martes, 24 de julio de 2012

CLARÍN Y EL JP MORGAN





El ex ejecutivo de la banca estadounidense JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autodenunció ante la justicia argentina como autor del delito de lavado de activos y evasión tributaria a favor de grandes grupos económicos, reclamó que la Corte Suprema investigue, como tribunal originario, una supuesta intromisión de la entidad financiera y la mismísima embajada estadounidense en una maniobra para "silenciarlo".

"Acá todo el mundo se confunde, únicamente se enfocaron en el lavado de dinero del Grupo Clarín y el problema de las AFJP, y se olvidaron –sugestivamente– de lo más importante, que es la responsabilidad penal del Banco JP Morgan Chase en las operatorias de lavado de dinero, evasión tributaria, violaciones a las normas del Banco Central de la República Argentina, entre muchas otras, relacionadas con la operatoria en sí de dicha institución bancaria y su necesidad de captar clientes en el país, para ayudarlos a sacar fuera del control estatal su dinero", disparó Arbizu en un escrito de apelación contra el cierre de la investigación por parte de la Cámara Federal, y la recusación contra todos los jueces por presunto "prejuzgamiento".

Arbizu, quien denunció ante la justicia la supuesta maniobra mediante la cual el Grupo Clarín se habría capitalizado con fondos de las AFJP en una operación financiera que perjudicó los intereses de los jubilados y pensionados, explicó que en 2008 fue detenido de manera ilegal en virtud de un pedido de las autoridades norteamericanas, canalizado de manera irregular a través de la embajada estadounidense, la cancillería argentina y la Justicia Federal. Las irregularidades, según el escrito presentado por el imputado –reclamado en extradición por la justicia estadounidense– se produjeron en una secuencia en la que "el Ministerio de Relaciones Exteriores dio curso a un pedido de detención preventiva pese a saber y reconocer la faltante de requisitos exigidos en la norma sustantiva... en cuanto al Tribunal, dio curso a la detención preventiva solicitada por las Autoridades de Estados Unidos también conociendo la faltante de requisitos exigidos en la ley".

Arbizu denunció que dos funcionarios del FBI amparados por la Embajada de Estados Unidos se entrometieron en una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos económicos a través del JP Morgan. El 23 de junio de 2008 los agregados jurídicos de la embajada estadounidense William D. Godoy y Frank Oliva, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Federal Bureau of Investigation (FBI), se presentaron ante el juez federal Sergio Torres para informar que existía una orden de detención contra el ex funcionario de la organización financiera. Pero según el escrito presentado ahora, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, la documentación presentada –más allá de la poco usual forma de hacerlo– sería "ideológicamente falsa".

El "arrepentido" Arbizu explicó: "Nadie ha visto ni ha querido señalar que el juez que emitió esa supuesta orden de captura, indicada por los agregados diplomáticos de la Embajada y los abogados del Banco, no es el mismo ni siquiera se asemeja en su apellido y nombre, ni siquiera se trata del mismo expediente judicial, por el cual la embajada de Estados Unidos solicitó mi detención preventiva. Son dos casos aparentemente totalmente distintos. Cuando se dispuso en el marco del proceso de extradición que ese país requirente debía informar sobre la diferencia de ambas causas, es la Embajada de Estados Unidos la que se niega a informar ello, alegando que el pedido de extradición estaba correctamente efectuado y que no es obligación de dicho Estado incorporar nuevos elementos".

A través del estudio Argibay Molina, que lo defiende, Arbizu insistió ante la Cámara de Casación con la nulidad del proceso, la intervención directa de la Corte Suprema (a raíz de la presencia de diplomáticos norteamericanos a quienes imputa delitos) y la recusación contra los camaristas federales que intervinieron hasta ahora. "La intervención de la embajada en este expediente en forma directa no tenía como objetivo colaborar con la justicia argentina, sino impedir, al igual que los representantes del Banco JP Morgan Chase, que yo expresara al mundo la inminente caída del sistema bancario en 2008 y el posterior ataque contra el euro por parte del Sistema Bancario de Estados Unidos y algunos funcionarios de EE UU complacientes con el Banco JP Morgan Chase”, resume el escrito.




lunes, 23 de julio de 2012

«LIDIA PAPALEO DICE LA VERDAD»





El abogado PABLO ARGIBAY MOLINA, exdefensor de Alfredo Yabrán, es un posible testigo en la causa PAPEL PRENSA. Él revela datos de su historia personal vinculados con la venta fraudulenta de la empresa Papel Prensa, y sobre el rol del subsecretario de Hacienda de José Alfredo Martínez de Hoz, el doctor Miguel Tobías Padilla.





Pablo Argibay Molina se sienta ante una mesa redonda de vidrio en una pequeña habitación de su estudio jurídico. En la sala casi no hay adornos, pero en un mueble de madera hay un libro rojo editado por el diario Clarín en ocasión de su 50º aniversario. El abogado dice que está ahí por casualidad o que habrá quedado de la mudanza, después de su ruptura con “el otro”, en referencia a su ex socio Carlos Fontán Balestra (h), actual representante de La Nación en la causa Papel Prensa. El detalle es curioso porque Argibay Molina habla, justamente, de Clarín y Papel Prensa. Asegura que existe un personaje clave que ha pasado inadvertido: “Miguel Tobías Padilla (subsecretario de José Alfredo Martínez de Hoz) manejaba la información de todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas. Y fue el que manejó los tiempos del negocio”.

Argibay Molina fue representante del empresario Alfredo Yabrán, de la funcionaria menemista María Julia Alsogaray y del comisario Néstor Espósito, acusado del asesinato de Walter Bulacio. Actualmente tiene entre sus clientes a Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, “el arrepentido” por cuyas declaraciones están siendo investigados directivos del Grupo Clarín. Pero en este diálogo, el abogado no se presenta como defensor, sino como testigo. Y espera que la Justicia lo convoque para serlo formalmente en tribunales.

“Cuando me recibo de abogado, a mediados del ’70, me fui a la Comisión Nacional de Valores. Era un organismo nuevo... y era un embole. Descubrí que era más divertido hacer inspecciones. Había muchos conflictos con las inspecciones, la gente escondía los libros y demoraban el trabajo. Me inventé el trabajo de asistente de los contadores y les hacía las actas. Entonces se empezó a emprolijar el tema. En una de las inspecciones me toca la empresa Berlingieri (una concesionaria de autos). Yo empiezo a pedir los papeles en Berlingieri. Ahí me atendía el doctor Miguel Tobías Padilla. Y un día aparece Fontán Balestra de abogado, aunque el tema era todavía administrativo, no tenía connotaciones penales. Tal vez lo pusieron porque yo ya lo conocía. Un día le dije a Padilla: ‘Los vamos a hacer mierda. Si esta empresa no sirve ¿para qué siguen en la Bolsa? Bajo control’. Le expliqué que entre las penas estaba pagar el máximo de la multa e irse de la oferta pública voluntariamente y que con eso se extinguía la acción. El problema que tenían era que contemporáneamente había aparecido una norma sobre personas jurídicas que establecía que los sancionados por la Comisión de Valores no podían ser directores de empresas. ¿Y quién estaba acá? El contador de Berlingieri. ¿Y quién era? El Tío Héctor (Magnetto)... Conclusión: se arregla el tema con mi propuesta y yo gentilmente aparezco de socio del otro... Yo llego en marzo de 1972, que coincide con una fecha que hay acá en el libro –señala y busca El Hombre de Clarín, de José Ignacio López. Lo hojea hasta que encuentra el dato–. En marzo de 1972 Héctor Magnetto entró a Clarín.”

–Así empieza su vínculo con Fontán Balestra.

–Y con Miguel Tobías Padilla. El estaba en el estudio Sáenz Valiente Padilla. Tuvimos algunos trabajos más con él, hizo una consulta en un momento dado, una charla informal, porque tenía problemas con los gremios y con la Confederación Económica. Pero en el ’76 Miguel Tobías Padilla aparece como subsecretario de Martínez de Hoz. Un tipo inteligentísimo. Yo me pregunto por qué no figura Padilla en el libro. Y es porque es el que lo vincula con Papel Prensa.

–¿De qué forma?

–Primero le explico por qué estoy yo metido en esto. Porque (el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis) Duhalde dice que yo declaré en Papel Prensa, pero yo nunca declaré. Mi estudio había intervenido en dos temas vinculados con Papel Prensa. Uno era el de Julio Broner, el presidente de la Confederación General Económica, y otro era el de Manuel Madanes, de Aluar. A la mujer de Madanes, Matilde Matraj de Madanes, se la llevan presa. Nosotros la canjeamos. Bueno, el grupo empresario, yo era un pibe, pero habíamos hecho el hábeas corpus que dio negativo. Como Aluar era un tema de Fuerza Aérea, se hizo una presión y se hizo el canje que se iba a materializar con el retorno de Manuel Madanes al país y la soltura de ella. La sacamos y nunca nadie habló de esto hasta que (el jefe de la policía Bonaerense Ramón) Camps saca su libro y aparece Matilde Matraj de Madanes. También vinculado con esto está el tema de Broner. Yo lo seguí en Conarepa (Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, creada por la dictadura para “investigar” y apropiarse de bienes de empresarios). El tema es que el canje y las actuaciones anteriores me dejaron ver que el lío entre las Fuerzas Armadas era terrible, era un factor determinante. Entonces, ¿por qué firma Lidia Papaleo el 2 de noviembre? ¿Por qué en esa fecha (Magnetto) le dice ‘si no me firmás te van a matar a vos y a tus hijos’? Porque tenían la información de que iba a pasar eso. De que en la pelea se los iban a chupar a todos los duros. El tenía la información por Miguel Tobías Padilla. Se apuró a manotearlo porque si esto entraba en manos de la Junta se lo comía (Emilio) Massera, que es el que mata a Miguel Tobías Padilla en abril de 1978. Se apuran porque querían evitar que vengan los duros, que eran Ramón Camps, (Guillermo) Suárez Mason y los que estaban con la Marina. La clave es Miguel Tobías Padilla, que era el tipo que manejaba la información de Martínez de Hoz y todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas. Era el abogado personal de Magnetto. Fue el que manejó los tiempos del negocio. ¿Por qué ese día tenían que firmar sí o sí o los iban a matar? Eran ciertas esas cosas. Por eso ella no miente, Lidia Papaleo está diciendo la verdad. Es la situación de coacción que sufrió.

–Le podrían decir que usted ahora tiene intereses contra Clarín porque entre sus clientes hay personas que tienen causas contra el grupo, como Arbizu...

–Si hubiera tenido interés habría hecho esto antes.

–¿Y por qué no lo hizo?

–Porque no se me ocurrió. Nace cuando Duhalde me pregunta por qué estaba en la Conarepa. Yo le expliqué de Broner. Y él escribe que yo declaré y cuando se muere publican todo lo que había escrito y aparezco otra vez yo. Pero no lo iba a dejar colgado... Ahí nace el compromiso.

–¿Cómo pasó usted de socio de Fontán Balestra, abogado de La Nación, a contar estas cosas? ¿Se pelaron por Yabrán?

–Esa es la excusa de él. Pero para llevarse la plata, bien que se la llevó.

–Pero usted pasó de ser defensor a acusador.

–El destino lo quiso.



martes, 10 de julio de 2012

LOS CRÍMENES DE LA CNU







Roberto Atilio Falcone es marplatense de pura cepa. Estudió y se recibió de abogado en la Unmp y fue nombrado juez federal en 1994, “en pleno menemismo”, como le gusta remarcar. Es integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que investiga los crímenes cometidos por la CNU en esa ciudad. A diferencia de la pobre actuación del Juzgado Federal 3 de La Plata, que pese a la abundancia testimonial ha dictado solamente dos procesamientos de miembros de la CNU local, el tribunal marplatense ha avanzado decididamente en la causa, con una veintena de procesados –algunos cumpliendo prisión preventiva– por homicidios calificados y asociación ilícita.

En el año 2009, usted afirmó que había poco progreso en los juicios por el terrorismo de Estado por falta de compromiso, o de compromiso ético de los jueces. ¿Cómo ve esa situación hoy, se ha avanzado, se ha retrocedido?

–Se ha avanzado mucho, pero por esfuerzos individuales. Sigue existiendo un freno, en algunos sectores del Poder Judicial de Mar del Plata, a la investigación de los crímenes de la CNU. Por una cuestión lógica: la Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a funcionar en octubre de 1974 y fue armada con cuadros de la CNU. Más aún, integraban la administración de Justicia personajes que habían estado detenidos por el asesinato de Silvia Filler en 1971. La Justicia Federal de Mar del Plata, por más compromiso progresista que pueda existir de parte de algunos jueces, no ha conseguido liberarse del todo de los sectores de extrema derecha.

A partir de la investigación de Miradas sobre la CNU, hemos comprobado que en La Plata hay importantes demoras en la investigación y el eventual juzgamiento de estos crímenes. ¿A qué lo atribuye?

–Es mucho más fácil hoy investigar el terrorismo de Estado cometido luego del golpe, porque en un aparato organizado de poder, cuyo funcionamiento ha sido acreditado ya en la sentencia de la causa de los ex comandantes, hay una especie de responsabilidad de tipo funcional. Eso es mucho más sencillo que llevar a juicio a personajes que han venido escalando posiciones en la sociedad o que detentaron y detentan posiciones expectantes. Eso lo que ha generado es una mayor dificultad, porque no son personajes que se han quedado quietos. Articulan desde muchos sectores. Usted fíjese que los jueces que investigan a la derecha son los jueces más vilipendiados, los jueces más calumniados, donde hay campañas de todo tipo, porque estos imputados no se van a entregar fácilmente. Van a poner todo lo que haya que poner para poder eludir la persecución penal.

Esa demora y esa morosidad de algunos jueces, ¿usted las ve más como una cuestión corporativa, un reflejo de temor o una complicidad ideológica con respecto a los hechos?

–En algún caso hay algún componente ideológico, y no necesariamente porque tengan vínculos con estos personajes, sino que las designaciones que se han hecho durante todos estos años no son, en su mayoría, designaciones que puedan acompañar el tipo de revisionismo judicial que se está haciendo en este momento. Y si bien el Consejo de la Magistratura ha apoyado estas investigaciones, a mi criterio no ha seguido de cerca las denuncias que han hecho las víctimas por las paralizaciones y por las contramarchas que se producen.

Volviendo a la CNU, hay una gran diferencia en cuanto a la dinámica de investigación y procesamiento: en Mar del Plata hay una veintena de procesados y en La Plata hay dos…

–Sin duda. Es que en el año 2000, en el mes de septiembre, presentamos el Juicio por la Verdad. Pero nosotros no dispusimos la agenda. A nosotros nos hizo una demanda colectiva toda la sociedad de Mar del Plata: Universidad, Colegio de Abogados, gremios, ONG, organismos de Derechos Humanos, etc., etc., y empezamos el Juicio por la Verdad, y los testigos, los primeros testigos, venían a relatar los horrores sufridos durante la dictadura, pero también la persecución y los asesinatos de la CNU. Entonces, desde el primer día empezamos nuestras averiguaciones acerca de lo que había acontecido en el terrorismo de Estado, pero sin poner ese mojón en el 24 de marzo del ’76, porque para nosotros también todos los crímenes de la CNU son delitos de lesa humanidad y fueron cometidos al amparo del poder del Estado.

Es una diferencia notoria, porque en La Plata, en el caso específico de la CNU, nunca hubo una presentación colectiva, y recién ahora un puñado de militantes y de abogados junto a familiares de las víctimas, están empezando a presentar querellas...

–Lo que ocurrió en Mar del Plata es que venían muchos testigos... familiares, esposas, hijos que nos contaban todo lo que habían sufrido. Cuando solicitamos los expedientes vimos que estaban anémicos de diligencias probatorias, que no se había hecho nada. Empezamos a colectar testimonios, documentos. Hemos secuestrado documentos que tienen 35 años, con un valor incriminatorio grave. Y luego, todos esos elementos de juicio, el tribunal no se los derivó al juez federal de Primera Instancia. El tribunal los clasificó, los relacionó con cada uno de los hechos delictivos, hizo una valoración provisional y mandó al juez federal de primera instancia una instrucción casi completa. Con lo cual el juez federal de primera instancia lo único que tuvo que hacer fue seguir el camino que se había iniciado. Hay que sentarse frente a las víctimas que hace 30 años están reclamando justicia y creen que usted los puede ayudar. Entonces, uno adquiere un compromiso, sin violar ninguna garantía, sin torcer ningún elemento de prueba, sin valorarlo arbitrariamente, pero uno asume un compromiso que muchos no han querido tomar. Esa es la diferencia.





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INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA / LA CNU

domingo, 8 de julio de 2012

EL PLAN SISTEMÁTICO DE ROBO DE BEBÉS





REPORTAJE A LA JUEZA
MARIA DEL CARMEN ROQUETA,
PRESIDENTA DEL TOF 6


“Nosotros lo que estamos diciendo es que no hubo dos planes. Es un solo plan, que fue todo”, dice la juez María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral Federal 6, que el viernes pasado condenó a Videla y a otros represores por el robo de bebés. “En la causa 13 (del Juicio a las Juntas), no llegaron a esto, es lo que faltó. Pero acá nosotros sí pudimos probar que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desaparición del niño.”

El Tribunal que definió por primera vez el robo de niños durante la dictadura como “práctica generalizada y sistemática” acaba de completar lo que el Juicio a las Juntas de Comandantes de 1985 no hizo y dejó pendiente. Es decir, incluyó “la desaparición de niños” como parte del plan sistemático de desaparición de personas. En esa misma definición describe de forma subsidiaria el robo de bebés como práctica sistemática, pero dentro del plan general.

En diálogo con Página/12, Roqueta subraya otro de los elementos fundamentales del fallo, que es otra diferencia fundamental con el fallo de 1985, que no tomó como casos a los niños no aparecidos y consideró que no había delito. Esta sentencia acusó a los represores por cada uno de esos casos: “Uno de los motivos complicados de este juicio era qué pasaba con los chicos que no aparecieron. El tema era probar y quedó probado que nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la mamá, que se los sacaron enseguida, que los tuvieron quince días. O sea, que el niño nació vivo y el niño está. Punto. Dónde está, no se sabe”.

Roqueta integró el Tribunal con Julio Luis Panelo y Domingo Altieri. En esta entrevista habla sobre el acuerdo y las diferencias de la condena de 50 años para el dictador Videla, su voto por Reynaldo Bignone y Rubén Franco, a quien ella en disidencia condenó por 40 años. También los criterios por los que los apropiadores directos y varios acusados terminaron con menos penas de lo que esperaba la querella y la fiscalía.


–¿Hubo acuerdos sobre la idea de la sistematicidad? ¿Discutieron? ¿Por qué práctica y no plan?

–La definición fue pensada. Cuando pusimos “sustracción, ocultación y retención” (de niños) fue porque quisimos poner todos los verbos posibles. Y luego tomamos otro artículo: “alterando, suprimiendo” y pusimos todas las posibilidades de lo que pasó, con todas las mujeres que teníamos en este juicio, pero también en (otros) posibles. De acuerdo con lo que vimos fuimos pensando en abarcar todo: fueron secuestradas, estuvieron en cautiverio, están desaparecidas, o están muertas. Y esto último también fue pensado: yo sé que era doloroso decirlo, pero había que decirlo. Porque la mamá de Clara Anahí Mariani está muerta. El tema es que siempre aparecía la palabra “Plan sistemático de robo de bebés”. Nosotros lo que estamos diciendo es que no hubo dos planes, es un solo plan. Que fue todo. En la causa 13 (del Juicio a las Juntas), no llegaron a esto, es lo que faltó. Pero fue por las circunstancias, por lo que se pensó, por lo que no pudieron probar. Pero acá nosotros sí pudimos probar que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desa-parición del niño.


–¿Qué se discutió más?

–Lo discutimos. Y fue el tema que estuvo presente durante todo el debate. Nosotros tenemos 35 casos, suficientes para poder hablar si hubo una práctica sistematizada, continua, pensada. ¿Cómo llegaron a eso? Al no tener documentos, las pruebas se van construyendo durante el juicio, pero no: no nos quedó ninguna duda. Ninguna duda, a ninguno de los tres. La duda era porque, a veces, la frase “plan sistemático de robo de bebés” genera confusiones. Creo que la defensa atacó por ahí. Y hay un error. Más allá de que periodísticamente esa frase pueda entenderse, acá la pregunta era ver si lo pensaron, lo trabajaron antes. Si dieron el golpe de Estado y dijeron “nos vamos a robar los pibes”. No. Creo que a partir de que se da la sistematización, también se da lo otro. Yo le pregunté a Ballester cuando declaró: ¿se pensó en algún momento que podía haber mujeres detenidas? “No”, dijo. Entonces, la realidad fue que todas las organizaciones políticas, político-militares o armadas, estaban llenas de mujeres y ésa es una realidad que también se les vino encima, si bien no voy a ver pensar que no lo supieran. Las chicas eran jóvenes y estaban embarazadas. Entonces, no fue una cosa distinta. Esa cosa tan inhumana que se generó, llegó al punto tal de pensar que la madre embarazada, esa mujer, era un objeto, que la iban a matar. No sé si es por conceptos religiosos, pensaron que tenga al chico, después la mataron. Habrán pasado mil cosas en el pensamiento. Pero la estructura clara que nosotros probamos es: determinado que esta mujer iba a morir, esperaron que pariera y después el traslado. Y la desaparición era la de la madre, y del niño. Porque hacer aparecer ese niño –como ellos lo han dicho– iba a dar información, iba a generar preguntas. Bueno, es terrible. De solo pensar, como persona y como mujer, no sólo en las chicas, sino en los bebés. Los veo a los chicos cuando vinieron a declarar o cómo estaban el viernes en la sala. Yo pensaba en el terror, en el abismo. En esa cosa tan oscura donde han nacido. Alejandro Sandoval, cuando hicimos el juicio de Rei, vino un día y me dijo (como enojado) ¡me hicieron un allanamiento en la madrugada! Y yo lo miraba y yo decía, pensar que en un lugar tan oscuro habrás estado.


–¿Ustedes dicen, entonces, que fue un plan? Si dicen que el “plan sistemático” general incluyó la desaparición de menores, la primera redefinición de lo sistemático que así incluye a los bebés, permitiría leerlo en ese sentido.

–Sí, está bien. Es así.


Los no aparecidos

La causa 13 descartó cinco de los seis casos por los que se imputaba a Videla porque, como los chicos no habían aparecido, no probaron el delito. Los abogados dicen que aunque no lo dijeron textualmente, fue como si se los diera por muertos. Ustedes condenaron a los acusados también por esos casos.

–Uno de los motivos complicados de este juicio era qué pasaba con los chicos que no aparecieron. A medida que avanzó el juicio fueron apareciendo varios, pero otros no. El tema era probar y quedó probado que nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la mamá, que se los sacaron enseguida, que los tuvieron quince días. O sea el niño nació vivo y el niño está. Punto. Dónde está, no se sabe. A quienes juzgamos ahora, los juzgamos por esos casos. Ahora, esto no cierra si mañana aparece el hijo de Laura Carlotto...


–¿No podrían volver a ser condenados?

–No. Videla está condenado, no se puede condenar dos veces. Y esto es importante porque acá es la diferencia con la causa 13. Nosotros decimos: Fulano, usted hizo esto, el chico nació, lo ocultó, dio ordenes para esto, por este caso lo condeno. Si mañana aparece, el que lo tenga, irá a juicio. Pero el autor mediato por estos casos ya está juzgado.


Condenas

–¿Hubo discusión sobre la condena de 50 años a Videla?

–Sí, fue muy debatido, tal es así que Altieri salió en disidencia. El va a hacer un voto distinto a partir de la tendencia de Zaffaroni, pero nosotros dijimos no. Videla está condenado por 20 casos. Si uno suma los máximos, porque estos hechos concurren realmente (ver aparte), la cuenta da más de 50 años, obvio. Pero usamos la (nueva) ley (llamada Blumberg, polémica pero que habilita ese máximo como lo pidieron las querellas). Las defensas pidieron la inconstitucionalidad según la ley, pero les dijimos que no lo era. La ley se aplica.


–Otro de mayor condena fue Vañek: habían pedido 50, ustedes condenaron por 40.

–Tratamos de ver los grados de responsabilidad. Y también se valoran los hechos. Vañek tenía diez hechos (de la ESMA) y Videla veinte. Lo que hay que hacer es un razonamiento para que haya una mayor coherencia entre la cantidad de hechos y la responsabilidad. (Jorge) Acosta tiene un hecho más que Vañek, pero también una jerarquía menor. Le dimos 30 años. A Riveros le dimos menos, 20, pero eran solo dos hechos.


–Qué pasó con Franco y Bignone. A Bignone lo condenaron sólo a 15 años y a Franco lo absolvieron. ¿En este punto usted planteó disidencias?

–Yo los condeno a 40 años, porque hago una construcción distinta (a los otros dos jueces). Para mí son autores mediatos de la ocultación, pero los delitos concurren realmente entre sí (dos hechos con penas que se suman). Mis colegas condenan sólo a Bignone por un hecho: la ley de autoamnistía pero que es una unidad de acción, entonces es concurso ideal (no se suman). Por eso, llegan a la pena de 15 años (que es el máximo previsto para la ocultación).


–Los dos llegaron acusados por haber intervenido en la firma de dos documentos, durante la última Junta. Una la autoamnistía. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo explican ellos que uno sí quedó acusado y el otro no?

–Para mí son autores mediatos los dos. Las acciones que positivamente hicieron fueron varias. Yo interpreto que el documento final que da lugar a la ley de autoamnistía son acciones legales, puestas a la vista de la sociedad, pero la ilegalidad seguía porque lo clandestino seguía: aunque no hubiera más detenciones, pero tratándose de los niños la clandestinidad continuaba y entonces para mí los dos son autores mediatos. Pero son opiniones y ésa es mi disidencia.


–¿Por qué absuelven a Franco?

–Porque el presidente era Bignone y entonces la responsabilidad era de Bignone, pero no quiero hablar por ellos.


–¿Para condenar a Bignone fue importante la declaración de Abrams?

–Para mí fue muy importante, pero también lo fue el mismo defensor. Cuando empezó a leer diarios y titulares de diarios de la época, uno advierte que el tema está clarísimo. No se puede negar. Y se sabía. Y si bien es probable que hayan buscado alguna manera, y la Iglesia haya intentado colaborar (como dijo Abrams), (no podían) iban a volver a lo mismo: volver a aparecer lo que había que desaparecer.


La subjetividad

–¿Hubo momentos particularmente movilizantes? Los vimos llorar.

–Sí, claro. Por ejemplo, cuando pusimos la grabación de Cecilia Viñas (un llamado desde lo que se presume como un centro clandestino ya en democracia). Pero además, todos los chicos. Las declaraciones, las fuerzas, las ganas cuando se quebraban porque uno tiene que preguntarles por los padres. No por perversión, sino porque uno tiene que cerrar los casos tratando de ver qué pasó. Yo creo que hubo muchos momentos pero eso no quita que cuando uno va a resolver, se despegue.


–Alguna imagen

–Probablemente la del jueves. Si bien no podía ver detenidamente, cuando miraba veía a algunas personas, y la verdad es que sí. Te puedo decir que lo que más que queda grabado es ver el paso del tiempo y la constancia, esa cosa de las Abuelas de estar y estar. Elsa Pavón por ejemplo. Volviendo a las Abuelas, al saludarlas, esas manos calientes que tienen las viejas. Y esas manos frías que tienen los nietos todavía porque vienen de ese lugar tan triste, tan de abismo a pesar de que muchos están bárbaros y están bien, pero ¡hay que cargar con esa historia! Hay que ser muy fuerte para cargar con esa historia. Eso es lo que más ha quedado, que es la vida. La diferencia de este juicio con otros es que a pesar de todo el dolor, de lo siniestro de lo perverso, de lo más miserable del ser humano, nosotros trabajamos con la vida porque por lo menos, los chicos que vinieron están vivos y se pudieron recuperar. Y lo que estamos esperando es que los otros aparezcan. Y esto es apostar a la vida, no a la muerte. Esto es lo mejor del juicio. El resto todo es discutible. Trabajamos muchísimo. Firmamos esto convencidos de que era así. Y manteniendo aquello que no queremos que vuelva a pasar: respetar las garantías procesales, judiciales, como corresponde, que es eso.




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