LA PROPIEDAD PRIVADA O LA VIDA

Tras los casos de linchamiento en Rosario, la violencia se repitió el sábado 29 de marzo: sucedió en Palermo. Especialistas que cruzan lo social con la criminología y la política aportan las claves de lo que ocurre: el discurso autoritario y del miedo, el Código Penal, Massa y la “inseguridad” como tema de la campaña en 2015...



El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.

La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.

La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.

Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.

La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.

Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.

En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.

En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”

“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.

Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de 9 cada 100.000 habitantes se pasó a 21 cada 100 mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.

Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.

Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.

Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.

Carlos Rodríguez

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LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA

GRANADOS: MENEMISMO RESIDUAL

En su primera conferencia de prensa, el intendente de Ezeiza y designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, dijo que “tenemos que ir a los bifes lo más rápidamente posible”. Esta puede ser una reminiscencia de sus comienzos profesionales, cuando integraba con su socio Alberto Samid la rama menemista de ganadería ambulante y faena circunspecta, de cuando Carlos Menem premió tales conocimientos designándolo en la Junta Nacional de Carnes, o de cuando el nuevo edificio de su parrilla “El Mangrullo” se construyó sobre terrenos fiscales, con un crédito blando del Banco Ciudad, otorgado a su madre, porque Granados estaba inhibido.

También la estanzuela La Celia, donde ocurrió el recordado tiroteo de 1999, se levanta en terrenos próximos al centro atómico de Ezeiza que pertenecieron al aeropuerto Internacional Pistarini, antes de pasar primero al usufructo y luego a la propiedad de Granados. Su hermana Leonor puso en duda la existencia misma del asalto e implicó sin decirlo que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas societario. La expresión “barones del conurbano”, está inspirada en los “robber barons”, caracterizados así en 1870 por el periodismo estadounidense de investigación y utilizados por Karl Marx como ejemplo del pillaje como base de la acumulación capitalista primitiva. En cualquier caso, la referencia a los bifes no deja de ser llamativa tratándose de un hombre en cuyo distrito la policía ha constituido escuadrones de la muerte financiados por los comerciantes para librarlos de los pibes chorros sin molestos trámites judiciales. Varios de sus integrantes han sido condenados por la justicia (como los asesinos de Emanuel Salafia), otros quedaron a salvo porque sólo pagaron por la muerte lúmpenes reclutados por ellos (como en el caso del adolescente Diego Peralta).
Fiesta en el Módulo

Es de sobra conocido el festejo realizado en El Mangrullo para celebrar el resultado de la elección interna justicialista de 1988, porque allí Alejandro Granados conoció a Carlos Menem, lo cual tornó superflua la afiliación al radicalismo de su padre, el empresario gastronómico Santiago Granados, quien había recibido de la Fuerza Aérea el usufructo de la gastronomía en el Aeropuerto Internacional y temía perderlo con la democracia. Menos se recuerda que El Mangrullo también fue sede de la cena de camaradería de la policía bonaerense en diciembre de 2011, que terminó con una gritería de mutuas recriminaciones entre el jefe saliente, Juan Carlos Paggi, y el entonces director de Investigaciones, Roberto Castronuovo, quien sólo un mes más tarde también pasó a retiro. Los separó el jefe entrante, Hugo Matzkin, a quien el gobernador Daniel Scioli confirmó el viernes, acaso por esa cualidad de pacificador entre las distintas bandas de la gran familia policial. Pero Paggi es el candidato preferido por Granados para ocupar la secretaría de Seguridad de su ministerio, en una profundización del retroceso en el control político de las fuerzas de seguridad iniciado por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, que seguirá como ministro de Justicia.

Granados también reclutó entre sus colaboradores al oficial del Servicio Penitenciario Federal Alfredo Javier Senoff, quien negoció el pase a disponibilidad en el SPF a cambio de no ser acusado ante la justicia por la penetración del narcotráfico. Senoff era director del Módulo 1 de la cárcel federal de Ezeiza, donde estaba alojado en condiciones de privilegio el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia.

La crónica del episodio, firmada en este diario el 29 de septiembre de 2009 por Horacio Cecchi, consigna que en el sector VIP que ocupaba Segovia se secuestraron “microondas, celulares, notebooks, una cantidad de dólares que algunos señalaban que llegaba a 15 mil y una cantidad de mujeres que algunos señalaban que llegaba a dos”. El Servicio sólo reconoció una fémina. La relación entre la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la corrupción de sus integrantes es un clásico de la literatura internacional.

En Nueva York fue acreditada en tres investigaciones realizadas a lo largo de un siglo por la Comisión legislativa presidida por el senador Clarence Lexow, en la década de 1890; la Comisión presidencial encabezada por el juez federal George Wickersham, en la de 1930 y la Comisión municipal Mollen, en la última década del siglo XX. En su investigación “Street Justice”, la académica Marilynn S. Johnson escribió que esas comisiones demostraron que la corrupción y la brutalidad se extendieron en los barrios más pobres, en los que los inmigrantes y los residentes no blancos tenían poca capacidad de resistir. También, que la policía transfería allí a los oficiales abusadores como forma de castigo por sus inconductas. Pero en realidad así “castigaba al vecindario más que al oficial”.


Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe

En la Argentina, Rodolfo J. Walsh describió el mismo fenómeno hace 45 años desde el Semanario CGT con una serie de notas en la que presentó a la policía de Buenos Aires como “una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. La relación promiscua entre el narcotráfico y la policía bonaerense actual fue puesta de relieve en el informe de la comisión senatorial que investigó el crimen de la nena Candela Sol Rodríguez, mientras en Córdoba y Santa Fe las respectivas cúpulas aparecen involucradas como avanzada del delito sobre las instituciones de seguridad. Córdoba era la única provincia que tenía a un policía como ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien al ser designado escogió para sucederlo al frente de la fuerza al comisario Ramón Frías.

Ambos tuvieron vinculación con el servicio de informaciones D2 durante la dictadura, según denunció en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad el ex policía Luis Urquiza, secuestrado y torturado en esa unidad en 1976, y que logró exiliarse tres años después. De regreso al país, en la década de 1990, denunció lo sucedido, pero el Director de Inteligencia Criminal de entonces era el ex D2 Luis Yanicelli, en la actualidad condenado a prisión perpetua, y Paredes era su secretario. Urquiza también denunció que Frías amenazó al comisario Julio César Giménez para que dejara de investigar el asesinato de su padre en el D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. Aunque el gobierno de José De la Sota acusó al gobierno nacional de una maniobra en su contra utilizando al fiscal de la causa (¡sólo porque forma parte de Justicia Legítima!) las pruebas sobre la corrupción en la policía de drogas eran tan abrumadoras que Paredes y Farías debieron presentar la renuncia.

Scioli desoyó las recomendaciones de aquella comisión investigadora, que incluían la exoneración de medio centenar de altos mandos policiales, comenzando por su jefe, Hugo Matzkin. Con Paggi de segundo y Senoff como colaborador, esos contactos espurios ascienden a una pantalla superior.

Mientras, el jefe policial de Ezeiza con el que Granados se presentó por primera vez en público, Francisco Rupnik, reincidió en la periódica propuesta de recrear el Servicio Militar Obligatorio para sacar a los chicos de la calle. Cuando Scioli le tomó juramento ante un crucifijo de madera de medio metro (por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios), Granados respondió a la pregunta con un estridente “¡¡¡¡Síííííí, juro!!!!” al que una claque entusiasta respondió “Olé... olé... ole... Aleeee, Aleeeee”, en un clima festivo que no condice con la presunta emergencia por la cual 4.500 gendarmes fueron sustraídos de la frontera, donde los reemplazan efectivos militares, para realizar tareas cuya confusa descripción no parece encajar en ninguno de los supuestos de las leyes de Defensa Nacional, de 1988, de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, en las que se expresa el mayor consenso multipartidario alcanzado por la democracia argentina en treinta años.

Mientras un centenar de cadetes de la Escuela Vucetich formaban con sus uniformes prusianos y una pluma en el casco plateado, dos camionetas de la confitería más cara de la ciudad, “El Rey del Dulce”, descargaban el servicio para culminar el festejo. Luego de su irónico vaticinio acerca del ruido que hará la gestión de Granados, Casal paladeaba el plato frío de la venganza sobre todos sus críticos, con la satisfecha expresión de “ahora sí van a ver lo que es bueno”. Con apresurado tono presidencial, Scioli dijo que a nadie se le ocurriría cuestionar el progresismo de Lula por haber enviado el Ejército a las favelas, y citó una frase del ex presidente brasileño. “¿Si nos derribaron un helicóptero, con qué quieren que disparemos? ¿Con pétalos de rosas?”. Doble desatino: en Brasil se ordenó a las tropas desalojar varias favelas ocupadas por la estructura militar de los carteles de la droga, en una operación breve y con rápida retirada, para que pudieran hacerse cargo las estructuras de seguridad y de asistencia social. Aquí, el único helicóptero que falta no fue derribado por los narcos con bazucas ni misiles. Se perdió con su piloto, Alejandro Ferzola, el 2 de enero de 2011, en el trayecto entre Coronel Brandsen y Santa Teresita. En un año y medio, la policía de Scioli ni siquiera pudo encontrar sus restos. Y la intervención que se reclama de los militares argentinos no está contemplada en su doctrina, organización, equipamiento ni capacitación.


De armas llevar

El primero que respondió a la convocatoria de Granados fue su colega de Tres de Febrero, el dirigente de la UOM Hugo Curto, quien salió a cazar ladrones durante 18 horas sin dormir, con chaleco antibalas y flanqueado por dos policías no aptos para el horario de protección al menor.

La foto difundida por el propio municipio podría ganar un concurso sobre la inseguridad o ilustrar un debate académico acerca de la vigencia en el siglo XXI de las doctrinas del criminólogo italiano del siglo XIX Cesare Lombroso. Escéptico sobre la utilidad de la Justicia, el ex boxeador Curto encabezó junto con Gerónimo Venegas, Hugo Moyano y Omar Maturano la campaña “No jodán con Perón”, cuando dos jueces citaron a Isabel Martínez en sendas causas sobre los crímenes de la Triple A, en 2007.

“Todo el mundo sabe que esto en lugar de ser una investigación es un hecho político”, reclamó Curto, quien también pidió que se investigaran “los asesinatos de José Ignacio Rucci y de Augusto Timoteo Vandor”. Igual que Granados, Curto dijo que tenía un arma en su casa y aseguró que lo mismo ocurre en casi todos los hogares argentinos. Si esto fuera así, la política de desarme emprendida por Scioli y el gobierno nacional, habría sido un completo fracaso. Sin embargo, el programa argentino, que ya destruyó 193.000 armas de fuego, fue elegido por una organización internacional con sede en Londres como uno de los tres mejores del mundo. Dentro de dos meses se elegirá al ganador del cotejo. Del mismo modo, la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción propuso como modelo para todos los países de la OEA la política de transparencia que Nilda Garré aplicó mientras fue ministra de Seguridad. En una nota al Estado Nacional, la Comisión destacó el desarrollo de cursos de capacitación, análisis de contrataciones públicas y el “examen de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por las personas designadas en los cargos superiores de las mencionadas fuerzas y seguimiento de denuncias de posibles actos de corrupción que derivaron en presentaciones judiciales o sumarios administrativos”, e instó “a implementar ese tipo de experiencias y controles en otros organismos públicos”.

Es obvio que las preocupaciones del gobierno bonaerense discurren por otro andarivel. En mayo, Curto inauguró junto con Scioli la sede descentralizada de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” en Tres de Febrero. “La inseguridad es el flagelo más importante que tenemos”, dijo entonces. Su derrota en las PASO de agosto fue una de las peores del Gran Buenos Aires, lo cual relativiza la idea establecida de que la seguridad fue el principal determinante del voto. Que Curto es un hombre de acción no sorprende a nadie. Hace poco fue sobreseído en el juzgado de instrucción Nº 35 de la Capital, en la causa por violencia doméstica caratulada “Hugo Curto y otros s/amenazas”. Mientras Curto, que fue derrotado, intenta mostrar su rotunda personalidad, Granados, que ya ascendió un casillero, trata de disimular la suya. Con membrete del municipio de Ezeiza distribuyó dos fotos y un comunicado en el que se refiere a sí mismo en maradónica tercera persona con prosa exquisita (como la hubiera calificado Adolfo Bioy Casares): “Un intendente al que se lo tildaba de ‘Mano Dura’, ‘Insensible’. Pero al mejor estilo de un hombre que fue su amigo del alma, ‘Néstor Kirchner’, se salió del protocolo y luego de tomarle juramento el gobernador, Alejandro, inmediatamente se abrazó con su esposa la Diputada Nacional Dulce Granados, su compañera soporte emocional del nuevo ministro”.

La relación entre intendentes y armas no es privativa de ninguno de los sectores que se disputan la hegemonía bonaerense, aunque algunos ponen más el cuerpo que otros. El 31 de agosto fue detenido el barrabrava del club Tigre Cristian Franco Carbonel, cuando circulaba armado junto con Jonatan Walter De Vicenzi y Emanuel Ricardo Luján. Les secuestaron dos armas de guerra (una Beretta .9mm y una Browning 11.25) con un proyectil en cada recámara y cargadores completos. La Beretta tenía la numeración limada y la Browning, la inscripción Aeronáutica Argentina. Carbonel estaba enyesado por una fractura producto de un balazo, tenía una condena a tres años de cárcel por asociación ilícita, de 2006, y otra de diez años por homicidio de 2005. Estuvo detenido desde 2004 hasta 2011, cuando la justicia le concedió la libertad condicional. Pese a estos antecedentes, al salir consiguió empleo en el municipio de Tigre, que conduce Sergio Massa. El fiscal de Rincón de Milberg, Mariano Magaz, no incorporó la actuación al Servicio Informático del Ministerio Público, como ya había hecho con el asalto a la casa del intendente. (En ese sistema SIMP es posible trabajar en borrador, que permite modificar y guardar el documento; a la firma, de modo que sólo puede verlo el fiscal o el defensor que lo realiza, y firmado. Sólo en este tercer caso se puede ver en todas las dependencias conectadas y es imposible modificarlo.)


Mientras en la Legislatura bonaerense las disidencias políticas impiden tratar alguno de los proyectos de creación de policías comunales, Granados avanzaba con su implantación de facto, como corresponde a un hombre rudo. Así, anunció que los intendentes deberán diseñar sus propios planes de seguridad y asumir un papel más activo en la lucha contra el delito. “El jefe de policía del distrito es el intendente, el que tiene que marcar el rumbo, el que debe decir dónde ponemos el patrullero y dónde ponemos la Gendarmería”, llegó a decir. Cada gestión intentó innovar en la confección del mapa del delito. Carlos Arslanian lo encomendó a las direcciones departamentales de la policía. Carlos Stornelli, a la Dirección de “Evaluación de Información para la Prevención del Delito”, un reducto de la guerra fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sistematiza la información centralizada por el Centro de Operaciones Policiales. Con Casal se realizó un chequeo minucioso delito por delito en la departamental Mar del Plata, y se detectó una discordancia sideral. La misma falta de confiabilidad tiene el mapa que confecciona esa Dirección y del que Casal ordenó no informar al Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Granados también dijo que los efectivos de Gendarmería se quedarán para siempre en el conurbano, mientras otras fuentes del gobierno afirman que sólo será hasta fin de año, cuando egresen la misma cantidad de nuevos oficiales de las escuelas de policía. Mejor así. La Gendarmería está capacitada para enfrentar ciertos delitos vinculados con la frontera, como contrabando, trata de personas o tráfico de drogas. Su permanencia en el conurbano es tan inapropiada como el patrullaje de playas en verano por agentes penitenciarios entrenados para el manejo de detenidos. Otro anuncio de Granados fue el incremento del personal a 100.000 efectivos, que “tengan en orden sus chalecos, patrulleros y armas”. De los 55.000 efectivos actuales, sólo 18.000 pertenecen al escalafón de comando y cumplen tareas en la calle. Dadas las condiciones de trabajo pre-industriales vigentes, ante la convocatoria de la Policía Metropolitana, donde cobran al ingreso 15.000 pesos, se presentaron 4.500 bonaerenses. La Metropolitana eligió cerca de un millar, de entre los legajos más limpios. Es obvio así que los prometidos 100.000 efectivos no son soportables por el presupuesto provincial.

Horacio Verbitsky

De Etchecopar a Zaffaroni

“Ahí están otra vez. Esconden la nave en algún rincón oscuro del conurbano y salen de nuevo, armados, dispuestos a todo. A matar o morir”.

¿Quién es el pregonero del terror? La maquinaria de la criminología mediática aceita sus engranajes y comienza a rodar; no estamos seguros, dicen, ante un “ellos” cuyos márgenes son cada vez más difusos.

EL REGRESO DE LA MÁQUINA DEL MIEDO: El caso Etchecopar. Los estereotipos a la licuadora. El asalto al conductor radial y televisivo Angel “Baby” Etchecopar predominó en la escena mediática de la semana pasada. Su peculiaridad no radica únicamente en que la víctima es un destacado portavoz de las políticas de mano dura en materia de delitos; el aspecto más relevante lo constituye el hecho de haber encarnado como pocos esa síntesis de estereotipos cuyo objetivo último es instalar una sociedad de control frente a una población inerme.

Así, el tratamiento de la noticia que los diarios Clarín y La Nación efectuaron en relación al tema, se centra en caracterizar a los asaltantes como aquellos potenciales asesinos, delincuentes reincidentes, menores y marginales que habitan en aquellas “escuelas del delito” que son las villas de emergencia. Son “ellos”, un otro diferente y peligroso, que no teme a matar nia perder la vida.

La pieza periodística “Los marcianos atacan de nuevo” (Clarín, domingo 18-03-12) es un claro ejemplo de la construcción estereotipada del “ellos”. La idea de un extraterrestre, “ajeno al cuerpo social”, diferente a nosotros y temible, no lo constituye solamente el que comete el delito, sino que proviene, a decir del teórico del derecho Dr. EugenioRaúl Zaffaroni, “del mundo más amplio de estereotipados que no cometieron ningún delito y que nunca lo han de cometer”. ¿Quiénes pueden formar parte de este universo de diferentes? Desde identidades étnicas, de clase, grupos etarios (los “adolescentes”, los “menores” en general) socioculturales (los “pibes chorros”) potenciales integrantes de una marginalidad vaga que en cualquier momento puede atentar contra el orden establecido.

Para el diario Clarín, los jóvenes que viven en el barrio de los asaltantes de la casa del conductor forman parte de una “bomba social” que no se desactiva: son “los jóvenes de la banquina, sin nada que hacer”, cuyo único destino es “un horizonte de revólver y muerte”. Son el “ellos”, “los pibes que todavía no salieron a robar, pero que pueden empezar esta tarde, mañana o la semana que viene”, porque la criminología mediática opera de ese modo: universalizando al “delincuente”, imponiendo su particular visión del universo social plagado de prejuicios.

Otro de los estereotipos más frecuentes es el de la “reincidencia”: se trata de destacar que el asaltante volvió a cometer un delito gracias a la impunidad promovida por aquellos jueces que le otorgan, pese a sus antecedentes, la libertad. Así, en su edición del 14/03/12, La Nación titula: “En libertad condicional, salía a robar”, mientras explica que “Hasta anoche, ningún integrante del Tribunal Oral de San Martín que le otorgó ese beneficio al sospechoso explicó por qué excarceló al imputado, a pesar de los antecedentes que tenía”.

Por otro lado, la criminología mediática apela a la empatía sólo en el caso de la víctima: utiliza casi únicamente como fuentes a sus familiares y amigos, construye un perfil de “buen ciudadano”, y recurre a citas de autoridad y oficiales para legitimar la autodefensa a cualquier costo: en una nota del 17/03/12 titulada “El intendente de San Isidro defendió la reacción de Baby Etchecopar”, La Nación justificaba el homicidio cometido contra uno de los asaltantes: “Gustavo Posse dijo que el periodista ‘no tuvo opción’ ante la agresión que sufrió su familia en el asalto en su casa”. Clarín cita al Fiscal interviniente en el caso, Dr. Andrés Zárate: “para el fiscal, la acción de ‘Baby’ Etchecopar fue un caso de legítima defensa”.


La realidad presentada como tragedia

Eugenio Raúl Zaffaroni plantea que, en ocasiones, la criminología mediática da con la víctima ideal, capaz de provocar identificación en un amplio sector social, y en tal caso la convierte en vocera de su política criminológica, consagrándola como víctima héroe. La aplicación de este recurso por parte de Clarín y La Nación puede ejemplificarse con exactitud en el tratamiento que dichos medios realizaron sobre la muerte de un peluquero de la conurbanísima Lanús en ocasión de robo.

En la pieza “Lo mataron de un balazo en el corazón para robarle el auto”, publicada el 15/03/12, La Nación apela al testimonio de la madre del peluquero asesinado: “Lo mataron como a un perro de un balazo en el corazón” dijo, conmovida, la madre de la víctima, María Esther. La otra fuente, la esposa, es otra víctima a la que la criminología mediática fagocita en el peor momento de vulnerabilidad, “interrumpiendo brutalmente el camino de elaboración del duelo, o sea de restablecimiento de su equilibrio emocional” (E.R Zaffaroni).

Así, a decir de La Nación, “Consternada, muchísimo más dura fue Romina, la mujer de Ayala que dijo:Me quedo sola con mis hijos por estos delincuentes de mierda que lo asesinaron por un auto de porquería. Estoy podrida de estos pendejos de mierda que tienen 14 años y los largan de vuelta porque son menores de edad. Los tienen que matar a todos”.

Las duras declaraciones de Romina no fueron puestas al azar, ya que en ellas están implícitos temas que son debatidos frecuentemente al interior de la sociedad, como lo son la baja de la edad de la imputabilidad o la pena de muerte, temas controvertidos a los que se pretende dar legitimidad mediante el testimonio directo de una víctima. La empatía generada hacia ella permite que sea políticamente correcto, o al menos comprensible, plantear la pena de muerte.“Por supuesto que estos shows seleccionan algunas víctimas y ocultan otras, procurando sugerir discursos vindicativos y represivos a las seleccionadas” (E.R Zaffaroni).

Al día siguiente, La Nación vuelve a reproducir el estereotipo de menor delincuente en la pieza: “Cuatro detenidos por el crimen de Axel Ayala”, cuya bajada enfatiza “Cuatro personas, dos de ellas menores de edad fueron detenidas”.

Clarín lleva la emotividad y la empatía al extremo al reproducir el testimonio del hijo de siete años de la víctima: “no puedo llorar, mi papá me dijo siempre que tenía que ser un hombre fuerte”. La pieza en que esta declaración aparece, tiene el gráfico título Sueños rotos, y en ella se describe la vida de un laborioso trabajador del conurbano, que a base de esfuerzos había conseguido comprar el auto, al que unos delincuentes impidieron alcanzar su nueva meta de la casa propia (Clarín 15-03-12).

Por su parte La Nación, ese mismo día narraba: “Otra víctima de la inseguridad, otro golpe del delito. La violencia parece no detenerse en el conurbano bonaerense. Ayer fue el turno de un joven de 31 años,-padre de un nene de 7 años- en Lanús, al que para robarle el auto mataron de un tiro en el corazón”. Lo que aquí se destaca era su condición de padre de un niño de siete años, para aumentar la sensación de odio e impotencia, dato que nunca aparece cuando se elimina a un “ellos”: a nadie parece interesarle el niño que se queda sin padre cuando el asaltante es asesinado.


“Nadie escapa a la inseguridad”

Si bien la construcción de la victima predilecta por la criminología mediática corresponde al estereotipo del trabajador de clase media, padre de familia, buen contribuyente, respetuoso de las leyes que debe soportar el acecho constante de un “ellos” peligroso, otras tácticas más sutiles, pero no por ello menos efectivas, refuerzan esa sensación de constante amenaza. Así, los medios hegemónicos instalan en el imaginario social la idea de que hasta aún aquellos que son los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, tanto como quienes se constituyen en referentes de la defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, sufren las consecuencias de la “escalada del delito”.

En su edición del 17/03/12, el diario La Nación publicó una pieza periodística acerca del secuestro extorsivo de la familia de Juan Zabaleta, “secretario administrativo del Senado y mano derecha de Amado Boudou”. El título “Un secuestro de tres horas que inquietó en el poder” lleva implícita la idea de que el hecho delictivo no escapa al poder político, reforzando la representación de un Estado impotente, incapaz de resolver las problemáticas que la criminología mediática identifica como prioritarias en la sociedad.

Algo similar ocurre en la edición del 14/03/12 del diario Clarín, con la pieza titulada “Brutal asalto a una Madre de Plaza de Mayo en su casa de La Plata”, donde esta vez son aquellos que velan por las garantías constitucionales, incluso las de los “delincuentes”, las víctimas de un “ellos” que hasta parece “ensañarse” hasta con sus supuestos defensores: “Se ensañaron conmigo cuando les dije que era Madre de Plaza de Mayo”, declaraba a Clarín Nora Centeno tras el episodio.

Estos mecanismos a los que recurren los medios hegemónicos tienen como objetivo instalar en el sentido común popular la percepción de un Estado ausente, indiferente al reclamo ciudadano de mayor seguridad en las calles, corrupto institucionalmente e impotente que ejerce un abandono del espacio público al no dotarlo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para hacer efectiva una sociedad de control. Así, para Clarín el estado perdió el poder de disuasión (“Inermes ante el matar por matar”, Clarín, 13-03-12) mientras la justicia brilla por su ineficiencia; así a decir del Dr. Zaffaroni “La consigna de la criminología mediática, según la cual a mayor represión corresponde menor libertad y mayor seguridad, impulsa una política que procura un control que neutralice políticamente a la población excluída o marginada acosta del sacrificio de muchas vidas humanas”.


Zaffaroni vs. Grondona

Pero si alguien cumple un rol estratégico en la construcción de los estereotipos de que hace uso la criminología mediática, es el intelectual orgánico a las clases hegemónicas.Si hay alguien en el universo mediático que encarne a la perfección a este tipo de intelectual es Mariano Grondona, quien constituye una referencia ineludible en la difusión de la parcialidad de los medios hegemónicos.

En su columna de opinión del domingo 18-03-12 en La Nación, titulada “Los jueces los liberan y ellos vuelven a matar”Grondona ofrece una interpretación teórica y política de las causas principales de la proliferación del delito en Argentina, a saber: la propagación de una teoría del derecho que incita a la impunidad: la teoría abolicionista de la pena. No se trata ya del clásico debate entre “garantistas” y quienes exigen “mano dura”, interpretaciones ambas de la teoría liberal. De hecho, Grondona reconoce en nuestra constitución nacional una interpretación garantista del derecho; la amenaza reside ahora en una teoría que se aleja peligrosamente del encuadre liberal de que toda sociedad occidental y moderna dispone. Así el abolicionismo, doctrina que interpreta al victimario del delito como víctima oprimida del sistema, cuyos derechos básicos fueron lesionados por las desigualdades sociales imperantes, se acerca peligrosamente al “anarquismo”.

Esta asociación del abolicionismo con el anarquismo no es antojadiza: su objetivo último es asociarla al “caos” social, al desorden; a la constitución de una democracia restringida, donde los delincuentes son liberados y vuelven a atacar al cuerpo social. Y el mayor difusor de esta teoría es, a decir de Grondona, el mismísimo integrante de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Zaffaroni, quien ha sido responsable de formar ideológicamente a un gran número de jueces que, educados en esta doctrina, la ejecutan a la hora de dejar en libertad a los delincuentes, erosionando los pilares básicos del ordenamiento jurídico.

El grito de guerra de la criminología mediática se hace oír en la voz de sus intelectuales del orden conservador: eliminando a la escoria social, las garantías penales son potestad de un “nosotros” restrictivo, que debe ser vigilado para ser salvaguardado; así el espíritu de su proclama puede resumirse en la siguiente frase publicada en La Nación: “Es imperioso, pues, que la policía gane en número y calidad de recursos humanos y técnicos para combatir exitosamente el delito y recupere así la confianza de la ciudadanía, que hoy se encuentra inerme”(A merced de la delincuencia, 18-03-12).

Más poder a la policía, más efectivos patrullando las calles, mejores dispositivos de control tecnológico y rigor en la aplicación de las penas son los reclamos de la prensa hegemónica que confirman la consigna de la criminología mediática, que a decir de Zaffaroni “a mayor represión corresponde menor libertad y mayor seguridad”.

Agencia Periodística de Buenos Aires