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viernes, 1 de enero de 2021

AMADO BOUDOU, EL REHÉN DEL LAWFARE


 
Amado Boudou: “Están armando la campaña electoral de 2021 alrededor de las causas judiciales" 

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, el juez Daniel Obligado le revocó la prisión domiciliaria a Boudou.

Están armando la campaña electoral de 2021 alrededor de las causas judiciales, como hicieron anteriormente. Es una cuestión estructural”, apuntó el exvicepresidente Amado Boudou.
 
En diálogo con la AM 750, el exvicepresidente aseguró que “el lawfare es una cuestión política” y que “en la Argentina no hay ley”. “Hay imposición desde un sistema mediático-empresarial de repartir castigos y premios según quien ayude a sus intereses o quien se ponga en el medio de sus intereses”, acusó.
 
 
 
 

El exvicepresidente explicó que "la prisión domiciliaria es importante para compartir con mis dos bebés, pero no deja de ser prisión. Y no deja de ser el resultado de farsa judicial que lo único que hace es convalidar una farsa mediática que ya lleva 8 años".

"No lo veo como una cuestión personal, aunque el dolor sea personal -agregó-. Esto sucede en los momentos en que hay que estar hablando de la ampliación de derechos en la Argentina, cuando hay que estar hablando de que fue ley la posibilidad de las mujeres de tener derecho a la interrupción del embarazo sin persecución penal. Se hace cuando fue ley la recuperación de la ley de movilidad jubilatoria que habíamos puesto en funcionamiento durante el gobierno de Cristina."

Amado Boudou aseguró que la persecusión “tiene que ver con la política más miserable que tiene que ver con tratar de obturar los esfuerzos para mejorar la vida de las personas” y habló de la complicidad mediático-política-judicial. “La sentencia de Obligado la tenía La Nación antes de que me la notificaran a mí. La publicaron antes de que me la notificaran. Está claro que es una farsa de justicia, manifestó.

El exvicepresidente reconoció que se necesita “una solución política”, pero reiteró que no quiere ser indultado. 

“Voy a seguir peleando por mi inocencia desde el lugar que sea”



Durante la tarde noche del miércoles 30 de diciembre, el juez Daniel Obligado revocó el arresto domiciliario del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. El magistrado dispuso que el ex titular de la ANSES tenga que retornar a la cárcel. La decisión, que es apelable, la tomó al filo del cierre del año judicial y cerca de la medianoche.

Más allá de esta situación, el juez Daniel Obligado puede no llevarse adelante de manera inmediata porque Amado Boudou tiene la posibilidad de recurrir la medida a través de un recurso de Casación. Con respecto a esta situación, Boudou podría volver a la cárcel cuando el fallo quede firme y eso solo podría pasar después de la feria judicial de enero. 

El arresto domiciliario de Boudou fue dictado en abril pasado cuando el juez Obligado lo dispuso. En las últimas semanas, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín había pedido que regrese a la cárcel para cumplir su condena.  

Cabe mencionar que Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone.

Por otro lado, vale recordar un día después de que la Corte Suprema confirmara todas las condenas en la causa Ciccone, la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal Marcelo Combo pidieron que Boudou vuelva a la cárcel. La defensa del exfuncionario, a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, presentó un escrito argumentando que las circunstancias por las cuales el juez Obligado le otorgó la domiciliaria no se modificaron.

En abril, cuando le otorgó el derecho, Obligado tuvo en cuenta la situación familiar y la crisis sanitaria por la pandemia. En aquel momento, había afirmado: “Hasta el momento, entonces, (Boudou) viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuesto y también registra Conducta 10, Concepto 6 (lo cual surge del reciente Informe Socio Ambiental). En definitiva, en este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia COVID-19, incrementa los riesgos personales del condenado Amado Boudou en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario”.

 

 


 

 
 
 
 
 

jueves, 31 de diciembre de 2020

EL LAWFARE SIGUE VIVO CON LOSARDO


 Emiliano Blanco, ejecutor del espionaje a presos políticos
 
    Emiliano Blanco, que espió a Boudou en la cárcel, hoy trabaja con la ministra de Justicia Marcela Losardo. Es el exdirector del Servicio Penitenciario durante el gobierno de Macri, responsable del espionaje a presos políticos e incluso a sus abogados. Aún trabaja en el ministerio de Justicia a pesar de todas las pruebas en su contra.
 
La ministra de Justicia, Marcela Losardo
 

Emiliano Blanco, ejecutor del espionaje a presos políticos durante el Gobierno de Mauricio Macri, trabaja aún hoy en el Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo. Entre los espiados cuando estaba en el penal de Ezeiza estuvo Amado Boudou e incluso sus abogados. El dato de que sigue trabajando con el actual gobierno lo dio él mismo al ser indagado en la causa de espionaje. El Destape pudo confirmarlo a través de documentación y diversas fuentes.

El rol de Blanco en el lawfare no fue menor. Era el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el reinado de la Doctrina Irurzun, mecanismo utilizado por el gobierno de Macri y Clarín para encarcelar ex funcionarios kirchneristas sin condena. Varios de ellos contaron los maltratos constantes a los que fueron sometidos por el personal que dependía de Blanco. Luego, cuando se destapó la caja de pandora del espionaje ilegal, se supo además que Emiliano Blanco y sus subordinados desplegaron un aparato de espionaje que incluía a los presos y a sus abogados, donde se violaba tanto la intimidad de los primeros como la relación abogado-cliente.

El espionaje en las cárceles es uno de los capítulos en la causa por las operaciones de inteligencia ilegales desplegadas en la era Macri. El rol de Blanco fue detallado en varias notas de Franco Mizrahi en El Destape. Todo se hizo a través del programa penitenciario “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), que manejaba Blanco.

El IRIC era manejado por Blanco y funcionaba bajo la órbita de otros dos engranajes del lawfare: el ministro de Justicia Germán Garavano y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, hoy cobijado por Horacio Rodríguez Larreta como fiscal general de la ciudad. Debajo de Blanco estaba Cristian Suriano, jefe de inteligencia del SPF que oficiaba de vínculo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un convenio entre Blanco y Gustavo Arribas daba la cobertura.

Tal como informó Mizrahi, los jefes de inteligencia penitenciaria reconocieron el espionaje en cárceles. Según la imputación en su contra existía una “organización criminal establecida por Emiliano Blanco”. Junto a otros funcionarios, y siguiendo las directivas de Blanco, los responsables de la inteligencia penitenciaria fueron los encargados de obtener, almacenar y sistematizar información sobre personas” mediante espionaje ilegal.

A finales de noviembre, en su declaración indagatoria, fue el propio Blanco el que informó que trabaja para el Ministerio de Justicia. Dado que es una instancia de defensa podía mentir, pero El Destape pudo reconstruir que dijo la verdad. Blanco está actualmente contratado en relación de dependencia por el Ministerio de Justicia a través de el Convenio Marco MJYDH- Acara Automotor.

 
 
 
La propia ministra Marcela Losardo también confirmó que este ejecutor del lawfare trabaja bajo su gestión. Fue a través de su cuenta de Twitter, que utilizó para responder a una serie de publicaciones periodísticas que decían que Losardo y Blanco tenían una amistad y eran vecinos. “Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive”, escribió la ministra. Ininterrumpida es hasta hoy, a un año de la asunción del nuevo Gobierno.
 
Más allá de lo que escribió Losardo lo cierto es que, como informó en su momento El Destape, en los primeros meses de su gestión la ministra quiso ascender a Blanco a Subsecretario de Asuntos Penitenciarios. El tema desató una fuerte interna en el Gobierno, ya que por entonces se conocía cómo Blanco había maltratado a los presos políticos. Sobre el espionaje había sospechas, hoy confirmadas.
 

El lobby para ascender a Blanco al cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios incluyó operaciones mediáticas como la nota que publicó Infobae el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumida Losardo, donde lo daban por designado. La ministra tiene sí una estrecha relación con Infobae, donde realizó una serie de entrevistas a jueces y fiscales en el ciclo Justicia Abierta de InfobaeTV. Lo cierto es que el resto de los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron designados y ese raviol siguió vacante. Había razones y sospechas que luego se confirmaron: no solo maltrató a los presos políticos sino que los espió.

Según Clarín, en ese momento el ascenso de Blanco se frenó por un tuit de la modelo Luciana Salazar. El tuit, también del 18 de diciembre de 2019, decía: “Escándalo en el Ministerio de Justicia por el intento de nombrar a Emiliano Blanco director del servicio penitenciario federal en lugar de su amigo Mahiques. Ambos piezas claves de la denuncia que formulo CFK en su descargo. Primera grieta con Losardo?” . La cuestión era más compleja que lo que simplificó Clarín con la modelo twittera como excusa. No podían decir que Blanco era proveedor de escuchas e información de manera ilegal. A pesar de eso, aún es parte del Ministerio de Justicia.

 

 Ari Lijalad

Ari Lijalad


 

 


 

 
 
 
 

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