miércoles, 29 de noviembre de 2017

¡ATENCIÓN!: MAPUCHES... ¡A POR ELLOS!







«De abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres’»

► Pablo Curlo es un operador turístico que pasaba por la zona de Villa Mascardi cuando se produjo el operativo del grupo Albatros que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. El hombre relató que los efectivos del grupo Albatros disparaban rodilla en tierra desde la ruta y hacia la montaña. Explicó que se encontraba a unos “50 o 60 metros” del lugar donde los uniformados “en el medio de la ruta” y con “armas largas” efectuaban disparos hacia la comunidad. “De abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres’”, detalló. En ese contexto, dijo haber visto como dos personas bajaron a un muchacho que parecía herido.

Curlo relató que llegó al lugar manejando una combi con turistas que volvían de una excursión en la zona del río Manso. Personal de la Policía Federal cortó el tránsito, y pudo observar como “cruzaban la ruta corriendo de un lado para otro lo que parecía ser gente de seguridad”. Instantes después, los efectivos “con uniformes color beige”, se apostaron rodilla al suelo y dispararon montaña arriba, según el testimonio.

“No sé si fue el preciso momento que este muchacho (por Rafael Nahuel) falleció. Desde la ruta no vi gente con (armas) 9 mm, yo veía gente con armas largas y tirando”, dijo a FM Horizonte de Bariloche. Especificó que eran “armas largas, tipo escopeta. No sé qué habría dentro del bosque, yo vi lo que estaba en la ruta, delante mío”.

El hombre aseguró que efectivos de Albatros “tiraba a mansalva”. Estos prefectos “disparaban” detrás de otro grupo de agentes “en formación” que los protegía en primera línea “con escudos”. Mientras sonaban los disparos “escuché un grupo de gente que estaba arriba gritando que dejen de tirar, que había mujeres, chicos y que estaban matando gente”.

Curlo detalló que en determinado momento “bajaron dos paisanos -de esos que uno se encuentra en la zona de El Manso o la estepa-, con un muchacho que bajaban en brazos, que yo supongo que era Rafael. A estos paisanos los precintaron o les pusieron esposas, no los trataron muy bien”, dijo. A la persona que trasladaban “la subieron a una ambulancia”. Los “paisanos” de los que habla Curlo son, probablemente, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, los jóvenes que fueron detenidos tras llevar el cuerpo de Rafael Nahuel.

Según interpretó del movimiento de las fuerzas de seguridad, “liberaron la zona para que no haya testigos” con el corte de la ruta Juan Herman -ex 40 sur, que une Bariloche con El Bolsón-. “Nos mandaron para Bariloche, la ruta seguía cortada, nos pidieron datos, documentos y nos revisaban el auto a ver si llevábamos a alguien en los baúles”, señaló.

El operador turístico confió que se decidió a dar su testimonio luego de recibir un mensaje de una cadena de whatsapp en el que algunos sectores de la sociedad de Bariloche convocan a una movilización “a favor de las fuerzas de seguridad”. Y señaló que está dispuesto a declarar ante el juez Gustavo Villanueva. “Yo creo que las fuerzas pueden ser necesarias y hay que apoyarlas, pero a mí me indignó ver que entre las filas de la fuerza estaban totalmente desbocados”.

En ese mismo sentido, contó que mientras se encontraba en el retén en la ruta “atrás mío, en la misma fila de autos, pasaban caminando y algunos decían ‘pegale un tiro en la frente a ese hijo de puta y dejame pasar’. Yo creo que la sociedad está enferma. Pide sangre para seguir tu camino. Eso me quedó grabado y es lo que quise transmitir”.


juez Gustavo Villanueva


► A pesar del apoyo pleno del Gobierno de Macri al grupo Albatros de la Prefectura, la autopsia del joven Rafael Nahuel, de 21 años, asesinado el sábado en Villa Mascardi, confirmó que fue atacado por la espalda y que el proyectil era de 9 mm, utilizado por las fuerzas federales.

El examen encargado por la Justicia reveló que la bala de plomo ingresó por el glúteo y se alojó en el tórax, lo que sería un indicio de prueba de que Rafael estaba agachado en el momento en que fue atacado por detrás.

El disparo atravesó órganos vitales, lo que ocasionó una hemorragia interna en el cuerpo del joven.
Tras el ataque de los prefectos, Fausto Jones Huala y Alejandro González bajaron hacia la ruta con Rafael en gravísimo estado. Ambos fueron detenidos y Rafael no llegó a recibir atención médica.


Desde el CELS condenaron las respuestas del Estado ante el homicidio de Rafael Nahuel

► Diego Morales, director del Área de litigio y defensa legal, repudió la actitud de los funcionarios y enmarcó el episodio en un contexto “de militarización de las regiones”. "La construcción de una imagen sobre la existencia de grupos armados es la respuesta más sencilla y más canalla que tiene el Estado de liberar sus responsabilidades”, agregó.

Morales criticó la postura del Estado frente a los reclamos territoriales de los pueblos originarios, pero además reprobó que los funcionarios recurran a  acusaciones en contra de las comunidades para legitimar su accionar. “Se dice que existen grupos armados pero no se acreditan pruebas, no se presenta información, son solo comentarios. Lo que esto hace es deslindar responsabilidades por parte de los funcionarios del Estado y justificar el tipo de reacción", denunció en diálogo con FM La Patriada.

Esta mañana, los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) afirmaron que los mapuches de la comunidad tenían armas de grueso calibre y “estaban en una formación de tipo militar”, aunque no se reportaron heridos entre los efectivos ni tampoco se encontraron pruebas que acrediten esta versión. "No reconocen al Estado ni la Constitución, son grupos violentos que no respetan la ley", aseguraron de todas formas y destacaron: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”.





Para el CELS no hubo “necesariamente un enfrentamiento” entre el grupo Albatros y los miembros de la comunidad el día que murió Nahuel, como sostienen desde el Gobierno, “sino más bien un operativo deliberado realizado por las fuerzas de seguridad, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de intervención a través de coberturas de jueces o fiscales". Morales destacó que “hay una persona asesinada por parte de las fuerzas de seguridad”, y pidió que se establezca “una investigación imparcial” para que se explique “qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias”.

Morales alertó que el juez Gustavo Villanueva “no podría” investigar la muerte de Rafael porque él fue quien decidió el desalojó “violento” del día jueves, que habilitó la detención de mujeres, y el mismo magistrado que el día viernes ordenó el nuevo allanamiento y rastrillaje el sábado. Agregó que “él estuvo involucrado en todas las decisiones”que se fueron tomando desde el día jueves para este tiempo. “Se está resolviendo a través de la criminalización un simple caso de ocupación”, concluyó.


"A una nena le hicieron comer tierra para callarla"

► “Rafael fue al lugar, a llevarles comida a los chicos que habían quedado arriba del cerro y la termino pagando y él no se lo merecía, esto se podría haber evitado”, con la voz que se le quiebra Ailén Tapia llora por su compañero muerto. Es una de las mujeres mapuche que fueron detenidas en la Lof Lafken Winkul Mapu el jueves a la madrugada en el marco de desalojo ordenado por el juez Gustavo Villanueva, y relató los abusos que sufrió una menor de edad a manos de los efectivos del grupo Albatros de la Prefectura. “Le hicieron comer tierra para callarla”, dijo Tapia sobre esta joven mapuche de 16 años que luego también terminó detenida.

--¿Qué pasó el día del desalojo?

--Mari Mari. Estoy acá desde la semana pasada, vine a ayudar en el proceso espiritual a una lamien (hermana). El miércoles se acercó el fiscal, el secretario, a una supuesta instancia de diálogo en la que nos dijeron “se van o los sacamos por la fuerza”. Jamás presentaron una orden escrita de desalojo. Al otro día, tipo 4 de la mañana, nos despertamos. Ya sabíamos que iban a venir, lo suponíamos. Empezamos a desarmar las cosas, y a esconderlas por el cerro porque sabíamos que iban a quemar y a romper todo, que fue lo que hicieron con las cosas que quedaron. Se empezaron a sentir los tiros y los gritos de los chicos que estaban más abajo, nosotras estábamos más arriba en el cerro con los nenes. Empezamos a ver que los chicos venían corriendo hacia donde estábamos nosotras, se veía la sangre, y yo salí corriendo. Una nena se asustó y salió corriendo atrás mío, la agarre y nos escondimos. Se escuchaban tiros, estaba de noche todavía. Vieron a la nena primero, que lloraba y me levantaron del piso, me pegaron en las piernas, nos patearon, me pegaron en la cabeza, me sacaron a la nena.

--¿Ahí estaba una menor de edad que también fue detenida?

--Sí, la lamien gritaba en mapudungun… le hicieron comer tierra... para hacerla callar… la estaban asfixiando. Le pegaron. Después nos empezaron a bajar cuando íbamos bajando vi a las otras chicas que estaban con sus hijos, y estaban todas reducidas, les tiraron gas pimienta cuando ya estaban reducidas, y no las dejaban acercarse a sus nenes. Estaban todas con precintos, los nenes lloraban porque tenían gas pimienta, estuvieron toda la mañana llorando, no tuvieron asistencia… La lamien de la que hablo es menorde edad, tiene 16 años, y estuvo con precintos hastaque nos trajeron a la comisaría. Esto fue tipo5dela mañana, 5 y media ya nos habían agarrado y tipo 11 del mediodía nos llevaron para la comisaria. Ahí nostuvieron hasta las 8 y media de la noche en un lugarreducido, con los nenes también presos. Sin ningún tipo de asistencia. En todo momento se rieron de nosotras. Siempre fueron varones los que nos encarcelaron, que no estaban identificados. No sabíamos quiénes eran. A la lamien, principalmente, la golpearon. Nosotras seguimos con lo puesto porque no nos devolvieron nuestras cosas. Todos los gobiernos nos reprimen. Pero de esta manera… y vivirlo así… yo en ningún momento me hice la loca o quise pegarle a algún policía y me pegaron igual y se burlaron de nuestra cultura.

--¿Estaban incomunicadas?

--Por todos los medios salió información pero a nuestras familias no les dijeron nada. El sábado estábamos en la puerta del hospital y los medios sabían antes que la propia familia que había un pibe muerto. Y circulaban un montón de cosas y nuestras familias, yo soy de Viedma, y nuestra familia, lejos, no sabían qué pensar, nosotros no podíamos comunicarnos. Yo sigo sin mi celular, siguen todas nuestras pertenencias en la comisaria. Los celulares posiblemente no nos lo devuelvan, para saber si somos de la RAM... es como un chiste. Es un chiste. Cualquiera que me conoce, yo soy docente, yo vine por una cuestión espiritual. Cualquiera que me conoce sabe que jamás en mi vida maté una mosca. Y mataron a Rafa…

--¿Qué pasó cuando las liberaron?

--Rafa me abrazó y pidió perdón por no haber estado en el momento cuando a nosotras nos agarraron. Después él fue al lugar, a llevarles comida a los chicos que habían quedado arriba del cerro… y la termino pagando y él no se lo merecía. Nos habían asegurado, nos aseguraron los abogados que a los chicos no les iba a pasar nada, hicieron habeas corpus. A nosotros no nos dejaron entrar al Poder Judicial a entregar un habeas corpus, nos decían que teníamos que estar con la abogada y eso no es así. Cualquier persona de civil lo puede presentar. En todo momento yo sé todos mis derechos, y en todo momento yo se los gritaba, en todo momento les decía que la lamien era menor de edad, que no podía estar precintada, que no la podían golpear… y aparte es una autoridad del pueblo mapuche que se está levantando.

--¿Qué significa esto?

--Algunas lamien son nuestra fuerza espiritual. Son quienes nos sanan, quienes ven lo que va a pasar, son las fortalezas de un pueblo. Y justamente el Estado Argentino hizo un trabajo de hormiga, para que ni siquiera nos podamos reconocer. Y hoy en día se están levantando los ñeñe y los newen y después de más de 100 años. Como no es algo que se elige, es de suma importancia para nuestro pueblo que suceda después de tanto tiempo. Estas personas sin sus cosas, sus instrumentos y su tierra, se enferman. No podemos ir cambiando de territorio. Los pu Lonko dijeron que ese es el lugar donde tiene que estar. Por eso ella está ahí... estaba ahí pero fue detenida como si fuera mayor. Y bueno, ahora nosotros estamos concausas, no podemos acercarnos al lugar más de 500 metros. Para nosotros, para nuestra cultura, tenemos que estar en el territorio, no podemos seguir en la ciudad y especialmente la gente de la comunidad. Hoy en día estoy acá apoyando a la comunidad. Y es sumamente necesario que la gente que tiene que estar ahí, porque espiritualmente es así, tiene que estar. Y hoy en día tenemos una orden de restricción. Nosotros si nos acercamos nos meten presos. Y nos habían asegurado que a los chicos no les iba a pasarnada y el juez mando a reprimir de nuevo y es como… ¿por qué medio lo hacemos? ¿No?Hagamos todo por la vía legal o por la fuerza de todas formas nos van a reprimir igual. Esto se podría haber evitado. La muerte de Rafase podría haber evitado, se podría haber entrado al diálogo. Pero de parte del Estado no fue así. De parte de Parques Nacionales no fue así. También tener en cuenta el historial de Parques Nacionales, ¿no? Sembrar el interrogante en la gente que averigue, por quién está manejado qué historial tiene.




¿Querés saber por qué asesinaron a Santiago y a Rafael?

Macri es el que promueve desarrollos inmobiliarios en la zona cordillerana, y Patricia Bullrich su brazo ejecutor.

Pero... ¿quiénes organizan esos negocios?

Mirá quienes son las autoridades de Parques Nacionales; te sugiero que leas el currículum de cada uno del Directorio. Te vas a asombrar el vínculo entre desarrolladores inmobiliarios y la Administración central.


Presidente: Eugenio BréardDecreto 236/2016

Cumplió funciones en la empresa Philip Morris Internacional durante 25 años, en donde se desempeñó como Director de Marketing, Gerente General y Vicepresidente de la filial argentina.
Desde 2008 alternó entre la Presidencia y la Vicepresidencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero, sociedad anónima de propiedad estatal que tiene como misión la implementación de proyectos urbanos para ayudar a emprendedores y gobiernos locales a concretar ideas e iniciativas de difícil implementación. Durante su gestión, la Corporación recibió distinciones a nivel nacional e internacional.

Vicepresidente: Emiliano EzcurraDecreto 237/2016

Comenzó su carrera ambiental en el año 1986 como voluntario en Greenpeace Argentina. En esta ONG cumplió diversas funciones, entre las que se destacó como gestor de campañas ambientales, estratega y manager; hasta que en 2006 fue nombrado Director de Campañas de Greenpeace Argentina.
En el año 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, ONG que recibe donaciones con el objetivo de salvar bosques nativos en riesgo. En esta función, sus principales logros fueron la creación de una comunidad de 1000 donantes y la realización de la campaña para la creación del Parque Nacional El Impenetrable.

Vocal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Lic. Pablo Galli Decreto 238/2016

Licenciado en Comercialización de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), realizó estudios de posgrado en las Universidades de Chicago y Columbia, en Estados Unidos.
Comenzó su carrera profesional en agencias publicitarias como Grey Advertising y McCann Erickson. Durante diez años se desempeñó en Pepsi Cola Internacional, primero como Director de Marketing en Argentina y después como CEO en Uruguay y Chile. Posteriormente fue CEO de TELEFE S.A., Canal 9 y Capital Intelectual S.A.

Fue Presidente de la Asociación Argentina de Marketing y es miembro del Consejo Académico del Posgrado de Marketing de la Universidad de San Andrés, además de Managing Partner de Newlink Group en Argentina, empresa dedicada a consultoría estratégica y comunicaciones en América Latina con fuerte énfasis en las industrias de Turismo, Tecnología, Finanzas y Alimentación.

Vocal por el Ministerio de Turismo de la Nación: Lic. Roberto Brea

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Master en Administración, se desempeñó como Director Ejecutivo en distintas empresas: Bremur S.A; Investment Banking Services; CTI; y Grupo Inmobiliario Ayres. Desde 2006 se desempeñó en el mismo cargo en la compañía de desarrollo inmobiliario Pilará.

Desde el año 2015 ocupa el cargo de presidente de la farmacéutica argentina Laboratorios Andrómaco S.A.

Vocal por el Ministerio de Defensa de la Nación Arq. Gerardo Bianchi

Se graduó en la Universidad de Buenos Aires como Arquitecto. En la Administración de Parques Nacionales encabezó diversos proyectos entre los años 1980 y 1992. Durante ese período tuvo a cargo la dirección y ejecución de Obras en la Casa Central y en los Parques Nacionales Los Glaciares, Tierra del Fuego, Los Alerces, Calilegua e Iguazú, entre otros. Fue representante del Organismo y Director Interino de la Dirección de Concesiones y Servicios Públicos.
Durante el año 1992 se desempeñó como arquitecto en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, para luego dedicarse a la actividad privada.

Vocal por el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda: Dr. Mariano Grondona

Abogado, graduado en la Universidad Católica Argentina, completó una Maestría en Jurisprudencia Comparativa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Dio sus primeros pasos en el Estudio Arnold & Porter y fue socio fundador del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz.

En la función pública se desempeñó como Síndico, fue miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina y asesor en el Ministerio de Economía de la Nación. Desde 1984 hasta 2011 fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en cátedras dedicadas al Derecho Constitucional. Es autor de libros y realizó varias colaboraciones y publicaciones científicas.

Socio del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es miembro fundador de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

¡Están todos juntos!
#carlosriello







domingo, 26 de noviembre de 2017

SANTIAGO MALDONADO: 10 Preguntas y Respuestas






Diez preguntas y respuestas sobre el caso Santiago Maldonado


El martes 1° de agosto de 2017, decenas de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) entraron con violencia al territorio que la comunidad mapuche Pu Lof reclama como propio en Cushamen, Chubut. La GNA tenía orden de la justicia federal para despejar la ruta 40 pero, con el argumento de la “flagrancia” -promovido por el Poder Ejecutivo Nacional- ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes. Santiago Maldonado era uno de ellos.

Cuando ese operativo ilegal y violento finalizó, faltaba “el Brujo”, como se conocía a Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparición considerando la posibilidad de que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. En ese momento inicial, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado ya que en casos como este sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática.

En las primeras semanas, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó a Maldonado de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar tanto la búsqueda como la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que pudo comenzar a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.

Transcurría el tiempo y buscar a Maldonado no era la prioridad estatal. Diez días después, la pregunta “¿dónde está Santiago Maldonado?” ya había ocupado calles, plazas y plataformas digitales y los medios de comunicación del país y del mundo hasta convertirse en una cuestión central de la agenda política. La empatía de amplios sectores sociales con la familia Maldonado no alentó al Poder Ejecutivo a involucrarse en una solución del caso; más bien, pareciera haber ocurrido lo contrario: mientras el Estado no podía encontrar a Maldonado, la estrategia del gobierno fue intentar romper la extendida solidaridad con la demanda. Así, destinó profusos recursos a atacar a la familia, a la comunidad y a quienes los acompañaban.

Hasta ahora ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, como ingresar sin orden judicial, arrojar piedras a los manifestantes o hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

El 17 de octubre Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut, en el mismo lugar en el que en agosto los gendarmes afirmaron en el sumario administrativo haber llegado persiguiendo a los manifestantes.

La constatación de que un participante de una protesta social había fallecido durante una represión llevada adelante por fuerzas federales no modificó el enfoque del gobierno nacional. En los días posteriores a los primeros trascendidos de la autopsia, numerosos funcionarios se dedicaron a instalar una nueva conjetura: si Maldonado no fue secuestrado por la GNA, tal como había denunciado la Pu Lof, no existen responsabilidades estatales y, en cambio, lo que debe ser investigado son las denuncias de la comunidad y el rol de los organismos de derechos humanos.

La comunidad fue el primer actor en denunciar la desaparición y sus primeros relatos sobre el operativo fueron ratificados por los propios gendarmes. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, por ahora se puede saber que Maldonado intentó cruzar el río para escapar y permaneció en el agua fría lo que lo llevó a una muerte por hipotermia y asfixia por sumersión. La idea de que las discordancias con parte del relato de algunos miembros de la comunidad exime al Estado argentino de responsabilidad por los hechos que culminaron con la muerte de Santiago y por la deficiente búsqueda posterior no resiste un mínimo análisis.

Santiago Maldonado murió mientras participaba de una protesta. Pasaron 78 días hasta que fue encontrado. El Estado en lugar de mostrar su voluntad de proteger a la víctima y a su familia, los maltrató con recurrencia y en ocasiones con saña. Ninguno de esos tres hechos puede naturalizarse. Ninguno de esos hechos puede ser tratado como si fuera un accidente o un incidente más de la ineficacia estatal. A continuación sintetizamos las acciones principales que en virtud de esa agenda y de las estrategias propias del trabajo del CELS llevamos adelante desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha.

La pregunta ¿qué pasó con Santiago Maldonado? aún no fue esclarecida.



1. ¿Qué acciones judiciales impulsó el CELS?


A partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, se iniciaron dos expedientes: un habeas corpus que tenía como fin encontrarlo y una causa para investigar las posibles responsabilidades penales en la desaparición, que fue caratulada como “N.N. s/desaparición forzada de persona”.

Habeas corpus- medidas de búsqueda

Los primeros habeas corpus fueron presentados por el Defensor Oficial Federal Fernando Machado y la Comisión Provincial por la Memoria el 2 de agosto. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero. El 3, el CELS sugirió en un escrito enviado al juez:

– la preservación de la zona del Pu Lof donde fue visto Maldonado por última vez
– el rastrillaje del Pu Lof
– el pedido a las morgues de información sobre el ingreso de cuerpos no identificados
– el allanamiento de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería
– la pericia de un cuello de polar de Santiago

El mismo día, el CELS aportó los datos de Ariel Garci, quien tenía información sobre una línea telefónica utilizada por Maldonado.

El 9 de agosto, el CELS se presentó como parte, debido a que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Seguridad activaban una búsqueda exhaustiva, reiteró las medidas ya sugeridas y pidió complementar con:

– el rastrillaje de las rutas 15 y 71
– la incorporación de una antropóloga forense para mejorar la estrategia de búsqueda
– la ampliación de las medidas respecto a la Gendarmería Nacional
– la convocatoria a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.

El 17 de agosto el CELS propuso al juez Otranto que convocara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que asesorara en la búsqueda. El pedido fue aceptado pero la participación del EAAF no se materializó porque el juez no le hizo ningún requerimiento.

En las semanas siguientes el CELS:

– ofreció testigos que podían relatar los últimos meses de Maldonado en El Bolsón y contar cuándo lo habían visto por última vez ya que desde el Poder Ejecutivo se ponía en duda su presencia en el lugar en el momento de los hechos
– participó de declaraciones de Claudina y Ailinco Pilquiman, Andrea Millañanco y Soraya Guitart, integrantes de la comunidad
-participó de las declaraciones de 19 gendarmes
-participó de los rastrillajes de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería Nacional realizados el 10 de agosto de 2017.
-aportó un video del momento en el que la comunidad habla con el defensor Machado sobre el procedimiento realizado por la Gendarmería y afirman que no saben dónde está una de las personas que participaba del corte y que creían que había sido detenido.

Causa penal- Medidas de investigación

El 15 de agosto, a dos semanas de que no se supiera nada de Santiago, el CELS pidió ser querellante en la causa que investiga qué sucedió con Santiago y la comunidad en el contexto de la represión de la protesta y las responsabilidades penales por la desaparición de Maldonado y las irregularidades del operativo. Esta causa, delegado por el juez a la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de la Fiscal Subrogante Silvina Ávila, tiene como propósito determinar la responsabilidad que le cabe a la Gendarmería Nacional por lo sucedido el 1 de agosto en Cushamen.

En el expediente caratulado como desaparición forzada, el CELS pidió algunas medidas de pruebas ya solicitadas en el habeas corpus que no habían sido realizadas. A ellas se le sumaron el registro de comunicaciones de todos los efectivos involucrados en el operativo y la ampliación de búsqueda de ingreso de un cuerpo sin identificar en las morgues de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Luego de varias semanas, se allanaron los escuadrones de Gendarmería donde se secuestró información relevante de los discos rígidos, computadores y se secuestraron los teléfonos.

Como detectó que faltaban al menos 78 fotografías y numerosos videos, que habían sido tomados durante el operativo, algunos de los cuales se habían distribuido a los medios de comunicación pero no aportado a las causas judiciales, el CELS solicitó el 6 de septiembre que se requiriera la urgente incorporación de estas imágenes a la investigación, lo cual fue aceptado por la fiscalía. El 26 de septiembre se recibieron las fotos recuperadas, aunque quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos.

Al analizar las fotos recuperadas, se constató que muchos gendarmes habían llegado a la vera del río Chubut, que portaban escopetas y bastones, que cuatro camionetas y un camión habían ingresado a la comunidad. Estas evidencias contradijeron las declaraciones de los gendarmes que en el habeas corpus habían ocultado el uso de bastones cerca del río y el incendio de las pertenencias de la comunidad, habían afirmado que habían ingresado sólo 2 camionetas, entre muchas omisiones y contradicciones en sus testimonios respecto a qué hicieron, con quienes estaban, y cuánto permanecieron en la orilla del río.

El 29 de agosto el Ministerio de Seguridad aportó al expediente extractos de los sumarios administrativos. Lo mismo hizo el 10 de septiembre. El 15 de septiembre pedimos que fueran aportados en forma completa, lo cual fue aceptado por la Fiscalía.

En el marco de este expediente, pero también con efectos en el Habeas Corpus, el 19 de septiembre el CELS recusó al juez federal Guido Otranto. Luego de brindar dos declaraciones periodísticas al diario La Nación, quedó evidenciado que estaba adelantando opinión y que había perdido imparcialidad como juez de la causa. El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusación, por lo cual ambos expedientes quedaron a cargo del Juez Federal Gustavo Lleral.

2 . ¿Cuáles fueron las irregularidades del operativo de Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017?

A las diez y media de la mañana del 1 de agosto, el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Pablo Escola dio inicio al desalojo del corte de la ruta 40 que los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia realizaban en protesta por la detención de Facundo Jones Huala. El juez federal de Esquel Guido Otranto había dictado la orden de liberar la ruta.

Los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta quedó liberada. Entonces, los gendarmes decidieron ingresar, sin estar autorizados judicialmente a hacerlo, con la justificación de perseguir una “flagrancia” para detener a los que cortaban y porque les estaban arrojando piedras. El uso de la figura de “flagrancia” para detener a los manifestantes fue indicado, y definido como una estrategia conjunta con las fuerzas de seguridad federales y locales, en los días previos por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Con esa excusa, cincuenta y dos efectivos entraron al territorio y permanecieron allí 5 horas. Algunos persiguieron a los mapuches y realizaron más de ochenta disparos con municiones antitumulto. Como puede verse en las imágenes producidas por los propios gendarmes, los agentes recolectaron piedras para arrojárselas a quienes huían. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla, varios de ellos portando escopetas.

Lo que sucedió en la orilla todavía no se ha dilucidado por completo pero se pudo establecer que varios gendarmes vieron a los mapuches cruzar el río, que al menos uno de los gendarmes reconoció haberles arrojado piedras y otro, haber disparado.

En las primeras semanas, decisivas para dilucidar el hecho, estas circunstancias fueron ocultadas por las autoridades.

Luego de la persecución, los gendarmes allanaron viviendas, secuestraron objetos de la comunidad; algunos fueron registrados en las actas, otros, quemados en una fogata. Dos mujeres y dos niños fueron retenidos durante cuatro horas. El allanamiento y el secuestro de elementos se hicieron sin orden judicial, pero luego fueron convalidados telefónicamente por el juzgado.

La Gendarmería se retiró del territorio a las 17 horas. Según consta en el sumario instruido por la Gendarmería, al mediodía el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, se hizo presente en el lugar del operativo y “destacó la actividad llevada a cabo por la institución”. El sumario interno se cerró sin identificar las irregularidades, ni las faltas cometidas ni recomendar las sanciones que corresponden.

3. ¿Cómo actuó el Poder Judicial en la investigación?

El origen del operativo y la conflictividad entre la comunidad, las fuerzas de seguridad y la justicia federal demoraron la respuesta judicial a la denuncia de la desaparición. Las dificultades que tiene el Estado para investigar violaciones de derechos de las que puede ser responsable se agravaron en este caso, sucedido en un lugar aislado, en el contexto de una comunidad que tiene temor y es reticente a colaborar con el sistema judicial y de la desconfianza que desde el principio tuvieron el juez y la fiscal federales.

La intervención de la GNA comenzó por una orden judicial para despejar el corte de la ruta 40 y, luego, utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar a la Pu Lof. Este operativo violento fue convalidado judicialmente con posterioridad. El 1 de agosto, el defensor oficial Fernando Machado registró el operativo y que una persona estaba desaparecida. Ninguna otra de las autoridades judiciales acudió a la comunidad ese día, aunque habían ordenado el desalojo. El 2 de agosto, el Machado y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron dos habeas corpus. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero.

La primera reacción fue esquiva: el aparato judicial no le dio credibilidad a la denuncia ni intervino de inmediato para determinar si esa desaparición era, o no, una consecuencia de la represión. Por el contrario, se actuó con las hipótesis de que Maldonado no estaba en el corte o de que se había ido por voluntad propia. Como consecuencia, en los primeros días la búsqueda fue limitada y se demoraron medidas necesarias.

El 4 de agosto en la audiencia de habeas corpus la GNA negó haberlo detenido pero no dio, ni se le exigió, ninguna explicación. Recién el día 5, el juez decidió rastrillar dentro de la Pu Lof. Esta medida, por la hostilidad entre la comunidad y el juez federal Guido Otranto, se hizo mal y fue incompleta. Durante semanas, el juez no pudo resolver el conflicto con la comunidad de modo tal de destrabar la realización de medidas indispensables como el ingreso al territorio y la toma de testimonios.

En este contexto, las medidas de búsqueda fueron tardías y mal encaradas; mientras el Ministerio de Seguridad filtraba información destinada a instalar que Maldonado no había estado el 1 de agosto en el lugar de la represión.

El inicio de la investigación de la responsabilidad penal por la posible desaparición forzada también fue dificultoso: las primeras medidas sobre las camionetas de la GNA se realizaron con demoras y los gendarmes fueron avisados de que iban a ocurrir. Recién el 15 de agosto fueron allanados los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.

Cuando el Ministerio de Seguridad comenzó a aportar de manera parcial información de las declaraciones de los gendarmes en la investigación administrativa, hubo un giro en las dos causas judiciales. En la medida en la que los testimonios confirmaban que, tal como lo habían denunciado integrantes de la Pu Lof, los gendarmes habían llegado a la orilla, era preciso investigar ese lapso de tiempo en el que efectivos y mapuches se encontraron en el río.

En el habeas corpus se hicieron rastrillajes que no dieron resultado; el realizado con violencia el 18 de septiembre en el lugar en el que apareció el cuerpo tuvo deficiencias técnicas.

Paralelamente, la fiscalía recaratuló la causa penal como “desaparición forzada” y fue acumulando información y prueba para determinar cómo fue el operativo y qué sucedió con Maldonado. La fiscalía contó con la colaboración de Procuvin en la elaboración de hipótesis y en la producción y control de las pruebas. Por su parte, la fiscalía federal no fue capaz de construir un vínculo con la familia Maldonado, lo que dificultó el acceso de los familiares a la investigación.

Tras el apartamiento del juez Otranto por el pedido de recusación, le sucedió el juez federal Gustavo Lleral, quien tuvo otra estrategia hacia la comunidad que hizo posible el ingreso al territorio el 17 de octubre, día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Maldonado.

4. ¿Cómo fue la respuesta del Poder Ejecutivo?

Recién seis días después de la desaparición, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó las primeras reacciones del gobierno que se orientaron en tres sentidos: defender a la Gendarmería antes de investigar; plantear hipótesis alternativas sin correlato con el expediente y desviar el foco de la atención hacia la comunidad mapuche.

El 4 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Nación negó que GNA tuviera que ver con la desaparición de uno de los manifestantes. A tono con esta línea, en los primeros días, el Ministerio de Seguridad no se concentró en investigar y puso en marcha el sistema de búsqueda de personas como si Maldonado no hubiera estado en el lugar o se hubiera ido voluntariamente. Luego, no aportó en tiempo y forma la información con la que contaba. En un informe del 18 de agosto, haciendo propias las primeras afirmaciones de los gendarmes, aseveró que no había habido irregularidades en el operativo y que se había actuado en cumplimiento de la orden del juez. Ambas afirmaciones se demostraron falsas.

El 7 de agosto comenzaron las investigaciones internas. Un sumario iniciado por Gendarmería afirmó “la inexistencia de conductas sancionables disciplinariamente”. Por otro lado, Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación realizó encuestas y entrevistas a gendarmes. En una charla previa a la realización de las entrevistas, Barberis le dijo a los gendarmes: “En este barco estamos juntos, ¿está claro?”. En el informe señaló que algunos efectivos habrían arrojado piedras contra los mapuches y justificó esa acción como una “conducta imitativa” que había respondido a las agresiones de los manifestantes y concluye sin solicitar una investigación disciplinaria. Hasta hoy, ningún gendarme fue sancionado por las irregularidades.

La información obtenida en estas actuaciones administrativas fue aportada al Poder Judicial por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas, en representación del Poder Ejecutivo, tarde, en fragmentos y por insistencia de las querellas, entre ellas el CELS.

Recién el 29 de agosto, el ministerio aportó al habeas corpus los cuestionarios realizados dos semanas antes. Se demoró hasta el 11 de septiembre para aportar la transcripción de las entrevistas. Nunca explicó por qué esperó todos esos días para incorporar estas actuaciones mientras insistía a través de los medios de comunicación con la hipótesis de que Maldonado había fallecido el 21 de agosto en un episodio de violencia contra un puestero. Tampoco explicó por qué el comandante segundo del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, negó que los gendarmes hubieran llegado a la orilla del río. Gendarmería Nacional y la ministra de Seguridad negaron que hubiera registros audiovisuales del operativo, lo que también se demostró falso.

En simultáneo con este retaceo de información, por intermedio de Cané y Barberis, el Ministerio de Seguridad de la Nación intervino de forma directa en el expediente del habeas corpus. Y realizó una vasta tarea de filtración de las medidas de investigación y sus resultados a los medios. Otros funcionarios de alto rango fueron parte de esta estrategia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación que en un fecha tan tardía como el 30 de agosto declaró: “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.

Durante el tiempo en que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, el gobierno hizo reiteradas afirmaciones infundadas y ofensivas. Desde la Ministra a cargo de Gendarmería que afirmó ante el Senado de la Nación que no tiraría “gendarmes por la ventana” cuando se le demandaba que separara preventivamente a determinados agentes; hasta una de las máximas representantes políticas de la coalición de gobierno que a más de dos meses de su desaparición afirmó que había un “20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile” por propia voluntad y con motivaciones políticas.

5. ¿Por qué el CELS recurrió a las Naciones Unidas?

Para el 5 de agosto y a pesar de que ya se había presentado un habeas corpus, el accionar del Estado en materia de búsqueda y de investigación no era el que correspondía a una desaparición en el contexto de un operativo represivo.

Para que las estrategias de localización adquirieran otra fuerza, ese día el CELS solicitó una acción urgente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que instara al Estado a tomar las medidas necesarias para encontrar a Maldonado. La gravedad de la situación era tal que el 7 agosto el Comité concedió la acción urgente y le pidió al Estado argentino que adoptara una estrategia integral y exhaustiva de búsqueda y asegurara la exclusión de la GNA de la investigación, entre otras medidas. El Comité también le pidió al Estado que adoptara medidas cautelares de protección de la vida e integridad de la familia Maldonado, de sus abogados y de la comunidad mapuche y garantizara que no fueran objeto de violencia ni hostigamiento. A partir de ese momento el Estado argentino hizo presentaciones al Comité en los cuales adoptó la misma estrategia que tuvo a nivel nacional.

El 18 de septiembre, el CELS, en una segunda presentación al Comité, reiteró la falta de una respuesta estatal adecuada y denunció que el Ministerio de Seguridad no colaboraba en la causa judicial aportando la información que tenía y, al mismo tiempo, llevaba adelante una campaña de desinformación. El CELS también señaló que el Estado tampoco había cumplido con la solicitud del Comité respecto a la familia, que, por el contrario, recibió numerosos ataques.

El 6 de octubre el Comité dictó otra resolución en la que llamó la atención sobre las demoras de las autoridades para investigar el rol de la Gendarmería en los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado y para aportar declaraciones, fotografías y videos al expediente. El Comité solicitó al Estado: informar de los motivos de estas dilaciones, investigar y sancionar intervenciones de las autoridades que hubieran podido entorpecer la efectividad de la búsqueda y de la averiguación de la verdad y asegurar la imparcialidad, independencia y autonomía de la investigación.

El 21 de octubre el CELS informó al Comité el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.

El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otras organizaciones, sin la participación del CELS.


6. ¿Qué establece la autopsia respecto de las circunstancias de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado?

La autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. En conclusión, se trató de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.

Si bien en la médula no se encontraron diatomeas, su presencia en las cavidades cardiacas -nueve distintas: seis en el ventrículo izquierdo, tres en el derecho, indica que se trató de una asfixia por sumersión. También son indicadores de la asfixia los cambios en el pulmón. Las transformaciones halladas en la piel son propios de la hipotermia.
La data de la muerte se estableció a través de tres métodos y dio un rango que no puede ser de menos de 53, 60 o 73 días, según cada método.

Por último, se concluyó que el cuerpo no tiene lesiones externas, por lo tanto no puede suponerse a priori que haya sufrido violencia física en otro lugar. Tampoco se encontraron evidencias de que el cuerpo haya estado en otro lugar que el del hallazgo.

7. ¿En qué consiste el conflicto que atraviesa el territorio donde tuvo lugar la protesta?

La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa desde 2015 un área en la localidad Cushamen que reivindica como ancestral, en disputa con la empresa trasnacional Benetton. Al mismo tiempo, el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala está detenido desde el 26 de junio en una causa en la que se discute su extradición a Chile, situación que motiva protestas frecuentes.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acción directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

En 2016, el gobierno nacional promovió este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese año, Gendarmería Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificación y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la policía provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y Río Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les ordenó utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un día antes del operativo que desembocó en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declaró a Radio Nacional Esquel que los mapuches querían “generar caos y desorden y temor en la población” y que tendrían relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotráfico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cuál es la actividad terrorista concreta.

En este contexto, se realizó el operativo del 1 de agosto. En las semanas siguientes, la desaparición de Maldonado no generó que el gobierno nacional buscara abrir un canal de dialogo con la comunidad: hizo exactamente lo contrario.

Maldonado desapareció en un territorio ocupado por una comunidad con fuertes resistencias a relacionarse con instituciones estatales, debido a sus convicciones ideológicas y a los antecedentes de discriminación, arbitrariedad y violencia policial. Los primeros relatos de la comunidad que activaron el reclamo social extendido por la aparición de Maldonado fueron, semanas después, ratificados por los gendarmes en sus declaraciones y por las imágenes. Luego, la comunidad no aceptó el ingreso de las fuerzas de seguridad al territorio o lo limitó y fue reticente a testimoniar. Al asumir en la causa del habeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral inició un proceso que culminó con el ingreso a la comunidad el 17 de octubre, día en el que Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut.

8. ¿Por qué el CELS consideró que el hecho debía investigarse como una desaparición forzada?

Santiago Maldonado fue visto por última vez en el contexto de un operativo represivo e ilegal de la Gendarmería Nacional. Esta situación hacía necesario investigar qué participación tenía la Gendarmería en la desaparición de Maldonado a fin de encontrarlo y de establecer responsabilidades.

Investigar un episodio como una posible desaparición forzada no supone asegurar a priori que el hecho implicó la comisión de ese delito sino que en tanto hay indicios de responsabilidad estatal esa hipótesis debe ser confirmada o descartada. Ni el tipo penal “desaparición forzada” ni la figura del derecho internacional exigen que el hecho sea parte de un plan sistemático, tal como afirmó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de desaparición forzada no significa asimilar estos hechos con una política de desaparición de personas y menos aún con la última dictadura.

A medida que las semanas pasaban y Maldonado no era encontrado, los testimonios, el ocultamiento de información realizado por el Ministerio de Seguridad y las imágenes del operativo fueron indicios de que había una relación entre la ausencia de Maldonado y el operativo violento en la Pu Lof el 1 de agosto. Esas responsabilidades estatales aún están siendo investigadas.

9. ¿Qué características tiene la desaparición de personas en democracia y cuáles son las dificultades para investigarlas?

En democracia, las desapariciones ocurren por motivos diversos, algunas son voluntarias y otras no. Estas últimas implican una diversidad de responsabilidades estatales. Detrás de estos casos, hay explicaciones relacionadas con redes criminales, con violencias estructurales -como la de género- y con el funcionamiento violento de las fuerzas de seguridad, entre otras. La responsabilidad estatal es distinta y específica en cada una de estas situaciones.

En todas las desapariciones suele haber, además, una responsabilidad estatal por el déficit de las acciones de búsqueda. El Estado aún no sabe actuar de manera eficaz frente a la denuncia de una desaparición. Cuando las personas o sus familias pertenecen a los sectores de menores recursos económicos está situación se agrava porque se suelen agregar la discriminación y el mal trato.

En este contexto, para resolver una desaparición se deberían formular hipótesis basadas en lo que se sabe de la vida de la persona y de las circunstancias en la que desapareció, en cuándo, dónde y por quién fue vista por última vez; en qué contacto tuvo con instituciones de seguridad o con otros grupos con capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, esto habitualmente no sucede.

Hay desapariciones que ocurren como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad, como hecho extremo de sus prácticas ilegales, violentas y de hostigamiento. En algunos casos, los policías ocultan el cuerpo para encubrir otros delitos.

También existen patrones en las investigaciones judiciales: en violaciones de los derechos humanos -no solamente desapariciones- con frecuencia el Poder Judicial toma la versión de los agentes de seguridad, la investigación y salvaguarda de evidencias se asigna a la misma fuerza denunciada y se despliegan estrategias de ocultamiento. El encubrimiento suele ser la reacción habitual frente a la denuncia de un hecho, se tenga o conocimiento de lo ocurrido. Esto habilita la introducción de hipótesis falsas y que aquellas que pueden orientar la investigación hacia el establecimiento de responsabilidades estatales sean descartadas u omitidas.

Simultáneamente, existen prácticas y omisiones estatales que hacen posible que una persona permanezca desaparecida. Entre ellas, la desidia estatal en el trato de ciertos cuerpos por parte de instituciones de salud, judiciales y de seguridad que ocasiona que una persona fallecida pueda permanecer sin ser identificada en una morgue o en un cementerio, mientras su familia la está buscando, en algunos casos durante años.

Como resultado de esta amalgama de patrones estructurales y deficiencias institucionales en los mecanismos de búsqueda e identificación, en una gran cantidad de casos existe responsabilidad estatal en la ocurrencia de una desaparición y/o en su prolongación a lo largo del tiempo aunque no se esté frente a un caso de desaparición forzada, cuando ocurre un secuestro o un ocultamiento deliberado de un cuerpo.

10. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?

Santiago Maldonado murió como consecuencia de la intervención violenta del Estado ante un conflicto con una organización social y política, que es considerado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional al que hay que responder con dureza.

El uso de la fuerza policial en las manifestaciones públicas abarca el modo en el que se diseñan y llevan a cabo los operativos y la forma en que la autoridad política responde por las irregularidades. En este caso, el Estado no sólo omitió el deber de protección y cuidado, sino que introdujo riesgos para la integridad y la vida de los manifestantes y de la comunidad, entre otros derechos que fueron vulnerados por la intervención de la Gendarmería.

La intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones está regulada por instancias internacionales, regionales, nacionales y por normas internas de las instituciones de seguridad. Estas obligaciones no ceden por el hecho de que algunos manifestantes arrojen piedras, sino que incluso estos actos deben responderse de acuerdo a principios de legalidad y proporcionalidad, de modo de que la respuesta no cause consecuencias más graves de las que busca inhibir. Para eso existen protocolos que establecen con precisión cómo debe escalarse el uso de la fuerza, quiénes pueden asumir cada decisión y con qué controles se deben llevar a cabo. La Gendarmería Nacional cuenta con normativas específicas para lo que denominan operativos “contradisturbios” que en esta intervención fueron ignoradas por completo. La actuación de la Gendarmería no se encuadró en ninguna normativa existente. Ante un operativo plagado de ilegalidades y contradicciones, la respuesta de la autoridad política responsable tampoco respondió a los principios de gobierno civil, control político y rendición de cuentas previstos. Por el contrario, afirmaciones como las de Bullrich y Barberis dejaron en claro que no habría sanciones por lo ocurrido durante la represión.

Por otra parte, este caso plantea viejas y nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para buscar personas, sobre todo cuando puede existir alguna responsabilidad estatal. Como desde la sociedad civil se demanda desde hace años, el Estado debería organizar los recursos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal para encarar búsquedas e investigaciones que den respuestas mejores.

Finalmente, la capacidad del Estado de encarar investigaciones judiciales serias, imparciales y efectivas también está en juego, así como el modo en el que actores puntuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo utilizan los medios de comunicación para influir sobre la investigación. En este caso en particular esta práctica recurrente ocasionó niveles altos de desinformación a la sociedad y dolor a la familia Maldonado.

La investigación debe continuar hasta determinar las circunstancias y responsabilidades por la muerte de Santiago Maldonado.









miércoles, 22 de noviembre de 2017

VOLTEEN A RAFECAS






Envalentonado después de la destitución del camarista Eduardo Freiler, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura planea activar mañana una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado en un dictamen del radical Angel Rozas que le atribuye “mal desempeño” por haber archivado por inexistencia de delito la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman (entre otros) por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA en base al Memorándum con Irán.

Rozas se inspiró, a su vez, en una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que fue unificada con otra del diputado también oficialista Waldo Wolff. En esencia, no les agradó la decisión del juez que, a la vez fue confirmada dos veces por la Cámara Federal, avalada por el fiscal de la Cámara de Casación Penal y por prestigiosos juristas. Partía de la base de que el acuerdo Irán no podía ser un delito en sí mismo, que en Argentina lo votó el Congreso, que el parlamento iraní no lo refrendó, por ende nunca se aplicó, ni se creó la Comisión de la Verdad que intervendría para que declaren los acusados, ni quedaron en duda las alertas rojas para lograr su captura.

Rozas puso a circular esta semana el dictamen contra Rafecas y el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, lo agregó en el temario de la reunión de mañana para que los consejeros voten si lo citan bajo la fórmula del artículo 20 del reglamento del Consejo, que es comparable a una indagatoria en una causa penal. La denuncia contra el juez cumplirá tres años en marzo, que es el tiempo en el que caducan los expedientes en el consejo si no son tratados. La primera presentación fue hecha por Carrió pocos días después de que Rafecas archivó la denuncia hecha por Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento. Tonelli, quien decidió poner el pie en el acelerador, es el mismo consejero que se ocupó de llevar adelante la acusación contra Freiler, que fue aprobada por una mayoría circunstancial del Consejo, producto de que le impidieron votar al senador Ruperto Godoy por no tener título de abogado. Freiler y Rafecas, junto a otros, integran una especie de lista negra de jueces que el Gobierno nacional quiere expulsar, y que difunde desde comienzos de año a través de algunos medios afines.

    Si el Consejo de la Magistratura decidiera avanzar e impulsar el juicio político a Rafecas en función del dictamen de Rozas, será la primera vez que el organismo se lance a acusar a un juez por el contenido de una sentencia. 

La jurisprudencia del Consejo y de la Corte Suprema en realidad van completamente en contra de esa posibilidad, pero un párrafo del dictamen acusatorio busca establecer una excepción: “Los jueces no responden políticamente por el contenido de sus decisiones, salvo en los supuestos de desvío de poder o de error judicial continuado o con consecuencias gravísimas”, dice el texto de Rozas, que agrega que los juicios políticos consisten en analizar “la idoneidad” para ejercer el cargo.

La denuncia de Carrió acusaba a Rafecas de resolver rápido, sin investigar, abortando la búsqueda de pruebas y con el fin de “congraciarse con el Poder Ejecutivo”. Wolff coincidía en el concepto, y agregó el relato de una reunión con el juez cuando él era vicepresidente de la DAIA, en la que les habría explicado a las autoridades de la entidad sus razones para cerrar la causa. Recriminó que mostrara que Nisman tenía guardados en su caja fuerte dos escritos donde afirmaba exactamente lo contrario que diría su denuncia: evaluaba de manera positiva la actuación del Gobierno en relación al atentado a la AMIA. El diputado además sostuvo que después de darle una entrevista televisiva al periodista Nelson Castro en la que cuestionó la decisión judicial, Rafecas lo “intimidó y hostigó” en una conversación telefónica y aseguró que escuchó una voz de fondo que le gritaba “te vas a morir hijo de puta”.

Cuando tuvo oportunidad de presentar un descargo en el Consejo, Rafecas argumentó su decisión sobre la denuncia de Nisman: señaló que ni siquiera existía el comienzo de ejecución de un delito, que no había pruebas de que Timerman presionara a Interpol para dar de baja las circulares rojas y que incluso el secretario General de Interpol, Ronald Noble, lo descartó y planteó lo contrario. Respecto de Wolff, reconoció cuestionarle lo que decía en televisión por tratarse de tergiversaciones, pero negó rotundamente insultos o amenazas. Además, y para contrarrestar el argumento de la supuesta falta de investigación y la celeridad, recordó que con la misma lógica archivó una causa contra Mauricio Macri por la emisión de Lebac y deuda externa por tratarse de decisiones de política económica. En este caso, la fiscal Paloma Ochoa le había pedido una lista de medidas de prueba a las que no hizo lugar. La sala II de la Cámara confirmó luego su decisión.

El dictamen de Rozas, que agrega una tercera denuncia similar a la de Carrió, acusa a Rafecas de mal desempeño y falta de idoneidad moral por supuestamente: incumplir en forma intencional el deber de investigar la comisión de delitos vulnerando derechos de las víctimas; obstaculizar el avance de la causa relacionada con el atentado a la AMIA, calificado como crimen de lesa humanidad; abandonar su función esencial de tutela de derechos y garantías fundamentales y la eficaz prestación del servicio de justicia; negarse a producir prueba, actuar con parcialidad y finalmente desestimar con “insuficientes fundamentos” la denuncia de Nisman de supuesta existencia de un “plan delictivo” para dotar de impunidad a los iraníes. Rozas dice que dictó un fallo de contenido político, que fue parcial y usó elementos no jurídicos. Da por hecho “actos ofensivos al decoro de la función judicial”, sobre hechos de los que no existen pruebas, solo la palabra de Wolff como “haber hecho una llamada para reprochar y hostigar”.

    Dos de los jueces de Casación que, ya con la presidencia Macri, impulsaron la reapertura de la denuncia de Nisman no sólo no figuran en la lista de indeseables del Gobierno sino que están cerca: Gustavo Hornos es un nombre que le gusta al Presidente para Procurador General, y Mariano Borinsky dirige la comisión de reforma penal que reporta al Ministerio de Justicia.

Uno de los temas históricos por los que el radicalismo -y un sector del peronismo- le tienen particular inquina a Rafecas se remonta a la causa de los sobornos en el Senado, del año 2000, que él consideró probados y por los que dispuso enjuiciar al ex presidente Fernando de la Rúa, parte de su gobierno y a ex senadores. El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos y denunció al juez, pero el Consejo desestimó la denuncia precisamente porque avanzaba sobre el contenido de la decisión judicial del juez. Rafecas también fue denunciado por mantener conversaciones informales por WhatsApp con uno de los abogados del caso Ciccone. El plenario del organismo nunca consiguió los dos tercios para mandarlo a juicio.

El texto que presentó Rozas a sus colegas consejeros alude a un pedido de auditoría que presentaron el año pasado dos entidades vinculadas al Gobierno: el Colegio de Abogados de la calle Montevideo -conocido por su apoyo a golpes de Estado y por estar integrado por defensores de las grandes empresas- y la organización Será Justicia, que integran incluso funcionarios del macrismo. Ambas, además, fueron las que armaron la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Colegio de Montevideo es el escenario que elige Macri para hablar de “la Justicia” y prometer buscar otros jueces si los que hay no satisfacen sus cánones de búsqueda de la verdad. La impronta de esas instituciones quizá explique también el ensañamiento con jueces como Rafecas que han tenido una actuación crucial en las causas sobre crímenes de la última dictadura. En su caso, además, también fue el primero en decir en una resolución que la denuncia sobre la apropiación de Papel Prensa (finalmente cerrada por su colega Julián Ercolini) debía ser analizada bajo el esquema de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Una postura similar tuvo como camarista el destituido Freiler, quien fue uno de los que firmó -además- la confirmación de la desestimación de la denuncia de Nisman por encubrimiento.

Dos semanas atrás, el Colegio de Montevideo y Será Justicia alertaron al Consejo que a la luz de los primeros resultados de la auditoría de causas de corrupción, Rafecas tenía retrasos. Lo mismo dijo respecto de Ariel Lijo, quien retrucó de inmediato con la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Al Consejo le presentó una explicación causa por causa con todos los movimientos de investigación y medidas procesales. A Rafecas le achacaban demoras en seis expedientes, decían que no había siquiera indagado, y para refutarlo hizo un informe público que precisa que en tres de las causas tomó indagatorias, dos fueron archivadas por falta de delito y una está en pleno trámite. Rozas insiste en que el 30,8 por ciento de las causas del juzgado de Rafecas tienen más de 5 años de trámite, pero en la de Nisman objetó que se tramitara con celeridad. Lijo también integra la “lista” de jueces en la mira del Gobierno, junto con Rodolfo Canicoba Corral y la camarista de Casación Ana María Figueroa. En la comisión de Disciplina, todo indica que habrá mayoría para citar a Rafecas ya que apoyarían el dictamen acusatorio Tonelli, el delegado del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, el abogado Miguel Piedecasas, Rozas y el radical Gustavo Valdés. No votarían o lo harían en contra el académico Jorge Candis, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el senador del FpV Mario Pais. En la comisión con mayoría se puede resolver una citación. En el plenario de 13 consejeros, mientras rija la ley actual, se requieren dos tercios de los votos, lo que hace el escenario más complicado para el oficialismo. Pero la ofensiva está en marcha. Si avanza esta acusación, además, abrirá la puerta a echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les gusta un fallo.





Waldo Wolff

Pablo Tonelli





martes, 21 de noviembre de 2017

Bruglia y Ballestero manoseando a la chica de ojos vendados





La Cámara Federal liberó a ocho policías acusados de crímenes de lesa humanidad

Los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron los procesamientos de los acusados pero señalaron que podían desconocer que estaban cumpliendo una orden ilegal. Se trata de policías que participaron en operativos que terminaron en asesinatos.

Primero fueron las absoluciones en Catamarca por el regreso de “la teoría de los excesos”. Luego llegaron las del Operativo Independencia por el “error de prohibición” que exculpó a militares por el decreto de aniquilamiento vigente antes del golpe.

Ahora, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia despierta un nuevo estado de alerta.


 Jorge Ballestero

Los mismos jueces que negaron la excarcelación de Julio De Vido ordenaron la libertad de ocho policías de Coordinación Federal y Seguridad Metropolitana procesados por haber cometido los crímenes más aberrantes entre 1976 y 1977. 


Leopoldo Bruglia


Para hacerlo, cambiaron la jurisprudencia de las causas de lesa humanidad. Uno de los argumentos dice que los policías pudieron no saber que iban a cometer los hechos, una línea que parece alentar la vuelta de la obediencia debida. Y si bien los jueces confirmaron los procesamientos, las excarcelaciones son un mensaje al resto de los juzgados. Entre los liberados está el entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Alfredo Hugo Vidal, famoso como Poroto Vidal y parte de la banda de Comisarios que a fines de los ‘80 secuestró a Mauricio Macri.

Para construir esta postura, Bruglia y Ballestero trabajaron tres argumentos.

1. Que la mayor parte de los policías no tiene antecedentes en otros casos;

2. que los policías pudieron no saber, porque las comisarías tenían un doble rol: uno legal y otro ilegal y clandestino;

3. la falta de sistemática: que los tres hechos en análisis podrían ser aislados o salen de lo sistemático del plan criminal de la dictadura que contempló el secuestro, la tortura para obtener información y la desaparición. Y que no tenía como práctica –según los jueces– homicidios a cielo abierto. En sus palabras, “debe destacarse que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia”.

También señalan, sobre la participación de los policías que, “de acuerdo al ‘doble rol’” de las comisarías, “la sola circunstancia de estar destinado en una dependencia legal donde paralelamente funcionó un centro clandestino no es el único aspecto del cual se pueda inferir el aporte de una persona al plan criminal, como así tampoco que su intervención concreta en un procedimiento lo sea en favor de éste”. Y subrayan: “En consecuencia, resultará relevante poder determinar que la participación de cada imputado en los acontecimientos no estuvo enmarcada únicamente en una actividad regular propia de la fuerza, sino que existió un ‘plus’ en cuanto al efectivo conocimiento de la ilegalidad de la orden”.

La causa tramitó en primera instancia en el juzgado de Daniel Rafecas, uno de los jueces más cuidadosos con las imputaciones. Es un análisis de tres hechos descubiertos en una primera investigación sobre los documentos de los Consejos de Guerra. En las tres casas se probó que los disparos provocaron la muerte de todas las víctimas cuando se encontraban indefensas, algunas de las cuales recibieron más de diez disparos y todas fueron fusiladas o rematadas. En los operativos intervinieron dos grupos de la Policía Federal Argentina: un grupo del Departamento de Sumarios -área operativa– de la Superintendencias de Seguridad Federal y otro grupo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la que dependían las comisarías. Para quienes trabajaron en la causa, la interpretación de Cámara es completamente nueva y muy rara. “Claramente las víctimas eran parte del colectivo que la dictadura había identificado como ‘subversivos’ y para ellos merecían ser objeto de la represión ilegal. Unos eran de Montoneros y otros del ERP”.

La decisión se conoció la semana pasada y generó un alto grado de preocupación entre querellantes.

►Primero, porque no está controvertida la prueba, dado que los homicidios están probados.

►Segundo, porque libera a quienes el abogado Pablo Llonto define como imputados de gravísima peligrosidad.

►Tercero, por el filón de la obediencia debida. En este caso, la resolución dice que no está claro que los policías sabían la entidad del hecho que estaban cometiendo. Pero ocurre poco después de un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que en septiembre absolvió a cuatro acusados luego de probar los hechos y declararlos de lesa humanidad pero considerar que los acusados cumplieron órdenes.

►Por último, este fallo preocupa por los posibles efectos en el cortísimo plazo. Leopoldo Bruglia, además de camarista con poder en ascenso en Comodoro Py, aún integra el Tribunal Oral Federal 5 a cargo del Juicio ESMA III. El megajuicio por los crímenes ocurridos en uno de los centros clandestinos más importantes del país culmina el próximo 29 de noviembre. Allí están en debate las responsabilidades de 54 personas por 798 hechos, y por primera vez se juzga responsabilidades de cinco imputados en los vuelos de la muerte.

¿Qué hubiese pasado en el juicio anterior si este criterio hubiese estado vigente con casos como el crimen de Rodolfo Walsh, asesinado en San Juan y Entre Ríos antes de llegar al centro clandestino?

En este caso, los policías de la SM concurrieron a una de las casas luego de una orden emanada del Primer Cuerpo del Ejército. Los problemas no terminan ahí. La ESMA –como las comisarías y otras tantas estructuras operativas de la represión– también mantuvo una doble función en la dictadura. Mientras funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio permaneció abierta como escuela para suboficiales de la Armada. Lo mismo sucedió con estructuras de la Armada de las que dependió el abastecimiento de aeronaves. Por eso, todo esto significa que además de los enormes desafíos jurídicos que ya plantea este tramo del juicio por la falta total de sobrevivientes de los vuelos para probar las imputaciones de pilotos y navegantes, la sola invocación a una doble función podría estar anticipando la vocación de buscar todo tipo de argumentos para habilitar una lluvia de libertades o absoluciones.

Entre los liberados, además de Vidal, se encuentran: el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspector Daniel Pablo Amarillo, sargento 1° Manuel Luis Ichicovich, los cabos 1ro. Juan Adolfo Ríos y Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y el entonces comisario Inspector Alberto Mattone.









viernes, 17 de noviembre de 2017

MACRI AGAIN: Destituyeron al juez Eduardo Freiler







Macri ganó otra vez. El oficialismo consiguió destituir al camarista Eduardo Freiler, acusado de no poder justificar su patrimonio, aunque ya había sido sobreseído de la investigación penal por enriquecimiento ilícito.  ¿El reino del revés?

El jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura leyó el veredicto, que terminó con la separación del juez, tras la maniobra de Cambiemos de apartar a un miembro del Consejo para alcanzar con los votos necesarios y avanzar con el enjuiciamiento.

La audiencia del jury de enjuiciamiento comenzó cerca de las 10, en la sala del tercer piso del edificio de Libertad 731. Freiler no estuvo presente. En representación suya asistió a la lectura del veredicto su abogado José María Olivares. Por 6 votos contra 1, el jurado descartó la anulación del jury, como había pedido el abogado del juez, y aprobaron la destitución.

Los consejeros que representan a Cambiemos denunciaron al magistrado por mal desempeño por no poder justificar su patrimonio ni sus gastos con el sueldo de juez. El de Freiler fue uno de los primeros nombres que apareció en la lista negra de magistrados en la mira del Gobierno por sus fallos contrarios a los intereses de la Casa Rosada.

Los fiscales en el proceso de remoción fueron el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) y el abogado Miguel Piedecasas, quienes sostuvieron que Freiler no pudo explicar cómo obtuvo cerca de 16 millones de pesos, según un análisis de sus ingresos y gastos desde 2012 hasta octubre de 2016.

Sin embargo, el juicio político a Freiler tuvo dos situaciones controvertidas. Como el oficialismo no lograba sumar los votos necesarios para acusarlo, avanzó con una denuncia contra el senador Ruperto Godoy, otro de los integrantes del Consejo, por ocupar ese cargo sin ser abogado (requisito que no aparece en la ley). Por una sentencia de Cámara que no estaba firme, le impidieron a Godoy participar de la votación. Su reemplazante, que ya había sido elegido, tampoco pudo votar porque el oficialismo demoró la jura.

Por otro lado, Freiler ya había sido juzgado penalmente por enriquecimiento ilícito, proceso en el que fue sobreseído. Pero los consejeros del macrismo decidieron avanzar igual. La ausencia de uno de los consejeros -por la maniobra con Godoy- en aquel plenario fue lo que invocó la defensa del camarista para pedir la nulidad del jury.
















miércoles, 15 de noviembre de 2017

¿Cómo llegamos hasta acá?





¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo pasamos de los peloteros a la desaparición forzada de Santiago Maldonado? ¿Cómo fue que salimos de las bicisendas y empezamos a ser bajados de los colectivos por la policía, sospechosos por un cartel, una remera, una bandera o cualquier cosa? ¿Cuándo apagaron Arde la ciudad y empezaron a arder esos dos autos frente a la casa del juez Eugenio Zaffaroni? ¿Cuándo fue que pegamos el salto de lo que pretendía ser divertido y se reveló siniestro?

Tiene mucho de siniestro lo que nos pasa. En el sentido de que lo que creíamos que nos protegía, nos ataca. Es siniestra la manera en la que se aparenta y en la manera contraria en la que se procede. Porque aunque cuando se conocieron los resultados del punto y medio de ventaja para Mauricio Macri, en 2015, uno haya llorado la interrupción de un ciclo de inclusión que podía mutar, virar, profundizarse, cambiar de conducción, cambiar de alianzas, en fin, incluso aquel día, uno pensó que sería opositor. Pero no está siendo posible. Cuando hay persecución política no se puede ser opositor.

Cuando en un país democrático hay oposición, esa oposición alza la voz si encarcelan con causas inventadas a Milagro Sala, aunque Milagro Sala les caiga mal. Pero aquí, y ya desde enero de 2016, con la obviedad de la malformación del Tribunal de Justicia jujeño, hubo un consentimiento de muchos que se pretenden opositores, no a la gobernabilidad de Macri, sino a que Macri pudiera encarcelar personas “porque casi todo el mundo cree que es culpable”. Ese consentimiento, que continuó, dio el visto bueno a las detenciones preventivas ahora de Julio De Vido y Amado Boudou. La realidad nos está diciendo todos los días y de muchas maneras distintas que en la Argentina de hoy se puede pactar con el gobierno, pero no oponerse, porque si hay persecución no hay libertad de conciencia. Si hay aprietes judiciales coreografiados no hay libertad política. Entonces, para resumir algo complejo: en 2015 creímos que Cambiemos había ganado las elecciones pero que seguíamos viviendo en el mismo sistema. Y eso no sucedió. Y es obvio. Y los que no lo ven hacen que no lo ven.

Lo que llamamos democracia y lo que identificamos con lo democrático se extingue cada día un poco más, envilecido por el coro de sirenas malformadas que desde los grandes medios ejercen su papel de porristas. Nos habíamos pasado los últimos cinco años discutiendo sobre la libertad de expresión. Hoy estamos en estado de alerta porque Página 12 ve amenazada su continuidad. Quieren que C5N sea otro TN y lo harán. Se acallarán muchas voces, por lo menos un puñado. Pero desde hace dos años hay voces que están prohibidas. Y discutíamos la libertad de expresión, y la SIP hacía comunicados, y periodistas de renombre se quejaban en la OEA, y ahora… no les importa nada, pero la élite periodística gana mucho más dinero que antes. Esa franja periodística servil es una de las pocas beneficiarias de este modelo autoritario. El envilecimiento periodístico, que no tiene que ver con los trabajadores de medios que tienen día menos oxígeno, tiene mucho que ver con el sentido común desfigurado que altera a gran parte de la población argentina.

Como escribió Luis Bruschtein hace un par de semanas, ahora los únicos que pueden salir del closet son los fachos. ¿Cómo pasamos de lo cool a lo facho? ¿Es lo cool, en esta época tan rara, a lo que aspiran los fachos? El envilecimiento periodístico tiene una enorme responsabilidad en este clima hostil de la vida diaria, en este agobio. Esa necesidad –encima rentada– de seguir odiando, de seguir ensuciando, está esparcida en las pantallas y las radios. De ahí baja una corrosión que sale al encuentro de la sombra de una sociedad. La cirujana de Nordelta a Michelle, en síntesis, era “sacame a esta gente de acá”.

Eso es el gobierno de Macri. “Sacame a esta gente de acá”. A Cristina cuando era presidenta la quería “tirar por el balcón”. Empezó su gobierno diciendo “quiero gente presa”. A los mapuches había que sacarlos de la ruta. A Santiago Maldonado lo sacaron del todo. A Milagro Sala la sacaron de la libertad. A los chicos de la Tupac Amaru los sacaron de sus casas y sus piletas. A otros chicos los sacan de las escuelas, y a los jóvenes de las universidades, para hacer colas interminables por un trabajo que hace dos años hubieran rechazado. A los viejos los sacan de la salud, a los discapacitados les sacan las pensiones. La cirujana de Nordelta no sólo es una mujer blindada en una ilusión, que es ser ella misma más refinada o más privilegiada de lo que es, sino que está blindada con la impronta siniestra del macrismo, que es el desprecio profundo por los que no son ellos mismos y con la manera brutal de comunicarlo. Empiezan hiriendo con el lenguaje.

Como en un espejo invertido, lo que a muchos de nosotros nos espanta del escenario gubernamental, esa aglomeración de excompañeros de un colegio caro y de Ceos de trasnacionales que cualquier niño sano de diez años advierte que jamás tomarán decisiones que beneficien al pueblo, a muchos otros los fascina. No es un tipo de fascinación novedoso. Proviene del fondo oscuro de la historia, cuando tomó forma la idea imperial. Cuando de la tragedia y la comedia griegas como expresión cultural, la humanidad giró de eje y dio paso a las multitudes que se divertían viendo morir a esclavos o a cristianos en un circo. El emperador tenía el derecho de subir o bajar el pulgar. Esas multitudes que encontraban fascinante la muerte de alguien a quien consideraban inferior, delegaban a su vez en el pulgar del emperador un poder extraordinario y sórdido.

Como primera observación, se diría que estamos comprobando que para quienes, como la cirujana de Nordelta, ven en “esa gente” a “bestias” que no tolera ni ver, el proyecto de país inclusivo que defendimos y seguiremos defendiendo muchos, es algo absolutamente revulsivo, como lo fue el primer peronismo y como lo han sido todos los gobiernos populares. El argumento despreciativo de la cirujana es el habilitado por el pulgar del poder. Este régimen necesita que mucha gente desprecie, que mucha gente reconvierta la satisfacción que no tiene en la certeza de que hay otros que están siendo castigados. Podrán prohibir muchas cosas, pero jamás prohibirán el odio. Lo fomentarán. El odio ha sido, siempre, la herramienta política de las tiranías.








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