viernes, 17 de noviembre de 2017

MACRI AGAIN: Destituyeron al juez Eduardo Freiler







Macri ganó otra vez. El oficialismo consiguió destituir al camarista Eduardo Freiler, acusado de no poder justificar su patrimonio, aunque ya había sido sobreseído de la investigación penal por enriquecimiento ilícito.  ¿El reino del revés?

El jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura leyó el veredicto, que terminó con la separación del juez, tras la maniobra de Cambiemos de apartar a un miembro del Consejo para alcanzar con los votos necesarios y avanzar con el enjuiciamiento.

La audiencia del jury de enjuiciamiento comenzó cerca de las 10, en la sala del tercer piso del edificio de Libertad 731. Freiler no estuvo presente. En representación suya asistió a la lectura del veredicto su abogado José María Olivares. Por 6 votos contra 1, el jurado descartó la anulación del jury, como había pedido el abogado del juez, y aprobaron la destitución.

Los consejeros que representan a Cambiemos denunciaron al magistrado por mal desempeño por no poder justificar su patrimonio ni sus gastos con el sueldo de juez. El de Freiler fue uno de los primeros nombres que apareció en la lista negra de magistrados en la mira del Gobierno por sus fallos contrarios a los intereses de la Casa Rosada.

Los fiscales en el proceso de remoción fueron el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) y el abogado Miguel Piedecasas, quienes sostuvieron que Freiler no pudo explicar cómo obtuvo cerca de 16 millones de pesos, según un análisis de sus ingresos y gastos desde 2012 hasta octubre de 2016.

Sin embargo, el juicio político a Freiler tuvo dos situaciones controvertidas. Como el oficialismo no lograba sumar los votos necesarios para acusarlo, avanzó con una denuncia contra el senador Ruperto Godoy, otro de los integrantes del Consejo, por ocupar ese cargo sin ser abogado (requisito que no aparece en la ley). Por una sentencia de Cámara que no estaba firme, le impidieron a Godoy participar de la votación. Su reemplazante, que ya había sido elegido, tampoco pudo votar porque el oficialismo demoró la jura.

Por otro lado, Freiler ya había sido juzgado penalmente por enriquecimiento ilícito, proceso en el que fue sobreseído. Pero los consejeros del macrismo decidieron avanzar igual. La ausencia de uno de los consejeros -por la maniobra con Godoy- en aquel plenario fue lo que invocó la defensa del camarista para pedir la nulidad del jury.
















miércoles, 15 de noviembre de 2017

¿Cómo llegamos hasta acá?





¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo pasamos de los peloteros a la desaparición forzada de Santiago Maldonado? ¿Cómo fue que salimos de las bicisendas y empezamos a ser bajados de los colectivos por la policía, sospechosos por un cartel, una remera, una bandera o cualquier cosa? ¿Cuándo apagaron Arde la ciudad y empezaron a arder esos dos autos frente a la casa del juez Eugenio Zaffaroni? ¿Cuándo fue que pegamos el salto de lo que pretendía ser divertido y se reveló siniestro?

Tiene mucho de siniestro lo que nos pasa. En el sentido de que lo que creíamos que nos protegía, nos ataca. Es siniestra la manera en la que se aparenta y en la manera contraria en la que se procede. Porque aunque cuando se conocieron los resultados del punto y medio de ventaja para Mauricio Macri, en 2015, uno haya llorado la interrupción de un ciclo de inclusión que podía mutar, virar, profundizarse, cambiar de conducción, cambiar de alianzas, en fin, incluso aquel día, uno pensó que sería opositor. Pero no está siendo posible. Cuando hay persecución política no se puede ser opositor.

Cuando en un país democrático hay oposición, esa oposición alza la voz si encarcelan con causas inventadas a Milagro Sala, aunque Milagro Sala les caiga mal. Pero aquí, y ya desde enero de 2016, con la obviedad de la malformación del Tribunal de Justicia jujeño, hubo un consentimiento de muchos que se pretenden opositores, no a la gobernabilidad de Macri, sino a que Macri pudiera encarcelar personas “porque casi todo el mundo cree que es culpable”. Ese consentimiento, que continuó, dio el visto bueno a las detenciones preventivas ahora de Julio De Vido y Amado Boudou. La realidad nos está diciendo todos los días y de muchas maneras distintas que en la Argentina de hoy se puede pactar con el gobierno, pero no oponerse, porque si hay persecución no hay libertad de conciencia. Si hay aprietes judiciales coreografiados no hay libertad política. Entonces, para resumir algo complejo: en 2015 creímos que Cambiemos había ganado las elecciones pero que seguíamos viviendo en el mismo sistema. Y eso no sucedió. Y es obvio. Y los que no lo ven hacen que no lo ven.

Lo que llamamos democracia y lo que identificamos con lo democrático se extingue cada día un poco más, envilecido por el coro de sirenas malformadas que desde los grandes medios ejercen su papel de porristas. Nos habíamos pasado los últimos cinco años discutiendo sobre la libertad de expresión. Hoy estamos en estado de alerta porque Página 12 ve amenazada su continuidad. Quieren que C5N sea otro TN y lo harán. Se acallarán muchas voces, por lo menos un puñado. Pero desde hace dos años hay voces que están prohibidas. Y discutíamos la libertad de expresión, y la SIP hacía comunicados, y periodistas de renombre se quejaban en la OEA, y ahora… no les importa nada, pero la élite periodística gana mucho más dinero que antes. Esa franja periodística servil es una de las pocas beneficiarias de este modelo autoritario. El envilecimiento periodístico, que no tiene que ver con los trabajadores de medios que tienen día menos oxígeno, tiene mucho que ver con el sentido común desfigurado que altera a gran parte de la población argentina.

Como escribió Luis Bruschtein hace un par de semanas, ahora los únicos que pueden salir del closet son los fachos. ¿Cómo pasamos de lo cool a lo facho? ¿Es lo cool, en esta época tan rara, a lo que aspiran los fachos? El envilecimiento periodístico tiene una enorme responsabilidad en este clima hostil de la vida diaria, en este agobio. Esa necesidad –encima rentada– de seguir odiando, de seguir ensuciando, está esparcida en las pantallas y las radios. De ahí baja una corrosión que sale al encuentro de la sombra de una sociedad. La cirujana de Nordelta a Michelle, en síntesis, era “sacame a esta gente de acá”.

Eso es el gobierno de Macri. “Sacame a esta gente de acá”. A Cristina cuando era presidenta la quería “tirar por el balcón”. Empezó su gobierno diciendo “quiero gente presa”. A los mapuches había que sacarlos de la ruta. A Santiago Maldonado lo sacaron del todo. A Milagro Sala la sacaron de la libertad. A los chicos de la Tupac Amaru los sacaron de sus casas y sus piletas. A otros chicos los sacan de las escuelas, y a los jóvenes de las universidades, para hacer colas interminables por un trabajo que hace dos años hubieran rechazado. A los viejos los sacan de la salud, a los discapacitados les sacan las pensiones. La cirujana de Nordelta no sólo es una mujer blindada en una ilusión, que es ser ella misma más refinada o más privilegiada de lo que es, sino que está blindada con la impronta siniestra del macrismo, que es el desprecio profundo por los que no son ellos mismos y con la manera brutal de comunicarlo. Empiezan hiriendo con el lenguaje.

Como en un espejo invertido, lo que a muchos de nosotros nos espanta del escenario gubernamental, esa aglomeración de excompañeros de un colegio caro y de Ceos de trasnacionales que cualquier niño sano de diez años advierte que jamás tomarán decisiones que beneficien al pueblo, a muchos otros los fascina. No es un tipo de fascinación novedoso. Proviene del fondo oscuro de la historia, cuando tomó forma la idea imperial. Cuando de la tragedia y la comedia griegas como expresión cultural, la humanidad giró de eje y dio paso a las multitudes que se divertían viendo morir a esclavos o a cristianos en un circo. El emperador tenía el derecho de subir o bajar el pulgar. Esas multitudes que encontraban fascinante la muerte de alguien a quien consideraban inferior, delegaban a su vez en el pulgar del emperador un poder extraordinario y sórdido.

Como primera observación, se diría que estamos comprobando que para quienes, como la cirujana de Nordelta, ven en “esa gente” a “bestias” que no tolera ni ver, el proyecto de país inclusivo que defendimos y seguiremos defendiendo muchos, es algo absolutamente revulsivo, como lo fue el primer peronismo y como lo han sido todos los gobiernos populares. El argumento despreciativo de la cirujana es el habilitado por el pulgar del poder. Este régimen necesita que mucha gente desprecie, que mucha gente reconvierta la satisfacción que no tiene en la certeza de que hay otros que están siendo castigados. Podrán prohibir muchas cosas, pero jamás prohibirán el odio. Lo fomentarán. El odio ha sido, siempre, la herramienta política de las tiranías.








lunes, 13 de noviembre de 2017

Arslanián sobre Gils Carbó






León Arslanián, abogado de la procuradora Alejandra Gils Carbó, advirtió que la funcionaria “no se benefició ni en un centavo” con la compra del edificio para el organismo, y agregó que la causa judicial que se abrió en su contra –precisamente por la adquisición de ese inmueble– es “un proceso absurdo” y “de mala fe”.

De ninguna manera Gils Carbó se ha beneficiado con la operatoria, no hay una sola prueba”, sostuvo sobre las presuntas anomalías en la compra del inmueble donde funciona la sede de la Procuración General, en la calle Perón 667.

La procuradora Gils Carbó fue procesada a mediados de octubre por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para tomar esa decisión, el juez Julián Ercolini se basó en una comisión pagada al intermediario y la inmobiliaria por parte de la empresa Arfinsa, dueña del edificio vendido. Ayer, Arslanián remarcó que el procesamiento habla de “un supuesto aprovechamiento de una licitación pública en la compra de un edifico donde no hay acreditado que hubo un perjuicio para el Estado sino todo lo contrario, hubo beneficio”, ya que “se compró por menor valor a la tasación pública oficial y encima no se pagó un solo peso por parte de la Procuración de comisión”. “El edificio es excelente y supo aprovechar una coyuntura muy favorable”, añadió. El abogado y ex ministro de Seguridad dijo que “son muchas las personas imputadas, muchas de ellas puede que hayan hecho su negocio con ello”, pero “no es el caso de la procuradora”.




Arslanián habló también de la renuncia de su defendida a la Procuración General, que se efectivizará el 31 de diciembre. Tras recordar que Gils Carbó había “recibido presiones de todo tipo que ha sabido enfrentar” para que dejara el cargo, explicó que su renuncia fue “razonable” por “una cuestión de tiempo”.

Asimismo, destacó que su gestión en la Procuraduría General “fue muy buena, hubo verdaderas políticas públicas en materia penal, en materia de persecución penal y se buscó favorecer a los sectores más victimizados y a los que menos suele llegar la Justicia”.



Julián Ercolini, el juez que rechazó la indagatoria a los directores de Clarín y La Nación




El magistrado no hizo lugar al pedido de indagatoria de los imputados en la causa Papel Prensa que hizo el fiscal subrogante Gómez Barbella. Un repaso por sus antecedentes.

“Hasta el momento no existe en esta causa motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuye”. Con esta frase, el juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria a los directores de Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, solicitado un día antes por el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella en la causa en la que se que investiga la venta de la empresa Papel Prensa.


Ercolini comenzó a ejercer la docencia en la cátedra de Derecho Penal de Esteban Righi en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando tenía 26 años. En 2004 quedó al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 10 y, casi en simultáneo, Righi fue designado procurador general de la Nación.

Cuando asumió se encontró en su juzgado con una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces presidente, Néstor Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner. El matrimonio eligió como defensor a Fabián Musso, socio del estudio jurídico fundado por Righi. En marzo de 2005 el juez dictó el sobreseimiento.

Ercolini, además, tuvo a su cargo la investigación sobre el presunto pago de coimas para exportar a Venezuela que involucró a funcionarios y empresarios y envió a juicio oral al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por dádivas.

Hay cuatro denuncias en su contra que esperan resolución en el Consejo de la Magistratura. Una fue presentada en diciembre de 2014 por la diputada Elisa Carrió, quien cuestionó al juez por no avanzar en una causa iniciada por ella, en la que acusó a Kirchner por asociación ilícita en la entrega de contratos de obra pública.

En la causa Papel Prensa, los abogados de Clarín y La Nación presentaron en 2012 un recurso que cuestionaba la competencia de Ercolini, pero la Cámara de Casación rechazó el pedido y confirmó al magistrado al frente de la investigación.

Ercolini nació en 1962 y obtuvo su título de abogado a los 28 años. Tiene años de experiencia judicial y académica. Se inició en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón, y luego de recibirse, fue secretario en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín. En 1994 ingresó en la Cámara Federal de la Capital Federal para trabajar como relator del entonces camarista Horacio Vigliani. En paralelo continuó ejerciendo la docencia y llegó al cargo de profesor adjunto en la cátedra Righi, que en ese entonces integraba también el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Trabajó en la Cámara Federal hasta 2001. Luego fue designado coordinador de Investigaciones de Fraudes contra el Estado de la Oficina Anticorrupción, cuando José Massoni y Manuel Garrido estaban al frente del organismo, y después fue secretario letrado en la Corte Suprema.





jueves, 9 de noviembre de 2017

“La REPÚBLICA Cruje, la DEMOCRACIA y el PLURALISMO están en Peligro”






    “No convocamos para reunir once jugadores y hacer un equipo. Convocamos a todos los equipos para defender la cancha, el césped en el que tenemos que discutir y debatir, ese césped democrático que quieren llenar de pozos y lodo”.

La metáfora del césped como espacio de la democracia plural y el derecho cerró ayer la intervención del juez Raúl Zaffaroni ante un salón colmado del anexo del Congreso en el que un grupo de personalidades, que incluyó a Estela de Carlotto, Horacio González y Mempo Giardinelli, hizo una reivindicación de las mejores tradiciones políticas y un llamado a enfrentar el miedo y la depresión con participación y organización.

La República cruje, la democracia y el pluralismo están en peligro”, se tituló el documento que se presentó como “una convocatoria plural en defensa de la democracia ante la emergencia de nuestro Estado de Derecho”. Entre los convocantes se nombró también al radical Lepoldo Moreau, que se ubicó en primera fila junto a militantes históricas de derechos humanos, dirigentes políticos (Héctor Recalde, Remo Carlotto, Aníbal Ibarra, Daniel Filmus), gremialistas (Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano) y artistas. Entre el público estuvo Alberto Fernández.




Conferencia de prensa en defensa de la democracia: Eugenio Raúl Zaffaroni...

Avanza rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y llegamos al punto de quiebre, en que aparece en el horizonte la figura siniestra del Estado de policía, o sea, un Estado en que se pretende que todos estemos asustados y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de quienes mandan.

La picota, aquella columna de piedra a la que se ataba a los condenados para humillarlos, vuelve ahora televisivamente después de dos siglos. Exhibición pública vejatoria de opositores, descalzos y en pijama, disfrazados con chalecos y amarrados con esposas, cuando bastaba con citarlos y constituirlos en detenidos, porque nunca se han resistido, siempre han estado a derecho, acudieron al tribunal cuantas veces los citaron, incluso se presentaron para ser detenidos.

Pero a la vieja picota de piedra sólo amarraban a los condenados: ahora atan a quienes no sólo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera les dijeron aún de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio, pero ahora parece ser el destino de los opositores.

Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo porque no tenía alternativa.

No estoy deprimido, no, eso nunca, pero estoy triste, porque esto lo hacen jueces que pasaron por concursos, nombrados por los procedimientos que tanto nos esforzamos por imponer y mejorar, que deberían saber más derecho, que creímos que llegarían con otra dignidad, por haber atravesado un concurso.

Los gobiernos pasan y los jueces quedan, por eso pensamos que no acompañarían a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que al menos tendrían la dignidad de quedarse en la puerta.

Pero insólitamente se olvidan que los gobiernos pasan, aún las dictaduras más férreas, pasan, todo pasa, incluso la vida misma y, por ende, no hay poder político ni económico eterno. ¿Cómo lo explicarán cuando todo cambie, como habrá de cambiar, porque, salvo Dios, nada es eterno?

El peor criminal, puede ser feroz en el momento del crimen, repudiable, asqueroso, repugnante, pero ante el juez está vencido, caído, impotente, indefenso, y el juez sabe que tiene delante a otro ser humano reducido.

¿Qué pasa por la conciencia de un juez que veja a un vencido indefenso, que lo humilla o que permite que otro lo haga? ¿No es lo mismo que patear a un caído?

No, en verdad es peor, porque a veces se incurre en ese exceso porque el caído golpeó al otro un momento antes, puede haber una emoción violenta. Pero esto no pasa con el juez, cuando tiene delante al vencido no actúa por impulso, no sufre ninguna emoción violenta, fríamente sabe que tiene en sus manos a un ser humano indefenso, y así y todo lo humilla, lo veja, le deparara el trato que sabe que no debe darse a ni al peor delincuente.

Y para colmo lo hace cuando sabe que la mano de la política, la cola del diablo, puede haberse entrometido en la causa.

¿Su única disculpa es que se vio forzado?

¿Qué queda en el fondo de la conciencia de un juez que dice que se vio forzado? Se vio forzado: a vejar y humillar a un ser humano cuando le hubiera bastado con citarlo; a invertir el principio de inocencia diciendo que todo ex-funcionario, por el mero hecho de serlo es sospechoso. ¿No es eso un insulto a toda la política, equivalente a decir que todo político es un corrupto en potencia?

Si un ex–funcionario puede ensuciar una investigación, con más razón la pueden ensuciar los funcionarios en actividad e incluso los mismos jueces si son denunciados, porque también son funcionarios. ¿Ante cualquier denuncia contra ellos los detendrá también mostrándolos en pijama a las cámaras televisivas de su monopolio mediático?

¿En qué nos equivocamos en 1994? ¿En qué fallamos? ¿Es este el derecho que les enseñamos para que superen los concursos? ¿Qué clase de jueces hemos fabricado?

Por lo visto nos equivocamos todos, debo confesarlo ante esta emergencia. Estoy seguro que el Dr. Alfonsín, que lo incluyó en el Pacto de Olivos con la mejor de las intenciones y en lo que todos estuvimos de acuerdo en 1994, coincidiría hoy en que nos equivocamos.

¿Cómo hemos llegado a un momento en que la coacción impera, la amenaza de campañas mediáticas asusta, las denuncias ante el otrora soñado Consejo operan como justificación de humillaciones judiciales públicas a opositores?

Temor, miedo, a perder el cargo por manejos políticos, a ser “escrachados” por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizadas por inventos publicitarios y noticias falsas, con los manejos de Göbbels hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamación bien pagos.

¿Puede todo eso hacer que un ser humano, no siquiera hablo ya de un juez, sino de un ser humano, puede por eso perder el temor al tiempo?

El tiempo es impiedoso, fatal, no se detiene, está en nosotros, somos tiempo. ¿Acaso el temor a todos esos manejos mafiosos puede neutralizar la humana angustia frente al tiempo y al final inevitable? ¿Puede ignorarse la dinámica del tiempo que nos va cambiando hasta nuestras células? Esto es alienación, sin duda, tremenda alienación de un poder mal ejercido y peor comprendido.

Y en medio de esto, se siembra más miedo, se quiere enlodar con las jubilaciones exorbitantes, cuando se trata de la única ley con que puede jubilarse un juez, porque no hay otra, y, además y sobre todo, cuando los montos exorbitantes dependen de los sueldos insólitos que se fija su propia Corte Suprema, la del dos por uno, la del desconocimiento a los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación e introducidos en la Constitución Nacional, la misma Corte que está tan atareada que no tiene tiempo para acabar con la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y sus compañeros.

Esos son sus sueldos, pero además, lo que debe saber la opinión pública, es que todo ese disparate lo hacen para nombrar jueces dóciles, ese es el objetivo real, no nos engañemos. Siembran el miedo a la reforma de la ley de jubilaciones judiciales, para asustar a todos los que tengan más de 60 años y hacerles pedir la jubilación de inmediato, así dejan vacantes para que las llene el gobierno con los jueces propios que reclama el presidente, con una sinceridad digna de mejor objetivo. Ese es el juego, no otro, no nos confundamos. Y lo debe saber la opinión pública, que no la engañen.

La única garantía de imparcialidad del Poder Judicial no está en la imparcialidad individual, porque las personas nunca somos imparciales, porque somos parte de la sociedad, sino que está en el pluralismo interno del propio Poder, en jueces que piensen distinto, que tengan diferentes cosmovisiones, que generen el debate plural interno.

Y esta imparcialidad se termina cuando como ahora y como nunca antes en democracia, hay persecución ideológica y se piden “depuraciones”, se llega casi a secuestrar a un senador para demorar su ingreso al consejo y poder echar a un juez, se siembra miedo, se provocan vacantes. Se acabó la imparcialidad judicial, sólo se quiere obediencia a los mandatos publicitarios del Ejecutivo.

Estamos por otra parte, a punto de una nueva violación frontal a la Constitución, que quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no sólo decidirá a quién se persigue, sino especialmente a quién no se persigue. Esto se llama impunidad selectiva a la corrupción, quede claro.

Cuando hasta México, que abusó de un Ministerio Público dependiente del Ejecutivo, enmienda ahora su Constitución para establecer su autonomía, como en casi toda la región, aquí se quiere retroceder inconstitucionalmente, para garantizar la impunidad de los protegidos del Poder Ejecutivo. Y a eso se llama hipócritamente “lucha contra la corrupción”.

Los corruptores, primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de “impolutos”, cuando tan delincuente por cohecho es el que acepta como el que ofrece.

Los corruptores activos se quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales.

Pero el caos institucional no se detiene allí, parece no conocer límites, no se detiene frente a nada: se pretende que puede haber traición a la Patria sin guerra, contra la definición expresa de la Constitución vigente desde 1853.

Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas más que centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repetto que se negó a tomar juramento a los primeros jueces laborales, que declaró inconstitucional el aguinaldo, que firmó la acordada de 1930 legitimando el poder del dictador más tragicómico del siglo pasado.

Se desprestigia y estigmatiza al sindicalismo, se lo amenaza en todas las formas imaginables, para desbaratar a las fuerzas del trabajo, debilitarlas, reducirlas a decoración de una farsa democrática.

Hay miedo en la sociedad: tienen miedo los científicos a los que se niegan recursos y por poco se los vuelve a mandar a lavar vajilla.

Cunde el miedo en las universidades, a las que se les reduce el presupuesto y se persigue judicialmente a sus rectores, por impulso de un fiscal que incurre en un abuso de autoridad atribuyéndose las funciones constitucionales de la Auditoría General de la Nación.

Tienen miedo los artistas, a quienes se les privan las oportunidades laborales si no son simpáticos al Ejecutivo y a sus monopolios. Pero no admiten que esto se llame “censura”: “esto no es censura dicen, pero no digas lo que no nos gusta, porque te vas a quedar sin trabajo y, además, no tendrás donde decirlo”.

Tienen miedo los periodistas, cuando pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos y, más aún, cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes.

Se empieza a hablar en voz baja en la calle, se revolean de nuevo los ojos hacia los costados al hablar. Parece que empezamos a estar todos en la clandestinidad.

Pero el daño no se limita a todo esto. Esto pasa, repito, porque salvo Dios nada es eterno y todo pasa. Este mal momento también pasará, nadie lo dude, el tiempo es impiedoso. Pero el daño puede ser difícil de revertir.

Por eso debemos reaccionar. ¡Basta de depresión! ¡Es hora de resistencia! Muchos colegas me preguntan si vale la pena enseñar derecho. Pero sí, hoy más que nunca, debemos enseñar más y mejor el derecho, enseñar que el derecho no es un método sofístico para legitimar cualquier cosa, sino que es lucha, como decía Jhering, lucha en que a veces se avanza y otras se retrocede, como en toda lucha: los derechos no se regalan, se consiguen con lucha, la historia del derecho no es un relato de marcha triunfal.

Y como también decía Jhering, en la lucha aprendemos a defenderlo, porque el derecho que se consigue sin lucha se despilfarra, como lo hace el heredero vago que no luchó por hacer la fortuna que recibe.

Debemos enseñar y reafirmar más que nunca que el derecho es lucha, porque estos disparates caóticos -que degradan nuestro Estado de derecho y nuestra calidad institucional- ponen en peligro la fe en el derecho, daña nuestra cultura jurídica, que si bien en parte es nueva, no por eso deja de integrar una tradición milenaria.

Es momento de reafirmar la fe en el derecho, porque si se pierda esa fe sólo quede un campo de lucha de poder sin límites, queda la violencia, la razón del poder en lugar del poder de la razón. Eso debemos evitarlo a cualquier costo. ¡Violencia no! ¡Nunca podemos caer en esa trampa!

Más que nunca debemos enseñar derecho, enseñar a que las cosas que deban hacerse deben hacerse, pero no de cualquier modo, sino conforme a la ley, a la Constitución, al respeto a la dignidad de la persona, a la racionalidad republicana.

Mañana, cuando todo esto pase como inevitablemente ha de pasar, no quiero ver a Macri en la televisión, descalzo, en jogging y esposado. Debemos hacer todo lo posible por evitar que eso suceda, debemos jugarnos desde ahora por evitarlo, por reafirmar la fe en el derecho como ejercicio racional del poder, porque Macri o cualquier otro funcionario vejado en la televisión sería el naufragio del derecho, habríamos fracasado, habríamos entregado el derecho, ellos habrían obtenido su mayor triunfo, el que no les podemos consentir bajo ningún concepto, porque el derecho, nuestro derecho argentino, el de nuestra Nación, no tolera que ningún detenido sea atado a la picota y humillado públicamente, y menos que un juez lo tolere y se disculpe alegando que lo coaccionan.

Si lo presionan resiste, y si no puede resistir denuncia la coacción y, en último término se va explicando por qué lo hace, pero no se queda para violar el derecho.

Argentinas y argentinos, ciudadanas y ciudadanos, por favor, reaccionemos, basta de depresión, en la buena hay que empujar, en la mala hay que resistir, defendamos nuestra cultura jurídica, la verdad al fin siempre brilla, tenemos cátedras, universidades, foros nacionales e internacionales, tenemos neuronas y manos para escribir, y tenemos la palabra.

Tengo un sueño imposible, pero igual lo imagino porque me da mucha fuerza: me imagino con estar aquí, en este lugar, tomando un café con los que sabían de la política de antes, con Raúl Alfonsín, con Antonio Cafiero, con Carlos Auyero, con Arturo Juaretche y otros del pasado, con los que no hacían política televisiva, sino hablando en las plazas, en los clubes, en los centros políticos y culturales, en los barrios, en la calle, boca a boca, persona a persona. Recuperemos esa forma de hacer política, del coloquio, del habla, del lenguaje simbólico, que para eso los humanos somos los animales que lo tenemos más desarrollado.

Hoy no estamos convocados para defender a tal o cual persona, partido o concepción ideológica, sino para defender el espacio para discutir, el espacio para disputar entre nosotros, y si quieren, también para pelearnos, que también es una forma de relación social, válida cuando cada uno, con acierto o error, lo hace convencido de que es lo mejor para el bien común. Pero ese espacio es el del derecho, el de la democracia, el de las instituciones, el del respeto al otro, y eso es lo que está en peligro ahora, el espacio mismo de la democracia plural.

Creo que expreso el sentir de todos los otros compañeros si digo que no vinimos a convocar aquí a once jugadores para formar un equipo. Sabemos que podemos tener entre todos algunas jugadas indebidas que deben cobrar los árbitros, pero siempre en el césped del campo de juego democrático.

Por eso, queremos iniciar una convocatoria sin caudillos ni propietarios, queremos perdernos entre miles de convocados, todos iguales de alertas y vigilantes, queremos que la convocatoria sea abierta a todos los equipos que vamos a seguir disputando, porque es para defender el campo de juego, el estadio que nos quieren demoler, el césped democrático institucional que nos quieren llenar de pozos y barro.





Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Estela de Carlotto




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Mempo Giardinelli




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Horacio González




Conferencia de prensa en defensa de la democracia - Eugenio Raúl Zaffaroni




Estela de Carlotto advirtió sobre “el retroceso de la justicia”, las ofensas “para desprestigiarnos” y los riesgos de disfrazar a los genocidas como “pobres viejitos”. “No gustó nada cuando dije ‘si pudimos con Videla vamos a poder con Macri’ pero es cierto. No es que hablemos de dictadura, pero cuántas cosas nos hacen acordar tiempos donde exhibíamos carteles de ‘Aparición con vida’. Lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado”, recordó. “Invito en nombre de mis compañeras de lucha a unirnos y que se haga realidad conseguir justicia, tener memoria, saber la verdad y hacer realidad el Nunca Más”.

“La democracia que permitía la vibración de palabras contrapuestas pero constructivas ha sido reemplazada por un sistema silencioso, coercitivo y contundente de acciones que prometen felicidad y traman la venganza”, explicó González. “Una suma de sospechosos peritajes sustituyen la palabra constitucional”, advirtió. “Se consulta la historia argentina para demolerla, sustituirla, olvidarla, regocijarse de que es un mundo de desplazados, muertos, olvidados o masacrados. ¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros? Si una república o una nación no es más que un cimiento donde está estable, aunque a veces susurrando, la gran operación de la memoria”, razonó. Estamos ante un “caso único en la historia política del país donde se marcha con cara de felicidad hacia un modo novedoso de totalitarismo”.

“La cuestión en la Argentina de hoy ya no es peronistas, radicales o más o menos izquierda, es pueblo vs. oligarquía y esa oligarquía es mafiosa”, arengó Giardinelli. Propuso “recuperar un sueño, volver a creer en la utopía”. “Frente a las mafias y al triunfo momentáneo de la antipolítica tenemos una tarea enorme y apasionante por delante”, dijo. Reivindicó a Moreno y Belgrano porque “ahí está la verdadera patria, no la de los falsos próceres del siglo XIX que inventaron un país en el que el territorio era de ellos”. “Las pelotas con el pesimismo, compañeros. Los vamos a sacar a estos tipos, les vamos a ganar, con paz, porque la paz es nuestra”.









miércoles, 8 de noviembre de 2017

SÍ SÍ SÍ a la Prórroga de la Ley 26.160






    La ley 26.160 de propiedad había sido creada en 2006, y prorrogada dos veces ante el incumplimiento de los plazos para la realización del relevamiento catastral de pueblos originarios. La urgencia en el tratamiento contra los desalojos se debió a que el 23 de noviembre próximo vencía el plazo que protege a esas comunidades, lo cual motivó fuertes reclamos y movilizaciones.


La Cámara de Diputados aprobó el 8 de noviembre, el proyecto que suspende los desalojos -por cuatro años- de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, que había obtenido media sanción del Senado a fines de septiembre, luego de que el oficialismo aceptara tratar la prórroga por la insistencia de organizaciones sociales y de Amnistía Internacional. La cuestión había cobrado relevancia luego de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el marco de una disputa por tierras en la provincia de Chubut.

La iniciativa establece una nueva prórroga de la aplicación de la Ley de Tierras Indígenas, para impedir los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a procesos judiciales. La LEY 26.160, sancionada en 2006, declara --en todo el territorio nacional y por cuatro años-- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

La LEY 26.160 le ordena al Estado llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A pesar de que el relevamiento no está concluido (el 70 por ciento de las comunidades quedó afuera), la ley estuvo a punto de caerse (la última prórroga vencía el 23 de noviembre), lo cual hubiese dejado a los pueblos originarios a merced de los terratenientes.

El oficialismo intentó, sin éxito, acortar la prórroga de cuatro a dos años, pero no logró su cometido. Finalmente, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, destacó la importancia de aprobar la prórroga, al sostener que "es necesario terminar el censo", ya que, según precisó, "falta relevar aún el treinta por ciento de las tierras".

La situación, según relevó Amnistía Internacional en un informe, es crítica. Sólo 1.532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad. “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos”, indicó A.I.




SI a La Prórroga De La Ley 26.160



PRONUNCIAMIENTO del miércoles 13 de septiembre del 2017

Los Pueblos Indígenas somos habitantes Milenarios del Abya Yala y en nuestra cosmovisión formamos parte del territorio, en complementariedad y reciprocidad con la totalidad espacio y tiempo, MADRE TIERRA.

Somos mas de 40 Pueblos Indígenas los que habitamos este territorio, hoy llamado Argentina, y hablamos mas de 16 idiomas.

En nuestra intención de vivir en armonía, en la interculturalidad, hemos logrado el reconocimiento como Pueblos Indígenas Preexistentes, en el artículo 75, inciso 17 Y 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, Y EL CONVENIO 169 DE LA OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificado por ley 24-071, a pesar del reconocimiento legal, HOY, estigmatizan  a NUESTROS PUEBLOS de SER SEPARATISTAS, VIOLENTOS, TERRORISTAS, cuestiones alejadas de la REALIDAD, POR ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Señores del Honorable Congreso de la Nación Argentina:

-EXIGIMOS EL URGENTE TRATAMIENTO DE LA PRORROGA DE LA LEY 26160 QUE FRENA LOS DESALOJOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y OBLIGA AL ESTADO A DEMARCAR SUS TERRITORIOS.

-EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LEYES Y CONVENIOS INTERNACIONALES

-CESE DE LAS PERSECUCIONES DE LO/AS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES, QUE SON PROCESADOS, PRESOS, MUERTOS Y DESAPARECIDOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO.

-APARICION CON VIDA DEL HERMANO SANTIAGO MALDONA, POR SOLIDARIZARCE CON LA CAUSA INDÍGENA.

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES:

Colectivo Tierra y Territorio/Comunidad Pozo del Castaño/AIRA (Asociación Indígenas de la República Argentina) / AADI (Asociación Abogados de Derecho Indígena) /A.U.R.A/Comunidad Kolla los Airampos/Comunidad Qllapi Waun/Comunidad Tinkunaku/ORCOPO (Organización de comunidades y pueblos originarios)/Marcha de Mujeres Originarias por el buen vivir/Comunidad Qhapaj Ñan/Nación Querandí/Ayllu cinco siglos de qué/Centro Cultural Waka Luna/
Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu de Argentina/Comunidad Indígena Cacique Pincen. Mapuche-Tehuelche de Trenque Lauquen/Parlamento Mapuche-Tehuelche Provincia de Buenos Aires/Comunidad Lules – Salta/Comunidad Calete - Humahuaca /Qhapaj ñan-Comunidad Quechua Aymara/Ayllu Condor Blanco - La Quiaca/Comunidad Chacra Raiz - La Pampa/Fundación Kajianteya – Salta.

Organizaciones de pueblos indigenas del NOA OPINOA Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes Pueblo Ocloya-Jujuy/ Organización Tigre Azulado de Comunidades Indígenas Nación Guaraní - Salta/ Consejo Comunidades Pueblo Iogys - Salta/ Consejo Continental Nación Guaraní - Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil / Consejo Nación Tonokoté Llutki-Santiago del Estero/ Organización Indígena Tewok Pueblo Wichi -Salta / Comunidad Honat Leles Pueblo Wichi-Salta/ Comunidad India Quilmes-Tucuman









QUIEREN MATAR A NISMAN






El veredicto de Macri

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, afirmó el Presidente Macri al hablar sobre Nisman en el Consejo de las Américas en Nueva York.

Tras las declaraciones de Macri, el fiscal Eduardo Taiano avanzó en esa línea y pidió la indagatoria del técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del supuesto asesinato.

El juez Julián Ercolini impuso el secreto de sumario y debe resolver si acepta o no su pedido.

Durante su almuerzo en el Consejo de las Américas en Nueva York, Mauricio Macri afirmó que Alberto Nisman “lo mataron” y agregó: “Necesitamos saber quién lo hizo." A menos de 24 horas de su declaración que avanza aún más en la línea que trazó la pericia hecha por la Gendarmería para abonar la hipótesis del asesinato, el fiscal Eduardo Taiano pidió esta mañana la indagatoria de Diego Lagomarsino. El técnico informático fue quien le entregó a Nisman el arma que disparó el proyectil que terminó con su vida y Taiano lo considera partícipe necesario de su muerte, además de advertir que puede entorpecer el trámite de la investigación. El juez Julián Ercolini implantó el secreto de sumario en la causa y debe resolver si acepta o no el pedido de Taiano.

La pericia de Gendarmería que sostiene que a Nisman lo mataron contradice las conclusiones de los especialistas del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema, y es la base sobre la cual, con el auspicio del Gobierno en Comodoro Py, se pasó a investigar la muerte del ex fiscal como un asesinato. La mano del macrismo detrás de ese redireccionamiento del caso se hizo más que evidente en las declaraciones de Macri en Nueva York que dan por resuelto un hecho que dista mucho de estar esclarecido.

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, fue la traducción en simultaneo de lo que Macri dijo sobre Nisman en el Consejo de las Américas. Iván Pavlovsky, vocero del Presidente, confirmó a The Associated Press que esas fueron exactamente las palabras de Macri.

A tono con el discurso del Gobierno en torno al caso Nisman, Macri afirmó después que “estamos apoyando a la justicia, poniendo a su disposición todos los recursos que necesitan” y agregó que esclarecer la muerte del fiscal es fundamental porque “tiene que ver también con aportar claridad a nuestro futuro... necesitamos la verdad en todos los aspectos en Argentina. Yo le he prometido a la gente de mi país que siempre les voy a decir la verdad”.

Lo dicho por Macri tuvo su eco en los tribunales federales de Retiro. Taiano ya pidió la indagatoria de Lagomarsino. También solicitó que sean indagados cuatro custodios de Nisman, con el argumento de que no habrían cumplido con los deberes de funcionario público al no proteger la vida del fiscal.

Taiano considera al técnico informático partícipe de la muerte de Nisman por haberle dado el arma que terminó con su vida. Según su dictamen, la pistola de Lagomarsino cumplió el rol de arma “amiga” como parte del posterior “montaje de suicidio”. El fiscal aclaró que no hay elementos de prueba para sostener que el técnico informático haya sido el autor del homicidio, pero sí para pensar que fue parte de un plan criminal.

El llamado a indagatoria de Lagomarsino constituye un aval la pericia de la Gendarmería que concluyó que Nisman fue asesinado. "Los integrantes de esta junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional se encuentran en condiciones de concluir que la muerte violenta de Nisman se trató de un homicidio", señalaron de esa fuerza de seguridad. La pericia de los gendarmes contradice la que antes habían hecho los peritos oficiales al mando de Roberto Godoy -entonces decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema– y otros de la Policía Federal, que no hallaron ningún signo de homicidio en el caso.




Tuny Kollman sobre el caso Nisman






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EL CUENTO DE LA BUENA PIPA DE NISMAN







martes, 7 de noviembre de 2017

GARAVANO: El Ministro TUERTO







El ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó como “legal” la detención de Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito, a pesar de que el ex vicepresidente ni siquiera fue procesado en la causa y que, incluso, su indagatoria fue llevada a cabo una vez que fue detenido.

El ministro rechazó que el exvicepresidente atraviese esta situación por el solo hecho de haber integrado el gobierno anterior, aunque se excusó de analizar el fallo judicial que lo llevó a prisión, al considerar que no le corresponde. “Es una detención legal”, insistió el funcionario nacional.

En diálogo por radio La Red, Garavano dijo que la legalidad de la detención de Boudou es independiente de "la difusión de las imágenes” de su arresto, y aseguró que “el juez y el Ministerio de Seguridad están investigando" cómo trascendieron las imágenes. "Las fuerzas de seguridad y la Justicia lo deben evitar”, sostuvo.

En cuanto a la presencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en los denominados Paradise Papers, Garavano dijo que "la información que tenemos es parcial" y que, por lo que trascendió a través de la prensa se trata de "actividades previas a la función" pública.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió este fin de semana una nueva filtración de sociedades offshore creadas con el estudio de abogados Appleby en las que aparecen Caputo y también el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como director de una sociedad offshore radicada en Barbados que se benefició con más de 150 millones de dólares por la compra de gasoil por parte del Estado argentino en los últimos dos años.











lunes, 6 de noviembre de 2017

Condenaron a 4 años de prisión a Luis D'Elía







El Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años de prisión al ex funcionario y titular del partido Miles, Luis D’Elía, por la protesta en la comisaría de La Boca en 2004 para denunciar la complicidad policial con el asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros. Seguirá en libertad hasta que quede firme la sentencia.


Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron al ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social Luis D'Elía por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Recibió una pena de cuatro años de prisión, que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas.

Minutos antes de que se leyera la sentencia, el titular del partido MILES denunció que estaba siendo juzgado "a expreso pedido" del presidente Mauricio Macri y advirtió que, si tenía que ir preso, lo haría "con orgullo y dignidad", "Si tengo que ir a la cárcel 4 años y 8 meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara", añadió en sus últimas palabras ante el tribunal.

Al ex funcionario y dirigente social se lo juzga por la toma de la comisaría 24, a raíz de una pueblada que pedía justicia por el asesinato de Martín “El Oso" Cisneros, un militante barrial cercano a D’Elía. El artífice del crimen fue el narcotraficante Juan Carlos Duarte, quien había sido denunciado en varias oportunidades y que según los referentes barriales actuó luego de que la policía liberara la zona.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos están prescriptos y no corresponde ningún tipo de pena. El tribunal rechazó todos estos planteos, aunque los argumentos serán leídos recién el 5 de diciembre.

D’Elía, por su parte, argumentó que junto a militantes de la Federación Tierra y Vivienda no tomaron la comisaría, sino que los policías abandonaron el edificio ante la protesta vecinal. Hoy, al hablar ante el Tribunal, el ex funcionario destacó que volvería a hacer lo mismo si "narcopolicías" cometieran un crimen igual. "Se busca castigar la protesta social, soy un símbolo de la resistencia de los 90 y este juicio está hecho a expreso pedido de Macri, al sólo efecto de ponerme preso a mi", dijo a los jueces en sus últimas palabras.

Tras la sentencia, el ex funcionario nacional y actual dirigente del partido Miles, Luis D’Elía, ya anticipó que apelará la condena porque denunció que fue “todo un circo armado” desde el Poder Ejecutivo. “Mauricio Macri me condenó para poder implementar su plan de muerte, porque necesita meter miedo”, advirtió en referencia a las futuras reformas previsional y laboral. “Lo hace para que volvamos a ver la película que ya vimos en los 90”, añadió.

El dirigente social, que hoy fue sentenciado a cuatro años de prisión con una inhabilitación a ejercer cargos públicos por ocho años, enmarcó el fallo de los jueces Panelo, Martínez Sobrino y Canero en la embestida del Poder Judicial contra ex funcionarios de la gestión anterior. “Estás usando el Poder Judicial como fuerza de choque del Poder Ejecutivo", denunció el dirigente social. “Este no es un problema solamente mío, porque es de todos los opositores que integran su lista negra”, añadió.

Su abogado defensor, Adrían Albor, también advirtió que el fallo representa “una manito del Poder Judicial a Macri”, en momentos en que “necesitaba una mano dura contra la protesta social”. “Es una parodia, buscaban condenarlo”, subrayó el abogado. “Si vamos a buscar justicia en el Poder Judicial estamos al horno, con suerte podemos aspirar a que se aplique la ley, más no”, agregó.

D’Elía afirmó que recurrirán la sentencia porque lo “condenaron sin ningún fundamento”, a pesar de que quienes estuvieron aquella tarde en la comisaría de la Boca “saben que yo trabajé para que el conflicto terminara y para que se relajaran los ánimos”.

“A Macri le decimos claramente que no hay condena que nos pare ni nos saque del camino”, aseguró, y exhortó a todo el arco opositor y a los trabajadores sindicalizados a defender la democracia y "un país vivible, un país para todos”: "Viva Néstor y viva Cristina", concluyó.









domingo, 5 de noviembre de 2017

Presos políticos





¿Quién conoce algún dirigente opositor preso durante el régimen autoritario y populista, anterior a la recuperación de la sagrada república? No los hubo. Difícil de explicar por el alto promedio moral en la cúpula de los partidos que entonces eran oposición y alguno de los cuales forman hoy parte del gobierno. Causas contra algunos de ellos no es lo que falta; la diferencia de velocidad y de orientación con las que las trata la “justicia”, comparadas con las que se dirigen hoy contra los ex funcionarios kirchneristas es enorme. Es decir, hoy en la Argentina hay presos políticos. En la Argentina no asistimos al tránsito normal de la alternancia en el ejercicio del gobierno. Es un cambio de régimen.

La literatura politológica ortodoxa y formalista del neoliberalismo no autorizaría el anterior enunciado: en la Argentina no se ha modificado drásticamente el sistema institucional ni se han establecido leyes de excepción ni están formalmente suprimidas o afectadas las libertades públicas e individuales. Sin embargo, la misma politología fantasmal se usaba para fundar el llanto por la república perdida en tiempos en que el noventa por ciento de la palabra circulante en el país estaba en manos de grupos poderosos y furibundos antagonistas del gobierno, que no se privaban de nada en su política desestabilizadora; “periodismo de guerra” lo definió uno de sus periodistas. Todo el sonsonete del debilitamiento de la división de poderes, la confusión del partido con el Estado y el pathos autoritario de los gobiernos anteriores devino hoy en una exaltación de la fuerte voluntad del actual gobierno por terminar con la corrupción y el autoritarismo, no importa a qué costo. No faltan en este coro infernal voces de intelectuales que presumen de compromisos con las causas populares y construyen una descripción increíblemente complaciente del gobierno y del presidente, atribuyéndole a éste dotes de gran estadista y proclamándolo como un gran hombre de Estado, mientras sostienen que el único lugar habitable para los que defienden el rumbo de los gobiernos anteriores es la autocrítica.

Los presos políticos no son producto de decisiones formales del Poder Ejecutivo, como era habitual en los tiempos de los gobiernos militares y los “democráticos” de minoría y basados sobre la proscripción. El mecanismo actual evolucionó –como corresponde a una derecha moderna y democrática– hacia un automatismo autoritario: a los enemigos del gobierno los bombardean los medios, los estigmatizan los funcionarios del gobierno y los mete presos “preventivamente” el Poder Judicial. Se dirá que es una parte del Poder Judicial: es así, pero a eso hay que sumar el avance sobre los jueces independientes sostenidos por consejos de la Magistratura controlados por el gobierno, que se verifica sistemáticamente y tuvo en el juez platense Arias su última víctima. Es decir, el avance hacia un Estado autoritario es sistemático y no deja casilleros en blanco; la línea divisoria entre lo legal-constitucional y lo arbitrario y autoritario se va diluyendo todos los días.

Alguna vez se dijo en esta columna que no era cierto que en los tiempos del kirchnerismo las derechas argentinas no tuvieran un programa. Lo tenían. Pero no estaba escrito en documentos partidarios sino que debían ser buscados en sitios que funcionaban y funcionan como los verdaderos partidos del establishment: en la Sociedad Rural, en Idea, en alguna convergencia empresaria heredera de la Apege (surgida a fines de 1975 y que puso a su referente principal, Martínez de Hoz, en el lugar central del gabinete de Videla). También en el diario La Nación. No así en Clarín, cuya línea consiste en juntar a todo el mundo ideológico que, por las razones más diversas, enfrenta a quienes el grupo considera sus enemigos principales. Ese programa nunca lo ha formulado ningún dirigente de Cambiemos. Pero es muy conocido. Y es muy antiguo: cualquiera que haga una mínima y muy económica investigación puede encontrar sus huellas en discursos de Martínez de Hoz, de Cavallo, de López Murphy… Es el pliego de demandas que le acercó Escribano a Kirchner. Es toda una literatura política que en este país se escribe desde hace muchas décadas. Su santo y seña es la “libertad de mercado”, sus prioridades la flexibilización laboral, la apertura de la economía, el orden en las calles y, como telón de fondo, la lectura de la historia como combate recurrente entre república y populismo. Hoy la derecha se viste moderna, usa coach y focus group, fatiga redes sociales con una maquinaria de manipulación que trabaja 24 horas por día por si no alcanzara con el monopolio de la información a través de los medios masivos de comunicación; en eso, claro, es muy distinta a la época de Alsogaray. También se diferencia de sus ancestros en que ganó una elección sin proscripciones y mantuvo su predominio electoral en las elecciones de medio término; eso es innegable, en eso consiste su especificidad.

El menemismo también ganó sin proscripciones, pero el menemismo era neoliberalismo peronista. Y su época –la de la caída del Muro de Berlín y la implosión soviética, la de la euforia globalizadora y la esperanza en el derrame del capitalismo financiero– lo ayudó a presentarse como la pintoresca fusión del nacionalismo popular y el neocolonialismo posmoderno. El triunfo de Macri no pertenece al tiempo de la ilusión neoliberal sino al del dominio mundial de las corporaciones financieras sostenido sobre la extorsión abierta y la violencia punitiva y no sobre la esperanza. Su hoja de ruta no se sostiene sobre la cooptación de los partidos populares sino sobre la generación de una fuerza política propia orientada a imponer las formas y las lógicas de las corporaciones económicas a la vida política cotidiana. Las novedades son innegables, tanto como su condición de continuidad histórica con la plataforma política clásica del viejo conservadorismo y la que pusieron en práctica los golpes cívico-militares del Siglo XX. Cualquiera que dude de todo esto no tiene más que comparar el último discurso “programático” de Macri con los postulados reformistas de la dictadura surgida en 1976. Entonces también se buscaba el privilegio en la clase trabajadora, se postulaba el achicamiento del Estado, la reducción de los salarios y los recortes presupuestarios como camino a una Argentina moderna y próspera.

La herramienta central que hoy pone en juego la derecha es el miedo. ¿Cómo no tener miedo de una fuerza que tiene el dinero, la palabra, la fuerza armada, y el beneplácito de los que mandan en el mundo global? Todo el trabajo consiste en hacer presente ese miedo todo el tiempo. El miedo es vago, impreciso, indefinible. Pero el escape es mucho más claro: hay que evitar todo contacto con los malos. Si hay 562 pasajeros de un futuro viaje a la luna, es decir a la desaparición, la norma de prudencia más elemental aconseja apartarse de ellos. ¿Quiénes son? Si se supiera, la estrategia del miedo sería un juego de chicos. No se sabe. El número es deliberadamente pequeño: no hace falta que sean 30.000. Alcanza con establecer un cordón sanitario imaginario sobre cualquiera que pudiera ser incluido en la lista. Y ya se sabe en qué grupo político hay que contar a los futuros navegantes, de modo que la mira de la contaminación se reduce considerablemente. Quienes han aceptado este pacto reductor de la incertidumbre y el miedo que es la alianza Cambiemos tienen y tendrán modos de explicarse a sí mismos esta elección. La que ocupa, lejos, el lugar más importante entre las que pueden tomarse con interés y con preocupación es la consideración de que cualquier alternativa a esto que estamos empezando a vivir es riesgosa, improbable, tiene enemigos poderosos y por lo tanto no vale la pena intentarla. Una rápida mirada del mundo que habitamos tiende a darle la razón a quienes sostienen esa tesis. Tal vez otra más profunda pudiera poner esto en discusión. Ojalá la perspectiva conservadora y temerosa no se escondiera en los rincones del odio enfermizo e irracional, no se pusiera las ropas de la lapidación y el festejo del atropello, ni las de la justificación moderada y autocrítica.

Estamos yendo como sociedad en una dirección muy peligrosa. Cada vez que hemos transitado este camino hemos llegado a situaciones desastrosas. Y no hay el más mínimo indicio de que esta vez podría ser diferente. La cuestión –una vez más– es la verdad. Y la verdad es el arma de combate en los tiempos que corren. Cualquiera que lea y estudie los argumentos para la prisión de Boudou, no desde el respeto que merece el prisionero por su conducta política, sino desde las más elementales normas del decoro judicial, tiene que inferir que se ha cruzado una frontera muy peligrosa, abismal. O, mejor, que se sigue profundizando un rumbo iniciado por la detención ilegal de Milagro Sala y continuada por el encubrimiento oficial de la brutal represión de la Gendarmería que costó la vida de Santiago Maldonado y el espectáculo de linchamiento público a Julio De Vido. Detrás de estos episodios solamente puede esperarse un progresivo oscurecimiento de la vida colectiva de los argentinos o una respuesta efectiva y eficaz, que para serlo no puede limitarse a quienes sostengan una determinada bandera política sino que debe abarcar a todos los que no quieren repetir aciagas experiencias de nuestro pasado reciente. La situación muestra un espacio vacío en la política argentina, el del liberalismo democrático. Esa corriente, esas personas que sin defender ningún proyecto alternativo al neoliberalismo, sin sostener nacionalismos ni populismos a los que consideran fenómenos arcaicos e indeseables, al mismo tiempo sostienen la vigencia de los derechos individuales y sociales prescriptos por la Constitución. Es toda una tradición jurídica y política que rechaza al Estado policial, y se toma en serio la cuestión de la república que para otros es un mero recurso retórico contra gobiernos populares.


Edgardo Mocca









¡¿Qué República?!






He opinado en contra del verdadero acoso a la Sra. Gils Carbó como Procuradora General de la Nación para que renuncie a su cargo, acción en la que se destacan el actual presidente de la Nación y su ministro de Justicia, pero en la que intervinieron también legisladores nacionales y colegas de oficio a quienes, según entiendo, poco les interesan las instituciones que, con cierto grado de reconocimiento universal, ha desarrollado pacientemente la república en la cual vivimos, hoy casi tan sólo un nombre propio que no se vincula a su vida política interna ni externa. Me explico sintéticamente: la historia del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en materia penal, depende de su nacimiento napoleónico como órgano de la administración y de su desarrollo por Estados democráticos hasta alcanzar un grado de autonomía y autarquía propios de la función judicial; precisamente le cabe a la crítica académica de nuestro país y a su legislación constitucional el gran mérito de haber elevado a regla constitucional esa autonomía del oficio, una de las bases argentinas y, por extensión, hispanoamericana del sistema republicano.

No soy amigo de la Sra. Gils Carbó ni la conocía antes de que asumiera el cargo de Procuradora General de la Nación, por ende, como jefa del Ministerio Público federal. Sólo la conocí en una reunión social, invitada a raíz de ese cargo, que -recuerdo para los desmemoriados- no se trató de un nombramiento originario, por decirlo de algún modo, sino, antes bien, de una designación en lugar de otra persona que no consiguió la aprobación legislativa (Senado de la Nación) del nombramiento del gobierno anterior, aparentemente en razón de que su curriculum vitae no alcanzaba el rango adecuado para el cargo. Me consta, sin embargo, que la Sra. Gils Carbó no militó políticamente y, menos aún, en la alianza que gobernaba antes de la actual y que su vida laboral transcurrió en el Poder Judicial. Me consta, entonces, que lo afirmado por el Sr. presidente de la Nación, su ministro y algún legislador es un verdadero embuste, impropio, al menos éticamente, de la función que cumplen.

Dicho esto, debo también decir que la renuncia de la Sra. Gils Carbó me lastima. Ello no se refiere a su persona, pues comprendo su conmoción y saturación frente al ataque que, por diferentes medios, ya alcanza a dos años, su cansancio ante imputaciones diarias de toda índole que no merecen respuesta y a las que la condición de ciudadana común, de a pie, pueden responder y sobrellevar sin sacrificios extremos. Mi queja se vincula al cargo que ella aceptó, que en ciertas ocasiones exige sacrificios personales y que no es posible abandonar sin justificación alguna. En efecto, la mentada esperanza de que el Ministerio Público Fiscal que contribuyó a formar sobreviva sin reformas de su autonomía conforme a la Constitución no sólo es una falsedad piadosa, pero mentira al fin y al cabo, sino que ha sido desmentida por la voz presidencial y por el ministro del ramo (¿?) aun antes de la renuncia.

No deseo unir esta queja a otros acontecimientos que lastiman aún más el tramo final de mi vida, pero no puedo menos que preguntarme, entre signos de admiración, qué tipo de Estado estamos viviendo, qué tipo de Estado nos espera y espera a nuestros hijos y nietos, y dónde quedaron las virtudes republicanas.







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