jueves, 16 de agosto de 2018

UBERTI: IMAGINA IMAGINADOR





El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti dijo las palabras mágicas: “Néstor, Cristina, bolsos, valijas, bóvedas”. Con eso consiguió firmar un acuerdo para ser considerado imputado-colaborador y con ello le dieron el boleto para transportarse desde una celda inminente en Marcos Paz hacia su confortable casa.

No necesitó presentar ni una sola prueba. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurriría en un juicio, la declaración no sirve para nada, porque carece de evidencias para sostener lo que dijo.

Por ejemplo, declaró que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. “No lo vi, pero lo sé por comentarios”. Fue en octubre de 2010. Se trata de un dato asombroso teniendo en cuenta que Uberti había dejado de ser funcionario en agosto de 2007. En paralelo, el ex titular de las concesiones viales contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri, es decir que el propio presidente queda salpicado. Tampoco en esto Uberti presentó prueba alguna e involucró a Techint en los pagos oscuros.

El nuevo arrepentido fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), desde 2003 hasta el momento en que renunció por el caso de la valija de Antonini Wilson, en agosto de 2007. El se califica a sí mismo como “funcionario de cuarta categoría”, pese a lo cual manifiesta haberle llevado bolsos y valijas a Néstor Kirchner en persona. Al principio dice que le entregaba 150 mil dólares por mes de los concesionarios viales a Julio De Vido, pero luego que llevaba esa cifra directamente a Néstor Kirchner en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Al menos en el texto de la declaración no hay testigos ni nadie que pueda verificar la versión, salvo los empresarios que pusieron el dinero. El problema es que el método extorsivo utilizado en el expediente impide saber si, ante la posibilidad de ir preso, el empresario que declare dirá la verdad o dirá lo que le permita eludir el calabozo.

En la declaración ante el juez Bonadio, el ex funcionario dijo que el número 2 de Techint, Luis Bentatza, le dio 100 mil dólares en efectivo para entregarle a Kirchner; que en otra ocasión, uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le entregó “una valija con 10 millones de euros, que sacó de su Fiat Mondeo (sic)”, y también tuvo la oportunidad de subir al departamento de la calle Uruguay “donde había valijas en el pallier y en su dormitorio muchas más. No había nadie en el departamento. Por referencias de Daniel Muñoz –fallecido secretario de Kirchner– esas valijas iban a Santa Cruz. Eran como 20 valijas. Las iban a poner en bóvedas compradas al Banco Hipotecario y que estaban en la casa de los Kirchner en Río Gallegos”.

Se ve que Uberti debía incorporar elementos que no pesarían desde el punto de vista judicial, pero sí servirían como escenografía de color para el periodismo. Por ejemplo, cuenta que Néstor Kirchner le pegaba a sus colaboradores, que ordenó pegarle tres golpes a uno de los hermanos Zacarías, Rubén, porque no le entregó el diario a tiempo o que el fallecido presidente tiraba los paquetes de dinero cuando eran en pesos y no en euros o dólares. Por supuesto que no se privó de mencionar al gran objetivo del juez, Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cuestión no era ajena a la Sra. Kirchner que presenciaba los transportes de dinero”, declaró Uberti. El ex funcionario agregó que en una ocasión, Néstor Kirchner lo mandó a ver al empresario Juan Carlos Relats para que entregue dinero para construcciones o reformas en el hotel Los Sauces. Es una jugada a varias bandas. Relats falleció, imputa a Cristina Kirchner y vincula la maniobra con la causa Los Sauces, que también instruye Bonadio.

En todo el relato que, con las certificaciones y la aceptación de Bonadio totaliza 13 páginas, nuevamente no aparece un testigo vivo ni algún elemento que permita verificar los dichos.

Todos son valijas y bolsos, no hay cuentas, no hay propiedades, no hay sociedades ocultas y habrá que ver si aparecen las famosas bóvedas. En su momento se armó el mismo mito respecto de la casa de Calafate y el propio arquitecto desmintió la versión de la existencia de las bóvedas. Respecto de los bolsos, quien los mencionó fue la supuesta secretaria Miriam Quiroga, cuyos dichos fueron desmentidos por ella misma ante el juez Luis Rodríguez.

Parece claro que en semejante cuadro de coacción, de prisiones arbitrarias y de la falta de una búsqueda rigurosa y silenciosa de pruebas, será muy difícil esclarecer los casos de corrupción. La matriz es la persecución, tapar la grave crisis económica, en lugar de investigar la verdad.













El extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti se había entregado el lunes 13-8 a la Justicia y negoció declarar como imputado-colaborador. El nombre de Uberti reapareció a raíz de la declaración del número 2 de Techint, Luis Benatza, quien justificó el supuesto aporte de miles de dólares a través de Roberto Baratta para pagar virtuales gestiones del gobierno kirchnerista para que Hugo Chávez pagara una indemnización por la estatización de la siderúrgica venezolana Sidor, propiedad de Techint. Benatza, como los demás empresarios cercanos al macrismo, no aportó ninguna prueba y se fue a dormir tranquilo a su casa.

Uberti dejó el gobierno de Néstor Kirchner en agosto de 2007, a raíz de la aparición de 800 mil dólares en un vuelo privado en el que volvieron de Caracas distintos funcionarios. El responsable de permitir que Guido Alejandro Antonini Wilson subiera al avión fue el que estaba a la cabeza de la misión, Uberti, por lo que tuvo que renunciar.

La causa quedó en la nada, porque Estados Unidos nunca permitió que Antonini Wilson declarara en la Argentina. Washington pactó con Antonini que acusara a las autoridades del gobierno de Hugo Chávez, pero nunca justificó de dónde sacó el dinero. Uberti quedó imputado en aquella causa, pero el juez Pablo Yadarola cerró el expediente en junio pasado, señalando que no había pruebas suficientes contra Uberti. 

Habrá que ver qué es lo que declara el ex funcionario, ahora arrepentido, respecto de la negociación con Chávez por Sidor. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo el domingo en Radio 10 que hubo una reunión, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas de 2005, en la que participaron Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y el propio Fernández. El ex jefe de Gabinete afirmó que en esa reunión quedó firme que Venezuela le pagaría a Techint y que la negociación continuaría en forma directa entre Rocca y Hugo Chávez. “En ese momento mismo, intercambiaron teléfonos y la forma de comunicarse. De ninguna manera hubo coima. Es una canallada. Yo estuve ahí”, redondeó Alberto Fernández.



domingo, 12 de agosto de 2018

EL SANTO OFICIO DE COMODORO PY





Yesid Reyes Alvarado es un destacado jurista colombiano. Es hijo de Alfonso Reyes Echandía quien fuera presidente de la Corte Suprema de su país, y fue asesinado por la guerrilla del M-19, junto a otros magistrados. El crimen provocó cambios legislativos radicales: tribunales en las sombras, testigos ocultos, ley del arrepentido.

Lejos del furor de la vendetta, Reyes Alvarado cuestiona las innovaciones que compara con un regreso a los métodos de la Inquisición. Afirma que la obtención de evidencia en la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la prioridad de los derechos individuales de los acusados. Hay jerarquía de derechos… De lo contrario, fulmina, regresan en este siglo las reglas del Santo Oficio.

Corresponde trasladar la prédica a la Argentina, para abordar la causa más famosa de estas semanas. La productividad informativa de un proceso penal no sanea sus vicios:

→ Forum shopping ejercitado por el juez federal Claudio Bonadío para adjudicarse el expediente.

→ Abuso de la prisión preventiva aplicada a granel a todos los sospechosos, sin mediar condena ni siquiera procesamiento.

→ Manejo discrecional de la institución del “arrepentido”, que técnicamente debe llamarse “delator premiado”.

○○○

El encarcelamiento arbitrario se usa para quebrar voluntades. Una nota de la periodista Emilia Delfino en “Perfil” describe el primer recurso del método que practica el juez Claudio Bonadío junto al fiscal Carlos Stornelli. Se titula “El olor a tumba, clave en el operativo ablande de los empresarios arrepentidos”. Comenta que es crucial alojarlos en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La cárcel, lejos del mandato constitucional, es inhóspita con hedor “a vómitos, suciedad, orina y materia fecal” de anteriores reclusos. Así se los ablanda y se ponen en marcha los pactos con los “arrepentidos”.

La norma estipula que para ser arrepentido un ciudadano debe confesar un delito, señalar a otros culpables (de rango superior) aportar pruebas. A cambio de eso podría (se resalta el potencial) obtener una reducción en su condena. Supeditada a que sus dichos sean veraces y las pruebas conducentes. Dicha decisión se toma recién al dictar sentencia.

En los trámites previos (ahorramos tecnicismos y jerga, aspirando a no falsear) se les concede un tratamiento especial, “a cuenta” de lo que se produzca en el proceso, En el que también intervienen otros acusados, con derecho a defenderse y producir prueba.

Bajo esa cobertura, lo que ocurre en Comodoro Py es sideralmente distinto al sistema mencionado. Lo que explica por qué tantos empresarios “confiesan” haber sido víctimas y niegan estar incursos en cohechos (coimas) u otros delitos similares. Supuestamente se meten en un brete al macanear tanto: el aspirante a arrepentido que miente no solo pierde su beneficio, sino que agrega una condena adicional a la que ya corresponde.

Pero los empresarios ablandados no están deveras, comerciando esa condena futura para la que faltan años, acaso un lustro. Negocian el presente bajo la amenaza de quedar encanados ahora: “zafan” de esa presión ilícita. El porvenir es virtual, el presente inquisitorial y fétido los mueve. Pactan quedar afuera ahora, más adelante se verá. Por cierto, del otro lado de la mesa fomentan la burla a la ley.

○○○

Se hace forzoso colar una reflexión. El razonamiento que hacemos goza de bajo rating en los medios dominantes e, intuye el cronista, en vastos sectores de opinión pública.

¿Para qué reconocer derechos humanos a los delincuentes? ¿Por qué no meterlos a la sombra ahora mismo, cuando los dichos de varios testigos son verosímiles? La respuesta es obvia y, tal vez, minoritaria. La enfatizamos, de todas maneras. Porque se supone que rigen la Constitución, el Código penal, la presunción de inocencia. Y revistamos en la tradición penal de Occidente.

La justificación de la tortura es similar a la operatoria que reseñamos, mal que les pese a los flamantes cruzados de la decencia.

○○○

El expediente sigue adelante, obteniendo revelaciones creíbles cuyo impacto político y cultural es inmediato. Por añadidura los “arrepentidos” jamás se retractarían porque se verían implicados en falso testimonio o conductas similares, perdiendo la protección obtenida. Los otros encausados están impedidos de apelar los pactos, porque les son ajenos. Los fiscales, en línea con el Gobierno, seguramente no moverán un dedo.

Los testimonios obtenidos inducen a pensar que hubo cartelización de la obra pública, retornos o coimas, pagos regulares de empresarios a funcionarios. No sería novedad pero eso no exculpa a nadie ni política ni penalmente.

Corresponde pesquisar, permitir defenderse a los sospechosos, procesar y condenar cuando existan pruebas que rebatan la presunción de inocencia. Nada de eso se controvierte acá.

Solo se advierte que con pruebas contaminadas, abusos de poder y violaciones de derechos se genera un precedente tremendo, que posiblemente induzca a vendettas judiciales futuras. Y a repetir la vindicta contra otros rivales políticos, acaso de distinto partidario ideológico al kirchnerismo. La legisladora porteña de izquierda Myriam Bregman alertó: la amenaza puede propagarse para reprimir la protesta social.

○○○

Debería ser iluminador el ejemplo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que se honraron todas las garantías de los acusados. Pero tan noble memoria cae en el olvido. Todo vale en la cruzada continental contra el “populismo de izquierda”.


Por Mario Wainfeld



miércoles, 8 de agosto de 2018

AMADO Y ODIADO






La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente.

También se comprobó que Ciccone no era de Boudou, ni The Old Fund era de Boudou. Lo más sólido de lo que se ventiló alrededor del caso es que el dinero de The Old Fund provino del empresario y financista Raúl Moneta. Y que el management de la Ciccone recuperada estuvo a cargo de Jorge Brito, del Banco Macro. No se aportó ni una prueba de que Brito podría ser el testaferro de Boudou. Su relación es lejana.

Cuando el Estado nacionalizó Ciccone hubo un sólo reclamo de indemnización: el que realizó Raúl Moneta. Prueba de que él puso el dinero.

Finalmente, lo más grotesco: el Tribunal Oral Número 4 (los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, que votó en disidencia) nunca manda a prisión a quienes condena. Respeta el derecho a apelar a Casación, para que la condena tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido por los organismos internacionales. Ni Boudou ni Núñez Carmona tienen condena firme. En este caso no cumplieron con esa tradición, dos de los tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según le explicaron desde Tribunales a la periodista Irina Hauser, “porque los tiempos cambiaron”.

No deben leerse estos casos como hechos aislados. Deben leerse en el marco de la ofensiva judicial-política-mediática que se vive a nivel continental. Es el establishment usando a la justicia para que no vuelva lo que ellos llaman “el populismo”. El emblema es Lula, preso en Brasil. El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a la presidencia.

Los métodos no importan.

Por Raúl Kollmann



El presidente del tribunal oral IV que condenó y envió a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso de la imprenta Ciccone, Pablo Bertuzzi, fue premiado por la tarea cumplida: perseguir opositores. Ahora, tiene allanado el camino para pasar a integrar una de las vacantes en la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los presidentes de sus cuatro salas y la presidencia del tribunal, acordó no oponer reparo alguno al traslado solicitado por el magistrado al Consejo de la Magistratura, que el mes que viene oficializaría el pase, según el cronograma de reuniones de este organismo.

De esta manera, Bertuzzi ocupará luego de setiembre una de las tres vacantes existentes en la cámara de apelaciones por las que pasan todos los casos de corrupción en la administración pública nacional investigados en los doce juzgados de instrucción de los tribunales de Comodoro Py. El actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) se sumará a sus colegas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en la sala I de la Cámara Federal porteña. La sala II tiene a uno solo juez de tres puestos, Martín Irurzun.





LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...