Bruglia y Ballestero manoseando a la chica de ojos vendados

La Cámara Federal liberó a ocho policías acusados de crímenes de lesa humanidad

Los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron los procesamientos de los acusados pero señalaron que podían desconocer que estaban cumpliendo una orden ilegal. Se trata de policías que participaron en operativos que terminaron en asesinatos.

Primero fueron las absoluciones en Catamarca por el regreso de “la teoría de los excesos”. Luego llegaron las del Operativo Independencia por el “error de prohibición” que exculpó a militares por el decreto de aniquilamiento vigente antes del golpe.

Ahora, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia despierta un nuevo estado de alerta.

 Jorge Ballestero

Los mismos jueces que negaron la excarcelación de Julio De Vido ordenaron la libertad de ocho policías de Coordinación Federal y Seguridad Metropolitana procesados por haber cometido los crímenes más aberrantes entre 1976 y 1977. 

Leopoldo Bruglia

Para hacerlo, cambiaron la jurisprudencia de las causas de lesa humanidad. Uno de los argumentos dice que los policías pudieron no saber que iban a cometer los hechos, una línea que parece alentar la vuelta de la obediencia debida. Y si bien los jueces confirmaron los procesamientos, las excarcelaciones son un mensaje al resto de los juzgados. Entre los liberados está el entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Alfredo Hugo Vidal, famoso como Poroto Vidal y parte de la banda de Comisarios que a fines de los ‘80 secuestró a Mauricio Macri.

Para construir esta postura, Bruglia y Ballestero trabajaron tres argumentos.

1. Que la mayor parte de los policías no tiene antecedentes en otros casos;

2. que los policías pudieron no saber, porque las comisarías tenían un doble rol: uno legal y otro ilegal y clandestino;

3. la falta de sistemática: que los tres hechos en análisis podrían ser aislados o salen de lo sistemático del plan criminal de la dictadura que contempló el secuestro, la tortura para obtener información y la desaparición. Y que no tenía como práctica –según los jueces– homicidios a cielo abierto. En sus palabras, “debe destacarse que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia”.

También señalan, sobre la participación de los policías que, “de acuerdo al ‘doble rol’” de las comisarías, “la sola circunstancia de estar destinado en una dependencia legal donde paralelamente funcionó un centro clandestino no es el único aspecto del cual se pueda inferir el aporte de una persona al plan criminal, como así tampoco que su intervención concreta en un procedimiento lo sea en favor de éste”. Y subrayan: “En consecuencia, resultará relevante poder determinar que la participación de cada imputado en los acontecimientos no estuvo enmarcada únicamente en una actividad regular propia de la fuerza, sino que existió un ‘plus’ en cuanto al efectivo conocimiento de la ilegalidad de la orden”.

La causa tramitó en primera instancia en el juzgado de Daniel Rafecas, uno de los jueces más cuidadosos con las imputaciones. Es un análisis de tres hechos descubiertos en una primera investigación sobre los documentos de los Consejos de Guerra. En las tres casas se probó que los disparos provocaron la muerte de todas las víctimas cuando se encontraban indefensas, algunas de las cuales recibieron más de diez disparos y todas fueron fusiladas o rematadas. En los operativos intervinieron dos grupos de la Policía Federal Argentina: un grupo del Departamento de Sumarios -área operativa– de la Superintendencias de Seguridad Federal y otro grupo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la que dependían las comisarías. Para quienes trabajaron en la causa, la interpretación de Cámara es completamente nueva y muy rara. “Claramente las víctimas eran parte del colectivo que la dictadura había identificado como ‘subversivos’ y para ellos merecían ser objeto de la represión ilegal. Unos eran de Montoneros y otros del ERP”.

La decisión se conoció la semana pasada y generó un alto grado de preocupación entre querellantes.

►Primero, porque no está controvertida la prueba, dado que los homicidios están probados.

►Segundo, porque libera a quienes el abogado Pablo Llonto define como imputados de gravísima peligrosidad.

►Tercero, por el filón de la obediencia debida. En este caso, la resolución dice que no está claro que los policías sabían la entidad del hecho que estaban cometiendo. Pero ocurre poco después de un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que en septiembre absolvió a cuatro acusados luego de probar los hechos y declararlos de lesa humanidad pero considerar que los acusados cumplieron órdenes.

►Por último, este fallo preocupa por los posibles efectos en el cortísimo plazo. Leopoldo Bruglia, además de camarista con poder en ascenso en Comodoro Py, aún integra el Tribunal Oral Federal 5 a cargo del Juicio ESMA III. El megajuicio por los crímenes ocurridos en uno de los centros clandestinos más importantes del país culmina el próximo 29 de noviembre. Allí están en debate las responsabilidades de 54 personas por 798 hechos, y por primera vez se juzga responsabilidades de cinco imputados en los vuelos de la muerte.

¿Qué hubiese pasado en el juicio anterior si este criterio hubiese estado vigente con casos como el crimen de Rodolfo Walsh, asesinado en San Juan y Entre Ríos antes de llegar al centro clandestino?

En este caso, los policías de la SM concurrieron a una de las casas luego de una orden emanada del Primer Cuerpo del Ejército. Los problemas no terminan ahí. La ESMA –como las comisarías y otras tantas estructuras operativas de la represión– también mantuvo una doble función en la dictadura. Mientras funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio permaneció abierta como escuela para suboficiales de la Armada. Lo mismo sucedió con estructuras de la Armada de las que dependió el abastecimiento de aeronaves. Por eso, todo esto significa que además de los enormes desafíos jurídicos que ya plantea este tramo del juicio por la falta total de sobrevivientes de los vuelos para probar las imputaciones de pilotos y navegantes, la sola invocación a una doble función podría estar anticipando la vocación de buscar todo tipo de argumentos para habilitar una lluvia de libertades o absoluciones.

Entre los liberados, además de Vidal, se encuentran: el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspector Daniel Pablo Amarillo, sargento 1° Manuel Luis Ichicovich, los cabos 1ro. Juan Adolfo Ríos y Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y el entonces comisario Inspector Alberto Mattone.

Alejandra Dandan

EL CASO MILANI

César Milani, siendo subteniente del Batallón de Ingenieros 141 con asiento en La Rioja, con fecha 29 de junio de 1976, a las 18:30 de la tarde, en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, donde estaba en actividad dicho batallón, actuó como "oficial informante" de la supuesta deserción del soldado Alberto Ledo. La firma de Milani en un documento oficial del Ejército, de cuya autenticidad no puede dudarse, se convierte en el dato más relevante sobre la implicancia del actual jefe del Ejército en la desaparición de Ledo. En ese documento consta que fue el entonces capitán Esteban Sanguinetti quien dispuso que fuera Milani la persona encargada de realizar este informe ante la jefatura del comando de operaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y la Quinta Brigada, con asiento en Tucumán, tenían para reprimir al pueblo tucumano con la excusa de combatir a los guerrilleros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez del ERP, que ya había sido diezmada y no registraba militantes ni guerrilleros en la llamada zona de operaciones.

En cuanto a Sanguinetti, tal como se consigna en la edición del pasado domingo de Miradas al Sur, fue señalado como el responsable directo de la desaparición de Ledo en el libro El escuadrón perdido de José Luis D’Andrea Mohr, valiente militar democrático que también fue del arma de Ingenieros al igual que Sanguinetti y Milani.

El informe firmado por Milani tiene un registro puntilloso de las pertenencias que habrían sido robadas por Ledo en su supuesta deserción. Allí no figuran armas reglamentarias pero sí la bolsa de dormir, la cuchara, la camisa y otros elementos provistos por el Estado. A tal punto llega el detalle que figura la valuación de cada una de las cosas, las que fueron sumadas hasta dar la cifra de 26.544 pesos de entonces. Más allá de la valoración moral que pueda merecer esto, lo que importa destacar es que en aquellos años se registraba absolutamente todo y que todos los reportes se hacían con firmas.

Alguno podrá preguntarse, con todo derecho, por qué apareció este documento recién cuando iba a tratarse ayer lunes 22 de julio el pliego para el ascenso de Milani al grado de teniente general. No faltarán quienes, con legítimos motivos, pensarán en la cantidad de operaciones de inteligencia que pudiera haber en el medio. Sin perjuicio de ello, debe saberse que en la Justicia Federal de Tucumán existe una causa caratulada "Brizuela de Ledo s/denuncia desaparición de Alberto Agapito Ledo", radicada ante el juez Daniel Bejas. Entre las actuaciones y archivos de ese juzgado se encuentra el documento en cuestión. Ahora, el documento en cuestión tiene estado público y orienta de modo preciso la implicancia que pudiera tener Milani en la desaparición de Ledo.

El viernes pasado, 19 de julio, Milani se presentó de modo espontáneo ante el juez Bejas. A la salida, y por pedido de este cronista, el periodista Ramiro Rearte le pidió una entrevista a Milani, quien se la dio en una de las oficinas del juzgado. Tal como consigna la edición del domingo 21 de julio de Miradas al Sur, al ser consultado sobre si conocía o no a Ledo, el actual jefe del Ejército respondió: "Esta acusación falsa, que está llevando a cabo esta gente, evidentemente, después de 36 años, donde nunca en ningún lado se me ha nombrado a mí, como ningún nexo de nada, en estos momentos sale el nombre mío, con que Alberto Ledo fue custodio mío, lo niego absolutamente. La gente, los suboficiales que estuvieron ahí, saben que eso es mentira. No tuve ni asistente, ni conductor, ni custodio, ni (Ledo) estaba al lado mío. No tuve nada que ver con él, ni en Tucumán, ni en La Rioja, porque en esa provincia estábamos en compañías diferentes, yo estaba en la compañía de ingenieros A y él (por Ledo) en la compañía creo que de Comando y Servicios. Cuando llegamos a Tucumán nunca tuvimos ningún tipo de contacto, así que para mí, en ese momento, fue una presunta deserción, como tantas otras, teníamos 50 deserciones por año en las unidades. Y nada más, ningún otro acontecimiento. Por eso digo, vincularme después de 36 años, suena un poquito extraño".

Cabe consignar que, al momento de recibir este documento que tuvo a Milani como subteniente informante, este cronista se comunicó con Graciela Ledo, hermana de Alberto e hija de Marcela Brizuela de Ledo, iniciadora de la causa federal en Tucumán.

Graciela Ledo dijo que nunca había tenido noticias de ese documento que está en el juzgado. Señaló también que "si mi hermano hubiera querido fugarse, se hubiera llevado los anteojos, que usaba de modo permanente, además de la ropa o la bolsa de dormir como dice ese documento". Lo de los anteojos, además de un razonamiento de sentido común, lleva a una pista que no puede desdeñarse. "Alberto –continuó Graciela Ledo– le dejó los anteojos al soldado Orihuela, compañero de Alberto, que dormía en el mismo campamento cuando estaban allí en Tucumán. Ya se estaban por dormir y Orihuela le contó a mamá que Sanguinetti lo había llamado para hacer la ronda." Marcela Brizuela de Ledo, que tiene 82 años y preside Madres de Plaza de Mayo La Rioja guardó todos estos años los anteojos de su hijo. Orihuela tuvo la valentía, hace muchos años, de llevarle a una madre el único objeto personal de su compañero desaparecido. El nombre de Orihuela es otra de las cosas que está en los archivos de esa causa que permitirán, por encima de la circunstancia del ascenso de Milani poner esta historia en su verdadera dimensión: la sociedad argentina, y en particular los deudos de Alberto Ledo, quieren saber qué pasó con Alberto, quién lo secuestró, quién lo torturó, como se sospecha, y en qué circunstancias fue asesinado, como se sospecha. Alberto estudiaba Historia y era un militante popular. Esos fueron sus pecados.

HILOS SUELTOS. Ayer por la tarde, desde la Comisión de Acuerdos del Senado se informó mediante un comunicado que lleva la firma de su titular, el senador Marcelo Guinde, y del jefe del bloque del FPV en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, que por instrucciones de la Presidenta “se ha dispuesto dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de los jefes Militares de las distintas armas, hasta el momento de tratar la totalidad de los ascensos de las Fuerza Armadas”. La postergación, obviamente, incluye el ascenso de Milani. Sin perjuicio de esa decisión, es preciso sacar algunas enseñanzas.

En cuanto a la Justicia Federal de Tucumán, cabe consignar que la causa sobre Ledo nunca fue cerrada y que lleva más de cinco años abierta. Sin perjuicio de ello, debe contemplarse que tanto el juez Bejas como el fiscal Pablo Camuña y el resto del equipo de la fiscalía y el juzgado tuvieron y tienen un trabajo que los absorbe con las causas de Jefatura y Arsenales. También es cierto que por la resonancia pública del ascenso de Milani, hubiera sido útil que revisaran oportunamente si el actual general estaba mencionado o no en los archivos.

En cuanto al Ministerio de Defensa, debe decirse que hay distintos ámbitos en condiciones de dar alertas tempranas sobre casos delicados como este. Cabe la pregunta de si algunos de los cuadros de ese ministerio sabían sobre este documento que obra en el expediente de la causa. La respuesta es afirmativa. Algunos lo sabían. Es más, hubo incluso quienes advirtieron la inconveniencia de proponer el ascenso de Milani.

Sin banalizar, si se hiciera una metáfora futbolera, hasta al Barcelona se le puede escapar un partido. La política de Memoria, Verdad y Justicia es una marca de orgullo argentino. Permite detectar, un poco antes o un poco después, las intrigas o los errores involuntarios.

Ayer lunes, se reactivó la actividad judicial –pese a la feria– y varios testigos que fueron espontáneamente a la justicia riojana darán sus testimonios ante el juez Bejas.

Por último, ayer por la tarde, en TN se preparaban para tratar el tema en el programa de Joaquín Morales Solá, alguien que ahora se muestra preocupado por los Derechos Humanos y que fue uno de los periodistas que apoyó públicamente la dictadura cuando trabajaba en Tucumán, su provincia, y tenía información de primera mano de Antonio Bussi y de quienes comandaban la represión en la provincia.

Eduardo Anguita

VILLAFUERTE RUZO Y LA CORTE SUPREMA

La Corte Suprema rechazó el pedido para apartar al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo de la investigación sobre el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, que tiene como principal acusado al ex subcomisario Luis Abelardo Patti. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había advertido en un dictamen sobre su comportamiento parcial, dilatorio y contrario al avance no sólo de esta causa sino de otras vinculadas con delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el máximo tribunal sostuvo que la recusación era “inadmisible” y lo hizo apelando a una fórmula conocida como “280” (el número del artículo del Código Procesal donde está prevista), que le ahorra tener que explicar las razones de esa determinación.

La recusación de Villafuerte Ruzo había sido planteada por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, quien sostuvo que no ejercía su función con imparcialidad y que tenía opinión formada contraria a la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Murray llegó a plantearle más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, apelaciones, recursos de reposición, a los que se sumaron reiterados oficios de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General en todas las instancias. El juez tardó 6 años en pedir la indagatoria de Patti y en el ínterin no dispuso ninguna medida significativa para el avance de la pesquisa. El secuestro de los militantes peronistas Cambiaso y Pereyra Rossi fue el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de Rosario y en la causa consta que una patrulla de la Unidad Regional de Tigre, integrada por Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez los mató horas después en un camino cerca de Zárate.

Cuando la discusión llegó a la Corte Suprema, Gils Carbó le recomendó al tribunal aceptar el apartamiento del juez, respaldando los argumentos del fiscal Murray. La procuradora se basó también en un informe de la Procuraduría especializada (que antes era Unidad de Derechos Humanos), que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti, y que señalaba el comportamiento de Villafuerte Ruzo como un obstáculo para el avance de causas contra represores por crímenes dictatoriales. Después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, el juez sostuvo que si reabría los expedientes vinculados al Terrorismo de Estado era “sólo en virtud de un deber funcional”, pero su opinión era que se violaban derechos fundamentales de los imputados. A pesar de esto, nunca fue apartado de las causas de derechos humanos ni se lo consideró un caso de prejuzgamiento.

Si la Corte aceptaba la recusación, era evidente que eso tendría repercusión sobre otras causas por crímenes de lesa humanidad en las que Villafuerte Ruzo interviene. Pero la Corte, en una resolución de menos de una carilla, rechazó el planteo de Murray y los fundamentos de la procuradora. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial)”, dice la resolución de la Corte firmada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

Murray cuestionó la decisión como “un acto más de injusticia y de arbitrariedad del tribunal superior de nuestro país, que debe ser uno de los únicos en el mundo que puede rechazar un recurso sin fundarlo”. Según el fiscal, aunque el Código lo permita, “todo acto de gobierno, así como las sentencias, deben ser fundados; una decisión así es inconstitucional porque atenta contra el sistema republicano”. “Imaginemos que el Código Procesal se reformara, y también la Ley de Ministerio Público, que se dispusiera que los dictámenes de los fiscales pueden ser infundados, seguramente la Corte declararía la inconstitucionalidad”, advirtió Murray. Ahora la única posibilidad de poner en discusión lo que sostuvo la Corte es que lo planteen las querellas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando la Procuración analizó cómo se comportaba Villafuerte Ruzo en las causas de derechos humanos, mostró que sus convicciones eran traducidas en escollos judiciales. Por ejemplo, cuando la fiscalía pidió reabrir la causa contra Patti, en marzo de 2005, se tomó hasta agosto de 2007 para resolver y rechazar el planteo. Recién reabrió la instrucción en agosto de 2010. Las indagatorias pedidas por el ministerio público en 2005 las concretó en 2011. Entre otras maniobras, concedía apelaciones pero no mandaba la documentación a la Cámara, de modo que un trámite sencillo podía insumir más de un año. En otra causa de lesa humanidad, sobre la muerte del obispo Horacio Ponce de León, fue apartado después de procesar por falso testimonio al principal testigo del asesinato: un choque en la Ruta 9 cuando llevaba denuncias sobre desapariciones.

Gils Carbó había recordado un voto del juez supremo Fayt, quien argumentó que cuando se invoque “algún motivo ‘serio y razonable’ que funde el temor de parcialidad, los jueces no pueden desconocer que dichos planteos, precisamente, procuran hacer regir el derecho de defensa en juicio y, por tanto, no pueden ser desconocidos con exclusivos fundamentos de carácter ritual o aparente”.

Irina Hauser

ALFREDO ASTIZ

ALFREDO ASTIZ

Los ex marinos Alfredo Astiz y su jefe, Jorge "Tigre" Acosta, fueron condenados a prisión perpetua junto a otros 10 acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.


1
Pensemos en José de San Martín, que llegó de España con todos los honores y se puso a organizar el ejército para la Independencia de la patria, cruzó Los Andes para liberar a la Argentina, Chile, Perú...

... y después pensemos en ALFREDO ASTIZ, retengamos las arcadas y repasemos: un joven militar argentino que se especializó en espiar, infiltrarse en un grupo de madres que buscan a sus hijos secuestrados y asesinados por los militares colegas suyos, mentir, aparecer con una detenida obligándola a pasar por su hermana, secuestrar a militantes populares y torturarlos para que confiesen y delaten a sus compañeros, matar a civiles desarmados, invadir un islote despoblado y entregarse, rendirse a los ingleses sin pelear, cobardemente, amenazar con su talento de asesino de periodistas o políticos…


2
El Grupo de Tareas 3.3.2.

El apoyo de los altos mandos de la Marina al GT fue expreso. El almirante Emilio Massera asistió a su conformación y dictó una conferencia inaugural a los oficiales designados, concluyendo con una exhortación a los mismos de 'responder al enemigo con la máxima violencia, sin trepidar en los medios'.

El mismo Massera participó en los primeros operativos clandestinos del GT con el nombre de guerra 'Negro' o 'Cero' para demostrar su compromiso con la tarea asignada a sus oficiales. Este grupo estaba integrado originariamente por una docena de oficiales. Su actividad fue aumentando en forma paulatina y en el breve período de siete meses se produjo simultáneamente el crecimiento numérico del personal del GT y el choque y rompimiento con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), logrando una autonomía operativa al pasar a depender en forma directa del Comandante en Jefe del Arma a través del Director de la ESMA, el entonces Capitán de Navío -luego ascendido a contraalmirante- Rubén Jacinto Chamorro (a) 'Delfín' o 'Máximo' "

JORGE "TIGRE" ACOSTA

Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, Alfredo Astiz fue asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Astiz estaba bajo el mando del capitán de corbeta Jorge Eduardo "el Tigre" Acosta, cerebro del GT 3.3.2.

En el marco de la represión ilegal, en la ESMA se organizó un centro clandestino de detención y el GT realizaba operaciones ilegales encubiertas.

El Grupo de Tareas 3.3.2 realizó gran cantidad de secuestros ilegales, llevando a los detenidos-desparecidos a la ESMA, donde se estima fueron detenidos y secuestrados alrededor de 5.000 personas, de las cuales menos de un 5% sobrevivieron. Como fue contado en detalle por otro represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, el modo básico de hacer desaparecer definitivamente a los detenidos, era a través de los denominados "vuelos de la muerte", mediante los cuales se sedaba a los detenidos-desaparecidos y se los tiraba vivos al mar mediante aviones militares.


3
1977: El grupo de la iglesia Santa Cruz

A Alfredo Astiz se le encomendó la tarea especial de infiltrarse en las organizaciones de Derechos Humanos y en especial en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Para ello adoptó el nombre falso de Gustavo Niño, simulando ser familiar de un detenido-desaparecido. Cierto día, apareció en una de las runiones con "su hermana", una chica delgada y rubia (después se supo que era una detenida que estaba en la ESMA y era obligada a colaborar en el plan de Astiz).

Las madres solían referirse a él cariñosamente como "el rubito", debido al tono rubio de su cabello y sus ojos azules. En ese caracter Astiz se desempeñó activamente y su nombre supuesto llegó a figurar en la solicitada reclamando la libertad de una lista de detenidos-desaparecidos que las organizaciones de derechos humanos publicaron en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977.

Nadie podía imaginar que "Gustavo Niño" era en realidad el Capitán de Fragata Alfredo Astiz, y que dirigía el grupo de tareas e inteligencia GT 3-3-2, de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de tortura y muerte de la dictadura militar en Argentina.

Engañadas, las madres estaban preocupadas por la vida de Gustavo, el amable. "Por favor, cuidate mucho, es muy peligroso para vos venir a estas reuniones, sos tan joven todavía", le aconsejaban. Astiz también participaba todos los jueves de los encuentros y rondas de las "Madres" en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Las "Madres" manifestaban pacíficamente con sus vueltas a la Plaza , para reclamar la aparición de sus hijos y el castigo a los culpables. Astiz pasaba obedientemente toda información a sus superiores.

"Gustavo Niño", también solía acompañar a las madres y otros activistas de los derechos humanos, en sus reuniones y actividades en la iglesia Santa Cruz perteneciente a los padres pasionistas, en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires y jugar con las niñas y niños que integraban la agrupación de boy scouts de la parroquia.

ALICE DOMON y LEONIE DUQUET
fotografiadas en la ESMA
En diciembre de 1977 se tomó la decisión de hacer desaparecer al grupo de derechos humanos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, en gran medida debido a que la exposición de Astiz había sido muy alta. Entre el 8 y el 10 de diciembre el "Grupo de Tareas 3.3.2" secuestro y detuvo clandestinamente al grupo de Santa Cruz,
bajo el mando de Alfredo Astiz. El GT secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo:

Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Durante el operativo Astiz siguió aparentando ser un familiar y fue señalando con un abrazo en el atrio de la iglesia a quienes debían ser secuestrados. Durante varios años se consideró que Gustavo Niño era un desaparecido y se lo incluyó en las listas por cuyas vidas se reclamaba.

La mayor parte del grupo fue secuestrado en la Iglesia Santa Cruz ubicada en el barrio de San Cristóbal (calle Mexico y 24 de noviembre) de la ciudad de Buenos Aires, donde solían reunirse.

Los doce miembros de la iglesia Santa Cruz fueron torturados y asesinados al ser arrojados al mar en un vuelo de la muerte. En 2005 algunos de sus cuerpos serían hallados enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, cercano a las playas a las que las corrientes marinas los habían arrojado en 1977.

4
El Caso HAGELIN

El 27 de enero de 1977, la ciudadana sueco-argentina Dagmar Ingrid Hagelin de tan sólo 17 años, salía de su domicilio para ir a visitar a su amiga Norma Susana Burgos en la localidad de El Palomar.

Esa mañana, al cruzar el portal de la casa de Burgos, dos hombres aparecieron saltando por un pasillo lateral, y la encañonaron, momento en el cual dio media vuelta y empezó a correr, mientras los dos hombres que salieron por el costado, salían tras ella. Uno era un teniente de corbeta rubio de ojos celestes, llamado Alfredo Astíz, y el otro era un cabo de la subcomisaría de El Palomar de apellido Peralta.
Según testimonios, Dagmar corrió lo más rápido posible e incluso ganaba terreno (era una atleta avanzada) a sus perseguidores y cuando se aprestaba a doblar en la esquina para perderlos de vista, Alfredo Astíz al grito de: “¡Parate flaca si no te tiro! ¡Parate flaca si no te tiro!” Puso su rodilla izquierda en la calle, apunto su pistola con ambas manos y gatilló una sola vez. El impulso que llevaba Dagmar, más el impacto de la bala, hizo que cayera de bruces. Su cara pegó contra una doble hilera de ladrillos que oficiaban de vereda, y ya no pudo reincorporarse. Ahí sus perseguidores se dividieron. El marino continuó su carrera hacia ella y se detuvo junto al cuerpo caído, aún apuntándole con su pistola…

El día anterior, 26 de enero, Norma Susana Burgos había sido detenida, la habían interceptado en plena calle, se la acusaba de pertenecer a la organización Montoneros, y en su legajo había un hecho incontrastable: había sido la esposa de Carlos Caride, un dirigente de esa organización, muerto en combate con las fuerzas represivas. Sus captores pertenecían al Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

5
1982: SOLDADO COBARDE

Durante la guerra en el Atlántico Sur con el Reino Unido por la posesión de las Malvinas en 1982, Alfredo Astiz dirigió un grupo de marinos denominado "Los lagartos" que ocupaban una guarnición en el archipiélago de las Georgias del Sur.

Astiz cobró notoriedad al rendirse ante las tropas inglesas en las Islas Georgias del Sur, donde comandaba las fuerzas argentinas y por ello la prensa le recuerda como un cobarde que se rindió "sin disparar un solo tiro".

Fue hecho prisionero por el ejército británico, el 25 de abril, tras la rendición argentina en Malvinas y fue trasladado a Gran Bretaña para ser interrogado por los gobiernos de Francia y Suecia. Ambos países y la Comisión Argentina de Derechos Humanos le responsabilizaron de la muerte en 1977 de la ciudadana sueco-argentina, Dagmar Hagelin, de 17 años.

En junio de 1982, Astiz fue puesto en libertad porque al amparo de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra impedía su interrogatorio. La prensa afirmó que fue canjeado por tres periodistas o por el avión inglés "Vulcán".

En febrero de 1984, cuando se disponía a viajar a Roma, el entonces ministro de Interior Antonio Troccoli ordenó que se le impidiese salir del país, por haber sido acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos. El 9 de diciembre de 1984, la Justicia Civil, presionada por países europeos, ordenó su detención y procesamiento por la desaparición en 1977 de la ciudadana sueca y las monjas francesas.

El problema llegó a ser político más que jurídico y amenazó el equilibrio entre el gobierno y el ejército argentino. En principio salió victoriosa la Marina y el 5 de marzo de 1985, Astiz fue puesto en libertad.


1987: OBEDIENCIA DEBIDA Y ASCENSO

Astiz se vio beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, dictada en 1987 por el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Acogido a esta ley, fue puesto en libertad y el 22 de diciembre de 1987 fue ascendido a capitán de corbeta.

1988: ABSUELTO

En febrero de 1988, la Corte Suprema argentina lo absolvió, por prescripción del posible delito de estar implicado en la desaparición de Dagmar Hagelin.

Astiz fue el primer ex oficial del régimen de facto juzgado y condenado en el exterior. En 1990,
el 16 de marzo, la justicia de Francia lo condenó en rebeldía a reclusión perpetua por el secuestro, torturas y desaparición de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, quienes también estuvieron cautivas en la bonaerense Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la más grande cárcel ilegal que había montado el régimen dictatorial argentino.

En septiembre y octubre de 1995, Alfredo Astiz sufrió agresiones por parte de un ex detenido en un centro ilegal de detención y torturas y posteriormente por dos jóvenes que le insultaron por su papel represor. Estas agresiones obligaron a la Policía a asignarle una "custodia personal".

1998: SOY EL MEJOR PARA MATAR...

El 15 de enero de 1998, admitió en una entrevista que publicó el semanario "Tres Puntos", que la Marina le enseñó "a destruir, a poner bombas, a infiltrarme y a matar" y afirmó que era "el mejor preparado" en el país "para matar a un político o un periodista". Primero fue destituído y luego fue condenado a tres meses de prisión en suspenso por apología del delito.


2007: CAUSA WALSH

El ex capitán de la Armada, Alfredo Astiz, fue indagado el 7 de marzo, en los tribunales federales de Comodoro Py, por el juez Sergio Torres en la causa que investiga el secuestro, desaparición y posterior apoderamiento de los bienes del escritor y periodista Rodolfo Walsh.


a ampliación de indagatoria se produjo en el marco de la megacausa ESMA, que investiga los crímenes de lesa humananidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar. El represor fue conducido a los tribunales desde el Destacamento Naval, donde cumple prisión preventiva, ante el magistrado, quien tramita esta causa, desprendimiento de la megacausa ESMA. Alfredo Astiz, que es asistido por el abogado: Juan Aberg Cobo (h).


El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que el ex marino Alfredo Astiz y otros nueve agentes que se desempeñaron en la ESMA durante la última dictadura sean sometidos a juicio oral por el secuestro y la desaparición forzada del escritor Rodolfo Walsh, en marzo de 1977.


El requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal alcanza (además de a Astiz) a los ex militares Jorge Acosta, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Julio César Coronel. También, al ex comisario Ernesto Weber, al prefecto retirado Héctor Febres y al ex oficial penitenciario Carlos Generoso. Todos ellos fueron procesados por el juez federal Sergio Torres y están presos en el marco de esta causa desde octubre de 2005.

El expediente por la desaparición de Walsh es un desprendimiento de la megacausa ESMA, que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, del barrio de Nuñez. De acuerdo con las constancias del expediente, Rodolfo Walsh fue baleado a plena luz del día, en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977. Había llegado hasta allí para reunirse con José María Salgado, que -como el escritor- militaba en Montoneros.


Esa cita, según las conclusiones del juez, había sido arreglada por integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, al que pertenecían los diez procesados que el fiscal pidió someter a juicio. Tras el grito de alto, dicen los testimonios reunidos en la causa, Walsh se escondió detrás de un árbol e intentó defenderse a los tiros. "Walsh resistió enérgicamente su captura, en razón de lo cual recibió numerosos disparos de armas de fuego que le provocaron heridas de gravedad -relató Taiano en su presentación-. Inmediatamente después, Walsh fue trasladado a la Escuela de Mecánica de la Armada y, hasta el día de la fecha, permanece en calidad de desaparecido."


Astiz y sus cómplices están acusados también de haberse apoderado de los bienes que Walsh llevaba consigo cuando lo detuvieron y de haber saqueado la casa del escritor en San Vicente.