El ministro de la Corte Suprema le apunta al GAFI por reclamar una ley que considera innecesaria. Se preocupa por las “futuras extorsiones” que podría hacer el organismo, y dice que el GAFI busca “monitorear” la economía.
–Usted ha sido muy duro en sus críticas a la llamada ley antiterrorista. ¿Cree que es un error del Gobierno?
–No lo sé. Yo no tengo el panorama completo del daño que el GAFI puede hacernos. Presumo que el Gobierno, que seguramente lo puede valorar más que yo, lo habrá evaluado. Lo que sé es que la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?
–¿Qué es el GAFI?
–Es un organismo cuyo interés consiste en monitorear toda la actividad financiera de los países del sur. No tiene nada que ver con el terrorismo, ni la ley que nos extorsionaron sirve para prevenir el terrorismo, ni tampoco el lavado. Nosotros, desde siempre, por lo menos desde 1921, tenemos las más severas penas contra cualquier acto terrorista o de cooperación o instigación. Ahora resulta que el derecho penal argentino será omnipotente, los terroristas serán nuevos “Lázaro”, los resucitaremos para ponerles otra prisión perpetua. Nadie me supo decir jamás cuál es la pretendida laguna de punibilidad en materia de terrorismo, porque no la había. En cuanto al lavado, tampoco tiene relevancia, porque nuestro mercado es muy pequeño, cualquier operación grande llama la atención; aquí sólo se puede lavar alguna prenda interior y nada más. Lo que les interesa es monitorear toda nuestra actividad financiera, enterarse de todo, controlar todo. Es un organismo que sólo puede hacer “recomendaciones”, pero que se toma la atribución de calificar a los países, hacer listas negras, promover sanciones económicas. Para ello cuenta con una serie de burócratas que promueven estas leyes porque tienen que justificar sus sueldos en euros y dólares. Son sus “técnicos” o, mejor dicho, sus “escribas”.
–¿Para qué quieren controlar nuestra actividad financiera?
–Para, seguritos, conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor. No se olvide que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren.
–¿Lo considera un peligro cercano y grave?
–No lo sé; un peligro es, cuán cercano, no sé. Sé que como todo extorsionador vendrá por más, no se conformará con esto, es inevitable porque es la mentalidad del extorsionador y de los “yuppies”. Llegará un momento en que será necesario decirles basta, no sé si nosotros solos o en bloque, porque los otros países del sur también sufren las mismas extorsiones.
–De lo que dice se deduce que fue un error político acceder a esa exigencia.
–Insisto en que eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si en este momento estamos en condiciones de arrostrar los daños que nos podrían causar. De cualquier modo creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que se trata de una extorsión, en especial para sacar la cuestión del juego político y encararla como una cuestión nacional, en la que todos, Gobierno y oposición, deberían estar de acuerdo y actuar en consecuencia. No es una broma ni una nueva oportunidad para que nadie saque partido, es una amenaza común a la nación. Aquí se debe en el futuro operar con consenso de todos, no jugar con nuestra soberanía.
–¿Considera que se podría abusar de la ley para sancionar la protesta social, la crítica pública o algo parecido?
–De momento nadie jugará con esta ley, y si a alguien se le ocurriese la peregrina idea de valerse de sus defectos, para eso estamos los jueces, para ponerle los frenos que correspondan conforme a la Constitución Nacional. Si alguien quisiera filtrar alguna limitación a los derechos ciudadanos, lo pararemos en seco. Pero no es ésta la cuestión, sino ponernos a pensar todos juntos, Gobierno, oposición, técnicos, economistas, juristas, diplomáticos, qué diablos vamos a hacer con las futuras extorsiones de este organismo. Esta es una amenaza clarísima a nuestra soberanía nacional por parte de un organismo que se atribuye más poder que la ONU. Aquí tenemos que demostrar madurez, o sea, que somos una nación y no un montón de grupos en pelea constante. Está en juego el bien común de la población, no lo olvidemos. Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos.
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