BONADIO: LA ESPADA DE CAMBIEMOS

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner. Además pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

En una resolución de más de 360 páginas, ordenó las detenciones del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; el dirigente Luis D'Elía, el excanciller Héctor Timerman –dispuso su arresto domiciliario-, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y el exlíder de Quebracho Fernando Esteche.



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“El presidente Macri es el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

Acompañada por legisladores de Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa para responder a la medida judicial dispuesta por el juez Bonadio, quien la procesó con prisión preventiva y pidió su desafuero.





“El cronograma judicial y mediático, apoyado y potenciado por los trollcenters del gobierno, no es inocente, al contrario, es planificado y obsceno”.

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El fallo de Bonadio por el encubrimiento en la causa AMIA

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El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse “como cabeza del revanchismo” iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder.

A todos se los acusa de pretender encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace 23 años durante el gobierno de Carlos Menem, sobre la base de una denuncia por supuesta "traición a la patria" formulada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Para Eugenio Zaffaroni, esta denuncia hecha por el ex titular de la UFI-AMIA “es un disparate”. “Es una aberración decir que hay traición a la patria, si no hay guerra”, que es lo que presupone la Constitución.

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La historia de Claudio Bonadío

En los últimos años, el juez Claudio Bonadio comenzó a ganar protagonismo dentro de las páginas judiciales de los principales diarios y portales de noticias por sus investigaciones al poder político de turno, llevando adelante causas como el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, interviniendo en las multas de Guillermo Moreno a las consultoras privadas que mostraban sus propios índices de inflación, y en estos últimos meses por la famosa causa de las empresas ligadas a la familia presidencial a la que se llamó "Hotesur, pero que incluye varias sociedades más.

Sin embargo, la historia del juez dentro de los pasillos de Tribunales empezó a escribirse mucho antes que la mayoría de la sociedad conociera siquiera su nombre, cuando en el año 1992 se creó el sistema de juicio oral y público y se amplió el número de juzgados de seis a doce.

Su llegada al juzgado federal número 11:

El gobierno menemista decidió designar a jueces que no venían precisamente de las entrañas de los Tribunales, sino a los más cercanos, siendo uno de los beneficiados Claudio Bonadio, quien por ese entonces ya había sabido desempeñar sus funciones dentro de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde hizo muy buenas migas como subsecretario de Carlos Corach, un soldado del entonces presidente, Carlos Saúl Menem.

1996: Cavallo y la famosa "servilleta" de Corach con los jueces menemistas:

Cuatro años más tarde, en 1996, el juez Bonadio afrontaría por primera vez la exposición mediática, cuando el entonces opositor Domingo Cavallo denunció frente a los medios de prensa la existencia de una servilleta escrita a puño y letra por Carlos Corach, donde éste le enumeraba los nombres de los jueces que "jugaban a favor del gobierno".

Por esa denuncia, varios jueces que se encontraban en la lista comenzaron a ser investigados y fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, Bonadio, que acumulaba cuatro denuncias ante el Consejo de la Magistratura, supo resistir en el cargo.

2001: Procesamiento a periodista de Clarín por difundir declaración jurada de funcionario menemista:

El 5 de junio del año 2000, el periodista del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, publicó un artículo en la página 10 del diario titulado "Alderete, en apuros con la DGI: no puede justificar 600 mil pesos", donde se detallaban las inconsistencias de la declaración jurada del ex interventor del PAMI en la última etapa de Carlos Menem.

Un año más tarde, el juez Claudio Bonadio procesó al periodista por el delito de violación del secreto fiscal. Para justificar la decisión, el magistrado planteó una "colisión" entre los derechos de libertad de expresión y la intimidad, señaló que "la libertad de prensa debe ceder" y destacó que "ella no es ilimitada".

Bonelli, en ese entonces, apeló el fallo y afirmó que si la Cámara resolvía en su contra, sentaría precedente y los periodistas no podrían investigar la evasión fiscal de los poderosos de turno. Ya en 2001, la Cámara falló en favor del periodista, quien fue sobreseído gracias al derecho de libertad de expresión y prensa.

2004: Absoluciones y devolución de favores en la causa PAMI:

En el año 2004 y tras sobreseer a varios funcionarios del menemismo vinculados en casos de corrupción, como el ex interventor de PAMI, Víctor Alderete, la Oficina Anticorrupción denunció a Bonadio, tras atribuirle"incumplimiento de deberes, prevaricato y tráfico de influencias" por manejos sospechosos en una causa para favorecer al ex director de PAMI.

La presentación explicaba que el magistrado tuvo a cargo durante más de cinco años una investigación sobre maniobras fraudulentas en el PAMI para favorecer a la firma Fegera con el monopolio de las prestaciones geriátricas y la administración discrecional de fondos, y que omitió citar a un alto funcionario vínculado a Carlos Menem "con el fin de cumplir con la palabra que le habría dado al ex ministro del Interior Carlos Corach, quien a pedido del ex presidente le habría solicitado desvincularlo".

2005: Apartamiento y "cajoneo" de la causa por encubrimiento en AMIA:

Un año más tarde, Bonadio fue apartado de la causa que investigaba el encubrimiento y las pistas falsas plantadas en la causa por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.

Los motivos del apartamiento eran varios, pero la acusación más significativa era por haber estado cinco años sin mover el expediente, beneficiando así a su colega amigo Juan José Galeano y a su ex jefe Carlos Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA.

2014: Seis expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura:

Según publicó la Revista Veintitres en noviembre del año pasado, el juez Bonadio acumula 6 causas en su contra dentro del Consejo de la Magistratura, la mayoría de ellas por "cajonear" causas y demorar injustificadamente los procesos judiciales según el caso.

La más resonante de ellas tiene que ver con una defraudación del Estado en la privatización de la empresa Tandanor. En ella, el letrado Ezequiel Nino, de ACIJ, denuncia a Bonadio por "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", donde "se le cuestiona al magistrado una demora injustificada en el trámite de dichas actuaciones".

AVRUJ, el intolerante

Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de justicia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desarrolló a lo largo de 32 puntos las razones por las cuales se define como opositor al Gobierno en respuesta al secretario de Derechos Humanos.

Claudio Avruj envió una carta a la CIDH quejándose por la presencia del exmiembro de la Corte Suprema y cuestionándolo por su carácter de opositor. Zaffaroni repudió "el insulto" de Avruj, detalló el deterioro institucional que se vive en el país como lo demuestran la prisión de Milagro Sala y las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La carta de Zaffaroni

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“La REPÚBLICA Cruje, la DEMOCRACIA y el PLURALISMO están en Peligro”

“No convocamos para reunir once jugadores y hacer un equipo. Convocamos a todos los equipos para defender la cancha, el césped en el que tenemos que discutir y debatir, ese césped democrático que quieren llenar de pozos y lodo”.

La metáfora del césped como espacio de la democracia plural y el derecho cerró ayer la intervención del juez Raúl Zaffaroni ante un salón colmado del anexo del Congreso en el que un grupo de personalidades, que incluyó a Estela de Carlotto, Horacio González y Mempo Giardinelli, hizo una reivindicación de las mejores tradiciones políticas y un llamado a enfrentar el miedo y la depresión con participación y organización.

“La República cruje, la democracia y el pluralismo están en peligro”, se tituló el documento que se presentó como “una convocatoria plural en defensa de la democracia ante la emergencia de nuestro Estado de Derecho”. Entre los convocantes se nombró también al radical Lepoldo Moreau, que se ubicó en primera fila junto a militantes históricas de derechos humanos, dirigentes políticos (Héctor Recalde, Remo Carlotto, Aníbal Ibarra, Daniel Filmus), gremialistas (Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano) y artistas. Entre el público estuvo Alberto Fernández.

Conferencia de prensa en defensa de la democracia: Eugenio Raúl Zaffaroni...

Avanza rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y llegamos al punto de quiebre, en que aparece en el horizonte la figura siniestra del Estado de policía, o sea, un Estado en que se pretende que todos estemos asustados y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de quienes mandan.

La picota, aquella columna de piedra a la que se ataba a los condenados para humillarlos, vuelve ahora televisivamente después de dos siglos. Exhibición pública vejatoria de opositores, descalzos y en pijama, disfrazados con chalecos y amarrados con esposas, cuando bastaba con citarlos y constituirlos en detenidos, porque nunca se han resistido, siempre han estado a derecho, acudieron al tribunal cuantas veces los citaron, incluso se presentaron para ser detenidos.

Pero a la vieja picota de piedra sólo amarraban a los condenados: ahora atan a quienes no sólo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera les dijeron aún de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio, pero ahora parece ser el destino de los opositores.

Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo porque no tenía alternativa.

No estoy deprimido, no, eso nunca, pero estoy triste, porque esto lo hacen jueces que pasaron por concursos, nombrados por los procedimientos que tanto nos esforzamos por imponer y mejorar, que deberían saber más derecho, que creímos que llegarían con otra dignidad, por haber atravesado un concurso.

Los gobiernos pasan y los jueces quedan, por eso pensamos que no acompañarían a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que al menos tendrían la dignidad de quedarse en la puerta.

Pero insólitamente se olvidan que los gobiernos pasan, aún las dictaduras más férreas, pasan, todo pasa, incluso la vida misma y, por ende, no hay poder político ni económico eterno. ¿Cómo lo explicarán cuando todo cambie, como habrá de cambiar, porque, salvo Dios, nada es eterno?

El peor criminal, puede ser feroz en el momento del crimen, repudiable, asqueroso, repugnante, pero ante el juez está vencido, caído, impotente, indefenso, y el juez sabe que tiene delante a otro ser humano reducido.

¿Qué pasa por la conciencia de un juez que veja a un vencido indefenso, que lo humilla o que permite que otro lo haga? ¿No es lo mismo que patear a un caído?

No, en verdad es peor, porque a veces se incurre en ese exceso porque el caído golpeó al otro un momento antes, puede haber una emoción violenta. Pero esto no pasa con el juez, cuando tiene delante al vencido no actúa por impulso, no sufre ninguna emoción violenta, fríamente sabe que tiene en sus manos a un ser humano indefenso, y así y todo lo humilla, lo veja, le deparara el trato que sabe que no debe darse a ni al peor delincuente.

Y para colmo lo hace cuando sabe que la mano de la política, la cola del diablo, puede haberse entrometido en la causa.

¿Su única disculpa es que se vio forzado?

¿Qué queda en el fondo de la conciencia de un juez que dice que se vio forzado? Se vio forzado: a vejar y humillar a un ser humano cuando le hubiera bastado con citarlo; a invertir el principio de inocencia diciendo que todo ex-funcionario, por el mero hecho de serlo es sospechoso. ¿No es eso un insulto a toda la política, equivalente a decir que todo político es un corrupto en potencia?

Si un ex–funcionario puede ensuciar una investigación, con más razón la pueden ensuciar los funcionarios en actividad e incluso los mismos jueces si son denunciados, porque también son funcionarios. ¿Ante cualquier denuncia contra ellos los detendrá también mostrándolos en pijama a las cámaras televisivas de su monopolio mediático?

¿En qué nos equivocamos en 1994? ¿En qué fallamos? ¿Es este el derecho que les enseñamos para que superen los concursos? ¿Qué clase de jueces hemos fabricado?

Por lo visto nos equivocamos todos, debo confesarlo ante esta emergencia. Estoy seguro que el Dr. Alfonsín, que lo incluyó en el Pacto de Olivos con la mejor de las intenciones y en lo que todos estuvimos de acuerdo en 1994, coincidiría hoy en que nos equivocamos.

¿Cómo hemos llegado a un momento en que la coacción impera, la amenaza de campañas mediáticas asusta, las denuncias ante el otrora soñado Consejo operan como justificación de humillaciones judiciales públicas a opositores?

Temor, miedo, a perder el cargo por manejos políticos, a ser “escrachados” por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizadas por inventos publicitarios y noticias falsas, con los manejos de Göbbels hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamación bien pagos.

¿Puede todo eso hacer que un ser humano, no siquiera hablo ya de un juez, sino de un ser humano, puede por eso perder el temor al tiempo?

El tiempo es impiedoso, fatal, no se detiene, está en nosotros, somos tiempo. ¿Acaso el temor a todos esos manejos mafiosos puede neutralizar la humana angustia frente al tiempo y al final inevitable? ¿Puede ignorarse la dinámica del tiempo que nos va cambiando hasta nuestras células? Esto es alienación, sin duda, tremenda alienación de un poder mal ejercido y peor comprendido.

Y en medio de esto, se siembra más miedo, se quiere enlodar con las jubilaciones exorbitantes, cuando se trata de la única ley con que puede jubilarse un juez, porque no hay otra, y, además y sobre todo, cuando los montos exorbitantes dependen de los sueldos insólitos que se fija su propia Corte Suprema, la del dos por uno, la del desconocimiento a los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación e introducidos en la Constitución Nacional, la misma Corte que está tan atareada que no tiene tiempo para acabar con la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y sus compañeros.

Esos son sus sueldos, pero además, lo que debe saber la opinión pública, es que todo ese disparate lo hacen para nombrar jueces dóciles, ese es el objetivo real, no nos engañemos. Siembran el miedo a la reforma de la ley de jubilaciones judiciales, para asustar a todos los que tengan más de 60 años y hacerles pedir la jubilación de inmediato, así dejan vacantes para que las llene el gobierno con los jueces propios que reclama el presidente, con una sinceridad digna de mejor objetivo. Ese es el juego, no otro, no nos confundamos. Y lo debe saber la opinión pública, que no la engañen.

La única garantía de imparcialidad del Poder Judicial no está en la imparcialidad individual, porque las personas nunca somos imparciales, porque somos parte de la sociedad, sino que está en el pluralismo interno del propio Poder, en jueces que piensen distinto, que tengan diferentes cosmovisiones, que generen el debate plural interno.

Y esta imparcialidad se termina cuando como ahora y como nunca antes en democracia, hay persecución ideológica y se piden “depuraciones”, se llega casi a secuestrar a un senador para demorar su ingreso al consejo y poder echar a un juez, se siembra miedo, se provocan vacantes. Se acabó la imparcialidad judicial, sólo se quiere obediencia a los mandatos publicitarios del Ejecutivo.

Estamos por otra parte, a punto de una nueva violación frontal a la Constitución, que quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no sólo decidirá a quién se persigue, sino especialmente a quién no se persigue. Esto se llama impunidad selectiva a la corrupción, quede claro.

Cuando hasta México, que abusó de un Ministerio Público dependiente del Ejecutivo, enmienda ahora su Constitución para establecer su autonomía, como en casi toda la región, aquí se quiere retroceder inconstitucionalmente, para garantizar la impunidad de los protegidos del Poder Ejecutivo. Y a eso se llama hipócritamente “lucha contra la corrupción”.

Los corruptores, primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de “impolutos”, cuando tan delincuente por cohecho es el que acepta como el que ofrece.

Los corruptores activos se quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales.

Pero el caos institucional no se detiene allí, parece no conocer límites, no se detiene frente a nada: se pretende que puede haber traición a la Patria sin guerra, contra la definición expresa de la Constitución vigente desde 1853.

Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas más que centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repetto que se negó a tomar juramento a los primeros jueces laborales, que declaró inconstitucional el aguinaldo, que firmó la acordada de 1930 legitimando el poder del dictador más tragicómico del siglo pasado.

Se desprestigia y estigmatiza al sindicalismo, se lo amenaza en todas las formas imaginables, para desbaratar a las fuerzas del trabajo, debilitarlas, reducirlas a decoración de una farsa democrática.

Hay miedo en la sociedad: tienen miedo los científicos a los que se niegan recursos y por poco se los vuelve a mandar a lavar vajilla.

Cunde el miedo en las universidades, a las que se les reduce el presupuesto y se persigue judicialmente a sus rectores, por impulso de un fiscal que incurre en un abuso de autoridad atribuyéndose las funciones constitucionales de la Auditoría General de la Nación.

Tienen miedo los artistas, a quienes se les privan las oportunidades laborales si no son simpáticos al Ejecutivo y a sus monopolios. Pero no admiten que esto se llame “censura”: “esto no es censura dicen, pero no digas lo que no nos gusta, porque te vas a quedar sin trabajo y, además, no tendrás donde decirlo”.

Tienen miedo los periodistas, cuando pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos y, más aún, cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes.

Se empieza a hablar en voz baja en la calle, se revolean de nuevo los ojos hacia los costados al hablar. Parece que empezamos a estar todos en la clandestinidad.

Pero el daño no se limita a todo esto. Esto pasa, repito, porque salvo Dios nada es eterno y todo pasa. Este mal momento también pasará, nadie lo dude, el tiempo es impiedoso. Pero el daño puede ser difícil de revertir.

Por eso debemos reaccionar. ¡Basta de depresión! ¡Es hora de resistencia! Muchos colegas me preguntan si vale la pena enseñar derecho. Pero sí, hoy más que nunca, debemos enseñar más y mejor el derecho, enseñar que el derecho no es un método sofístico para legitimar cualquier cosa, sino que es lucha, como decía Jhering, lucha en que a veces se avanza y otras se retrocede, como en toda lucha: los derechos no se regalan, se consiguen con lucha, la historia del derecho no es un relato de marcha triunfal.

Y como también decía Jhering, en la lucha aprendemos a defenderlo, porque el derecho que se consigue sin lucha se despilfarra, como lo hace el heredero vago que no luchó por hacer la fortuna que recibe.

Debemos enseñar y reafirmar más que nunca que el derecho es lucha, porque estos disparates caóticos -que degradan nuestro Estado de derecho y nuestra calidad institucional- ponen en peligro la fe en el derecho, daña nuestra cultura jurídica, que si bien en parte es nueva, no por eso deja de integrar una tradición milenaria.

Es momento de reafirmar la fe en el derecho, porque si se pierda esa fe sólo quede un campo de lucha de poder sin límites, queda la violencia, la razón del poder en lugar del poder de la razón. Eso debemos evitarlo a cualquier costo. ¡Violencia no! ¡Nunca podemos caer en esa trampa!

Más que nunca debemos enseñar derecho, enseñar a que las cosas que deban hacerse deben hacerse, pero no de cualquier modo, sino conforme a la ley, a la Constitución, al respeto a la dignidad de la persona, a la racionalidad republicana.

Mañana, cuando todo esto pase como inevitablemente ha de pasar, no quiero ver a Macri en la televisión, descalzo, en jogging y esposado. Debemos hacer todo lo posible por evitar que eso suceda, debemos jugarnos desde ahora por evitarlo, por reafirmar la fe en el derecho como ejercicio racional del poder, porque Macri o cualquier otro funcionario vejado en la televisión sería el naufragio del derecho, habríamos fracasado, habríamos entregado el derecho, ellos habrían obtenido su mayor triunfo, el que no les podemos consentir bajo ningún concepto, porque el derecho, nuestro derecho argentino, el de nuestra Nación, no tolera que ningún detenido sea atado a la picota y humillado públicamente, y menos que un juez lo tolere y se disculpe alegando que lo coaccionan.

Si lo presionan resiste, y si no puede resistir denuncia la coacción y, en último término se va explicando por qué lo hace, pero no se queda para violar el derecho.

Argentinas y argentinos, ciudadanas y ciudadanos, por favor, reaccionemos, basta de depresión, en la buena hay que empujar, en la mala hay que resistir, defendamos nuestra cultura jurídica, la verdad al fin siempre brilla, tenemos cátedras, universidades, foros nacionales e internacionales, tenemos neuronas y manos para escribir, y tenemos la palabra.

Tengo un sueño imposible, pero igual lo imagino porque me da mucha fuerza: me imagino con estar aquí, en este lugar, tomando un café con los que sabían de la política de antes, con Raúl Alfonsín, con Antonio Cafiero, con Carlos Auyero, con Arturo Juaretche y otros del pasado, con los que no hacían política televisiva, sino hablando en las plazas, en los clubes, en los centros políticos y culturales, en los barrios, en la calle, boca a boca, persona a persona. Recuperemos esa forma de hacer política, del coloquio, del habla, del lenguaje simbólico, que para eso los humanos somos los animales que lo tenemos más desarrollado.

Hoy no estamos convocados para defender a tal o cual persona, partido o concepción ideológica, sino para defender el espacio para discutir, el espacio para disputar entre nosotros, y si quieren, también para pelearnos, que también es una forma de relación social, válida cuando cada uno, con acierto o error, lo hace convencido de que es lo mejor para el bien común. Pero ese espacio es el del derecho, el de la democracia, el de las instituciones, el del respeto al otro, y eso es lo que está en peligro ahora, el espacio mismo de la democracia plural.

Creo que expreso el sentir de todos los otros compañeros si digo que no vinimos a convocar aquí a once jugadores para formar un equipo. Sabemos que podemos tener entre todos algunas jugadas indebidas que deben cobrar los árbitros, pero siempre en el césped del campo de juego democrático.

Por eso, queremos iniciar una convocatoria sin caudillos ni propietarios, queremos perdernos entre miles de convocados, todos iguales de alertas y vigilantes, queremos que la convocatoria sea abierta a todos los equipos que vamos a seguir disputando, porque es para defender el campo de juego, el estadio que nos quieren demoler, el césped democrático institucional que nos quieren llenar de pozos y barro.





Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Estela de Carlotto




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Mempo Giardinelli




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Horacio González




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Eugenio Raúl Zaffaroni




Estela de Carlotto advirtió sobre “el retroceso de la justicia”, las ofensas “para desprestigiarnos” y los riesgos de disfrazar a los genocidas como “pobres viejitos”. “No gustó nada cuando dije ‘si pudimos con Videla vamos a poder con Macri’ pero es cierto. No es que hablemos de dictadura, pero cuántas cosas nos hacen acordar tiempos donde exhibíamos carteles de ‘Aparición con vida’. Lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado”, recordó. “Invito en nombre de mis compañeras de lucha a unirnos y que se haga realidad conseguir justicia, tener memoria, saber la verdad y hacer realidad el Nunca Más”.

“La democracia que permitía la vibración de palabras contrapuestas pero constructivas ha sido reemplazada por un sistema silencioso, coercitivo y contundente de acciones que prometen felicidad y traman la venganza”, explicó González. “Una suma de sospechosos peritajes sustituyen la palabra constitucional”, advirtió. “Se consulta la historia argentina para demolerla, sustituirla, olvidarla, regocijarse de que es un mundo de desplazados, muertos, olvidados o masacrados. ¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros? Si una república o una nación no es más que un cimiento donde está estable, aunque a veces susurrando, la gran operación de la memoria”, razonó. Estamos ante un “caso único en la historia política del país donde se marcha con cara de felicidad hacia un modo novedoso de totalitarismo”.

“La cuestión en la Argentina de hoy ya no es peronistas, radicales o más o menos izquierda, es pueblo vs. oligarquía y esa oligarquía es mafiosa”, arengó Giardinelli. Propuso “recuperar un sueño, volver a creer en la utopía”. “Frente a las mafias y al triunfo momentáneo de la antipolítica tenemos una tarea enorme y apasionante por delante”, dijo. Reivindicó a Moreno y Belgrano porque “ahí está la verdadera patria, no la de los falsos próceres del siglo XIX que inventaron un país en el que el territorio era de ellos”. “Las pelotas con el pesimismo, compañeros. Los vamos a sacar a estos tipos, les vamos a ganar, con paz, porque la paz es nuestra”.

DEMOCRACIA Y POLICÍA

“Desde la época de Rivadavia, tenemos una policía de ocupación territorial. Hemos copiado la constitución de Estados Unidos y la Policía Borbónica francesa. No copiamos la policía de condado. En el siglo XIX unos garantizan recaudación autónoma, otros gobernabilidad. Hoy los policías se han autonomizado”, dice el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.

“Celebramos 30 años de gobiernos constitucionales. Pero en estos 30 años no pensamos en una renovación del modelo policial. Es una deuda de la democracia, pensar cómo renovar el modelo policial, cómo hacer una Policía conforme a un estado de derecho democrático, con las características de nuestro país. Hay que buscar otros modelos”.

Zaffaroni se pronunció en contra de la huelga por parte de la policía ya que se trata de un servicio de primera necesidad y precisó que las negociaciones deben lograrse con mayor celeridad y presteza.

“Si el servicio de seguridad desaparece, siempre va a haber alguien dispuesto a hacer algo. Eso es inevitable”.

“Este tipo de planteos no deben llegar a estos extremos. Hay que resolver y negociar antes. Algún medio de comunicación debe haber”.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky anunció que están trabajando “con los otros sectores que integraron el Acuerdo para una Seguridad Democrática, porque lamentablemente las cosas que están pasando demuestran la exactitud y la certeza de los planteos que nosotros hicimos”.

El periodista aseguró que “había una urgente necesidad de reforma policial y de un enfoque democrático de la seguridad y ese no ha sido el criterio que se ha seguido en la mayoría de las provincias”.

“Ese no ha sido el criterio que se ha seguido en forma constante desde el Estado Nacional tampoco, si bien hay diferencia apreciable entre el Estado Nacional y las provincias y las consecuencias son las que estamos viendo en estos momentos”.

“Nos parece absolutamente oportuno volver a plantear e insistir con todos los criterios que requiere una concepción democrática de la seguridad”.

Respecto a los acuartelamientos, Verbitsky consideró que hay varios elementos significativos y entre ellos detalló: “Uno es la participación de las policías provinciales, de las cúpulas de las policías provinciales en redes de ilegalidad. La participación en negocios ilícitos”.

“Esto se ha manifestado muy claramente en las tres principales provincias, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.

El Presidente del CELS dijo que cada una presenta con procesamiento distinta, “pero con un trasfondo idéntico que es la policía como regulador y como partícipe de los delitos que debería combatir y la relación que esto implica además con el poder político provincial respectivo”.

Detalló que se trata de una relación de negociación permanente, de espacios de poder, de espacios económicos inclusive, que según las circunstancias se van modificando.

Por otro lado hizo referencia a una fractura entre las cúpulas policiales y los trabajadores policiales que no están en las cúpulas.

“Porque quienes participan en esta negociación con el poder político y con las redes de ilegalidad son las cúpulas, no son todos los policías”.

Y resaltó que “en los momentos en que hace crisis el pacto de gobernabilidad entre las cúpulas policiales, el delito organizado y el poder político provincial, se agudiza esa contradicción con las bases policiales”.

Además destacó que existe una relación perversa y grave entre las fuerzas policiales y los varones jóvenes de los barrios marginales, de los barrios pobres, que por un lado “son constantemente reprimidos como medida de control social, sin ninguna relación con el delito, simplemente para impedir que ocupen ciertos espacios urbanos que están reservados para las clases más prósperas y en algunas provincias esto tiene por otra parte un componente racista, como en Córdoba”.

Verbitsky consideró que el Acuerdo para una Seguridad Democrática “tiene cada día más viabilidad porque aquello que nosotros planteamos hace más de tres años, hoy está incorporado a cierto sentido común de la sociedad”.

“En aquel momento había que explicar muchas cosas que no eran claramente percibidas: Hoy son claramente percibidas. Y además, están a la vista las consecuencias del camino contrario, que son verdaderamente trágicas y dolorosas” .

El periodista considero que el mensaje de la nueva Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y el mensaje de anoche de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner toman realmente esas líneas de acción, pero aclaró que el “tema estará en ver cómo se consigue que esa línea de acción que plantea el gobierno nacional sea adoptada por los gobiernos provinciales”.

Consultado sobre el pliego de ascenso del Jefe del Ejército, César Milani, Verbitsky señaló: “Nosotros hemos impugnado ese ascenso y hemos aportado al Senado los elementos que fundamentan la impugnación, como hacemos desde hace 30 años con todos los pliegos de ascensos de personal militar contra el cual haya elementos que permitan presumir su participación en los crímenes del terrorismo de Estado”.

UNA EXTORSIÓN DEL GAFI

El ministro de la Corte Suprema le apunta al GAFI por reclamar una ley que considera innecesaria. Se preocupa por las “futuras extorsiones” que podría hacer el organismo, y dice que el GAFI busca “monitorear” la economía.





–Usted ha sido muy duro en sus críticas a la llamada ley antiterrorista. ¿Cree que es un error del Gobierno?

–No lo sé. Yo no tengo el panorama completo del daño que el GAFI puede hacernos. Presumo que el Gobierno, que seguramente lo puede valorar más que yo, lo habrá evaluado. Lo que sé es que la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?

–¿Qué es el GAFI?

–Es un organismo cuyo interés consiste en monitorear toda la actividad financiera de los países del sur. No tiene nada que ver con el terrorismo, ni la ley que nos extorsionaron sirve para prevenir el terrorismo, ni tampoco el lavado. Nosotros, desde siempre, por lo menos desde 1921, tenemos las más severas penas contra cualquier acto terrorista o de cooperación o instigación. Ahora resulta que el derecho penal argentino será omnipotente, los terroristas serán nuevos “Lázaro”, los resucitaremos para ponerles otra prisión perpetua. Nadie me supo decir jamás cuál es la pretendida laguna de punibilidad en materia de terrorismo, porque no la había. En cuanto al lavado, tampoco tiene relevancia, porque nuestro mercado es muy pequeño, cualquier operación grande llama la atención; aquí sólo se puede lavar alguna prenda interior y nada más. Lo que les interesa es monitorear toda nuestra actividad financiera, enterarse de todo, controlar todo. Es un organismo que sólo puede hacer “recomendaciones”, pero que se toma la atribución de calificar a los países, hacer listas negras, promover sanciones económicas. Para ello cuenta con una serie de burócratas que promueven estas leyes porque tienen que justificar sus sueldos en euros y dólares. Son sus “técnicos” o, mejor dicho, sus “escribas”.

–¿Para qué quieren controlar nuestra actividad financiera?

–Para, seguritos, conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor. No se olvide que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren.

–¿Lo considera un peligro cercano y grave?

–No lo sé; un peligro es, cuán cercano, no sé. Sé que como todo extorsionador vendrá por más, no se conformará con esto, es inevitable porque es la mentalidad del extorsionador y de los “yuppies”. Llegará un momento en que será necesario decirles basta, no sé si nosotros solos o en bloque, porque los otros países del sur también sufren las mismas extorsiones.

–De lo que dice se deduce que fue un error político acceder a esa exigencia.

–Insisto en que eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si en este momento estamos en condiciones de arrostrar los daños que nos podrían causar. De cualquier modo creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que se trata de una extorsión, en especial para sacar la cuestión del juego político y encararla como una cuestión nacional, en la que todos, Gobierno y oposición, deberían estar de acuerdo y actuar en consecuencia. No es una broma ni una nueva oportunidad para que nadie saque partido, es una amenaza común a la nación. Aquí se debe en el futuro operar con consenso de todos, no jugar con nuestra soberanía.

–¿Considera que se podría abusar de la ley para sancionar la protesta social, la crítica pública o algo parecido?

–De momento nadie jugará con esta ley, y si a alguien se le ocurriese la peregrina idea de valerse de sus defectos, para eso estamos los jueces, para ponerle los frenos que correspondan conforme a la Constitución Nacional. Si alguien quisiera filtrar alguna limitación a los derechos ciudadanos, lo pararemos en seco. Pero no es ésta la cuestión, sino ponernos a pensar todos juntos, Gobierno, oposición, técnicos, economistas, juristas, diplomáticos, qué diablos vamos a hacer con las futuras extorsiones de este organismo. Esta es una amenaza clarísima a nuestra soberanía nacional por parte de un organismo que se atribuye más poder que la ONU. Aquí tenemos que demostrar madurez, o sea, que somos una nación y no un montón de grupos en pelea constante. Está en juego el bien común de la población, no lo olvidemos. Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos.

Página 12

RAÚL EUGENIO ZAFFARONI

“Vivimos un momento en el que se judicializa toda la política”

"El manejo de los medios no es inofensivo frente a la realidad de cadáveres”, sentencia el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni. En una entrevista con Miradas al Sur, el miembro del máximo tribunal se refiere a los cruces entre un sector del Poder Judicial y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y establece su posición frente a una eventual nueva ley de asociaciones sindicales cuyos objetivos sean los de “reforzar el movimiento obrero, a través de un pluralismo racional y regulado”. Además, el juez arremete contra el discurso hegemónico generador de miedo y analiza los últimos fallos de algunos magistrados a favor del Grupo Clarín.


–¿Qué opina de la actual judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–En la Argentina se está viviendo un momento de judicialización de toda la política, lo cual es un capítulo más de un fenómeno mundial que aquí se traslada también al tema de la coparticipación federal, en fondos que piden las provincias. En fin, temas políticos en el sentido más estrecho de la palabra, que se judicializan.

–¿Esa coparticipación debería estar contemplada –teniendo en cuenta que actualmente no lo está– en la reforma constitucional que usted promueve?

–El problema impositivo en general está vinculado a toda la historia de nuestro constitucionalismo, cuestión que en el ’94 no se resolvió y se pateó para adelante. Todo esto derivó en una supuesta ley que políticamente es casi imposible, de modo que es un tema que quedó constitucionalmente abierto. Sería deseable que se pudiera saldar en una futura reforma constitucional –sobre todo porque es un tema que tiene 150 años–, pero eso depende de las circunstancias, no estoy muy seguro de que se pueda hacer.

–¿Cree que las decisiones judiciales no son acatadas por el Ejecutivo, como denunció la jueza Carmen Argibay?

–En líneas generales, el Ejecutivo acata nuestras decisiones. Hasta ahora no hemos hecho procesar a nadie por el incumplimiento de una orden de la Justicia, lo que significa que no hay una resistencia abierta al cumplimiento de las órdenes concretas del Poder Judicial. No lo descarto en el futuro, pero hoy no (se ríe).

–Usted ha dicho que “no hay distribución de tóxicos sin connivencia oficial”. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado sobre esta temática?

–Toda manifestación de lo que hoy se llama criminalidad organizada –que no sé muy bien lo que es, pero se hacen congresos en todo el mundo– no funciona sin un cónyuge inseparable que es la corrupción estatal. Hay algún nivel del aparato estatal que entra en negociación y sin ese sostén no operan. Tengo muy serias dudas sobre la política mundial con respecto a esto. Lo dije en varios foros y nadie me lo contesta, lo cual me hace dudar mucho más todavía. Si uno tiene una oferta de un servicio ilícito, hay una demanda, que generalmente es bastante rígida. Lo que hacemos con la represión es enrarecerlo, disminuirlo, dificultarlo, no lo hacemos desaparecer, y el mejor ejemplo es que ninguno de estos servicios ilícitos ha dejado de operar. Se disminuye, se enrarece ¿De qué forma? Eliminando del mercado a las pymes y dejando a aquellos que tienen más poder, o sea la gran empresa, que tiene mayor capacidad corruptora y tecnológica. La duda que tengo es a dónde conduce esta política mundial en materia de represión a este tipo de delincuencia organizada. No confío en el éxito, realmente. Basta ver lo que está pasando en México para darnos cuenta de las paradojas a las que nos puede conducir esta política: policía corrupta, metieron al Ejército, se corrompió el Ejército, se desarmaron todos los equilibrios de la actividad ilícita, explotó la criminalidad común, guerra entre mafias, 15 mil muertos.

–En términos sociales, educativos y de seguridad, ¿cuán importante es la batalla contra el paco?

–En materia de seguridad, creo que ninguna, o muy poca. El adicto al paco no es el principal problema. El consumidor de esta droga, en general, es un pibe muy joven, marginado dentro de la propia marginación y lo que se produce es una autolesión gravísima. En materia de salud, sí es importante, por supuesto. El paco es un tóxico mortal. Esto no significa que los otros tóxicos sean inofensivos, pero una cosa es que algo lo mate a uno en 20 años y otra, en uno.

–A 20 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cree que ha habido avances respecto de la situación de los menores?

–A nivel legislativo, sí. La Ley de Patronatos ha sido derogada, hay una de protección integral. En cuanto a Justicia penal juvenil, no. Estamos con la vieja ley todavía, que es altamente represiva, porque permite aplicar penas privativas de libertad sin las garantías procesales.

–¿Es compatible con la baja de imputabilidad?

–Qué se entiende por baja de edad de imputabilidad? Porque lo de imputabilidad, técnicamente es un error. El niño y el adolescente no son inimputables y están fuera del derecho penal o sometidos a un régimen penal distinto. El problema es que, dada una cuestión de psicología evolutiva, tiene un grado de madurez inferior al adulto. No en el término intelectual, pero sí en el aspecto emocional. En consecuencia, no puede tener el mismo grado de derecho penal. En función de eso, que es un dato de la realidad que manejamos todos los días, si lo trasladamos al derecho penal, evidentemente tiene que tener un tratamiento diferente que merece un grado menor de culpabilidad. Puede ser medio arbitrario, quizás, fijar topes de edades, pero no queda otra. El tope de edad nosotros lo tenemos en los 16 años y hay un sistema de pena atenuada conforme a la escala de la tentativa de delito grave. Por debajo de los 16 años hay un sistema de pena oculto, eso es lo grave que tiene la ley vigente. Es decir, se le puede aplicar la privación de libertad, pero con un proceso inquisitorio.

–¿Por qué cree que se está generalizando e instalando el discurso de que es necesaria la mano dura y se dice que el garantismo es casi una blasfemia?

–Yo creo que las garantías son de la Constitución, pero admito que haya gente que sea nazi, fascista y que quiera otro tipo de marco legal. Pero mientras exista éste, hay garantías, que son las que permiten ponerles límites a la acción del Estado. Cuando éste pierde todo ese límite, se termina en un genocidio. Simplemente es eso. Admito que hay mucha gente que tiene una postura de ideas que son potencialmente genocidas. Afortunadamente, hoy tenemos esta Constitución.

–¿Cuál le parece que debería ser el modelo de policía adecuado? ¿Qué medidas habría que empezar a implementar?

–Creo que habría que hacer varias cosas, pero no hay un modelo nacional de policía. Tenemos 25, conforme a las distintas competencias, sin perjuicio de las varias policías nacionales que existen. Creo que tenemos que levantar la puntería y pensar en los mejores modelos de policía del mundo: la Scotland Yard, la canadiense, las comunitarias españolas y, en base a eso, definir nuestros modelos conforme a la necesidad de cada provincia. Tenemos un territorio extenso, donde los requerimientos de seguridad son distintos: el interior de la provincia de Buenos Aires es una cosa, el Gran Buenos Aires es otra, la Capital Federal es otra. Insisto en que lo que se necesita es un órgano de carácter nacional que sea capaz de planificar, diagnosticar y aconsejar la inversión racional del presupuesto.

–¿Cuál es el peligro de que se unifique la policía en América Latina y por qué cree que Estados Unidos incentiva esa práctica?

–Estados Unidos le dice a Latinoamérica que unifique la policía y me parece que un sistema centralizado es incontrolable, que se convierte en una cuarta Fuerza Armada, pero con mucho más poder. El grado de penetración en la sociedad por parte de la policía es mucho mayor. Hay un poder de control que luego se autonomiza del poder político y, finalmente, acaba poniéndole sitio, incluso pudiendo llegar a dar golpes de Estado. El modelo de policía comunitaria es una cosa, el sistema de ocupación territorial es otro. Nosotros no copiamos el modelo de Constitución de los EE.UU., pero sí copiamos el modelo de los Borbones.

–Francisco de Narváez ha confirmado su intención de ser candidato a Presidente para el 2011 y, desde algunos medios, se habló de una reunión que él habría mantenido con usted en la que buscó que la Corte Suprema habilite su postulación. ¿Realmente existió ese diálogo?

–Yo hablo con todo el mundo, vino a visitarme De Narváez y conversé con él. Naturalmente habilitar una candidatura a Presidente no es una conversación (sonríe). Tampoco le di una opinión al respecto ni adelanté cuál sería mi opinión. Que lo plantee y veremos.

–¿Lo hizo?

–Se habló del tema, pero en líneas generales. No le dije cuál era mi opinión ni tampoco vino a preguntarme concretamente eso.

–¿Es positivo o negativo el mantenimiento del unicato sindical?

–Yo creo que el movimiento obrero no puede perder fuerza, pero creo que un cierto grado de pluralismo lo refuerza, en vez de debilitarlo. Por supuesto, si estamos pensando en una atomización, o en una anarquización total de la masa de trabajadores, ahí desaparecería. Pero creo que nadie está pensando en eso, sino en un reforzamiento del movimiento obrero a través de un pluralismo racional y regulado.

–¿Cree que es hora de impulsar una reforma de la ley sindical?

–Por supuesto, así como en la política dos tipos no pueden hacer un partido político, tampoco puede cualquier loco hacer un sindicato, y que se le ocurra declarar una huelga por su cuenta, o ir a negociar por su cuenta. Sí, creo que habría que pensar en una nueva ley sindical. Creo que hoy hay una madurez distinta a cuando se pensó este modelo.