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jueves, 28 de febrero de 2013

JUSTICIA LEGÍTIMA




Alrededor de un millar de personas se dieron cita ayer en la Biblioteca Nacional en la jornada inaugural de la convocatoria por una Justicia Legítima, con un fuerte cuestionamiento y denuncia hacia la postura "corporativa" de un sector del Poder Judicial...


No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo.

El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario.

Se llenaron el hall, el café, la explanada.

El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”.

Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica”.

“No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.

–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.

justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.

La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó.

Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.

La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz.

El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.

La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.

Hoy siguió el encuentro con 4 talleres de los que surjieron propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.





domingo, 24 de febrero de 2013

JUSTICIA EN GRAGEAS






Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.

Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.

Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.


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Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.

Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.

La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.

En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.



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Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.

A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.



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Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.


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Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.

Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.

Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.

En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.



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Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.



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A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.

Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?

Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.

Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.

Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.




miércoles, 23 de enero de 2013

MARTÍNEZ DEBATE SOBRE LA JUSTICIA






Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales, de quienes se ocupan de los acusados que no pueden o no quieren contratar un abogado particular. Por eso sabe mucho de las desigualdades del sistema judicial. “Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto”, asegura. La convicción de que es necesario debatir a fondo el modelo de justicia que se impone en el país hizo que encabezara junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó el pronunciamiento por “Una Justicia Legítima”. “A algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular”, agrega sobre el tema. Acaba de volver de vacaciones. Está bronceada y vestida de violeta en un despacho prestado porque el suyo está en refacciones. “Por eso está tan ordenado, sin papeles”, explica. Se entusiasma con una medida tomada a fines del año pasado, pero anunciada esta semana: la implementación de concursos para todos los empleados de las defensorías oficiales, medida que le parece clave para democratizar la Justicia, porque termina con la idea de lo que todavía en tribunales se considera un “derecho adquirido”: la posibilidad de que los hijos o sobrinos de los magistrados tengan un cargo asegurado (ver aparte).

–¿Por qué firmó la solicitada por “Una Justicia Legítima”?

–Creo que nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público. No estoy de acuerdo con la elección popular de los jueces porque me parece que va a ser un sistema de mayor presión, me da miedo. Y en aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno. Pero el problema no pasa por elección popular o no elección popular, sino ¿queremos discutir sobre cuáles son los fallos de nuestra Justicia? ¿Qué nos falta para aggiornarnos y estar de acuerdo con una constitución progresista que incorporó un montón de tratados de derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial.

–¿Cuáles son?

–Uno es el caso (de Leonardo) Forneron, que tiene que ver con una adopción en Entre Ríos (se trata de una niña habría sido entregada a una familia sin el consentimiento del padre y nunca se investigó una posible venta de la menor) donde hay un número significativo de prácticas que deben ser revisadas y donde se produce una mora judicial muy significativa. Otro es el caso (de Sebastián) Furlan, un joven discapacitado a causa de un accidente. El juicio duró muchísimo y cuando le pagaron la indemnización, esta persona tenía daños irreversibles. La Justicia no funcionó sensible al drama de una persona discapacitada y con alta situación de vulnerabilidad. Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto. Se desprotegió a una persona vulnerable. Hay un contrasentido. Si estamos permanentemente hablando del acceso a la Justicia, de privilegiar a las personas en situación de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que no puede haber una misma mirada cuando litigan grandes empresas o corporaciones. No es que no tengan derecho a una justicia rápida, pero no se las puede privilegiar por sobre una persona vulnerable que necesita para sobrevivir la posibilidad de tener una indemnización. Este tipo de cosas son las que hay que conversar. Otra cosa para conversar... yo soy defensora y no estoy de acuerdo con los ataques que se hacen contra medidas que tienen que ver con dejar en libertad a personas que cumplen condena. No creo que los jueces tengan que ver con la seguridad. Esto tiene que ver con personas que recuperan su libertad y cometen otros delitos. Lo que no está funcionando es la infraestructura de apoyo y control que tiene que tener una persona que recupera su libertad. Los jueces de instrucción, que deberían ser muchos más de los que son y tener un gabinete interdisciplinario de primer nivel, si no tienen los medios, ¿qué van a hacer? ¿Fallar en contra de la ley?

–¿Cuál es el tercer caso ante la Corte Interamericana?

–El de (Oscar) Mohamed, que establece el derecho al recurso para todos los ciudadanos. En este momento tenemos conflictos graves en la Justicia, aparentemente hay bandos irreconciliables, pero creo que no es así, hablamos un lenguaje en el que podemos conversar todos juntos. Pero a algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular. Lo que estoy diciendo es: hay cosas que comparto y otras que no. Hay que abrir las ventanas, oxigenar y tener una mirada en la cual los operadores judiciales nos sentemos y digamos cuál es la Justicia que queremos. Van a decir que permanentemente se está haciendo eso. Es cierto, muchas veces se hacen reuniones. Pero esas reuniones quedan en lo formal. Los jueces tienen derecho a luchar por sus prerrogativas y esto lo ha hecho históricamente bien la Asociación de Magistrados. Pero ahora es el momento justo para tener una reflexión sobre qué Justicia queremos. Hubo muchas situaciones graves. Ha habido mucha contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad, yo no puedo hablar mucho porque soy la defensora, pero hay un distinto tratamiento. Si yo soy llevada ante la Justicia y soy una persona de escasos recursos y no tengo ningún padrino, me van a tratar distinto. Además, hay que elevar el nivel de eficiencia. Esto lo dijo el presidente de la Corte y es así. Nosotros también tenemos que trabajar para tener estándares de eficiencia altos. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal tienen un sistema de selección para los secretarios. Hay que fijar estándares mínimos. E insistir mucho con que somos un servicio público, no un poder del Estado... bueno también, todo muy bien, pero antes que nada somos un servicio público. Si no funcionamos como servicio público algo está mal. Nuestra legitimación sale de ser un servicio público que le dé un servicio digno a la gente. Si la gente no se siente protegida, el sistema nunca va a estar legitimado.

–Con respecto a la solicitada, ¿le molesta que en algunos medios los presenten como los kirchneristas o los que responden al Gobierno contra los supuestamente independientes?

–Obviamente estoy a favor de una Justicia independiente. Y particularmente sería muy injusta si dijera que desde que estoy en la Defensoría General he recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno. Nosotros defendemos militares, les garantizamos un buen servicio de defensa. Hemos recibido algunos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que son lógicos, porque estuvieron muchos años soportando calladamente y ven que hay una defensa aguerrida y bueh... pero el Gobierno nunca intervino y cuando tuvimos necesidad de que nos defendieran, nos defendieron. Segundo, yo he llevado casos contra el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directa o indirectamente. El de los menores (por la imposición de penas perpetuas a menores de edad) está a punto de tener sentencia y es una cosa importante. El caso Furlan, si bien lo defendió la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la persona concreta es una defensora nuestra. Si yo dijera que en estos siete años recibí presiones por acusar al Estado por derechos humanos ante la Corte Interamericana sería injusta. También estamos interviniendo en el caso de los qom y estamos o no de acuerdo en muchas cosas, pero nunca nos dijeron “por qué se meten, no vayan”. Esta es mi visión e insisto en que este grado de independencia tiene que existir siempre. Lo que sí decimos en la solicitada es que la independencia tiene que ser de todos. La independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa. El lobby, como bien dice (el juez de la Corte Raúl) Zaffaroni, existió siempre y va a seguir existiendo. Que la Justicia pueda fallar de manera absolutamente libre diciendo lo que cree que en verdad corresponde, que todos los operadores del sistema puedan actuar libremente es fundamental. Ahora, no podemos mirar solamente cuando hace reclamos el Ministerio de Justicia, podemos estar de acuerdo o no con una modalidad. Y lo hacen todos. ¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa.

–¿Algún ejemplo?

–Casos concretos. Lo que pasó con la ESMA. Me pareció disparatado. Que se reaccionara con esa virulencia, que se utilizaran expresiones tan fuertes contra el ministro de Justicia... Podemos discutir si corresponde o no corresponde hacer un asado en la ESMA. Esa es una discusión, pero es como que no tiene correlato... Otra cosa clarísima fue cuando en Salta se mostró con una filmación de celular cómo torturaban a dos presos. Y hubo una reacción tibia. Veinte días después, se publicó que (el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor) Hortel había establecido un sistema para que los presos salieran y volvieran a ingresar. No pasó nada, nadie se le escapó, tenía autorización judicial... discutamos si queremos que pase esto o no. Pero lo cierto es que en un país con convicciones democráticas fuertes, una tortura tendría que haber generado una reacción popular de escándalo, de vergüenza, de buscar soluciones. Y si se ve la cantidad de papel escrito que hubo en un caso y en el otro... bueno, éstas son las cosas que no pueden ser. Ahora estamos lanzando por los doscientos años de la Asamblea del Año XIII una campaña nacional contra la tortura. Sobre estos temas hay que discutir. ¿Por qué no avanzan las causas sobre torturas?

–¿El juicio por jurados mejoraría la administración de justicia?

–Como defensora tengo que preferir el juicio por jurados, porque con buenos defensores es más beneficioso. No me parecería mal hacer una experiencia de juicio por jurados.

–Pero no le parece central.

–No. Lo central es modificar el sistema de administración de justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo tenemos que actuar.

–¿Hay una excesiva judicialización de las decisiones políticas o es un proceso natural?

–Esto es natural. También tiene que ver con un país que durante muchos años no tuvo la opción de acudir a la Justicia y luego la recuperó y entonces acude a la Justicia. También es cierto que hay dos ejes a tener en cuenta: si se acude a la Justicia, y me imagino que éste es el tema, y la Justicia utiliza la posibilidad de aplicar medidas cautelares, es decir de hacer lugar a amparos o distintos tipos de mecanismos para frenar leyes o resoluciones, esto tiene que ir de la mano con que ese amparo o medida cautelar otorgada no puede ser eterna.

–Concretamente con la ley de medios, ¿significa que hace rato debería haberse definido el tema de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no?

–A lo mejor se podría arreglar legislativamente. Podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado. Porque si no, tenemos una Justicia que no es tal, porque los requisitos para hacer lugar a un amparo son mucho más laxos que para resolver sobre el fondo del asunto. No podemos decir no al amparo. Nosotros lo usamos muchísimo en casos de salud, en casos de prestaciones de obras sociales, pero lo lógico es que luego la solución sobre el fondo no sea eterna, porque se desvirtúa. La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución. Puede ser que en un determinado momento una parte se sienta agraviada y que el juez diga “puede ser que esto le cause un agravio que luego sea irreparable”, pero entonces hay que resolver sobre el fondo en un plazo corto. El problema son los plazos. Eso pasa a todo nivel. También la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma, porque en la Corte las causas tardan mucho. La Corte está sobrecargada de trabajo.

–¿La solución sería...?

–Modificar todo el sistema.

–¿Poner otro tribunal?

–Una posibilidad buena es poner una Corte Constitucional. Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte.

–¿Los jueces tiene que pagar Ganancias?

–Esto está ligado con la intangibilidad de los salarios. Eso puede ser una de las discusiones que se den en el ámbito de la reunión convocada para fin de mes. La posición tradicional de la Asociación de Magistrados, que todos en principio acompañamos, es que nosotros no debíamos pagar Ganancias. Pero es cierto que parece como un privilegio desmesurado. Es un tema que hay que debatir. Sí estoy en contra de la postura que se ha manejado en algún momento sobre la jubilación. Nosotros recibimos el 82 por ciento, pero no es una jubilación de privilegio, aportamos mucho más de lo que aportan las demás personas. Si el Congreso, que es la representación popular, dice en algún momento que debemos pagar Ganancias y no tener esa jubilación, será así. Pero no es la discusión central.

–La solución parece pasar por cambiar la mentalidad de los administradores de justicia más que por alguna medida en particular.

–Sí. Es un cambio a futuro. Esta Corte es una Corte progresista pero las Cortes no han ayudado. Y el recambio no se produjo. Ha habido un recambio relativo político...

–¿Recambio en qué sentido?

–De gente joven. Por ejemplo en la Cámara de Casación. Está renovada, pero en una porción mínima y creo que renovar por gente que está en perfectas condiciones de jubilarse es bueno. Y que la gente mire. Me parece bien que las asociaciones de la sociedad civil estudien los fallos, que monitoreen.














lunes, 30 de abril de 2012

CASTELLI Y MONTEAGUDO








Esta charla sobre Castelli y Monteagudo, nada menos que en el stand de la Presidencia de la Nación, es muy emotiva para mí, en primer lugar porque me siento más que honrado de haber sido invitado, y en segundo lugar porque una actividad así es sintomática de un cambio de época.

Este cambio de época tiene algo que ver con el aniversario que celebramos ayer, pues hace nueve años comenzó en Argentina una etapa de recuperación no sólo económica, sino fundamentalmente política. La política volvió al primer plano, la transformación volvió a verse como posible, y empezamos a recobrar una conciencia nacional que nos habían arrebatado, una autoestima de la que habíamos sido despojados tras décadas de prédica autodenigratoria, justamente porque nuestros opresores sabían muy bien aquello que decía Monteagudo, y repetía Jauretche, de que un pueblo temeroso e inseguro es más fácil de someter. El interés por la Historia es un indicativo del renacer de la política y del sentido de Nación. Pero los que nos ocupamos de la Historia notamos algo más: un interés específico en ciertos personajes que hasta ayer eran malditos para la Historia oficial, y que hoy son vistos como héroes negados, silenciados, sobre los cuales el público desea saber más, porque intuye que el ocultamiento y la distorsión de estos personajes no es casual: que obedece a motivos profundos, y que ellos tambien fueron en cierto modo -y disculpenme la metáfora- "desaparecidos". Fueron los desaparecidos de la Historia oficial, la misma historia que hizo desaparecer de las crónicas a los indios, a los negros, a grupos sociales enteros que no encajaban con el relato que se nos quería transmitir.

Fíjense que en ese desaparecer que ya viene de nuestros primeros historiadores, Vicente Fidel López consideraba que la historia no debía ocuparse de las luchas de los indios, pues formaban parte de una suerte de crónica menor.

Joaquin V. González
, cuando era joven y no estaba inficionado por la ideología de la oligarquía, criticaba a los historiadores oficiales por haber desconocido y silenciado la gran rebelión por la dignidad y la Independencia de Tupac Amarú, a la cual Mitre intentaba disminuir calificándola de simple "montonera", mientras Sarmiento consideraba a los grandes jefes de la resistencia indígena, Capoulicán y Lautaro, como "indios apestosos".

Por eso me alegra enormemente que hoy volvamos a hablar de gente como Belgrano y empecemos a reconocerlo como el verdadero Padre de la Patria. Me alegra que hablemos de hombres como Castelli y Monteagudo y que haya personas que se agrupan y organizan para homenejearlos. El año pasado, los integrantes del Espacio Monteagudo, aquí presentes, promovieron la recordación del 222 aniversario del nacimiento del gran patriota tucumano (que no por casualidad nació el año de la revolución francesa), y yo tuve el honor de haber sido invitado a exponer sobre su pensamiento en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, la ex sede de la Secretaría General del Unasur, pues ciertamente este prócer fue el precursor ideológico de la unidad continental, como enseguida veremos.

Y este año, ya se está organizando otro grupo de compañeros, tambien presentes, en torno al propósito de reivindicar a Juan José Castelli del silenciamiento al que fue sometido. Entre otras cosas, proponen que se haga un acto oficial de homenaje cuando el 12 de octubre de 2012 se cumplan 200 años de su muerte, una muerte muy triste luego de una tremenda agonía, envenenada aún más por la ingratitud de sus contempóraneos; pues, como recuerda Manuel Moreno, Castelli, el gran orador de Mayo, el hombre que gestó y organizó la revolución desde las sombras, murió "pobre y perseguido" y su familia quedó en la ruina despues de haberlo dado todo por la patria; su casa fue rematada a precio vil y su viuda, en la miseria, debió esperar 13 años a que le acordaran una pensión. Tambien piden que la estatua de Castelli, que se encuentra en Plaza Constitución, sea trasladada al lugar central que se merece, en Plaza de Mayo, frente al Cabildo que hace dos siglos lo vio caminar febril preparando en los rincones el gran movimiento que nos hizo nacer a una vida independiente, y que lo oyó rebatir con inexorable lógica y formidable valentía los argumentos de los defensores del Virrey: esos cipayos partidarios de la dependencia y la sumisión que por desgracia nunca faltaron en estas tierras.

Castelli y Monteagudo tienen muchas cosas en común. Ambos fueron demonizados en vida y despues de muertos. Yo titulé mi libro sobre Monteagudo "El discípulo del Diablo" para aludir a esa demonización, pues era el discípulo de Castelli, a quien los oligarcas altoperuanos llamaban "Satanás". (Tambien lo llamaban -aludiendo a su segundo apellido, Salomón- "musulmán" y "judío"). Castelli inauguró una larga lista de patriotas demonizados, ya que su actuación había sido tan notoria que no se lo podía ocultar. Fue tan convincente su demonización que el general realista, Goyeneche -un repugnante verdugo que prefiguraba a los terroristas de Estado del presente-, cuando consiguió expulsar a los patriotas del Alto Perú, hizo exorcizar la residencia donde se alojaba el maléfico tribuno porteño, con procesiones de hachas encendidas y lluvias de agua bendita para espantar a los demonios.

¿Y qué decir de Monteagudo? En Bolivia, Argentina, Chile y Perú, fue constantemente perseguido por la calumnia, como bien señala Ricardo Rojas. Las mentiras que sobre él se escribieron parecen increíbles, invadiendo incluso su vida privada y adornándola con espantosas leyendas de depravación. José María Ramos Mejía llega a compararlo con Nerón y con otros ilustres pervertidos de la Antigüedad. Se le han adjudicado crímenes que otros cometieron u ordenaron. Se le han desconocido los méritos más evidentes, como el de haber redactado el acta de independencia de Chile, ya que los historiadores de la oligarquía chilena nunca perdonaron sus ínfulas continentalistas. Perú, donde fue el primer gobernante efectivo (pues el Protector San Martín delegaba en él la administración cotidiana del país), y donde produjo una increíble transformación en los pocos meses que duró su gobierno, no lo recuerda más que con una modesta placa en la Biblioteca Nacional de Lima que él fundó reuniendo sus innumerables libros con los de San Martín. La oligarquía degradada de Lima ("capital del imperio del egoísmo", la bautizó Monteagudo) le tenía un odio visceral por las políticas revolucionarias que adoptó contra los ricos españoles: odio luego transmitido a sus historiadores nacionales hasta el presente.

Veamos cómo pensaban y actuaban estos dos grandes hombres y comprenderemos los motivos de tanta demonización.

Se conocieron a finales de 1810 en el Alto Perú, aunque ambos se conocían de mentas desde mucho antes. Castelli tenía 46 años, y era un hombre mayor para la época -pues buena parte de los revolucionarios pertenecían a una generación más joven-. Llegaba al Alto Perú en calidad de representante de la Junta de Buenos Aires y comisario político del Ejército revolucionario. Lo precedía una fama temible ya que había sido el hombre que osó fusilar a un ex Virrey, a Liniers, por orden de la Junta. Tambien se lo recordaba allí por haber sido un brillante estudiante de leyes en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, donde estudiaron Moreno y el propio Monteagudo. Posiblemente, integraba una logia secreta independentista chuquisaqueña con ramificaciones en Buenos Aires, de la cual era tal vez el cabecilla. Había preparado durante años, junto a su primo Belgrano, las condiciones políticas para llevar adelante un cambio de gobierno, difundiendo ideas por la prensa y conspirando en la sombra. Había sido gestor e ideólogo de Mayo y conformaba con Belgrano y Moreno el núcleo duro revolucionario. Los historiadores acostumbran a señalar a Moreno como el alma de la Revolución, olvidando el relevante papel de Castelli. Cisneros, que no era tonto y tenía mejores fuentes de información, lo sindica como "el principal interesado en la novedad", y Monteagudo lo llamará después de su muerte: "genio ilustre que dirigió los primeros pasos de la Junta y por cuyos extraordinarios esfuerzos hemos llegado al camino en que ahora nos hallamos".



Inteligente, resuelto, de soberbia presencia, de gran formación intelectual, lector de Voltaire, Diderot y Rousseau, admirador de los jacobinos franceses, Castelli era ya una figura legendaria. Monteagudo lo definiría como "enemigo de todo término medio": no venía al Alto Perú para dejar las cosas como estaban. Traía el Plan de Operaciones y las órdenes de la Junta, y estaba dispuesto a arrasar con el orden colonial aunque le costase la vida, como efectivamente le costó. Su ejército acababa de obtener la gran victoria de Suipacha, que anonadó a los realistas y puso todo el Alto Perú en sus manos, sembrando el pánico entre los represores y asesinos del antiguo orden que temían la venganza de los pueblos. En aquel ejército triunfante se incorporaban por primera vez los sectores populares, los gauchos y los indios: Güemes hizo su glorioso debut en Suipacha y uno de los cañones llevaba como nombre "Tupac Amarú". Traía por misión incorporar a los indígenas a la revolución, reemplazar en la administración a los españoles por los criollos, expropiar a los realistas y fusilar a los jefes militares que cayeran en su poder. Las oligarquías y los racistas españoles (y tambien algunos criollos) se espantaban cuando oían relatar que les pagaba a los indios por colaborar con el ejército (cuando hasta entonces todo debían hacerlo gratis) y que se oponía a que estos se hincaran de rodillas frente a él, los hacía ponerse de pie y los abrazaba diciendo: "No, hermano, eso se terminó. A partir de ahora somos todos iguales". Ese era Castelli, a quien su biógrafo Chávez define como "un auténtico revolucionario porteño", y de quien el historiador aymará Reynaga dice: "Es un criollo extraño que insiste en restaurar el tawantinsuyo (...) y habla con franqueza de los derechos de los indios".

Un día se presenta en su despacho el joven Monteagudo. Con apenas 21 años es ya una celebridad. Tambien abogado, aunque proveniente de una familia muy humilde y sospechado de mulato o de zambo por el oscuro color de su piel, abandonó las leyes por la revolución. A los 19 fue el redactor del famoso libelo protorrevolucionario "Diálogo del Inca Atahualpa y Fernando VII", donde impugnaba magistralmente los pretendidos derechos de España para dominar América. A los 20, fue uno de los cabecillas de la Revolución de Chuquisaca, que el 25 de mayo de 1809 dio "el primer grito de Libertad" en el continente americano y que fue el origen de la sublevación altoperuana, feroz y sangrientamente reprimida. Condenado a muerte, luego perdonado, habiendo perdido a casi todos sus amigos a manos de los realistas, acababa de fugarse de la Real Carcel de la Corte de Chuquisaca, donde lo tenían detenido como subversivo. Ambos hombres se reconocieron como afines y pasó a ser el secretario personal y asesor de Castelli.

Castelli y Monteagudo, juntos, eran dinamita. Trastornaron todo. Convirtieron a la Universidad de Chuquisaca en un órgano de formación de cuadros revolucionarios.

Echaron a los españoles y a sus amigos de todos los puestos. Fusilaron a los asesinos y represores Sanz, Nieto y Córdova frente al atrio de la Iglesia de Potosí. Confiscaron a los terratenientes y restituyeron tierras a los trabajadores y a los indios. Defendieron a rajatablas lo que Moreno y el propio Monteagudo llamaban el "santo dogma de la igualdad". Y ello en una de las regiones más atrasadas, sometidas y reaccionarias de América. Eran un huracán. No preguntaban si era posible. Lo hacían.

Frenéticos de la Libertad, ambos sabían que no puede haber libertad sin justicia. "Ninguno es libre si es injusto", escribiría Monteagudo en sus famosas Observaciones Didácticas, "verdadero catecismo de la izquierda popular", como dirá Ingenieros. Y añadiría: “Solo el santo dogma de la igualdad puede indemnizar a los hombres de la diferencia muchas veces injuriosa que ha puesto entre ellos la naturaleza, la fortuna o una convención antisocial”.

Se comprende que estos personajes fueran odiados por los poderosos y los conservadores. Goyeneche los acusaba de emular a Robespíerre: curiosamente la misma acusación que les dirigían los timoratos Saavedra y Funes. Para estos últimos, eran dos terroristas, dos subversivos, "émulos del sistema robespierreano de la Revolución francesa". El mote de terrorista para descalificar a la izquierda tiene una larga tradición.

La conjunción de Castelli y Monteagudo dio nacimiento a dos ideas fundamentales de la revolución sudamericana: dos ideas prohibidísimas y rechazadísimas por los historiadores de las oligarquías criollas en las nuevas repúblicas, fundadores de los "grandes mitos nacionales": la emancipación de los indios y la unidad continental. Ambas ideas tuvieron su primera ejecución y manifestación en un ámbito de leyenda: las ruinas de Tiwanacu, restos de una antiquísima civilización que floreció durante tres mil años, cuando América todavía no existía en los mapas.

Fue en aquel paraje místico y sagrado donde Castelli decidió celebrar el primer aniversario del 25 de mayo, ordenando al ejército formar junto al impresionante Templo de las Piedras Paradas -el Kalassasaya- y convocando a los indios de la región de La Paz. En un acto de fuerte carga simbólica, enmarcada su silueta por el bloque de andesita bellamente labrada de la Puerta del Sol, Castelli habló a las tropas y a los indios, mientras los lenguaraces traducían sus palabras al quechua y al aymará. Rindió homenaje a los Incas por quienes hizo disparar una salva de artillería e invocó a Inti, el Sol de América, para anunciar la hermandad entre criollos e indígenas. Luego ordenó a Monteagudo leer el decreto que habían redactado "a cuatro manos" discípulo y maestro, en el que se prohibían todos los abusos sufridos por los indios, los tributos, la mita y la servidumbre, se los declaraba iguales a los blancos, se les reconocían derechos políticos y -cosa inconcebible- igualdad de acceso a los cargos públicos, se ordenaba establecer escuelas bilingües para ellos y repartirles tierras, se les permitiía elegir a sus propios caciques y designar representantes al Congreso. Nunca nadie se había atrevido a tanto, y menos allí, en una tierra en que los indios estaban obligados a trabajar gratis en las tareas domésticas de los blancos y a entregar la vida en las minas de Potosí, que se devoraron ocho millones de seres en un genocidio colosal. Si alguien no cree que estaban adelantados, piense que pasaron doscientos años antes de que un descendiente de aquellos indígenas llegara a la Presidencia de Bolivia, cumpliendo el sueño de Castelli y Monteagudo.

La otra gran idea que surgió de esta conjunción de voluntades revolucionarias la expresó Castelli por aquella misma época, al ilusionarse con la posibilidad de un avance militar exitoso sobre Lima, la cuna de la reacción española: "Nuestro destino es ser libres o no existir -auguró-, y mi invariable resolución sacrificar la vida por nuestra Independencia. Toda la América española no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo. Preveo que, allanado el camino de Lima, no hay motivo para que todo el Santa Fé de Bogotá no se una y pretenda que con los tres y Chile formen una asociación y cortes generales para forjar las normas de su gobierno."

Castelli fue el primer intelectual en formular abiertamente la idea de una sola nación continental, allí, en el centro del continente, en inmediaciones del lago Titicaca, ese lago legendario de cuya Isla del Sol, según el inca Garcilaso, partieron los míticos Manco Capac y Mamma Ocllo para fundar el Tawantisuyo. Su acendrada vocación americanista lo hacía decir: "Amo todo lo americano y tengo consagrada mi existencia a la restauración de su inmunidad" (en abierto contraste con Rivadavia, que amaba todo lo europeo, preferentemente inglés). Y agregaba que moriría tranquilo cuando viera "asegurada para siempre la Libertad del Pueblo Americano".

Este americanismo fue heredado por el discípulo. Monteagudo gustaba decir que no era peruano, chileno, argentino o colombiano sino americano. “Mi país es toda la extensión de América”, agregaba, desafiando a los localistas estrechos. Creía ardientemente que Sudamérica era la tierra del futuro: "Nosotros estamos en nuestra aurora, la Europa toca su occidente".

La idea continental no pudo ser ni comenzada a ejecutar debido a la derrota de Huaqui que destrozó el ejército patriota. Pero Monteagudo la retomó, y llegó con los años a convertirse en su expositor más sistemático, mucho antes que Bolívar, a quien generalmente se le atribuye. Así lo reconoce Benjamín Vicuña Mackenna: “Un hombre grande y terrible concibió la colosal tentativa de la alianza entre las repúblicas recién nacidas y era el único capaz de encaminarla a su arduo fin. Monteagudo fue ese hombre”. Tornel y Mendivil agrega: “el primero en recomendar el proyecto verdaderamente grandioso fue el coronel Monteagudo”. El propio Bolívar le dice en carta, reconociendo la autoría de la idea: “Es un gran pensamiento el de usted … el convidar a los pueblos de América a reunir un Congreso federal.”



Ya muerto Castelli, Monteagudo, en la Asamblea del año XIII, asumió abiertamente la bandera continental frente al localismo. El Gobierno encarga dos proyectos de Constitución: uno oficial para las Provincias Unidas, y otro confeccionado por la Sociedad Patriótica, que dirige Monteagudo, el cual establece en su artículo segundo que las Provincias americanas se unen en asociación para formar la Constitución de los Estados Unidos de América del Sur. En 1822, como ministro de San Martín en Perú, toca a Monteagudo redactar con Joaquin Mosquera los tratados peru-colombianos, consagrando la unión militar de ambos países y la intención de convocar al resto a una alianza superior. Retirado San Martín de la escena, Monteagudo arrima su proyecto continental, consistente ahora en la conformación de una gran confederación de estados, a quien aparecía como el único hombre capaz de llevarlo a cabo: Bolívar. Por pedido de éste escribe su famoso “Ensayo de una Federacion General de Estados hispanoamericanos y Plan para su organización”, que se encuentra inconcluso en su escritorio a su muerte, y en el cual proponía la unión de los pueblos hispanoamericanos en una alianza militar ofensiva-defensiva para resguardarse de toda invasión foránea, y una unidad política para establecer normas comunes, prevenir conflictos y reforzar la estabilidad de las nuevas repúblicas confederadas.

Si este proyecto soñado por Castelli y sistematizado por Monteagudo se hubiera realizado hace dos siglos, hoy América del Sur sería una de las principales potencias del mundo en vez de haberse visto sometida al colonialismo inglés y luego yanqui, a las dictaduras cipayas y a la entrega y saqueo de nuestras riquezas.

¿Se comprende por qué el recuerdo de estos hombres era tan peligroso, y por qué los historiadores de las oligarquías cipayas, entregadas de pies y manos al imperialismo inglés, tenían que ningunerarlos y denostarlos?

Estas ideas fueron reasumidas por todos los grandes pensadores políticos. El ejemplo clásico es Perón, quien promovió en su primer gobierno la la unión de Argentina, Brasil y Chile (el ABC) como base para una futura unidad del continente. Años después, Perón seguía insistiendo con que una America Latina desunida no se podrá defender: “nos van a quitar las cosas por teléfono”, auguraba. Observen las parábolas de la Historia: tocó a otro argentino, Néstor Kirchner, ser el primer secretario general de la Unasur, el más reciente y exitoso intento de plasmar en la práctica las grandes ideas de Castelli y Monteagudo.

Hay otras cuestiones en las cuales maestro y discípulo coincidieron. Ambos eran hombres decididos, que creían en la voluntad como motor de la historia. Castelli lo demostró con acciones y Monteagudo además lo proclamó con hermosas palabras que lo convirtieron -segun Ricardo Rojas- en "el mejor escritor político" de la Revolución, haciendo reiterados llamamientos a ser decididos y enérgicos desde las páginas de La Gaceta, de Mártir o Libre, o de cualquiera de la media docena de periódicos que publicó a lo largo de América. "La Patria está en peligro y sólo nuestra energía podrá salvarla", repetía. Como su maestro, Monteagudo creía que el miedo y la falta de confianza son peores que las armas de los tiranos. Un pueblo que quiere ser libre no puede ser temeroso, proclamaba. "Para una nación débil y cobarde su misma seguridad es peligrosa (...) mas para un pueblo intrépido y enérgico los más graves peligros son otros tantos medios de hacerse respetable". Para esto resultaba indispensable afianzar la autoconfianza popular.

En aquella época, como hoy, pululaban los derrotistas, los que querían sembrar desaliento en el pueblo y hacerle perder la fe, para que aceptara con resignación las cadenas. Van der Koy y Morales Solá tuvieron muchos ancestros. Eran los que vivían presagiando desastres y todo lo encontraban imposible si no contaba con el visto bueno de Europa, o al menos de algun país europeo. A esos cobardes y derrotistas cipayos, Monteagudo los llamaba "apóstoles del miedo", frase que recuerda a la de otro intelectual argentino que habló de los "profetas del odio". Y con mayor dureza aún escribía estas palabras que parecen dirigidas a ciertos "comunicadores" de la actualidad: "Dudar o hacer dudar del buen éxito del sistema de un pueblo, mostrando en problema su suerte, es cobardía, es infamia, es una traición". Como tambien reviste extraña actualidad su caracterización de los medios opositores a San Martín en Perú, que publicaban mentiras sistemáticas contra el Libertador: "sólo creen que hay libertad de imprenta cuando puedan ejercitar la detracción".

Y señalaba que el ataque infundado a los gobernantes legítimos es "una de las señales más precisas de la falta de un espíritu nacional". Castelli y Monteagudo conocían muy bien las estrategias de dominación, y sabían que estas comenzaban por las cabezas. Por eso su acción política fue siempre arrojada y hasta temeraria, pues querían romper con las cadenas del "no se puede", demostrando por los hechos que sí era posible. Monteagudo pensaba que había que librar una batalla cultural contra los “principios góticos”, es decir, las ideas inculcadas por los colonialistas, y se anticipaba a Jauretche al describir la dominación mental de América: “Los pueblos habían olvidado su dignidad y ya no juzgaban de sí mismos sino por las ideas que les inspiraba el opresor”, decía.

Fiel a Castelli, Monteagudo fue precursor de un pensamiento nacional latinoamericano. Sostuvo que los americanos del Sur debíamos reflexionar con nuestras cabezas y no con las de los europeos: algunos supuestos sabios de afuera "extienden su imprudencia hasta el extremo de dar planes de reformas para el nuevo mundo desde las márgenes del Támesis o del Sena", sin tener la menor idea de nuestra realidad e idiosincrasia, observaba. Como se ve, la costumbre de enviarnos fórmulas mágicas desde los centros de poder (y la de las elites nativas de aceptarlas como verdades reveladas) es de vieja data. Proponía el desarrollo de un pensamiento e instituciones propios, frente a los aplicadores de recetas al estilo Rivadavia.

Monteagudo tenía claro que nunca había que confiar en las buenas intenciones de Europa. Desde Colón, recordaba, "empezó a hervir la codicia en el corazón avaro de los estúpidos españoles", pero esa codicia era común a todos los europeos. "Desengañémonos: todas las naciones de la Europa aspiran a subyugar la América", decía. Y recordaba que eran como "leones de Libia" al lanzarse sobre las riquezas de otros continentes. Pero mayor severidad le merecían los cipayos y traidores: "¿Quiénes son más culpables? Los europeos no, porque al fin es natural que sientan perder lo que creyeron poseer eternamente. ¡Pero los americanos! Yo no creo que tengan bastante sangre para expiar sus crímenes". Palabras que tienen tambien sus implicancias en la historia posterior...

Castelli y Monteagudo eran inexorables con los contrarrevolucionarios. Compartían la visión de Moreno de que eran "las cabezas de ellos o las nuestras", y habían visto morir a muchos compañeros a manos de los colonialistas, en el patíbulo o en las infames prisiones. Sabían que si eran derrotados les esperaba la muerte precedida de torturas y humillaciones. Por eso no dudaban a la hora de perseguir sin tregua a los enemigos. El antiespañolismo de Monteagudo era proverbial: llamaba a los españoles "raza impía", fieras, asesinos, usurpadores, verdugos inhumanos, y hacía un constante llamamiento a combatirlos. Siendo gobernante del Perú, aplicó los mismos principios que Castelli en el Alto Perú: confiscó a los realistas ricos para "quitarles los medios de corromper al pueblo y hacernos oposición". Se vanagloriaba de que antes de su llegada al poder había en Lima 10 mil españoles dueños de la mayor parte de las riquezas, y que al renunciar a su cargo, apenas si quedaban seiscientos: el resto se habían ido. "Esto es hacer Revolución", diría, "porque creer que se puede entablar un nuevo orden de cosas con los mismos elementos que se oponen a él es una quimera".

Ambos acusados de crueles, no eran más que revolucionarios de su tiempo. Rodríguez Peña diría: "Castelli no era feroz ni cruel. Obraba de tal manera porque así estábamos comprometidos a obrar todos. (...) Lo habíamos jurado todos, y hombres de nuestro temple no podían echarse atrás.". Adviértase que los que acusaban a Castelli y Monteagudo de crueldad por las ejecuciones de jefes militares realistas que en la mayor parte de los casos eran criminales asesinos, nunca se quejaron por los miles y miles de asesinatos cometidos por los realistas contra los pueblos... Tal vez si estos próceres hubieran masacrado a los pobres, los gauchos y los indios, habrían merecido el aplauso de semejantes críticos...

La lealtad entre maestro y discípulo fue ejemplar. Cuando Castelli cayó en desgracia, perseguido primero por los saavedristas y luego por los rivadavianos, fueron Monteagudo y Nicolás Rodríguez Peña quienes más firmemente lo defendieron. Mientras sus acusadores indagaban sobre la vida privada de Castelli, sobre si bebía o frecuentaba mujeres, en un juicio verdaderamente vergonzoso, el gran tribuno, enfermo de cáncer de lengua, apenas podía hablar para responder las acusaciones. Monteagudo se convirtió en su vocero, definiéndolo como un hombre "tan celoso de la felicidad general que hasta el más virtuoso espartano admiraría su conducta con emulación".

Castelli, aún con la lengua amputada y privado de libertad, prosiguió haciendo política hasta el último día. Aconsejó a Monteagudo ingresar a la Logia Lautaro y tuvo la satisfacción de saber de la caída del Triunvirato y de su enemigo Rivadavia -organizada por Monteagudo junto a San Martín y Alvear- cuatro días antes de morir. Mientras en Buenos Aires lo defenestraban, su mensaje y su acción siguieron vivos, evocados con cariño y gratitud por las comunidades indígenas, que lo creían un Inca redivivo. Al tiempo que agonizaba, se produjo en la sierra peruana una sublevación de diez mil indígenas contra el dominio del hombre blanco, reclamando el regreso del "rey Castel" (así deformaban su apellido): único gobernante que en 300 años de esclavitud había reconocido su dignidad como personas.

Monteagudo fue fiel a su maestro hasta su propia muerte, acaecida en Lima, mientras procuraba instrumentar la idea grandiosa de Tiwanacu de una Confederación hispanoamericana al lado de Bolívar. Sabía perfectamente que la oligarquía limeña lo quería matar, pero tambien había aprendido que hay cosas por las que vale la pena dar la vida, y así fue cómo dos sicarios le hundieron una daga en el pecho. Quienes lo acusaban de haberse enriquecido con las expropiaciones a los españoles se llevaron un chasco: fuera de efectos personales y algunas joyas, el hombre que desde los veinte años estaba en el poder no tenía patrimonio alguno. Se cumplió, en la trágica muerte de ambos patriotas, lo que el propio Monteagudo había profetizado: "Los que sirven a la patria deben contarse satisfechos si antes de elevarles estatuas no les levantan cadalsos".

Este repaso permite comprender cuánto de actual hay en el pensamiento y la acción de maestro y discípulo. Ellos lucharon contra injusticias sociales seculares, contra la explotación inhumana, contra el despotismo y el oscurantismo, contra el colonialismo europeo. Lucharon por la igualdad, la libertad, la independencia y la unidad de América del Sur. Y son todas luchas vigentes, luchas que debemos continuar.

Los "apóstoles del miedo" los consideraban utopistas alejados de la realidad, cuando eran simplemente visionarios. Dado que las ideas que promovieron fueron sofocadas a manos de las oligarquías racistas asociadas al imperialismo inglés, durante mucho tiempo se pensó que habían sido derrotados. Sin embargo, como decía Cristina ayer en su discurso, la historia no es lineal, tiene avances y retrocesos, y al cabo de doscientos años aquellas ideas maravillosas esbozadas por estos dos hombres en inmediaciones del Titicaca resplendecen como uno de los más luminosos legados de la Revolución sudamericana. Un legado, no para admirar desde la soledad del erudito, sino para convertir en ardiente militancia y en inspiración combativa.

Muchas gracias.





CONFERENCIA PRONUNCIADA POR EL ESCRITOR JAVIER GARIN. EN EL STAND DE PRESIDENCIA DE LA NACION ARGENTINA, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2012, DURANTE EL CICLO DE HOMENAJE AL PENSAMIENTO NACIONAL.




lunes, 30 de enero de 2012

Respuesta pública a Julio Maier, sobre la Justicia



PRIMERO EMPEZÓ MEMPO GIARDINELLI, LUEGO LE CONTESTÓ JULIO MAIER, PERO MEMPO SIGUE INSISTIENDO.

EL DEBATE SOBRE LA JUSTICIA SIGUE...





Estimado Dr. Maier:

La verdad es que me honra su Carta abierta, a la vez que me hace soltar un suspiro de alivio porque ya me parecía extraño que mi artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, publicado en Página 12 el pasado viernes 20, tuviera por toda respuesta pública el silencio. Y digo “pública” porque en privado sí he recibido comentarios, y eso mismo es parte de mi cuestionamiento.

Soy consciente de que esa nota fue provocativa, aunque no por serlo nomás, sino porque pienso –sigo pensando– que el estado de la Justicia en la Argentina es penoso y amerita un debate sincero, público y profundo. No es con silencios o negaciones como nuestro país mejorará al Poder Judicial, que es uno de los pilares de la democracia y de nuestro sistema constitucional.

Entiendo, respeto y acepto la validez de sus argumentos, máxime por ser fruto de su larga experiencia tribunalicia y docente. No obstante lo cual, y parafraseando a Galileo Galilei, insistiré en que la Justicia argentina está en coma o casi. Y no creo, como usted dice, que se trate de “una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución”. Todo lo contrario: es una simplificación para que en efecto se ataque el problema en busca de soluciones. Me disculpará usted, pero a veces acusar de “simplificación” a un argumento, como acusarlo de “generalización”, es un recurso nulificador de la posibilidad de empezar un debate.

Lo que propuse debatir es el sistema judicial. Tómelo como otra simplificación, si quiere, pero es el sistema el que hace agua. Por eso me parece que ya es hora de que los hombres y mujeres que se formaron en Derecho y tienen en sus manos y en su labor cotidiana la impartición de justicia en nuestro país, comiencen por aceptar públicamente lo que sólo aceptan en privado: que la administración de Justicia argentina es un desastre. Con honrosas excepciones, que siempre hay que subrayar, pero un desastre.

Sé que de ninguna manera es su caso, estimado Doctor, pero la mayoría de sus colegas eluden aceptar el pésimo estado de la Justicia, y mucho menos se plantean discutir e implementar las urgentes y profundas correcciones necesarias. Maestros de la elusión, la elipsis, el manejo de los plazos y las prescripciones, la mayoría siempre elude. Y muchos se ofenden demasiado fácilmente.

Por supuesto que comparto con usted la idea de que “los pobres sufren todo de mala calidad”. Así es. Pero si la vulnerabilidad de los pobres hace que para ellos todo sea de mala calidad, entonces ésa es la razón fundamental para que de una vez se modifique el sistema que hace que la Justicia sea de tan injusta específicamente para ellos.

De hecho, usted mismo está aceptando y coincidiendo conmigo en que hay una Justicia –degradada– para los pobres, y otra para los acomodados. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar. Para lo cual hay que empezar a debatir eso, y no mi pertinencia o simplificación o generalización. Que yo soy Nadie y en esto lo que verdaderamente importa es que la impunidad existe de manera abrumadora y es sistema. Sobre todo esto último.

Por eso hay temor en la así llamada “familia judicial”, y es un temor grande. Me lo dicen amigos y amigas abogados, tenaces litigantes que llevan años pateando juzgados. Conozco bien a muchos de ellos, fueron mis compañeros en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, y de algunos tengo el más elevado concepto, como lo tengo de usted. Y sé que ellos tienen miedo, como lo tienen algunos secretarios, oficiales de justicia, escribientes y hasta cosedores de expedientes que también conozco. Todos me dicen que es cierto lo que digo, y qué bueno que lo digo yo que no estoy en el sistema.

Para decirlo shakespearianamente, algo huele mal en Dinamarca. Y es claro que no sé con exactitud cómo se arregla, pero de lo que no tengo dudas es de que la Justicia en la Argentina es un enfermo grave que disimula sus males mediante pactos implícitos de silencio. Porque todos y todas saben que hay coimas y corrupción, y genuflexiones de todo tipo. Pero de eso nunca hablan en público. Y mientras tanto el Poder Judicial, como corporación, zafa de las críticas y las desautoriza.

El sistema está armado para que mediática y popularmente sea más fácil darle palos al Poder Legislativo. Los legisladores, se sabe, están desprestigiados casi irreversiblemente y cualquier senador o diputado está bajo sospecha per se.

Y ni se diga del Poder Ejecutivo: presidentes, ministros y gobernadores siempre están en cuestión y existe la presunción (muchas veces autoconfirmada, desde ya) de que son todos corruptos e ineptos.

Pero el Poder Judicial siempre zafa, quizá por ese estilo acartonado y solemne que distingue a la mayoría de los miembros de la corporación. Doctorísimos y ceñudos, muchísimos jueces y abogados de la “familia judicial” argentina, la federal y la de todas las provincias incluidas, miran para otro lado y hacen silencio, como si el “secreto de sumario” fuese una garantía más de impunidad.

Si a veces hasta pareciera que no son tan argentinos como cualquier otro funcionario, legislador o ciudadano.

Por eso, Dr. Maier, mi pregunta sigue en pie aunque le parezca una simplificación: ¿de qué hablamos, en este país nuestro, cuando hablamos de Justicia?

Reciba mi saludo más respetuoso y cordial.





LEA LOS ANTECEDENTES:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

(INICIO)


Carta pública a Mempo Giardinelli

(RESPUESTA)


La presente nota es la respuesta de MG a la "Carta pública..."


Carta pública a Mempo Giardinelli




Estimado Mempo:

Perdóneme la confianza de tratarlo por su nombre o apodo, pero él siempre me resultó simpático y fue uno de los factores para que siempre lo lea con gusto cuando opina. Sospecho que, si yo lo conociera y tuviera el gusto de charlar con Ud., estaríamos de acuerdo en muchos de nuestros juicios y valores. Al menos así lo sentí desde la polémica con Osvaldo Bayer por el homicidio del jefe de policía Falcón por intermedio de Página/12. Yo, humildemente dicho, estaba de su lado y algo escribí sobre ello, que hoy no hallo.

Pero me parece que su opinión (“¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, Página/12, 19/1/2012), es, cuanto menos, una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución.

Para que conozca a quien le escribe: en lo que al tema concierne, soy jurista, jurista anciano y creo –no me concierne ni me gusta juzgarme a mí mismo– que he sido honorable en el ejercicio de mi profesión en todos sus aspectos: docencia, abogacía y función judicial.

Por lo demás, a pesar de haber sido juez durante muchos años de mi vida, siempre critiqué la labor de los jueces, el lenguaje de los jueces, las creencias de los jueces en sus decisiones. Puedo dar fe de lo que digo, pero me consumiría demasiado espacio y, además, Ud., seguramente, encontrará quien no lo crea así o me critique.

Su opinión puede sintetizarse por la denuncia de que la justicia de los pobres es de mucho menor calidad que aquella que experimentan los ricos o pudientes (en varios sentidos). Y yo creo que Ud. tiene razón o se aproxima a la verdad pero, en cambio, no creo que esta advertencia sea distinta a la misma afirmación en otros campos del conocimiento.

Ud. mismo trata el caso de la niña embarazada por violación que no consigue interrumpir su embarazo. En realidad –según lo expone en Página/12, un día antes de su opinión, alguien con mayor prestigio– ése no debería ser un caso judicial. Al menos podemos concordar en que, mucho antes de la intervención de un juez –innecesaria–, el problema corresponde al ámbito de la salud. Y el mismo caso nos ilustra acerca de algo que ya sabemos: el ejercicio de la medicina no es idéntico para los pobres que para otros más poderosos, sobre todo, económicamente. Los pobres sufren todo de mala calidad; el problema se repite cada vez que ellos deben acudir al auxilio ajeno, sobre todo estatal. Esto es aquello que se invoca, en primer lugar, con la palabra “vulnerable”.

Pero, por otro lado, Ud. revela, a mi juicio, una exagerada confianza –a través de una crítica exagerada de su aplicación real– en el Derecho Penal como sinónimo de justicia, o en la solución de la pena estatal, mejor aún, de la privación de libertad, mejor, de la prisión, pues, según intuyo, los casos que critica tienen de común la llamada “impunidad”, tanto en su iniciación como en su final.

Según yo opino, no resulta argumentablemente justificable que unos seres humanos encierren a otros. La prisión como castigo no soluciona problema alguno, sino que crea al margen otros problemas. Debo admitir que culturalmente no toleramos que algunos hechos graves, como el homicidio y el ejercicio de diversas violencias graves, no sean provocadores del encierro, tanto para sospechosos inmediatos como para juzgados. Y también que la regla cultural le es aplicable directamente a los vulnerables, mientras que los que pueden defenderse con idoneidad consiguen esquivarla, al menos durante el comienzo y la tramitación del juicio. Pero seamos también justos y digamos que esta última aplicación es la correcta, en el sentido republicano, pues antes del juicio y de la sentencia todos gozamos de la presunción de ser inocentes. El problema, según creo, es la solución inútil e injusta que representa la prisión para cualquiera y que sólo es tolerable ligada a una aplicación mínima, igualitaria para todos, pero mínima.


Julio Maier
Profesor titular consulto de Derecho Penal, UBA.

viernes, 20 de enero de 2012

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?








En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.

Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.

Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en Página 12.

Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.

Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.

Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.

Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011, había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2.433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009, hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.

Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.

Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.

Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.

Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (...). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.

Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.

En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.

La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en Página 12 por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia... de silencio e ineptitud.

¿De qué exageraciones hablamos, entonces?



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