemos: el ejercicio de la medicina no es idéntico para los pobres que para otros más poderosos, sobre todo, económicamente. Los pobres sufren todo de mala calidad; el problema se repite cada vez que ellos deben acudir al auxilio ajeno, sobre todo estatal. Esto es aquello que se invoca, en primer lugar, con la palabra “vulnerable”.

Pero, por otro lado, Ud. revela, a mi juicio, una exagerada confianza –a través de una crítica exagerada de su aplicación real– en el Derecho Penal como sinónimo de justicia, o en la solución de la pena estatal, mejor aún, de la privación de libertad, mejor, de la prisión, pues, según intuyo, los casos que critica tienen de común la llamada “impunidad”, tanto en su iniciación como en su final.

Según yo opino, no resulta argumentablemente justificable que unos seres humanos encierren a otros. La prisión como castigo no soluciona problema alguno, sino que crea al margen otros problemas. Debo admitir que culturalmente no toleramos que algunos hechos graves, como el homicidio y el ejercicio de diversas violencias graves, no sean provocadores del encierro, tanto para sospechosos inmediatos como para juzgados. Y también que la regla cultural le es aplicable directamente a los vulnerables, mientras que los que pueden defenderse con idoneidad consiguen esquivarla, al menos durante el comienzo y la tramitación del juicio. Pero seamos también justos y digamos que esta última aplicación es la correcta, en el sentido republicano, pues antes del juicio y de la sentencia todos gozamos de la presunción de ser inocentes. El problema, según creo, es la solución inútil e injusta que representa la prisión para cualquiera y que sólo es tolerable ligada a una aplicación mínima, igualitaria para todos, pero mínima.

Julio Maier
Profesor titular consulto de Derecho Penal, UBA.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.

Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.

Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en Página 12.

Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.

Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.

Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.

Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011, había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2.433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009, hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.

Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.

Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.

Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.

Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (...). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.

Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.

En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.

La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en Página 12 por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia... de silencio e ineptitud.

¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

Mempo Giardinelli