viernes, 15 de agosto de 2014

CABLEVISIÓN SE BURLA DE LA LEY Y LOS JUECES





Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (afsca), , sostuvo hoy que la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, “está obligada a cumplir la grilla y tiene una multa por incumplimiento que no paga”.

En declaraciones a CN23, Sabbatella se refirió a las denuncias presentadas por desobediencia y estafa procesal contra la empresa de Clarín. Esta última denuncia llegó luego de que, de acuerdo al organismo oficial, Cablevisión falseara documentación ante la justicia para decir que en la actualidad cumple la grilla. “Están obligados a cumplir la grilla y decimos que hay estafa procesal porque están engañando a la Justicia”, remarcó el funcionario.

“Un juzgado de la Ciudad dijo que hay que cumplir la grilla y estableció que tienen que pagar 20.000 pesos por día, después la Cámara lo ratificó”, dijo Sabbatella.

A Cablevisión S.A. se lo denuncia por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y tentativa de estafa procesal. La denuncia penal es fruto del incumplimiento por parte de esa compañía de una parte sustancial de la grilla de señales televisivas establecida por AFSCA en el marco del cumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La empresa, con capital mayoritario del Grupo Clarín y que aún detenta más de dos tercios del mercado argentino de televisión por suscripción, no acató totalmente las resoluciones del organismo, aún cuando el 16 de mayo de 2012 el Juzgado Contencioso Administrativo n° 9 ordenó el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el art. 65 inc. 3 b del Decreto 1225/10 y artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la resolución 296-AFSCA/10. Esas normas son las que establecen qué señales televisivas y en qué ubicación de la grilla deben ser incluidas obligatoriamente por los prestadores de servicios de televisión por suscripción.





Ante la negativa reiterada por parte de Cablevisión S.A. a cumplir con la grilla establecida, la Cámara de Apelaciones de ese fuero fijó, el 6 de junio de 2013, una sanción conminatoria, conocida como astreintes, de $ 2.000 de multa por cada día de incumplimiento de la orden judicial.

En la denuncia presentada hoy se señala que “Cablevisión S.A. deliberadamente incumple la Ley nº 26.522 y su Decreto Reglamentario nº 1225/10 en cuanto al ordenamiento de su grilla de programación; deliberadamente incumple las resoluciones de esta Autoridad Federal que regulan la actividad (Resolución 296-AFSCA/10); deliberadamente incumple una medida cautelar dispuesta por un juez de la Nación que la obliga a respetar la ley y sus resoluciones, ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y por la mismísima Corte Suprema; y deliberadamente incumple la sanción conminatoria que le ha impuesto el juez de la causa para que sea respetada su decisión".







domingo, 27 de julio de 2014

LOS MUERTOS DE OBAMA EN GAZA





Obama must be held accountable for Gaza atrocities
"Obama debe responder por el genocidio palestino"

(exembajador de Sudáfrica en Cuba)


The world must hold the President of the USA Barrack Obama accountable for the barbaric acts of genocide against the people of Palestine.

The world nation states have a moral obligation to hold the President of the USA Barrack Obama accountable to the barbaric acts of genocide against the people of Palestine. We have to challenge the hypocritical and treacherous leadership role of the US led imperialism in the arena of the international politics.

    "Los Estados nación del mundo tienen la obligación moral de cuestionar al Presidente de los EE.UU., Barack Obama, como responsable ante los actos de barbarie de genocidio contra el pueblo de Palestina. Tenemos que cuestionar el papel de liderazgo hipócrita y traidor de los EE.UU. que condujo al imperialismo en el ámbito de la política internacional".

The people of the world can no more be spectators when a handful leaders of the superpowers are violating fundamental laws which are a guarantee to international peace and stability. The truth is that President Barrack Obama has the skeletons of the innocent lifes of the Palestinians massacred by the vicious racist state of Israel in his cupboard.

    "Los pueblos del mundo no deberían continuar siendo simples espectadores cuando un puñado de líderes de las superpotencias están violando las leyes fundamentales que garantizan la paz y la estabilidad internacionales. La verdad es que el presidente Barack Obama tiene en su armario los cadáveres de los inocentes palestinos masacrados por el Estado racista y despiadado de Israel"

The President of the USA has all the powers vested in him to stop the carnage of reign of terror and manslaughter of innocent people in the occupied territories of the GAZA strip. The fascist government of Israel is the colonial outpost of the US led imperialism in the middle east.

    "Los poderes que le han sido otorgados al presidente de EE.UU. le permiten detener la carnicería del régimen de terror [israelí] y el homicidio de personas inocentes en los territorios ocupados de la Franja de Gaza. El Gobierno fascista de Israel es el puesto avanzado colonial de EE.UU., que llevó el imperialismo en Oriente Medio"

When he was elected the first black President ever in the history of the American politics, the millions of our suffering people became overwhelmingly hopeful that the world would no more be the same again. Little did we appreciate that his was just an election of another chief operation officer of the US led imperialism.

The people of the world were naive to assume that his election was a turning point and the beginning of a new era for the transformation of the USA into a modern state of the 21th century. A modern state of our times whose its foundations are based on the fundamental values of the respect of human rights.

We thought that the descendant of the african slaves in the American hemisphere, President Barrack Obama, would equal the task of making the world a better place for humanity. We thought his foremost task would advance to bring humanity together in the building of a new world social order.

The US administration under President Obama has become worst than ever before. It is even worse than the times when the world was plunged into the first and the second world wars.

The continuing ground and aerial bombardment of the innocent population in the GAZA strip by the fascist regime of Israel is the declaration of war to the peace loving people of the world. It has indeed a catastrophic consequences on the immediate possibilities for international peace and stability.

    "la ofensiva terrestre y los bombardeos aéreos contra la población inocente en la Franja de Gaza por parte del régimen fascista de Israel, patrocinado por el Gobierno de Obama, son una declaración de guerra para las personas amantes de la paz en el mundo. De hecho, tiene unas consecuencias catastróficas sobre las posibilidades inmediatas de paz y estabilidad internacionales".

Indeed historical events have proven that by its nature and character imperialism is the most hostile and aggressive against human life. It is gruesomely awesome, it kills without mercy and has no regard to the respect of human life.

The Obama administration is sponsoring the fascist government of Israel with massive financial support to sustain the implacable acts of genocide against the people of Palestine. His administration is responsible for the starvation, degradation and humiliation of the millions of innocent people of the independent state of Israel.

    "El gobierno de Obama está patrocinando el gobierno fascista de Israel, con el apoyo financiero masivo para sostener los actos implacables de genocidio contra el pueblo de Palestina. Su administración es responsable de la hambruna, la degradación y la humillación de los millones de personas inocentes del Estado independiente de Israel"

The reason why the world must hold the sitting President of the USA Barrack Obama accountable to the atrocities and crimes against humanity perpetuated against the innocent people of Palestine.

In 1860 the American Republican convention included in their electoral platform, on which Abraham Lincoln ran for President, the following statement

    En 1860 la convención republicana estadounidense incluyó en su programa electoral, en el que Abraham Lincoln se postuló para presidente, la siguiente declaración...

"We brand the recent re-opening of the African slave trade, under the cover of our national flag, aided by the perversions of judicial power, as a crime against humanity".

    "Nos Marca la reciente reapertura del comercio de esclavos africanos, bajo el manto de nuestra bandera nacional, con la ayuda de las perversiones del poder judicial, como un crimen contra la humanidad".

In 1890, George Washington Williams used the phrase "a crime against humanity" describing the treatment of the Africans in the Congo basin under King Leopold II of Belgium.

    En 1890, George Washington Williams usó la frase "un crimen contra la humanidad", que describe el tratamiento de los africanos en la cuenca del Congo por el rey Leopoldo II de Bélgica.

During the first world war, the allied powers issued a joint statement announcing for the first time a commission of the crime against humanity in response to the Armenian genocide. The Ottoman government was warned of the personal responsibility of the acts of crime against humanity during the war.

    Durante la primera guerra mundial, las potencias aliadas emitieron un comunicado conjunto anunciando por primera vez una comisión del delito contra la humanidad en respuesta al genocidio armenio. El gobierno otomano fue advertido de la responsabilidad personal de los actos de crimen contra la humanidad durante la guerra.

In the year 1976, the united nation general assembly declared the systematic persecution of one racial group by the other, such as the one perpetuated by the Apartheid South Africa, a crime against humanity.

    En el año 1976, la asamblea general de las Naciones Unidas declaró que la persecución sistemática de un grupo racial por otro, como el que se perpetúa por la Sudáfrica del apartheid, es un crimen contra la humanidad.

This historic declaration come into being against the background of the USA sponsoring the vicious racist Apartheid regime to unleash a civil war against the innocent people in the Southern tip of our continent.

Millions of people were massacred in Angola, Namibia, Zambia, Mozambique, Lesotho, Botswana as the USA led imperialist forces fought against the liberation movement in the region.

The Rome Statute of the International criminal court defines crimes against humanity as:

    El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los crímenes contra la humanidad como:

Particularly odious offenses in that they constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part of either of a government policy or a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or a de facto authority.

    Delitos particularmente odiosos en que constituyen un grave atentado a la dignidad humana o la grave humillación o degradación de los seres humanos. No son hechos aislados o esporádicos, sino que forman parte de una política gubernamental o una amplia práctica de atrocidades toleradas o condonadas por un gobierno o una autoridad de facto.

Murder, extermination,torture,rape, political, racial, or religious persecutions and other inhumane acts reach a threshold of crime against humanity only if they are part of a widespread systematic practice".

    Asesinato, el exterminio, la tortura, la violación, las persecuciones políticas, raciales o religiosas y otros actos inhumanos alcanzan un umbral de crimen contra la humanidad sólo si forman parte de una práctica sistemática generalizada.

Even if the USA is not a signatory to the Rome Statute, in solidarity with the people of Palestine, Cuba, SAHARAWI, and many of the victims of the US led imperialism across the world, the world nation states must hold the President of the USA, Barrack Obama accountable for crimes against humanity.

    Aún si los EE.UU. no es signatario del Estatuto de Roma ─en solidaridad con el pueblo de Palestina, Cuba, SAHARAUIS, y muchas de las víctimas que los EE.UU. llevó con el imperialismo en todo el mundo─, los Estados nacionales del mundo deben mantener al Presidente de los EE.UU., Barack Obama, como responsable de crímenes de lesa humanidad.

The horrible acts of genocide by the Israel government is a systematic violations of the fundamental rights of the people of Palestine. The President of the USA is obliged to protect the dignity and the fundamental rights of the Palestinian people.

    Los horribles actos de genocidio por parte del gobierno de Israel son violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los habitantes de Palestina. El Presidente de los EE.UU. tiene la obligación de proteger la dignidad y los derechos fundamentales de la población palestina.

President Obama still has an opportunity to rewrite a new chapter in the history of the world. He still has a moral responsibility to give the people of Palestine and many others across the world the freedom and dignity they deserve.

    El presidente Obama todavía tiene una oportunidad de volver a escribir un nuevo capítulo en la historia del mundo. Él todavía tiene la responsabilidad moral de dar al pueblo de Palestina y muchos otros en todo el mundo la libertad y la dignidad que se merecen.


Phatse Justice Piitso is the former Ambassador to the republic of Cuba and the former provincial secretary of the SACP writing this article on his personal capacity. (exembajador de Sudáfrica en Cuba)



al centro, Phatse Justice Piitso, exembajador de Sudáfrica en Cuba











lunes, 7 de julio de 2014

LA NOCHE DE LAS CORBATAS







En plena dictadura cívico militar, abogados laboralistas que asumían la defensa de detenidos políticos en Mar del Plata fueron secuestrados, torturados y muchos de ellos desaparecidos en la llamada "Noche de las corbatas", que se extendió entre el 6 y 13 de junio de 1977.

Junto a “La noche de los lápices”, "El apagón de Ledesma”, y otras tantas masacres, ocurrieron en la impunidad de la noche, una noche tenebrosa que se abatíó sobre la Argentina durante siete años.

En la "Noche de las Corbatas", de la que se acaban de cumplir 37 años, fueron secuestradas 11 personas, en distintos procedimientos de los grupos de tareas, entre ellas 7 prestigiosos abogados marplatenses del fuero laboral.

Fueron llevados a "La Cueva", el viejo radar de la Base Aérea de Camet, ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata y reconvertida en centro clandestino de detención.

Entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977 fueron secuestrados los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Aláiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, y Tomás J. Fresneda. A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de junio en Neuquén, y llevados a Mar del Plata.

Además se secuestró a la esposa de Fresneda, Mercedes Argañaraz, embarazada de cuatro meses, a María Esther Vázquez de García, a su esposo Néstor Enrique García Mantica, y a José Verde y su esposa.

Todos fueron torturados y sólo sobrevivieron Ricci y Bozzi, Martha García -esposa de Candeloro-, Julio Verde y su esposa.

Centeno, de 60 años, era uno de los más prestigiosos abogados laboralistas de la ciudad y había sido el artífice de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, era peronista ortodoxo y militante de la resistencia de los años 50. Murió en la mesa de torturas y su cuerpo fue arrojado en un camino vecinal. El resto permanecen desaparecidos.

Candeloro, socio de Centeno, estaba en la mira de los militares por su conocida trayectoria de izquierda y Fresneda se encargaba de las presentaciones de habeas corpus, por las numerosas desapariciones, además de defender los derechos de los trabajadores.

En 1977, el manejo de la represión en Mar del Plata estaba a cargo del entonces coronel Alfredo Manuel Arrillaga, jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601.

El comodoro Ernesto Alejandro Agustoni era entonces Comandante de la Base Aérea, y fue quien cedió al ejército el uso de las instalaciones del radar.

El coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la Subzona XV, dentro del sistema represivo del Primer Cuerpo de Ejército, era el responsable de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata, como La Cueva, el de la Base Naval, el de la Comisaría 4ª, el Destacamento de Batán, y el Destacamento de Suboficiales de Infantería de Mar.

El suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue subjefe de la Base Aérea donde funcionó "La Cueva" y era el encargado de torturar a los detenidos, a él se le imputaron las muertes de Centeno y Candeloro.

Fue el primer condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.

En un testimonio titulado "La larga Noche de las Corbatas", Carlos Bozzi, uno de los sobrevivientes -que declaró en los Juicios por la Verdad en 2005- afirmó que "hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia apelando a la memoria como a un arma de larga duración".

"Siempre que estamos ante hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda
tentación de acomodar las cosas al presente", señaló.

"Tras casi 28 años (Bossi declaró en 2005) se hacia dificultoso rebatir la primera plana del diario La Capital que aquel 21 de julio anunciaba con grandes letras: "Confirmó el Ejército la liberación del doctor Bozzi y la muerte de 3 sediciosos".

A partir de 2004 y por una iniciativa del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se estableció el 6 de julio en todo el país como el "Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado", que suman cerca de 120 profesionales.















sábado, 28 de junio de 2014

CARTA DE PÉREZ ESQUIVEL AL JUEZ GRIESA








PÉREZ ESQUIVEL A GRIESA:  
No es justo pagar una deuda ilegítima e inmoral


Al Sr. Thomas Griesa

Juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU.

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.
Más que dirigirme a usted como juez que interviene en una causa que desde hace tiempo tiene en vilo a nuestro pueblo, quiero hacerlo como persona. Quiero poder aportar más libremente a la reflexión sobre la situación que se ha generado en la República Argentina, por las pretensiones de un grupo de financistas poseedores de unos pocos bonos de la deuda externa. Ellos buscan cobrar el 100 % de los mismos, de manera que tendrá un grave impacto sobre la vida del pueblo argentino, habiéndolos comprado por centavos y sin jamás haber invertido para su bien.

Espero, Sr. Griesa, que Ud. comprende la situación que vive nuestro pueblo y las consecuencias sociales, económicas y políticas que tiene el pago de esta deuda inmoral e injusta para las personas y comunidades más necesitadas.

Debe tener presente que los bonos cuyo pago hoy se discute, están manchados con la sangre de las víctimas de la dictadura militar. Forman parte de una deuda contraída a espaldas del pueblo y que nunca llegó a sus manos. Son parte del endeudamiento que después fue impuesto en los años ´90, incluso renunciando a la soberanía y cediendo jurisdicción de manera inconstitucional a tribunales extranjeros como el suyo, supuestamente para saldar las deudas anteriores.

Por eso afirmamos que es una deuda ilegítima, inmoral e injusta. Detrás de los números existen rostros que nos cuestionan e interpelan, de niños, jóvenes, hombres y mujeres víctimas de la injusticia social y estructural, el empobrecimiento, la miseria y exclusión social que afectan a millones de seres humanos en nuestro país como también en América Latina y el mundo.

Estoy seguro que Ud. no ignora esto ni tampoco, el peso de la especulación financiera en la generación de estas situaciones. Más que una deuda externa, es ya una deuda eterna, matemáticamente impagable por más que se intenta con un alto costo en vidas humanas y sacrificando el desarrollo del país. Nunca puede ser justo que se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos.

Es por esto también que junto a muchos otros, desde hace años venimos luchando contra el pago de estas deudas ilegítimas, exigiendo una auditoria oficial de las mismas, la aplicación de las leyes argentinas, la anulación de la cesión de jurisdicción y que no se continúan estas prácticas inaceptables con los nuevos bonos, contratos y tratados que se siguen firmando.

Sr. Griesa, no quiero poner en duda su acción como juez, pero si me preocupa la justicia ciega. Usted bien sabe que no toda ley es justa y que muchas veces se confunde lo legal con lo justo, o no se tenga en cuenta la situación de los pueblos y se los trate como algo abstracto y lejano. Ud. debe conocer la obra de Henry Thoreau, cuando señala que si bien hay que obedecer la ley, igualmente es necesario resistir la ley injusta hasta lograr su transformación. Me parece una reflexión pertinente con relación a estos poderosos financistas, que para sus políticas de verdadera rapiña, buscan respaldo donde no lo deberían encontrarlo.

Esto no deja a un lado las omisiones y los errores cometidos por los sucesivos gobiernos de la Argentina, el Parlamento y nuestro Poder Judicial, en asumir el tratamiento de esos bonos y de toda la deuda. Pese a reconocer, desde tiempos de la dictadura hace ya más de treinta años, la ilegitimidad e ilicitud de gran parte de la deuda generada, ninguno ha realizado lo necesario  –incluyendo por ejemplo auditarla–  para separar lo legítimo de lo ilegítimo, lo legal de lo ilegal, para evitar que al pueblo argentino se le siga exigiendo el tremendo costo de pagar lo que no se debe.

No sé si Ud. está al tanto de que existe en nuestro país, una decisión judicial del año 2000, que establece la fraudulencia y arbitrariedad de la deuda que dio origen a los bonos hoy en posesión de los fondos especulativos que buscan obtener lo que en justicia, no les corresponde. Existen además denuncias cuya investigación judicial está aún abierta, con relación a esos mismos bonos.

De acuerdo a las leyes de nuestra república y el derecho internacional, son deudas verdaderamente nulas. Los Principios Rectores sobre la Deuda y los Derechos Humanosnos recuerdan que es responsabilidad de cada prestador y prestatario, investigar y no pagar las deudas contraídas de manera injusta.

Esta deuda es una herencia no querida y pesada que arrastra una carga grande de dolor y sacrificios. Se ha transformado en un mecanismo que lleva en si la dominación y el sometimiento de todo un pueblo.

El país quiere y debe cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Por eso es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia. Es necesario además reconocer que según el derecho, tiene prioridad la “deuda interna con el pueblo”: la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales, los desafíos de la educación y salud, que no se mueran los niños de hambre y enfermedades evitables y poder alcanzar una vida digna sin que le roben la esperanza a nuestros jóvenes.

Estoy seguro, Sr. Griesa, que Ud. comprende lo valioso de la oportunidad que tiene para velar por la justicia, y no solo las leyes que algunos tienen más poder que otros para imponer. Es necesario cambiar las leyes en EE.UU., en nuestro país y en muchos otros, para evitar situaciones de esta naturaleza. Mientras tanto, esperamos igual que prime la justicia y que los derechos de quienes no han sido escuchados todavía en los tribunales, tengan la prioridad que merecen.

Gracias por permitirme estas reflexiones. Si en algo pueda contribuir, profundizar sobre cualquier de los elementos señalados, estoy a su disposición.

 Premio Nobel de la Paz y Presidente,
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina y el Servicio Paz y Justicia SERPAJ





Letter to Mr. Griesa in English





















lunes, 31 de marzo de 2014

LA PROPIEDAD PRIVADA O LA VIDA






Tras los casos de linchamiento en Rosario, la violencia se repitió el sábado 29 de marzo: sucedió en Palermo. Especialistas que cruzan lo social con la criminología y la política aportan las claves de lo que ocurre: el discurso autoritario y del miedo, el Código Penal, Massa y la “inseguridad” como tema de la campaña en 2015...



El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.

La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.

La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.

Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.

La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.

Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.

En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.

En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”

“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.

Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de 9 cada 100.000 habitantes se pasó a 21 cada 100 mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.

Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.

Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.

Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.






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LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA




viernes, 14 de marzo de 2014

JUNTAN FIRMAS PARA LA REVOCATORIA DE MANDATO DE MACRI Y VIDAL







Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán la posibilidad de sumar su firma a las 510 mil que se necesitan para intentar remover al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su vicejefa, María Eugenia Vidal, de sus respectivos cargos.

Con ese objetivo, un grupo de vecinos acusó en mayo pasado graves fallas en la gestión del PRO, e inició el trámite que habilita la Constitución porteña en su ARTICULO 67: "El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente".

Una vez entregadas las planillas a los interesados, la ley establece un plazo de un año para alcanzar el número de firmas necesario y devolverlas al Tribunal. En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el TSJ declara la caducidad del procedimiento. De alcanzar el número, los magistrados tienen 90 días para convocar a un Referéndum revocatorio. La elección es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el 50 por ciento de los inscriptos.

En total, cinco personas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia, dos por un lado, y tres por otro. El pedido se basó en el accionar del Gobierno de Macri durante la represión en el Hospital Borda, la falta de obras necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones en la Ciudad -hubo ocho muertos por la del 2 de abril-, y por el dictado del decreto de necesidad y urgencia que aprobó el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires, contrario a la Ley de Medios. El TSJ resolvió entonces juntar a todos en un mismo expediente y dio curso a la solicitud de revocatoria.

Lucía Medina es una de las vecinas que acudió ante el máximo tribunal porteño junto a Ricardo Pelusa. Ambos son militantes de Aluvión Ciudadano, un partido político joven, pero que ya tuvo su primer participación en las últimas elecciones con sus candidatos a la legislatura porteña que encabezó Carlos Oviedo y que también integró Medina. "Queremos hacer una convocatoria lo más amplia posible, que no esté teñida de partidismo político. Lo hacemos apelando a la participación ciudadana", manifestó.

Medina y Pelusa presentaron el pedido el 17 de mayo pasado. Según establece el ARTICULO 67, el Tribunal tiene 30 días para expedirse. Sin embargo, la resolución del Tribunal, que fue favorable, salió el 21 de febrero. Es decir, nueve meses después. Esto hace que los tiempos administrativos necesarios se acorten y sea aún más ardua la tarea de recolectar las adhesiones, señala la denunciante.

"Nosotros entendemos que la demora en la resolución no es casual, porque nos deja con muy limitados con los tiempos. El Referéndum se tiene que hacer antes de llegar a los últimos seis meses de mandato. Con lo cual tenemos un año para recolectar un poco más de 510 mil firmas, que sería el 20 por ciento del padrón", explica Lucía en diálogo con Infobae.

El Tribunal puso fecha de entrega de las planillas para el 18 de marzo, por lo que la recolección comenzaría el miércoles 19. En pos de organizarse y llegar a todos los barrios de la ciudad, Medina y el resto de los denunciantes se reúnen asiduamente para ajustar detalles y emprender la tarea. En principio, el local de Aluvión Ciudadano que se encuentra ubicado en Riobamba 434 estará preparado para recibir a los vecinos que deseen estampar su nombre en el pedido de revocatoria. Pero la intención es movilizarse, establecer otras sedes y llegar a todos los barrios de la ciudad.
Lucía, quien trabaja como empleada en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostiene que "el problema del Gobierno de Macri no es que sea ineficiente, sino que responde a ciertos intereses. Y tiene un desconocimiento y una negación absoluta por las instituciones. Macri ha vetado leyes indiscriminadamente que fueron aprobadas por la Legislatura, incluso aquellas que surgieron desde su propio espacio".

"Pretendemos que se interpele una gestión de gobierno que durante todos estos años ha vulnerado derechos básicos de la gente", señala Medina, entre ellos el derecho a la Educación -dice- a raíz del "desastre" de la inscripción online.

Más allá de que aún no está habilitada la recolección de firmas, se han acercado a ellos muchos vecinos. Ya recibieron mensajes de gente interesada, algunos afectados por otras problemáticas de la Ciudad, ya sea por vivienda, salud, la falta de vacantes en las escuelas, o la defensa del barrio, como ocurre con los habitantes de Palermo y los de Caballito que se oponen a la instalación de nuevos shoppings.

También han recibido algunas críticas. Muchos se preguntan si esta iniciativa no significaría vulnerar la voluntad popular, o acaso habría que esperar a que termine su período de Gobierno.

"Nosotros entendemos que es al revés, que la posibilidad que nos brinda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos pone en un lugar privilegiado. Es tan democrática la chance de revocar un mandato como la de elegir a un candidato", considera Lucía. Otros plantean dudas sobre el alcance de la medida. También están quienes consultan si esto mismo se puede hacer con la presidente Cristina Kirchner, algo que la Constitución Nacional no contempla.

En cuanto a la evaluación del kirchnerismo que hace su espacio político, Aluvión Ciudadano, Medina explica que la gran mayoría de sus integrantes provienen del peronismo pero también hay representantes de otros sectores, y que, si bien han apoyado algunas medidas y criticado otras, no se definen como oficialistas. Consideran sin embargo que "el gobierno nacional ha realizado una gran cantidad de transformaciones". En ese sentido, remarcan que hay un fuerte contrapunto con el gobierno porteño en cuanto al rol que le da cada administración al Estado. "Esa es una de las cosas que más le cuestionamos al jefe de gobierno", señaló la mujer.


Nota de Infobae


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¿POR QUÉ la REVOCATORIA de MANDATO?



viernes, 7 de marzo de 2014

MACRI: «With a Little Help from My Friends»





Cómo es el plan de Macri para controlar la justicia porteña: El macrismo logró imponer retoques a 3 normas centrales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad. 

La remoción de magistrados "díscolos" y el control sobre los fiscales, en la agenda del alcalde. 

Los ideólogos del plan.



El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró reformar una serie de leyes clave que le permitirán tener bajo control al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Sin sobresaltos y disimulado dentro del paquete de leyes aprobadas en la Legislatura en un maratónico fin de año previo al recambio de bancas, los legisladores del PRO consiguieron introducir cambios en tres normas que regulan el servicio de justicia con las que el oficialismo ahora podrá promover la remoción de jueces díscolos y tendrá el control disciplinario directo sobre los fiscales. Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara podrían ser los primeros magistrados cuestionados por sus fallos adversos al gobierno porteño.

En la sesión del 6 de diciembre pasado, la bancada macrista se aseguró contar con un número holgado de voluntades –aportadas en parte por el kirchnerismo porteño– para modificar la Ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la Ley Nº 31 que reforma el Consejo de la Magistratura local, y la Ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En rigor, se trata de una reforma más profunda que la intentada por el gobierno nacional, que encontró su límite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una oleada de críticas a la iniciativa de elección popular de consejeros para el órgano de promoción y remoción de jueces, incluidas las del macrismo. Para las organizaciones vinculadas al derecho y los cuerpos colegiados de la justicia, la implementación de estos cambios en la Ciudad no pasó desapercibida y ya alzaron la voz por sus implicancias en la independencia judicial.

Con 48 votos a favor se aprobó un proyecto diseñado por el diputado del PRO y ex subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, para reorganizar el cuerpo normativo en la Ciudad a partir de retoques en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital Federal. Presti fue uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada, pero en paralelo el proyecto de su autoría, que antes habían naufragado por falta de acuerdo, comenzó a ser revitalizado. Ya en 2012, el PRO había buscado disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Según fuentes judiciales el principal objetivo está en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) donde el gobierno cosechó los principales reveses.

La Ley Nº 31 que regula al Consejo de la Magistratura local cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al PRO una reforma cuyo objetivo era "mejorar su funcionalidad", pero que implicaba el cambio de mayorías para la toma de decisión, y también en la integración necesaria del quórum para llevar a cabo los plenarios. En síntesis, un cambio que le permitirá a la representación del PRO impulsar no sólo la postulación de jueces, sino promover su remoción a voluntad.

En la propuesta de modificar la norma y derogar la Ley Nº 1988, intervinieron como autores el diputado del Frente para la Victoria Alejandro Amor –cuyo destino final fue ocupar la cabeza de la Defensoría del Pueblo en un cuestionado acuerdo entre las fuerzas políticas para ocupar los cargos a renovar– y Francisco Quintana, del PRO. Además, se creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, que actuará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y regulará los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificaciones en los métodos para su selección.

CONSEJO. La clave de los cambios en el Consejo de la Magistratura está dada por la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros sólo será necesaria la presencia "de cinco (5) miembros que componen el Consejo" para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia ocupada por el ex legislador Juan Manuel Olmos tendrá la definición.

Pero para el proceso de acusación de un juez y su envío posterior a un jury de enjuiciamiento en el que es requerida una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a "2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros". Significa que, para remover a un juez, deben estar presentes sólo seis consejeros en el plenario, incluyendo un representante del Poder Judicial, uno en nombre de la Legislatura o uno del estamento de los abogados.

Con sólo cinco votos afirmativos (la mitad más uno del total de los miembros) se lo podrá enviar a juicio político. El mismo número será el que necesite el PRO para definir los candidatos a ocupar vacantes de jueces, fiscales, defensores o asesores tutelares.
Hoy responden al macrismo seis miembros del Consejo, con lo que luego de esta reforma tendrá aun mayor margen para imponer sus postulantes a los cargos judiciales y de ministerios públicos, pero también para desplazarlos de su cargo.

A principios de diciembre, Tiempo Argentino adelantó que con esta reforma, tampoco serían necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos de jueces. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir los 31 votos con los que el macrismo pretende "rodear" a los magistrados más resistidos por la administración PRO, como Gallardo, Liberatori y López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, enfrentado con la vicejefa, María Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel que ocupará la titularidad de la Asesoría General Tutelar. Esta nueva estructura permitirá obturar el poder de defensores y asesores tutelares para impulsar acciones colectivas que, durante toda su gestión, le quitaron el sueño al líder del PRO. La lista de antecedentes incluye los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.

FISCALES. La Ley Nº 1903 obtuvo 47 votos a favor de parte del PRO, el FPV y algunos opositores y cuatro abstenciones. Su objetivo era "dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado". Pero en realidad significó quitarle ese poder disciplinario sobre fiscales, defensores y asesores al Consejo de la Magistratura, para traspasarlo a la órbita de cada jefe del Ministerio Público.

En el caso de los fiscales, su cabeza será por los próximos siete años el legislador macrista Martín Ocampo, objetado por su falta de antecedentes para el cargo y su dependencia directa con el presidente de Boca Juniors y hombre fuerte de Macri en la justicia, Daniel "El Tano" Angelici. El expediente Nº 2782-D-2013 fue de autoría del diputado Enzo Pagani (PRO) y supone también que las sanciones no sean sólo correctivas sino que puedan agravarse, llegando incluso a la separación del cargo.

TRIBUNAL. El 12 de diciembre, en sesión especial, fueron designados los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con mayoría del PRO. Los diputados macristas Cristian Ritondo, Helio Rebot, Héctor Huici y Cecilia de la Torre lo integrarán, junto a Jorge Taiana, Edgardo Form y Claudia Neira del interbloque kirchnerista, e Inés Gorbea de UNEN.

RECHAZO. Cuando esta reforma era apenas un proyecto, la Corte Suprema recibió el reclamo por escrito de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudiaron los cambios y consideraron que estas iniciativas representan "un avasallamiento inconstitucional de la independencia del Poder Judicial".

"Si estas normas son promulgadas, los poderes políticos podrán acusar, suspender y separar a magistrados que se estimen 'molestos' con menos garantías, conforme los arrebatos de mayorías circunstanciales", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso Tiempo. "Dejarlos sometidos al arbitrio de las mayorías, sin adecuadas garantías, importa propender a la suma del poder público y dar por tierra con la división de poderes. Importa, además, la adopción de un curso de acción similar al que tanto se ha criticado desde el gobierno local en relación con medidas adoptadas en el ámbito nacional", sostuvieron los magistrados en la carta dirigida a Macri.

Dos antecedentes polémicos

El afán del oficialismo porteño por controlar a la Justicia de la Ciudad no es novedoso. Durante varios meses, el alcalde porteño, Mauricio Macri, intentó que la fiscal de Cámara Daniela Bruno Ugolini integrara el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ugolini cobró fama por sus dictámenes siempre favorables al Ejecutivo PRO y resoluciones tales como pronunciarse en contra de remover las placas con nombres de represores de calles, plazas y escuelas.

Más cerca en el tiempo, el actual fiscal general, Germán Garavano, designó como fiscal a Martín García Berro. Fue el 25 de julio de 2013 y por 90 días. Su actuación en la causa que investigaba una "campaña sucia" encabezada por el gurú del PRO Jaime Durán Barba contra Daniel Filmus fue, al menos, curiosa. García Berro se dedicó a realizar pesquisas sobre Salomón Filmus, padre del por entonces candidato a jefe de gobierno. Por eso, envió requerimientos en los que pidió los antecedentes de Filmus padre al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, para ver si se encontraba matriculado, y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para chequear si había sido empleado allí.

Los jueces en la mira del Pro

Roberto Andrés Gallardo. Es el juez que más dolores de cabeza le ocasionó a Macri. Declaró la inconstitucionalidad del veto sobre la ley de abortos no punibles en hospitales porteños y multó a varios funcionarios PRO por irregularidades. Además, inició una investigación sobre cadáveres faltantes en las morgues de la Ciudad, lo que le valió una recusación por parte del gobierno PRO por su supuesta simpatía con Justicia Legítima. Lleva en su haber múltiples fallos en contra del macrismo por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa, sobre todo en las villas.

Patricia López Vergara. Frenó el protocolo macrista contra los abortos no punibles y multó al ex ministro Diego Santilli por haber avanzado en una obra con un fallo judicial en contra. También paró el proyecto del Centro Cívico con una cautelar por violatorio a varias leyes de protección y porque no hubo estudio de impacto ambiental. Dio de baja el 0800 para la delación de actividades políticas ideado por la cartera de Educación y obligó al PRO a recibir los fondos del gobierno nacional para el traspaso del subte que estaban en el Banco Nación y transferírselos a Metrovías.

María Elena Liberatori. Estuvo a cargo del censo a los ocupantes del Parque Indoamericano para atender las necesidades habitacionales y sociales durante la ocupación. Ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, dialogar con los estudiantes que llevaron a cabo las tomas en los secundarios y mandó restituir a los docentes echados por parodiar a Mauricio Macri. Exigió reglamentar una ley para asistir a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. También dictaminó la reapertura de los Talleres Protegidos del Borda demolidos por el PRO.

Los ideólogos del nuevo esquema

Martín Ocampo. El legislador del PRO Martín Ocampo consiguió acceder a la jefatura de todos los fiscales porteños luego de sortear siete impugnaciones a su nominación provenientes de ONG ligadas a la justicia, como la Asociación Americana de Juristas, ACIJ, ADC, Directorio Legislativo, INECIP, Poder Ciudadano, y REDI. Le reprocharon que el abogado ligado a Angelici carece de "sólidos antecedentes" para ser la cabeza del Ministerio Público y "tiene fuertes compromisos partidarios". En su defensa, el ex legislador macrista sostuvo que no está afiliado al PRO.

Daniel Presti. Durante cuatro años fue subsecretario de Justicia bajo la gestión de Guillermo Montenegro hasta que, en 2011, fue electo para la Legislatura. El año pasado diseñó el proyecto de modificación de las mayorías y el quórum para el Consejo de la Magistratura que finalmente se aprobó un año después. Es uno de los hombres clave del PRO en materia judicial y fue el principal crítico de los proyectos de reforma impulsados por el gobierno nacional. Dijo que en la Ciudad "hay jueces que entorpecen la gestión" y que "si un juez quiere hacer política, que renuncie al cargo".








jueves, 13 de febrero de 2014

LOS VECINOS DENUNCIAN A CAMPAGNOLI Y LA METROPOLITANA





Niños del Barrio Presidente Mitre en peligro porque había un fiscal que daba permiso para matar según dónde vivas...




Los fiscales Cristina Caamaño y Jorge Di Lello compartieron un encuentro con vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra.

Los fiscales participaron de un debate sobre prácticas de violencia cometidas por la Policía Metropolitana. En el encuentro, los vecinos manifestaron haber realizado varias denuncias en la fiscalía de Saavedra, entonces a cargo del Fiscal Campagnoli, que no fueron tramitadas.

La fiscal Cristina Caamaño y el fiscal Jorge Di Lello escucharon reclamos de los vecinos del Barrio Mitre, quienes manifestaron ser perseguidos y estigmatizados por efectivos de la Policía Metropolitana, por el simple hecho de vivir en ese lugar.

En la reunión se hizo hincapié en los hechos ocurridos el pasado 29 de enero, en las inmediaciones del centro comercial Dot Baires Shopping, cuando efectivos de la Metropolitana reprimieron “violentamente” e “injustificadamente” a jóvenes y vecinos del barrio.

Durante el desarrollo del encuentro, en el que también estuvo presente el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Andrés Elisseche, los vecinos manifestaron vivir procesos de estigmatización porque “cada vez que salís del barrio la policía te para, y siempre a los mismos”.

En ese marco, Caamaño y Di Lello se pusieron a disposición de los vecinos, para orientar y colaborar en las denuncias que éstos quieran realizar en la Fiscalía de Saavedra, actualmente a cargo de la fiscal Caamaño.






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Los peligros de vivir en una villa



Es lamentable, ser pobre es riesgoso. Vivir en una villa y tener patotas con uniformes y fiscales con impunidad no es recomendable para un joven argentino. Alan Tapia lo padeció.

Alan, de 19 años, murió de un balazo disparado en febrero de 2012 por el entonces oficial del GEOF Rodrigo Valente, durante un allanamiento a su vivienda. Buscaban a su hermano por una causa secundaria, en situaciones muy confusas desde la misma gestión de la invasión policial. El CELS consideró que el allanamiento fue realizado en horarios nocturnos, prohibidos para este tipo de acciones. El propio Valente dijo que “no se veía nada, estaba muy oscuro”, aunque sostuvo que vio que Alan intentaba atacarlo con un arma tumbera, arma con la que no le hubiera podido perforar siquiera la tela de su equipo acorazado.

Los jueces consideraron inocente al ex oficial de un cuerpo de elite que mató a Alan Tapia al allanar su casa. El fiscal tampoco lo había acusado: había justificado el accionar policial porque los hechos ocurrieron “en el barrio Mitre, no en las islas Seychelles”.

Si no te mata la inundación, por culpa de un shoping y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te mata un cabo de la Federal y te remata un fiscal en complicidad con jueces: “Tapia no vivía en Puerto Madero, ni en islas Seychelles. Vivía en Villa (por Barrio) Mitre”, recordó el fiscal Eduardo Marazzi a los jueces Enrique Posse, Floreal De Laurentis y Alberto Huarte Petit.





Foto de Milton Tapia, hermano de Alan, quien fue doblemente asesinado por el Estado porteño, por vivir en el Barrio Presidente Mitre, catalogado como barrio privado en el catastro del GCBA y como villa por un fiscal.






martes, 4 de febrero de 2014

CAMPAGNOLI, LA METROPOLITANA Y RIVER PLATE





Las irregularidades detectadas en la fallida investigación por la reventa de entradas en el club River Plate podrán formar parte del cúmulo de pruebas por las que el fiscal José María Campagnoli deba responder cuando se lleve adelante el proceso de juicio político en su contra, acusado de incumplimiento de los deberes y abuso de poder. En un duro fallo, el juez de la causa, Fernando Caunedo, además de advertir las falencias de la pesquisa, puso la lupa en el accionar de la Policía Metropolitana, que actuó sin la autorización judicial correspondiente. Solicitó que se abra una causa penal por las filtraciones del expediente a la prensa que frustró su avance, algo que podría sumarse al sumario disciplinario contra Campagnoli, bajo análisis en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.

Objeto procesal mal delimitado. Hipótesis delictiva sin fundamentación. Investigación paralela a una en curso en otro fuero. Datos incorrectamente recolectados. Imprecisiones en las medidas. Violación de secreto. Es el listado de todas las deficiencias que Caunedo encontró en la causa por reventa de entradas que fue instruida por un año y medio por el fiscal de Nuñez y Saavedra, y que fueron plasmadas en un crítico fallo en el que se anularon entrecruzamientos de llamadas, y se dejaron sin efecto detenciones, allanamientos y escuchas telefónicas, motivo por el cual todo el expediente corre serio riesgo de quedar en vía muerta.

INTERVENCIONES. "Se ha echado mano al resultado de las escuchas para ampliar el objeto procesal de la investigación, tanto desde la Fiscalía cuanto por la dependencia policial que actuó bajo su dirección; se ha procedido a la transcripción de conversaciones que nada tienen que ver con el fraude relativo a las entradas, que con la intercepción se procuraba dilucidar", afirmó Caunedo. La tarea cuestionada por el juez había sido encargada a la división investigaciones de la comisaría de la Comuna 12 de la Policía Metropolitana.

Campagnoli encargó la pesquisa a esa fuerza local a la que pertenecía uno de los imputados, Alejandro Rivaud, un ex agente de Inteligencia de la Policía Federal que desde 2012 reportaba a la Superintendencia de Investigaciones a cargo de Carlos Alberto Kevorkian. El metropolitano, de acuerdo con el expediente, disputaba con los barras de River el negocio de la reventa de entradas.

Caunedo subrayó que Campagnoli "no se ha ocupado de investigar" nada relativo a la mecánica de comercialización de entradas para los socios del club, ni los contratos que la vinculan con empresas para el sistema de canje. Tampoco de verificar la regulación sobre las llamadas "entradas de protocolo", sin constatar en esta etapa si hubo "perjuicio patrimonial" para River, una de las condiciones para evaluar si hubo delito, o si se trató de una contravención. Una causa paralela ya se estaba llevando adelante en un juzgado contravencional local con idénticos imputados.

CELDAS. La Metropolitana recabó para Campagnoli los listados de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos intervenidos, "con indicación de las celdas activadas", violando las disposiciones del Código Procesal Penal, con "el obvio propósito de establecer el lugar desde el que se efectuaban las comunicaciones", algo que no había sido autorizado. "A partir de esa 'información adicional' requerida sin conocimiento ni autorización previa de este tribunal, se han tejido nuevas hipótesis delictivas, para acreditar las cuales se echa mano a esa información indebidamente obtenida", fustigó el juez que las anuló. Caunedo enumeró que no fueron señalados los términos de las imputaciones a los acusados, ni tampoco con qué propósitos se había solicitado su detención, ni las pruebas buscadas en los allanamientos. Sin esas precisiones, para la justicia "habilitaría una excursión de pesca, como parece haberse procurado a través de la interceptación de las comunicaciones telefónicas". Cuando apartó a la fuerza de Mauricio Macri de la causa, el magistrado ordenó que se transcriban las escuchas pendientes para su completo relevamiento "que hasta ahora ha estado bajo control, por cierto discrecional y en varios casos excedido, de la policía o la fiscalía".

Campagnoli "también debía definir a quién encomendaría los registros domiciliarios, teniendo en cuenta el desborde constatado en las tareas encomendadas a la Policía Metropolitana", advirtió el juez entre "los vicios y extralimitaciones" que atravesaron la causa a cargo del fiscal.

DIFUSIÓN. La filtración selectiva de partes de la causa a la prensa, incluida la escucha a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, en la que se le ofrecía un presunto negocio para lavar dinero para Lázaro Báez, que finalmente fue remitida a la justicia federal, fueron las causales de que se dejaran sin efecto las medidas pedidas por el suspendido fiscal. "Los hechos de público conocimiento y la reciente filtración en la prensa del contenido de esta investigación, en la que había dispuesto secreto sumarial, han precipitado este pronunciamiento y frustrado lo que había sido su propósito", apuntó el juez que a mediados de diciembre anticipó que denunciaría a Campagnoli por violación de secreto.

AMPARO. Mientras se sustancia el juicio político en contra de Campagnoli, que ahora podrá incorporar las irregularidades en torno a esta causa, el suspendido fiscal intentó tramitar un amparo durante la feria judicial para que se anule todo el proceso y sea restituido en su cargo. Según se pudo constatar, la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland ordenó que se le dé traslado de la demanda al Tribunal de Enjuiciamiento, que originalmente fue mal dirigida sólo hacia la Procuración General, en una errada maniobra de su defensa encabezada por el ex diputado de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

AUTORIZACIÓN. Entre los fundamentos de su fallo con duros cuestionamientos a Campagnoli, el juez Fernando Caunedo advirtió que la Policía Metropolitana actuó sin la autorización judicial correspondiente.





lunes, 27 de enero de 2014

«PROGRESAR»






Creación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR). Inclusión social y laboral a jóvenes

Decreto 84/2014
Emitida el 23 de enero de 2014
Boletín Oficial, 27 de enero de 2014
ID infojus NV7026

SUMARIO:

Se crea el “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR), destinado a generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Alcance, Requisitos y condiciones.

Descargar pdf








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