Arslanián sobre Gils Carbó

León Arslanián, abogado de la procuradora Alejandra Gils Carbó, advirtió que la funcionaria “no se benefició ni en un centavo” con la compra del edificio para el organismo, y agregó que la causa judicial que se abrió en su contra –precisamente por la adquisición de ese inmueble– es “un proceso absurdo” y “de mala fe”.

“De ninguna manera Gils Carbó se ha beneficiado con la operatoria, no hay una sola prueba”, sostuvo sobre las presuntas anomalías en la compra del inmueble donde funciona la sede de la Procuración General, en la calle Perón 667.

La procuradora Gils Carbó fue procesada a mediados de octubre por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para tomar esa decisión, el juez Julián Ercolini se basó en una comisión pagada al intermediario y la inmobiliaria por parte de la empresa Arfinsa, dueña del edificio vendido. Ayer, Arslanián remarcó que el procesamiento habla de “un supuesto aprovechamiento de una licitación pública en la compra de un edifico donde no hay acreditado que hubo un perjuicio para el Estado sino todo lo contrario, hubo beneficio”, ya que “se compró por menor valor a la tasación pública oficial y encima no se pagó un solo peso por parte de la Procuración de comisión”. “El edificio es excelente y supo aprovechar una coyuntura muy favorable”, añadió. El abogado y ex ministro de Seguridad dijo que “son muchas las personas imputadas, muchas de ellas puede que hayan hecho su negocio con ello”, pero “no es el caso de la procuradora”.

Arslanián habló también de la renuncia de su defendida a la Procuración General, que se efectivizará el 31 de diciembre. Tras recordar que Gils Carbó había “recibido presiones de todo tipo que ha sabido enfrentar” para que dejara el cargo, explicó que su renuncia fue “razonable” por “una cuestión de tiempo”.

Asimismo, destacó que su gestión en la Procuraduría General “fue muy buena, hubo verdaderas políticas públicas en materia penal, en materia de persecución penal y se buscó favorecer a los sectores más victimizados y a los que menos suele llegar la Justicia”.



Julián Ercolini, el juez que rechazó la indagatoria a los directores de Clarín y La Nación

El magistrado no hizo lugar al pedido de indagatoria de los imputados en la causa Papel Prensa que hizo el fiscal subrogante Gómez Barbella. Un repaso por sus antecedentes.

“Hasta el momento no existe en esta causa motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuye”. Con esta frase, el juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria a los directores de Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, solicitado un día antes por el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella en la causa en la que se que investiga la venta de la empresa Papel Prensa.


Ercolini comenzó a ejercer la docencia en la cátedra de Derecho Penal de Esteban Righi en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando tenía 26 años. En 2004 quedó al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 10 y, casi en simultáneo, Righi fue designado procurador general de la Nación.

Cuando asumió se encontró en su juzgado con una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces presidente, Néstor Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner. El matrimonio eligió como defensor a Fabián Musso, socio del estudio jurídico fundado por Righi. En marzo de 2005 el juez dictó el sobreseimiento.

Ercolini, además, tuvo a su cargo la investigación sobre el presunto pago de coimas para exportar a Venezuela que involucró a funcionarios y empresarios y envió a juicio oral al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por dádivas.

Hay cuatro denuncias en su contra que esperan resolución en el Consejo de la Magistratura. Una fue presentada en diciembre de 2014 por la diputada Elisa Carrió, quien cuestionó al juez por no avanzar en una causa iniciada por ella, en la que acusó a Kirchner por asociación ilícita en la entrega de contratos de obra pública.

En la causa Papel Prensa, los abogados de Clarín y La Nación presentaron en 2012 un recurso que cuestionaba la competencia de Ercolini, pero la Cámara de Casación rechazó el pedido y confirmó al magistrado al frente de la investigación.

Ercolini nació en 1962 y obtuvo su título de abogado a los 28 años. Tiene años de experiencia judicial y académica. Se inició en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón, y luego de recibirse, fue secretario en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín. En 1994 ingresó en la Cámara Federal de la Capital Federal para trabajar como relator del entonces camarista Horacio Vigliani. En paralelo continuó ejerciendo la docencia y llegó al cargo de profesor adjunto en la cátedra Righi, que en ese entonces integraba también el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Trabajó en la Cámara Federal hasta 2001. Luego fue designado coordinador de Investigaciones de Fraudes contra el Estado de la Oficina Anticorrupción, cuando José Massoni y Manuel Garrido estaban al frente del organismo, y después fue secretario letrado en la Corte Suprema.