martes, 27 de diciembre de 2011

UNA EXTORSIÓN DEL GAFI





El ministro de la Corte Suprema le apunta al GAFI por reclamar una ley que considera innecesaria. Se preocupa por las “futuras extorsiones” que podría hacer el organismo, y dice que el GAFI busca “monitorear” la economía.





–Usted ha sido muy duro en sus críticas a la llamada ley antiterrorista. ¿Cree que es un error del Gobierno?

–No lo sé. Yo no tengo el panorama completo del daño que el GAFI puede hacernos. Presumo que el Gobierno, que seguramente lo puede valorar más que yo, lo habrá evaluado. Lo que sé es que la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?

–¿Qué es el GAFI?

Es un organismo cuyo interés consiste en monitorear toda la actividad financiera de los países del sur. No tiene nada que ver con el terrorismo, ni la ley que nos extorsionaron sirve para prevenir el terrorismo, ni tampoco el lavado. Nosotros, desde siempre, por lo menos desde 1921, tenemos las más severas penas contra cualquier acto terrorista o de cooperación o instigación. Ahora resulta que el derecho penal argentino será omnipotente, los terroristas serán nuevos “Lázaro”, los resucitaremos para ponerles otra prisión perpetua. Nadie me supo decir jamás cuál es la pretendida laguna de punibilidad en materia de terrorismo, porque no la había. En cuanto al lavado, tampoco tiene relevancia, porque nuestro mercado es muy pequeño, cualquier operación grande llama la atención; aquí sólo se puede lavar alguna prenda interior y nada más. Lo que les interesa es monitorear toda nuestra actividad financiera, enterarse de todo, controlar todo. Es un organismo que sólo puede hacer “recomendaciones”, pero que se toma la atribución de calificar a los países, hacer listas negras, promover sanciones económicas. Para ello cuenta con una serie de burócratas que promueven estas leyes porque tienen que justificar sus sueldos en euros y dólares. Son sus “técnicos” o, mejor dicho, sus “escribas”.

–¿Para qué quieren controlar nuestra actividad financiera?

–Para, seguritos, conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor. No se olvide que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren.

–¿Lo considera un peligro cercano y grave?

–No lo sé; un peligro es, cuán cercano, no sé. Sé que como todo extorsionador vendrá por más, no se conformará con esto, es inevitable porque es la mentalidad del extorsionador y de los “yuppies”. Llegará un momento en que será necesario decirles basta, no sé si nosotros solos o en bloque, porque los otros países del sur también sufren las mismas extorsiones.

–De lo que dice se deduce que fue un error político acceder a esa exigencia.

–Insisto en que eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si en este momento estamos en condiciones de arrostrar los daños que nos podrían causar. De cualquier modo creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que se trata de una extorsión, en especial para sacar la cuestión del juego político y encararla como una cuestión nacional, en la que todos, Gobierno y oposición, deberían estar de acuerdo y actuar en consecuencia. No es una broma ni una nueva oportunidad para que nadie saque partido, es una amenaza común a la nación. Aquí se debe en el futuro operar con consenso de todos, no jugar con nuestra soberanía.

–¿Considera que se podría abusar de la ley para sancionar la protesta social, la crítica pública o algo parecido?

–De momento nadie jugará con esta ley, y si a alguien se le ocurriese la peregrina idea de valerse de sus defectos, para eso estamos los jueces, para ponerle los frenos que correspondan conforme a la Constitución Nacional. Si alguien quisiera filtrar alguna limitación a los derechos ciudadanos, lo pararemos en seco. Pero no es ésta la cuestión, sino ponernos a pensar todos juntos, Gobierno, oposición, técnicos, economistas, juristas, diplomáticos, qué diablos vamos a hacer con las futuras extorsiones de este organismo. Esta es una amenaza clarísima a nuestra soberanía nacional por parte de un organismo que se atribuye más poder que la ONU. Aquí tenemos que demostrar madurez, o sea, que somos una nación y no un montón de grupos en pelea constante. Está en juego el bien común de la población, no lo olvidemos. Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos.



jueves, 22 de diciembre de 2011

OTRA VEZ UNA LEY ANTITERRORISTA





Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas. Por eso cuando se trata de violencia que habilita una ley el principio que ha de seguirse es la cautela. Pero los diputados del pueblo han servido un banquete para satisfacción de la ilusión punitiva.

Leemos el lenguaje de castigo del nuevo art. 41 que se quiere en el Código Penal: finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. La pena máxima se aumenta el doble si con el peligrosómetro normativo el juez detecta en cualquier delito una disposición subjetiva como la que la ley describe.

La ley no aumenta las penas únicamente cuando la población se aterroriza o a una autoridad se le impide hacer o no hacer algo. Lo que produce escalofrío es el mayor castigo por meras disposiciones internas que el juez observa como síntomas de un potencial enemigo. Puro derecho penal de ánimo y de peligro. Una variante normativa del viejo peligrosismo racista. Sólo una minoría de fundamentalistas del castigo tiene a esta doctrina por verdadera.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos.

Ningún organismo internacional ha podido definir conceptualmente al terrorismo. Tampoco los sociólogos y criminólogos pueden. Los juristas menos. La voracidad punitiva no lo logró con el delincuente subversivo, el demonio o las brujas. Quizá podríamos ofrecerle algo para que se lleve a la boca, lo que la mayoría reconoce como terrorismo: los delitos de lesa humanidad y genocidio.



Alejandro Alagia
Profesor titular de Derecho Penal, UBA



viernes, 2 de diciembre de 2011

A partir de hoy morirá la imperial doctrina Monroe







DECLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS


Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II CALC, en la Riviera Maya, los días 22 y 23 de febrero de 2010, Reafirmando nuestra convicción de avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe;

Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social;

Ratificando nuestra decisión de promover la articulación y la convergencia de acciones, por medio del intercambio de experiencias y la identificación de áreas de cooperación entre los distintos mecanismos de integración, sobre la base de los principios de solidaridad, flexibilidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones y participación voluntaria en las iniciativas consideradas.

Renovando nuestro compromiso con el desarrollo regional integrado, no excluyente y equitativo, teniendo en cuenta la importancia de asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y vulnerables, a los países en desarrollo sin litoral marítimo e insulares.

Reiterando asimismo nuestro compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos.

Subrayando la necesidad de contar con un espacio regional propio que consolide y proyecte la identidad latinoamericana y caribeña con base en principios y valores comunes, y en los ideales de unidad y democracia de nuestros pueblos;

Teniendo el convencimiento de que la concertación política sobre la base de la confianza recíproca entre nuestros gobiernos es indispensable para la construcción de soluciones propias, para promover la paz; para la defensa, fortalecimiento y consolidación de nuestras instituciones democráticas; para el impulso al diálogo político con otros Estados y grupos de Estados; y para el fortalecimiento del multilateralismo y de la democratización en la adopción de las decisiones internacionales;

Reconociendo la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- en los temas centrales de la agenda regional y global y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países;

Destacando al mismo tiempo el significado histórico para nuestra región de la Primera Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la importancia de su agenda para profundizar la integración regional y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sustentable de los países de la región;

Refrendando nuestro compromiso con la preservación de los valores democráticos en la región y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y el Estado de Derecho, así como con el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos, que constituyen, todos ellos, objetivos esenciales promovidos por nuestros países. Manifestando al mismo tiempo la convicción de que la democracia es una de las más preciadas conquistas de nuestra región, y que la transmisión pacífica del poder por vías constitucionales y con apego a los preceptos constitucionales de cada uno de nuestros Estados es producto de un proceso continuo e irreversible sobre el que la región no admite interrupciones ni retrocesos;

Compartiendo la convicción de que es preciso establecer compromisos efectivos de acción conjunta para profundizar la integración regional y promover el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y el bienestar social en todos nuestros Estados; Resueltos a promover la sinergia y la articulación y complementariedad de acciones de cooperación entre los distintos mecanismos de integración,

Hemos decidido:

1. Constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional propio que reúna a todos los Estados latinoamericanos y caribeños.

2. Consolidar y proyectar, a nivel global, mediante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la identidad latinoamericana y caribeña con fundamento, entre otros, de los siguientes principios y valores comunes:


  • El respeto al derecho internacional.

  • La igualdad soberana de los Estados.

  • El no uso ni la amenaza del uso de la fuerza.

  • La democracia.

  • El respeto a los derechos humanos.

  • El respeto al medio ambiente, tomando en cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo sustentable.

  • La cooperación internacional para el desarrollo sustentable.

  • La unidad e integración de los Estados de América Latina y el Caribe.

  • Un diálogo permanente que promueva la paz y la seguridad regionales...

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