martes, 23 de julio de 2013

EL CASO MILANI





César Milani, siendo subteniente del Batallón de Ingenieros 141 con asiento en La Rioja, con fecha 29 de junio de 1976, a las 18:30 de la tarde, en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, donde estaba en actividad dicho batallón, actuó como "oficial informante" de la supuesta deserción del soldado Alberto Ledo. La firma de Milani en un documento oficial del Ejército, de cuya autenticidad no puede dudarse, se convierte en el dato más relevante sobre la implicancia del actual jefe del Ejército en la desaparición de Ledo. En ese documento consta que fue el entonces capitán Esteban Sanguinetti quien dispuso que fuera Milani la persona encargada de realizar este informe ante la jefatura del comando de operaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y la Quinta Brigada, con asiento en Tucumán, tenían para reprimir al pueblo tucumano con la excusa de combatir a los guerrilleros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez del ERP, que ya había sido diezmada y no registraba militantes ni guerrilleros en la llamada zona de operaciones.

En cuanto a Sanguinetti, tal como se consigna en la edición del pasado domingo de Miradas al Sur, fue señalado como el responsable directo de la desaparición de Ledo en el libro El escuadrón perdido de José Luis D’Andrea Mohr, valiente militar democrático que también fue del arma de Ingenieros al igual que Sanguinetti y Milani.

El informe firmado por Milani tiene un registro puntilloso de las pertenencias que habrían sido robadas por Ledo en su supuesta deserción. Allí no figuran armas reglamentarias pero sí la bolsa de dormir, la cuchara, la camisa y otros elementos provistos por el Estado. A tal punto llega el detalle que figura la valuación de cada una de las cosas, las que fueron sumadas hasta dar la cifra de 26.544 pesos de entonces. Más allá de la valoración moral que pueda merecer esto, lo que importa destacar es que en aquellos años se registraba absolutamente todo y que todos los reportes se hacían con firmas.

Alguno podrá preguntarse, con todo derecho, por qué apareció este documento recién cuando iba a tratarse ayer lunes 22 de julio el pliego para el ascenso de Milani al grado de teniente general. No faltarán quienes, con legítimos motivos, pensarán en la cantidad de operaciones de inteligencia que pudiera haber en el medio. Sin perjuicio de ello, debe saberse que en la Justicia Federal de Tucumán existe una causa caratulada "Brizuela de Ledo s/denuncia desaparición de Alberto Agapito Ledo", radicada ante el juez Daniel Bejas. Entre las actuaciones y archivos de ese juzgado se encuentra el documento en cuestión. Ahora, el documento en cuestión tiene estado público y orienta de modo preciso la implicancia que pudiera tener Milani en la desaparición de Ledo.

El viernes pasado, 19 de julio, Milani se presentó de modo espontáneo ante el juez Bejas. A la salida, y por pedido de este cronista, el periodista Ramiro Rearte le pidió una entrevista a Milani, quien se la dio en una de las oficinas del juzgado. Tal como consigna la edición del domingo 21 de julio de Miradas al Sur, al ser consultado sobre si conocía o no a Ledo, el actual jefe del Ejército respondió: "Esta acusación falsa, que está llevando a cabo esta gente, evidentemente, después de 36 años, donde nunca en ningún lado se me ha nombrado a mí, como ningún nexo de nada, en estos momentos sale el nombre mío, con que Alberto Ledo fue custodio mío, lo niego absolutamente. La gente, los suboficiales que estuvieron ahí, saben que eso es mentira. No tuve ni asistente, ni conductor, ni custodio, ni (Ledo) estaba al lado mío. No tuve nada que ver con él, ni en Tucumán, ni en La Rioja, porque en esa provincia estábamos en compañías diferentes, yo estaba en la compañía de ingenieros A y él (por Ledo) en la compañía creo que de Comando y Servicios. Cuando llegamos a Tucumán nunca tuvimos ningún tipo de contacto, así que para mí, en ese momento, fue una presunta deserción, como tantas otras, teníamos 50 deserciones por año en las unidades. Y nada más, ningún otro acontecimiento. Por eso digo, vincularme después de 36 años, suena un poquito extraño".

Cabe consignar que, al momento de recibir este documento que tuvo a Milani como subteniente informante, este cronista se comunicó con Graciela Ledo, hermana de Alberto e hija de Marcela Brizuela de Ledo, iniciadora de la causa federal en Tucumán.

Graciela Ledo dijo que nunca había tenido noticias de ese documento que está en el juzgado. Señaló también que "si mi hermano hubiera querido fugarse, se hubiera llevado los anteojos, que usaba de modo permanente, además de la ropa o la bolsa de dormir como dice ese documento". Lo de los anteojos, además de un razonamiento de sentido común, lleva a una pista que no puede desdeñarse. "Alberto –continuó Graciela Ledo– le dejó los anteojos al soldado Orihuela, compañero de Alberto, que dormía en el mismo campamento cuando estaban allí en Tucumán. Ya se estaban por dormir y Orihuela le contó a mamá que Sanguinetti lo había llamado para hacer la ronda." Marcela Brizuela de Ledo, que tiene 82 años y preside Madres de Plaza de Mayo La Rioja guardó todos estos años los anteojos de su hijo. Orihuela tuvo la valentía, hace muchos años, de llevarle a una madre el único objeto personal de su compañero desaparecido. El nombre de Orihuela es otra de las cosas que está en los archivos de esa causa que permitirán, por encima de la circunstancia del ascenso de Milani poner esta historia en su verdadera dimensión: la sociedad argentina, y en particular los deudos de Alberto Ledo, quieren saber qué pasó con Alberto, quién lo secuestró, quién lo torturó, como se sospecha, y en qué circunstancias fue asesinado, como se sospecha. Alberto estudiaba Historia y era un militante popular. Esos fueron sus pecados.

HILOS SUELTOS. Ayer por la tarde, desde la Comisión de Acuerdos del Senado se informó mediante un comunicado que lleva la firma de su titular, el senador Marcelo Guinde, y del jefe del bloque del FPV en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, que por instrucciones de la Presidenta “se ha dispuesto dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de los jefes Militares de las distintas armas, hasta el momento de tratar la totalidad de los ascensos de las Fuerza Armadas”. La postergación, obviamente, incluye el ascenso de Milani. Sin perjuicio de esa decisión, es preciso sacar algunas enseñanzas.

En cuanto a la Justicia Federal de Tucumán, cabe consignar que la causa sobre Ledo nunca fue cerrada y que lleva más de cinco años abierta. Sin perjuicio de ello, debe contemplarse que tanto el juez Bejas como el fiscal Pablo Camuña y el resto del equipo de la fiscalía y el juzgado tuvieron y tienen un trabajo que los absorbe con las causas de Jefatura y Arsenales. También es cierto que por la resonancia pública del ascenso de Milani, hubiera sido útil que revisaran oportunamente si el actual general estaba mencionado o no en los archivos.

En cuanto al Ministerio de Defensa, debe decirse que hay distintos ámbitos en condiciones de dar alertas tempranas sobre casos delicados como este. Cabe la pregunta de si algunos de los cuadros de ese ministerio sabían sobre este documento que obra en el expediente de la causa. La respuesta es afirmativa. Algunos lo sabían. Es más, hubo incluso quienes advirtieron la inconveniencia de proponer el ascenso de Milani.

Sin banalizar, si se hiciera una metáfora futbolera, hasta al Barcelona se le puede escapar un partido. La política de Memoria, Verdad y Justicia es una marca de orgullo argentino. Permite detectar, un poco antes o un poco después, las intrigas o los errores involuntarios.

Ayer lunes, se reactivó la actividad judicial –pese a la feria– y varios testigos que fueron espontáneamente a la justicia riojana darán sus testimonios ante el juez Bejas.

Por último, ayer por la tarde, en TN se preparaban para tratar el tema en el programa de Joaquín Morales Solá, alguien que ahora se muestra preocupado por los Derechos Humanos y que fue uno de los periodistas que apoyó públicamente la dictadura cuando trabajaba en Tucumán, su provincia, y tenía información de primera mano de Antonio Bussi y de quienes comandaban la represión en la provincia.






miércoles, 17 de julio de 2013

VILLAFUERTE RUZO Y LA CORTE SUPREMA









La Corte Suprema rechazó el pedido para apartar al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo de la investigación sobre el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, que tiene como principal acusado al ex subcomisario Luis Abelardo Patti. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había advertido en un dictamen sobre su comportamiento parcial, dilatorio y contrario al avance no sólo de esta causa sino de otras vinculadas con delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el máximo tribunal sostuvo que la recusación era “inadmisible” y lo hizo apelando a una fórmula conocida como “280” (el número del artículo del Código Procesal donde está prevista), que le ahorra tener que explicar las razones de esa determinación.

La recusación de Villafuerte Ruzo había sido planteada por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, quien sostuvo que no ejercía su función con imparcialidad y que tenía opinión formada contraria a la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Murray llegó a plantearle más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, apelaciones, recursos de reposición, a los que se sumaron reiterados oficios de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General en todas las instancias. El juez tardó 6 años en pedir la indagatoria de Patti y en el ínterin no dispuso ninguna medida significativa para el avance de la pesquisa. El secuestro de los militantes peronistas Cambiaso y Pereyra Rossi fue el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de Rosario y en la causa consta que una patrulla de la Unidad Regional de Tigre, integrada por Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez los mató horas después en un camino cerca de Zárate.

Cuando la discusión llegó a la Corte Suprema, Gils Carbó le recomendó al tribunal aceptar el apartamiento del juez, respaldando los argumentos del fiscal Murray. La procuradora se basó también en un informe de la Procuraduría especializada (que antes era Unidad de Derechos Humanos), que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti, y que señalaba el comportamiento de Villafuerte Ruzo como un obstáculo para el avance de causas contra represores por crímenes dictatoriales. Después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, el juez sostuvo que si reabría los expedientes vinculados al Terrorismo de Estado era “sólo en virtud de un deber funcional”, pero su opinión era que se violaban derechos fundamentales de los imputados. A pesar de esto, nunca fue apartado de las causas de derechos humanos ni se lo consideró un caso de prejuzgamiento.

Si la Corte aceptaba la recusación, era evidente que eso tendría repercusión sobre otras causas por crímenes de lesa humanidad en las que Villafuerte Ruzo interviene. Pero la Corte, en una resolución de menos de una carilla, rechazó el planteo de Murray y los fundamentos de la procuradora. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial)”, dice la resolución de la Corte firmada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

Murray cuestionó la decisión como “un acto más de injusticia y de arbitrariedad del tribunal superior de nuestro país, que debe ser uno de los únicos en el mundo que puede rechazar un recurso sin fundarlo”. Según el fiscal, aunque el Código lo permita, “todo acto de gobierno, así como las sentencias, deben ser fundados; una decisión así es inconstitucional porque atenta contra el sistema republicano”. “Imaginemos que el Código Procesal se reformara, y también la Ley de Ministerio Público, que se dispusiera que los dictámenes de los fiscales pueden ser infundados, seguramente la Corte declararía la inconstitucionalidad”, advirtió Murray. Ahora la única posibilidad de poner en discusión lo que sostuvo la Corte es que lo planteen las querellas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando la Procuración analizó cómo se comportaba Villafuerte Ruzo en las causas de derechos humanos, mostró que sus convicciones eran traducidas en escollos judiciales. Por ejemplo, cuando la fiscalía pidió reabrir la causa contra Patti, en marzo de 2005, se tomó hasta agosto de 2007 para resolver y rechazar el planteo. Recién reabrió la instrucción en agosto de 2010. Las indagatorias pedidas por el ministerio público en 2005 las concretó en 2011. Entre otras maniobras, concedía apelaciones pero no mandaba la documentación a la Cámara, de modo que un trámite sencillo podía insumir más de un año. En otra causa de lesa humanidad, sobre la muerte del obispo Horacio Ponce de León, fue apartado después de procesar por falso testimonio al principal testigo del asesinato: un choque en la Ruta 9 cuando llevaba denuncias sobre desapariciones.

Gils Carbó había recordado un voto del juez supremo Fayt, quien argumentó que cuando se invoque “algún motivo ‘serio y razonable’ que funde el temor de parcialidad, los jueces no pueden desconocer que dichos planteos, precisamente, procuran hacer regir el derecho de defensa en juicio y, por tanto, no pueden ser desconocidos con exclusivos fundamentos de carácter ritual o aparente”.





sábado, 13 de julio de 2013

GILS CARBÓ SOBRE LA LEY DE MEDIOS




La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor de la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuestionados por el Grupo Clarín. En su dictamen, que se hizo público horas antes de que comience la feria judicial de invierno, le recomendó a la Corte Suprema que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició al multimedios.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley.











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