LA LEY DE MEDIOS, LA CORTE Y DESPUÉS

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) continúa avanzando en las reuniones técnicas para afinar los pasos que se aplicarán en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Así, y más allá de que el procedimiento final aún no está definido, la situación del Grupo Clarín para la autoridad de aplicación de la LSCA –norma considerada constitucional y plenamente vigente el martes por la Corte Suprema de Justicia– continúa enmarcada dentro de la adecuación de oficio y con los plazos vencidos. De hecho, la única propuesta oficializada por un accionista minoritario Cablevisión, Fintech, fue presentada "en tiempo y forma" en diciembre del año pasado, pero "no fue ratificada" por el accionista mayoritario, es decir, el Grupo Clarín.

Al cierre de esta edición, dentro del proceso de adecuación de oficio, el monopolio liderado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto sigue enmarcado por el Estado dentro del plazo de quince días para contestar al ente sobre los bienes y servicios registrados a su nombre.

El 17 de diciembre pasado, la cautelar que protegía al Grupo cayó durante unas horas a raíz del fallo en primera instancia del juez federal Horacio Alfonso que avaló la constitucionalidad de la norma, y la AFSCA, con su presidente Martín Sabbatella en persona, notificó al holding del inicio de la adecuación de oficio.

Por estas horas, el organismo evalúa cuál es la mejor opción administrativa para evitar posteriores presentaciones judiciales del Grupo que entorpezcan el procedimiento de adecuación que fija la ley. Una posibilidad es notificarlos nuevamente. "En todo caso, la diferencia consistiría en que, si la notificación es válida, estamos en el día uno. Si no, estaríamos el día cero", aseguró una fuente gubernamental a este diario. Sea como fuere, una vez anoticiado, Clarín tendrá 15 días para responder.

Los pasos correspondientes, según el procedimiento, consisten en la notificación, tasación, selección de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, posteriormente el concurso y adjudicación, y finalmente, el traspaso de licencias del anterior titular al nuevo.

Durante todo este proceso, el titular de las licencias tiene la obligación de cuidar los bienes, mantener el servicio y sostener las fuentes de trabajo. En este último punto, Sabbatella había sido enfático al señalar que "el Estado tiene que garantizar" que los licenciatarios mantengan los puestos de trabajo.

Por su parte, el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, manifestó ante un portal web de noticias que "lamentamos el contenido del fallo porque se aparta de una tradición que había generado la Corte y de algunos estándares internacionales en cuanto a la libertad de expresión". El representante del holding expresó que la norma "regula violando los últimos precedentes de la Corte Interamericana, se aleja de los antecedentes de la ley norteamericana y busca medios dependientes del poder político y fragmentados. Es una norma creada con nombre y apellido, para destruir un grupo", opinó.

El Grupo ya rechazó la posibilidad de la adecuación de oficio. "De ninguna manera se nos puede aplicar, como ayer reiteró el señor Sabbatella, sabiendo que estaba cometiendo un acto nulo. No se le puede aplicar a un grupo que tuvo la ley suspendida. El plazo fue prorrogado por el gobierno por un año, del que han gozado todos los grupos, menos Clarín", sostuvo.

En caso de que la tasación se concrete y se seleccionen las licencias, serán concursadas aquellas "que le causen un perjuicio menor" al licenciatario original. Hoy, habrá más reuniones entre la AFSCA y el resto del gobierno con ese cometido.

Hubo más elogios que críticas al fallo de la Corte

Desde el anuncio del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la Ley de Medios, numerosas voces salieron a pronunciarse en torno a este tema, pero fueron minoritarias las que lo hicieron en contra del pronunciamiento del máximo tribunal.

De un total de 85 voces relevadas por todos los soportes (Web, TV, Radio y medios gráficos) solo 15 se expresaron en contra del fallo que dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De ellas, siete pertenecen al propio Grupo Clarín, sus abogados afines, y ocho son miembros de partidos de la oposición (UNEN y PRO).

De entre todos ellos se destacó la diputada electa del Frente UNEN Elisa Carrió, con su denuncia sobre un supuesto pacto entre el gobierno y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otros políticos que expresaron críticas fueron Fernando "Pino" Solanas y Patricia Bullrich.

El caso del PRO, con Gabriela Michetti, el rabino Sergio Bergman, Laura Alonso, el propio Mauricio Macri y Federico Pinedo a la cabeza de las críticas, plantea una distinción: no se expresaron en contra del fallo, sino que se centraron en el pedido de independencia de la autoridad de aplicación, e interpretaron que sin la renuncia del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, no se puede cumplir con la ley como pide la Corte. Ayer mismo, estos dirigentes anunciaron que presentarán un planteo judicial ante la Corte Suprema para que no se implemente la normativa.

De las 70 voces que valoraron el fallo, solo diez manifestaron críticas centradas en los siguientes ejes: ilegitimidad de la autoridad de aplicación, cercanía del fallo a las elecciones y el supuesto uso discrecional que el Gobierno Nacional supuestamente hace de la ley. En este grupo se inscribieron las declaraciones de Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Julio Cobos, la ex diputada Silvia Vázquez, el intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, Felipe Solá, la diputada Victoria Donda y el académico Martín Becerra.

Adecuación

La adecuación de oficio "no son las Invasiones Bárbaras; es un proceso que está reglado", dijo la abogada Graciana Peñafort, en respuesta a la descalificación de Clarín contra la AFSCA.

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“La ley va a enriquecer la discusión pública”
 
La presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, señala que la Corte Suprema tomó “la mejor decisión” y que “se nota en la redacción que han trabajado en el consenso”. También apunta: “El fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde”.




–¿Cuán importante es el fallo?

–Es una sentencia que apuesta a la libertad de expresión y que actúa, sobre todo, sobre el negocio que se construye en torno de la libertad de expresión: la plata alrededor de la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Tras haber dado una primera lectura, con los miembros de la comisión directiva de Justicia Legítima concordamos en analizar este fallo como una convalidación de la garantía de la libertad de expresión que va a tener un significado histórico. A la larga, los efectos que va a producir la puesta en práctica de la distribución de las licencias por fuera del parámetro exclusivamente económico significará la pluralidad de opiniones, una diversidad que nuestra ley pretende, y eso va a enriquecer la discusión pública y de opiniones. La formación de opinión será de otro tenor, más adulta, más elevada, más compleja. La posibilidad de acceso a las licencias de universidades públicas u organizaciones comunitarias va a implicar que opiniones muy diversas entren al espacio público, que las podamos conocer y tener en cuenta al momento de formar nuestra opinión. La complejización de nuestro razonamiento, algo que siempre es una ventaja, se reflejará a la hora de elegir la gente que buscamos para que maneje el gobierno, el apoyo o no de determinados ítem. Y todo esto se transforma en más derechos.

–Pero la puesta en acción del 33 por ciento al sector comunitario no estaba afectada por el litigio en el que Clarín involucró a la ley y por lo tanto, no estaba frenado...

–No, pero tampoco estaba puesto en marcha, porque si no se podía aplicar la desinversión para uno de los oligopolios, no se aplicaba al resto de las empresas fuera de la ley. Así que no están repartidas las licencias todo lo que debían. Pareciera que el fallo, aparentemente, da un puntapié importante para que empiece a repartirse el espacio.

–¿Esperaba que la Corte definiera así la cuestión o la sorprendió?

–Para mí fue sorprendente. No tenía mucha esperanza. Es la mejor decisión, pero no tenía la esperanza de que pudieran obtener la mayoría necesaria para poder salir favorables a la ley todos los artículos cuestionados. Se nota en la redacción que han trabajado en el consenso. Hay algunos párrafos del fallo que no son absolutamente necesarios, pero que parecieran estar allí para obtener el acuerdo de los jueces. Son cosas que son obvias para cualquier juez.

–¿Qué significa su presencia allí? ¿Son mensajes de la Corte hacia afuera?

–A lo mejor son párrafos de consenso. Es una impresión, no tengo ninguna seguridad de todo esto. De todas maneras, cuando los jueces llegan a la misma determinación por diferentes fundamentos, lo dicen claramente en el fallo, se señala que está de acuerdo en cómo se decide, pero por esta otra razón que tal otro juez no tuvo en cuenta. La pluralidad ideológica existe en la Corte: no son todos de la misma tendencia. Está bien, se nota.

–¿Cómo analiza los considerandos que la Corte plantea al Gobierno, relativos a la pauta oficial, la función de los medios públicos, la autonomía de la autoridad de aplicación?

–Eso no estaba en cuestión. Esas son las cosas que no había por qué decirlas, que están de más, pero que creo que tienen que ver con el trabajo de consenso: “Si hacemos esta advertencia, ponemos esta aclaración, llamamos la atención sobre esto, entonces acordaremos en firmar”. El fallo es muy prolijo, está muy bien escrito, tiene muy buena ilación, está en un lenguaje sencillo que cualquiera puede leer; las partes que toma de jurisprudencia son breves, concisas y absolutamente apropiadas; no se excede en citas engorrosas. Incluso es muy diferente del que emitieron sobre la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, cuando se les notó el prejuicio en el idioma, en la forma de redacción. Se han tomado el trabajo de resaltar en negrita las directrices, incluso, pero... por ahí, aparece una obiter sobre el reparto de la pauta oficial y uno dice: “Esto está puesto para que alguien firme acá”.

–¿No considera útil o valedero que aparezcan estas cuestiones?

–No. No creo que los jueces tengamos que dar clases de nada. No me parece bueno como práctica judicial. Tenemos que resolver las cuestiones que nos plantean, no explicar al resto de los poderes o del mundo cómo deben hacer sus propias tareas. Es obvio que la distribución de la pauta oficial está mal, no hace falta que lo diga la Corte. Por supuesto que la pauta oficial mal distribuida puede ser materia de juzgamiento. Cuando eso suceda será el momento de opinar al respecto. No lo era en este caso y sin embargo hablaron de pauta oficial.

–Son posicionamientos políticos, entonces.

–Sí, puede ser.

–¿Cómo ubica políticamente a la Corte este fallo, teniendo en cuenta el debate en torno del rol del Poder Judicial en esa arena?

–La Corte pretende ratificar su independencia. Tanto es así que yo lo escuché a Zaffaroni decir que tuvieron mucho cuidado de no salir con anterioridad al período electoral para no influir en el posible resultado eleccionario. Los jueces sabemos que hay fallos que tienen un impacto que pueden llegar a modificar apreciaciones. Ahí tomaron una decisión: decidieron mantenerse al margen y eligieron salir después. Tal vez, algún politólogo o sociólogo podrían preguntarse por qué no salieron cuatro meses antes, para mantenerse al margen de las PASO, por ejemplo.

–Con un fallo tan esperado, a cuatro años de bloqueo parcial de la ley, ¿no influyeron con su demora de todas maneras?

–Terriblemente. Se puede pensar que el trámite de estudio puede durar seis meses, que las audiencias públicas pudieron haberlo demorado... Pero no cuatro años. Que cualquier fallo, del tenor de éste o de cualquier otro, demore cuatro años es injustificable. El Poder Judicial tiene que hacer su autocrítica. Y de hecho, nosotros en el comunicado de Justicia Legítima sostenemos eso: el fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde.

–Técnicamente esa demora no fue responsabilidad de la Corte.

–No, pero la Corte pudo haber hecho algunas cosas de otra manera. Pudo, por ejemplo, haber fijado las cuestiones de otra manera en diciembre de 2012. De hecho, la Corte sostiene en este fallo, cuando habla del artículo 161, que el plazo venció entonces. Podría haber tomado otra decisión respecto de la medida cautelar. Hay que terminar esta historia de las medidas cautelares: no pueden paralizar las causas. Tampoco puede ser que los jueces dejen que las partes manejen los tiempos de los expedientes, porque los directores de los procesos son los jueces, son ellos los que deben marcar los tiempos de actuación.

–En ese sentido, ¿el fallo de ayer marca algún tipo de límite?

–No, porque nada dice de esto.

Ailín Bullentini

JUSTICA POPULAR O CORPORATIVA

Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.

Luis Bruschtein

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