“La REPÚBLICA Cruje, la DEMOCRACIA y el PLURALISMO están en Peligro”

“No convocamos para reunir once jugadores y hacer un equipo. Convocamos a todos los equipos para defender la cancha, el césped en el que tenemos que discutir y debatir, ese césped democrático que quieren llenar de pozos y lodo”.

La metáfora del césped como espacio de la democracia plural y el derecho cerró ayer la intervención del juez Raúl Zaffaroni ante un salón colmado del anexo del Congreso en el que un grupo de personalidades, que incluyó a Estela de Carlotto, Horacio González y Mempo Giardinelli, hizo una reivindicación de las mejores tradiciones políticas y un llamado a enfrentar el miedo y la depresión con participación y organización.

“La República cruje, la democracia y el pluralismo están en peligro”, se tituló el documento que se presentó como “una convocatoria plural en defensa de la democracia ante la emergencia de nuestro Estado de Derecho”. Entre los convocantes se nombró también al radical Lepoldo Moreau, que se ubicó en primera fila junto a militantes históricas de derechos humanos, dirigentes políticos (Héctor Recalde, Remo Carlotto, Aníbal Ibarra, Daniel Filmus), gremialistas (Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano) y artistas. Entre el público estuvo Alberto Fernández.

Conferencia de prensa en defensa de la democracia: Eugenio Raúl Zaffaroni...

Avanza rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y llegamos al punto de quiebre, en que aparece en el horizonte la figura siniestra del Estado de policía, o sea, un Estado en que se pretende que todos estemos asustados y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de quienes mandan.

La picota, aquella columna de piedra a la que se ataba a los condenados para humillarlos, vuelve ahora televisivamente después de dos siglos. Exhibición pública vejatoria de opositores, descalzos y en pijama, disfrazados con chalecos y amarrados con esposas, cuando bastaba con citarlos y constituirlos en detenidos, porque nunca se han resistido, siempre han estado a derecho, acudieron al tribunal cuantas veces los citaron, incluso se presentaron para ser detenidos.

Pero a la vieja picota de piedra sólo amarraban a los condenados: ahora atan a quienes no sólo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera les dijeron aún de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio, pero ahora parece ser el destino de los opositores.

Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo porque no tenía alternativa.

No estoy deprimido, no, eso nunca, pero estoy triste, porque esto lo hacen jueces que pasaron por concursos, nombrados por los procedimientos que tanto nos esforzamos por imponer y mejorar, que deberían saber más derecho, que creímos que llegarían con otra dignidad, por haber atravesado un concurso.

Los gobiernos pasan y los jueces quedan, por eso pensamos que no acompañarían a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que al menos tendrían la dignidad de quedarse en la puerta.

Pero insólitamente se olvidan que los gobiernos pasan, aún las dictaduras más férreas, pasan, todo pasa, incluso la vida misma y, por ende, no hay poder político ni económico eterno. ¿Cómo lo explicarán cuando todo cambie, como habrá de cambiar, porque, salvo Dios, nada es eterno?

El peor criminal, puede ser feroz en el momento del crimen, repudiable, asqueroso, repugnante, pero ante el juez está vencido, caído, impotente, indefenso, y el juez sabe que tiene delante a otro ser humano reducido.

¿Qué pasa por la conciencia de un juez que veja a un vencido indefenso, que lo humilla o que permite que otro lo haga? ¿No es lo mismo que patear a un caído?

No, en verdad es peor, porque a veces se incurre en ese exceso porque el caído golpeó al otro un momento antes, puede haber una emoción violenta. Pero esto no pasa con el juez, cuando tiene delante al vencido no actúa por impulso, no sufre ninguna emoción violenta, fríamente sabe que tiene en sus manos a un ser humano indefenso, y así y todo lo humilla, lo veja, le deparara el trato que sabe que no debe darse a ni al peor delincuente.

Y para colmo lo hace cuando sabe que la mano de la política, la cola del diablo, puede haberse entrometido en la causa.

¿Su única disculpa es que se vio forzado?

¿Qué queda en el fondo de la conciencia de un juez que dice que se vio forzado? Se vio forzado: a vejar y humillar a un ser humano cuando le hubiera bastado con citarlo; a invertir el principio de inocencia diciendo que todo ex-funcionario, por el mero hecho de serlo es sospechoso. ¿No es eso un insulto a toda la política, equivalente a decir que todo político es un corrupto en potencia?

Si un ex–funcionario puede ensuciar una investigación, con más razón la pueden ensuciar los funcionarios en actividad e incluso los mismos jueces si son denunciados, porque también son funcionarios. ¿Ante cualquier denuncia contra ellos los detendrá también mostrándolos en pijama a las cámaras televisivas de su monopolio mediático?

¿En qué nos equivocamos en 1994? ¿En qué fallamos? ¿Es este el derecho que les enseñamos para que superen los concursos? ¿Qué clase de jueces hemos fabricado?

Por lo visto nos equivocamos todos, debo confesarlo ante esta emergencia. Estoy seguro que el Dr. Alfonsín, que lo incluyó en el Pacto de Olivos con la mejor de las intenciones y en lo que todos estuvimos de acuerdo en 1994, coincidiría hoy en que nos equivocamos.

¿Cómo hemos llegado a un momento en que la coacción impera, la amenaza de campañas mediáticas asusta, las denuncias ante el otrora soñado Consejo operan como justificación de humillaciones judiciales públicas a opositores?

Temor, miedo, a perder el cargo por manejos políticos, a ser “escrachados” por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizadas por inventos publicitarios y noticias falsas, con los manejos de Göbbels hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamación bien pagos.

¿Puede todo eso hacer que un ser humano, no siquiera hablo ya de un juez, sino de un ser humano, puede por eso perder el temor al tiempo?

El tiempo es impiedoso, fatal, no se detiene, está en nosotros, somos tiempo. ¿Acaso el temor a todos esos manejos mafiosos puede neutralizar la humana angustia frente al tiempo y al final inevitable? ¿Puede ignorarse la dinámica del tiempo que nos va cambiando hasta nuestras células? Esto es alienación, sin duda, tremenda alienación de un poder mal ejercido y peor comprendido.

Y en medio de esto, se siembra más miedo, se quiere enlodar con las jubilaciones exorbitantes, cuando se trata de la única ley con que puede jubilarse un juez, porque no hay otra, y, además y sobre todo, cuando los montos exorbitantes dependen de los sueldos insólitos que se fija su propia Corte Suprema, la del dos por uno, la del desconocimiento a los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación e introducidos en la Constitución Nacional, la misma Corte que está tan atareada que no tiene tiempo para acabar con la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y sus compañeros.

Esos son sus sueldos, pero además, lo que debe saber la opinión pública, es que todo ese disparate lo hacen para nombrar jueces dóciles, ese es el objetivo real, no nos engañemos. Siembran el miedo a la reforma de la ley de jubilaciones judiciales, para asustar a todos los que tengan más de 60 años y hacerles pedir la jubilación de inmediato, así dejan vacantes para que las llene el gobierno con los jueces propios que reclama el presidente, con una sinceridad digna de mejor objetivo. Ese es el juego, no otro, no nos confundamos. Y lo debe saber la opinión pública, que no la engañen.

La única garantía de imparcialidad del Poder Judicial no está en la imparcialidad individual, porque las personas nunca somos imparciales, porque somos parte de la sociedad, sino que está en el pluralismo interno del propio Poder, en jueces que piensen distinto, que tengan diferentes cosmovisiones, que generen el debate plural interno.

Y esta imparcialidad se termina cuando como ahora y como nunca antes en democracia, hay persecución ideológica y se piden “depuraciones”, se llega casi a secuestrar a un senador para demorar su ingreso al consejo y poder echar a un juez, se siembra miedo, se provocan vacantes. Se acabó la imparcialidad judicial, sólo se quiere obediencia a los mandatos publicitarios del Ejecutivo.

Estamos por otra parte, a punto de una nueva violación frontal a la Constitución, que quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no sólo decidirá a quién se persigue, sino especialmente a quién no se persigue. Esto se llama impunidad selectiva a la corrupción, quede claro.

Cuando hasta México, que abusó de un Ministerio Público dependiente del Ejecutivo, enmienda ahora su Constitución para establecer su autonomía, como en casi toda la región, aquí se quiere retroceder inconstitucionalmente, para garantizar la impunidad de los protegidos del Poder Ejecutivo. Y a eso se llama hipócritamente “lucha contra la corrupción”.

Los corruptores, primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de “impolutos”, cuando tan delincuente por cohecho es el que acepta como el que ofrece.

Los corruptores activos se quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales.

Pero el caos institucional no se detiene allí, parece no conocer límites, no se detiene frente a nada: se pretende que puede haber traición a la Patria sin guerra, contra la definición expresa de la Constitución vigente desde 1853.

Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas más que centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repetto que se negó a tomar juramento a los primeros jueces laborales, que declaró inconstitucional el aguinaldo, que firmó la acordada de 1930 legitimando el poder del dictador más tragicómico del siglo pasado.

Se desprestigia y estigmatiza al sindicalismo, se lo amenaza en todas las formas imaginables, para desbaratar a las fuerzas del trabajo, debilitarlas, reducirlas a decoración de una farsa democrática.

Hay miedo en la sociedad: tienen miedo los científicos a los que se niegan recursos y por poco se los vuelve a mandar a lavar vajilla.

Cunde el miedo en las universidades, a las que se les reduce el presupuesto y se persigue judicialmente a sus rectores, por impulso de un fiscal que incurre en un abuso de autoridad atribuyéndose las funciones constitucionales de la Auditoría General de la Nación.

Tienen miedo los artistas, a quienes se les privan las oportunidades laborales si no son simpáticos al Ejecutivo y a sus monopolios. Pero no admiten que esto se llame “censura”: “esto no es censura dicen, pero no digas lo que no nos gusta, porque te vas a quedar sin trabajo y, además, no tendrás donde decirlo”.

Tienen miedo los periodistas, cuando pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos y, más aún, cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes.

Se empieza a hablar en voz baja en la calle, se revolean de nuevo los ojos hacia los costados al hablar. Parece que empezamos a estar todos en la clandestinidad.

Pero el daño no se limita a todo esto. Esto pasa, repito, porque salvo Dios nada es eterno y todo pasa. Este mal momento también pasará, nadie lo dude, el tiempo es impiedoso. Pero el daño puede ser difícil de revertir.

Por eso debemos reaccionar. ¡Basta de depresión! ¡Es hora de resistencia! Muchos colegas me preguntan si vale la pena enseñar derecho. Pero sí, hoy más que nunca, debemos enseñar más y mejor el derecho, enseñar que el derecho no es un método sofístico para legitimar cualquier cosa, sino que es lucha, como decía Jhering, lucha en que a veces se avanza y otras se retrocede, como en toda lucha: los derechos no se regalan, se consiguen con lucha, la historia del derecho no es un relato de marcha triunfal.

Y como también decía Jhering, en la lucha aprendemos a defenderlo, porque el derecho que se consigue sin lucha se despilfarra, como lo hace el heredero vago que no luchó por hacer la fortuna que recibe.

Debemos enseñar y reafirmar más que nunca que el derecho es lucha, porque estos disparates caóticos -que degradan nuestro Estado de derecho y nuestra calidad institucional- ponen en peligro la fe en el derecho, daña nuestra cultura jurídica, que si bien en parte es nueva, no por eso deja de integrar una tradición milenaria.

Es momento de reafirmar la fe en el derecho, porque si se pierda esa fe sólo quede un campo de lucha de poder sin límites, queda la violencia, la razón del poder en lugar del poder de la razón. Eso debemos evitarlo a cualquier costo. ¡Violencia no! ¡Nunca podemos caer en esa trampa!

Más que nunca debemos enseñar derecho, enseñar a que las cosas que deban hacerse deben hacerse, pero no de cualquier modo, sino conforme a la ley, a la Constitución, al respeto a la dignidad de la persona, a la racionalidad republicana.

Mañana, cuando todo esto pase como inevitablemente ha de pasar, no quiero ver a Macri en la televisión, descalzo, en jogging y esposado. Debemos hacer todo lo posible por evitar que eso suceda, debemos jugarnos desde ahora por evitarlo, por reafirmar la fe en el derecho como ejercicio racional del poder, porque Macri o cualquier otro funcionario vejado en la televisión sería el naufragio del derecho, habríamos fracasado, habríamos entregado el derecho, ellos habrían obtenido su mayor triunfo, el que no les podemos consentir bajo ningún concepto, porque el derecho, nuestro derecho argentino, el de nuestra Nación, no tolera que ningún detenido sea atado a la picota y humillado públicamente, y menos que un juez lo tolere y se disculpe alegando que lo coaccionan.

Si lo presionan resiste, y si no puede resistir denuncia la coacción y, en último término se va explicando por qué lo hace, pero no se queda para violar el derecho.

Argentinas y argentinos, ciudadanas y ciudadanos, por favor, reaccionemos, basta de depresión, en la buena hay que empujar, en la mala hay que resistir, defendamos nuestra cultura jurídica, la verdad al fin siempre brilla, tenemos cátedras, universidades, foros nacionales e internacionales, tenemos neuronas y manos para escribir, y tenemos la palabra.

Tengo un sueño imposible, pero igual lo imagino porque me da mucha fuerza: me imagino con estar aquí, en este lugar, tomando un café con los que sabían de la política de antes, con Raúl Alfonsín, con Antonio Cafiero, con Carlos Auyero, con Arturo Juaretche y otros del pasado, con los que no hacían política televisiva, sino hablando en las plazas, en los clubes, en los centros políticos y culturales, en los barrios, en la calle, boca a boca, persona a persona. Recuperemos esa forma de hacer política, del coloquio, del habla, del lenguaje simbólico, que para eso los humanos somos los animales que lo tenemos más desarrollado.

Hoy no estamos convocados para defender a tal o cual persona, partido o concepción ideológica, sino para defender el espacio para discutir, el espacio para disputar entre nosotros, y si quieren, también para pelearnos, que también es una forma de relación social, válida cuando cada uno, con acierto o error, lo hace convencido de que es lo mejor para el bien común. Pero ese espacio es el del derecho, el de la democracia, el de las instituciones, el del respeto al otro, y eso es lo que está en peligro ahora, el espacio mismo de la democracia plural.

Creo que expreso el sentir de todos los otros compañeros si digo que no vinimos a convocar aquí a once jugadores para formar un equipo. Sabemos que podemos tener entre todos algunas jugadas indebidas que deben cobrar los árbitros, pero siempre en el césped del campo de juego democrático.

Por eso, queremos iniciar una convocatoria sin caudillos ni propietarios, queremos perdernos entre miles de convocados, todos iguales de alertas y vigilantes, queremos que la convocatoria sea abierta a todos los equipos que vamos a seguir disputando, porque es para defender el campo de juego, el estadio que nos quieren demoler, el césped democrático institucional que nos quieren llenar de pozos y barro.





Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Estela de Carlotto




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Mempo Giardinelli




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Horacio González




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Eugenio Raúl Zaffaroni




Estela de Carlotto advirtió sobre “el retroceso de la justicia”, las ofensas “para desprestigiarnos” y los riesgos de disfrazar a los genocidas como “pobres viejitos”. “No gustó nada cuando dije ‘si pudimos con Videla vamos a poder con Macri’ pero es cierto. No es que hablemos de dictadura, pero cuántas cosas nos hacen acordar tiempos donde exhibíamos carteles de ‘Aparición con vida’. Lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado”, recordó. “Invito en nombre de mis compañeras de lucha a unirnos y que se haga realidad conseguir justicia, tener memoria, saber la verdad y hacer realidad el Nunca Más”.

“La democracia que permitía la vibración de palabras contrapuestas pero constructivas ha sido reemplazada por un sistema silencioso, coercitivo y contundente de acciones que prometen felicidad y traman la venganza”, explicó González. “Una suma de sospechosos peritajes sustituyen la palabra constitucional”, advirtió. “Se consulta la historia argentina para demolerla, sustituirla, olvidarla, regocijarse de que es un mundo de desplazados, muertos, olvidados o masacrados. ¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros? Si una república o una nación no es más que un cimiento donde está estable, aunque a veces susurrando, la gran operación de la memoria”, razonó. Estamos ante un “caso único en la historia política del país donde se marcha con cara de felicidad hacia un modo novedoso de totalitarismo”.

“La cuestión en la Argentina de hoy ya no es peronistas, radicales o más o menos izquierda, es pueblo vs. oligarquía y esa oligarquía es mafiosa”, arengó Giardinelli. Propuso “recuperar un sueño, volver a creer en la utopía”. “Frente a las mafias y al triunfo momentáneo de la antipolítica tenemos una tarea enorme y apasionante por delante”, dijo. Reivindicó a Moreno y Belgrano porque “ahí está la verdadera patria, no la de los falsos próceres del siglo XIX que inventaron un país en el que el territorio era de ellos”. “Las pelotas con el pesimismo, compañeros. Los vamos a sacar a estos tipos, les vamos a ganar, con paz, porque la paz es nuestra”.

JUNTAN FIRMAS PARA LA REVOCATORIA DE MANDATO DE MACRI Y VIDAL

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán la posibilidad de sumar su firma a las 510 mil que se necesitan para intentar remover al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su vicejefa, María Eugenia Vidal, de sus respectivos cargos.

Con ese objetivo, un grupo de vecinos acusó en mayo pasado graves fallas en la gestión del PRO, e inició el trámite que habilita la Constitución porteña en su ARTICULO 67: "El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente".

Una vez entregadas las planillas a los interesados, la ley establece un plazo de un año para alcanzar el número de firmas necesario y devolverlas al Tribunal. En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el TSJ declara la caducidad del procedimiento. De alcanzar el número, los magistrados tienen 90 días para convocar a un Referéndum revocatorio. La elección es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el 50 por ciento de los inscriptos.

En total, cinco personas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia, dos por un lado, y tres por otro. El pedido se basó en el accionar del Gobierno de Macri durante la represión en el Hospital Borda, la falta de obras necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones en la Ciudad -hubo ocho muertos por la del 2 de abril-, y por el dictado del decreto de necesidad y urgencia que aprobó el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires, contrario a la Ley de Medios. El TSJ resolvió entonces juntar a todos en un mismo expediente y dio curso a la solicitud de revocatoria.

Lucía Medina es una de las vecinas que acudió ante el máximo tribunal porteño junto a Ricardo Pelusa. Ambos son militantes de Aluvión Ciudadano, un partido político joven, pero que ya tuvo su primer participación en las últimas elecciones con sus candidatos a la legislatura porteña que encabezó Carlos Oviedo y que también integró Medina. "Queremos hacer una convocatoria lo más amplia posible, que no esté teñida de partidismo político. Lo hacemos apelando a la participación ciudadana", manifestó.

Medina y Pelusa presentaron el pedido el 17 de mayo pasado. Según establece el ARTICULO 67, el Tribunal tiene 30 días para expedirse. Sin embargo, la resolución del Tribunal, que fue favorable, salió el 21 de febrero. Es decir, nueve meses después. Esto hace que los tiempos administrativos necesarios se acorten y sea aún más ardua la tarea de recolectar las adhesiones, señala la denunciante.

"Nosotros entendemos que la demora en la resolución no es casual, porque nos deja con muy limitados con los tiempos. El Referéndum se tiene que hacer antes de llegar a los últimos seis meses de mandato. Con lo cual tenemos un año para recolectar un poco más de 510 mil firmas, que sería el 20 por ciento del padrón", explica Lucía en diálogo con Infobae.

El Tribunal puso fecha de entrega de las planillas para el 18 de marzo, por lo que la recolección comenzaría el miércoles 19. En pos de organizarse y llegar a todos los barrios de la ciudad, Medina y el resto de los denunciantes se reúnen asiduamente para ajustar detalles y emprender la tarea. En principio, el local de Aluvión Ciudadano que se encuentra ubicado en Riobamba 434 estará preparado para recibir a los vecinos que deseen estampar su nombre en el pedido de revocatoria. Pero la intención es movilizarse, establecer otras sedes y llegar a todos los barrios de la ciudad.
Lucía, quien trabaja como empleada en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostiene que "el problema del Gobierno de Macri no es que sea ineficiente, sino que responde a ciertos intereses. Y tiene un desconocimiento y una negación absoluta por las instituciones. Macri ha vetado leyes indiscriminadamente que fueron aprobadas por la Legislatura, incluso aquellas que surgieron desde su propio espacio".

"Pretendemos que se interpele una gestión de gobierno que durante todos estos años ha vulnerado derechos básicos de la gente", señala Medina, entre ellos el derecho a la Educación -dice- a raíz del "desastre" de la inscripción online.

Más allá de que aún no está habilitada la recolección de firmas, se han acercado a ellos muchos vecinos. Ya recibieron mensajes de gente interesada, algunos afectados por otras problemáticas de la Ciudad, ya sea por vivienda, salud, la falta de vacantes en las escuelas, o la defensa del barrio, como ocurre con los habitantes de Palermo y los de Caballito que se oponen a la instalación de nuevos shoppings.

También han recibido algunas críticas. Muchos se preguntan si esta iniciativa no significaría vulnerar la voluntad popular, o acaso habría que esperar a que termine su período de Gobierno.

"Nosotros entendemos que es al revés, que la posibilidad que nos brinda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos pone en un lugar privilegiado. Es tan democrática la chance de revocar un mandato como la de elegir a un candidato", considera Lucía. Otros plantean dudas sobre el alcance de la medida. También están quienes consultan si esto mismo se puede hacer con la presidente Cristina Kirchner, algo que la Constitución Nacional no contempla.

En cuanto a la evaluación del kirchnerismo que hace su espacio político, Aluvión Ciudadano, Medina explica que la gran mayoría de sus integrantes provienen del peronismo pero también hay representantes de otros sectores, y que, si bien han apoyado algunas medidas y criticado otras, no se definen como oficialistas. Consideran sin embargo que "el gobierno nacional ha realizado una gran cantidad de transformaciones". En ese sentido, remarcan que hay un fuerte contrapunto con el gobierno porteño en cuanto al rol que le da cada administración al Estado. "Esa es una de las cosas que más le cuestionamos al jefe de gobierno", señaló la mujer.

Nota de Infobae

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¿POR QUÉ la REVOCATORIA de MANDATO?

DEMOCRACIA Y POLICÍA

“Desde la época de Rivadavia, tenemos una policía de ocupación territorial. Hemos copiado la constitución de Estados Unidos y la Policía Borbónica francesa. No copiamos la policía de condado. En el siglo XIX unos garantizan recaudación autónoma, otros gobernabilidad. Hoy los policías se han autonomizado”, dice el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.

“Celebramos 30 años de gobiernos constitucionales. Pero en estos 30 años no pensamos en una renovación del modelo policial. Es una deuda de la democracia, pensar cómo renovar el modelo policial, cómo hacer una Policía conforme a un estado de derecho democrático, con las características de nuestro país. Hay que buscar otros modelos”.

Zaffaroni se pronunció en contra de la huelga por parte de la policía ya que se trata de un servicio de primera necesidad y precisó que las negociaciones deben lograrse con mayor celeridad y presteza.

“Si el servicio de seguridad desaparece, siempre va a haber alguien dispuesto a hacer algo. Eso es inevitable”.

“Este tipo de planteos no deben llegar a estos extremos. Hay que resolver y negociar antes. Algún medio de comunicación debe haber”.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky anunció que están trabajando “con los otros sectores que integraron el Acuerdo para una Seguridad Democrática, porque lamentablemente las cosas que están pasando demuestran la exactitud y la certeza de los planteos que nosotros hicimos”.

El periodista aseguró que “había una urgente necesidad de reforma policial y de un enfoque democrático de la seguridad y ese no ha sido el criterio que se ha seguido en la mayoría de las provincias”.

“Ese no ha sido el criterio que se ha seguido en forma constante desde el Estado Nacional tampoco, si bien hay diferencia apreciable entre el Estado Nacional y las provincias y las consecuencias son las que estamos viendo en estos momentos”.

“Nos parece absolutamente oportuno volver a plantear e insistir con todos los criterios que requiere una concepción democrática de la seguridad”.

Respecto a los acuartelamientos, Verbitsky consideró que hay varios elementos significativos y entre ellos detalló: “Uno es la participación de las policías provinciales, de las cúpulas de las policías provinciales en redes de ilegalidad. La participación en negocios ilícitos”.

“Esto se ha manifestado muy claramente en las tres principales provincias, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.

El Presidente del CELS dijo que cada una presenta con procesamiento distinta, “pero con un trasfondo idéntico que es la policía como regulador y como partícipe de los delitos que debería combatir y la relación que esto implica además con el poder político provincial respectivo”.

Detalló que se trata de una relación de negociación permanente, de espacios de poder, de espacios económicos inclusive, que según las circunstancias se van modificando.

Por otro lado hizo referencia a una fractura entre las cúpulas policiales y los trabajadores policiales que no están en las cúpulas.

“Porque quienes participan en esta negociación con el poder político y con las redes de ilegalidad son las cúpulas, no son todos los policías”.

Y resaltó que “en los momentos en que hace crisis el pacto de gobernabilidad entre las cúpulas policiales, el delito organizado y el poder político provincial, se agudiza esa contradicción con las bases policiales”.

Además destacó que existe una relación perversa y grave entre las fuerzas policiales y los varones jóvenes de los barrios marginales, de los barrios pobres, que por un lado “son constantemente reprimidos como medida de control social, sin ninguna relación con el delito, simplemente para impedir que ocupen ciertos espacios urbanos que están reservados para las clases más prósperas y en algunas provincias esto tiene por otra parte un componente racista, como en Córdoba”.

Verbitsky consideró que el Acuerdo para una Seguridad Democrática “tiene cada día más viabilidad porque aquello que nosotros planteamos hace más de tres años, hoy está incorporado a cierto sentido común de la sociedad”.

“En aquel momento había que explicar muchas cosas que no eran claramente percibidas: Hoy son claramente percibidas. Y además, están a la vista las consecuencias del camino contrario, que son verdaderamente trágicas y dolorosas” .

El periodista considero que el mensaje de la nueva Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y el mensaje de anoche de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner toman realmente esas líneas de acción, pero aclaró que el “tema estará en ver cómo se consigue que esa línea de acción que plantea el gobierno nacional sea adoptada por los gobiernos provinciales”.

Consultado sobre el pliego de ascenso del Jefe del Ejército, César Milani, Verbitsky señaló: “Nosotros hemos impugnado ese ascenso y hemos aportado al Senado los elementos que fundamentan la impugnación, como hacemos desde hace 30 años con todos los pliegos de ascensos de personal militar contra el cual haya elementos que permitan presumir su participación en los crímenes del terrorismo de Estado”.

ACTUALIZAR O NO ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS

El Código Civil debe ser una herramienta para la ampliación de derechos


La iniciativa de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación representa una oportunidad única para lograr un cambio legislativo que amplíe derechos e incorpore los estándares y obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.

El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad histórica de no desperdiciar esta oportunidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera indispensable que se contemple y procure resolver y atender la situación de informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país. En su defecto, obtendremos un nuevo código signado por una perspectiva clasista que terminará legislando para los sectores de mayores ingresos y menores necesidades. Algo incongruente con el proceso de ampliación de derechos, a treinta años de la democracia argentina.

En el debate sobre la responsabilidad del Estado, también deberían sopesarse tanto el interés social como los criterios igualitarios de reparación para las personas que reclaman y que la regulación de daños civiles no sea disuasoria del ejercicio de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público.


Se debe incluir la función social de la propiedad

La supresión en el dictamen de Comisión de la función social de la propiedad es un grave retroceso que desprotege a los sectores más necesitados de la sociedad. El reconocimiento de este principio es imprescindible para la constitucionalización y modernización del Código, que lo ubique en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Su incorporación no afectaría el derecho de propiedad sino que lo armonizaría con el interés social, a tono con países de la región que poseen este principio con rango constitucional como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador.

Este principio debe ser acompañado de nuevos instrumentos de adquisición del dominio, que ofrezcan alternativas de regularización para las formas de habitar popular y herramientas de intervención estatal para resolver el acceso al suelo y al territorio que afectan a cientos de miles familias pobres en áreas urbanas y rurales.

Como está planteado, el dictamen de la Comisión Bicameral contempla sólo formas jurídicas que permiten regularizar los actuales modos de vivir de los sectores de altos ingresos (barrios privados) y excluye la regularización de las maneras de vivir (villas y asentamientos urbanos) y producir (tierras rurales para los campesinos) de los sectores más pobres y vulnerables.


Responsabilidad del Estado

El CELS considera que lo relevante no es si la regulación de la responsabilidad del Estado, por sus actos lícitos o ilícitos, se realiza través de una ley federal específica o a través de la legislación civil de fondo. Sino que antes, es preciso que se incorporen los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano, en caso de responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, se exige: reparación integral, restablecimiento del derecho violado, indemnización -que puede ser pecuniaria-, rehabilitación de los daños ocasionados y no repetición de las situaciones que generaron la afectación y la concreción del proyecto de vida.

Ninguno de estos parámetros está dirigido a asegurar las ganancias de empresas o actores privados, o indemnizar el lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por actividad lícita. Por el contrario, lo que exigen es que se asuma la necesidad de que el Estado pueda reparar adecuadamente ante situaciones como el dictado excesivo de prisiones preventivas o el ejercicio abusivo de la fuerza en manos de funcionarios de fuerzas de seguridad, entre otras. Se trata de casos que en la actualidad, tal como está planteada la regulación, no encuentran una reparación integral, sea por la duración del proceso, por los razonamientos judiciales o por las demoras en ejecutar las sentencias.


Libertad de Expresión

Con respecto a las cuestiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, preocupa que en las modificaciones relacionadas con la protección de la vida privada no se incorpore la mención a los asuntos de interés público como excepción a la posibilidad de reclamar indemnización. Así, el proyecto no brinda protección adecuada a la función periodística, ya que mantiene la potestad del juez de establecer indemnizaciones que, en última instancia, tienen un efecto disuasorio.

El Código Civil debiera contener un mandato, al momento de fijar indemnizaciones que tengan como causa expresiones referidas a asuntos de interés público, que evalúe que el monto de la indemnización no sea de tal entidad que afecte el libre debate propio de una sociedad democrática.

Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS)

JUSTICA POPULAR O CORPORATIVA

Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.

Luis Bruschtein

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JUECES Y FISCALES POR + DEMOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL

JUSTICIA EN GRAGEAS

Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.

Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.

Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.


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Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.

Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.

La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.

En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.



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Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.

A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.



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Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.


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Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.

Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.

Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.

En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.



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Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.



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A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.

Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?

Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.

Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.

Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.

Mario Wainfeld

MARTÍNEZ DEBATE SOBRE LA JUSTICIA

Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales, de quienes se ocupan de los acusados que no pueden o no quieren contratar un abogado particular. Por eso sabe mucho de las desigualdades del sistema judicial. “Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto”, asegura. La convicción de que es necesario debatir a fondo el modelo de justicia que se impone en el país hizo que encabezara junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó el pronunciamiento por “Una Justicia Legítima”. “A algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular”, agrega sobre el tema. Acaba de volver de vacaciones. Está bronceada y vestida de violeta en un despacho prestado porque el suyo está en refacciones. “Por eso está tan ordenado, sin papeles”, explica. Se entusiasma con una medida tomada a fines del año pasado, pero anunciada esta semana: la implementación de concursos para todos los empleados de las defensorías oficiales, medida que le parece clave para democratizar la Justicia, porque termina con la idea de lo que todavía en tribunales se considera un “derecho adquirido”: la posibilidad de que los hijos o sobrinos de los magistrados tengan un cargo asegurado (ver aparte).

–¿Por qué firmó la solicitada por “Una Justicia Legítima”?

–Creo que nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público. No estoy de acuerdo con la elección popular de los jueces porque me parece que va a ser un sistema de mayor presión, me da miedo. Y en aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno. Pero el problema no pasa por elección popular o no elección popular, sino ¿queremos discutir sobre cuáles son los fallos de nuestra Justicia? ¿Qué nos falta para aggiornarnos y estar de acuerdo con una constitución progresista que incorporó un montón de tratados de derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial.

–¿Cuáles son?

–Uno es el caso (de Leonardo) Forneron, que tiene que ver con una adopción en Entre Ríos (se trata de una niña habría sido entregada a una familia sin el consentimiento del padre y nunca se investigó una posible venta de la menor) donde hay un número significativo de prácticas que deben ser revisadas y donde se produce una mora judicial muy significativa. Otro es el caso (de Sebastián) Furlan, un joven discapacitado a causa de un accidente. El juicio duró muchísimo y cuando le pagaron la indemnización, esta persona tenía daños irreversibles. La Justicia no funcionó sensible al drama de una persona discapacitada y con alta situación de vulnerabilidad. Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto. Se desprotegió a una persona vulnerable. Hay un contrasentido. Si estamos permanentemente hablando del acceso a la Justicia, de privilegiar a las personas en situación de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que no puede haber una misma mirada cuando litigan grandes empresas o corporaciones. No es que no tengan derecho a una justicia rápida, pero no se las puede privilegiar por sobre una persona vulnerable que necesita para sobrevivir la posibilidad de tener una indemnización. Este tipo de cosas son las que hay que conversar. Otra cosa para conversar... yo soy defensora y no estoy de acuerdo con los ataques que se hacen contra medidas que tienen que ver con dejar en libertad a personas que cumplen condena. No creo que los jueces tengan que ver con la seguridad. Esto tiene que ver con personas que recuperan su libertad y cometen otros delitos. Lo que no está funcionando es la infraestructura de apoyo y control que tiene que tener una persona que recupera su libertad. Los jueces de instrucción, que deberían ser muchos más de los que son y tener un gabinete interdisciplinario de primer nivel, si no tienen los medios, ¿qué van a hacer? ¿Fallar en contra de la ley?

–¿Cuál es el tercer caso ante la Corte Interamericana?

–El de (Oscar) Mohamed, que establece el derecho al recurso para todos los ciudadanos. En este momento tenemos conflictos graves en la Justicia, aparentemente hay bandos irreconciliables, pero creo que no es así, hablamos un lenguaje en el que podemos conversar todos juntos. Pero a algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular. Lo que estoy diciendo es: hay cosas que comparto y otras que no. Hay que abrir las ventanas, oxigenar y tener una mirada en la cual los operadores judiciales nos sentemos y digamos cuál es la Justicia que queremos. Van a decir que permanentemente se está haciendo eso. Es cierto, muchas veces se hacen reuniones. Pero esas reuniones quedan en lo formal. Los jueces tienen derecho a luchar por sus prerrogativas y esto lo ha hecho históricamente bien la Asociación de Magistrados. Pero ahora es el momento justo para tener una reflexión sobre qué Justicia queremos. Hubo muchas situaciones graves. Ha habido mucha contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad, yo no puedo hablar mucho porque soy la defensora, pero hay un distinto tratamiento. Si yo soy llevada ante la Justicia y soy una persona de escasos recursos y no tengo ningún padrino, me van a tratar distinto. Además, hay que elevar el nivel de eficiencia. Esto lo dijo el presidente de la Corte y es así. Nosotros también tenemos que trabajar para tener estándares de eficiencia altos. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal tienen un sistema de selección para los secretarios. Hay que fijar estándares mínimos. E insistir mucho con que somos un servicio público, no un poder del Estado... bueno también, todo muy bien, pero antes que nada somos un servicio público. Si no funcionamos como servicio público algo está mal. Nuestra legitimación sale de ser un servicio público que le dé un servicio digno a la gente. Si la gente no se siente protegida, el sistema nunca va a estar legitimado.

–Con respecto a la solicitada, ¿le molesta que en algunos medios los presenten como los kirchneristas o los que responden al Gobierno contra los supuestamente independientes?

–Obviamente estoy a favor de una Justicia independiente. Y particularmente sería muy injusta si dijera que desde que estoy en la Defensoría General he recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno. Nosotros defendemos militares, les garantizamos un buen servicio de defensa. Hemos recibido algunos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que son lógicos, porque estuvieron muchos años soportando calladamente y ven que hay una defensa aguerrida y bueh... pero el Gobierno nunca intervino y cuando tuvimos necesidad de que nos defendieran, nos defendieron. Segundo, yo he llevado casos contra el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directa o indirectamente. El de los menores (por la imposición de penas perpetuas a menores de edad) está a punto de tener sentencia y es una cosa importante. El caso Furlan, si bien lo defendió la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la persona concreta es una defensora nuestra. Si yo dijera que en estos siete años recibí presiones por acusar al Estado por derechos humanos ante la Corte Interamericana sería injusta. También estamos interviniendo en el caso de los qom y estamos o no de acuerdo en muchas cosas, pero nunca nos dijeron “por qué se meten, no vayan”. Esta es mi visión e insisto en que este grado de independencia tiene que existir siempre. Lo que sí decimos en la solicitada es que la independencia tiene que ser de todos. La independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa. El lobby, como bien dice (el juez de la Corte Raúl) Zaffaroni, existió siempre y va a seguir existiendo. Que la Justicia pueda fallar de manera absolutamente libre diciendo lo que cree que en verdad corresponde, que todos los operadores del sistema puedan actuar libremente es fundamental. Ahora, no podemos mirar solamente cuando hace reclamos el Ministerio de Justicia, podemos estar de acuerdo o no con una modalidad. Y lo hacen todos. ¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa.

–¿Algún ejemplo?

–Casos concretos. Lo que pasó con la ESMA. Me pareció disparatado. Que se reaccionara con esa virulencia, que se utilizaran expresiones tan fuertes contra el ministro de Justicia... Podemos discutir si corresponde o no corresponde hacer un asado en la ESMA. Esa es una discusión, pero es como que no tiene correlato... Otra cosa clarísima fue cuando en Salta se mostró con una filmación de celular cómo torturaban a dos presos. Y hubo una reacción tibia. Veinte días después, se publicó que (el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor) Hortel había establecido un sistema para que los presos salieran y volvieran a ingresar. No pasó nada, nadie se le escapó, tenía autorización judicial... discutamos si queremos que pase esto o no. Pero lo cierto es que en un país con convicciones democráticas fuertes, una tortura tendría que haber generado una reacción popular de escándalo, de vergüenza, de buscar soluciones. Y si se ve la cantidad de papel escrito que hubo en un caso y en el otro... bueno, éstas son las cosas que no pueden ser. Ahora estamos lanzando por los doscientos años de la Asamblea del Año XIII una campaña nacional contra la tortura. Sobre estos temas hay que discutir. ¿Por qué no avanzan las causas sobre torturas?

–¿El juicio por jurados mejoraría la administración de justicia?

–Como defensora tengo que preferir el juicio por jurados, porque con buenos defensores es más beneficioso. No me parecería mal hacer una experiencia de juicio por jurados.

–Pero no le parece central.

–No. Lo central es modificar el sistema de administración de justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo tenemos que actuar.

–¿Hay una excesiva judicialización de las decisiones políticas o es un proceso natural?

–Esto es natural. También tiene que ver con un país que durante muchos años no tuvo la opción de acudir a la Justicia y luego la recuperó y entonces acude a la Justicia. También es cierto que hay dos ejes a tener en cuenta: si se acude a la Justicia, y me imagino que éste es el tema, y la Justicia utiliza la posibilidad de aplicar medidas cautelares, es decir de hacer lugar a amparos o distintos tipos de mecanismos para frenar leyes o resoluciones, esto tiene que ir de la mano con que ese amparo o medida cautelar otorgada no puede ser eterna.

–Concretamente con la ley de medios, ¿significa que hace rato debería haberse definido el tema de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no?

–A lo mejor se podría arreglar legislativamente. Podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado. Porque si no, tenemos una Justicia que no es tal, porque los requisitos para hacer lugar a un amparo son mucho más laxos que para resolver sobre el fondo del asunto. No podemos decir no al amparo. Nosotros lo usamos muchísimo en casos de salud, en casos de prestaciones de obras sociales, pero lo lógico es que luego la solución sobre el fondo no sea eterna, porque se desvirtúa. La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución. Puede ser que en un determinado momento una parte se sienta agraviada y que el juez diga “puede ser que esto le cause un agravio que luego sea irreparable”, pero entonces hay que resolver sobre el fondo en un plazo corto. El problema son los plazos. Eso pasa a todo nivel. También la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma, porque en la Corte las causas tardan mucho. La Corte está sobrecargada de trabajo.

–¿La solución sería...?

–Modificar todo el sistema.

–¿Poner otro tribunal?

–Una posibilidad buena es poner una Corte Constitucional. Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte.

–¿Los jueces tiene que pagar Ganancias?

–Esto está ligado con la intangibilidad de los salarios. Eso puede ser una de las discusiones que se den en el ámbito de la reunión convocada para fin de mes. La posición tradicional de la Asociación de Magistrados, que todos en principio acompañamos, es que nosotros no debíamos pagar Ganancias. Pero es cierto que parece como un privilegio desmesurado. Es un tema que hay que debatir. Sí estoy en contra de la postura que se ha manejado en algún momento sobre la jubilación. Nosotros recibimos el 82 por ciento, pero no es una jubilación de privilegio, aportamos mucho más de lo que aportan las demás personas. Si el Congreso, que es la representación popular, dice en algún momento que debemos pagar Ganancias y no tener esa jubilación, será así. Pero no es la discusión central.

–La solución parece pasar por cambiar la mentalidad de los administradores de justicia más que por alguna medida en particular.

–Sí. Es un cambio a futuro. Esta Corte es una Corte progresista pero las Cortes no han ayudado. Y el recambio no se produjo. Ha habido un recambio relativo político...

–¿Recambio en qué sentido?

–De gente joven. Por ejemplo en la Cámara de Casación. Está renovada, pero en una porción mínima y creo que renovar por gente que está en perfectas condiciones de jubilarse es bueno. Y que la gente mire. Me parece bien que las asociaciones de la sociedad civil estudien los fallos, que monitoreen.

Victoria Ginzberg

Solicit Ada by

+ de 200 x JUSTICIA

Más de 200 magistrados y funcionarios judiciales de distintos fueros de todo el país firmaron una solicitada en la que rechazaron el comunicado emitido la semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.

En el texto, los jueces, fiscales, defensores y funcionarios de la justicia que firman sostienen que, aunque forman parte de dichas organizaciones, "no nos sentimos representados por el contenido del comunicado", y los mueve "el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía".

Solicit Ada

¡¡¡Qué gusto da escucharte, MAESTRA!!!

HOY 8N

8N: YO NO VOY