domingo, 26 de febrero de 2012

¿ESTADO QUERELLANTE?







«... La querella estatal está guiada, explican en el Gobierno, por el afán de ponerse del lado de los damnificados. El loable objetivo se cumplió acabadamente con los sobrios anuncios de los ministros Alicia Kirchner y Juan Manzur de prestar atención médico psicológica y contención a familiares de víctimas fatales y a sobrevivientes. La querella, en cambio, es un paso en falso por dos motivos básicos: agrega una quinta rueda al de por sí lento carro de “la Justicia” y hace caso omiso de que el Estado debe ser investigado. Por otra parte, el interés general está representado por el Ministerio Público (la Fiscalía). Y el estado no es una ONG que puede entrar a un expediente en el que todo debe ser puesto bajo la lupa. El juez federal Claudio Bonadío debería desestimar el planteo, lo que no resentiría en nada los derechos de los damnificados.

» Las carencias de TBA, que para muchos son flagrantes, pueden implicar responsabilidades de funcionarios, nadie debe interferir en esa procura. Por cierto, la culpa penal es una mira muy estrecha: requiere comisión de delitos, usualmente dolosos. La responsabilidad de gestión es mucho más vasta, debe juzgarse de modo veloz y no rige para ella la presunción de inocencia...»


"El dolor y los deberes"
Mario Wainfeld




viernes, 10 de febrero de 2012

¿UNA SENTENCIA PREVARICADORA?




El juez Baltasar Garzón, cuyo trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel.

Las órdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retomó el caso cuando Garzón se inhibió por la participación en los hechos delictivos de numerosos cargos públicos del Partido Popular: por el magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.

Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricación. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislación vigente permitía la intervención de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la cárcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de su rapiña en colaboración con dirigentes del PP.

La investigación judicial que Garzón desarrolló entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de juego a dos decenas de políticos del PP (alcaldes, diputados autonómicos, consejeros, directores generales…) cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la policía dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garzón sabía, cuando estaba ordenando las escuchas en la cárcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resolución injusta a sabiendas.

Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garzón nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ningún momento que su práctica era ilegal.

Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas.

Alguien se podría preguntar si los siete magistrados del Supremo sabían, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resolución injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podría pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.





EL DERECHO A LA DEFENSA






El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantía de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.

La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, perdería su legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga delante y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso. La condición social de los imputados no debería condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es así. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que están a muchos kilómetros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayoría, tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten maltratados por ello.

Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras leyes ni -a veces- nuestro idioma están terriblemente limitadas para ejercer sus derechos. Necesitarían de una mayor atención justamente por ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos parecía mucho más difícil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantías que deben proteger su presunción de inocencia.

Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.

Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.

Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayoría de los abogados, como la mayoría de los jueces y de los policías, incluyendo a sus máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jurídicos saben que serían imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraísos fiscales, de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que –en ocasiones- acaba situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.

Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en las más altas instancias. En las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor reverencial a entrar en determinados ámbitos. Otros porque dudan de ser respaldados en ese empeño. Hay demasiados intereses en juego y demasiado poderosos. También existe el miedo. El miedo físico, incluso.

Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la trama Gürtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.

Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.

Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien debería pensar sobre esto.


Mercedes Gallizo Llamas

(ex secretaria general y ex directora general de Instituciones Penitenciarias
cuando se produjeron las escuchas)


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