domingo, 12 de agosto de 2018

EL SANTO OFICIO DE COMODORO PY





Yesid Reyes Alvarado es un destacado jurista colombiano. Es hijo de Alfonso Reyes Echandía quien fuera presidente de la Corte Suprema de su país, y fue asesinado por la guerrilla del M-19, junto a otros magistrados. El crimen provocó cambios legislativos radicales: tribunales en las sombras, testigos ocultos, ley del arrepentido.

Lejos del furor de la vendetta, Reyes Alvarado cuestiona las innovaciones que compara con un regreso a los métodos de la Inquisición. Afirma que la obtención de evidencia en la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la prioridad de los derechos individuales de los acusados. Hay jerarquía de derechos… De lo contrario, fulmina, regresan en este siglo las reglas del Santo Oficio.

Corresponde trasladar la prédica a la Argentina, para abordar la causa más famosa de estas semanas. La productividad informativa de un proceso penal no sanea sus vicios:

→ Forum shopping ejercitado por el juez federal Claudio Bonadío para adjudicarse el expediente.

→ Abuso de la prisión preventiva aplicada a granel a todos los sospechosos, sin mediar condena ni siquiera procesamiento.

→ Manejo discrecional de la institución del “arrepentido”, que técnicamente debe llamarse “delator premiado”.

○○○

El encarcelamiento arbitrario se usa para quebrar voluntades. Una nota de la periodista Emilia Delfino en “Perfil” describe el primer recurso del método que practica el juez Claudio Bonadío junto al fiscal Carlos Stornelli. Se titula “El olor a tumba, clave en el operativo ablande de los empresarios arrepentidos”. Comenta que es crucial alojarlos en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La cárcel, lejos del mandato constitucional, es inhóspita con hedor “a vómitos, suciedad, orina y materia fecal” de anteriores reclusos. Así se los ablanda y se ponen en marcha los pactos con los “arrepentidos”.

La norma estipula que para ser arrepentido un ciudadano debe confesar un delito, señalar a otros culpables (de rango superior) aportar pruebas. A cambio de eso podría (se resalta el potencial) obtener una reducción en su condena. Supeditada a que sus dichos sean veraces y las pruebas conducentes. Dicha decisión se toma recién al dictar sentencia.

En los trámites previos (ahorramos tecnicismos y jerga, aspirando a no falsear) se les concede un tratamiento especial, “a cuenta” de lo que se produzca en el proceso, En el que también intervienen otros acusados, con derecho a defenderse y producir prueba.

Bajo esa cobertura, lo que ocurre en Comodoro Py es sideralmente distinto al sistema mencionado. Lo que explica por qué tantos empresarios “confiesan” haber sido víctimas y niegan estar incursos en cohechos (coimas) u otros delitos similares. Supuestamente se meten en un brete al macanear tanto: el aspirante a arrepentido que miente no solo pierde su beneficio, sino que agrega una condena adicional a la que ya corresponde.

Pero los empresarios ablandados no están deveras, comerciando esa condena futura para la que faltan años, acaso un lustro. Negocian el presente bajo la amenaza de quedar encanados ahora: “zafan” de esa presión ilícita. El porvenir es virtual, el presente inquisitorial y fétido los mueve. Pactan quedar afuera ahora, más adelante se verá. Por cierto, del otro lado de la mesa fomentan la burla a la ley.

○○○

Se hace forzoso colar una reflexión. El razonamiento que hacemos goza de bajo rating en los medios dominantes e, intuye el cronista, en vastos sectores de opinión pública.

¿Para qué reconocer derechos humanos a los delincuentes? ¿Por qué no meterlos a la sombra ahora mismo, cuando los dichos de varios testigos son verosímiles? La respuesta es obvia y, tal vez, minoritaria. La enfatizamos, de todas maneras. Porque se supone que rigen la Constitución, el Código penal, la presunción de inocencia. Y revistamos en la tradición penal de Occidente.

La justificación de la tortura es similar a la operatoria que reseñamos, mal que les pese a los flamantes cruzados de la decencia.

○○○

El expediente sigue adelante, obteniendo revelaciones creíbles cuyo impacto político y cultural es inmediato. Por añadidura los “arrepentidos” jamás se retractarían porque se verían implicados en falso testimonio o conductas similares, perdiendo la protección obtenida. Los otros encausados están impedidos de apelar los pactos, porque les son ajenos. Los fiscales, en línea con el Gobierno, seguramente no moverán un dedo.

Los testimonios obtenidos inducen a pensar que hubo cartelización de la obra pública, retornos o coimas, pagos regulares de empresarios a funcionarios. No sería novedad pero eso no exculpa a nadie ni política ni penalmente.

Corresponde pesquisar, permitir defenderse a los sospechosos, procesar y condenar cuando existan pruebas que rebatan la presunción de inocencia. Nada de eso se controvierte acá.

Solo se advierte que con pruebas contaminadas, abusos de poder y violaciones de derechos se genera un precedente tremendo, que posiblemente induzca a vendettas judiciales futuras. Y a repetir la vindicta contra otros rivales políticos, acaso de distinto partidario ideológico al kirchnerismo. La legisladora porteña de izquierda Myriam Bregman alertó: la amenaza puede propagarse para reprimir la protesta social.

○○○

Debería ser iluminador el ejemplo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que se honraron todas las garantías de los acusados. Pero tan noble memoria cae en el olvido. Todo vale en la cruzada continental contra el “populismo de izquierda”.


Por Mario Wainfeld



miércoles, 8 de agosto de 2018

AMADO Y ODIADO






La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente.

También se comprobó que Ciccone no era de Boudou, ni The Old Fund era de Boudou. Lo más sólido de lo que se ventiló alrededor del caso es que el dinero de The Old Fund provino del empresario y financista Raúl Moneta. Y que el management de la Ciccone recuperada estuvo a cargo de Jorge Brito, del Banco Macro. No se aportó ni una prueba de que Brito podría ser el testaferro de Boudou. Su relación es lejana.

Cuando el Estado nacionalizó Ciccone hubo un sólo reclamo de indemnización: el que realizó Raúl Moneta. Prueba de que él puso el dinero.

Finalmente, lo más grotesco: el Tribunal Oral Número 4 (los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, que votó en disidencia) nunca manda a prisión a quienes condena. Respeta el derecho a apelar a Casación, para que la condena tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido por los organismos internacionales. Ni Boudou ni Núñez Carmona tienen condena firme. En este caso no cumplieron con esa tradición, dos de los tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según le explicaron desde Tribunales a la periodista Irina Hauser, “porque los tiempos cambiaron”.

No deben leerse estos casos como hechos aislados. Deben leerse en el marco de la ofensiva judicial-política-mediática que se vive a nivel continental. Es el establishment usando a la justicia para que no vuelva lo que ellos llaman “el populismo”. El emblema es Lula, preso en Brasil. El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a la presidencia.

Los métodos no importan.

Por Raúl Kollmann



El presidente del tribunal oral IV que condenó y envió a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso de la imprenta Ciccone, Pablo Bertuzzi, fue premiado por la tarea cumplida: perseguir opositores. Ahora, tiene allanado el camino para pasar a integrar una de las vacantes en la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los presidentes de sus cuatro salas y la presidencia del tribunal, acordó no oponer reparo alguno al traslado solicitado por el magistrado al Consejo de la Magistratura, que el mes que viene oficializaría el pase, según el cronograma de reuniones de este organismo.

De esta manera, Bertuzzi ocupará luego de setiembre una de las tres vacantes existentes en la cámara de apelaciones por las que pasan todos los casos de corrupción en la administración pública nacional investigados en los doce juzgados de instrucción de los tribunales de Comodoro Py. El actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) se sumará a sus colegas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en la sala I de la Cámara Federal porteña. La sala II tiene a uno solo juez de tres puestos, Martín Irurzun.





martes, 5 de junio de 2018

Tiren contra el Fiscal FEDERICO DELGADO







El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado como sospechoso de haber filtrado información sobre la causa donde investigaba la muerte de 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, en abril de 2016.

Se basó en una denuncia que hizo Víctor Stinfale, uno de los principales acusados y procesados como organizador de la fiesta donde circulaban y se comercializaban drogas sintéticas frente a los ojos de funcionarios del gobierno porteño.

El fiscal Franco Picardi había dictaminado que se debía archivar el tema porque no veía delito alguno. Pero el juez le dio crédito al planteo del abogado y empresario, que dijo que se había enterado de que lo detendrían a través de los medios mientras había secreto de sumario. Además, prometió en televisión: “Me lo voy a cargar fiscal Delgado”. Stinfale tiene procesamiento confirmado por la Cámara pero logró que, además de desplazar a Delgado, el tribunal también apartara al juez federal Sebastián Casanello cuando estaba por elevar la causa a juicio oral con más de 30 procesados.

La causa sobre los hechos y las muertes también la tiene Martínez de Giorgi desde agosto pasado, y quedó casi paralizada. El caso no fue a juicio oral aún, pero el fiscal fue citado como imputado.

Federico Delgado tiene un panorama penal complejo en la actualidad, ya que a la denuncia que le hizo Stinfale por Time Warp, donde ahora la citan por incumplimiento de deberes de funcionario, este año se sumaron otras dos causas penales. Una surgió de una denuncia en su contra que hizo el juez Claudio Bonadio por una presentación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y también lo denunció Jorge “Corcho” Rodríguez. La primera causa la tiene Daniel Rafecas, la segunda, también Martínez de Giorgi. También tiene un sumario abierto en la Procuración. Es una especie de cerco que se configuró en los últimos meses. Coincide también con la publicación de un libro de Delgado que se llama «Injusticia», sobre la trama de funcionamiento de Comodoro Py.

En la causa sobre la fiesta Time Warp, Víctor Stinfale estuvo detenido y cuando salió en libertad fue al programa “Animales Sueltos” y prometió: “Yo me voy a cargar al fiscal Delgado, a él nunca le interesó esclarecer el hecho, con cinco pibes muertos (...) Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado”, prometió. La denuncia penal decía que había violado el secreto de sumario, porque los medios se enteraron de su detención antes que él. El fiscal al que le tocó la denuncia, Picardi, evaluó que la denuncia de Stinfale era producto de su disconformidad en la causa, donde está involucrado, pero que no había un delito penal de por medio. Además, señaló que era imposible determinar si la fuente de la filtración era Delgado porque muchas personas trabajan en el expediente.

La defensa de Delgado también planteó que no era cierto que en las fechas señaladas por Stinfale hubiera secreto de sumario. El 3 de mayo de 2016, que trascendió su detención, no hubo secreto durante el horario laboral de tribunales sino cuando terminaba. Había vencido el día anterior y pasó casi un día hasta que se reanudó. Tampoco regía el 16 de mayo, cuando se conoció el pedido de procesamiento y prisión. Martínez de Giorgi hizo otra evaluación y lo citó para el 19 de junio. “Las pruebas indican que en ese lapso (del 22 de abril al 3 de mayo de 2016) habría revelado información sensible al trámite de la instrucción, reservada a su conocimiento en razón del ejercicio de su función, suministrando a distintos medios de comunicación cauces de investigación y prueba realizada en secreto”, dice la resolución.





Durante la investigación de la Time Warp los organizadores estuvieron presos, entre ellos Stinfale, considerado socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci –presidente de Dell– y Maximiliano Avila –apoderado–. Pero también fueron procesados 30 funcionarios del gobierno porteño y agentes de la Prefectura.

Delgado y Casanello sostuvieron que la fiesta en cuestión era el disfraz de otros negocios, como la venta de drogas sintéticas y de botellas de agua que se cobraban 100 pesos, en un predio habilitado para 13 mil personas, donde entraron 20.500 y había solo tres ambulancias. La imputación fue “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte”. La Cámara luego confirmó los hechos e imputados pero cambió la calificación y puso facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Tras esa decisión aparecieron los prófugos.

Hoy no hay nadie preso, ni juicio en camino. Los familiares esperan los resultados de una pericia sobre las causas de las muertes.

Irina Hauser










martes, 10 de abril de 2018

EL CULEBRÓN DEL CORREO ARGENTINO




Mauricio Macri sigue limpiando el camino judicial para salir bien parado del Escándalo del CORREO ARGENTINO. Ahora logró el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, que interviene en la causa penal iniciada tras el intento de condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial y en la Macri que está imputado. La movida lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, alineado con las directrices del Gobierno, y se produce a los pocos días de que Zoni pidiera una serie de medidas para reimpulsar la investigación.

Zoni interviene en la causa penal que se inició tras conocerse el intento de Macri de CONDONAR más de 70.000 MILLONES de pesos a su familia. Ese día hubo varias denuncias penales en Comodoro Py, que fueron unificadas por el juez Lijo. El fiscal Zoni imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Mocoroa y los directivos de SIDECO, SOCMA y Correo Argentino. A las pocas semanas amplió la imputación a los que aún hoy actúan en la causa por la deuda de la familia presidencial con el Estado y que fueron señalados por la fiscala Gabriela Boquin, la funcionaria judicial que más impulsa las investigaciones sobre este caso, como parte funcional del vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Son la jueza Marta Cirulli y los síndicos del concurso de acreedores de Correo Argentino. Entre ellos, Julio César Rivera, propuesto por Macri para conjuez de la Corte Suprema y para encabezar la reforma al Código Civil y Comercial.




A mediados de marzo, el fiscal Zoni pidió una serie de medidas para intentar que avance la investigación. Lo hizo con pedido de secreto de sumario y aún espera la respuesta del juez Lijo. La intervención de Zoni siempre fue limitada por la sombra latente de este traslado que ahora se concreta y por los manejos del juez ARIEL LIJO, hábil titiritero de expedientes. El resultado: demoras y operaciones cruzadas entre el Gobierno y Lijo, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py. El diario La Nación llegó a publicar que Macri se reunió con el jefe de los espías Gustavo Arribas y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”.




La fiscal Gabriela Boquín denunció un “nuevo intento” del Correo Argentino “para evitar el pago de sus obligaciones, eludir las consecuencias del proceso, dilatar aún más el trámite concursal” –que recordó que lleva 17 años– y “obstaculizar una investigación que no sólo puede hacerse sino que debe efectuarse para respetar el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”. La empresa del grupo Macri busca desde hace meses apartar a la fiscal de una pesquisa sobre maniobras de vaciamiento en favor de Socma y Sideco, también de la familia presidencial, que se habrían producido mientras se cocinaba (e incluso después) el acuerdo con el Estado con el que apostaba a la condonación casi total de su deuda, y que quedó trunco precisamente por la intervención de Boquín. En una presentación del jueves último la fiscal acusó al Correo ante la Cámara Comercial de pretender “obstaculizar” su trabajo al cuestionar sus facultades para buscar pruebas de un posible fraude, desviando “el verdadero foco de atención, es decir, cuál fue la conducta desplegada” por la empresa “y sus controlantes y beneficiarios finales en perjuicio de los acreedores”.

Para entender cómo evolucionó en estos dos últimos años el escándalo del Correo –que en rigor lleva muchos más– hay que recordar que: En febrero de 2017, la fiscal Boquín denunció que a mediados del año anterior la empresa de los Macri había firmado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” con el Estado, al que le debe más de 4.000 millones de pesos, para pagarle un irrisorio uno por ciento y monedas de todo ese paquete con un cómodo plan de pagos hasta 2033.

Era todo tan grosero que el Gobierno tuvo que reconocerlo y dar marcha atrás. Hasta el día de hoy, sin embargo, entre planteos y pedidos de prórroga de la empresa y los representantes estatales, se fue dilatando todo de manera tal que no sólo la deuda sigue impaga sino que tampoco se avanzó en un nuevo acuerdo. En el ínterin, Boquín detectó intentos de vaciamiento en favor de Socma y Sideco Americana, las empresas controlantes del Correo, en los meses anteriores y posteriores al pacto en cuestión. Ella pidió esclarecer aquellos movimientos que podrían implicar conductas fraudulentas en el expediente concursal. Requirió los balances y libros contables de las tres empresas para entender su verdadero estado patrimonial.

El Correo comenzó a atacarla con el argumento de que no tiene facultades supuestamente para investigar ese tipo de cuestiones. La quiere sacar de juego a como dé lugar. Su denuncia, además, había tenido un correlato en los tribunales de Comodoro Py, donde se abrió una causa que en un comienzo apuntó al acuerdo y luego avanzó sobre el vaciamiento. El fiscal que impulsó la causa, Juan Pedro ZONI, y que imputó hasta al presidente Mauricio Macri, fue desplazado el viernes último de su cargo al frente de una fiscalía federal por una resolución del procurador interino, Eduardo Casal, en sintonía con el interés presidencial. Lo mandó a una fiscalía criminal y correccional.

Lo que la Cámara Comercial debe resolver ahora es si hace lugar a un recurso extraordinario del Correo Argentino para que sea la Corte quien opine sobre las potestades de Boquín para indagar en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en medio del concurso de acreedores. La Cámara ya respaldó a la fiscal con anterioridad, pero el Correo insiste en cuestionarla y prolongar la discusión ante la máxima instancia judicial. Si la Cámara hiciera lugar, quedará suspendida toda investigación sobre el vaciamiento hasta que los supremos decidan.


Se suponía que la firma tenía escasa o nula actividad, en incluso figuraba en el registro de sociedades inactivas, mientras negociaba su deuda con el Estado y otros acreedores y, sin embargo, registró movimientos de dinero de las cuentas afectadas al concurso hacia SOCMA y SIDECO. Según recuerda la fiscal en el escrito reciente ante la Cámara la empresa informó sobre “gastos en personal, alquiler y honorarios de directores no justificados ni documentados” para “justificar el retiro de fondos a los que se habría dado un destino incierto”. O, por ejemplo, también aparecieron operaciones llamativas como la compraventa de acciones de la firma Neficor entre Correo y Socma Americana por dos millones de dólares para un negocio automotriz, que no dio dividendos y que –además– tenía nula vinculación con una empresa postal. Lo más impactante es que los retiros de fondo que se concretaron a lo largo de 2016 por cerca de 10 millones de pesos, fueron autorizados por la jueza del concurso, Marta Cirulli, denunciada por Boquín, e investigada también por el fiscal Zoni.


La posición del Correo es que el impulso de la investigación sobre sus manejos presuntamente fraudulentos, sumado a que no se plasmó el acuerdo, le produce un perjuicio patrimonial irreparable. La postura de victimización, la asumió también en un conjunto de demandas donde pretende un resarcimiento por supuestas pérdidas provocadas por la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. El otro eje es que no le reconoce a la fiscal ninguna atribución para impulsar medidas de prueba sobre el vaciamiento que denunció y es un mero “órgano de consulta” y se supone que manda el juez o jueza. Si de este caso se trata, replicó Boquín, la jueza debió hacer cumplir los plazos de la ley y “ello claramente no fue respetado en estos actuados pues el proceso lleva ya cerca de 17 años” y “no debería durar más de dos”. “La concursada -agregó la fiscal-se benefició con una prolongación indebida y extraordinaria de los plazos procesales”. El Correo decía que ella al querer desentrañar el vaciamiento “ocasiona una complejidad al procedimiento sin justificación”.

“Esta fiscal no entorpece el procedimiento sino que la concursada (Correo) pretende obstaculizar la función de la fiscalía”, advirtió Boquín en su presentación. En el escrito, además, enumera todos los tramos de la Ley de Ministerio Público Fiscal que le permiten ofrecer pruebas e investigar posibles anomalías. Algunos párrafos son contundentes: “Con la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal no se pretende defender los intereses del Estado sino el orden público, el interés general y la legalidad (…) ¿Qué pretendía la concursada? Que luego de advertir serias irregularidades denunciadas no actuara y omitiera todo pedido de prueba? Ello es imposible, me lo impide mi responsabilidad funcional, el juramento que realicé en el momento que asumí (…) y mi compromiso con la ley y los intereses generales de la sociedad”. Su “responsabilidad para dilucidar los hechos” surge –según sostiene– de haber notado irregularidades que enumera: “abuso y fraude procesal, incumplimiento del as normas y de la cosa juzgada, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces”. El Correo “pretende que no se investiguen los hechos denunciados por esta Magistrada y apela las medidas de investigación dispuestas trayendo confusión acerca del rol institucional” de los fiscales y sus posibilidades de actuación en este caso.

La fiscal Boquín hace un repaso desde que se presentó el concurso el 19 de septiembre de 2001 hasta el día de hoy en que “todavía no fue homologado un acuerdo ni decretada la quiebra”. La quiebra arrastraría a las controlantes de la familia Macri: SOCMA y SIDECO.

En 2004, la Cámara ordenó abrir el “salvataje”, por lo que concluía el llamado “período de exclusividad” en que la empresa concursada oferta formas de pago de sus deudas. Pero Correo pidió prorrogar el período de “exclusividad”. Lo pidió en julio de 2005 y luego un año después otra vez. En 2007, y a contramano de lo que había dicho la Cámara, la jueza hizo lugar. Lo abrió por 60 días, pero fueron tres años. En 2010, hace lo que ya había ordenado el tribunal de alzada y propicia el salvataje y el Correo apeló. “Durante todo el trámite la representación del Estado consintió las irregularidades”, remarca la fiscal. Todo siguió igual hasta 2016 cuando el Estado aceptó la propuesta del Correo para deshacerse de su deuda casi sin pagar un peso.

Boquín recuerda que no solo el representante estatal, como acreedor, dio conformidad. Aparecieron 354 conformidades presentadas por 14 apoderados, muchos de los cuales eran a la vez directores de Correo Argentino.


Cuando Macri dijo que todo volvería a “foja cero”, lo hizo para transmitir que el acuerdo perjudicial para las arcas públicas sería revisado y la empresa familiar debería saldar su deuda de manera razonable después de tantos años de bicicleta. Pero parece que todo era más literal, porque el proceso está estancado, como si estuviera en cero. Hubo artilugios, como un pedido de prórroga del propio Estado a la espera supuesta de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que recién fue entregado ahora y cuyos tramos críticos quedaron excluidos. El resto es inocuo. Y ahora todo está enfocado a frenar los fiscales que tuvieron expresiones concretas sobre las abrumadoras irregularidades del caso. Zoni, en Comodoro Py, está en la cornisa pero va a cuestionar la decisión de desplazarlo y eso podría derivar en una causa en el fuero contencioso; Boquín intenta pelearla con un dictamen lapidario, que espera respuesta.

Irina Hauser







domingo, 8 de abril de 2018

SERGIO MORO, EL AMIGO AMERICANO





El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pidió la detención del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en un curso con una delegación estadounidense en 2009. Según el documento que fue revelado por el medio de filtraciones WikiLeaks, el encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes) buscó “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.”

Jueces federales y fiscales de los 26 estados brasileños y del distrito federal, y más de 50 agentes de la policía federal de todo el país participaron de la conferencia que duró una semana y que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro. También se hicieron presentes en el seminario representantes de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay.

El nombre de Sergio Moro fue uno de los pocos que se mencionaron en el documento, hecho que habla de la importancia que tuvo el juez en el encuentro. “El juez federal especializado en lavado de dinero, Sergio Moro, mencionó los 15 problemas más comunes que él ve en los casos de lavado de dinero en las cortes brasileñas”, explica el informe. Luego, detalla que los presentadores estadounidenses comentaron, a partir de la presentación de Moro, varios aspectos respecto a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo cooperación internacional formal e informal, confiscación de activos y acuerdos de culpabilidad. Además, mencionaron el uso de interrogación directa como herramienta y sugerencias de cómo tratar con ONG sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito.




Por otro lado, los redactores del documento se jactaron de haber tenido un pequeño triunfo, puesto que los miembros del sector judicial brasileño adoptaron sin problemas el término terrorismo –impuesto por los estadounidenses– para hablar de problemas en su territorio, en lugar de utilizar “crímen trasnacional”, que era tradicionalmente usado por el Ejecutivo. Así, se explica que al comienzo de la conferencia, la coordinadora para el contra-terrorismo, Shari Villarosa, habló en sus declaraciones iniciales directamente sobre terrorismo y el financiamiento ilícito del terrorismo, enfatizando que dicho financiamiento es un problema global que debe ser discutido de manera global. A continuación, se lee en el informe: “En lugar de discutir estas afirmaciones como usualmente pasa al tratar con el ministerio de relaciones exteriores de Brasil o con miembros del Poder Ejecutivo, los representantes del sector judicial en la conferencia encontraron que el tema era extremadamente interesante e importante”. Más aún, continúa, se mostraron verdaderamente entusiasmados al pedir entrenamiento de seguimiento relacionado al tema. “Claramente los jueces federales, fiscales y profesionales de las fuerzas del orden estaban menos preocupados por el campo de minas político en torno al tema y más genuinamente interesados en aprender como encarar mejor el proceso judicial en la lucha contra el terrorismo”, sentencia el documento en clara crítica al gobierno de Brasil.

Los delegados estadounidenses destacaron así que el sector judicial del país sudamericano estaba muy interesado en abordar, según sus palabras, más proactivamente la lucha contra el terrorismo, pero que necesitaba de las herramientas y el entrenamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, proponían que el entrenamiento debería ser a largo plazo y coincidir con la formación de equipos de trabajo para dicho entrenamiento. Además, y esto resulta llamativo, sugerían que San Pablo, Campo Grande o Curitiba fuesen las locaciones. El juez Sergio Moro es Juez Federal de la 13.ª Sala Criminal Federal de la ciudad Curitiba, estado de Paraná. No obstante, se desconoce si el mencionado entrenamiento fue efectivamente llevado a cabo.

Otro de los ejes que se destacaron en el informe entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos y filtrado por WikiLeaks, fue el ansia por parte de los miembros del poder judicial y de las fuerzas de tratar con los estadounidenses temas internos, en torno al sistema legal brasileño: “Los participantes brasileños buscaron a los representantes estadounidenses a lo largo de toda la conferencia para discutir cómo mejorar el sistema legal de Brasil, especialmente en el área de investigaciones y enjuiciamientos financieros complejos”. Como puede leerse en el documento, los miembros de la delegación de Estados Unidos no ocultaron su satisfacción al ser consultados sobre estos asuntos.

El informe cierra exclamando el rotundo éxito que supuso la conferencia, no sólo por la concurrencia sino también, según dijeron, por reconocer que el término “terrorismo” no es un tabú para los profesionales que tienen que prepararse para lo peor.

Página 12





jueves, 5 de abril de 2018

"DEVUÉLVANME MI INOCENCIA"






En los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de LULA, descontando una decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a LULA, sugiriendo un quiebra del consenso de CURITIBA que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente absurdo, de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos–. Nadie tiene dudas de que el juez SERGIO MORO es un adversario político feroz de LULA, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatoria, que frecuenta, de forma amigable, fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan siquiera acusado por el juez y sus colegas.

El clima era de gran expectativa. Una Revista semanal de la derecha advertía que si LULA recibía el hábeas corpus se terminaba el caso Lava Jato, confesando que ese operativo anticorrupción dependía de la violación de la Constitución que dice expresamente que la prisión de un acusado solo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, había anticipado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el hábeas corpus.

En los días previos a la sesión del 4 de abril, los medios habían usado todos sus recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde el anuncio de movilizaciones de docenas de personas como si fueran miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula. Quedó claro que solo por la vía judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil.

Como elemento nuevo, oficiales de las FF.AA. pasaron a manifestarse abiertamente en favor de la prisión de Lula. Hasta el mismísimo comandante en jefe del Ejercito se sumó al coro, diciendo que la institución no aceptaría que la Justicia sea tolerante con la corrupción. Sus dicho representan la repolitización de las FF.AA., que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los as de 20 anos de dictadura. “Intolerancia con la corrupción” debería significar la anulación esa amnistía y el pasar a juzgar a todos los crímenes de la dictadura. Pero ahora es solo una frase que se sumar a la persecución política de Lula y nada más.

           El Supremo tribunal federal trató el pedido de hábeas corpus presentado por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva para que el expresidente permanezca libre hasta agotar las apelaciones a la condena proferida por el juez Sergio Moro, de la primera instancia de Curitiba, luego confirmada por los camaristas del Tribunal de alzada de Porto Alegre en la causa Lava Jato. 
       
           El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da SIlva y sostuvo que la Corte Suprema "rasgó la Constitución" al rechazar por 6 a 5 un hábeas corpus para evitar su detención.
       
           Desde hace prácticamente un año el régimen encabezado por Michel Temer, vacío de legitimidad y enlodado por escándalos probados de corrupción, comenzó a ceder espacios de poder a los militares. Uno de sus cuadros, el general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, amenazó con un alzamiento armado si la Corte se pronunciara por la libertad de Lula . Incluso el jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, se pronunció en Twitter contra “la impunidad”, un eufemismo con el que fijó su posición a favor del encarcelamiento del ex presidente.    

Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la red Globo. En una editorial, ese medio criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública por aceptar la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer y Aecio Neves, entre otros, mientras que, súbitamente, muestran preocupación por el caso de Lula.

El clima ha vuelto a ser tenso en Brasil y en todo el país, fomentado por los medios, en particular por la red Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con la amenaza del golpista del comandante en jefe del Ejército - antes de decir lo contrario al día siguiente.

En ese clima el STF falló en contra de Lula. Caben todavía recursos y, aun siendo rechazados, como se espera, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción, por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas, como lo han confirmado sus Caravanas por todo el país.

Una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que acaba de ir a subasta, con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria del inmueble. con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político.

Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí a que, a lo mejor, no se atrevan, pero mantengan lo que más le importa a la derecha brasileña: tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia del país.

Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus





sábado, 10 de marzo de 2018

EL BESO PROHIBIDO




Rocío Girat y su esposa Mariana Gómez

El viernes 9-3, pocas horas después de la movilización y paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans del 8M, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional –integrada por los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida el 2 de octubre pasado en el Centro de Trasbordo del Subte C en Plaza Constitución.

Aquel día, Mariana y su esposa, Rocío Girat, se resguardaron de la lluvia bajo el techo vidriado del Centro de Trasbordo y permanecieron conversando, besándose y fumando. Muchas otras personas fumaban en ese sector. Varios minutos después, el empleado de Metrovías José María Pérez y el policía de la Ciudad Jonatan Rojo le exigieron a Mariana que apagara el cigarrillo. Según declaró Mariana Gómez, el policía la llamó despectivamente “pibe” más de una vez y cuando ella aceptó apagar el cigarrillo, la obligó a permanecer en el lugar mientras le ordenaba: “Pibe, vas a ser detenido”. Los cargos que se le imputan son “resistencia a la autoridad y lesiones graves” por no acatar el arresto y por la pérdida de cabello que sufrió la policía femenina Karen Villareal, quien participó en la detención.

Durante el arresto, Mariana Gómez intentó escapar y defenderse de la violencia física de los oficiales. El policía Jonatan Rojo declaró en el expediente que “le pedí a la señora Gómez que no podía retirarse, ella me contesta que éramos masculinos y no podíamos tocarla y ahí me enfrenta y me da un golpe con su pecho”. Por el contrario, Mariana Gómez señaló que fue el policía quien intentó retenerla tocándole un pecho. Acerca de la pérdida de un mechón de cabello que sufrió la oficial, la defensa sostiene que se produjo cuando el policía Rojo arrojó al piso a la detenida, que intentó sostenerse del primer elemento que encontró a mano, para no caer.

Una vez reducida por los policías, Mariana Gómez fue trasladada a la División Subterráneos de la Policía de la Ciudad, ubicada en la estación Boedo de la línea E. Dentro de un calabozo la obligaron a desnudarse y tres oficiales femeninas la requisaron. Le ordenaron ponerse en cuclillas y exhibirles sus cavidades corporales. Permaneció detenida durante 8 horas.

Pocos días después de este episodio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó –en el programa de Mirtha Legrand– su apoyo a la policía en este procedimiento, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación respondió con un nuevo Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI.

Según denuncia la comunidad LGBTI, este nuevo protocolo avanza contra derechos y libertades civiles. El protocolo prohíbe “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves”. Graves son los que dejan secuelas permanentes. De manera tal que los dolores y sufrimientos que no causan ese tipo de secuelas ahora están permitidos durante la detención. Esos sufrimientos son los que llevan a las personas detenidas a ejercer resistencia al arresto y así se configura fácilmente la figura penal.

Con el fallo dictado ayer, la Sala 6 confirmó el procesamiento dictado el 29 de diciembre por la jueza María Fontbona de Pombo. La defensa de Mariana Gómez, a cargo del abogado Lisandro Teszkiewicz, fue notificada del fallo recién el 1º de febrero. La orden de la jueza era notificar después de la feria judicial. “No tuvimos ese mes para analizar la apelación”, declaró en esa oportunidad Teszkiewicz a Página 12. Ahora será nuevamente la jueza Fontbona de Pombo la encargada de dictar sentencia.

El martes 27-2, tuvo lugar la audiencia de apelación ante la Sala 6. Por la Sala habló solamente el juez Lucini. Los magistrados escucharon los argumentos de la defensa, pero se negaron a aceptar el alegato de la abogada Luciana Sánchez sobre los estereotipos de género que usó en su fallo la jueza Fontbona de Pombo. Sánchez se presentó como amicus curiae por la organización Colectivo para la Diversidad (COPADI). Tampoco escuchó al defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella.

Pero lo que causó estupor entre el público asistente a la audiencia –mayoría absoluta de integrantes de agrupaciones feministas y de lesbianas– es que los jueces no permitieron hablar a Mariana Gómez. “En estas audiencias nunca se escucha a los imputados”, dijo el juez Lucini.

A la salida de la audiencia, Mariana Gómez se abrazó a su hermano y luego declaró al suplemento Soy de Página 12: “No me permitieron hablar en la sala. Entonces voy a compartir con ustedes lo que iba a expresar ante el tribunal. Quería decirles que comparen mi procesamiento con el de mis abusadores (Mariana Gómez fue abusada durante años por su padrastro y el padre de éste). Por esta situación absurda, a mí me procesan en menos de cuatro meses. Yo denuncié a una persona por haberme violado durante 16 años y tardaron un año y medio en procesarlo. Cuando me llevaron a la comisaría del subterráneo, me sentí violada de nuevo. Me hicieron mostrarles mis partes íntimas a tres policías femeninas. Me da bronca, porque desde que tengo conciencia ningún juez me dio oportunidad de nada”.

A horas de la manifestación del #8M y del documento en el que –entre otros puntos– se condena la violencia institucional contra las lesbianas, las palabras de Mariana Gómez sacuden los estantes donde descansan tomos de doctrina y jurisprudencia, y conducen los ecos de la gigantesca marea feminista que llenó de verde y violeta y arcoíris las calles argentinas, a las frías salas de los tribunales.

Ninguna de estas voces se oyen en el fallo judicial. En ningún momento se permite ingresar el argumento del trato discriminatorio desde el primer minuto de la detención. El caso debe volver al despacho de la jueza Fontbona de Pombo, quien no permitió que Rocío Girat –testigo y víctima del accionar policial– declarara en la causa.

Durante la detención de su esposa, y cuando pedía que no lastimaran a su pareja y le dijeran a qué lugar la iban a llevar detenida, los policías le exigieron que les mostrara el certificado de matrimonio, algo que no se exige a ninguna persona heterosexual. En los papeles que llenaban mientras detenían a Mariana Gómez, Rocío pudo ver que consignaban que era “soltera”.

Otro detalle significativo de la audiencia. El abogado Lisandro Teszkiewicz solicitó al tribunal que se permitiera a Rocío Girat asistir a la audiencia cerca de la defensa, en su calidad de esposa. La invitan a ingresar a la sala llamándola “señorita Rocío”. Esta vez la Justicia, en una actitud ambigua, le negó a Rocío Girat el trato de esposa.

Del fallo firmado por los jueces Lucini y González Palazzo se destaca el pasaje donde describen cómo un testigo salía de la estación de trasbordo y, al notar lo que ocurría, lo filmó en parte. El tribunal sostiene que el testigo (de apellido Bertacchini) dijo que no escuchó que explícitamente se refirieran a Mariana Gómez como un varón. “Pero por la forma en que la trataban, me dio esa sensación”, había declarado Bertacchini en la causa. El tribunal desestimó esta apreciación del testigo. “Es carente de todo sustento”, escribieron los jueces de Cámara en el fallo.

De la parte previa a este momento, no hay constancia en video. Y difícilmente podría ser de otra manera. A nadie le llamaría la atención ver a un policía con dos mujeres jóvenes. Sí llaman la atención los gritos durante una detención. Por eso existen documentados en video de esta parte del procedimiento policial. Los jueces dicen que “ninguna prueba sustenta que (el empleado de Metrovías y el policía Rojo) se percataron de su ‘elección sexual’ y no aceptaban que se besaban”. Hasta ahora ningún juez tuvo en cuenta el testimonio de Rocío Girat. “La jueza Fontbona de Pombo se negó a que la esposa de Mariana declare en la causa”, dice el abogado Teszkiewicz.

En otro apartado, Lucini y González Palazzo sostienen que “la pretensión de la defensa en justificar los golpes que propinó Gómez a los policías, a través de una cuestión de género, parece tener como único propósito desviar del foco de atención del no acatamiento de la indicación dada por Pérez y Rojo de cesar con la infracción a la norma que dispone la prohibición de fumar en lugares públicos”. Aquel mediodía del 2 de octubre pasado, decenas de personas atravesaban los molinetes de la línea C en Plaza Constitución y encendían un cigarrillo. La única interpelada fue Mariana Gómez. Lo que diferenciaba a Mariana del resto es que había estado besando a su esposa.













jueves, 8 de marzo de 2018

El Ministro Germán Frankestein y la Justicia en Pedazos






El Gobierno creó por decreto una comisión para reformar el Código Civil y Comercial, a solo dos años de que se haya implementado la nueva norma. Los criterios de selección de los integrantes de esa comisión no dejan de ser llamativos. La integrarán la hija de la camarista que tiene parada la causa por el Correo Argentino, que involucra a la familia del presidente Mauricio Macri, y también un síndico en la causa del Correo que antes fue abogado de empresas del Grupo Macri como Socma. Incluso fue abogado de Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. En su momento, ese abogado fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquin por incompatibilidad en el cargo que ocupa, en el que se supone que debe velar para que el Grupo Macri pague la deuda multimillonaria que sigue teniendo con el Estado.

Con la firma de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, el decreto 182/2018 indicó que se creará una comisión para modificar parcialmente el Código Civil, que generará una anteproyecto en seis meses.

“Se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción”, dice el decreto. En el Ministerio de Justicia no dieron más detalles de cuáles aspectos son los que se buscarán cambiar. “Serán unos 20 artículos”, dijeron, sin más precisiones.

En Tribunales, interpretaron la decisión como una “devolución de gentilezas” al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien impulsó la reforma anterior del Código Civil. En las comisiones que convocó la Corte por la reforma judicial no se hablaba de otra cosa en los coffee break: todos interpretaban que el oficialismo quiere mojarle la oreja a Lorenzetti.

El Gobierno argumentó en el decreto que un grupo de especialistas del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado habían propuesto hacer modificaciones en el Código Civil. Ese programa lo dirige Agustina Díaz Cordero, que formará parte de la comisión de reforma. Se trata de la hija de la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien tiene parado hace tiempo el expediente por la deuda del Grupo Macri con el Correo argentino, como denunció la fiscal Boquin. Es, además, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

La hija de la camarista ya recibió anteriormente las atenciones de Macri: el Presidente la incluyó en una terna en el Senado para jueza civil, pese a que había quedado en el puesto 17 en el concurso (era la peor calificada de la terna, por lejos). Le fue mejor que en otro concurso para ser jueza comercial, en el que quedó en el puesto 32.

En el primer concurso, entre las jurados estaba la camarista Graciela Medina, que es esposa de Julio César Rivera, otro de los que integrará la comisión de redacción del próximo Código Civil. Rivera fue apoderado de diversas empresas del Grupo Macri, entre ellas Transmetro S.A. y Saframa, y patrocinó a Macri en su divorcio con Menditeguy en 2005. Macri lo propuso como conjuez de la Corte Suprema. No obstante, Rivera también es abogado de la Sindicatura General en la causa del Correo Argentino. La fiscal Boquin lo denunció por incompatibilidad, dado que como síndico debía buscar que el Grupo Macri pague: un ex abogado de ese grupo no parecería ser la persona indicada para el trabajo. Boquin indicó que la sindicatura tuvo posturas contradictorias con su deber.

Además de Rivera y Díaz Cordero, la comisión estará integrada por Ramón Daniel Pizarro, Marcelo Alejandro Rufino y Diego Botana. Este último había sido propuesto por el radical Ernesto Sanz para ocupar un puesto en la procuración del Tesoro, pero Carlos Balbín lo rechazó porque detectó posibles conflictos de interés. El otro candidato que proponía Sanz terminó siendo su reemplazante: Bernardo Saravia Frías, quien también fue abogado del Grupo Macri. Entre los antecedentes de Botana figura haber sido “expert witness en los Tribunales de Quiebras de la Ciudad de Nueva York en materia de derecho concursal argentino, en procesos de reestructuración internacional de deuda”, es decir, haber participado en el tribunal de Thomas Griesa. Ahora se ocupará del Código Civil.




MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 182/2018

Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación. Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-34797815-APN-DDMIP#MJ, la Ley N° 26.994, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.994 se aprobó el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015.

Que transcurridos DOS (2) años de la entrada en vigencia del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción.

Que un equipo de especialistas convocados y reunidos en el ámbito del “PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHO PRIVADO”, creado por la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 441 del 24 de junio de 2016, trabajó en la iniciativa “Observatorio del Código Civil y Comercial” del “PROGRAMA JUSTICIA 2020” ambos en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio y concluyó que resulta necesario efectuar ajustes puntuales al Código vigente.

Que atento lo expuesto, resulta necesaria la creación de una Comisión que lleve a cabo la actualización de la legislación nacional en materia de derecho privado, integrada por reconocidos juristas en la actividad académica, doctores Julio César RIVERA, Ramón Daniel PIZARRO, Diego BOTANA, Agustina DIAZ CORDERO, quien se desempeñara como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los mismos desarrollarán su tarea con carácter “ad honorem”.

Que dicha Comisión tendrá como objetivo principal la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Que a su vez, corresponde establecer que la citada Comisión dictará su propio reglamento de funcionamiento, y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital de éste, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad.

Que para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que tendrá a su cargo el dictado de las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten pertinentes.

Que ha tomado intervención el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS la “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN”, la que tendrá a su cargo la elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL de un anteproyecto de ley de modificación parcial del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en el plazo de SEIS (6) meses a contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión.

ARTÍCULO 2°.- La Comisión creada por el artículo 1° estará integrada por los doctores Julio César RIVERA (D.N.I. N° 7.606.530), Ramón Daniel PIZARRO (D.N.I. N° 11.187.062), Diego BOTANA (D.N.I. N° 21.831.349), Agustina DÍAZ CORDERO (D.N.I. N° 25.096.105), quien se desempeñará como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO (D.N.I. N° 14.886.709), quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los miembros de la Comisión desarrollarán su tarea “ad honorem”.

ARTÍCULO 3°.- La “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN” dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital del Programa, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad.

ARTÍCULO 4°.- Para el cumplimiento de su cometido la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el que dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para el cumplimiento del presente acto.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Germán Carlos Garavano.

e. 07/03/2018 N° 13906/18 v. 07/03/2018

Fecha de publicación 07/03/2018





sábado, 10 de febrero de 2018

La prisión sin razones de Carlos Zannini




Estimado Carlos:

Hace algunas semanas publicaste una carta abierta en la que preguntabas: ¿Puede alguien, en derecho, explicar mi prisión? A los pocos días te respondieron Raúl Zaffaroni y luego, Julio Maier. Ambos, aún con sus diferencias, entendían que no había razones fundadas en derecho para tu detención preventiva. Luego otros colegas sumaron sus voces y esta semana lo hizo nuestra querida Estela de Carlotto. Mi intención de contestarte no obedece a la posibilidad de agregar algo a lo que ya han escrito quienes considero mis Maestros, sino en el hecho de sentirme interpelada, por tu carta abierta, como profesional del derecho, como docente de derecho penal y como militante que trabaja de abogada.

No puedo dejar de decirte, a priori, que lamentablemente los operadores judiciales de nuestro país hacen un abuso de la prisión preventiva, transformando —para ciertos delitos y para algunos imputados— la excepción en regla. Un instituto que debería tener como finalidad exclusiva el aseguramiento del proceso y la justicia —que la persona no se fugue, ya que no hay juicio en ausencia, y que no entorpezca la investigación— se utiliza para otros variados fines, según sea el caso. Esta afirmación se puede ver en los guarismos que reflejan que hoy el 49% de las personas detenidas lo están en carácter preventivo [1]. Se trata de un mal endémico del Poder Judicial que tiene múltiples causas, pero todas ellas se encuentran atravesadas por la falta de respeto —y de registro— a/de la dignidad del ser humano de parte de los operadores.

Dicho esto que bien podría explicar —no desde el derecho, por cierto— muchas prisiones preventivas, está claro que ese argumento no alcanza para explicar la tuya, por varias cuestiones. En principio, la grotesca imputación por la que te procesaron [2] —que por razones de extensión no abordaré aquí— es de por sí una de persecución política inédita en la historia del derecho argentino: criminalizar un acto de gobierno en el que intervinieron el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que luego es declarado inconstitucional por el Poder Judicial, subsumiendo esos hechos en el delito de traición a la patria. Pero, como bien expresás en tu carta, posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones modificó la calificación de esos hechos, quitando la imputación de traición a la patria, y dejando la de un encubrimiento agravado —pena de prisión de 1 a 6 años— , de un estorbo funcional —pena de prisión de 15 días a 6 meses— y un abuso de autoridad —pena de prisión de 1 mes a dos años—. El máximo de estos delitos en concurso es el de 6 años y el mínimo 1.

El hecho de que no tengas ningún antecedente previo hace pensar que incluso en un escenario hipotético en el que te pudieran condenar por esos hechos, esa pena podría quedar en suspenso. Es por eso que en estas situaciones, más que en ninguna otra, se debería probar en la causa que la persona imputada ha demostrado de algún modo que intentará profugarse o que amedrentará a testigos o podrá hacerse de prueba necesaria —informes, documentos, etc.—. Sin embargo, ni de la causa ni de las resoluciones judiciales surge fundamento alguno de este tipo para justificar tu prisión preventiva. Hasta aquí podrían ser las razones del derecho.

Y quizás no haya razones del derecho porque, como escribí hace unos meses, lo han matado: “Ya se anunciaron la muerte de dios y la de la Historia, llegó el momento de asistir a la muerte del derecho” [3].

Históricamente, el Poder Judicial ha tenido un rol político —quizás debamos todxs hacer mea culpa de no haber podido develarlo a tiempo—; sin embargo, resultaba inverosímil, en un marco democrático, la activa y decisiva acción judicial en la actual persecución a oponentes políticos, militantes, sindicalistas y dirigentes indígenas. En ese sentido no estás solo. La persecución a Lula, a Cristina, a Milagro y a una larga lista de compañerxs da fe de eso.

Lo que quizás me movió a contestarte fue el hecho de que, entre todas las injusticias que nos atraviesan en estos tiempos hostiles, la tuya tiene una particularidad: vos estuviste cuatro años preso por el terrorismo de Estado, por razones estrictamente políticas. Tu detención dependía del Poder Ejecutivo que, sin descaro ni presunción de legalidad, privaba de la libertad mediante decretos —en el mejor de los casos— a miles de personas. Hoy, cuarenta y tres años después, nuevamente son razones políticas las que te llevan a perder tu libertad. Aquellos que trabajamos en la búsqueda de la Justicia por los hechos más atroces de nuestra reciente historia, nos vemos interpelados por nuevas persecuciones, nuevas privaciones de la libertad y nuevas violaciones a los derechos humanos: otra vez nos quieren llenar de miedo a todos lxs que soñamos “con un mundo mejor, sin exclusión con más igualdad, solidario y protector de familias e individuos” [4], parafraseándote.

No sé si lo que te afecta hoy “quizás ocupe una simple línea en la historia universal de la infamia” [5], pero no tengo dudas de que quienes hoy nos gobiernan, nos persiguen, nos criminalizan, nos ajustan, nos quitan derechos, venden nuestra patria, regalan nuestra soberanía e hipotecan nuestro futuro, tendrán un lugar destacado en esa historia universal.



[1] Datos del año 2016 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: de 76.261 individuos privados de su libertad, más de 35.000  no tenían una condena en su contra – el 49%-.

[2]  Para ver en más detalle: https://www.elcohetealaluna.com/gobierno-los-jueces/

[3] https://www.pagina12.com.ar/75165-la-muerte-del-derecho

[4] Carta de Carlos Zannini a Cristina Fernández de Kirchner escrita desde la cárcel  el 13 de diciembre de 2017.

[5] Ídem.




Carta abierta de Carlos Zannini
18-01-2018

¿Puede alguien, en derecho, explicar mi prisión?

Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública.
En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna.

Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos.

En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva.

El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.

Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado.

¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?

Carlos Zannini
Ex secretario general de la Presidencia

domingo, 31 de diciembre de 2017

Los cuentos del juez ERCOLINI







¿Quienes fueron los autores del supuesto homicidio de Alberto Nisman, uno que habría disparado y otro que lo acompañaba? Desconocidos, no se los pudo identificar. ¿La forma en la que entraron al edificio Le Parc? Desconocida. ¿El método con el que entraron al departamento del fiscal? No se sabe. ¿La forma en la que salieron del baño, sin dejar ni una pisada, sin que hubiera una mancha de sangre? Se ignora. ¿El método con el que salieron del departamento dejando trabas del lado de adentro en la puerta principal y en la de servicio? Tampoco se sabe. ¿La forma en la que salieron del edificio sin cruzarse con nadie, sin que nadie los viera, sin que los capte ninguna de las cien cámaras que sí funcionaban? No hay ni siquiera una hipótesis.

Las 656 páginas del juez federal Julián Ercolini sobre la muerte de Alberto Nisman no aportan ni una prueba ni una evidencia de lo que ocurrió. Lo único que queda en pie son interrogantes y preguntas para las que ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano tiene respuesta alguna.

1 Diego Lagomarsino fue procesado como cómplice del supuesto homicidio. ¿Cómplice de quién? No se sabe. El juez dice que el informático fue parte de un plan criminal, que integró una especie de organización con los supuestos homicidas “que no han podido ser identificados”. En el texto del juez no hay ni siquiera una teoría sobre los asesinos. Y lo más llamativo es que no menciona contactos de Lagomarsino, ni llamadas ni whatsapp con los que podrían ser sus colegas de banda. No hay un testigo que mencione que lo vio en una reunión rara, sospechosa. ¿Lagomarsino era parte de un servicio de inteligencia? El juez no lo afirma para nada. No encuentra ni un vínculo.

2 ¿Cuál fue el móvil del supuesto crimen? Según dicen los teóricos, si un homicidio se produce delante de diez testigos o si hay una filmación, el móvil no tiene la menor importancia: está claro quién fue. Pero si un homicidio tiene un autor dudoso o desconocido, el móvil pasa a tener mucha importancia. Hay que determinar la relación entre el homicida y la víctima. El móvil llena los huecos de una descripción incompleta, afirma la teoría. En las 656 páginas de Ercolini no hay móvil alguno. ¿Por qué Lagomarsino habría de participar del asesinato de Nisman? ¿Porque Nisman denunció a Cristina por el Memorándum? Está claro que no era kirchnerista. Basta mirar sus posteos anti-K en Facebook muchísimo antes de la muerte del fiscal y muchísimo antes de que Nisman pegara la voltereta de estar muy cerca del gobierno de Néstor y Cristina para pasar a denunciar al mismo gobierno que antes elogiaba. ¿Participó del crimen porque era parte de una organización o servicio de inteligencia? No hay una sola prueba del juez en ese sentido. Ni en ningún sentido. Y eso que la investigación está en la justicia federal desde hace 15 meses y, si se suma toda la pesquisa anterior, ya pasaron casi tres años sin que apareciera evidencia alguna de un móvil. De esos tres años, dos fueron bajo administración macrista que se desespera por encontrar alguna prueba que involucre al gobierno anterior.

3 ¿Por qué Lagomarsino aportó su arma? La participación que el magistrado le imputa al informático es haber aportado la pistola, sabiendo que se iba a usar para matar a Nisman. Pero el dato relevante es que se trata de una Bersa que estaba inscripta en el Registro a nombre de Lagomarsino. O sea que entregó el arma inmolándose. En minutos se sabría que estaba a nombre suyo. No tiene el menor sentido ni explicación. Ercolini dice que se necesitaba un arma “amiga” para simular un suicidio, pero si la pistola hubiera sido de origen desconocido, nada cambiaba la situación: se diría que tal vez Nisman compró el arma muchos años antes. Basta mirar la Bersa para ver que se trata de una pistola viejísima. En cualquier caso, nuevamente el juez hace especulaciones y no explica por qué Lagomarsino habría puesto el cuerpo, inmolándose, en el supuesto plan criminal. No hay otro ejemplo igual en el mundo de alguien que deja una pistola a su nombre en un homicidio de repercusión nacional e internacional.

4 ¿Nisman no pidió el arma? El fiscal y el juez sostienen que es inverosímil que Nisman le haya pedido el arma a Lagomarsino. En primer lugar, desconocen un hecho probado: las llamadas, ese sábado, fueron siempre de Nisman a Lagomarsino. Fueron varias llamadas, reiteradas, porque en dos oportunidades el informático no atendió. Exhiben insistencia de Nisman, no voluntad de contacto de Lagomarsino. Pero, además, el custodio Rubén Benítez contó que también a él Nisman le pidió un arma, exactamente con el mismo argumento: que era para defender a sus hijas, que la custodia podía ser interceptada. El magistrado dictamina que no le cree a Benítez, que se contradice en sus versiones y sugiere que él y Lagomarsino fueron parte de un mismo plan. Sin embargo, no hay una sola llamada entre ellos, no hay testigos ni siquiera de un encuentro entre custodio e informático. Ercolini supone que fueron cómplices, no presenta una sola prueba.

5 Simular un suicidio. Ese es el centro de las 656 páginas del fallo de Ercolini. Según él, los homicidas, hicieron todo para armar la escena de un suicidio. Sin embargo, no explica lo más elemental ¿por qué el arma aparece en el hombro de Nisman? ¿por qué no se lo pusieron en la mano o cerca de la mano? No hay mejor indicio de un suicidio que el arma en la mano o al lado.

6 La mecánica. La Gendarmería, fuerza que depende del gobierno de Mauricio Macri y específicamente de Patricia Bullrich, dictaminó que a Nisman le dieron una tremenda paliza, le fracturaron la nariz, casi le partieron el labio, le pegaron en el hígado y en una pierna. Recién después le dieron ketamina, no se sabe cuánto ni cómo, porque no tiene rastros de ninguna inyección. Frente a este diagnóstico disparatado de una fuerza que no tiene la menor experiencia en autopsias, el Cuerpo Médico Forense, que no dependía de Cristina sino de la Corte Suprema, dijo que Nisman no tenía golpes y sólo registraba pequeñas cantidades de clonazepan. Los forenses, con miles de autopsias a sus espaldas, dijeron además de que no hay evidencia científica de accionar homicida ¿Cuál hubiera sido la lógica? Que el juez convocara a todos los profesionales de uno y otro lado, para que abrieran un debate delante de él. Ercolini esquivó esa alternativa. Como la coalición política-mediática-judicial quería apuntar, sí o sí, contra el gobierno anterior, se imponía dictaminar homicidio. Y eso se hizo, en contra de la ciencia.

7 La escena, parte II. Nisman murió de un único disparo en la sien (el lugar habitual de los suicidas), con el arma apoyada. En todo el departamento no hay rastros de pelea, pese a que para el juez y la Gendarmería recibió una tremenda paliza: no se rompió nada, el departamento estaba igual que el día anterior, según testimonió la madre del fiscal. Nisman terminó con la cabeza contra la puerta del baño, lo que impedía abrirla. Nada explica el magistrado sobre cómo se armó esa escena, cómo hicieron los dos supuestos homicidas para pegarle el tiro y salir dejando la cabeza apoyada contra la puerta y sin que hubiera ni una pisada ni se manchara la alfombra del pasillo. Nuevamente, los peritos de la Policía Federal dictaminaron que no había ninguna persona dentro del baño en el momento del disparo, mientras que la Gendarmería sostuvo que hubo dos personas, una sosteniendo a Nisman y la otra disparándole. En lugar de reunir a todos y obligar a un debate, Ercolini simplemente tomó la versión hecha a medida del comité de Cambiemos con sede en Comodoro Py.

8 El complot más grande del mundo. ¿Qué es lo que demuestra que a Nisman lo mataron? Que hubo un complot que se concretó en la desprotección del fiscal. Por ejemplo, la seguridad privada del edificio Le Parc tenía enormes baches: ni se anotaban como correspondía las entradas y salidas ni funcionaban todas las cámaras. Ese estado de cosas no fue producto de la dejadez, de la mala administración o incluso de la voluntad de algunos de los que viven en las torres para que no queden registradas las visitas, tal vez, de amores clandestinos. No, esa situación fue parte del complot. Otra parte del plan fue la presencia de un prefecto, afuera de Le Parc, vigilando. Y también de agentes de inteligencia de la Prefectura, a los que les dicen pasteros, que realizaban rondas. Otra parte del plan fue la ineficiencia de la custodia de la Federal que, como está probado, dirigía el propio Nisman de manera despótica: los usaba de cadetes para que le vayan a comprar comida o a entregar sobres. Más allá de eso, en ninguna parte se aporta una prueba de la relación real, concreta, de todo eso con la muerte del fiscal. El punto culminante del disparate fue la sugerencia de que un puesto de diarios era parte del operativo de espionaje que rodeó el supuesto homicidio. Ercolini dedicó páginas a señalar que el quiosquero era raro, que no vendía diarios, que cerró poco después, que no tenía permiso. En conclusión, que era un espía. El que arruinó todo fue el propio quiosquero que se presentó a declarar. Alfredo Juan Zabaleta le dijo al fiscal Taiano que puso el puesto en 2009, cinco años antes de que Nisman se mudara a Puerto Madero y seis antes de la denuncia del fiscal por el Memorándum. Eso lo saca de la cancha como servicio de inteligencia destinado al plan de vigilancia de Nisman: es que ninguna agencia de espionaje podía prever que el fiscal se separara de su pareja, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la que convivía en Pilar y que se fuera a vivir a Le Parc. Además, en su declaración, Zabaleta dejó entrever que cerró el puesto porque no pagó o se atrasó en el pago a los distribuidores de diarios y le cortaron la provisión. Entonces empezó a pedirle ejemplares a sus colegas, hasta que se fundió. Hoy trabaja en un ministerio, contratado por la administración Macri. La historia del quiosquero-espía exhibe la debilidad de las pruebas que, si se las mira un poco de cerca, no son pruebas.

9 Sin salida. El fallo de Ercolini deja el caso en un callejón sin salida. Es que el juez le hace la venia a los intereses políticos nacionales e internacionales cuyo objetivo es adjudicarle responsabilidad al gobierno “populista” anterior, instalar la idea de una autoría iraní o venezolana o de agentes de inteligencia vinculados al kirchnerismo. Y en ese marco, Lagomarsino es acusado de cómplice de personas que no se pueden encontrar ni identificar. Es que hay un problema: no existen. O por lo menos Ercolini no aporta ni una prueba sobre su existencia.











LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...