LA CANALLA JUDICIAL

Miembros de la Asociación de Magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores preguntarán a sus autoridades cómo se decidió, quiénes redactaron y aprobaron y por qué se publicó sin ninguna firma el virulento comunicado del viernes 7 contra el gobierno a raíz de las denuncias contra camaristas acusados de vinculación con el Grupo Clarín.

La Asociación de Magistrados es presidida por el camarista penal Luis María Cabral. El fiscal general Jorge Auat lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum por su designación para integrar una sala de la Cámara de Casación Penal, sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias. Pero la Cámara lo confirmó, con la única disidencia de Alejandro Slokar. Sigue llevando la voz cantante en la Asociación su ex presidente Ricardo El Piojo Recondo, otro especialista en la designación de jueces a dedo y el principal gestor del conflicto de la judicatura con el gobierno nacional por el caso Clarín, en el que tiene interés personal.

Subsecretario de Justicia durante el primer gobierno de la UCR y miembro del equipo judicial de la SIDE que operaba sobre los jueces, en 1988 Recondo impulsó la designación de Juan Rodríguez Basabilvaso como camarista federal, para terminar con los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su nombre surgió en la sobremesa del lobby militar-judicial-empresarial que se reunía los fines de semana en la quinta del Gerente de Relaciones Públicas del Grupo Económico FATE, Alejandro Pérez Cárrega.

Recondo ocultó que el postulante se había desempeñado en el tribunal especial conocido como El Camarón, que el Congreso disolvió en 1973. “Hay que darle a la gente la oportunidad de cambiar. Si nos ponemos a escarbar el pasado de cada uno, no queda nadie”, dijo cuando se hizo público. Dos décadas después, ya como presidente de la Asociación de Magistrados, Recondo proclamó durante un acto de la Corte Suprema que el reclamo del entonces presidente Néstor Kirchner para que no se siguieran demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituía un “avasallamiento grotesco de la justicia”. La Corte lo respaldó con una declaración sin firma, según la cual el control republicano debe “respetar la honorabilidad e independencia judicial”.

Ahora, Recondo encabeza el bloque de jueces, abogados y legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura. Además integra la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, participó en el sorteo manual de un juez jubilado para fallar en favor del Grupo Clarín contra la constitucionalidad de tres artículos de la ley de medios y su hija Ana es coordinadora de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín.

La lista Bordó de Cabral se impuso por muy pocos votos a la Celeste, que postulaba a la camarista del trabajo Gabriela Vázquez (la primera mujer candidata a ese cargo) y que se propone democratizar la Asociación. Nueve de los once consejeros Bordó son hombres, mientras cinco de los nueve consejeros Celeste son mujeres. Contra la fantasía de Lorenzetti sobre una judicatura monolítica, los celestes no asistieron a la comida de fin de año de la Asociación, en disidencia por la invitación a representantes de Certal y a la exclusión del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Los celestes propusieron que la Asociación despojara al presidente de la facultad discrecional para invitar y excluir a quien le venga en gana.

La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus) es conducida por Luis Francisco Lozano, presidente del Tribunal Superior porteño. Antes, fue director de Asuntos Jurídicos de Recondo en la subsecretaría de Justicia del gobierno radical. Cuando asumió en Jufejus, se comprometió a priorizar el trabajo en materia de independencia judicial pero, en flagrante contradicción, encomió el rumbo trazado por el titular saliente, Rafael Francisco Gutiérrez, que es el antimodelo de la independencia: fue designado en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por su primo, el entonces gobernador Carlos Reutemann y durante su gestión Jufejus firmó convenios con la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), para que también jueces supremos provinciales pudieran viajar a Fort Lauderdale, Miami y Washington con el pretexto de los cursos de capacitación que dicta la International Judicial Academy (IJA), para jueces de países de Asia, Africa, América y el ex bloque comunista europeo en los que Estados Unidos y sus empresas quieren influir.

Esta IJA (del american way) es una organización dedicada a propagar entre jueces de todo el mundo los valores del Consenso de Washington, que identifican democracia representativa con apertura de mercados. La IJA tiene dos sedes, una en Washington y la otra en Buenos Aires, que funciona en la Asociación de Magistrados y está a cargo de Ricardo Li Rosi, juez nacional en lo civil. Sus programas incluyen visitas a los tribunales y a la Oficina de Marcas y Patentes estadounidenses, como ha sido denunciado por la cámara latinoamericana que agrupa a laboratorios que producen medicamentos genéricos. Buena parte de los seminarios a los que asisten jueces argentinos suelen congregar también a hombres de negocios, como el seminario sobre Seguros y Justicia dictado en Washington en 2008 y 2009 para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina; o el programa sobre “Regulación del Gobierno y Justicia” al que asistieron en la capital estadounidense jueces, abogados y ejecutivos de negocios de la Argentina y México en octubre de 2009. En septiembre de 2010 se dictó un curso en Mendoza y San Juan sobre un tema de estricta actualidad: las medidas cautelares.

 La cuidada página electrónica de la IJA no explica cómo se financian sus costosas actividades, que incluyeron viajes y estadía en distintos países del mundo para 4387 jueces.

Pero los cursos son promovidos por las embajadas de EE.UU. y, en la Argentina, por la Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham. Li Rosi tuvo sus 15 minutos de fama en 2007, cuando la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que la responsabilidad por un accidente en un ascensor en el que no se había reemplazado la puerta tijera era compartida entre el consorcio y la nena de dos años que puso el pie donde no debía, por lo cual debió ser operada siete veces. En julio de 2011 el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigara a los camaristas del fuero civil y comercial federal Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan (dos de los que viajaron con Francisco de las Carreras y Recondo al congreso de Certal), Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat por haber dictado resoluciones favorables a Google a cambio de dinero o dádivas.

 La denuncia por prevaricato y cohecho fue presentada por el abogado de las actrices Virginia Da Cunha y Florencia Raggi que reclamaban daños y perjuicios a Google, en cuyos buscadores online se las asoció con contenidos sexuales. Antes de revocar dos fallos a favor de Da Cunha y Raggi, los cuatro camaristas habrían participado de una reunión en las oficinas de Google, cuya llegada a la sede den Puerto Madero fue filmada por el denunciante. En el video se reconoce a Ricardo Li Rosi, quien reconoció haber asistido, según dijo, para una actividad de capacitación técnica de la IJA. Según la denuncia a cada concurrente a la reunión, Google les regaló una tablet. El juez Sergio Torres y la sala II de la Cámara Federal sobreseyeron a los cuatro magistrados, porque su imagen no aparece en el video y Li Rosi declaró que no participaron de la actividad, típica de la relación promiscua entre magistrados y empresas.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) es presidida por el camarista cordobés Víctor María Vélez, protegido del grupo de penalistas radicales de José Ignacio Cafferata Nores y José Buteler, ministro y defensor respectivamente de Eduardo Angeloz. Como Presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, defendió los privilegios estamentales, gracias a lo cual el gobernador José De la Sota exceptuó a los jueces de su reformas previsionales. Su antecesor en FAM fue el juez penal de Salta Abel Fleming, a quien el ex diputado de la UCR Fernando Chamorro calificó como “sirviente de la dictadura militar” alegando que aún conserva el estado policial obtenido cuando estuvo a cargo de la División de Investigaciones Científicas de la Policía, donde creó una División de Drogas. Como presidente de la Cámara Séptima de Córdoba, Vélez juzgó a 59 personas por el motín de febrero del 2005 en el penal San Martín. Sólo cuatro fueron absueltos y las condenas ejemplificadoras no exceptuaron a aquellos reclusos que hicieron todo lo posible por pacificar la situación. De la Sota dijo entonces que “los derechos humanos son para los decentes”, y Vélez lo tuvo bien en cuenta como fuente del derecho. El fallo señaló falencias del Estado entre las causas del motín, pero no dio un solo paso para individualizar y juzgar a los responsables de que un edificio del siglo XIX para 600 personas recibiera al triple; de que una cárcel enclavada en el tejido urbano albergara a condenados, más propensos al motín y la fuga, mientras la de alta seguridad construida en Bower se reservaba a procesados; de que los reclusos hubieran manejado ametralladoras y fusiles, que sustrajeron de la armería del penal, donde no deberían haber estado; de que se abriera fuego sin medir las consecuencias y causando ocho muertes.

Si Cabral, Recondo, Li Rosi, Lozano, Fleming o Vélez son los defensores de la independencia judicial, puede anticiparse que el lenguaje será condenado a reclusión perpetua.

Horacio Verbitsky
Los jueces quieren saber

CORRUPCIÓN JUDICIAL

Una red de corrupción obtenía miles de amparos, en juzgados amigos. Así, las autoridades políticas perdieron el control de la política salarial. Una jueza de Corrientes ya fue destituida por ello y avanzan las investigaciones en todo el país, sobre otros magistrados, abogados y altos jefes contables y jurídicos de las propias fuerzas. Con la algarada de Retiro, se instrumentó a las jerarquías inferiores en defensa de esta situación escandalosa.



El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas.

De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”.

El intento de retomar ese control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior. Aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, disponía en su artículo 6 que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto. Una vez practicada la liquidación y de- soyendo la orden de la ministra Nilda Garré y del Secretario de Seguridad Sergio Berni de detenerla antes de que se depositaran los fondos en las cuentas individuales, los jefes de Prefectura responsables se alejaron de sus puestos, algunos de vacaciones y otro en una inverosímil gira de inspección contable, de modo de estar bien lejos de las esquirlas en el momento del estallido. Por eso, es tan cierto que los gendarmes y prefectos que acamparon frente a las sedes de sus fuerzas sólo reclamaban por sus salarios, como que el desbarajuste fue inducido con deliberación, en defensa de los ingresos siderales de las respectivas cúpulas y, una vez producido, lo aprovecharon los distintos sectores interesados en deslegitimar, carcomer y destituir al gobierno de CFK, justamente aquel que está blanqueando las distorsiones salariales iniciadas durante la gestión de Carlos Menem y Domingo Cavallo y continuadas por todos los gobiernos anteriores al actual. Esta es la historia de cómo se incubó la crisis y se preparó el estallido y de todas aquellas contradicciones que dificultan la comprensión del episodio.


Mingo y minga

En 1993, como parte del proceso de ajuste de gastos estatales, el gobierno comenzó a pagar los incrementos salariales al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mediante suplementos y compensaciones no remunerativas, de modo de que no fueran percibidos también por los retirados, cuya capacidad de presión era reducida. Esto invirtió la relación histórica entre los componentes remunerativos y no remunerativos de los haberes. Estos suplementos, cuya modalidad desfinancia los sistemas de previsión y de Obras Sociales llegaron a constituir el 65 por ciento de los ingresos del personal en actividad, al mismo tiempo que se desfasaban de los haberes de retirados y pensionados. Este fue el sustento objetivo de la creciente litigiosidad, para que los suplementos se incorporaran al haber remunerativo.

Sobre esta base se montaron los negocios ilegales. El cuadro 1 muestra el altísimo porcentaje de gendarmes que cobran sus haberes por medidas judiciales, sobre todo en los niveles jerárquicos más altos, y el cuadro 2 exhibe la gran dispersión salarial producida por la intervención judicial. Ambos cuadros se refieren a la Gendarmería, pero el panorama es similar en la Prefectura.

La Asociación de Magistrados declaró en su descargo que los jueces resuelven los conflictos individuales, según una antigua jurisprudencia del derecho del trabajo, “declaran que el pago de los adicionales no remunerativos son ilegales, establecen la doctrina para los futuros fallos, pero nunca fijan una política salarial de carácter general, ya que se trata de una atribución que corresponde a los poderes políticos del Estado Nacional”. Cierto, pero en muchos casos se llegó a este resultado por caminos turbios y su efecto fue una gran dispersión salarial, sobre todo entre quienes cuentan o no con alguna medida judicial que determine su remuneración, y en muchos casos difiere el tratamiento de casos similares, según los distintos criterios de los jueces intervinientes. Esto rompió las relaciones entre niveles jerárquicos y amplió las desviaciones entre integrantes de un mismo grado. También se llegó a una desproporción flagrante entre el haber básico y algunos suplementos (como la compensanción por vivienda, que puede representar hasta el 232 por ciento del sueldo).

La connivencia entre estudios jurídicos, jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad condujo a irregularidades e incumplimientos de distintos pasos procesales e incluso de disposiciones judiciales.

Esto elevó en forma significativa los honorarios, costas, tasas de justicia e intereses y el costo del servicio de Justicia para la tramitación de miles de casos y redundó en un fuerte incremento de los gastos en personal para satisfacer medidas judiciales que deformaron la pirámide remunerativa en contra de los niveles inferiores.

DASQUETES

Al detectar esta situación, la ministra ordenó que la Auditoría Interna revisara el comportamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, que demoraba el cumplimiento de aquelas órdenes judiciales que disponían cesar el pago de grandes sumas por medidas cautelares. El estudio concluyó el viernes con la intervención ministerial a esa Dirección. En la primera reunión con los auditores, las autoridades de asuntos jurídicos explicaron esas demoras por un presunto exceso de trabajo, porque además tenían que defender personal acusado en causas por apremios ilegales o torturas a detenidos, “gracias a Dios, con ninguna condena”. Uno de los funcionarios que recibieron a los auditores fue el sonriente comandante Manuel Barros, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, después pasó al Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur. Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, también integra el estudio jurídico Dasque, Tes y Asociados.

El curioso logotipo de esa empresa dice, con viriles mayúsculas ESTUDIO DASQUETES, denominación que surge de los apellidos de los abogados Fernando Dasque (especialista en derecho civil, aeronáutico y empresarial) y Fernando Tes. Dasque es comandante mayor retirado y autor de un estudio sobre El régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional. Igual que Barros, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gendarmería.

Otro de los socios del estudio es el Comandante Mayor Estanis Drebnieks (que no es abogado sino licenciado en administración de empresas). Se graduó en la Universidad Católica de Salta, cuya denominada Subsede Buenos Aires es controlada por la Gendarmería desde su creación en septiembre de 1989 y se maneja en forma autónoma del Arzobispado del que depende. Las carreras y cursos que ofrece incluyen abogacía, administración de empresas y de consorcios, informática, comercialización, cortesía verbal, oratoria moderna y esteticista (sic). Drebnieks cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y había sido propuesto para dirigirlo.

Ante la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Seguridad, Drebnieks negó ser socio del estudio DASQUETES y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó un currículo a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro de su staff.

El Comandante Mayor Drebnieks es uno de los beneficiarios de una medida cautelar en el expediente “Tosoroni, Mario y otros con Estado Nacional”, concedida por el juez de Paraná, Entre Ríos, Daniel Edgardo Alonso, hoy ascendido a camarista. El magistrado es otro camarada de Barros, Estanis y Desque: ingresó en 1985 como primer alférez de Justicia y llegó hasta oficial auditor de la Agrupación VI, Formosa, de Gendarmería, donde permaneció hasta 1999. El juez federal subrogante Gustavo Zonis dispuso la caducidad de la instancia en septiembre de 2009 y ordenó dar por decaída la medida cautelar en Tosoroni y otros. Sin embargo, la Gendarmería continuó realizando los pagos indebidos. Recién el 25 de abril de este año, el Comandante Mayor Drebnieks hizo la consulta a Jurídicos pero hasta el día de hoy sigue cobrando 53.000 pesos por mes que no corresponden.

La Unidad de Coordinación de Políticas de Transparencia del Ministerio de Seguridad solicitó a Gendarmería copia del expediente Aj2-401 732, pero no obtuvo respuesta. En la Prefectura cobra sus haberes con una medida cautelar el Asesor Jurídico de esa fuerza, prefecto mayor Domingo Nicolás Rotondaro. El amparo fue presentado en el juzgado federal de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a que Rotondaro tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez concedida la medida por el tribunal, la Asesoría Jurídica de la Prefectura instruyó a la delegada del cuerpo de abogados del Estado en la provincia, que no apelara la decisión a favor de su titular. Experto en la materia, Rotondaro es coautor del libro Medidas cautelares y bloqueo registral.


Los 7000

La tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes, Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury. Al acusarla, el Fiscal General de Justicia de Corrientes, César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), “y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país.

El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”. Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Las dependencias estatales debían pagar lo solicitado, hasta que no llegara una orden en contrario. Pero esa orden nunca llegaba, porque una vez ordenado el pago, la jueza dejaba dormir los expedientes en su juzgado. El personal que trabajaba con ella describió con asombro ese boom de los amparos, a los que la jueza prestaba una atención especial. Aunque todas las demandas eran por “reajuste salarial”, Duarte les imprimía el trámite sumarísimo, que no está previsto para asuntos patrimoniales, sino sólo en casos urgentes que provoquen un perjuicio irreparable y en consecuencia exigen una respuesta inmediata excepcional. Secretarios y otros empleados del tribunal declararon que la jueza guardaba esas causas en su propio despacho, les otorgaba prioridad de ingreso y las tramitaba por un canal distinto de ingreso y registración dentro del tribunal. “Conseguido el propósito de la acción, se desentendía de dichos expedientes, tal como se demostró con la no remisión a su debido tiempo, es decir inmediatamente después de declararse incompetente, a los Juzgados Federales”, se lee en la sentencia de destitución.

Una inspección ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en diciembre de 2009, encontró gran cantidad de cajas de embalaje que contenían “múltiples causas de amparos, que aún no habían sido remitidas al Juzgado Federal de Paso de los Libres o al de Corrientes, Capital”. También se demostró que la jueza tenía conversaciones privadas frecuentes con los abogados que presentaban esos amparos, el matrimonio Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán. La investigación determinó que cuando ellos intervenían, la medida cautelar se concedía en un lapso brevísimo y no se les exigían los trámites y recaudos previos a los que estaban sometidos los litigantes minoristas. Según el fiscal Sotelo, Serial y Milán obtuvieron ganancias por unos veinte millones de dólares, en complicidad con la jueza, “estafando escandalosamente al Estado Nacional”.

De acuerdo con datos de la Dirección de Transparencia, otro juez de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría, dictó un amparo similar a favor del padre de la ex jueza Duarte, quien solicitó “un recálculo de su haber como jubilado de la Prefectura”. En realidad, De Biase Echeverría fue el juez pionero en el circuito amparo-incompetencia-y-al-cajón que Duarte hizo propio. En febrero, el Superior Tribunal de Justicia sancionó a De Biase Echeverría con una multa de 30.000 pesos y le ordenó que se abstuviera de emitir resoluciones que involucraran a entes u organismos nacionales. También en los miles de casos de este juzgado intervino el estudio Serial & Milán.

Se calcula que el perjuicio de estas maniobras para el Estado en los dos tribunales oscilaría entre 80 y 200 millones de pesos. Según el titular del Ministerio Público de Corrientes, entre el 9 y el 10 de febrero de este año, Serial & Milán obtuvo 43 medidas cautelares a favor de 11.000 miembros de la Gendarmería, en un Juzgado de El Colorado, en la provincia de Formosa, que ordenó “liquidar diferencias salariales de acuerdo a la petición de los actores”.

 Esta es la mayor concentración de cautelares de todo el país y abarca a casi la mitad de los efectivos de la fuerza. Once mil amparos concedidos en dos días por un juez subrogante en una ciudad de trece mil habitantes constituye un indiscutible record.

Un caso similar culminó con la renuncia, hace un año, del juez en lo civil y comercial de Sáenz Peña, Chaco, Luis Alberto Pintos, cuando el Consejo de la Magistratura analizaba iniciarle un jury de enjuiciamiento por haber concedido más de 7000 medidas cautelares contra el Ejército y la Gendarmería. La Procuración del Tesoro de la Nación, que analizó los casos de Santo Tomé, el Colorado y Sáenz Peña no descarta que la misma mecánica se haya utilizado en otros lugares del país y que además se hayan cometido otros delitos, como asociación ilícita y tráfico de influencias. El caso del prefecturiano Rotondaro en Río Gallegos parece confirmarlo.

Horacio Verbitsky

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