MM Quiere REFORMAR el CONSEJO de la MAGISTRATURA

Como parte de la estrategia de colonización del Poder Judicial, Mauricio Macri está cerca de firmar y enviar al Congreso un proyecto para Reformar el Consejo de la Magistratura –órgano clave en la designación y remoción de jueces– que tiene como eje el aumento del número de representantes de la corporación judicial entre los integrantes del organismo.

Más jueces y abogados y menor proporción de representantes del estamento político (únicos a los que vota la ciudadanía). Esa es la lógica de la propuesta, que fue redactada en el Ministerio de Justicia, diseñada con el Colegio de Abogados de la Capital Federal y en acuerdo con la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (o colegio de la calle Montevideo), una institución a la que el Gobierno viene utilizando para instrumentar su ofensiva, por ejemplo, contra los jueces federales cuyas sentencias no le agradan y para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Juristas y organizaciones especializadas advierten que los cambios previstos no traerán mejoras o incluso empeorarán el panorama.

La iniciativa forma parte de una reestructuración del sistema judicial con el ostensible objetivo del Gobierno de lograr un control sobre él, algo en lo que Macri trabaja desde los comienzos de su mandato presidencial, como se vio con la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema. De igual modo, se propuso desplazar a Gils Carbó, y lo logró a fuerza de presiones, denuncias y una declaración de inconstitucionalidad del sistema de juicio político para procuradores pensado para sentar las bases de una reforma del Ministerio Público Fiscal. Ese proyecto, que además de flexibilizar las mayorías para designar y echar al jefe o jefa de los fiscales, pretende darle participación al Poder Ejecutivo dentro de la estructura de la Procuración (en concursos, por ejemplo) y al Congreso sobre los fiscales, aún está en plena discusión. El oficialismo no consigue respaldo, pero insiste en que lo logrará. Lo mismo con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, cuestionada hasta por los propios jueces, y que entre una de sus misiones más silenciosas apunta a licuar el fuero laboral, denostado por el Presidente. En tribunales las apuestas dicen que el traspaso –que muchos jueces rechazan–, la posible extensión horaria que impulsa el Gobierno, igual que el achicamiento de la feria judicial, podrían generar vacantes, o sea, más posibilidades de nombramientos para la gestión actual.

El Consejo de la Magistratura nacional es el corazón de la maquinaria para nombrar jueces y sancionarlos o mandarlos a juicio político. En su composición actual tiene 13 integrantes, repartidos entre la representación política y la judicial: hay 3 diputados, 3 senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo, 2 abogados, 3 jueces y 1 académico.

Con este esquema, para el oficialismo no resulta fácil imponer sus decisiones, ya que suele depender de conseguir un voto para llegar a los dos tercios que requieren las decisiones más relevantes, como abrir un juicio político o elegir ternas. Hoy Cambiemos y sus aliados confían en que cuenta con la anuencia de las asociaciones de abogados y jueces que dominan las designaciones de representantes en el Consejo.

El proyecto propone sumar un juez y dos abogados a la integración vigente.

Entre los abogados, llevan la voz cantante el Colegio de Capital, que maneja Jorge Rizzo, además de abogado, un hábil político que suele acomodarse a la conducción de turno y elaboró las bases de esta reforma en ciernes; y también manda el Colegio de Montevideo, que avaló golpes de Estado e integran los estudios más grandes defensores de grandes empresas y represores. Lo dirige Guillermo Lipera, uno de los hombres incluidos en la lista de conjueces de la Corte que envió el Ejecutivo al Senado.

El Colegio de la calle Montevideo tiene un dominio cada vez más extendido en el Poder Judicial. En el Consejo es la institución que planteó y maneja una auditoría sobre los juzgados federales porteños por la que denunció a dos de los jueces que Macri tiene en la mira: Daniel Rafecas y Ariel Lijo. Sobre ellos dijo que cajoneaban causas, algo que ambos refutaron con informes de sus despachos. Pero, en simultáneo, se iniciaron acusaciones con la meta de llevarlos a juicio político. En el caso de Rafecas por su decisión de archivar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el de Lijo por dudas con su patrimonio. En voz baja le atribuyen beneficios a Julio De Vido. La ecuación del Gobierno con los jueces federales suele ser simple: mientras tomen decisiones que les resulten funcionales, nadie los molesta. La orden de Lijo de detener a Boudou fue inmediatamente posterior, de hecho, a la denuncia que le hizo el Colegio de Abogados.

Dar mayor representación en el Consejo al estamento judicial (jueces y abogados) es una concesión a la corporación, pero el Gobierno cuenta hoy con la certeza de que entre ellos, y en especial entre los abogados, tiene aliados. Los consejeros jueces serán elegidos por sistema D’Hont (dos de cámara y dos de primera instancia) y los abogados por voto directo de los matriculados. Uno de los requisitos que pone el proyecto para ser consejero es cumplir con los mismos que se exigen para ser juez de la Corte Suprema. Hasta ahora la ley no definía restricciones, pese a lo cual el senador Ruperto Godoy fue expulsado como consejero por no ser abogado. Eso permitió que se iniciara, con una mayoría circunstancial en el Consejo –que no estaba completo– el juicio político a Eduardo Freiler, impulsado por Cambiemos. Lo que deja a la vista la alianza que hay entre sectores judiciales y el poder político.

El jurista Alberto Binder sostiene que “el proyecto es más de lo mismo y, en realidad, agrava los problemas que ya tiene el Consejo. No se trata de seguir ampliando a más integrantes, lo que torna inoperante al organismo. Se convierte en un centro de negociaciones, en un cambalache”. Binder, referente del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, investiga modelos de “gobierno judicial” en la región para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. “En Inecip elaboramos un documento donde planteamos que debería tener siete miembros, y que deberían ser representantes. Es decir, ni jueces, ni abogados, senadores o diputados en ejercicio. No deben tener funciones duplicadas sino dedicación exclusiva”, señala el especialista.

Según el proyecto no podrán ser consejeros quienes tengan condenas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, contra la seguridad y el orden constitucional. No pueden ser reelegidos por más de un período consecutivo (duran cuatro años). Respecto del llamado a concursos para juzgados o tribunales vacantes, prevé que el plenario pueda instruir a la Comisión de selección que llame a concursos con anterioridad a la producción de vacantes. Este sistema podría aplicarse en la actualidad, pero el Consejo no lo ha hecho. Espera a que se produzca una vacante, lo que desata un aluvión de negociaciones, en especial cuando se trata de cargos con injerencia política. el consejo sigue tomando examen por cada vacante que se elige tarda años en cubrir esas vacantes. “Es indispensable que llame a examen y confeccione una lista de mérito anual, debe ser así, no una opción”, advierte Binder.

En la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que un déficit del proyecto es no preveer modificaciones en el sistema de selección de jueces y juezas. “Actualmente los consejeros tienen un amplio margen de discrecionalidad en la confección de las ternas de candidatos, que desvirtúa el sistema de concurso de oposición y antecedentes. Tampoco ofrece solución al problema crónico de las demoras para cubrir las vacantes, lo que ha posibilitado la proliferación de subrogancias y traspasos”, señala Renzo Lavin. “Tampoco se proyectan modificaciones sobre las facultades de administración del Consejo. El régimen actual mantiene facultades relevantes en materia presupuestaria en cabeza de la Corte Suprema, lo que implica un menoscabo de las funciones que la constitución le reconoce al Consejo”, añade.

En el Ministerio de Justicia señalan que el proyecto enviado a Macri mantiene la mayoría de dos tercios para elegir ternas o iniciar procesos de juicio político. En el texto que está subido a la página del llamado proyecto “Justicia 2020”, que ideó el ministro Germán Garavano con cambios en distintos ámbitos, dice que la mayoría será absoluta, es decir, bastaría con la mitad más unos de los votos para las decisiones de mayor trascendencia.

“No hay en la propuesta ningún criterio, por ejemplo, sobre paridad de género”, observa la jueza María Laura Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima. A su entender, la “suma de abogados incrementa la representación de instituciones que tradicionalmente han sido dirigidas por los grupos menos progresistas”. “Entre los requisitos a nadie se le pide, además de ser abogados, tener alguna experticia o antecedente en administración de Justicia”, advierte. “Creo que el oficialismo está forjando un armado político de favores y coacciones que les va a rendir muchos años –analiza la integrante de la Cámara de Casación porteña–, como en su momento hizo Carlos Corach.”

Irina Hauser

VOLTEEN A RAFECAS

Envalentonado después de la destitución del camarista Eduardo Freiler, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura planea activar mañana una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado en un dictamen del radical Angel Rozas que le atribuye “mal desempeño” por haber archivado por inexistencia de delito la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman (entre otros) por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA en base al Memorándum con Irán.

Rozas se inspiró, a su vez, en una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que fue unificada con otra del diputado también oficialista Waldo Wolff. En esencia, no les agradó la decisión del juez que, a la vez fue confirmada dos veces por la Cámara Federal, avalada por el fiscal de la Cámara de Casación Penal y por prestigiosos juristas. Partía de la base de que el acuerdo Irán no podía ser un delito en sí mismo, que en Argentina lo votó el Congreso, que el parlamento iraní no lo refrendó, por ende nunca se aplicó, ni se creó la Comisión de la Verdad que intervendría para que declaren los acusados, ni quedaron en duda las alertas rojas para lograr su captura.

Rozas puso a circular esta semana el dictamen contra Rafecas y el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, lo agregó en el temario de la reunión de mañana para que los consejeros voten si lo citan bajo la fórmula del artículo 20 del reglamento del Consejo, que es comparable a una indagatoria en una causa penal. La denuncia contra el juez cumplirá tres años en marzo, que es el tiempo en el que caducan los expedientes en el consejo si no son tratados. La primera presentación fue hecha por Carrió pocos días después de que Rafecas archivó la denuncia hecha por Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento. Tonelli, quien decidió poner el pie en el acelerador, es el mismo consejero que se ocupó de llevar adelante la acusación contra Freiler, que fue aprobada por una mayoría circunstancial del Consejo, producto de que le impidieron votar al senador Ruperto Godoy por no tener título de abogado. Freiler y Rafecas, junto a otros, integran una especie de lista negra de jueces que el Gobierno nacional quiere expulsar, y que difunde desde comienzos de año a través de algunos medios afines.

Si el Consejo de la Magistratura decidiera avanzar e impulsar el juicio político a Rafecas en función del dictamen de Rozas, será la primera vez que el organismo se lance a acusar a un juez por el contenido de una sentencia. 

La jurisprudencia del Consejo y de la Corte Suprema en realidad van completamente en contra de esa posibilidad, pero un párrafo del dictamen acusatorio busca establecer una excepción: “Los jueces no responden políticamente por el contenido de sus decisiones, salvo en los supuestos de desvío de poder o de error judicial continuado o con consecuencias gravísimas”, dice el texto de Rozas, que agrega que los juicios políticos consisten en analizar “la idoneidad” para ejercer el cargo.

La denuncia de Carrió acusaba a Rafecas de resolver rápido, sin investigar, abortando la búsqueda de pruebas y con el fin de “congraciarse con el Poder Ejecutivo”. Wolff coincidía en el concepto, y agregó el relato de una reunión con el juez cuando él era vicepresidente de la DAIA, en la que les habría explicado a las autoridades de la entidad sus razones para cerrar la causa. Recriminó que mostrara que Nisman tenía guardados en su caja fuerte dos escritos donde afirmaba exactamente lo contrario que diría su denuncia: evaluaba de manera positiva la actuación del Gobierno en relación al atentado a la AMIA. El diputado además sostuvo que después de darle una entrevista televisiva al periodista Nelson Castro en la que cuestionó la decisión judicial, Rafecas lo “intimidó y hostigó” en una conversación telefónica y aseguró que escuchó una voz de fondo que le gritaba “te vas a morir hijo de puta”.

Cuando tuvo oportunidad de presentar un descargo en el Consejo, Rafecas argumentó su decisión sobre la denuncia de Nisman: señaló que ni siquiera existía el comienzo de ejecución de un delito, que no había pruebas de que Timerman presionara a Interpol para dar de baja las circulares rojas y que incluso el secretario General de Interpol, Ronald Noble, lo descartó y planteó lo contrario. Respecto de Wolff, reconoció cuestionarle lo que decía en televisión por tratarse de tergiversaciones, pero negó rotundamente insultos o amenazas. Además, y para contrarrestar el argumento de la supuesta falta de investigación y la celeridad, recordó que con la misma lógica archivó una causa contra Mauricio Macri por la emisión de Lebac y deuda externa por tratarse de decisiones de política económica. En este caso, la fiscal Paloma Ochoa le había pedido una lista de medidas de prueba a las que no hizo lugar. La sala II de la Cámara confirmó luego su decisión.

El dictamen de Rozas, que agrega una tercera denuncia similar a la de Carrió, acusa a Rafecas de mal desempeño y falta de idoneidad moral por supuestamente: incumplir en forma intencional el deber de investigar la comisión de delitos vulnerando derechos de las víctimas; obstaculizar el avance de la causa relacionada con el atentado a la AMIA, calificado como crimen de lesa humanidad; abandonar su función esencial de tutela de derechos y garantías fundamentales y la eficaz prestación del servicio de justicia; negarse a producir prueba, actuar con parcialidad y finalmente desestimar con “insuficientes fundamentos” la denuncia de Nisman de supuesta existencia de un “plan delictivo” para dotar de impunidad a los iraníes. Rozas dice que dictó un fallo de contenido político, que fue parcial y usó elementos no jurídicos. Da por hecho “actos ofensivos al decoro de la función judicial”, sobre hechos de los que no existen pruebas, solo la palabra de Wolff como “haber hecho una llamada para reprochar y hostigar”.

Dos de los jueces de Casación que, ya con la presidencia Macri, impulsaron la reapertura de la denuncia de Nisman no sólo no figuran en la lista de indeseables del Gobierno sino que están cerca: Gustavo Hornos es un nombre que le gusta al Presidente para Procurador General, y Mariano Borinsky dirige la comisión de reforma penal que reporta al Ministerio de Justicia.

Uno de los temas históricos por los que el radicalismo -y un sector del peronismo- le tienen particular inquina a Rafecas se remonta a la causa de los sobornos en el Senado, del año 2000, que él consideró probados y por los que dispuso enjuiciar al ex presidente Fernando de la Rúa, parte de su gobierno y a ex senadores. El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos y denunció al juez, pero el Consejo desestimó la denuncia precisamente porque avanzaba sobre el contenido de la decisión judicial del juez. Rafecas también fue denunciado por mantener conversaciones informales por WhatsApp con uno de los abogados del caso Ciccone. El plenario del organismo nunca consiguió los dos tercios para mandarlo a juicio.

El texto que presentó Rozas a sus colegas consejeros alude a un pedido de auditoría que presentaron el año pasado dos entidades vinculadas al Gobierno: el Colegio de Abogados de la calle Montevideo -conocido por su apoyo a golpes de Estado y por estar integrado por defensores de las grandes empresas- y la organización Será Justicia, que integran incluso funcionarios del macrismo. Ambas, además, fueron las que armaron la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Colegio de Montevideo es el escenario que elige Macri para hablar de “la Justicia” y prometer buscar otros jueces si los que hay no satisfacen sus cánones de búsqueda de la verdad. La impronta de esas instituciones quizá explique también el ensañamiento con jueces como Rafecas que han tenido una actuación crucial en las causas sobre crímenes de la última dictadura. En su caso, además, también fue el primero en decir en una resolución que la denuncia sobre la apropiación de Papel Prensa (finalmente cerrada por su colega Julián Ercolini) debía ser analizada bajo el esquema de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Una postura similar tuvo como camarista el destituido Freiler, quien fue uno de los que firmó -además- la confirmación de la desestimación de la denuncia de Nisman por encubrimiento.

Dos semanas atrás, el Colegio de Montevideo y Será Justicia alertaron al Consejo que a la luz de los primeros resultados de la auditoría de causas de corrupción, Rafecas tenía retrasos. Lo mismo dijo respecto de Ariel Lijo, quien retrucó de inmediato con la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Al Consejo le presentó una explicación causa por causa con todos los movimientos de investigación y medidas procesales. A Rafecas le achacaban demoras en seis expedientes, decían que no había siquiera indagado, y para refutarlo hizo un informe público que precisa que en tres de las causas tomó indagatorias, dos fueron archivadas por falta de delito y una está en pleno trámite. Rozas insiste en que el 30,8 por ciento de las causas del juzgado de Rafecas tienen más de 5 años de trámite, pero en la de Nisman objetó que se tramitara con celeridad. Lijo también integra la “lista” de jueces en la mira del Gobierno, junto con Rodolfo Canicoba Corral y la camarista de Casación Ana María Figueroa. En la comisión de Disciplina, todo indica que habrá mayoría para citar a Rafecas ya que apoyarían el dictamen acusatorio Tonelli, el delegado del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, el abogado Miguel Piedecasas, Rozas y el radical Gustavo Valdés. No votarían o lo harían en contra el académico Jorge Candis, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el senador del FpV Mario Pais. En la comisión con mayoría se puede resolver una citación. En el plenario de 13 consejeros, mientras rija la ley actual, se requieren dos tercios de los votos, lo que hace el escenario más complicado para el oficialismo. Pero la ofensiva está en marcha. Si avanza esta acusación, además, abrirá la puerta a echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les gusta un fallo.

Irina Hauser

Waldo Wolff

Pablo Tonelli

MACRI AGAIN: Destituyeron al juez Eduardo Freiler

Macri ganó otra vez. El oficialismo consiguió destituir al camarista Eduardo Freiler, acusado de no poder justificar su patrimonio, aunque ya había sido sobreseído de la investigación penal por enriquecimiento ilícito.  ¿El reino del revés?

El jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura leyó el veredicto, que terminó con la separación del juez, tras la maniobra de Cambiemos de apartar a un miembro del Consejo para alcanzar con los votos necesarios y avanzar con el enjuiciamiento.

La audiencia del jury de enjuiciamiento comenzó cerca de las 10, en la sala del tercer piso del edificio de Libertad 731. Freiler no estuvo presente. En representación suya asistió a la lectura del veredicto su abogado José María Olivares. Por 6 votos contra 1, el jurado descartó la anulación del jury, como había pedido el abogado del juez, y aprobaron la destitución.

Los consejeros que representan a Cambiemos denunciaron al magistrado por mal desempeño por no poder justificar su patrimonio ni sus gastos con el sueldo de juez. El de Freiler fue uno de los primeros nombres que apareció en la lista negra de magistrados en la mira del Gobierno por sus fallos contrarios a los intereses de la Casa Rosada.

Los fiscales en el proceso de remoción fueron el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) y el abogado Miguel Piedecasas, quienes sostuvieron que Freiler no pudo explicar cómo obtuvo cerca de 16 millones de pesos, según un análisis de sus ingresos y gastos desde 2012 hasta octubre de 2016.

Sin embargo, el juicio político a Freiler tuvo dos situaciones controvertidas. Como el oficialismo no lograba sumar los votos necesarios para acusarlo, avanzó con una denuncia contra el senador Ruperto Godoy, otro de los integrantes del Consejo, por ocupar ese cargo sin ser abogado (requisito que no aparece en la ley). Por una sentencia de Cámara que no estaba firme, le impidieron a Godoy participar de la votación. Su reemplazante, que ya había sido elegido, tampoco pudo votar porque el oficialismo demoró la jura.

Por otro lado, Freiler ya había sido juzgado penalmente por enriquecimiento ilícito, proceso en el que fue sobreseído. Pero los consejeros del macrismo decidieron avanzar igual. La ausencia de uno de los consejeros -por la maniobra con Godoy- en aquel plenario fue lo que invocó la defensa del camarista para pedir la nulidad del jury.

TIEMBLA EL STATU QUO

“La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo”, es la conclusión a la que llegó el jurista Alejandro Slokar sobre la declaración de inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura. El juez de la Cámara de Casación y miembro de “Justicia legítima” afirmó que la posibilidad de modificar el Consejo y de elegir con el voto popular a sus integrantes “es un debate clausurado” por la reciente decisión del máximo tribunal, que sólo podría revertirse con una reforma de la Constitución. Sin embargo, enfatiza que “la ruptura adentro del Poder Judicial está planteada, y aunque no será inmediata es una transformación, casi un choque cultural, que no se detiene más”.



–¿Cuál es el destino de la reforma del Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema?

–Acá está en juego la relación del Poder Judicial con la sociedad y con el poder político. La sociedad lo ve como un poder no igualitario, autoritario, con privilegios, como estar eximido del pago del Impuesto a las Ganancias, y poco abierto a escuchar. En ese contexto, el fallo no contribuye a achicar ese aislamiento, va en contra de una democracia expansiva, y revela una vocación contrademocrática. Al interior del Poder Judicial pone en evidencia la fractura que existe, no sólo dentro de la propia Corte, sino también dentro de ese propio poder. Y pone en evidencia la pérdida del liderazgo de la Corte para las transformaciones en el orden interno. La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo, pero también marca un quiebre. No quiero hablar de fin de ciclo, pero sí de otro punto de análisis de la apreciación que se tenía desde afuera respecto de la capacidad de la Corte de liderar esas transformaciones. Lo que llama a la reflexión es que durante todo el proceso legislativo hubo un diálogo interpoderes, y la Corte sólo reaccionó para recuperar los fondos y administración de esos fondos, pero nunca puso en consideración la posibilidad de algún ajuste que diera lugar a un cambio de lo que se modifica en las leyes, por ejemplo, respecto de la conformación de la Magistratura. No hay gestos, no hay apertura en favor a alguna transformación. Lo único que les preocupó fue el control de la caja.

–¿Era una ocasión para que el Poder Judicial aportara su impronta al cambio?

–En un diálogo interinstitucional de poderes, en una relación seria, era el momento para ofrecer una opción superadora, si acaso esto era decididamente inconstitucional. No lo hicieron, lo único que hicieron fue recuperar la caja. El fallo no evaluó la implicancia institucional de lo que estaba en juego, o si se evaluó, optaron por mantener este estado de cosas donde nada cambia, todo se consolida y parece que la Justicia funcionara fantásticamente.

–Entonces, ¿el debate sobre el Consejo quedó clausurado?

–El debate quedó clausurado con la decisión de la Corte, al menos desde el punto de vista interno tal como había sido pensada la reforma. El Judicial pudo haber ofrecido alternativas posibles y no lo hizo. Hay reformas que están vigentes que lamentablemente no se materializan, no entiendo por qué no se hizo efectivo hasta ahora el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, falta la reglamentación de la Corte a una ley vigente. Las designaciones siguen siendo a dedo y sin concurso. Otros aspectos tienen que ver con la transparencia en las declaraciones juradas patrimoniales, y aún en eso hay demoras. Fíjese lo que revelan las formas y los modos: esto se resolvió en tiempo record. No hubo audiencias públicas como se implementan en otras causas, no hubo apertura en favor de la incorporación de los amicus curiae, frente a un tema trascendente porque está en juego la condición democrática de un Poder Judicial, que es el derecho a sufragio. En Brasil se transmiten las deliberaciones del Tribunal por un canal de televisión, debaten de cara al público. Si no querés la reforma del sufragio, al menos consolidá hacia adentro algunas formas democráticas que impliquen una modificación del estado de cosas.

–Si el debate está cerrado, ¿por qué la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama a dar la gran batalla por la reforma judicial?

–En los otros aspectos sólo puede haber un retroceso en un caso concreto de algún expediente que alguien plantee en Casación, que la creación de una nueva instancia produce una afectación al derecho a un juicio en los plazos razonables. Y que la Corte termine transformando eso en un caso. Lo mismo respecto de las cautelares, donde tenés que tener un caso para que se expidan si es inconstitucional o no. Pero en relación con la modificación del Consejo y con el sufragio universal de los integrantes ya está zanjado, lo único que cabe es cambiar la Constitución.

–¿No se estará refiriendo a eso la Presidenta?

–No lo creo, porque en su discurso aclaró que lo que enviaba era constitucionalmente posible, sin necesidad de modificar la Constitución. El valor de la disidencia en este fallo es que se trató de un constituyente que fue parte de la redacción del artículo 114, que creó el Consejo. Siete jueces le dicen a él que el planteo es inconstitucional. Algo hace ruido ahí. Rescato el valor de la disidencia porque dice “a mí no me gusta pero no puedo decir que todo lo que no me gusta sea inconstitucional”. La mayoría le dice que sí, él con razón replica que no, que como redactor del 114 sabe lo que representa y el debate que lo precedió. El otro punto de vista tiene que ver con el problema propio de la declaración de inconstitucionalidad, que es un recurso extremo, sólo se da cuando es evidente la colisión con la Constitución, por eso Zaffaroni salió a decir “tengamos cuidado”. Me parece que banalizar la declaración de inconstitucionalidad es un problema, porque por más que los ministros digan que tienen las facultades para hacerlo, la banalizan cuando la aplican a un caso como éste, que comprometen al propio cuerpo. Para fundar su facultad invocaron el antecedente de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y nadie puede trazar un parangón entre eso y esta ley, porque hacerlo implica bastardear toda la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. En el plano local eso está clausurado, el reclamo internacional no tiene sentido para producir consecuencias en lo inmediato. No queda otro camino que desafiar todo esto con una reforma constitucional, que dependerá de coyunturas electorales con resultados que deben superar el 60 por ciento, con el tema del tercer senador. Es una cuenta que debe hacer un político.

–Así las cosas, la fiscalización de la elección de los miembros del Consejo seguirá en manos de la Asociación de Magistrados.

–Sí, pero se ha producido un cisma, hay un antes y un después que ya se venía insinuando. Hay sectores que seguirán conservando su poder, la elección se va a plantear dentro del diseño actual, que habilita que sólo la Asociación de Magistrados tiene la facultad y el poder de fiscalización. Es un reglamento que dictó el Consejo. Se debería modificar por otro reglamento, pero como eso es poco probable, quizá haya algún amparo que lo propicie. Quedan puntos de tensión, hay una disposición final en la ley del Consejo que dice que la Corte y la jefatura de Gabinete tienen que reglamentar la ley respecto del manejo presupuestario. Esta co-reglamentación es un escenario complicado a la hora de sentarse en un diálogo interpoder.

–¿Es acertada la estrategia de la Presidenta de confrontar tan abiertamente con la Corte?

–Sí, definitivamente. Porque se da un escenario como el de la Resolución 125 (de las retenciones agropecuarias) donde la tensión entre el poder político y corporación es evidente y esto va a llevar a redoblar la apuesta. Adentro del Poder Judicial está planteada una ruptura evidente, la transformación no será inmediata, pero no se detiene jamás. Es casi un choque cultural en términos de entender el derecho, del control de constitucionalidad, de la relación con la sociedad.

–¿La familia judicial entró en crisis, dejó de ser intocable?

–Claro, y eso cambió por la presión del afuera, si no la tuvieras enfrente a Estela de Carlotto, a Susana Trimarco, a Pablo Ferreyra la situación sería distinta, más allá del diseño y la estrategia política del Poder Ejecutivo. Desde el adentro esto no tiene retorno. Hay un punto en que más allá de las relaciones puntuales que se dieron ahora, a la larga el escenario es de reforma. Lo otro es aceptar definitivamente que el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular del Consejo de la Magistratura es óptimo, lo cual es moralmente inaceptable.

–En este contexto, ¿cómo evalúa las amenazas que el ministro Juan Carlos Maqueda denunció haber recibido por parte de La Cámpora?

–No sé qué entidad tuvo el episodio, si fue un grupo de personas o si se trata de un transeúnte que envuelto en una camiseta de La Cámpora le inquirió acerca de lo que iba a votar. Desde la función publica uno tiene que tener la capacidad de soportar hasta ese tipo de presiones. La situación que vivió (Axel) Kicillof en Buquebús, nadie la comparó, pero lo que para un sector fue un escándalo, para el otro era válido. Es condición del funcionario resistir a ese tipo de presiones. Además, estamos muy lejos del escenario que dejó la crisis del 2001, cuando los caceroleros se desplazaban hasta la casa de (Antonio) Boggiano y a la de (Julio) Nazareno, reclamándoles la renuncia. La pancarta decía “menú justicia, hoy suprema a la cacerola”. Tampoco creo que, como algunos suponen, el fallo de la Corte vaya a dar lugar a una caza de brujas hacia adentro respecto de quienes piensan diferente de lo que votó la mayoría. Esto es así porque el Poder Judicial hoy es algo heterogéneo, con infinidad de variantes y actores, y hay que respetar el margen de diferencias internas. El fallo no clausura el debate interno en el Poder Judicial.

–¿En cuánto cambia la modificación del número de miembros del Consejo la eficiencia o independencia del organismo?

–La historia del cuerpo demuestra que no cambió nada, que el número de integrantes no garantiza nada, que las mayorías se conforman según las circunstancias. Pero no siempre responden al Poder Ejecutivo, hoy el Consejo está bloqueado por la corporación judicial. Y así no puede funcionar, los sectores corporativos se suman a la oposición. Lo que define la tendencia es la política de alianzas y los entramados que se conforman.

–¿Y acaso el sistema electoral hubiera garantizado que el votante eligiera a conciencia a su representante en el Consejo?

–Eso es otra cuestión. Acá lo valioso es el protagonismo y la participación ciudadana en todos los estamentos de gobierno. La Constitución dejó abierta la posibilidad del voto popular para la elección de los diferentes estamentos del Consejo. La Corte pudo haber evitado la confrontación con la corporación, pero habilitar al menos el sufragio para los cargos de científicos y académicos, pero tampoco abrió esa puerta. Hubo la vocación de estrellarse, de confrontar. Lo que sí es cierto es que el tema no mueve la aguja del interés electoral. No hubo un trabajo previo en la sociedad para la búsqueda de consenso como se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esto sigue, el debate político no se clausura con esta sentencia porque la fractura está planteada.

Adriana Meyer

TRIBULACIONES DEL 114

«El pueblo pierde ante la justicia, como ante el poder»


He tomado el título de un ensayo de Dominique Lecourt ("La Crisis del Estado Capitalista"; Recopilación de Nikos Poulantzas; ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1982), donde el autor afirma que "…desde el mítico proceso de Edipo hasta nuestros días, el pueblo siempre ha perdido en sus enfrentamientos ante la justicia como ante el poder…"



El fallo (de mayoría) de la Corte Suprema de Justicia ha hecho prevalecer los intereses de las corporaciones –particularmente la de los jueces–, por sobre la soberanía popular (art. 33, C.N.), sustento de todo derecho, explícito e implícito. Recordemos que la Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno (art. 1, C.N.), por lo que todo poder emana del pueblo y si ese pueblo no puede gobernar por sí sino a través de sus representantes, por qué privarle de la posibilidad de elegir sus representantes en un órgano esencialmente político, como es el Consejo de la Magistratura, que no dicta pronunciamientos sobre causa alguna, toda vez que no integra el Poder Judicial.

Paradojalmente, el voto de mayoría de la Corte Suprema, ve en el voto popular una extralimitación del Poder Legislativo que convoca a que ejerza el poder supremo de erigirse contra una ley de la Nación, disponiendo esa Corte Suprema que todo siga como está; esto es, estancado por diferencias políticas y sin cumplir cometido alguno que se corresponda con las incumbencias constitucionales que le asigna la Ley de Leyes al Consejo de la Magistratura (art. 114, C.N.).

Peor aún, el voto de mayoría de la Corte Suprema se erige en intérprete de los debates de la Convención Constituyente (año 1994), haciendo caso omiso de la clara delegación que el art. 114 de la C.N. establece para que la ley del Congreso determine la forma de la representación de los estamentos y su integración equilibrada.

El voto en disidencia del Dr. Raúl Zaffaroni, que participó activamente del debate en Comisión del proyecto de creación del Consejo de la Magistratura, deja señalado que la delegación efectuada por la Constitución a favor de la futura ley del Poder Legislativo, impide considerar inconstitucional que esa representación se ejerza por el voto popular, y hace propias las consideraciones del Dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se pronunció a favor del voto popular de las respectivas representaciones.

El fallo deja señalado que el camino para establecer la representación popular pasa por una Reforma Constitucional, haciendo ver –lo que es así–, que no hay mecanismo institucional de revisión de su decisorio.

Por ello, el pueblo de la Nación Argentina, en la futura convocatoria electoral de agosto y octubre de 2013, para renovar mandatos de senadores y diputados, deberá pensar en dotar al Congreso de la Nación de las mayorías necesarias para posibilitar una Reforma Constitucional que no sólo revise el deficiente funcionamiento de la administración de justicia, sino que dicte una Constitución que sea marco y soporte normativo/institucional de las transformaciones que viven los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y que se sintetizan en el enunciado ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, con independencia económica.

Eduardo Barcesat

EN EL NOMBRE DE HITLER

El nombre de Hitler tiene una densidad que convierte en monigote al que lo banaliza. No se le puede decir Hitler o hitleriano a cualquiera. Y eso fue lo que le pasó a Federico Sturzenegger, un hombre con más chapa que la Villa 1.11.14. El fantasma del feroz genocida ya había rondado los editoriales del diario La Nación. Para el presidente del Banco Ciudad y funcionario de Mauricio Macri, la equivalencia entre Alemania nazi y la Argentina actual estaba dada por la participación de movimientos juveniles (“juventudes hitlerianas”) de la política, de grupos religiosos y de los movimientos sociales en el control del acuerdo de precios que hizo el Gobierno. En realidad se refería a La Cámpora que, junto con Carta Abierta, se han convertido en los blancos preferidos de la oposición. Para La Nación, la referencia al Tercer Reich apuntaba a las actitudes “autoritarias del Gobierno”, pero el editorial se hacía sentir en el contexto del debate por la reforma judicial.

De la misma manera la izquierda ha usado hasta el abuso el término fascista como proyectil ideológico. Aunque casi podría decirse que en ese caso el término fascista aparece por lo menos un escalón del horror más bajo que Hitler. La Alemania nazi, Adolf Hitler, representan el exterminio, el límite mismo del espanto. Más allá no hay nada. Esta figura espectral ejerce una seducción especial sobre la derecha. La derecha no usa el término “fascista”, usa a Hitler porque la tranquiliza. Hitler les permite sentir que no son tan de derecha.

Un gobierno de derecha, conservador o de centroderecha puede reprimir, provocar despidos, excluir a importantes sectores de la sociedad. Y no es lo mismo que los campos de concentración y las duchas de gases de la “solución final”. Un gobierno de ese signo puede bajar los salarios, anular las jubilaciones para los más humildes y hasta apropiarse del ahorro de las capas medias con corralitos o flexibilizar el trabajo, pero no es lo mismo que el trabajo esclavo que el nazismo proveía a sus empresarios. Por supuesto, un caso aparte han sido las dictaduras militares, que en la Argentina han desarrollado siempre políticas económicas neoliberales. Julio Scherer García, un prestigioso periodista mexicano, fue secuestrado cuando viajó en los años ‘70 a Guatemala para investigar violaciones a los derechos humanos. Una gran campaña internacional logró que lo liberaran y contó que, en la sala de torturas, los militares guatemaltecos tenían una foto del dictador argentino Jorge Videla y otra de Hitler. La paradoja está en que el diario La Nación apoyó a Videla y nunca lo equiparó a Hitler como sí lo hizo ahora con este gobierno. El paradigma del horror en Argentina fue Videla, como lo es Hitler para el mundo y el mismo diario que apoyó a Videla equipara a este gobierno con Hitler.

“Lo único que yo dije –explicó Sturzenegger– fue que Hitler mandó a las juventudes hitlerianas a controlar los precios y que este gobierno hace lo mismo.” El hombre del MIT, el director de la escuela de negocios de la Di Tella, el supuesto economista brillante del neoliberalismo queda reducido así a sus prejuicios, los que nunca son inteligentes por más chapa intelectual que lleven sus portadores.

Más allá de los controles de precios, existen paralelismos que no son prejuiciosos y que ponen al neoliberalismo más cerca del nazismo que este gobierno. Porque la teoría del nacionalsocialismo se basó en la supremacía racial, los arios son los superiores según dijo Hitler, porque son los más fuertes, lo cual incluye fuerza física e inteligencia. La esencia de ese pensamiento casi darwiniano es la supremacía del más fuerte.

Esa “proximidad” teórica con el nacionalsocialismo estaría en que esa doctrina económica también plantea la supremacía del más fuerte. El neoliberalismo respeta la lógica de un mercado donde el que tiene más capital juega con ventaja sobre los demás y termina doblegándolos y subsumiéndolos. Una teoría que tiende a que los fuertes desde el punto de vista económico, lo sean cada vez más, y los más chicos tiendan a sucumbir o a ser engullidos. Una teoría que cuando se aplicó, destruyó a la clase media y condenó a la miseria a millones de personas a ser excluidas de la posibilidad de trabajar y de cualquier otro beneficio social.

Sturzenegger fue secretario de Políticas Económicas primero con Ricardo López Murphy y luego con Domingo Cavallo como ministros de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Acusarlo de nazi, ni siquiera usando el mismo eufemismo que La Nación: “salvando las enormes distancias”, sería caer en la misma banalidad política que cayó el titular del Banco Ciudad. De todos modos nunca estará de más recordar el tremendo daño que le causaron a tanta gente las políticas de las que Sturzenegger fue uno de los ejecutores.

El diario La Nación, que respaldó a la dictadura pero equipara a este gobierno con el Tercer Reich, lo hizo en el marco de su rechazo “republicano” a las leyes de la reforma judicial impulsadas por el Gobierno. Tiene que haber alguna trampa en esos sentidos que se cruzan. Los hermanos del nacionalsocialismo: el falangismo y el fascismo, son esencialmente corporativos. Y la esencia de la reforma judicial es anticorporativa. Tiende a abrir la participación ciudadana para romper el manejo cerrado de un poder de la República.

Para hacer efectivo un pedido de amparo ante una ley, la Justicia estima que lo debe presentar un damnificado. Prácticamente ninguno de las decenas de amparos presentados para impedir la elección popular de los consejeros de la Magistratura son ciudadanos comunes. Casi todos ellos son representantes de asociaciones de jueces y abogados. La contradicción está en que si realmente la que estuviera amenazada o resultara damnificada por esa ley fuera la “República”, cualquier ciudadano podría presentar el amparo. Sin embargo, la misma Justicia estaría considerando que las damnificadas en cuestión son las corporaciones de abogados y jueces. El mecanismo que están usando para rechazar esa norma termina por demostrar la necesidad de que esa ley se aplique para romper ese esquema corporativo.

Los pedidos de amparo se pueden describir de la siguiente manera: Son abogados y jueces que se presentan ante otros jueces para que los abogados y jueces elijan a los abogados y jueces que integrarán el Consejo de la Magistratura. Se confunde a este organismo con un sindicato de abogados y jueces. Por el contrario, la Magistratura no está para resolver los intereses de los abogados y jueces, ni tiene por qué representarlos. Sí tiene que haber abogados y jueces, pero para resolver los aspectos más políticos de los requerimientos de justicia de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto es la sociedad, a través del voto popular, la que tiene que elegir a los abogados y jueces que mejor representen sus intereses en esa función.

La idea de que los abogados y jueces que van a estar en el Consejo de la Magistratura tengan que ser elegidos exclusivamente por las asociaciones de abogados y jueces, confunde a la Magistratura con un sindicato. Es una idea corporativa. Se trata de dos corporaciones, los colegios de abogados y la asociación de magistrados que, bien o mal, representan a los intereses de quienes las integran. Pero al avanzar sobre la Magistratura usurpan una institución que debe representar al interés común. En ese traspaso de funciones se trata de hacer prevalecer los intereses de un sector por sobre el interés común. Eso es corporativo.

La derecha, sea Sturzenegger o el diario La Nación, tiene que ser más cuidadosa para hablar de Hitler, porque el nazismo proviene de la derecha y en sus raíces ideológicas surgen lazos y parentescos que no tienen los movimientos que buscan ampliar derechos tanto de las mayorías como de las minorías. El nazismo discrimina a las minorías y a los más débiles. Puede haber derechas democráticas que no discriminen por raza o religión, pero desde el punto de vista económico siempre están con el más fuerte. Que en este país se consolide una derecha democrática es un verdadero desafío porque en Argentina todas las dictaduras han sido de derecha y neoliberales.

Luis Bruschtein

JUSTICA POPULAR O CORPORATIVA

Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.

Luis Bruschtein

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JUECES Y FISCALES POR + DEMOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL

LA CANALLA JUDICIAL

Miembros de la Asociación de Magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores preguntarán a sus autoridades cómo se decidió, quiénes redactaron y aprobaron y por qué se publicó sin ninguna firma el virulento comunicado del viernes 7 contra el gobierno a raíz de las denuncias contra camaristas acusados de vinculación con el Grupo Clarín.

La Asociación de Magistrados es presidida por el camarista penal Luis María Cabral. El fiscal general Jorge Auat lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum por su designación para integrar una sala de la Cámara de Casación Penal, sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias. Pero la Cámara lo confirmó, con la única disidencia de Alejandro Slokar. Sigue llevando la voz cantante en la Asociación su ex presidente Ricardo El Piojo Recondo, otro especialista en la designación de jueces a dedo y el principal gestor del conflicto de la judicatura con el gobierno nacional por el caso Clarín, en el que tiene interés personal.

Subsecretario de Justicia durante el primer gobierno de la UCR y miembro del equipo judicial de la SIDE que operaba sobre los jueces, en 1988 Recondo impulsó la designación de Juan Rodríguez Basabilvaso como camarista federal, para terminar con los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su nombre surgió en la sobremesa del lobby militar-judicial-empresarial que se reunía los fines de semana en la quinta del Gerente de Relaciones Públicas del Grupo Económico FATE, Alejandro Pérez Cárrega.

Recondo ocultó que el postulante se había desempeñado en el tribunal especial conocido como El Camarón, que el Congreso disolvió en 1973. “Hay que darle a la gente la oportunidad de cambiar. Si nos ponemos a escarbar el pasado de cada uno, no queda nadie”, dijo cuando se hizo público. Dos décadas después, ya como presidente de la Asociación de Magistrados, Recondo proclamó durante un acto de la Corte Suprema que el reclamo del entonces presidente Néstor Kirchner para que no se siguieran demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituía un “avasallamiento grotesco de la justicia”. La Corte lo respaldó con una declaración sin firma, según la cual el control republicano debe “respetar la honorabilidad e independencia judicial”.

Ahora, Recondo encabeza el bloque de jueces, abogados y legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura. Además integra la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, participó en el sorteo manual de un juez jubilado para fallar en favor del Grupo Clarín contra la constitucionalidad de tres artículos de la ley de medios y su hija Ana es coordinadora de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín.

La lista Bordó de Cabral se impuso por muy pocos votos a la Celeste, que postulaba a la camarista del trabajo Gabriela Vázquez (la primera mujer candidata a ese cargo) y que se propone democratizar la Asociación. Nueve de los once consejeros Bordó son hombres, mientras cinco de los nueve consejeros Celeste son mujeres. Contra la fantasía de Lorenzetti sobre una judicatura monolítica, los celestes no asistieron a la comida de fin de año de la Asociación, en disidencia por la invitación a representantes de Certal y a la exclusión del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Los celestes propusieron que la Asociación despojara al presidente de la facultad discrecional para invitar y excluir a quien le venga en gana.

La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus) es conducida por Luis Francisco Lozano, presidente del Tribunal Superior porteño. Antes, fue director de Asuntos Jurídicos de Recondo en la subsecretaría de Justicia del gobierno radical. Cuando asumió en Jufejus, se comprometió a priorizar el trabajo en materia de independencia judicial pero, en flagrante contradicción, encomió el rumbo trazado por el titular saliente, Rafael Francisco Gutiérrez, que es el antimodelo de la independencia: fue designado en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por su primo, el entonces gobernador Carlos Reutemann y durante su gestión Jufejus firmó convenios con la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), para que también jueces supremos provinciales pudieran viajar a Fort Lauderdale, Miami y Washington con el pretexto de los cursos de capacitación que dicta la International Judicial Academy (IJA), para jueces de países de Asia, Africa, América y el ex bloque comunista europeo en los que Estados Unidos y sus empresas quieren influir.

Esta IJA (del american way) es una organización dedicada a propagar entre jueces de todo el mundo los valores del Consenso de Washington, que identifican democracia representativa con apertura de mercados. La IJA tiene dos sedes, una en Washington y la otra en Buenos Aires, que funciona en la Asociación de Magistrados y está a cargo de Ricardo Li Rosi, juez nacional en lo civil. Sus programas incluyen visitas a los tribunales y a la Oficina de Marcas y Patentes estadounidenses, como ha sido denunciado por la cámara latinoamericana que agrupa a laboratorios que producen medicamentos genéricos. Buena parte de los seminarios a los que asisten jueces argentinos suelen congregar también a hombres de negocios, como el seminario sobre Seguros y Justicia dictado en Washington en 2008 y 2009 para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina; o el programa sobre “Regulación del Gobierno y Justicia” al que asistieron en la capital estadounidense jueces, abogados y ejecutivos de negocios de la Argentina y México en octubre de 2009. En septiembre de 2010 se dictó un curso en Mendoza y San Juan sobre un tema de estricta actualidad: las medidas cautelares.

 La cuidada página electrónica de la IJA no explica cómo se financian sus costosas actividades, que incluyeron viajes y estadía en distintos países del mundo para 4387 jueces.

Pero los cursos son promovidos por las embajadas de EE.UU. y, en la Argentina, por la Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham. Li Rosi tuvo sus 15 minutos de fama en 2007, cuando la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que la responsabilidad por un accidente en un ascensor en el que no se había reemplazado la puerta tijera era compartida entre el consorcio y la nena de dos años que puso el pie donde no debía, por lo cual debió ser operada siete veces. En julio de 2011 el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigara a los camaristas del fuero civil y comercial federal Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan (dos de los que viajaron con Francisco de las Carreras y Recondo al congreso de Certal), Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat por haber dictado resoluciones favorables a Google a cambio de dinero o dádivas.

 La denuncia por prevaricato y cohecho fue presentada por el abogado de las actrices Virginia Da Cunha y Florencia Raggi que reclamaban daños y perjuicios a Google, en cuyos buscadores online se las asoció con contenidos sexuales. Antes de revocar dos fallos a favor de Da Cunha y Raggi, los cuatro camaristas habrían participado de una reunión en las oficinas de Google, cuya llegada a la sede den Puerto Madero fue filmada por el denunciante. En el video se reconoce a Ricardo Li Rosi, quien reconoció haber asistido, según dijo, para una actividad de capacitación técnica de la IJA. Según la denuncia a cada concurrente a la reunión, Google les regaló una tablet. El juez Sergio Torres y la sala II de la Cámara Federal sobreseyeron a los cuatro magistrados, porque su imagen no aparece en el video y Li Rosi declaró que no participaron de la actividad, típica de la relación promiscua entre magistrados y empresas.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) es presidida por el camarista cordobés Víctor María Vélez, protegido del grupo de penalistas radicales de José Ignacio Cafferata Nores y José Buteler, ministro y defensor respectivamente de Eduardo Angeloz. Como Presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, defendió los privilegios estamentales, gracias a lo cual el gobernador José De la Sota exceptuó a los jueces de su reformas previsionales. Su antecesor en FAM fue el juez penal de Salta Abel Fleming, a quien el ex diputado de la UCR Fernando Chamorro calificó como “sirviente de la dictadura militar” alegando que aún conserva el estado policial obtenido cuando estuvo a cargo de la División de Investigaciones Científicas de la Policía, donde creó una División de Drogas. Como presidente de la Cámara Séptima de Córdoba, Vélez juzgó a 59 personas por el motín de febrero del 2005 en el penal San Martín. Sólo cuatro fueron absueltos y las condenas ejemplificadoras no exceptuaron a aquellos reclusos que hicieron todo lo posible por pacificar la situación. De la Sota dijo entonces que “los derechos humanos son para los decentes”, y Vélez lo tuvo bien en cuenta como fuente del derecho. El fallo señaló falencias del Estado entre las causas del motín, pero no dio un solo paso para individualizar y juzgar a los responsables de que un edificio del siglo XIX para 600 personas recibiera al triple; de que una cárcel enclavada en el tejido urbano albergara a condenados, más propensos al motín y la fuga, mientras la de alta seguridad construida en Bower se reservaba a procesados; de que los reclusos hubieran manejado ametralladoras y fusiles, que sustrajeron de la armería del penal, donde no deberían haber estado; de que se abriera fuego sin medir las consecuencias y causando ocho muertes.

Si Cabral, Recondo, Li Rosi, Lozano, Fleming o Vélez son los defensores de la independencia judicial, puede anticiparse que el lenguaje será condenado a reclusión perpetua.

Horacio Verbitsky
Los jueces quieren saber

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Los abogados de la Capital Federal eligieron, entre tres listas, al encargado de representar al Colegio Público de letrados porteños en el Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo clave a la hora de analizar el funcionamiento del Poder Judicial. Fargosi, que obtuvo casi 5800 votos (60%), reemplazará a Santiago Montaña, actual representante de los abogados de la Capital en el órgano que, entre otras funciones, tiene la facultad de acusar y remover a los jueces...



Una alianza entre la UCR y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que integran letrados de empresas transnacionales que litigan contra el Estado argentino en el CIADI y por ex funcionarios y adherentes a la dictadura militar, se impuso en la elección para designar un consejero de la magistratura. El candidato triunfante es el abogado

Alejandro Fargosi, a quien acompaña Juan Pablo Zanetta como suplente, ambos radicales. Fargosi fue director y abogado externo de Aerolíneas Argentinas y Austral, cuando su padre Horacio Fargosi las presidió, durante la gestión de la empresa española Marsans. Esos fueron los años en que la línea de bandera se descapitalizó y fue licuada la participación accionaria del Estado, que cedió el poder de veto para la reducción de servicios, y la de los trabajadores.

Fargosi padre es el actual vicepresidente de la Bolsa de Comercio. En 2006, los sindicatos de pilotos y técnicos aeronáuticos advirtieron que fue corresponsable de “la ominosa administración de nuestra aerolínea de bandera que culminó con su vaciamiento y presentación en concurso de acreedores en Junio de 2001, por parte de la sociedad estatal española SEPI, entidad que designó precisamente al estudio jurídico Fargosi & Asociados, como patrocinante legal de Aerolíneas Argentinas en dicho concurso”. En vez de saldar deudas de Aerolíneas Argentinas, Marsans usó 300 millones de dólares que la SEPI le había entregado para comprar esa deuda, con lo que se convirtió en el principal acreedor de Aerolíneas Argentinas, pudo aprobar de manera fraudulenta su propuesta de salida concursal y se quedó con 114 millones de dólares en créditos de Aerolíneas Argentinas que en forma ilegal e ilegítima se subrogó, dijeron los sindicalistas.

Fargosi también firmó los balances falsos de 2002, 2003 y 2004, en los que aparecen pasivos inexistentes por aquellos 114 millones de dólares. Tampoco se cumplió el plan de inversiones que Marsans presentó a la SEPI como condición para acceder al control de Aerolíneas Argentinas y Austral y que incluía la incorporación de 23 aviones. Al mismo tiempo se transfirieron activos, rutas, mercados y pasajeros de la línea aérea argentina a otras empresas del Grupo Marsans. Un desvío de fondos públicos por 700 millones de dólares es investigado en la Argentina por el Juzgado Nacional Comercial N° 15, y en España por el Tribunal de Cuentas.



Dentro de diez días, también irán a las urnas los jueces federales y nacionales.

El principal candidato es el presidente de la Asociación de Magistrados, RICARDO RECONDO, el hombre que durante la presidencia de Raúl Alfonsín operó desde la secretaría de Justicia para frenar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su probable victoria consolidaría el control radical del Consejo.

Horacio Verbitsky