sábado, 15 de septiembre de 2018

DE VIDO: AYER UN JURAMENTO, HOY UNA TRAICIÓN




A TODOS MIS QUERIDOS COMPAÑEROS PRESOS POLÍTICOS PERONISTAS

Por la presente quiero hacer absolutamente responsables sobre la seguridad de mi familia (5 hijos, 10 nietos y 4 bisnietos) y de mi esposa Alessandra Minnicelli, tanto a los que viven aquí en Buenos Aires, como en las ciudades de Córdoba y Rio Gallegos, a todos aquellos que han pretendido involucrarme en la denominada causa de los cuadernos.

Cuadernos que hasta para los más ingenuos de los bien intencionados no EXISTEN ni EXISTIERON. Sólo le dieron virtualidad a través de una perversa operación de inteligencia, llevada a cabo por el agente de inteligencia del Ejército Argentino, Batallón 601, el Suboficial Centeno, acompañada y ejecutada en parte por otro agente, Orlando Jancic, quien trabaja encubierto como portero en el edificio donde reside mi familia en Capital Federal, quien invento, ordenado por sus mandantes –que siguen haciendo inteligencia interna - una mudanza de cajas de seguridad desde un 10º piso que por el peso y dimensiones que describió -según cuentan los medios de prensa- hubiera sido imposible de concretar. Sólo un idiota podría haber imaginado que tal operación fuera posible.

Como vemos y como vimos en la Argentina, este tipo de personal no reúne las condiciones mínimas para llevar adelante un razonamiento coherente; los reclutan por su maldad y perversidad y estoy convencido de que no resistirían una prueba de aptitud psicológica elemental.


De la misma forma, hago cargo y responsabilizo a todos los empresarios, a López y a Uberti, quienes extorsionados ante la amenaza del Fiscal Stornelli de mandarlos presos, me incluyeron a mí en relatos claramente dictados por la fiscalía para involucrarme en escenas en las que ni siquiera figuraba en el enfermizo texto de las copias truchas de Centeno.

La leyenda sobre mi riqueza personal -una gran mentira- de la que ha hecho gala y exposiciones estas y otras escorias impropias de la condición humana, nos expone a toda la familia, ante tamaña ola de inseguridad que se incrementa día a día, con el impulso de esta campaña mediática y judicial, en la que se ocultan y nos acechan delincuentes de la peor calaña y condición, como Orlando Jancic y Oscar Centeno, quienes paradójicamente tienen protección policial.

Quiero además solidarizarme con el resto de mis compañeros injustamente presos sin juicio ni proceso, o sea casi incomunicados y apretados para que se arrepientan. Ellos también han sido víctimas de esta operación de inteligencia y a ellos por este medio ratifico todo mi afecto y mi confianza.

No hablo de poner las manos en el fuego porque -como ya he escrito- es un ejemplo propio de la Inquisición. He sufrido esta comparación -o mejor dicho dilema- en carne propia. Lo estoy sufriendo y me parece un tema por lo menos para mí terminado.

Además, y también haciéndome eco de los dichos de otra porquería, Juan Manuel Abal Medina, le exigiría que limpie la memoria del compañero Mazzón, al que agravió en la cobardía de saberlo muerto.

Y hablando de cobardía, misteriosamente nadie lo reivindicó ni defendió en esta oportunidad, pero cuando estaba vivo lo llenaban de elogios. Un abrazo respetuoso y fraterno a la familia de este buen compañero que fue Juan Carlos Mazzon.

Ayer cuando oíamos al compañero Verna señalar que hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón, decíamos que “en la indignidad del Carnero esta la debilidad del rebano”. Buen momento para tener presente esto.

Le pido a Abal Medina que en honor a su tío diga la verdad, que honre la memoria de un héroe del Peronismo como Fernando Luis Abal Medina y reconozca, que junto con las basuras de López y Uberti, a pedido del Fiscal metió preso a los otros compañeros para zafar él.

Lamento que un apellido glorioso para nosotros todos los peronistas haya sido manchado por un entregador ortiva y mentiroso. Ojalá nunca le toque estar preso. Aquí en la cárcel hay códigos en los que no se respeta a los de su categoría. Aquí lo consideran lo peor, la ultima escoria de la escala zoológica, no solo los internos sino los propios carceleros.

Igualmente, y haciéndome eco de lo que en su momento pidiera y aún pide Cristina sobre la necesidad de una auditoria integral de toda la Obra Pública, pido que lo hagamos extensivo a todas las campañas políticas que se hicieron en la Argentina del 2003 en adelante, tal como está investigando en la actual causa el Dr. Bonadío, donde a similitud de la misma el Dr. Casanello también deberá hacerlo con las del PRO, creo que a partir del 2007, pero haciendo hincapié especialmente en la Presidencial del 2015 y la legislativa del 2017, donde los que figuran como aportantes negaron haber realizado estos aportes.

Hasta ahora la única respuesta que recibimos fue que había “lagunas”. Hasta ahora no hay cuadernos, en realidad hay testimonios concretos de ciudadanos que dicen la verdad, no de arrepentidos. Si el Dr. Casanello investiga, con la ayuda y enjundia de algún fiscal honesto y que busque la verdad, tal vez ésta y la Justicia aparezcan.

Por supuesto que para darle mayor completitud, amplitud y fundamentalmente sentido de justicia porque si no se analizan todos los temas entonces nunca lograremos justicia, pues esta solo se da si corre para todos y todas y para todos los temas en general, lo otro solo es parcialidad, mirada sesgada. Eso no es justicia.

Y como es eso lo que perseguimos y debemos perseguir, ésta no debe ceñirse solo a la auditoria de la Obra Pública, la que por cierto con las causas que hay en curso, más la presente de los cuadernos truchos -ya planteada hasta la saturación-, no quita todavía que seguro habrá nuevas excavaciones a lo largo y ancho de la Patagonia y el resto del país. He escuchado que han participado también geólogos. Habría que decirle a la universidad que estudien la posibilidad de instaurar un posgrado en la materia. También podrían aparecer cajas fuertes de 400 kg o mas boleadas desde un 10 piso de 30 mts de altura, registrada o percibida por algún hijo de puta que no tenía una cámara de fotos a mano, quizás un drone o en fin mil variantes más.

Pero volvamos a nuestro tema de ampliar la auditoria que quiere la expresidenta a otras áreas como ser: LABORATORIOS MEDICINALES, SUPERMERCADOS, FRIGIROFICOS, ACEITERAS, EL PLAN ARGENTINA TRABAJA, BANCOS, AUTOMOTRICES, LA SIDERURGIA O MEJOR DICHO TECHINT y sus permanentes pedidos de antidumping y ANSES.

A propósito, sería bueno analizar dónde y por qué depositaba los fondos, mejor dicho, a qué Bancos elegía BOSSIO para depositarlos y con qué criterio los hacía. También las mineras, las Petroleras. ¿Nos preguntamos alguna vez desde cuándo está dolarizada la tarifa de gas? Sería bueno también, como quería Laurita Alonso, hacer público el Acuerdo con CHEVRON, total ahora Galluccio es empresario petrolero y compite en la compra de áreas con YPF.

La ultima en Caleta Olivia, SINOPEC, con su Empresa VISTA. Todavía no pasaron tres años que Miguel Galluccio dejó de ser presidente de YPF. ¿No habrá hecho alguna denuncia Laura Alonso? En fin, todas estas cosas que deberían ser claramente investigadas junto con la gran auditoria de la Obra Pública, que como está más que claro ya esta iniciada. Si queremos apurarla, apurémosla, abogados y contadores sobran en la Argentina, pero no nos olvidemos de lo demás sino seríamos injustos o sólo son potenciales delitos en la Argentina los que denuncian Carrio y Monner Sanz.

Deberíamos investigar también a qué municipios benefició José López con las Obras Publicas. Este dato también sería clave en una investigación.

Siguiendo cada una de estas líneas, tal vez no encontremos delitos o irregularidades, pero sí nos explicaríamos la lógica del financiamiento de todas estas campañas electorales.

Y obviamente junto con todo esto deberían investigarse las declaraciones juradas de todos los jefes de campaña de cada distrito electoral, de los candidatos, de los aportantes y de los gastos de cada una de las campañas.

Esta vez, si hacemos esto o investigamos entre el año 2003 y 2017 podremos tener cuadernos pero completos, que digan la verdad, que tengan espiral de alambre y tapas con espiral de alambre y en colores, hechos por jueces y fiscales con la participación de peritos profesionales serios -tal vez los de la Corte– no por el suboficial Centeno y un agente ignorante y perverso.

También estaría muy bueno que averiguáramos quienes integran hoy en día, el staff gerencial de todas las empresas de energía. Principalmente Pampa Energía. Tal vez hallemos allí conflictos de interés. Lamentablemente estoy preso y no tengo acceso a internet para hacerlo personalmente, pero estoy seguro que hay periodistas y fiscales que lo harían a conciencia y en 5 minutos.

Para no ser tan subjetivos habría que analizar el financiamiento de algunas campañas frustradas como la de BOSSIO GOBERNADOR 2015. Si hubiera registros fotográficos de la época, recuerdo lo obscenas que eran las gigantografias por el mal gusto y el costo exorbitante que seguramente tendrían.

Me quedó grabada la que estaba sobre el río Reconquista. Lo menciono simplemente porque en estos días escuché que las copias truchas de Centeno eran el resultado de exfuncionarios infieles. Creo que BOSSIO como los funcionaros ABAL MEDINA, LOPEZ Y UBERTI, son el mejor ejemplo de infidelidad que podemos mostrar. Además, incluyo esto porque debe ser exhaustivamente analizado en todos sus aspectos. Quiero recordar que BOSSIO fue uno de los que promovió fuertemente mi desafuero y detención ilegal hace hoy 328 días.

Todo esto, y para que no digan que me olvidé, se complementa con, …. bah! queda reducida a una minucia, comparada con: LOS PANAMA PAPERS, EL BLANQUEO DE CAPITALES DE PARIENTES DE FUNCIONARIOS, LA CONDONACIÓN DEL CORREO, EL CONTRABANDO MAS GRANDE DE LA ARGENTINA CON LA TRIANGULACION DE AUTOPARTES, LAS CLOACAS DE MORON , ETC ,ETC.

Todo esto debería ser auditado y revisado en profundidad por el CONGRESO NACIONAL, como quiere Cristina.

Veo también algunos compañeros, funcionarios “fieles”, que ahora están escondidos mientras muchos otros pelearon o dieron testimonio en su momento pidiendo por su libertad. No me incluyo porque yo también estaba (y estoy) preso, pero mi familia concurrió a alguno de los actos organizados.
Si no hay valentía, al menos debería haber por lo menos más vergüenza y si no hay huevos por lo menos presencia.

Debemos estar orgullosos de todo lo que hicimos y acompañar a la gente en su padecer cotidiano con lo que podamos Y MILITAR CLARAMENTE LA NO APROBACION DE ESTE PRESUPUESTO DE HAMBRE MISERIA.

Y si investigamos, como decíamos más arriba, que sea en serio, como corresponde y todo. No solo algunos temas o a algunos compañeros para estigmatizarlos y posicionarse políticamente mejor, nos perseguirán y nos mataran como ratas como hacen con algunos de nosotros.

Investiguemos también este presente. Solo así sabremos qué tabla, de qué baño está meando hoy Juan Chediak y en qué inodoro están defecando su cobardía y su traición Wagner, López, Uberti, Pescarmona y Rocca.

VIVAN LOS PRESOS POLÍTICOS PERONISTAS

Julio De Vido










jueves, 16 de agosto de 2018

UBERTI: IMAGINA IMAGINADOR





El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti dijo las palabras mágicas: “Néstor, Cristina, bolsos, valijas, bóvedas”. Con eso consiguió firmar un acuerdo para ser considerado imputado-colaborador y con ello le dieron el boleto para transportarse desde una celda inminente en Marcos Paz hacia su confortable casa.

No necesitó presentar ni una sola prueba. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurriría en un juicio, la declaración no sirve para nada, porque carece de evidencias para sostener lo que dijo.

Por ejemplo, declaró que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. “No lo vi, pero lo sé por comentarios”. Fue en octubre de 2010. Se trata de un dato asombroso teniendo en cuenta que Uberti había dejado de ser funcionario en agosto de 2007. En paralelo, el ex titular de las concesiones viales contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri, es decir que el propio presidente queda salpicado. Tampoco en esto Uberti presentó prueba alguna e involucró a Techint en los pagos oscuros.

El nuevo arrepentido fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), desde 2003 hasta el momento en que renunció por el caso de la valija de Antonini Wilson, en agosto de 2007. El se califica a sí mismo como “funcionario de cuarta categoría”, pese a lo cual manifiesta haberle llevado bolsos y valijas a Néstor Kirchner en persona. Al principio dice que le entregaba 150 mil dólares por mes de los concesionarios viales a Julio De Vido, pero luego que llevaba esa cifra directamente a Néstor Kirchner en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Al menos en el texto de la declaración no hay testigos ni nadie que pueda verificar la versión, salvo los empresarios que pusieron el dinero. El problema es que el método extorsivo utilizado en el expediente impide saber si, ante la posibilidad de ir preso, el empresario que declare dirá la verdad o dirá lo que le permita eludir el calabozo.

En la declaración ante el juez Bonadio, el ex funcionario dijo que el número 2 de Techint, Luis Bentatza, le dio 100 mil dólares en efectivo para entregarle a Kirchner; que en otra ocasión, uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le entregó “una valija con 10 millones de euros, que sacó de su Fiat Mondeo (sic)”, y también tuvo la oportunidad de subir al departamento de la calle Uruguay “donde había valijas en el pallier y en su dormitorio muchas más. No había nadie en el departamento. Por referencias de Daniel Muñoz –fallecido secretario de Kirchner– esas valijas iban a Santa Cruz. Eran como 20 valijas. Las iban a poner en bóvedas compradas al Banco Hipotecario y que estaban en la casa de los Kirchner en Río Gallegos”.

Se ve que Uberti debía incorporar elementos que no pesarían desde el punto de vista judicial, pero sí servirían como escenografía de color para el periodismo. Por ejemplo, cuenta que Néstor Kirchner le pegaba a sus colaboradores, que ordenó pegarle tres golpes a uno de los hermanos Zacarías, Rubén, porque no le entregó el diario a tiempo o que el fallecido presidente tiraba los paquetes de dinero cuando eran en pesos y no en euros o dólares. Por supuesto que no se privó de mencionar al gran objetivo del juez, Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cuestión no era ajena a la Sra. Kirchner que presenciaba los transportes de dinero”, declaró Uberti. El ex funcionario agregó que en una ocasión, Néstor Kirchner lo mandó a ver al empresario Juan Carlos Relats para que entregue dinero para construcciones o reformas en el hotel Los Sauces. Es una jugada a varias bandas. Relats falleció, imputa a Cristina Kirchner y vincula la maniobra con la causa Los Sauces, que también instruye Bonadio.

En todo el relato que, con las certificaciones y la aceptación de Bonadio totaliza 13 páginas, nuevamente no aparece un testigo vivo ni algún elemento que permita verificar los dichos.

Todos son valijas y bolsos, no hay cuentas, no hay propiedades, no hay sociedades ocultas y habrá que ver si aparecen las famosas bóvedas. En su momento se armó el mismo mito respecto de la casa de Calafate y el propio arquitecto desmintió la versión de la existencia de las bóvedas. Respecto de los bolsos, quien los mencionó fue la supuesta secretaria Miriam Quiroga, cuyos dichos fueron desmentidos por ella misma ante el juez Luis Rodríguez.

Parece claro que en semejante cuadro de coacción, de prisiones arbitrarias y de la falta de una búsqueda rigurosa y silenciosa de pruebas, será muy difícil esclarecer los casos de corrupción. La matriz es la persecución, tapar la grave crisis económica, en lugar de investigar la verdad.













El extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti se había entregado el lunes 13-8 a la Justicia y negoció declarar como imputado-colaborador. El nombre de Uberti reapareció a raíz de la declaración del número 2 de Techint, Luis Benatza, quien justificó el supuesto aporte de miles de dólares a través de Roberto Baratta para pagar virtuales gestiones del gobierno kirchnerista para que Hugo Chávez pagara una indemnización por la estatización de la siderúrgica venezolana Sidor, propiedad de Techint. Benatza, como los demás empresarios cercanos al macrismo, no aportó ninguna prueba y se fue a dormir tranquilo a su casa.

Uberti dejó el gobierno de Néstor Kirchner en agosto de 2007, a raíz de la aparición de 800 mil dólares en un vuelo privado en el que volvieron de Caracas distintos funcionarios. El responsable de permitir que Guido Alejandro Antonini Wilson subiera al avión fue el que estaba a la cabeza de la misión, Uberti, por lo que tuvo que renunciar.

La causa quedó en la nada, porque Estados Unidos nunca permitió que Antonini Wilson declarara en la Argentina. Washington pactó con Antonini que acusara a las autoridades del gobierno de Hugo Chávez, pero nunca justificó de dónde sacó el dinero. Uberti quedó imputado en aquella causa, pero el juez Pablo Yadarola cerró el expediente en junio pasado, señalando que no había pruebas suficientes contra Uberti. 

Habrá que ver qué es lo que declara el ex funcionario, ahora arrepentido, respecto de la negociación con Chávez por Sidor. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo el domingo en Radio 10 que hubo una reunión, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas de 2005, en la que participaron Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y el propio Fernández. El ex jefe de Gabinete afirmó que en esa reunión quedó firme que Venezuela le pagaría a Techint y que la negociación continuaría en forma directa entre Rocca y Hugo Chávez. “En ese momento mismo, intercambiaron teléfonos y la forma de comunicarse. De ninguna manera hubo coima. Es una canallada. Yo estuve ahí”, redondeó Alberto Fernández.



domingo, 12 de agosto de 2018

EL SANTO OFICIO DE COMODORO PY





Yesid Reyes Alvarado es un destacado jurista colombiano. Es hijo de Alfonso Reyes Echandía quien fuera presidente de la Corte Suprema de su país, y fue asesinado por la guerrilla del M-19, junto a otros magistrados. El crimen provocó cambios legislativos radicales: tribunales en las sombras, testigos ocultos, ley del arrepentido.

Lejos del furor de la vendetta, Reyes Alvarado cuestiona las innovaciones que compara con un regreso a los métodos de la Inquisición. Afirma que la obtención de evidencia en la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la prioridad de los derechos individuales de los acusados. Hay jerarquía de derechos… De lo contrario, fulmina, regresan en este siglo las reglas del Santo Oficio.

Corresponde trasladar la prédica a la Argentina, para abordar la causa más famosa de estas semanas. La productividad informativa de un proceso penal no sanea sus vicios:

→ Forum shopping ejercitado por el juez federal Claudio Bonadío para adjudicarse el expediente.

→ Abuso de la prisión preventiva aplicada a granel a todos los sospechosos, sin mediar condena ni siquiera procesamiento.

→ Manejo discrecional de la institución del “arrepentido”, que técnicamente debe llamarse “delator premiado”.

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El encarcelamiento arbitrario se usa para quebrar voluntades. Una nota de la periodista Emilia Delfino en “Perfil” describe el primer recurso del método que practica el juez Claudio Bonadío junto al fiscal Carlos Stornelli. Se titula “El olor a tumba, clave en el operativo ablande de los empresarios arrepentidos”. Comenta que es crucial alojarlos en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La cárcel, lejos del mandato constitucional, es inhóspita con hedor “a vómitos, suciedad, orina y materia fecal” de anteriores reclusos. Así se los ablanda y se ponen en marcha los pactos con los “arrepentidos”.

La norma estipula que para ser arrepentido un ciudadano debe confesar un delito, señalar a otros culpables (de rango superior) aportar pruebas. A cambio de eso podría (se resalta el potencial) obtener una reducción en su condena. Supeditada a que sus dichos sean veraces y las pruebas conducentes. Dicha decisión se toma recién al dictar sentencia.

En los trámites previos (ahorramos tecnicismos y jerga, aspirando a no falsear) se les concede un tratamiento especial, “a cuenta” de lo que se produzca en el proceso, En el que también intervienen otros acusados, con derecho a defenderse y producir prueba.

Bajo esa cobertura, lo que ocurre en Comodoro Py es sideralmente distinto al sistema mencionado. Lo que explica por qué tantos empresarios “confiesan” haber sido víctimas y niegan estar incursos en cohechos (coimas) u otros delitos similares. Supuestamente se meten en un brete al macanear tanto: el aspirante a arrepentido que miente no solo pierde su beneficio, sino que agrega una condena adicional a la que ya corresponde.

Pero los empresarios ablandados no están deveras, comerciando esa condena futura para la que faltan años, acaso un lustro. Negocian el presente bajo la amenaza de quedar encanados ahora: “zafan” de esa presión ilícita. El porvenir es virtual, el presente inquisitorial y fétido los mueve. Pactan quedar afuera ahora, más adelante se verá. Por cierto, del otro lado de la mesa fomentan la burla a la ley.

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Se hace forzoso colar una reflexión. El razonamiento que hacemos goza de bajo rating en los medios dominantes e, intuye el cronista, en vastos sectores de opinión pública.

¿Para qué reconocer derechos humanos a los delincuentes? ¿Por qué no meterlos a la sombra ahora mismo, cuando los dichos de varios testigos son verosímiles? La respuesta es obvia y, tal vez, minoritaria. La enfatizamos, de todas maneras. Porque se supone que rigen la Constitución, el Código penal, la presunción de inocencia. Y revistamos en la tradición penal de Occidente.

La justificación de la tortura es similar a la operatoria que reseñamos, mal que les pese a los flamantes cruzados de la decencia.

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El expediente sigue adelante, obteniendo revelaciones creíbles cuyo impacto político y cultural es inmediato. Por añadidura los “arrepentidos” jamás se retractarían porque se verían implicados en falso testimonio o conductas similares, perdiendo la protección obtenida. Los otros encausados están impedidos de apelar los pactos, porque les son ajenos. Los fiscales, en línea con el Gobierno, seguramente no moverán un dedo.

Los testimonios obtenidos inducen a pensar que hubo cartelización de la obra pública, retornos o coimas, pagos regulares de empresarios a funcionarios. No sería novedad pero eso no exculpa a nadie ni política ni penalmente.

Corresponde pesquisar, permitir defenderse a los sospechosos, procesar y condenar cuando existan pruebas que rebatan la presunción de inocencia. Nada de eso se controvierte acá.

Solo se advierte que con pruebas contaminadas, abusos de poder y violaciones de derechos se genera un precedente tremendo, que posiblemente induzca a vendettas judiciales futuras. Y a repetir la vindicta contra otros rivales políticos, acaso de distinto partidario ideológico al kirchnerismo. La legisladora porteña de izquierda Myriam Bregman alertó: la amenaza puede propagarse para reprimir la protesta social.

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Debería ser iluminador el ejemplo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que se honraron todas las garantías de los acusados. Pero tan noble memoria cae en el olvido. Todo vale en la cruzada continental contra el “populismo de izquierda”.


Por Mario Wainfeld



miércoles, 8 de agosto de 2018

AMADO Y ODIADO






La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente.

También se comprobó que Ciccone no era de Boudou, ni The Old Fund era de Boudou. Lo más sólido de lo que se ventiló alrededor del caso es que el dinero de The Old Fund provino del empresario y financista Raúl Moneta. Y que el management de la Ciccone recuperada estuvo a cargo de Jorge Brito, del Banco Macro. No se aportó ni una prueba de que Brito podría ser el testaferro de Boudou. Su relación es lejana.

Cuando el Estado nacionalizó Ciccone hubo un sólo reclamo de indemnización: el que realizó Raúl Moneta. Prueba de que él puso el dinero.

Finalmente, lo más grotesco: el Tribunal Oral Número 4 (los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, que votó en disidencia) nunca manda a prisión a quienes condena. Respeta el derecho a apelar a Casación, para que la condena tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido por los organismos internacionales. Ni Boudou ni Núñez Carmona tienen condena firme. En este caso no cumplieron con esa tradición, dos de los tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según le explicaron desde Tribunales a la periodista Irina Hauser, “porque los tiempos cambiaron”.

No deben leerse estos casos como hechos aislados. Deben leerse en el marco de la ofensiva judicial-política-mediática que se vive a nivel continental. Es el establishment usando a la justicia para que no vuelva lo que ellos llaman “el populismo”. El emblema es Lula, preso en Brasil. El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a la presidencia.

Los métodos no importan.

Por Raúl Kollmann



El presidente del tribunal oral IV que condenó y envió a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso de la imprenta Ciccone, Pablo Bertuzzi, fue premiado por la tarea cumplida: perseguir opositores. Ahora, tiene allanado el camino para pasar a integrar una de las vacantes en la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los presidentes de sus cuatro salas y la presidencia del tribunal, acordó no oponer reparo alguno al traslado solicitado por el magistrado al Consejo de la Magistratura, que el mes que viene oficializaría el pase, según el cronograma de reuniones de este organismo.

De esta manera, Bertuzzi ocupará luego de setiembre una de las tres vacantes existentes en la cámara de apelaciones por las que pasan todos los casos de corrupción en la administración pública nacional investigados en los doce juzgados de instrucción de los tribunales de Comodoro Py. El actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) se sumará a sus colegas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en la sala I de la Cámara Federal porteña. La sala II tiene a uno solo juez de tres puestos, Martín Irurzun.





martes, 5 de junio de 2018

Tiren contra el Fiscal FEDERICO DELGADO







El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado como sospechoso de haber filtrado información sobre la causa donde investigaba la muerte de 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, en abril de 2016.

Se basó en una denuncia que hizo Víctor Stinfale, uno de los principales acusados y procesados como organizador de la fiesta donde circulaban y se comercializaban drogas sintéticas frente a los ojos de funcionarios del gobierno porteño.

El fiscal Franco Picardi había dictaminado que se debía archivar el tema porque no veía delito alguno. Pero el juez le dio crédito al planteo del abogado y empresario, que dijo que se había enterado de que lo detendrían a través de los medios mientras había secreto de sumario. Además, prometió en televisión: “Me lo voy a cargar fiscal Delgado”. Stinfale tiene procesamiento confirmado por la Cámara pero logró que, además de desplazar a Delgado, el tribunal también apartara al juez federal Sebastián Casanello cuando estaba por elevar la causa a juicio oral con más de 30 procesados.

La causa sobre los hechos y las muertes también la tiene Martínez de Giorgi desde agosto pasado, y quedó casi paralizada. El caso no fue a juicio oral aún, pero el fiscal fue citado como imputado.

Federico Delgado tiene un panorama penal complejo en la actualidad, ya que a la denuncia que le hizo Stinfale por Time Warp, donde ahora la citan por incumplimiento de deberes de funcionario, este año se sumaron otras dos causas penales. Una surgió de una denuncia en su contra que hizo el juez Claudio Bonadio por una presentación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y también lo denunció Jorge “Corcho” Rodríguez. La primera causa la tiene Daniel Rafecas, la segunda, también Martínez de Giorgi. También tiene un sumario abierto en la Procuración. Es una especie de cerco que se configuró en los últimos meses. Coincide también con la publicación de un libro de Delgado que se llama «Injusticia», sobre la trama de funcionamiento de Comodoro Py.

En la causa sobre la fiesta Time Warp, Víctor Stinfale estuvo detenido y cuando salió en libertad fue al programa “Animales Sueltos” y prometió: “Yo me voy a cargar al fiscal Delgado, a él nunca le interesó esclarecer el hecho, con cinco pibes muertos (...) Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado”, prometió. La denuncia penal decía que había violado el secreto de sumario, porque los medios se enteraron de su detención antes que él. El fiscal al que le tocó la denuncia, Picardi, evaluó que la denuncia de Stinfale era producto de su disconformidad en la causa, donde está involucrado, pero que no había un delito penal de por medio. Además, señaló que era imposible determinar si la fuente de la filtración era Delgado porque muchas personas trabajan en el expediente.

La defensa de Delgado también planteó que no era cierto que en las fechas señaladas por Stinfale hubiera secreto de sumario. El 3 de mayo de 2016, que trascendió su detención, no hubo secreto durante el horario laboral de tribunales sino cuando terminaba. Había vencido el día anterior y pasó casi un día hasta que se reanudó. Tampoco regía el 16 de mayo, cuando se conoció el pedido de procesamiento y prisión. Martínez de Giorgi hizo otra evaluación y lo citó para el 19 de junio. “Las pruebas indican que en ese lapso (del 22 de abril al 3 de mayo de 2016) habría revelado información sensible al trámite de la instrucción, reservada a su conocimiento en razón del ejercicio de su función, suministrando a distintos medios de comunicación cauces de investigación y prueba realizada en secreto”, dice la resolución.





Durante la investigación de la Time Warp los organizadores estuvieron presos, entre ellos Stinfale, considerado socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci –presidente de Dell– y Maximiliano Avila –apoderado–. Pero también fueron procesados 30 funcionarios del gobierno porteño y agentes de la Prefectura.

Delgado y Casanello sostuvieron que la fiesta en cuestión era el disfraz de otros negocios, como la venta de drogas sintéticas y de botellas de agua que se cobraban 100 pesos, en un predio habilitado para 13 mil personas, donde entraron 20.500 y había solo tres ambulancias. La imputación fue “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte”. La Cámara luego confirmó los hechos e imputados pero cambió la calificación y puso facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Tras esa decisión aparecieron los prófugos.

Hoy no hay nadie preso, ni juicio en camino. Los familiares esperan los resultados de una pericia sobre las causas de las muertes.

Irina Hauser










martes, 10 de abril de 2018

EL CULEBRÓN DEL CORREO ARGENTINO




Mauricio Macri sigue limpiando el camino judicial para salir bien parado del Escándalo del CORREO ARGENTINO. Ahora logró el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, que interviene en la causa penal iniciada tras el intento de condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial y en la Macri que está imputado. La movida lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, alineado con las directrices del Gobierno, y se produce a los pocos días de que Zoni pidiera una serie de medidas para reimpulsar la investigación.

Zoni interviene en la causa penal que se inició tras conocerse el intento de Macri de CONDONAR más de 70.000 MILLONES de pesos a su familia. Ese día hubo varias denuncias penales en Comodoro Py, que fueron unificadas por el juez Lijo. El fiscal Zoni imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Mocoroa y los directivos de SIDECO, SOCMA y Correo Argentino. A las pocas semanas amplió la imputación a los que aún hoy actúan en la causa por la deuda de la familia presidencial con el Estado y que fueron señalados por la fiscala Gabriela Boquin, la funcionaria judicial que más impulsa las investigaciones sobre este caso, como parte funcional del vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Son la jueza Marta Cirulli y los síndicos del concurso de acreedores de Correo Argentino. Entre ellos, Julio César Rivera, propuesto por Macri para conjuez de la Corte Suprema y para encabezar la reforma al Código Civil y Comercial.




A mediados de marzo, el fiscal Zoni pidió una serie de medidas para intentar que avance la investigación. Lo hizo con pedido de secreto de sumario y aún espera la respuesta del juez Lijo. La intervención de Zoni siempre fue limitada por la sombra latente de este traslado que ahora se concreta y por los manejos del juez ARIEL LIJO, hábil titiritero de expedientes. El resultado: demoras y operaciones cruzadas entre el Gobierno y Lijo, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py. El diario La Nación llegó a publicar que Macri se reunió con el jefe de los espías Gustavo Arribas y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”.




La fiscal Gabriela Boquín denunció un “nuevo intento” del Correo Argentino “para evitar el pago de sus obligaciones, eludir las consecuencias del proceso, dilatar aún más el trámite concursal” –que recordó que lleva 17 años– y “obstaculizar una investigación que no sólo puede hacerse sino que debe efectuarse para respetar el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”. La empresa del grupo Macri busca desde hace meses apartar a la fiscal de una pesquisa sobre maniobras de vaciamiento en favor de Socma y Sideco, también de la familia presidencial, que se habrían producido mientras se cocinaba (e incluso después) el acuerdo con el Estado con el que apostaba a la condonación casi total de su deuda, y que quedó trunco precisamente por la intervención de Boquín. En una presentación del jueves último la fiscal acusó al Correo ante la Cámara Comercial de pretender “obstaculizar” su trabajo al cuestionar sus facultades para buscar pruebas de un posible fraude, desviando “el verdadero foco de atención, es decir, cuál fue la conducta desplegada” por la empresa “y sus controlantes y beneficiarios finales en perjuicio de los acreedores”.

Para entender cómo evolucionó en estos dos últimos años el escándalo del Correo –que en rigor lleva muchos más– hay que recordar que: En febrero de 2017, la fiscal Boquín denunció que a mediados del año anterior la empresa de los Macri había firmado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” con el Estado, al que le debe más de 4.000 millones de pesos, para pagarle un irrisorio uno por ciento y monedas de todo ese paquete con un cómodo plan de pagos hasta 2033.

Era todo tan grosero que el Gobierno tuvo que reconocerlo y dar marcha atrás. Hasta el día de hoy, sin embargo, entre planteos y pedidos de prórroga de la empresa y los representantes estatales, se fue dilatando todo de manera tal que no sólo la deuda sigue impaga sino que tampoco se avanzó en un nuevo acuerdo. En el ínterin, Boquín detectó intentos de vaciamiento en favor de Socma y Sideco Americana, las empresas controlantes del Correo, en los meses anteriores y posteriores al pacto en cuestión. Ella pidió esclarecer aquellos movimientos que podrían implicar conductas fraudulentas en el expediente concursal. Requirió los balances y libros contables de las tres empresas para entender su verdadero estado patrimonial.

El Correo comenzó a atacarla con el argumento de que no tiene facultades supuestamente para investigar ese tipo de cuestiones. La quiere sacar de juego a como dé lugar. Su denuncia, además, había tenido un correlato en los tribunales de Comodoro Py, donde se abrió una causa que en un comienzo apuntó al acuerdo y luego avanzó sobre el vaciamiento. El fiscal que impulsó la causa, Juan Pedro ZONI, y que imputó hasta al presidente Mauricio Macri, fue desplazado el viernes último de su cargo al frente de una fiscalía federal por una resolución del procurador interino, Eduardo Casal, en sintonía con el interés presidencial. Lo mandó a una fiscalía criminal y correccional.

Lo que la Cámara Comercial debe resolver ahora es si hace lugar a un recurso extraordinario del Correo Argentino para que sea la Corte quien opine sobre las potestades de Boquín para indagar en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en medio del concurso de acreedores. La Cámara ya respaldó a la fiscal con anterioridad, pero el Correo insiste en cuestionarla y prolongar la discusión ante la máxima instancia judicial. Si la Cámara hiciera lugar, quedará suspendida toda investigación sobre el vaciamiento hasta que los supremos decidan.


Se suponía que la firma tenía escasa o nula actividad, en incluso figuraba en el registro de sociedades inactivas, mientras negociaba su deuda con el Estado y otros acreedores y, sin embargo, registró movimientos de dinero de las cuentas afectadas al concurso hacia SOCMA y SIDECO. Según recuerda la fiscal en el escrito reciente ante la Cámara la empresa informó sobre “gastos en personal, alquiler y honorarios de directores no justificados ni documentados” para “justificar el retiro de fondos a los que se habría dado un destino incierto”. O, por ejemplo, también aparecieron operaciones llamativas como la compraventa de acciones de la firma Neficor entre Correo y Socma Americana por dos millones de dólares para un negocio automotriz, que no dio dividendos y que –además– tenía nula vinculación con una empresa postal. Lo más impactante es que los retiros de fondo que se concretaron a lo largo de 2016 por cerca de 10 millones de pesos, fueron autorizados por la jueza del concurso, Marta Cirulli, denunciada por Boquín, e investigada también por el fiscal Zoni.


La posición del Correo es que el impulso de la investigación sobre sus manejos presuntamente fraudulentos, sumado a que no se plasmó el acuerdo, le produce un perjuicio patrimonial irreparable. La postura de victimización, la asumió también en un conjunto de demandas donde pretende un resarcimiento por supuestas pérdidas provocadas por la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. El otro eje es que no le reconoce a la fiscal ninguna atribución para impulsar medidas de prueba sobre el vaciamiento que denunció y es un mero “órgano de consulta” y se supone que manda el juez o jueza. Si de este caso se trata, replicó Boquín, la jueza debió hacer cumplir los plazos de la ley y “ello claramente no fue respetado en estos actuados pues el proceso lleva ya cerca de 17 años” y “no debería durar más de dos”. “La concursada -agregó la fiscal-se benefició con una prolongación indebida y extraordinaria de los plazos procesales”. El Correo decía que ella al querer desentrañar el vaciamiento “ocasiona una complejidad al procedimiento sin justificación”.

“Esta fiscal no entorpece el procedimiento sino que la concursada (Correo) pretende obstaculizar la función de la fiscalía”, advirtió Boquín en su presentación. En el escrito, además, enumera todos los tramos de la Ley de Ministerio Público Fiscal que le permiten ofrecer pruebas e investigar posibles anomalías. Algunos párrafos son contundentes: “Con la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal no se pretende defender los intereses del Estado sino el orden público, el interés general y la legalidad (…) ¿Qué pretendía la concursada? Que luego de advertir serias irregularidades denunciadas no actuara y omitiera todo pedido de prueba? Ello es imposible, me lo impide mi responsabilidad funcional, el juramento que realicé en el momento que asumí (…) y mi compromiso con la ley y los intereses generales de la sociedad”. Su “responsabilidad para dilucidar los hechos” surge –según sostiene– de haber notado irregularidades que enumera: “abuso y fraude procesal, incumplimiento del as normas y de la cosa juzgada, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces”. El Correo “pretende que no se investiguen los hechos denunciados por esta Magistrada y apela las medidas de investigación dispuestas trayendo confusión acerca del rol institucional” de los fiscales y sus posibilidades de actuación en este caso.

La fiscal Boquín hace un repaso desde que se presentó el concurso el 19 de septiembre de 2001 hasta el día de hoy en que “todavía no fue homologado un acuerdo ni decretada la quiebra”. La quiebra arrastraría a las controlantes de la familia Macri: SOCMA y SIDECO.

En 2004, la Cámara ordenó abrir el “salvataje”, por lo que concluía el llamado “período de exclusividad” en que la empresa concursada oferta formas de pago de sus deudas. Pero Correo pidió prorrogar el período de “exclusividad”. Lo pidió en julio de 2005 y luego un año después otra vez. En 2007, y a contramano de lo que había dicho la Cámara, la jueza hizo lugar. Lo abrió por 60 días, pero fueron tres años. En 2010, hace lo que ya había ordenado el tribunal de alzada y propicia el salvataje y el Correo apeló. “Durante todo el trámite la representación del Estado consintió las irregularidades”, remarca la fiscal. Todo siguió igual hasta 2016 cuando el Estado aceptó la propuesta del Correo para deshacerse de su deuda casi sin pagar un peso.

Boquín recuerda que no solo el representante estatal, como acreedor, dio conformidad. Aparecieron 354 conformidades presentadas por 14 apoderados, muchos de los cuales eran a la vez directores de Correo Argentino.


Cuando Macri dijo que todo volvería a “foja cero”, lo hizo para transmitir que el acuerdo perjudicial para las arcas públicas sería revisado y la empresa familiar debería saldar su deuda de manera razonable después de tantos años de bicicleta. Pero parece que todo era más literal, porque el proceso está estancado, como si estuviera en cero. Hubo artilugios, como un pedido de prórroga del propio Estado a la espera supuesta de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que recién fue entregado ahora y cuyos tramos críticos quedaron excluidos. El resto es inocuo. Y ahora todo está enfocado a frenar los fiscales que tuvieron expresiones concretas sobre las abrumadoras irregularidades del caso. Zoni, en Comodoro Py, está en la cornisa pero va a cuestionar la decisión de desplazarlo y eso podría derivar en una causa en el fuero contencioso; Boquín intenta pelearla con un dictamen lapidario, que espera respuesta.

Irina Hauser







domingo, 8 de abril de 2018

SERGIO MORO, EL AMIGO AMERICANO





El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pidió la detención del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en un curso con una delegación estadounidense en 2009. Según el documento que fue revelado por el medio de filtraciones WikiLeaks, el encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes) buscó “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.”

Jueces federales y fiscales de los 26 estados brasileños y del distrito federal, y más de 50 agentes de la policía federal de todo el país participaron de la conferencia que duró una semana y que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro. También se hicieron presentes en el seminario representantes de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay.

El nombre de Sergio Moro fue uno de los pocos que se mencionaron en el documento, hecho que habla de la importancia que tuvo el juez en el encuentro. “El juez federal especializado en lavado de dinero, Sergio Moro, mencionó los 15 problemas más comunes que él ve en los casos de lavado de dinero en las cortes brasileñas”, explica el informe. Luego, detalla que los presentadores estadounidenses comentaron, a partir de la presentación de Moro, varios aspectos respecto a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo cooperación internacional formal e informal, confiscación de activos y acuerdos de culpabilidad. Además, mencionaron el uso de interrogación directa como herramienta y sugerencias de cómo tratar con ONG sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito.




Por otro lado, los redactores del documento se jactaron de haber tenido un pequeño triunfo, puesto que los miembros del sector judicial brasileño adoptaron sin problemas el término terrorismo –impuesto por los estadounidenses– para hablar de problemas en su territorio, en lugar de utilizar “crímen trasnacional”, que era tradicionalmente usado por el Ejecutivo. Así, se explica que al comienzo de la conferencia, la coordinadora para el contra-terrorismo, Shari Villarosa, habló en sus declaraciones iniciales directamente sobre terrorismo y el financiamiento ilícito del terrorismo, enfatizando que dicho financiamiento es un problema global que debe ser discutido de manera global. A continuación, se lee en el informe: “En lugar de discutir estas afirmaciones como usualmente pasa al tratar con el ministerio de relaciones exteriores de Brasil o con miembros del Poder Ejecutivo, los representantes del sector judicial en la conferencia encontraron que el tema era extremadamente interesante e importante”. Más aún, continúa, se mostraron verdaderamente entusiasmados al pedir entrenamiento de seguimiento relacionado al tema. “Claramente los jueces federales, fiscales y profesionales de las fuerzas del orden estaban menos preocupados por el campo de minas político en torno al tema y más genuinamente interesados en aprender como encarar mejor el proceso judicial en la lucha contra el terrorismo”, sentencia el documento en clara crítica al gobierno de Brasil.

Los delegados estadounidenses destacaron así que el sector judicial del país sudamericano estaba muy interesado en abordar, según sus palabras, más proactivamente la lucha contra el terrorismo, pero que necesitaba de las herramientas y el entrenamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, proponían que el entrenamiento debería ser a largo plazo y coincidir con la formación de equipos de trabajo para dicho entrenamiento. Además, y esto resulta llamativo, sugerían que San Pablo, Campo Grande o Curitiba fuesen las locaciones. El juez Sergio Moro es Juez Federal de la 13.ª Sala Criminal Federal de la ciudad Curitiba, estado de Paraná. No obstante, se desconoce si el mencionado entrenamiento fue efectivamente llevado a cabo.

Otro de los ejes que se destacaron en el informe entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos y filtrado por WikiLeaks, fue el ansia por parte de los miembros del poder judicial y de las fuerzas de tratar con los estadounidenses temas internos, en torno al sistema legal brasileño: “Los participantes brasileños buscaron a los representantes estadounidenses a lo largo de toda la conferencia para discutir cómo mejorar el sistema legal de Brasil, especialmente en el área de investigaciones y enjuiciamientos financieros complejos”. Como puede leerse en el documento, los miembros de la delegación de Estados Unidos no ocultaron su satisfacción al ser consultados sobre estos asuntos.

El informe cierra exclamando el rotundo éxito que supuso la conferencia, no sólo por la concurrencia sino también, según dijeron, por reconocer que el término “terrorismo” no es un tabú para los profesionales que tienen que prepararse para lo peor.

Página 12





jueves, 5 de abril de 2018

"DEVUÉLVANME MI INOCENCIA"






En los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de LULA, descontando una decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a LULA, sugiriendo un quiebra del consenso de CURITIBA que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente absurdo, de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos–. Nadie tiene dudas de que el juez SERGIO MORO es un adversario político feroz de LULA, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatoria, que frecuenta, de forma amigable, fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan siquiera acusado por el juez y sus colegas.

El clima era de gran expectativa. Una Revista semanal de la derecha advertía que si LULA recibía el hábeas corpus se terminaba el caso Lava Jato, confesando que ese operativo anticorrupción dependía de la violación de la Constitución que dice expresamente que la prisión de un acusado solo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, había anticipado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el hábeas corpus.

En los días previos a la sesión del 4 de abril, los medios habían usado todos sus recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde el anuncio de movilizaciones de docenas de personas como si fueran miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula. Quedó claro que solo por la vía judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil.

Como elemento nuevo, oficiales de las FF.AA. pasaron a manifestarse abiertamente en favor de la prisión de Lula. Hasta el mismísimo comandante en jefe del Ejercito se sumó al coro, diciendo que la institución no aceptaría que la Justicia sea tolerante con la corrupción. Sus dicho representan la repolitización de las FF.AA., que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los as de 20 anos de dictadura. “Intolerancia con la corrupción” debería significar la anulación esa amnistía y el pasar a juzgar a todos los crímenes de la dictadura. Pero ahora es solo una frase que se sumar a la persecución política de Lula y nada más.

           El Supremo tribunal federal trató el pedido de hábeas corpus presentado por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva para que el expresidente permanezca libre hasta agotar las apelaciones a la condena proferida por el juez Sergio Moro, de la primera instancia de Curitiba, luego confirmada por los camaristas del Tribunal de alzada de Porto Alegre en la causa Lava Jato. 
       
           El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da SIlva y sostuvo que la Corte Suprema "rasgó la Constitución" al rechazar por 6 a 5 un hábeas corpus para evitar su detención.
       
           Desde hace prácticamente un año el régimen encabezado por Michel Temer, vacío de legitimidad y enlodado por escándalos probados de corrupción, comenzó a ceder espacios de poder a los militares. Uno de sus cuadros, el general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, amenazó con un alzamiento armado si la Corte se pronunciara por la libertad de Lula . Incluso el jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, se pronunció en Twitter contra “la impunidad”, un eufemismo con el que fijó su posición a favor del encarcelamiento del ex presidente.    

Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la red Globo. En una editorial, ese medio criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública por aceptar la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer y Aecio Neves, entre otros, mientras que, súbitamente, muestran preocupación por el caso de Lula.

El clima ha vuelto a ser tenso en Brasil y en todo el país, fomentado por los medios, en particular por la red Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con la amenaza del golpista del comandante en jefe del Ejército - antes de decir lo contrario al día siguiente.

En ese clima el STF falló en contra de Lula. Caben todavía recursos y, aun siendo rechazados, como se espera, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción, por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas, como lo han confirmado sus Caravanas por todo el país.

Una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que acaba de ir a subasta, con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria del inmueble. con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político.

Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí a que, a lo mejor, no se atrevan, pero mantengan lo que más le importa a la derecha brasileña: tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia del país.

Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus





sábado, 10 de marzo de 2018

EL BESO PROHIBIDO




Rocío Girat y su esposa Mariana Gómez

El viernes 9-3, pocas horas después de la movilización y paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans del 8M, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional –integrada por los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida el 2 de octubre pasado en el Centro de Trasbordo del Subte C en Plaza Constitución.

Aquel día, Mariana y su esposa, Rocío Girat, se resguardaron de la lluvia bajo el techo vidriado del Centro de Trasbordo y permanecieron conversando, besándose y fumando. Muchas otras personas fumaban en ese sector. Varios minutos después, el empleado de Metrovías José María Pérez y el policía de la Ciudad Jonatan Rojo le exigieron a Mariana que apagara el cigarrillo. Según declaró Mariana Gómez, el policía la llamó despectivamente “pibe” más de una vez y cuando ella aceptó apagar el cigarrillo, la obligó a permanecer en el lugar mientras le ordenaba: “Pibe, vas a ser detenido”. Los cargos que se le imputan son “resistencia a la autoridad y lesiones graves” por no acatar el arresto y por la pérdida de cabello que sufrió la policía femenina Karen Villareal, quien participó en la detención.

Durante el arresto, Mariana Gómez intentó escapar y defenderse de la violencia física de los oficiales. El policía Jonatan Rojo declaró en el expediente que “le pedí a la señora Gómez que no podía retirarse, ella me contesta que éramos masculinos y no podíamos tocarla y ahí me enfrenta y me da un golpe con su pecho”. Por el contrario, Mariana Gómez señaló que fue el policía quien intentó retenerla tocándole un pecho. Acerca de la pérdida de un mechón de cabello que sufrió la oficial, la defensa sostiene que se produjo cuando el policía Rojo arrojó al piso a la detenida, que intentó sostenerse del primer elemento que encontró a mano, para no caer.

Una vez reducida por los policías, Mariana Gómez fue trasladada a la División Subterráneos de la Policía de la Ciudad, ubicada en la estación Boedo de la línea E. Dentro de un calabozo la obligaron a desnudarse y tres oficiales femeninas la requisaron. Le ordenaron ponerse en cuclillas y exhibirles sus cavidades corporales. Permaneció detenida durante 8 horas.

Pocos días después de este episodio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó –en el programa de Mirtha Legrand– su apoyo a la policía en este procedimiento, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación respondió con un nuevo Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI.

Según denuncia la comunidad LGBTI, este nuevo protocolo avanza contra derechos y libertades civiles. El protocolo prohíbe “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves”. Graves son los que dejan secuelas permanentes. De manera tal que los dolores y sufrimientos que no causan ese tipo de secuelas ahora están permitidos durante la detención. Esos sufrimientos son los que llevan a las personas detenidas a ejercer resistencia al arresto y así se configura fácilmente la figura penal.

Con el fallo dictado ayer, la Sala 6 confirmó el procesamiento dictado el 29 de diciembre por la jueza María Fontbona de Pombo. La defensa de Mariana Gómez, a cargo del abogado Lisandro Teszkiewicz, fue notificada del fallo recién el 1º de febrero. La orden de la jueza era notificar después de la feria judicial. “No tuvimos ese mes para analizar la apelación”, declaró en esa oportunidad Teszkiewicz a Página 12. Ahora será nuevamente la jueza Fontbona de Pombo la encargada de dictar sentencia.

El martes 27-2, tuvo lugar la audiencia de apelación ante la Sala 6. Por la Sala habló solamente el juez Lucini. Los magistrados escucharon los argumentos de la defensa, pero se negaron a aceptar el alegato de la abogada Luciana Sánchez sobre los estereotipos de género que usó en su fallo la jueza Fontbona de Pombo. Sánchez se presentó como amicus curiae por la organización Colectivo para la Diversidad (COPADI). Tampoco escuchó al defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella.

Pero lo que causó estupor entre el público asistente a la audiencia –mayoría absoluta de integrantes de agrupaciones feministas y de lesbianas– es que los jueces no permitieron hablar a Mariana Gómez. “En estas audiencias nunca se escucha a los imputados”, dijo el juez Lucini.

A la salida de la audiencia, Mariana Gómez se abrazó a su hermano y luego declaró al suplemento Soy de Página 12: “No me permitieron hablar en la sala. Entonces voy a compartir con ustedes lo que iba a expresar ante el tribunal. Quería decirles que comparen mi procesamiento con el de mis abusadores (Mariana Gómez fue abusada durante años por su padrastro y el padre de éste). Por esta situación absurda, a mí me procesan en menos de cuatro meses. Yo denuncié a una persona por haberme violado durante 16 años y tardaron un año y medio en procesarlo. Cuando me llevaron a la comisaría del subterráneo, me sentí violada de nuevo. Me hicieron mostrarles mis partes íntimas a tres policías femeninas. Me da bronca, porque desde que tengo conciencia ningún juez me dio oportunidad de nada”.

A horas de la manifestación del #8M y del documento en el que –entre otros puntos– se condena la violencia institucional contra las lesbianas, las palabras de Mariana Gómez sacuden los estantes donde descansan tomos de doctrina y jurisprudencia, y conducen los ecos de la gigantesca marea feminista que llenó de verde y violeta y arcoíris las calles argentinas, a las frías salas de los tribunales.

Ninguna de estas voces se oyen en el fallo judicial. En ningún momento se permite ingresar el argumento del trato discriminatorio desde el primer minuto de la detención. El caso debe volver al despacho de la jueza Fontbona de Pombo, quien no permitió que Rocío Girat –testigo y víctima del accionar policial– declarara en la causa.

Durante la detención de su esposa, y cuando pedía que no lastimaran a su pareja y le dijeran a qué lugar la iban a llevar detenida, los policías le exigieron que les mostrara el certificado de matrimonio, algo que no se exige a ninguna persona heterosexual. En los papeles que llenaban mientras detenían a Mariana Gómez, Rocío pudo ver que consignaban que era “soltera”.

Otro detalle significativo de la audiencia. El abogado Lisandro Teszkiewicz solicitó al tribunal que se permitiera a Rocío Girat asistir a la audiencia cerca de la defensa, en su calidad de esposa. La invitan a ingresar a la sala llamándola “señorita Rocío”. Esta vez la Justicia, en una actitud ambigua, le negó a Rocío Girat el trato de esposa.

Del fallo firmado por los jueces Lucini y González Palazzo se destaca el pasaje donde describen cómo un testigo salía de la estación de trasbordo y, al notar lo que ocurría, lo filmó en parte. El tribunal sostiene que el testigo (de apellido Bertacchini) dijo que no escuchó que explícitamente se refirieran a Mariana Gómez como un varón. “Pero por la forma en que la trataban, me dio esa sensación”, había declarado Bertacchini en la causa. El tribunal desestimó esta apreciación del testigo. “Es carente de todo sustento”, escribieron los jueces de Cámara en el fallo.

De la parte previa a este momento, no hay constancia en video. Y difícilmente podría ser de otra manera. A nadie le llamaría la atención ver a un policía con dos mujeres jóvenes. Sí llaman la atención los gritos durante una detención. Por eso existen documentados en video de esta parte del procedimiento policial. Los jueces dicen que “ninguna prueba sustenta que (el empleado de Metrovías y el policía Rojo) se percataron de su ‘elección sexual’ y no aceptaban que se besaban”. Hasta ahora ningún juez tuvo en cuenta el testimonio de Rocío Girat. “La jueza Fontbona de Pombo se negó a que la esposa de Mariana declare en la causa”, dice el abogado Teszkiewicz.

En otro apartado, Lucini y González Palazzo sostienen que “la pretensión de la defensa en justificar los golpes que propinó Gómez a los policías, a través de una cuestión de género, parece tener como único propósito desviar del foco de atención del no acatamiento de la indicación dada por Pérez y Rojo de cesar con la infracción a la norma que dispone la prohibición de fumar en lugares públicos”. Aquel mediodía del 2 de octubre pasado, decenas de personas atravesaban los molinetes de la línea C en Plaza Constitución y encendían un cigarrillo. La única interpelada fue Mariana Gómez. Lo que diferenciaba a Mariana del resto es que había estado besando a su esposa.













jueves, 8 de marzo de 2018

El Ministro Germán Frankestein y la Justicia en Pedazos






El Gobierno creó por decreto una comisión para reformar el Código Civil y Comercial, a solo dos años de que se haya implementado la nueva norma. Los criterios de selección de los integrantes de esa comisión no dejan de ser llamativos. La integrarán la hija de la camarista que tiene parada la causa por el Correo Argentino, que involucra a la familia del presidente Mauricio Macri, y también un síndico en la causa del Correo que antes fue abogado de empresas del Grupo Macri como Socma. Incluso fue abogado de Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. En su momento, ese abogado fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquin por incompatibilidad en el cargo que ocupa, en el que se supone que debe velar para que el Grupo Macri pague la deuda multimillonaria que sigue teniendo con el Estado.

Con la firma de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, el decreto 182/2018 indicó que se creará una comisión para modificar parcialmente el Código Civil, que generará una anteproyecto en seis meses.

“Se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción”, dice el decreto. En el Ministerio de Justicia no dieron más detalles de cuáles aspectos son los que se buscarán cambiar. “Serán unos 20 artículos”, dijeron, sin más precisiones.

En Tribunales, interpretaron la decisión como una “devolución de gentilezas” al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien impulsó la reforma anterior del Código Civil. En las comisiones que convocó la Corte por la reforma judicial no se hablaba de otra cosa en los coffee break: todos interpretaban que el oficialismo quiere mojarle la oreja a Lorenzetti.

El Gobierno argumentó en el decreto que un grupo de especialistas del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado habían propuesto hacer modificaciones en el Código Civil. Ese programa lo dirige Agustina Díaz Cordero, que formará parte de la comisión de reforma. Se trata de la hija de la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien tiene parado hace tiempo el expediente por la deuda del Grupo Macri con el Correo argentino, como denunció la fiscal Boquin. Es, además, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

La hija de la camarista ya recibió anteriormente las atenciones de Macri: el Presidente la incluyó en una terna en el Senado para jueza civil, pese a que había quedado en el puesto 17 en el concurso (era la peor calificada de la terna, por lejos). Le fue mejor que en otro concurso para ser jueza comercial, en el que quedó en el puesto 32.

En el primer concurso, entre las jurados estaba la camarista Graciela Medina, que es esposa de Julio César Rivera, otro de los que integrará la comisión de redacción del próximo Código Civil. Rivera fue apoderado de diversas empresas del Grupo Macri, entre ellas Transmetro S.A. y Saframa, y patrocinó a Macri en su divorcio con Menditeguy en 2005. Macri lo propuso como conjuez de la Corte Suprema. No obstante, Rivera también es abogado de la Sindicatura General en la causa del Correo Argentino. La fiscal Boquin lo denunció por incompatibilidad, dado que como síndico debía buscar que el Grupo Macri pague: un ex abogado de ese grupo no parecería ser la persona indicada para el trabajo. Boquin indicó que la sindicatura tuvo posturas contradictorias con su deber.

Además de Rivera y Díaz Cordero, la comisión estará integrada por Ramón Daniel Pizarro, Marcelo Alejandro Rufino y Diego Botana. Este último había sido propuesto por el radical Ernesto Sanz para ocupar un puesto en la procuración del Tesoro, pero Carlos Balbín lo rechazó porque detectó posibles conflictos de interés. El otro candidato que proponía Sanz terminó siendo su reemplazante: Bernardo Saravia Frías, quien también fue abogado del Grupo Macri. Entre los antecedentes de Botana figura haber sido “expert witness en los Tribunales de Quiebras de la Ciudad de Nueva York en materia de derecho concursal argentino, en procesos de reestructuración internacional de deuda”, es decir, haber participado en el tribunal de Thomas Griesa. Ahora se ocupará del Código Civil.




MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 182/2018

Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación. Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-34797815-APN-DDMIP#MJ, la Ley N° 26.994, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.994 se aprobó el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015.

Que transcurridos DOS (2) años de la entrada en vigencia del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción.

Que un equipo de especialistas convocados y reunidos en el ámbito del “PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHO PRIVADO”, creado por la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 441 del 24 de junio de 2016, trabajó en la iniciativa “Observatorio del Código Civil y Comercial” del “PROGRAMA JUSTICIA 2020” ambos en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio y concluyó que resulta necesario efectuar ajustes puntuales al Código vigente.

Que atento lo expuesto, resulta necesaria la creación de una Comisión que lleve a cabo la actualización de la legislación nacional en materia de derecho privado, integrada por reconocidos juristas en la actividad académica, doctores Julio César RIVERA, Ramón Daniel PIZARRO, Diego BOTANA, Agustina DIAZ CORDERO, quien se desempeñara como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los mismos desarrollarán su tarea con carácter “ad honorem”.

Que dicha Comisión tendrá como objetivo principal la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Que a su vez, corresponde establecer que la citada Comisión dictará su propio reglamento de funcionamiento, y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital de éste, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad.

Que para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que tendrá a su cargo el dictado de las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten pertinentes.

Que ha tomado intervención el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS la “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN”, la que tendrá a su cargo la elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL de un anteproyecto de ley de modificación parcial del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en el plazo de SEIS (6) meses a contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión.

ARTÍCULO 2°.- La Comisión creada por el artículo 1° estará integrada por los doctores Julio César RIVERA (D.N.I. N° 7.606.530), Ramón Daniel PIZARRO (D.N.I. N° 11.187.062), Diego BOTANA (D.N.I. N° 21.831.349), Agustina DÍAZ CORDERO (D.N.I. N° 25.096.105), quien se desempeñará como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO (D.N.I. N° 14.886.709), quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los miembros de la Comisión desarrollarán su tarea “ad honorem”.

ARTÍCULO 3°.- La “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN” dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital del Programa, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad.

ARTÍCULO 4°.- Para el cumplimiento de su cometido la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el que dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para el cumplimiento del presente acto.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Germán Carlos Garavano.

e. 07/03/2018 N° 13906/18 v. 07/03/2018

Fecha de publicación 07/03/2018





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