Estimado Carlos:
Hace algunas semanas publicaste una carta abierta en la que preguntabas: ¿Puede alguien, en derecho, explicar mi prisión? A los pocos días te respondieron Raúl Zaffaroni y luego, Julio Maier.
Ambos, aún con sus diferencias, entendían que no había razones fundadas
en derecho para tu detención preventiva. Luego otros colegas sumaron
sus voces y esta semana lo hizo nuestra querida Estela de Carlotto. Mi
intención de contestarte no obedece a la posibilidad de agregar algo a
lo que ya han escrito quienes considero mis Maestros, sino en el hecho
de sentirme interpelada, por tu carta abierta, como profesional del
derecho, como docente de derecho penal y como militante que trabaja de abogada.
No puedo dejar de decirte, a priori, que
lamentablemente los operadores judiciales de nuestro país hacen un abuso
de la prisión preventiva, transformando —para ciertos delitos y para
algunos imputados— la excepción en regla. Un instituto que debería tener
como finalidad exclusiva el aseguramiento del proceso y la justicia
—que la persona no se fugue, ya que no hay juicio en ausencia, y que no
entorpezca la investigación— se utiliza para otros variados fines, según
sea el caso. Esta afirmación se puede ver en los guarismos que reflejan
que hoy el 49% de las personas detenidas lo están en carácter
preventivo [1]. Se trata de un mal endémico del Poder Judicial que tiene
múltiples causas, pero todas ellas se encuentran atravesadas por la
falta de respeto —y de registro— a/de la dignidad del ser humano de
parte de los operadores.
Dicho esto que bien podría explicar —no
desde el derecho, por cierto— muchas prisiones preventivas, está claro
que ese argumento no alcanza para explicar la tuya, por varias
cuestiones. En principio, la grotesca imputación por la que te
procesaron [2] —que por razones de extensión no abordaré aquí— es de por
sí una de persecución política inédita en la historia del derecho
argentino: criminalizar un acto de gobierno en el que intervinieron el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que luego es declarado
inconstitucional por el Poder Judicial, subsumiendo esos hechos en el
delito de traición a la patria. Pero, como bien expresás en tu carta,
posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones modificó la calificación
de esos hechos, quitando la imputación de traición a la patria, y
dejando la de un encubrimiento agravado —pena de prisión de 1 a 6 años— ,
de un estorbo funcional —pena de prisión de 15 días a 6 meses— y un
abuso de autoridad —pena de prisión de 1 mes a dos años—. El máximo de
estos delitos en concurso es el de 6 años y el mínimo 1.
El hecho de que no tengas ningún
antecedente previo hace pensar que incluso en un escenario hipotético en
el que te pudieran condenar por esos hechos, esa pena podría quedar en
suspenso. Es por eso que en estas situaciones, más que en ninguna otra,
se debería probar en la causa que la persona imputada ha demostrado de
algún modo que intentará profugarse o que amedrentará a testigos o podrá
hacerse de prueba necesaria —informes, documentos, etc.—. Sin embargo,
ni de la causa ni de las resoluciones judiciales surge fundamento alguno
de este tipo para justificar tu prisión preventiva. Hasta aquí podrían
ser las razones del derecho.
Y quizás no haya razones del derecho porque, como escribí hace unos meses, lo han matado: “Ya se anunciaron la muerte de dios y la de la Historia, llegó el momento de asistir a la muerte del derecho” [3].
Históricamente, el Poder Judicial ha tenido un rol político —quizás debamos todxs hacer mea culpa de
no haber podido develarlo a tiempo—; sin embargo, resultaba
inverosímil, en un marco democrático, la activa y decisiva acción
judicial en la actual persecución a oponentes políticos, militantes,
sindicalistas y dirigentes indígenas. En ese sentido no estás solo. La
persecución a Lula, a Cristina, a Milagro y a una larga lista de
compañerxs da fe de eso.
Lo que quizás me movió a contestarte fue el
hecho de que, entre todas las injusticias que nos atraviesan en estos
tiempos hostiles, la tuya tiene una particularidad: vos estuviste cuatro
años preso por el terrorismo de Estado, por razones estrictamente
políticas. Tu detención dependía del Poder Ejecutivo que, sin descaro ni
presunción de legalidad, privaba de la libertad mediante decretos —en
el mejor de los casos— a miles de personas. Hoy, cuarenta y tres años
después, nuevamente son razones políticas las que te llevan a perder tu
libertad. Aquellos que trabajamos en la búsqueda de la Justicia por los
hechos más atroces de nuestra reciente historia, nos vemos interpelados
por nuevas persecuciones, nuevas privaciones de la libertad y nuevas
violaciones a los derechos humanos: otra vez nos quieren llenar de miedo
a todos lxs que soñamos “con un mundo mejor, sin exclusión con más
igualdad, solidario y protector de familias e individuos” [4],
parafraseándote.
No sé si lo que te afecta hoy “quizás ocupe
una simple línea en la historia universal de la infamia” [5], pero no
tengo dudas de que quienes hoy nos gobiernan, nos persiguen, nos
criminalizan, nos ajustan, nos quitan derechos, venden nuestra patria,
regalan nuestra soberanía e hipotecan nuestro futuro, tendrán un lugar
destacado en esa historia universal.
[1] Datos del año 2016 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: de 76.261 individuos privados de su libertad, más de 35.000 no tenían una condena en su contra – el 49%-.
[2] Para ver en más detalle: https://www.elcohetealaluna.com/gobierno-los-jueces/
[3] https://www.pagina12.com.ar/75165-la-muerte-del-derecho
[4] Carta de Carlos Zannini a Cristina Fernández de Kirchner escrita desde la cárcel el 13 de diciembre de 2017.
[5] Ídem.
Carta abierta de Carlos Zannini
18-01-2018
¿Puede alguien, en derecho, explicar mi prisión?
Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública.
En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna.
Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos.
En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva.
El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.
Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado.
¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?
Carlos Zannini
Ex secretario general de la Presidencia
