El Gobierno creó por decreto una comisión para reformar el Código Civil y Comercial, a solo dos años de que se haya implementado la nueva norma. Los criterios de selección de los integrantes de esa comisión no dejan de ser llamativos. La integrarán la hija de la camarista que tiene parada la causa por el Correo Argentino, que involucra a la familia del presidente Mauricio Macri, y también un síndico en la causa del Correo que antes fue abogado de empresas del Grupo Macri como Socma. Incluso fue abogado de Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. En su momento, ese abogado fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquin por incompatibilidad en el cargo que ocupa, en el que se supone que debe velar para que el Grupo Macri pague la deuda multimillonaria que sigue teniendo con el Estado.
Con la firma de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, el decreto 182/2018 indicó que se creará una comisión para modificar parcialmente el Código Civil, que generará una anteproyecto en seis meses.
“Se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción”, dice el decreto. En el Ministerio de Justicia no dieron más detalles de cuáles aspectos son los que se buscarán cambiar. “Serán unos 20 artículos”, dijeron, sin más precisiones.
En Tribunales, interpretaron la decisión como una “devolución de gentilezas” al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien impulsó la reforma anterior del Código Civil. En las comisiones que convocó la Corte por la reforma judicial no se hablaba de otra cosa en los coffee break: todos interpretaban que el oficialismo quiere mojarle la oreja a Lorenzetti.
El Gobierno argumentó en el decreto que un grupo de especialistas del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado habían propuesto hacer modificaciones en el Código Civil. Ese programa lo dirige Agustina Díaz Cordero, que formará parte de la comisión de reforma. Se trata de la hija de la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien tiene parado hace tiempo el expediente por la deuda del Grupo Macri con el Correo argentino, como denunció la fiscal Boquin. Es, además, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
La hija de la camarista ya recibió anteriormente las atenciones de Macri: el Presidente la incluyó en una terna en el Senado para jueza civil, pese a que había quedado en el puesto 17 en el concurso (era la peor calificada de la terna, por lejos). Le fue mejor que en otro concurso para ser jueza comercial, en el que quedó en el puesto 32.
En el primer concurso, entre las jurados estaba la camarista Graciela Medina, que es esposa de Julio César Rivera, otro de los que integrará la comisión de redacción del próximo Código Civil. Rivera fue apoderado de diversas empresas del Grupo Macri, entre ellas Transmetro S.A. y Saframa, y patrocinó a Macri en su divorcio con Menditeguy en 2005. Macri lo propuso como conjuez de la Corte Suprema. No obstante, Rivera también es abogado de la Sindicatura General en la causa del Correo Argentino. La fiscal Boquin lo denunció por incompatibilidad, dado que como síndico debía buscar que el Grupo Macri pague: un ex abogado de ese grupo no parecería ser la persona indicada para el trabajo. Boquin indicó que la sindicatura tuvo posturas contradictorias con su deber.
Además de Rivera y Díaz Cordero, la comisión estará integrada por Ramón Daniel Pizarro, Marcelo Alejandro Rufino y Diego Botana. Este último había sido propuesto por el radical Ernesto Sanz para ocupar un puesto en la procuración del Tesoro, pero Carlos Balbín lo rechazó porque detectó posibles conflictos de interés. El otro candidato que proponía Sanz terminó siendo su reemplazante: Bernardo Saravia Frías, quien también fue abogado del Grupo Macri. Entre los antecedentes de Botana figura haber sido “expert witness en los Tribunales de Quiebras de la Ciudad de Nueva York en materia de derecho concursal argentino, en procesos de reestructuración internacional de deuda”, es decir, haber participado en el tribunal de Thomas Griesa. Ahora se ocupará del Código Civil.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Decreto 182/2018 Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación. Creación. Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2018 VISTO el Expediente N° EX-2017-34797815-APN-DDMIP#MJ, la Ley N° 26.994, y CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 26.994 se aprobó el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015. Que transcurridos DOS (2) años de la entrada en vigencia del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción. Que un equipo de especialistas convocados y reunidos en el ámbito del “PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHO PRIVADO”, creado por la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 441 del 24 de junio de 2016, trabajó en la iniciativa “Observatorio del Código Civil y Comercial” del “PROGRAMA JUSTICIA 2020” ambos en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio y concluyó que resulta necesario efectuar ajustes puntuales al Código vigente. Que atento lo expuesto, resulta necesaria la creación de una Comisión que lleve a cabo la actualización de la legislación nacional en materia de derecho privado, integrada por reconocidos juristas en la actividad académica, doctores Julio César RIVERA, Ramón Daniel PIZARRO, Diego BOTANA, Agustina DIAZ CORDERO, quien se desempeñara como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los mismos desarrollarán su tarea con carácter “ad honorem”. Que dicha Comisión tendrá como objetivo principal la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Que a su vez, corresponde establecer que la citada Comisión dictará su propio reglamento de funcionamiento, y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital de éste, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad. Que para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que tendrá a su cargo el dictado de las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten pertinentes. Que ha tomado intervención el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA: ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS la “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN”, la que tendrá a su cargo la elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL de un anteproyecto de ley de modificación parcial del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en el plazo de SEIS (6) meses a contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión. ARTÍCULO 2°.- La Comisión creada por el artículo 1° estará integrada por los doctores Julio César RIVERA (D.N.I. N° 7.606.530), Ramón Daniel PIZARRO (D.N.I. N° 11.187.062), Diego BOTANA (D.N.I. N° 21.831.349), Agustina DÍAZ CORDERO (D.N.I. N° 25.096.105), quien se desempeñará como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO (D.N.I. N° 14.886.709), quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los miembros de la Comisión desarrollarán su tarea “ad honorem”. ARTÍCULO 3°.- La “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN” dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital del Programa, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad. ARTÍCULO 4°.- Para el cumplimiento de su cometido la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el que dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para el cumplimiento del presente acto. ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Germán Carlos Garavano. e. 07/03/2018 N° 13906/18 v. 07/03/2018 Fecha de publicación 07/03/2018
Como parte de la estrategia de colonización del Poder Judicial, Mauricio Macri está cerca de firmar y enviar al Congreso un proyecto para Reformar el Consejo de la Magistratura –órgano clave en la designación y remoción de jueces– que tiene como eje el aumento del número de representantes de la corporación judicial entre los integrantes del organismo.
Más jueces y abogados y menor proporción de representantes del estamento político (únicos a los que vota la ciudadanía). Esa es la lógica de la propuesta, que fue redactada en el Ministerio de Justicia, diseñada con el Colegio de Abogados de la Capital Federal y en acuerdo con la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (o colegio de la calle Montevideo), una institución a la que el Gobierno viene utilizando para instrumentar su ofensiva, por ejemplo, contra los jueces federales cuyas sentencias no le agradan y para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Juristas y organizaciones especializadas advierten que los cambios previstos no traerán mejoras o incluso empeorarán el panorama.
La iniciativa forma parte de una reestructuración del sistema judicial con el ostensible objetivo del Gobierno de lograr un control sobre él, algo en lo que Macri trabaja desde los comienzos de su mandato presidencial, como se vio con la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema. De igual modo, se propuso desplazar a Gils Carbó, y lo logró a fuerza de presiones, denuncias y una declaración de inconstitucionalidad del sistema de juicio político para procuradores pensado para sentar las bases de una reforma del Ministerio Público Fiscal. Ese proyecto, que además de flexibilizar las mayorías para designar y echar al jefe o jefa de los fiscales, pretende darle participación al Poder Ejecutivo dentro de la estructura de la Procuración (en concursos, por ejemplo) y al Congreso sobre los fiscales, aún está en plena discusión. El oficialismo no consigue respaldo, pero insiste en que lo logrará. Lo mismo con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, cuestionada hasta por los propios jueces, y que entre una de sus misiones más silenciosas apunta a licuar el fuero laboral, denostado por el Presidente. En tribunales las apuestas dicen que el traspaso –que muchos jueces rechazan–, la posible extensión horaria que impulsa el Gobierno, igual que el achicamiento de la feria judicial, podrían generar vacantes, o sea, más posibilidades de nombramientos para la gestión actual.
El Consejo de la Magistratura nacional es el corazón de la maquinaria para nombrar jueces y sancionarlos o mandarlos a juicio político. En su composición actual tiene 13 integrantes, repartidos entre la representación política y la judicial: hay 3 diputados, 3 senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo, 2 abogados, 3 jueces y 1 académico.
Con este esquema, para el oficialismo no resulta fácil imponer sus decisiones, ya que suele depender de conseguir un voto para llegar a los dos tercios que requieren las decisiones más relevantes, como abrir un juicio político o elegir ternas. Hoy Cambiemos y sus aliados confían en que cuenta con la anuencia de las asociaciones de abogados y jueces que dominan las designaciones de representantes en el Consejo.
El proyecto propone sumar un juez y dos abogados a la integración vigente.
Entre los abogados, llevan la voz cantante el Colegio de Capital, que maneja Jorge Rizzo, además de abogado, un hábil político que suele acomodarse a la conducción de turno y elaboró las bases de esta reforma en ciernes; y también manda el Colegio de Montevideo, que avaló golpes de Estado e integran los estudios más grandes defensores de grandes empresas y represores. Lo dirige Guillermo Lipera, uno de los hombres incluidos en la lista de conjueces de la Corte que envió el Ejecutivo al Senado.
El Colegio de la calle Montevideo tiene un dominio cada vez más extendido en el Poder Judicial. En el Consejo es la institución que planteó y maneja una auditoría sobre los juzgados federales porteños por la que denunció a dos de los jueces que Macri tiene en la mira: Daniel Rafecas y Ariel Lijo. Sobre ellos dijo que cajoneaban causas, algo que ambos refutaron con informes de sus despachos. Pero, en simultáneo, se iniciaron acusaciones con la meta de llevarlos a juicio político. En el caso de Rafecas por su decisión de archivar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el de Lijo por dudas con su patrimonio. En voz baja le atribuyen beneficios a Julio De Vido. La ecuación del Gobierno con los jueces federales suele ser simple: mientras tomen decisiones que les resulten funcionales, nadie los molesta. La orden de Lijo de detener a Boudou fue inmediatamente posterior, de hecho, a la denuncia que le hizo el Colegio de Abogados.
Dar mayor representación en el Consejo al estamento judicial (jueces y abogados) es una concesión a la corporación, pero el Gobierno cuenta hoy con la certeza de que entre ellos, y en especial entre los abogados, tiene aliados. Los consejeros jueces serán elegidos por sistema D’Hont (dos de cámara y dos de primera instancia) y los abogados por voto directo de los matriculados. Uno de los requisitos que pone el proyecto para ser consejero es cumplir con los mismos que se exigen para ser juez de la Corte Suprema. Hasta ahora la ley no definía restricciones, pese a lo cual el senador Ruperto Godoy fue expulsado como consejero por no ser abogado. Eso permitió que se iniciara, con una mayoría circunstancial en el Consejo –que no estaba completo– el juicio político a Eduardo Freiler, impulsado por Cambiemos. Lo que deja a la vista la alianza que hay entre sectores judiciales y el poder político.
El jurista Alberto Binder sostiene que “el proyecto es más de lo mismo y, en realidad, agrava los problemas que ya tiene el Consejo. No se trata de seguir ampliando a más integrantes, lo que torna inoperante al organismo. Se convierte en un centro de negociaciones, en un cambalache”. Binder, referente del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, investiga modelos de “gobierno judicial” en la región para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. “En Inecip elaboramos un documento donde planteamos que debería tener siete miembros, y que deberían ser representantes. Es decir, ni jueces, ni abogados, senadores o diputados en ejercicio. No deben tener funciones duplicadas sino dedicación exclusiva”, señala el especialista.
Según el proyecto no podrán ser consejeros quienes tengan condenas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, contra la seguridad y el orden constitucional. No pueden ser reelegidos por más de un período consecutivo (duran cuatro años). Respecto del llamado a concursos para juzgados o tribunales vacantes, prevé que el plenario pueda instruir a la Comisión de selección que llame a concursos con anterioridad a la producción de vacantes. Este sistema podría aplicarse en la actualidad, pero el Consejo no lo ha hecho. Espera a que se produzca una vacante, lo que desata un aluvión de negociaciones, en especial cuando se trata de cargos con injerencia política. el consejo sigue tomando examen por cada vacante que se elige tarda años en cubrir esas vacantes. “Es indispensable que llame a examen y confeccione una lista de mérito anual, debe ser así, no una opción”, advierte Binder.
En la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que un déficit del proyecto es no preveer modificaciones en el sistema de selección de jueces y juezas. “Actualmente los consejeros tienen un amplio margen de discrecionalidad en la confección de las ternas de candidatos, que desvirtúa el sistema de concurso de oposición y antecedentes. Tampoco ofrece solución al problema crónico de las demoras para cubrir las vacantes, lo que ha posibilitado la proliferación de subrogancias y traspasos”, señala Renzo Lavin. “Tampoco se proyectan modificaciones sobre las facultades de administración del Consejo. El régimen actual mantiene facultades relevantes en materia presupuestaria en cabeza de la Corte Suprema, lo que implica un menoscabo de las funciones que la constitución le reconoce al Consejo”, añade.
En el Ministerio de Justicia señalan que el proyecto enviado a Macri mantiene la mayoría de dos tercios para elegir ternas o iniciar procesos de juicio político. En el texto que está subido a la página del llamado proyecto “Justicia 2020”, que ideó el ministro Germán Garavano con cambios en distintos ámbitos, dice que la mayoría será absoluta, es decir, bastaría con la mitad más unos de los votos para las decisiones de mayor trascendencia.
“No hay en la propuesta ningún criterio, por ejemplo, sobre paridad de género”, observa la jueza María Laura Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima. A su entender, la “suma de abogados incrementa la representación de instituciones que tradicionalmente han sido dirigidas por los grupos menos progresistas”. “Entre los requisitos a nadie se le pide, además de ser abogados, tener alguna experticia o antecedente en administración de Justicia”, advierte. “Creo que el oficialismo está forjando un armado político de favores y coacciones que les va a rendir muchos años –analiza la integrante de la Cámara de Casación porteña–, como en su momento hizo Carlos Corach.”
► Pablo Curlo es un operador turístico que pasaba por la zona de Villa Mascardi cuando se produjo el operativo del grupo Albatros que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. El hombre relató que los efectivos del grupo Albatros disparaban rodilla en tierra desde la ruta y hacia la montaña. Explicó que se encontraba a unos “50 o 60 metros” del lugar donde los uniformados “en el medio de la ruta” y con “armas largas” efectuaban disparos hacia la comunidad. “De abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres’”, detalló. En ese contexto, dijo haber visto como dos personas bajaron a un muchacho que parecía herido.
Curlo relató que llegó al lugar manejando una combi con turistas que volvían de una excursión en la zona del río Manso. Personal de la Policía Federal cortó el tránsito, y pudo observar como “cruzaban la ruta corriendo de un lado para otro lo que parecía ser gente de seguridad”. Instantes después, los efectivos “con uniformes color beige”, se apostaron rodilla al suelo y dispararon montaña arriba, según el testimonio.
“No sé si fue el preciso momento que este muchacho (por Rafael Nahuel) falleció. Desde la ruta no vi gente con (armas) 9 mm, yo veía gente con armas largas y tirando”, dijo a FM Horizonte de Bariloche. Especificó que eran “armas largas, tipo escopeta. No sé qué habría dentro del bosque, yo vi lo que estaba en la ruta, delante mío”.
El hombre aseguró que efectivos de Albatros “tiraba a mansalva”. Estos prefectos “disparaban” detrás de otro grupo de agentes “en formación” que los protegía en primera línea “con escudos”. Mientras sonaban los disparos “escuché un grupo de gente que estaba arriba gritando que dejen de tirar, que había mujeres, chicos y que estaban matando gente”.
Curlo detalló que en determinado momento “bajaron dos paisanos -de esos que uno se encuentra en la zona de El Manso o la estepa-, con un muchacho que bajaban en brazos, que yo supongo que era Rafael. A estos paisanos los precintaron o les pusieron esposas, no los trataron muy bien”, dijo. A la persona que trasladaban “la subieron a una ambulancia”. Los “paisanos” de los que habla Curlo son, probablemente, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, los jóvenes que fueron detenidos tras llevar el cuerpo de Rafael Nahuel.
Según interpretó del movimiento de las fuerzas de seguridad, “liberaron la zona para que no haya testigos” con el corte de la ruta Juan Herman -ex 40 sur, que une Bariloche con El Bolsón-. “Nos mandaron para Bariloche, la ruta seguía cortada, nos pidieron datos, documentos y nos revisaban el auto a ver si llevábamos a alguien en los baúles”, señaló.
El operador turístico confió que se decidió a dar su testimonio luego de recibir un mensaje de una cadena de whatsapp en el que algunos sectores de la sociedad de Bariloche convocan a una movilización “a favor de las fuerzas de seguridad”. Y señaló que está dispuesto a declarar ante el juez Gustavo Villanueva. “Yo creo que las fuerzas pueden ser necesarias y hay que apoyarlas, pero a mí me indignó ver que entre las filas de la fuerza estaban totalmente desbocados”.
En ese mismo sentido, contó que mientras se encontraba en el retén en la ruta “atrás mío, en la misma fila de autos, pasaban caminando y algunos decían ‘pegale un tiro en la frente a ese hijo de puta y dejame pasar’. Yo creo que la sociedad está enferma. Pide sangre para seguir tu camino. Eso me quedó grabado y es lo que quise transmitir”.
juez Gustavo Villanueva
► A pesar del apoyo pleno del Gobierno de Macri al grupo Albatros de la Prefectura, la autopsia del joven Rafael Nahuel, de 21 años, asesinado el sábado en Villa Mascardi, confirmó que fue atacado por la espalda y que el proyectil era de 9 mm, utilizado por las fuerzas federales.
El examen encargado por la Justicia reveló que la bala de plomo ingresó por el glúteo y se alojó en el tórax, lo que sería un indicio de prueba de que Rafael estaba agachado en el momento en que fue atacado por detrás.
El disparo atravesó órganos vitales, lo que ocasionó una hemorragia interna en el cuerpo del joven.
Tras el ataque de los prefectos, Fausto Jones Huala y Alejandro González bajaron hacia la ruta con Rafael en gravísimo estado. Ambos fueron detenidos y Rafael no llegó a recibir atención médica.
► Diego Morales, director del Área de litigio y defensa legal, repudió la actitud de los funcionarios y enmarcó el episodio en un contexto “de militarización de las regiones”. "La construcción de una imagen sobre la existencia de grupos armados es la respuesta más sencilla y más canalla que tiene el Estado de liberar sus responsabilidades”, agregó.
Morales criticó la postura del Estado frente a los reclamos territoriales de los pueblos originarios, pero además reprobó que los funcionarios recurran a acusaciones en contra de las comunidades para legitimar su accionar. “Se dice que existen grupos armados pero no se acreditan pruebas, no se presenta información, son solo comentarios. Lo que esto hace es deslindar responsabilidades por parte de los funcionarios del Estado y justificar el tipo de reacción", denunció en diálogo con FM La Patriada.
Esta mañana, los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) afirmaron que los mapuches de la comunidad tenían armas de grueso calibre y “estaban en una formación de tipo militar”, aunque no se reportaron heridos entre los efectivos ni tampoco se encontraron pruebas que acrediten esta versión. "No reconocen al Estado ni la Constitución, son grupos violentos que no respetan la ley", aseguraron de todas formas y destacaron: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”.
Para el CELS no hubo “necesariamente un enfrentamiento” entre el grupo Albatros y los miembros de la comunidad el día que murió Nahuel, como sostienen desde el Gobierno, “sino más bien un operativo deliberado realizado por las fuerzas de seguridad, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de intervención a través de coberturas de jueces o fiscales". Morales destacó que “hay una persona asesinada por parte de las fuerzas de seguridad”, y pidió que se establezca “una investigación imparcial” para que se explique “qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias”.
Morales alertó que el juez Gustavo Villanueva “no podría” investigar la muerte de Rafael porque él fue quien decidió el desalojó “violento” del día jueves, que habilitó la detención de mujeres, y el mismo magistrado que el día viernes ordenó el nuevo allanamiento y rastrillaje el sábado. Agregó que “él estuvo involucrado en todas las decisiones”que se fueron tomando desde el día jueves para este tiempo. “Se está resolviendo a través de la criminalización un simple caso de ocupación”, concluyó.
► “Rafael fue al lugar, a llevarles comida a los chicos que habían quedado arriba del cerro y la termino pagando y él no se lo merecía, esto se podría haber evitado”, con la voz que se le quiebra Ailén Tapia llora por su compañero muerto. Es una de las mujeres mapuche que fueron detenidas en la Lof Lafken Winkul Mapu el jueves a la madrugada en el marco de desalojo ordenado por el juez Gustavo Villanueva, y relató los abusos que sufrió una menor de edad a manos de los efectivos del grupo Albatros de la Prefectura. “Le hicieron comer tierra para callarla”, dijo Tapia sobre esta joven mapuche de 16 años que luego también terminó detenida.
--¿Qué pasó el día del desalojo?
--Mari Mari. Estoy acá desde la semana pasada, vine a ayudar en el proceso espiritual a una lamien (hermana). El miércoles se acercó el fiscal, el secretario, a una supuesta instancia de diálogo en la que nos dijeron “se van o los sacamos por la fuerza”. Jamás presentaron una orden escrita de desalojo. Al otro día, tipo 4 de la mañana, nos despertamos. Ya sabíamos que iban a venir, lo suponíamos. Empezamos a desarmar las cosas, y a esconderlas por el cerro porque sabíamos que iban a quemar y a romper todo, que fue lo que hicieron con las cosas que quedaron. Se empezaron a sentir los tiros y los gritos de los chicos que estaban más abajo, nosotras estábamos más arriba en el cerro con los nenes. Empezamos a ver que los chicos venían corriendo hacia donde estábamos nosotras, se veía la sangre, y yo salí corriendo. Una nena se asustó y salió corriendo atrás mío, la agarre y nos escondimos. Se escuchaban tiros, estaba de noche todavía. Vieron a la nena primero, que lloraba y me levantaron del piso, me pegaron en las piernas, nos patearon, me pegaron en la cabeza, me sacaron a la nena.
--¿Ahí estaba una menor de edad que también fue detenida?
--Sí, la lamien gritaba en mapudungun… le hicieron comer tierra... para hacerla callar… la estaban asfixiando. Le pegaron. Después nos empezaron a bajar cuando íbamos bajando vi a las otras chicas que estaban con sus hijos, y estaban todas reducidas, les tiraron gas pimienta cuando ya estaban reducidas, y no las dejaban acercarse a sus nenes. Estaban todas con precintos, los nenes lloraban porque tenían gas pimienta, estuvieron toda la mañana llorando, no tuvieron asistencia… La lamien de la que hablo es menorde edad, tiene 16 años, y estuvo con precintos hastaque nos trajeron a la comisaría. Esto fue tipo5dela mañana, 5 y media ya nos habían agarrado y tipo 11 del mediodía nos llevaron para la comisaria. Ahí nostuvieron hasta las 8 y media de la noche en un lugarreducido, con los nenes también presos. Sin ningún tipo de asistencia. En todo momento se rieron de nosotras. Siempre fueron varones los que nos encarcelaron, que no estaban identificados. No sabíamos quiénes eran. A la lamien, principalmente, la golpearon. Nosotras seguimos con lo puesto porque no nos devolvieron nuestras cosas. Todos los gobiernos nos reprimen. Pero de esta manera… y vivirlo así… yo en ningún momento me hice la loca o quise pegarle a algún policía y me pegaron igual y se burlaron de nuestra cultura.
--¿Estaban incomunicadas?
--Por todos los medios salió información pero a nuestras familias no les dijeron nada. El sábado estábamos en la puerta del hospital y los medios sabían antes que la propia familia que había un pibe muerto. Y circulaban un montón de cosas y nuestras familias, yo soy de Viedma, y nuestra familia, lejos, no sabían qué pensar, nosotros no podíamos comunicarnos. Yo sigo sin mi celular, siguen todas nuestras pertenencias en la comisaria. Los celulares posiblemente no nos lo devuelvan, para saber si somos de la RAM... es como un chiste. Es un chiste. Cualquiera que me conoce, yo soy docente, yo vine por una cuestión espiritual. Cualquiera que me conoce sabe que jamás en mi vida maté una mosca. Y mataron a Rafa…
--¿Qué pasó cuando las liberaron?
--Rafa me abrazó y pidió perdón por no haber estado en el momento cuando a nosotras nos agarraron. Después él fue al lugar, a llevarles comida a los chicos que habían quedado arriba del cerro… y la termino pagando y él no se lo merecía. Nos habían asegurado, nos aseguraron los abogados que a los chicos no les iba a pasar nada, hicieron habeas corpus. A nosotros no nos dejaron entrar al Poder Judicial a entregar un habeas corpus, nos decían que teníamos que estar con la abogada y eso no es así. Cualquier persona de civil lo puede presentar. En todo momento yo sé todos mis derechos, y en todo momento yo se los gritaba, en todo momento les decía que la lamien era menor de edad, que no podía estar precintada, que no la podían golpear… y aparte es una autoridad del pueblo mapuche que se está levantando.
--¿Qué significa esto?
--Algunas lamien son nuestra fuerza espiritual. Son quienes nos sanan, quienes ven lo que va a pasar, son las fortalezas de un pueblo. Y justamente el Estado Argentino hizo un trabajo de hormiga, para que ni siquiera nos podamos reconocer. Y hoy en día se están levantando los ñeñe y los newen y después de más de 100 años. Como no es algo que se elige, es de suma importancia para nuestro pueblo que suceda después de tanto tiempo. Estas personas sin sus cosas, sus instrumentos y su tierra, se enferman. No podemos ir cambiando de territorio. Los pu Lonko dijeron que ese es el lugar donde tiene que estar. Por eso ella está ahí... estaba ahí pero fue detenida como si fuera mayor. Y bueno, ahora nosotros estamos concausas, no podemos acercarnos al lugar más de 500 metros. Para nosotros, para nuestra cultura, tenemos que estar en el territorio, no podemos seguir en la ciudad y especialmente la gente de la comunidad. Hoy en día estoy acá apoyando a la comunidad. Y es sumamente necesario que la gente que tiene que estar ahí, porque espiritualmente es así, tiene que estar. Y hoy en día tenemos una orden de restricción. Nosotros si nos acercamos nos meten presos. Y nos habían asegurado que a los chicos no les iba a pasarnada y el juez mando a reprimir de nuevo y es como… ¿por qué medio lo hacemos? ¿No?Hagamos todo por la vía legal o por la fuerza de todas formas nos van a reprimir igual. Esto se podría haber evitado. La muerte de Rafase podría haber evitado, se podría haber entrado al diálogo. Pero de parte del Estado no fue así. De parte de Parques Nacionales no fue así. También tener en cuenta el historial de Parques Nacionales, ¿no? Sembrar el interrogante en la gente que averigue, por quién está manejado qué historial tiene.
¿Querés saber por qué asesinaron a Santiago y a Rafael?
Macri es el que promueve desarrollos inmobiliarios en la zona cordillerana, y Patricia Bullrich su brazo ejecutor.
Pero... ¿quiénes organizan esos negocios?
Mirá quienes son las autoridades de Parques Nacionales; te
sugiero que leas el currículum de cada uno del Directorio. Te vas a
asombrar el vínculo entre desarrolladores inmobiliarios y la
Administración central.
Cumplió funciones en la empresa Philip Morris Internacional
durante 25 años, en donde se desempeñó como Director de Marketing,
Gerente General y Vicepresidente de la filial argentina.
Desde 2008 alternó entre la Presidencia y la
Vicepresidencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero, sociedad
anónima de propiedad estatal que tiene como misión la implementación de
proyectos urbanos para ayudar a emprendedores y gobiernos locales a
concretar ideas e iniciativas de difícil implementación. Durante su
gestión, la Corporación recibió distinciones a nivel nacional e
internacional.
Comenzó su carrera ambiental en el año 1986 como voluntario
en Greenpeace Argentina. En esta ONG cumplió diversas funciones, entre
las que se destacó como gestor de campañas ambientales, estratega y
manager; hasta que en 2006 fue nombrado Director de Campañas de
Greenpeace Argentina.
En el año 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, ONG que
recibe donaciones con el objetivo de salvar bosques nativos en riesgo.
En esta función, sus principales logros fueron la creación de una
comunidad de 1000 donantes y la realización de la campaña para la
creación del Parque Nacional El Impenetrable.
→ Vocal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Lic. Pablo Galli– Decreto 238/2016
Licenciado en Comercialización de la Universidad Argentina
de la Empresa (UADE), realizó estudios de posgrado en las Universidades
de Chicago y Columbia, en Estados Unidos.
Comenzó su carrera profesional en agencias publicitarias
como Grey Advertising y McCann Erickson. Durante diez años se desempeñó
en Pepsi Cola Internacional, primero como Director de Marketing en
Argentina y después como CEO en Uruguay y Chile. Posteriormente fue CEO
de TELEFE S.A., Canal 9 y Capital Intelectual S.A.
Fue Presidente de la Asociación Argentina de Marketing y es
miembro del Consejo Académico del Posgrado de Marketing de la
Universidad de San Andrés, además de Managing Partner de Newlink Group
en Argentina, empresa dedicada a consultoría estratégica y
comunicaciones en América Latina con fuerte énfasis en las industrias de
Turismo, Tecnología, Finanzas y Alimentación.
→ Vocal por el Ministerio de Turismo de la Nación:
Lic. Roberto Brea
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad
Católica Argentina (UCA) y Master en Administración, se desempeñó como
Director Ejecutivo en distintas empresas: Bremur S.A; Investment Banking
Services; CTI; y Grupo Inmobiliario Ayres. Desde 2006 se desempeñó en
el mismo cargo en la compañía de desarrollo inmobiliario Pilará.
Desde el año 2015 ocupa el cargo de presidente de la farmacéutica argentina Laboratorios Andrómaco S.A.
→ Vocal por el Ministerio de Defensa de la Nación Arq. Gerardo Bianchi
Se graduó en la Universidad de Buenos Aires como
Arquitecto. En la Administración de Parques Nacionales encabezó diversos
proyectos entre los años 1980 y 1992. Durante ese período tuvo a cargo
la dirección y ejecución de Obras en la Casa Central y en los Parques
Nacionales Los Glaciares, Tierra del Fuego, Los Alerces, Calilegua e
Iguazú, entre otros. Fue representante del Organismo y Director Interino
de la Dirección de Concesiones y Servicios Públicos.
Durante el año 1992 se desempeñó como arquitecto en la
Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, para luego dedicarse
a la actividad privada.
→ Vocal por el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda: Dr. Mariano Grondona
Abogado, graduado en la Universidad Católica Argentina,
completó una Maestría en Jurisprudencia Comparativa en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Nueva York. Dio sus primeros pasos en el
Estudio Arnold & Porter y fue socio fundador del Estudio Pérez
Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz.
En la función pública se desempeñó como Síndico, fue
miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina y
asesor en el Ministerio de Economía de la Nación. Desde 1984 hasta 2011
fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en cátedras dedicadas al
Derecho Constitucional. Es autor de libros y realizó varias
colaboraciones y publicaciones científicas.
Socio del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires y es miembro fundador de la Comisión Directiva de la
Sociedad Rural Argentina (SRA).
El ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó como “legal” la detención de Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito, a pesar de que el ex vicepresidente ni siquiera fue procesado en la causa y que, incluso, su indagatoria fue llevada a cabo una vez que fue detenido.
El ministro rechazó que el exvicepresidente atraviese esta situación por el solo hecho de haber integrado el gobierno anterior, aunque se excusó de analizar el fallo judicial que lo llevó a prisión, al considerar que no le corresponde. “Es una detención legal”, insistió el funcionario nacional.
En diálogo por radio La Red, Garavano dijo que la legalidad de la detención de Boudou es independiente de "la difusión de las imágenes” de su arresto, y aseguró que “el juez y el Ministerio de Seguridad están investigando" cómo trascendieron las imágenes. "Las fuerzas de seguridad y la Justicia lo deben evitar”, sostuvo.
En cuanto a la presencia del ministro de Finanzas,Luis Caputo, en los denominados Paradise Papers, Garavano dijo que "la información que tenemos es parcial" y que, por lo que trascendió a través de la prensa se trata de "actividades previas a la función" pública.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió este fin de semana una nueva filtración de sociedades offshore creadas con el estudio de abogados Appleby en las que aparecen Caputo y también el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como director de una sociedad offshore radicada en Barbados que se benefició con más de 150 millones de dólares por la compra de gasoil por parte del Estado argentino en los últimos dos años.
