“La REPÚBLICA Cruje, la DEMOCRACIA y el PLURALISMO están en Peligro”

“No convocamos para reunir once jugadores y hacer un equipo. Convocamos a todos los equipos para defender la cancha, el césped en el que tenemos que discutir y debatir, ese césped democrático que quieren llenar de pozos y lodo”.

La metáfora del césped como espacio de la democracia plural y el derecho cerró ayer la intervención del juez Raúl Zaffaroni ante un salón colmado del anexo del Congreso en el que un grupo de personalidades, que incluyó a Estela de Carlotto, Horacio González y Mempo Giardinelli, hizo una reivindicación de las mejores tradiciones políticas y un llamado a enfrentar el miedo y la depresión con participación y organización.

“La República cruje, la democracia y el pluralismo están en peligro”, se tituló el documento que se presentó como “una convocatoria plural en defensa de la democracia ante la emergencia de nuestro Estado de Derecho”. Entre los convocantes se nombró también al radical Lepoldo Moreau, que se ubicó en primera fila junto a militantes históricas de derechos humanos, dirigentes políticos (Héctor Recalde, Remo Carlotto, Aníbal Ibarra, Daniel Filmus), gremialistas (Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano) y artistas. Entre el público estuvo Alberto Fernández.

Conferencia de prensa en defensa de la democracia: Eugenio Raúl Zaffaroni...

Avanza rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y llegamos al punto de quiebre, en que aparece en el horizonte la figura siniestra del Estado de policía, o sea, un Estado en que se pretende que todos estemos asustados y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de quienes mandan.

La picota, aquella columna de piedra a la que se ataba a los condenados para humillarlos, vuelve ahora televisivamente después de dos siglos. Exhibición pública vejatoria de opositores, descalzos y en pijama, disfrazados con chalecos y amarrados con esposas, cuando bastaba con citarlos y constituirlos en detenidos, porque nunca se han resistido, siempre han estado a derecho, acudieron al tribunal cuantas veces los citaron, incluso se presentaron para ser detenidos.

Pero a la vieja picota de piedra sólo amarraban a los condenados: ahora atan a quienes no sólo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera les dijeron aún de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio, pero ahora parece ser el destino de los opositores.

Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo porque no tenía alternativa.

No estoy deprimido, no, eso nunca, pero estoy triste, porque esto lo hacen jueces que pasaron por concursos, nombrados por los procedimientos que tanto nos esforzamos por imponer y mejorar, que deberían saber más derecho, que creímos que llegarían con otra dignidad, por haber atravesado un concurso.

Los gobiernos pasan y los jueces quedan, por eso pensamos que no acompañarían a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que al menos tendrían la dignidad de quedarse en la puerta.

Pero insólitamente se olvidan que los gobiernos pasan, aún las dictaduras más férreas, pasan, todo pasa, incluso la vida misma y, por ende, no hay poder político ni económico eterno. ¿Cómo lo explicarán cuando todo cambie, como habrá de cambiar, porque, salvo Dios, nada es eterno?

El peor criminal, puede ser feroz en el momento del crimen, repudiable, asqueroso, repugnante, pero ante el juez está vencido, caído, impotente, indefenso, y el juez sabe que tiene delante a otro ser humano reducido.

¿Qué pasa por la conciencia de un juez que veja a un vencido indefenso, que lo humilla o que permite que otro lo haga? ¿No es lo mismo que patear a un caído?

No, en verdad es peor, porque a veces se incurre en ese exceso porque el caído golpeó al otro un momento antes, puede haber una emoción violenta. Pero esto no pasa con el juez, cuando tiene delante al vencido no actúa por impulso, no sufre ninguna emoción violenta, fríamente sabe que tiene en sus manos a un ser humano indefenso, y así y todo lo humilla, lo veja, le deparara el trato que sabe que no debe darse a ni al peor delincuente.

Y para colmo lo hace cuando sabe que la mano de la política, la cola del diablo, puede haberse entrometido en la causa.

¿Su única disculpa es que se vio forzado?

¿Qué queda en el fondo de la conciencia de un juez que dice que se vio forzado? Se vio forzado: a vejar y humillar a un ser humano cuando le hubiera bastado con citarlo; a invertir el principio de inocencia diciendo que todo ex-funcionario, por el mero hecho de serlo es sospechoso. ¿No es eso un insulto a toda la política, equivalente a decir que todo político es un corrupto en potencia?

Si un ex–funcionario puede ensuciar una investigación, con más razón la pueden ensuciar los funcionarios en actividad e incluso los mismos jueces si son denunciados, porque también son funcionarios. ¿Ante cualquier denuncia contra ellos los detendrá también mostrándolos en pijama a las cámaras televisivas de su monopolio mediático?

¿En qué nos equivocamos en 1994? ¿En qué fallamos? ¿Es este el derecho que les enseñamos para que superen los concursos? ¿Qué clase de jueces hemos fabricado?

Por lo visto nos equivocamos todos, debo confesarlo ante esta emergencia. Estoy seguro que el Dr. Alfonsín, que lo incluyó en el Pacto de Olivos con la mejor de las intenciones y en lo que todos estuvimos de acuerdo en 1994, coincidiría hoy en que nos equivocamos.

¿Cómo hemos llegado a un momento en que la coacción impera, la amenaza de campañas mediáticas asusta, las denuncias ante el otrora soñado Consejo operan como justificación de humillaciones judiciales públicas a opositores?

Temor, miedo, a perder el cargo por manejos políticos, a ser “escrachados” por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizadas por inventos publicitarios y noticias falsas, con los manejos de Göbbels hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamación bien pagos.

¿Puede todo eso hacer que un ser humano, no siquiera hablo ya de un juez, sino de un ser humano, puede por eso perder el temor al tiempo?

El tiempo es impiedoso, fatal, no se detiene, está en nosotros, somos tiempo. ¿Acaso el temor a todos esos manejos mafiosos puede neutralizar la humana angustia frente al tiempo y al final inevitable? ¿Puede ignorarse la dinámica del tiempo que nos va cambiando hasta nuestras células? Esto es alienación, sin duda, tremenda alienación de un poder mal ejercido y peor comprendido.

Y en medio de esto, se siembra más miedo, se quiere enlodar con las jubilaciones exorbitantes, cuando se trata de la única ley con que puede jubilarse un juez, porque no hay otra, y, además y sobre todo, cuando los montos exorbitantes dependen de los sueldos insólitos que se fija su propia Corte Suprema, la del dos por uno, la del desconocimiento a los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación e introducidos en la Constitución Nacional, la misma Corte que está tan atareada que no tiene tiempo para acabar con la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y sus compañeros.

Esos son sus sueldos, pero además, lo que debe saber la opinión pública, es que todo ese disparate lo hacen para nombrar jueces dóciles, ese es el objetivo real, no nos engañemos. Siembran el miedo a la reforma de la ley de jubilaciones judiciales, para asustar a todos los que tengan más de 60 años y hacerles pedir la jubilación de inmediato, así dejan vacantes para que las llene el gobierno con los jueces propios que reclama el presidente, con una sinceridad digna de mejor objetivo. Ese es el juego, no otro, no nos confundamos. Y lo debe saber la opinión pública, que no la engañen.

La única garantía de imparcialidad del Poder Judicial no está en la imparcialidad individual, porque las personas nunca somos imparciales, porque somos parte de la sociedad, sino que está en el pluralismo interno del propio Poder, en jueces que piensen distinto, que tengan diferentes cosmovisiones, que generen el debate plural interno.

Y esta imparcialidad se termina cuando como ahora y como nunca antes en democracia, hay persecución ideológica y se piden “depuraciones”, se llega casi a secuestrar a un senador para demorar su ingreso al consejo y poder echar a un juez, se siembra miedo, se provocan vacantes. Se acabó la imparcialidad judicial, sólo se quiere obediencia a los mandatos publicitarios del Ejecutivo.

Estamos por otra parte, a punto de una nueva violación frontal a la Constitución, que quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no sólo decidirá a quién se persigue, sino especialmente a quién no se persigue. Esto se llama impunidad selectiva a la corrupción, quede claro.

Cuando hasta México, que abusó de un Ministerio Público dependiente del Ejecutivo, enmienda ahora su Constitución para establecer su autonomía, como en casi toda la región, aquí se quiere retroceder inconstitucionalmente, para garantizar la impunidad de los protegidos del Poder Ejecutivo. Y a eso se llama hipócritamente “lucha contra la corrupción”.

Los corruptores, primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de “impolutos”, cuando tan delincuente por cohecho es el que acepta como el que ofrece.

Los corruptores activos se quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales.

Pero el caos institucional no se detiene allí, parece no conocer límites, no se detiene frente a nada: se pretende que puede haber traición a la Patria sin guerra, contra la definición expresa de la Constitución vigente desde 1853.

Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas más que centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repetto que se negó a tomar juramento a los primeros jueces laborales, que declaró inconstitucional el aguinaldo, que firmó la acordada de 1930 legitimando el poder del dictador más tragicómico del siglo pasado.

Se desprestigia y estigmatiza al sindicalismo, se lo amenaza en todas las formas imaginables, para desbaratar a las fuerzas del trabajo, debilitarlas, reducirlas a decoración de una farsa democrática.

Hay miedo en la sociedad: tienen miedo los científicos a los que se niegan recursos y por poco se los vuelve a mandar a lavar vajilla.

Cunde el miedo en las universidades, a las que se les reduce el presupuesto y se persigue judicialmente a sus rectores, por impulso de un fiscal que incurre en un abuso de autoridad atribuyéndose las funciones constitucionales de la Auditoría General de la Nación.

Tienen miedo los artistas, a quienes se les privan las oportunidades laborales si no son simpáticos al Ejecutivo y a sus monopolios. Pero no admiten que esto se llame “censura”: “esto no es censura dicen, pero no digas lo que no nos gusta, porque te vas a quedar sin trabajo y, además, no tendrás donde decirlo”.

Tienen miedo los periodistas, cuando pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos y, más aún, cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes.

Se empieza a hablar en voz baja en la calle, se revolean de nuevo los ojos hacia los costados al hablar. Parece que empezamos a estar todos en la clandestinidad.

Pero el daño no se limita a todo esto. Esto pasa, repito, porque salvo Dios nada es eterno y todo pasa. Este mal momento también pasará, nadie lo dude, el tiempo es impiedoso. Pero el daño puede ser difícil de revertir.

Por eso debemos reaccionar. ¡Basta de depresión! ¡Es hora de resistencia! Muchos colegas me preguntan si vale la pena enseñar derecho. Pero sí, hoy más que nunca, debemos enseñar más y mejor el derecho, enseñar que el derecho no es un método sofístico para legitimar cualquier cosa, sino que es lucha, como decía Jhering, lucha en que a veces se avanza y otras se retrocede, como en toda lucha: los derechos no se regalan, se consiguen con lucha, la historia del derecho no es un relato de marcha triunfal.

Y como también decía Jhering, en la lucha aprendemos a defenderlo, porque el derecho que se consigue sin lucha se despilfarra, como lo hace el heredero vago que no luchó por hacer la fortuna que recibe.

Debemos enseñar y reafirmar más que nunca que el derecho es lucha, porque estos disparates caóticos -que degradan nuestro Estado de derecho y nuestra calidad institucional- ponen en peligro la fe en el derecho, daña nuestra cultura jurídica, que si bien en parte es nueva, no por eso deja de integrar una tradición milenaria.

Es momento de reafirmar la fe en el derecho, porque si se pierda esa fe sólo quede un campo de lucha de poder sin límites, queda la violencia, la razón del poder en lugar del poder de la razón. Eso debemos evitarlo a cualquier costo. ¡Violencia no! ¡Nunca podemos caer en esa trampa!

Más que nunca debemos enseñar derecho, enseñar a que las cosas que deban hacerse deben hacerse, pero no de cualquier modo, sino conforme a la ley, a la Constitución, al respeto a la dignidad de la persona, a la racionalidad republicana.

Mañana, cuando todo esto pase como inevitablemente ha de pasar, no quiero ver a Macri en la televisión, descalzo, en jogging y esposado. Debemos hacer todo lo posible por evitar que eso suceda, debemos jugarnos desde ahora por evitarlo, por reafirmar la fe en el derecho como ejercicio racional del poder, porque Macri o cualquier otro funcionario vejado en la televisión sería el naufragio del derecho, habríamos fracasado, habríamos entregado el derecho, ellos habrían obtenido su mayor triunfo, el que no les podemos consentir bajo ningún concepto, porque el derecho, nuestro derecho argentino, el de nuestra Nación, no tolera que ningún detenido sea atado a la picota y humillado públicamente, y menos que un juez lo tolere y se disculpe alegando que lo coaccionan.

Si lo presionan resiste, y si no puede resistir denuncia la coacción y, en último término se va explicando por qué lo hace, pero no se queda para violar el derecho.

Argentinas y argentinos, ciudadanas y ciudadanos, por favor, reaccionemos, basta de depresión, en la buena hay que empujar, en la mala hay que resistir, defendamos nuestra cultura jurídica, la verdad al fin siempre brilla, tenemos cátedras, universidades, foros nacionales e internacionales, tenemos neuronas y manos para escribir, y tenemos la palabra.

Tengo un sueño imposible, pero igual lo imagino porque me da mucha fuerza: me imagino con estar aquí, en este lugar, tomando un café con los que sabían de la política de antes, con Raúl Alfonsín, con Antonio Cafiero, con Carlos Auyero, con Arturo Juaretche y otros del pasado, con los que no hacían política televisiva, sino hablando en las plazas, en los clubes, en los centros políticos y culturales, en los barrios, en la calle, boca a boca, persona a persona. Recuperemos esa forma de hacer política, del coloquio, del habla, del lenguaje simbólico, que para eso los humanos somos los animales que lo tenemos más desarrollado.

Hoy no estamos convocados para defender a tal o cual persona, partido o concepción ideológica, sino para defender el espacio para discutir, el espacio para disputar entre nosotros, y si quieren, también para pelearnos, que también es una forma de relación social, válida cuando cada uno, con acierto o error, lo hace convencido de que es lo mejor para el bien común. Pero ese espacio es el del derecho, el de la democracia, el de las instituciones, el del respeto al otro, y eso es lo que está en peligro ahora, el espacio mismo de la democracia plural.

Creo que expreso el sentir de todos los otros compañeros si digo que no vinimos a convocar aquí a once jugadores para formar un equipo. Sabemos que podemos tener entre todos algunas jugadas indebidas que deben cobrar los árbitros, pero siempre en el césped del campo de juego democrático.

Por eso, queremos iniciar una convocatoria sin caudillos ni propietarios, queremos perdernos entre miles de convocados, todos iguales de alertas y vigilantes, queremos que la convocatoria sea abierta a todos los equipos que vamos a seguir disputando, porque es para defender el campo de juego, el estadio que nos quieren demoler, el césped democrático institucional que nos quieren llenar de pozos y barro.





Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Estela de Carlotto




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Mempo Giardinelli




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Horacio González




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Eugenio Raúl Zaffaroni




Estela de Carlotto advirtió sobre “el retroceso de la justicia”, las ofensas “para desprestigiarnos” y los riesgos de disfrazar a los genocidas como “pobres viejitos”. “No gustó nada cuando dije ‘si pudimos con Videla vamos a poder con Macri’ pero es cierto. No es que hablemos de dictadura, pero cuántas cosas nos hacen acordar tiempos donde exhibíamos carteles de ‘Aparición con vida’. Lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado”, recordó. “Invito en nombre de mis compañeras de lucha a unirnos y que se haga realidad conseguir justicia, tener memoria, saber la verdad y hacer realidad el Nunca Más”.

“La democracia que permitía la vibración de palabras contrapuestas pero constructivas ha sido reemplazada por un sistema silencioso, coercitivo y contundente de acciones que prometen felicidad y traman la venganza”, explicó González. “Una suma de sospechosos peritajes sustituyen la palabra constitucional”, advirtió. “Se consulta la historia argentina para demolerla, sustituirla, olvidarla, regocijarse de que es un mundo de desplazados, muertos, olvidados o masacrados. ¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros? Si una república o una nación no es más que un cimiento donde está estable, aunque a veces susurrando, la gran operación de la memoria”, razonó. Estamos ante un “caso único en la historia política del país donde se marcha con cara de felicidad hacia un modo novedoso de totalitarismo”.

“La cuestión en la Argentina de hoy ya no es peronistas, radicales o más o menos izquierda, es pueblo vs. oligarquía y esa oligarquía es mafiosa”, arengó Giardinelli. Propuso “recuperar un sueño, volver a creer en la utopía”. “Frente a las mafias y al triunfo momentáneo de la antipolítica tenemos una tarea enorme y apasionante por delante”, dijo. Reivindicó a Moreno y Belgrano porque “ahí está la verdadera patria, no la de los falsos próceres del siglo XIX que inventaron un país en el que el territorio era de ellos”. “Las pelotas con el pesimismo, compañeros. Los vamos a sacar a estos tipos, les vamos a ganar, con paz, porque la paz es nuestra”.

QUIEREN MATAR A NISMAN

El veredicto de Macri

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, afirmó el Presidente Macri al hablar sobre Nisman en el Consejo de las Américas en Nueva York.

Tras las declaraciones de Macri, el fiscal Eduardo Taiano avanzó en esa línea y pidió la indagatoria del técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del supuesto asesinato.

El juez Julián Ercolini impuso el secreto de sumario y debe resolver si acepta o no su pedido.

Durante su almuerzo en el Consejo de las Américas en Nueva York, Mauricio Macri afirmó que Alberto Nisman “lo mataron” y agregó: “Necesitamos saber quién lo hizo." A menos de 24 horas de su declaración que avanza aún más en la línea que trazó la pericia hecha por la Gendarmería para abonar la hipótesis del asesinato, el fiscal Eduardo Taiano pidió esta mañana la indagatoria de Diego Lagomarsino. El técnico informático fue quien le entregó a Nisman el arma que disparó el proyectil que terminó con su vida y Taiano lo considera partícipe necesario de su muerte, además de advertir que puede entorpecer el trámite de la investigación. El juez Julián Ercolini implantó el secreto de sumario en la causa y debe resolver si acepta o no el pedido de Taiano.

La pericia de Gendarmería que sostiene que a Nisman lo mataron contradice las conclusiones de los especialistas del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema, y es la base sobre la cual, con el auspicio del Gobierno en Comodoro Py, se pasó a investigar la muerte del ex fiscal como un asesinato. La mano del macrismo detrás de ese redireccionamiento del caso se hizo más que evidente en las declaraciones de Macri en Nueva York que dan por resuelto un hecho que dista mucho de estar esclarecido.

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, fue la traducción en simultaneo de lo que Macri dijo sobre Nisman en el Consejo de las Américas. Iván Pavlovsky, vocero del Presidente, confirmó a The Associated Press que esas fueron exactamente las palabras de Macri.

A tono con el discurso del Gobierno en torno al caso Nisman, Macri afirmó después que “estamos apoyando a la justicia, poniendo a su disposición todos los recursos que necesitan” y agregó que esclarecer la muerte del fiscal es fundamental porque “tiene que ver también con aportar claridad a nuestro futuro... necesitamos la verdad en todos los aspectos en Argentina. Yo le he prometido a la gente de mi país que siempre les voy a decir la verdad”.

Lo dicho por Macri tuvo su eco en los tribunales federales de Retiro. Taiano ya pidió la indagatoria de Lagomarsino. También solicitó que sean indagados cuatro custodios de Nisman, con el argumento de que no habrían cumplido con los deberes de funcionario público al no proteger la vida del fiscal.

Taiano considera al técnico informático partícipe de la muerte de Nisman por haberle dado el arma que terminó con su vida. Según su dictamen, la pistola de Lagomarsino cumplió el rol de arma “amiga” como parte del posterior “montaje de suicidio”. El fiscal aclaró que no hay elementos de prueba para sostener que el técnico informático haya sido el autor del homicidio, pero sí para pensar que fue parte de un plan criminal.

El llamado a indagatoria de Lagomarsino constituye un aval la pericia de la Gendarmería que concluyó que Nisman fue asesinado. "Los integrantes de esta junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional se encuentran en condiciones de concluir que la muerte violenta de Nisman se trató de un homicidio", señalaron de esa fuerza de seguridad. La pericia de los gendarmes contradice la que antes habían hecho los peritos oficiales al mando de Roberto Godoy -entonces decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema– y otros de la Policía Federal, que no hallaron ningún signo de homicidio en el caso.




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MACRI: «With a Little Help from My Friends»

Cómo es el plan de Macri para controlar la justicia porteña: El macrismo logró imponer retoques a 3 normas centrales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad. 

La remoción de magistrados "díscolos" y el control sobre los fiscales, en la agenda del alcalde. 

Los ideólogos del plan.



El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró reformar una serie de leyes clave que le permitirán tener bajo control al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Sin sobresaltos y disimulado dentro del paquete de leyes aprobadas en la Legislatura en un maratónico fin de año previo al recambio de bancas, los legisladores del PRO consiguieron introducir cambios en tres normas que regulan el servicio de justicia con las que el oficialismo ahora podrá promover la remoción de jueces díscolos y tendrá el control disciplinario directo sobre los fiscales. Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara podrían ser los primeros magistrados cuestionados por sus fallos adversos al gobierno porteño.

En la sesión del 6 de diciembre pasado, la bancada macrista se aseguró contar con un número holgado de voluntades –aportadas en parte por el kirchnerismo porteño– para modificar la Ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la Ley Nº 31 que reforma el Consejo de la Magistratura local, y la Ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En rigor, se trata de una reforma más profunda que la intentada por el gobierno nacional, que encontró su límite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una oleada de críticas a la iniciativa de elección popular de consejeros para el órgano de promoción y remoción de jueces, incluidas las del macrismo. Para las organizaciones vinculadas al derecho y los cuerpos colegiados de la justicia, la implementación de estos cambios en la Ciudad no pasó desapercibida y ya alzaron la voz por sus implicancias en la independencia judicial.

Con 48 votos a favor se aprobó un proyecto diseñado por el diputado del PRO y ex subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, para reorganizar el cuerpo normativo en la Ciudad a partir de retoques en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital Federal. Presti fue uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada, pero en paralelo el proyecto de su autoría, que antes habían naufragado por falta de acuerdo, comenzó a ser revitalizado. Ya en 2012, el PRO había buscado disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Según fuentes judiciales el principal objetivo está en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) donde el gobierno cosechó los principales reveses.

La Ley Nº 31 que regula al Consejo de la Magistratura local cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al PRO una reforma cuyo objetivo era "mejorar su funcionalidad", pero que implicaba el cambio de mayorías para la toma de decisión, y también en la integración necesaria del quórum para llevar a cabo los plenarios. En síntesis, un cambio que le permitirá a la representación del PRO impulsar no sólo la postulación de jueces, sino promover su remoción a voluntad.

En la propuesta de modificar la norma y derogar la Ley Nº 1988, intervinieron como autores el diputado del Frente para la Victoria Alejandro Amor –cuyo destino final fue ocupar la cabeza de la Defensoría del Pueblo en un cuestionado acuerdo entre las fuerzas políticas para ocupar los cargos a renovar– y Francisco Quintana, del PRO. Además, se creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, que actuará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y regulará los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificaciones en los métodos para su selección.

CONSEJO. La clave de los cambios en el Consejo de la Magistratura está dada por la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros sólo será necesaria la presencia "de cinco (5) miembros que componen el Consejo" para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia ocupada por el ex legislador Juan Manuel Olmos tendrá la definición.

Pero para el proceso de acusación de un juez y su envío posterior a un jury de enjuiciamiento en el que es requerida una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a "2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros". Significa que, para remover a un juez, deben estar presentes sólo seis consejeros en el plenario, incluyendo un representante del Poder Judicial, uno en nombre de la Legislatura o uno del estamento de los abogados.

Con sólo cinco votos afirmativos (la mitad más uno del total de los miembros) se lo podrá enviar a juicio político. El mismo número será el que necesite el PRO para definir los candidatos a ocupar vacantes de jueces, fiscales, defensores o asesores tutelares.
Hoy responden al macrismo seis miembros del Consejo, con lo que luego de esta reforma tendrá aun mayor margen para imponer sus postulantes a los cargos judiciales y de ministerios públicos, pero también para desplazarlos de su cargo.

A principios de diciembre, Tiempo Argentino adelantó que con esta reforma, tampoco serían necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos de jueces. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir los 31 votos con los que el macrismo pretende "rodear" a los magistrados más resistidos por la administración PRO, como Gallardo, Liberatori y López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, enfrentado con la vicejefa, María Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel que ocupará la titularidad de la Asesoría General Tutelar. Esta nueva estructura permitirá obturar el poder de defensores y asesores tutelares para impulsar acciones colectivas que, durante toda su gestión, le quitaron el sueño al líder del PRO. La lista de antecedentes incluye los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.

FISCALES. La Ley Nº 1903 obtuvo 47 votos a favor de parte del PRO, el FPV y algunos opositores y cuatro abstenciones. Su objetivo era "dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado". Pero en realidad significó quitarle ese poder disciplinario sobre fiscales, defensores y asesores al Consejo de la Magistratura, para traspasarlo a la órbita de cada jefe del Ministerio Público.

En el caso de los fiscales, su cabeza será por los próximos siete años el legislador macrista Martín Ocampo, objetado por su falta de antecedentes para el cargo y su dependencia directa con el presidente de Boca Juniors y hombre fuerte de Macri en la justicia, Daniel "El Tano" Angelici. El expediente Nº 2782-D-2013 fue de autoría del diputado Enzo Pagani (PRO) y supone también que las sanciones no sean sólo correctivas sino que puedan agravarse, llegando incluso a la separación del cargo.

TRIBUNAL. El 12 de diciembre, en sesión especial, fueron designados los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con mayoría del PRO. Los diputados macristas Cristian Ritondo, Helio Rebot, Héctor Huici y Cecilia de la Torre lo integrarán, junto a Jorge Taiana, Edgardo Form y Claudia Neira del interbloque kirchnerista, e Inés Gorbea de UNEN.

RECHAZO. Cuando esta reforma era apenas un proyecto, la Corte Suprema recibió el reclamo por escrito de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudiaron los cambios y consideraron que estas iniciativas representan "un avasallamiento inconstitucional de la independencia del Poder Judicial".

"Si estas normas son promulgadas, los poderes políticos podrán acusar, suspender y separar a magistrados que se estimen 'molestos' con menos garantías, conforme los arrebatos de mayorías circunstanciales", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso Tiempo. "Dejarlos sometidos al arbitrio de las mayorías, sin adecuadas garantías, importa propender a la suma del poder público y dar por tierra con la división de poderes. Importa, además, la adopción de un curso de acción similar al que tanto se ha criticado desde el gobierno local en relación con medidas adoptadas en el ámbito nacional", sostuvieron los magistrados en la carta dirigida a Macri.

Dos antecedentes polémicos

El afán del oficialismo porteño por controlar a la Justicia de la Ciudad no es novedoso. Durante varios meses, el alcalde porteño, Mauricio Macri, intentó que la fiscal de Cámara Daniela Bruno Ugolini integrara el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ugolini cobró fama por sus dictámenes siempre favorables al Ejecutivo PRO y resoluciones tales como pronunciarse en contra de remover las placas con nombres de represores de calles, plazas y escuelas.

Más cerca en el tiempo, el actual fiscal general, Germán Garavano, designó como fiscal a Martín García Berro. Fue el 25 de julio de 2013 y por 90 días. Su actuación en la causa que investigaba una "campaña sucia" encabezada por el gurú del PRO Jaime Durán Barba contra Daniel Filmus fue, al menos, curiosa. García Berro se dedicó a realizar pesquisas sobre Salomón Filmus, padre del por entonces candidato a jefe de gobierno. Por eso, envió requerimientos en los que pidió los antecedentes de Filmus padre al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, para ver si se encontraba matriculado, y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para chequear si había sido empleado allí.

Los jueces en la mira del Pro

Roberto Andrés Gallardo. Es el juez que más dolores de cabeza le ocasionó a Macri. Declaró la inconstitucionalidad del veto sobre la ley de abortos no punibles en hospitales porteños y multó a varios funcionarios PRO por irregularidades. Además, inició una investigación sobre cadáveres faltantes en las morgues de la Ciudad, lo que le valió una recusación por parte del gobierno PRO por su supuesta simpatía con Justicia Legítima. Lleva en su haber múltiples fallos en contra del macrismo por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa, sobre todo en las villas.

Patricia López Vergara. Frenó el protocolo macrista contra los abortos no punibles y multó al ex ministro Diego Santilli por haber avanzado en una obra con un fallo judicial en contra. También paró el proyecto del Centro Cívico con una cautelar por violatorio a varias leyes de protección y porque no hubo estudio de impacto ambiental. Dio de baja el 0800 para la delación de actividades políticas ideado por la cartera de Educación y obligó al PRO a recibir los fondos del gobierno nacional para el traspaso del subte que estaban en el Banco Nación y transferírselos a Metrovías.

María Elena Liberatori. Estuvo a cargo del censo a los ocupantes del Parque Indoamericano para atender las necesidades habitacionales y sociales durante la ocupación. Ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, dialogar con los estudiantes que llevaron a cabo las tomas en los secundarios y mandó restituir a los docentes echados por parodiar a Mauricio Macri. Exigió reglamentar una ley para asistir a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. También dictaminó la reapertura de los Talleres Protegidos del Borda demolidos por el PRO.

Los ideólogos del nuevo esquema

Martín Ocampo. El legislador del PRO Martín Ocampo consiguió acceder a la jefatura de todos los fiscales porteños luego de sortear siete impugnaciones a su nominación provenientes de ONG ligadas a la justicia, como la Asociación Americana de Juristas, ACIJ, ADC, Directorio Legislativo, INECIP, Poder Ciudadano, y REDI. Le reprocharon que el abogado ligado a Angelici carece de "sólidos antecedentes" para ser la cabeza del Ministerio Público y "tiene fuertes compromisos partidarios". En su defensa, el ex legislador macrista sostuvo que no está afiliado al PRO.

Daniel Presti. Durante cuatro años fue subsecretario de Justicia bajo la gestión de Guillermo Montenegro hasta que, en 2011, fue electo para la Legislatura. El año pasado diseñó el proyecto de modificación de las mayorías y el quórum para el Consejo de la Magistratura que finalmente se aprobó un año después. Es uno de los hombres clave del PRO en materia judicial y fue el principal crítico de los proyectos de reforma impulsados por el gobierno nacional. Dijo que en la Ciudad "hay jueces que entorpecen la gestión" y que "si un juez quiere hacer política, que renuncie al cargo".

gabriel morini

OTILIO ROMANO Y LOS JUECES QUE FALTAN ENCANAR

Otilio Romano era juez. Huyó a Chile en agosto de 2011, un día antes de ser destituido por el Consejo de la Magistratura para ser juzgado por su complicidad en 102 delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuando era fiscal.

Entre enero y febrero de este año, Romano, quien permaneció en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.

Todavía hay mucha dictadura respirando en los tribunales. La democracia avanza a pesar de todo.

EL CASO MILANI

César Milani, siendo subteniente del Batallón de Ingenieros 141 con asiento en La Rioja, con fecha 29 de junio de 1976, a las 18:30 de la tarde, en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, donde estaba en actividad dicho batallón, actuó como "oficial informante" de la supuesta deserción del soldado Alberto Ledo. La firma de Milani en un documento oficial del Ejército, de cuya autenticidad no puede dudarse, se convierte en el dato más relevante sobre la implicancia del actual jefe del Ejército en la desaparición de Ledo. En ese documento consta que fue el entonces capitán Esteban Sanguinetti quien dispuso que fuera Milani la persona encargada de realizar este informe ante la jefatura del comando de operaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y la Quinta Brigada, con asiento en Tucumán, tenían para reprimir al pueblo tucumano con la excusa de combatir a los guerrilleros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez del ERP, que ya había sido diezmada y no registraba militantes ni guerrilleros en la llamada zona de operaciones.

En cuanto a Sanguinetti, tal como se consigna en la edición del pasado domingo de Miradas al Sur, fue señalado como el responsable directo de la desaparición de Ledo en el libro El escuadrón perdido de José Luis D’Andrea Mohr, valiente militar democrático que también fue del arma de Ingenieros al igual que Sanguinetti y Milani.

El informe firmado por Milani tiene un registro puntilloso de las pertenencias que habrían sido robadas por Ledo en su supuesta deserción. Allí no figuran armas reglamentarias pero sí la bolsa de dormir, la cuchara, la camisa y otros elementos provistos por el Estado. A tal punto llega el detalle que figura la valuación de cada una de las cosas, las que fueron sumadas hasta dar la cifra de 26.544 pesos de entonces. Más allá de la valoración moral que pueda merecer esto, lo que importa destacar es que en aquellos años se registraba absolutamente todo y que todos los reportes se hacían con firmas.

Alguno podrá preguntarse, con todo derecho, por qué apareció este documento recién cuando iba a tratarse ayer lunes 22 de julio el pliego para el ascenso de Milani al grado de teniente general. No faltarán quienes, con legítimos motivos, pensarán en la cantidad de operaciones de inteligencia que pudiera haber en el medio. Sin perjuicio de ello, debe saberse que en la Justicia Federal de Tucumán existe una causa caratulada "Brizuela de Ledo s/denuncia desaparición de Alberto Agapito Ledo", radicada ante el juez Daniel Bejas. Entre las actuaciones y archivos de ese juzgado se encuentra el documento en cuestión. Ahora, el documento en cuestión tiene estado público y orienta de modo preciso la implicancia que pudiera tener Milani en la desaparición de Ledo.

El viernes pasado, 19 de julio, Milani se presentó de modo espontáneo ante el juez Bejas. A la salida, y por pedido de este cronista, el periodista Ramiro Rearte le pidió una entrevista a Milani, quien se la dio en una de las oficinas del juzgado. Tal como consigna la edición del domingo 21 de julio de Miradas al Sur, al ser consultado sobre si conocía o no a Ledo, el actual jefe del Ejército respondió: "Esta acusación falsa, que está llevando a cabo esta gente, evidentemente, después de 36 años, donde nunca en ningún lado se me ha nombrado a mí, como ningún nexo de nada, en estos momentos sale el nombre mío, con que Alberto Ledo fue custodio mío, lo niego absolutamente. La gente, los suboficiales que estuvieron ahí, saben que eso es mentira. No tuve ni asistente, ni conductor, ni custodio, ni (Ledo) estaba al lado mío. No tuve nada que ver con él, ni en Tucumán, ni en La Rioja, porque en esa provincia estábamos en compañías diferentes, yo estaba en la compañía de ingenieros A y él (por Ledo) en la compañía creo que de Comando y Servicios. Cuando llegamos a Tucumán nunca tuvimos ningún tipo de contacto, así que para mí, en ese momento, fue una presunta deserción, como tantas otras, teníamos 50 deserciones por año en las unidades. Y nada más, ningún otro acontecimiento. Por eso digo, vincularme después de 36 años, suena un poquito extraño".

Cabe consignar que, al momento de recibir este documento que tuvo a Milani como subteniente informante, este cronista se comunicó con Graciela Ledo, hermana de Alberto e hija de Marcela Brizuela de Ledo, iniciadora de la causa federal en Tucumán.

Graciela Ledo dijo que nunca había tenido noticias de ese documento que está en el juzgado. Señaló también que "si mi hermano hubiera querido fugarse, se hubiera llevado los anteojos, que usaba de modo permanente, además de la ropa o la bolsa de dormir como dice ese documento". Lo de los anteojos, además de un razonamiento de sentido común, lleva a una pista que no puede desdeñarse. "Alberto –continuó Graciela Ledo– le dejó los anteojos al soldado Orihuela, compañero de Alberto, que dormía en el mismo campamento cuando estaban allí en Tucumán. Ya se estaban por dormir y Orihuela le contó a mamá que Sanguinetti lo había llamado para hacer la ronda." Marcela Brizuela de Ledo, que tiene 82 años y preside Madres de Plaza de Mayo La Rioja guardó todos estos años los anteojos de su hijo. Orihuela tuvo la valentía, hace muchos años, de llevarle a una madre el único objeto personal de su compañero desaparecido. El nombre de Orihuela es otra de las cosas que está en los archivos de esa causa que permitirán, por encima de la circunstancia del ascenso de Milani poner esta historia en su verdadera dimensión: la sociedad argentina, y en particular los deudos de Alberto Ledo, quieren saber qué pasó con Alberto, quién lo secuestró, quién lo torturó, como se sospecha, y en qué circunstancias fue asesinado, como se sospecha. Alberto estudiaba Historia y era un militante popular. Esos fueron sus pecados.

HILOS SUELTOS. Ayer por la tarde, desde la Comisión de Acuerdos del Senado se informó mediante un comunicado que lleva la firma de su titular, el senador Marcelo Guinde, y del jefe del bloque del FPV en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, que por instrucciones de la Presidenta “se ha dispuesto dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de los jefes Militares de las distintas armas, hasta el momento de tratar la totalidad de los ascensos de las Fuerza Armadas”. La postergación, obviamente, incluye el ascenso de Milani. Sin perjuicio de esa decisión, es preciso sacar algunas enseñanzas.

En cuanto a la Justicia Federal de Tucumán, cabe consignar que la causa sobre Ledo nunca fue cerrada y que lleva más de cinco años abierta. Sin perjuicio de ello, debe contemplarse que tanto el juez Bejas como el fiscal Pablo Camuña y el resto del equipo de la fiscalía y el juzgado tuvieron y tienen un trabajo que los absorbe con las causas de Jefatura y Arsenales. También es cierto que por la resonancia pública del ascenso de Milani, hubiera sido útil que revisaran oportunamente si el actual general estaba mencionado o no en los archivos.

En cuanto al Ministerio de Defensa, debe decirse que hay distintos ámbitos en condiciones de dar alertas tempranas sobre casos delicados como este. Cabe la pregunta de si algunos de los cuadros de ese ministerio sabían sobre este documento que obra en el expediente de la causa. La respuesta es afirmativa. Algunos lo sabían. Es más, hubo incluso quienes advirtieron la inconveniencia de proponer el ascenso de Milani.

Sin banalizar, si se hiciera una metáfora futbolera, hasta al Barcelona se le puede escapar un partido. La política de Memoria, Verdad y Justicia es una marca de orgullo argentino. Permite detectar, un poco antes o un poco después, las intrigas o los errores involuntarios.

Ayer lunes, se reactivó la actividad judicial –pese a la feria– y varios testigos que fueron espontáneamente a la justicia riojana darán sus testimonios ante el juez Bejas.

Por último, ayer por la tarde, en TN se preparaban para tratar el tema en el programa de Joaquín Morales Solá, alguien que ahora se muestra preocupado por los Derechos Humanos y que fue uno de los periodistas que apoyó públicamente la dictadura cuando trabajaba en Tucumán, su provincia, y tenía información de primera mano de Antonio Bussi y de quienes comandaban la represión en la provincia.

Eduardo Anguita

JUSTICIA LEGÍTIMA

Alrededor de un millar de personas se dieron cita ayer en la Biblioteca Nacional en la jornada inaugural de la convocatoria por una Justicia Legítima, con un fuerte cuestionamiento y denuncia hacia la postura "corporativa" de un sector del Poder Judicial...

No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo.

El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario.

Se llenaron el hall, el café, la explanada.

El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”.

Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica”.

“No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.

–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.

“justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.

La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó.

Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.

La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz.

El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.

La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.

Hoy siguió el encuentro con 4 talleres de los que surjieron propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.

Irina Hauser

JUSTICIA EN GRAGEAS

Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.

Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.

Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.


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Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.

Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.

La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.

En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.



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Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.

A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.



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Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.


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Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.

Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.

Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.

En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.



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Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.



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A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.

Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?

Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.

Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.

Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.

Mario Wainfeld

MARTÍNEZ DEBATE SOBRE LA JUSTICIA

Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales, de quienes se ocupan de los acusados que no pueden o no quieren contratar un abogado particular. Por eso sabe mucho de las desigualdades del sistema judicial. “Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto”, asegura. La convicción de que es necesario debatir a fondo el modelo de justicia que se impone en el país hizo que encabezara junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó el pronunciamiento por “Una Justicia Legítima”. “A algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular”, agrega sobre el tema. Acaba de volver de vacaciones. Está bronceada y vestida de violeta en un despacho prestado porque el suyo está en refacciones. “Por eso está tan ordenado, sin papeles”, explica. Se entusiasma con una medida tomada a fines del año pasado, pero anunciada esta semana: la implementación de concursos para todos los empleados de las defensorías oficiales, medida que le parece clave para democratizar la Justicia, porque termina con la idea de lo que todavía en tribunales se considera un “derecho adquirido”: la posibilidad de que los hijos o sobrinos de los magistrados tengan un cargo asegurado (ver aparte).

–¿Por qué firmó la solicitada por “Una Justicia Legítima”?

–Creo que nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público. No estoy de acuerdo con la elección popular de los jueces porque me parece que va a ser un sistema de mayor presión, me da miedo. Y en aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno. Pero el problema no pasa por elección popular o no elección popular, sino ¿queremos discutir sobre cuáles son los fallos de nuestra Justicia? ¿Qué nos falta para aggiornarnos y estar de acuerdo con una constitución progresista que incorporó un montón de tratados de derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial.

–¿Cuáles son?

–Uno es el caso (de Leonardo) Forneron, que tiene que ver con una adopción en Entre Ríos (se trata de una niña habría sido entregada a una familia sin el consentimiento del padre y nunca se investigó una posible venta de la menor) donde hay un número significativo de prácticas que deben ser revisadas y donde se produce una mora judicial muy significativa. Otro es el caso (de Sebastián) Furlan, un joven discapacitado a causa de un accidente. El juicio duró muchísimo y cuando le pagaron la indemnización, esta persona tenía daños irreversibles. La Justicia no funcionó sensible al drama de una persona discapacitada y con alta situación de vulnerabilidad. Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto. Se desprotegió a una persona vulnerable. Hay un contrasentido. Si estamos permanentemente hablando del acceso a la Justicia, de privilegiar a las personas en situación de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que no puede haber una misma mirada cuando litigan grandes empresas o corporaciones. No es que no tengan derecho a una justicia rápida, pero no se las puede privilegiar por sobre una persona vulnerable que necesita para sobrevivir la posibilidad de tener una indemnización. Este tipo de cosas son las que hay que conversar. Otra cosa para conversar... yo soy defensora y no estoy de acuerdo con los ataques que se hacen contra medidas que tienen que ver con dejar en libertad a personas que cumplen condena. No creo que los jueces tengan que ver con la seguridad. Esto tiene que ver con personas que recuperan su libertad y cometen otros delitos. Lo que no está funcionando es la infraestructura de apoyo y control que tiene que tener una persona que recupera su libertad. Los jueces de instrucción, que deberían ser muchos más de los que son y tener un gabinete interdisciplinario de primer nivel, si no tienen los medios, ¿qué van a hacer? ¿Fallar en contra de la ley?

–¿Cuál es el tercer caso ante la Corte Interamericana?

–El de (Oscar) Mohamed, que establece el derecho al recurso para todos los ciudadanos. En este momento tenemos conflictos graves en la Justicia, aparentemente hay bandos irreconciliables, pero creo que no es así, hablamos un lenguaje en el que podemos conversar todos juntos. Pero a algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular. Lo que estoy diciendo es: hay cosas que comparto y otras que no. Hay que abrir las ventanas, oxigenar y tener una mirada en la cual los operadores judiciales nos sentemos y digamos cuál es la Justicia que queremos. Van a decir que permanentemente se está haciendo eso. Es cierto, muchas veces se hacen reuniones. Pero esas reuniones quedan en lo formal. Los jueces tienen derecho a luchar por sus prerrogativas y esto lo ha hecho históricamente bien la Asociación de Magistrados. Pero ahora es el momento justo para tener una reflexión sobre qué Justicia queremos. Hubo muchas situaciones graves. Ha habido mucha contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad, yo no puedo hablar mucho porque soy la defensora, pero hay un distinto tratamiento. Si yo soy llevada ante la Justicia y soy una persona de escasos recursos y no tengo ningún padrino, me van a tratar distinto. Además, hay que elevar el nivel de eficiencia. Esto lo dijo el presidente de la Corte y es así. Nosotros también tenemos que trabajar para tener estándares de eficiencia altos. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal tienen un sistema de selección para los secretarios. Hay que fijar estándares mínimos. E insistir mucho con que somos un servicio público, no un poder del Estado... bueno también, todo muy bien, pero antes que nada somos un servicio público. Si no funcionamos como servicio público algo está mal. Nuestra legitimación sale de ser un servicio público que le dé un servicio digno a la gente. Si la gente no se siente protegida, el sistema nunca va a estar legitimado.

–Con respecto a la solicitada, ¿le molesta que en algunos medios los presenten como los kirchneristas o los que responden al Gobierno contra los supuestamente independientes?

–Obviamente estoy a favor de una Justicia independiente. Y particularmente sería muy injusta si dijera que desde que estoy en la Defensoría General he recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno. Nosotros defendemos militares, les garantizamos un buen servicio de defensa. Hemos recibido algunos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que son lógicos, porque estuvieron muchos años soportando calladamente y ven que hay una defensa aguerrida y bueh... pero el Gobierno nunca intervino y cuando tuvimos necesidad de que nos defendieran, nos defendieron. Segundo, yo he llevado casos contra el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directa o indirectamente. El de los menores (por la imposición de penas perpetuas a menores de edad) está a punto de tener sentencia y es una cosa importante. El caso Furlan, si bien lo defendió la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la persona concreta es una defensora nuestra. Si yo dijera que en estos siete años recibí presiones por acusar al Estado por derechos humanos ante la Corte Interamericana sería injusta. También estamos interviniendo en el caso de los qom y estamos o no de acuerdo en muchas cosas, pero nunca nos dijeron “por qué se meten, no vayan”. Esta es mi visión e insisto en que este grado de independencia tiene que existir siempre. Lo que sí decimos en la solicitada es que la independencia tiene que ser de todos. La independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa. El lobby, como bien dice (el juez de la Corte Raúl) Zaffaroni, existió siempre y va a seguir existiendo. Que la Justicia pueda fallar de manera absolutamente libre diciendo lo que cree que en verdad corresponde, que todos los operadores del sistema puedan actuar libremente es fundamental. Ahora, no podemos mirar solamente cuando hace reclamos el Ministerio de Justicia, podemos estar de acuerdo o no con una modalidad. Y lo hacen todos. ¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa.

–¿Algún ejemplo?

–Casos concretos. Lo que pasó con la ESMA. Me pareció disparatado. Que se reaccionara con esa virulencia, que se utilizaran expresiones tan fuertes contra el ministro de Justicia... Podemos discutir si corresponde o no corresponde hacer un asado en la ESMA. Esa es una discusión, pero es como que no tiene correlato... Otra cosa clarísima fue cuando en Salta se mostró con una filmación de celular cómo torturaban a dos presos. Y hubo una reacción tibia. Veinte días después, se publicó que (el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor) Hortel había establecido un sistema para que los presos salieran y volvieran a ingresar. No pasó nada, nadie se le escapó, tenía autorización judicial... discutamos si queremos que pase esto o no. Pero lo cierto es que en un país con convicciones democráticas fuertes, una tortura tendría que haber generado una reacción popular de escándalo, de vergüenza, de buscar soluciones. Y si se ve la cantidad de papel escrito que hubo en un caso y en el otro... bueno, éstas son las cosas que no pueden ser. Ahora estamos lanzando por los doscientos años de la Asamblea del Año XIII una campaña nacional contra la tortura. Sobre estos temas hay que discutir. ¿Por qué no avanzan las causas sobre torturas?

–¿El juicio por jurados mejoraría la administración de justicia?

–Como defensora tengo que preferir el juicio por jurados, porque con buenos defensores es más beneficioso. No me parecería mal hacer una experiencia de juicio por jurados.

–Pero no le parece central.

–No. Lo central es modificar el sistema de administración de justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo tenemos que actuar.

–¿Hay una excesiva judicialización de las decisiones políticas o es un proceso natural?

–Esto es natural. También tiene que ver con un país que durante muchos años no tuvo la opción de acudir a la Justicia y luego la recuperó y entonces acude a la Justicia. También es cierto que hay dos ejes a tener en cuenta: si se acude a la Justicia, y me imagino que éste es el tema, y la Justicia utiliza la posibilidad de aplicar medidas cautelares, es decir de hacer lugar a amparos o distintos tipos de mecanismos para frenar leyes o resoluciones, esto tiene que ir de la mano con que ese amparo o medida cautelar otorgada no puede ser eterna.

–Concretamente con la ley de medios, ¿significa que hace rato debería haberse definido el tema de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no?

–A lo mejor se podría arreglar legislativamente. Podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado. Porque si no, tenemos una Justicia que no es tal, porque los requisitos para hacer lugar a un amparo son mucho más laxos que para resolver sobre el fondo del asunto. No podemos decir no al amparo. Nosotros lo usamos muchísimo en casos de salud, en casos de prestaciones de obras sociales, pero lo lógico es que luego la solución sobre el fondo no sea eterna, porque se desvirtúa. La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución. Puede ser que en un determinado momento una parte se sienta agraviada y que el juez diga “puede ser que esto le cause un agravio que luego sea irreparable”, pero entonces hay que resolver sobre el fondo en un plazo corto. El problema son los plazos. Eso pasa a todo nivel. También la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma, porque en la Corte las causas tardan mucho. La Corte está sobrecargada de trabajo.

–¿La solución sería...?

–Modificar todo el sistema.

–¿Poner otro tribunal?

–Una posibilidad buena es poner una Corte Constitucional. Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte.

–¿Los jueces tiene que pagar Ganancias?

–Esto está ligado con la intangibilidad de los salarios. Eso puede ser una de las discusiones que se den en el ámbito de la reunión convocada para fin de mes. La posición tradicional de la Asociación de Magistrados, que todos en principio acompañamos, es que nosotros no debíamos pagar Ganancias. Pero es cierto que parece como un privilegio desmesurado. Es un tema que hay que debatir. Sí estoy en contra de la postura que se ha manejado en algún momento sobre la jubilación. Nosotros recibimos el 82 por ciento, pero no es una jubilación de privilegio, aportamos mucho más de lo que aportan las demás personas. Si el Congreso, que es la representación popular, dice en algún momento que debemos pagar Ganancias y no tener esa jubilación, será así. Pero no es la discusión central.

–La solución parece pasar por cambiar la mentalidad de los administradores de justicia más que por alguna medida en particular.

–Sí. Es un cambio a futuro. Esta Corte es una Corte progresista pero las Cortes no han ayudado. Y el recambio no se produjo. Ha habido un recambio relativo político...

–¿Recambio en qué sentido?

–De gente joven. Por ejemplo en la Cámara de Casación. Está renovada, pero en una porción mínima y creo que renovar por gente que está en perfectas condiciones de jubilarse es bueno. Y que la gente mire. Me parece bien que las asociaciones de la sociedad civil estudien los fallos, que monitoreen.

Victoria Ginzberg

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CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA HOY

La interpretación criminológica de campo y su muestra dinámica contradicen a la criminología mediática

Este informe que expone la Corte Suprema de Justicia de la Nación observa que el sistema corporativo de medios editorializa y difunde sólo homicidios dolosos de primera y esconde aquellos que considera de segunda, a pesar de que estos últimos representan el mayor porcentaje, por lejos, dentro de todos los casos ocurridos en Capital Federal y los departamentos judiciales de La Plata y San Martín. Esta maniobra, no menos dolosa, la establece la criminología mediática por medio de la invisibilización de esas muertes violentas porque en la trastienda de su poder intenta esconder una economía violenta de subsistencia donde se paga poco salario y se genera mayor renta para la clase dominante. Sólo este Estado generador de un proyecto nacional, popular y democrático, promotor de la inclusión social y el reparto equitativo de la riqueza, enfrentando a las corporaciones y al carácter establecido del poder fáctico podrá prevenir la publicitada inseguridad...