viernes, 27 de noviembre de 2009

Cuando el Estado está presente





Carta Abierta Tandil largó la primera:
Cuando el Estado está presente
...



En los años que lleva nuestra democracia como sistema de gobierno, 26 para ser más exactos, hemos avanzado mucho, mucho más que otros países hermanos en la calidad y el reconocimiento de los Derechos Humanos, en el fortalecimiento de la sociedad civil expresada en la proliferación de organizaciones comunitarias y barriales que, aún inconexas, mantuvieron un mínimo de cohesión social cuando el neoliberalismo arrasó con la economía, la dignidad de los trabajadores y la institucionalidad.

La tradición de la sociedad civil argentina, siempre había sido la de reivindicar derechos ciudadanos universales, entendiendo a la ciudadanía como un atributo jurídico-político y social de cualquier persona nacida en este suelo. Los ciudadanos conformamos el cuerpo político de una nación y somos soberanos en tanto que integramos un cuerpo mayor que es el Pueblo, cuyo mandato es inapelable.

En los ’90, aprendimos, con la fuerza brutal del neoliberalismo a confundir derechos ciudadanos con derechos del consumidor y también con derechos del cliente. Esta aberración política produjo variadas consecuencias, la primera y fundamental es que si los derechos dependen del consumo, los que más consumen tienen más derechos, eso es así en la salud, en la educación, en la vivienda, etc. Así fuimos extirpando del discurso público la idea de los derechos ciudadanos y con ella la idea de la universalidad de los derechos. Ni los niños ni los viejos y menos los trabajadores ocupados o desocupados tendrán derechos por ser ciudadanos argentinos.

Al mismo tiempo, fuimos naturalizando la idea que el Estado debía achicarse y funcionar solamente para garantizar los privilegios de unos pocos, los que más tienen, porque consumen más y así gastan más y “derraman” sobre el resto de la población. Al asumirnos como consumidores también naturalizamos la idea de la desigualdad, esto fue un golpe fuerte, importante en la cultura política de una sociedad que se había caracterizado por lo contrario. Alguna vez Argentina se caracterizó por ser en América Latina una de las sociedades más igualitarias en la que la distancia entre ricos y pobres era mucho menor que en otros países, por una enorme distribución de riqueza, que bajo el reconocimiento de los derechos universales se hizo en los años 50.

Así el sistema de salud y sobre todo el sistema único de educación garantizaban derechos de calidad elementales para la integración social y la igualdad de oportunidades. La catástrofe neoliberal no sólo destruyó la economía, cambió también la cultura política. Hoy la reivindicación de un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar se entiende como Populismo o clientelismo, que en boca de la Nueva Derecha significa la siguiente ecuación, “no consume, tiene hambre, no piensa por sí mismo”, adiós ciudadanía universal. Entonces lo que desvela a la Nueva Derecha no es que los pobres coman y consuman sino que no sean usados por los “populistas.”

Es muy interesante esa ecuación porque el problema dejó de ser la desigualdad, para ser la “conciencia abstracta del dominado”, al que no hay que garantizarle su derecho a comer sino liberarlo de las “garras del populismo.”

Cuando en los últimos años se garantizó la JUBILACION para personas que nunca habían aportado al Sistema Estatal de Reparto ni a ningún otro, se reconoció un derecho universal y ahora se hizo lo mismo con la infancia, la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO menor de 18 años es un avance enorme, que impacta en el núcleo más resistente de la pobreza que se ha mantenido a pesar del crecimiento económico, porque como sabemos por experiencia la “riqueza no derrama, se concentra” y distribuirla implica una dura batalla que no es sólo económica sino de cultura política.

Profundizar la idea de la universalidad de los derechos en las políticas públicas mejora la calidad de la democracia, mejora la calidad de la instituciones y enriquece una cultura política empobrecida y mezquina que se niega a reconocer el más elemental de todos los derechos, el de que todos los hombres somos iguales.

fuente:
El espejo

lunes, 23 de noviembre de 2009

JUICIO Y CASTIGO



El juicio que comienza mañana, con 400 testigos y 15 imputados como autores directos de los delitos, marca un quiebre en el proceso de verdad y justicia, que dará un nuevo paso el 11 de diciembre, cuando comiencen a rendir cuentas ex miembros de grupos de tareas de la ESMA, y otro cuatro días más tarde, cuando arranquen las audiencias con ocho represores de El Vesubio como acusados.

El juicio oral que conducirán Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori será el más representativo hasta ahora de las dimensiones del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a 17 imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica: en libertad.

Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad en Comodoro Py, en 2006, pasaron por el banquillo autores mediatos como los brigadieres de Mansión Seré o los ex jefes de áreas, ladrones de bebés como el gendarme Víctor Rei, asesinos como los de la Masacre de Fátima, y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, juzgado en soledad.



El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica “un mismo centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio”, escribió el juez federal Daniel Rafecas, responsable de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo.

El Atlético funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del Primer Cuerpo.


más info en Pagina 12


martes, 17 de noviembre de 2009

DERECHO A INTERNET



Los blogueros y usuarios de Internet hace rato que venimos discutiendo sobre estos temas. Internet es una valiosa herramienta, indispensable para las comunicaciones actuales y es caro poder acceder al servicio.

Hoy nos enteramos que España considerará un derecho la conexión a Internet. A partir del primero de enero de 2011 la conexión a Internet de un mega de velocidad pasará a formar parte del paquete de prestaciones mínimas que requiere un ciudadano español. La ponderación de la conectividad como Servicio Universal obligará a que las tarifas sean accesibles.

Esta incorporación forma parte de la decisión del gobierno de José Luis Zapatero de definir una política de Estado sobre la prestación de servicios de comunicación, según se informó.

Se denomina Servicio Universal al paquete de prestaciones mínimas que requiere un ciudadano, y que deben ser accesibles.

De esta forma, "todos los ciudadanos en España tendrán derecho a conectarse a Internet a través de banda ancha a velocidades mínimas de una megabit por segundo", destacó el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Sebastián realizó este anuncio durante su intervención en la inauguración de la tercera edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod).

En el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, se celebrará a partir de hoy la tercera edición del Foro Internacional de Contenidos, FICOD 2009, con el objetivo prioritario de desarrollar y potenciar la industria española de contenidos digitales, buscando sinergias e intercambiando experiencias centrándose especialmente en los mercados de lengua española.

FICOD nace en 2007, impulsado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El mercado español de contenidos digitales ha seguido creciendo en el último año, supera ya los 60.000 millones de euros, y está compuesto por 21.000 empresas que generan 300.000 puestos de trabajo.

Gracias a esto, la tercera edición de FICOD se ha convertido en punto de encuentro imprescindible para los profesionales de la televisión, el cine, la música, el ocio digital interactivo, la animación, la educación, la producción audiovisual, las publicaciones digitales, los contenidos generados por los usuarios (UGC), las redes sociales, la blogosfera, la publicidad interactiva, etc.

¿Y si en Argentina hacemos lo mismo, o parecido?

jueves, 12 de noviembre de 2009

SIP = Mordaza de libre presión




Si la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fuese una entidad realmente comprometida con la libertad, la independencia y la democracia, el edificio que en Miami alberga su sede debería llamarse Gregorio Selser (1922-1991) en lugar de Jules Dubois, aquel sórdido oficial de la CIA que diseñó sus principios y doctrina.

Selser y Dubois. Dos modos de entender el periodismo y la información. Selser, rasgando los velos del poder. Dubois legitimando sus infundios. Selser, al servicio de los pueblos. Dubois, al servicio del imperio. Con Selser, el periodismo honesto descubrió cómo se fabrican las noticias. Con Dubois, el periodismo canalla aprendió a encubrir la verdad a través de la mentira.

De la Cuba del tirano Fulgencio Batista (donde en 1943 nació la SIP) a nuestros días, no hubo déspota, golpe de Estado o intervención militar de Estados Unidos que no recibiera apoyo de la SIP.

Sesentaitres años de ignominia que los muros de América Latina supieron resumir una y otra vez: "Nos mean, y la prensa dice que llueve".

Destinada por estatutos a "... servir por igual a sus afiliados del norte, centro y sud de América", la SIP sólo adopta resoluciones atinentes a la preservación de la "libertad de prensa" al sur del río Bravo y en las Antillas. Sus declaraciones sintonizan con el Departamento de Estado, la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y su "independencia" consiste en difamar cualquier esfuerzo grande o pequeño de nuestros pueblos cuando tratan de darse instituciones participativas, o surgen situaciones que cuestionan cualquier empresa adscripta a su órbita.

Los magnates de la SIP compran, venden, difunden, editan, transmiten o publican la "información" según convenga a las "leyes del mercado" y sus intereses de casta y clase. No obstante, en su Breve historia de la SIP, Selser registra las excepciones de rigor, tales como las del escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas.

En la reunión de Montevideo (1951), Otero Silva observó que los estatutos de la SIP, aprobados un año antes en la Asamblea de Nueva York, violaban "... sus normas más fundamentales y dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista".

Selser recuerda que si bien Otero Silva se declaraba antiperonista y contrario a las medidas que el gobierno argentino había adoptado tras el cierre del diario La Prensa, se indignó por la conducta de sus colegas de la SIP, reacios a debatir con los delegados de Perón.

El venezolano observó "... la actitud de la mayoría de la Asamblea, rechazándolos sin oírlos, violando nuevamente los estatutos para no reconocer sus credenciales, esquivando cobardemente la polémica con quienes no tenían razón, les sirvió para aparecer frente a muchos con una razón que no tenían... mientras se le dedicaba 80 o 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas".

En el informe que Otero Silva calificó de "tendencioso", aparece el tirano Somoza "... como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento; allí se ponen como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos y, al llegar a Santo Domingo, el informe emplea el monstruoso eufemismo siguiente: 'Las condiciones no son propicias para la libertad de expresión'... Daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar."

Otra actitud de gallardía empresarial, recogida por Selser, es la renuncia presentada a la entidad en 1958 por uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-59), director de El Universal, cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, condado de Kent (Delaware).

Lanz Duret alegó que "... la SIP iría a depender, a todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana".

Pero la SIP experimentó la primera gran denuncia internacional el 23 de mayo de 1959, cuando en carta pública al director de la revista Bohemia el Che Guevara calificó de "miserable gángster" al encargado de la sección internacional: "Sucede -dijo el Che- que Jules Dubois, la United Fruit y otras compañías frutícolas, mineras, ganaderas, telefónicas o eléctricas, explotadoras del pueblo en una palabra, han ordenado desatar la clásica cortina de las mentiras asalariadas." Entonces, Dubois se puso en acción.

II

Formateada por los "amos de la prensa" (voz acuñada por el legendario investigador
estadunidense George Seldes, 1891-1995), la SIP lleva más de medio siglo absolviendo,
fiscalizando o condenando qué debemos entender por noticia, información, democracia y libertad de expresión.

Luego del ruido y aprobación de la intervención yanqui en Guatemala (1954) y el derrocamiento de Perón un año después, los diarios afiliados a la SIP cargaron contra la revolución cubana (1959). En octubre de 1961, por ejemplo, Washington decidió que las relaciones del gobierno argentino con Cuba debían reventarse.

Acatando la sugerencia, La Nación de Buenos Aires publicó la foto de Jules Dubois (presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP) exhibiendo unos misteriosos documentos sacados subrepticiamente "... de la embajada cubana en la Argentina". Arturo Frondizi (quien no era "de izquierda", pero sí presidente de un país soberano) protestó ante el secretario de Estado, Dean Rusk, y calificó la maniobra de "burda provocación".

Regañado por Rusk, el agente Dubois aceptó la legitimidad del infundio. La "ética informativa" de La Nación quedó al desnudo. Cuarenta y cuatro años después, el presidente Néstor Kirchner manifestó en respuesta velada a las constantes presiones del vocero histórico de la oligarquía argentina: "No puede ser que quienes vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa son aquellos que para imponer sus ideas mataron, asesinaron y secuestraron" (4/03/05).

Kirchner (quien tampoco es "de izquierda", pero sí gobernante de un país soberano) pasó a engrosar la nómina encabezada por los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, quienes felizmente no entienden el concepto de "libertad de prensa" de la SIP.

Pero en días pasados, cuando Kirchner cuestionó los infundios de Joaquín Morales Solá (nave insignia del periodismo canalla) cometió un error de fechas. Para qué. Bañándose en agua bendita, Morales Solá redobló sus ataques y escribió: "Kirchner entiende sólo dos clases de periodismo: uno es el incondicional a él, por las razones que fueren, y el resto pertenece a una oposición que debe desaparecer" (La Nación, 1/10/06). Cínicamente, Morales Solá asoció al gobernante con el nazi Goebbels y sugirió a sus lectores que "en las hemerotecas" consulten si había escrito tal o cual cosa en la fecha dada por el presidente. Tenía razón: ¿qué tipo de asesores en comunicación tiene Kirchner? De lo contrario, hubiesen dado con los desmesurados elogios de Morales Solá al general torturador y genocida Antonio D. Bussi, jefe de la quinta brigada del ejército en la provincia de Tucumán (La Gaceta de Tucumán, 8/6/76).

Otro capítulo del terrorismo informativo de la SIP tuvo lugar antes, durante y después del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Según investigaciones del Senado de Estados Unidos, el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a una operación secreta de propaganda el 14 de septiembre de 1970. Menos de una semana después, la SIP emitió en Washington un comunicado que denunciaba las amenazas a la "libertad de prensa" en Chile "... por los comunistas y sus aliados marxistas".

¿Vocero criollo? El inefable diario El Mercurio, dirigido por Agustín Edwards, uno de los invitados de honor a la 62 Conferencia de la SIP que acaba de sesionar en México.

En 1970, Edwards llegó a Washington para buscar el apoyo de Estados Unidos para un plan destinado a impedir la elección de Salvador Allende. El 15 de septiembre, un día después de que el Comité de los 40 dio su aprobación para la campaña antiallendista, Edwards se reunió con Richard M. Helms, director de la CIA.

El 22 de septiembre, El Mercurio publicó un editorial en el que sostenía que "la supervivencia de los derechos individuales era la cuestión más importante que debía decidir el pueblo chileno".

Según el informe del Senado, los agentes de la CIA entre el personal del periódico "... le permitieron a la oficina generar más de un editorial diario, de acuerdo con los lineamientos fijados por la agencia".

Dos días después, la agencia española de noticias EFE en Santiago envió una nota a toda América Latina, en la que informaba de la manifestación antiallendista de un grupo "... en constante crecimiento": el grupo fascista Patria y Libertad, financiado por la CIA. Con base en el informe del Senado, el articulista Walter Pincus, del Washington Post, aseguró que Efe recibía un subsidio de la CIA para sus operaciones en América Latina: 18 periodistas chilenos bajo control directo de la CIA, en puestos administrativos importantes en los medios informativos.

Por otro lado, la CIA creaba la agencia Latin establecida, teóricamente, por "13 periódicos latinoamericanos de la SIP". Latin contrató a Reuters, agencia de noticias británica, para que administrara la operación. La CIA quería tener un competidor latinoamericano para la agencia cubana Prensa Latina. Según el informe del Senado, Latin transmitió 726 artículos, editoriales y notas del tipo "submarinos soviéticos frente a las costas de Chile".

III

Ya no hay "submarinos soviéticos frente a las costas de Chile" (como los honorables diarios de la SIP "informaban" en los años de 1960 y 1970), ni en Moscú los comunistas desayunan niños importados de Guatemala (como en los de 1940 y 1950).

Declaraciones como la de Chapultepec sobre "libertad de expresión" no permiten tales infundios. Suscrita por la SIP en 1994 y ratificada en su 62 Asamblea Anual que sesionó la semana pasada en México, la declaración abunda en principios como el numeral 9, que dice: "la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, con una clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y comerciales".

Fiel a la causa, El Mercurio de Santiago publicó entonces un extenso documento acerca de la "alianza militar Chávez-Evo" (Morales). El diario nos entera de que "... Venezuela y Bolivia firmaron un amplio y ambiguo acuerdo para construir más de 20 bases militares en la frontera que Bolivia comparte con cinco países, entre ellos, Chile" (8/10/06).

Esta vez el matutino omitió referirse a la presencia de submarinos venezolanos frente a las costas de Bolivia, país que no tiene mar... ¿verdad? Sin embargo, los sagaces reporteros mercurianos apuntaron que un "experto en inteligencia" les habría informado acerca de la "... inestable situación en Bolivia y, obviamente, Chávez quiere asegurarse de que Morales se mantenga en el poder".

Ni corto ni perezoso, el Grupo de Diarios de Las Américas (GDA, Miami, 1994) de la SIP volanteaba simultáneamente un artículo intitulado "Crisis y desunión en Bolivia". ¿Presiones al gobierno de Chile para que retire su eventual apoyo al ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? El volátil, clasista y libérrimo concepto de "libertad" de la SIP resulta tan amplio que se ajusta al preámbulo de la Declaración de Chapultepec: "la libertad es una" y, a la vez, "múltiple".

En octubre de 2003, por ejemplo, la consejera de seguridad nacional Condoleezza Rice ordenaba, vía teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial.

Asimismo, en marzo de 2005 el uruguayo Danilo Arbilla (ex presidente de la SIP) acusó al gobierno argentino de "manejar la publicidad de manera selectiva". ¿Le sugería proceder como el gobierno de Chile, otorgando 77 por ciento de la publicidad oficial a El Mercurio y otros medios del grupo COPESA?

Arbilla dijo que Kirchner trataba "con desprecio al periodismo". ¿Amnesia? Coautor del decreto que en junio de 1973 prohibió en Uruguay la divulgación de todo tipo de información "... que pueda perturbar la tranquilidad y el orden público" (sic), Arbilla se lució como jefe de prensa del presidente golpista Juan María Bordaberry: cerró 173 medios de comunicación, decomisó la revista El Correo de la UNESCO y silenció el brutal asesinato de Julio Castro, director de Marcha.

En la página Web de la SIP figura una lírica introducción al "Banco de datos de leyes de la prensa" firmada por Arbilla. El testaferro cita a John Locke y remata con una frase de James Madison: "Es el pueblo el que puede censurar y jamás el gobierno censurar al pueblo". Arbilla concluye: "Y efectivamente es así: dónde se ha visto que los mandatarios puedan censurar a sus mandantes".

La SIP asegura estar contra las "acciones penales contra periodistas que al informar ponen al descubierto actos de corrupción", como dijo un par de años atrás el argentino Ricardo E. Trotti (otro de sus ejecutivos) en el Tecnológico de Monterrey. Bien. Pero omitió el caso del magnate Ramón Báez, de República Dominicana, dueño de los cuatro diarios principales, 70 estaciones de radio y tres de televisión, y acusado de defraudación a instituciones crediticias por un total de 2 mil 800 millones de dólares.

Dios los cría... y el terrorista mediático Carlos Alberto Montaner los justifica. Aunque en ocasiones, los dueños de la SIP deben abofetear a Montaner para que en sus conferencias modere su servilismo con los gobiernos de Washington y una venalidad que ni las "cluster bombs" que destruyen bunkers bajo tierra puede remediar.

Pero a la SIP le encanta la "ética" de los Montaner y los periodistas "independientes" que con fondos federales de Estados Unidos defienden la "libertad" en Cuba. Y, junto a ellos, el decadente olimpo de contratistas intelectuales que al decir del analista Hugo Pressman consienten en ser violados en el supuesto de que "... así mejora la sexualidad y autoestima de la víctima".

En el decenio de 1970 la UNESCO impulsó el derecho de los pueblos a la información. Sofocado por el poder mediático global, el debate fue congelado. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estudia el impulso jurídico de un nuevo derecho: el derecho a la verdad. Un ideal totalmente ajeno a la SIP, cuyo propósito, como hemos visto, consiste en preguntar a sus amos qué debe informar.








sábado, 7 de noviembre de 2009

DOBLE MORAL






"Quod licet Iovi, non licet bovi".
(Lo que es lícito para Júpiter, no es lícito para todos)



« ...Entre Elisa Carrió y Gerardo Morales, para nombrar a los dos más ilustres retóricos del fin de los tiempos, podemos llenar las páginas del tremendismo nacional, un tremendismo que ya no se dedica sólo a denostar al Gobierno (táctica que parece ya no ser suficiente para atizar el espíritu de cierta clase media muy dispuesta, aparentemente, a subirse al tren fantasma de la restauración neoliberal), sino que ahora busca saciar su apetito reaccionario yendo contra los movimientos sociales, describiéndolos como bandas de facinerosos que sólo viven de los dineros públicos y de su uso clientelar. Bandas violentas y armadas que se dedican a asustar y a escrachar a honestos dirigentes opositores (transforman un acto menor, aunque no por eso menos repudiable, en un acontecimiento monstruoso, como si el senador Morales hubiera sido casi linchado por una horda de criminales.

» Nada dijeron, claro, cuando los “chacareros republicanos y virtuosos” de Santa Fe trataron con especial virulencia al diputado Agustín Rossi, ni tampoco se les ocurrió denunciar a quienes se convirtieron, amenazas mediante, durante meses en dueños de las rutas). Disfrutan con la exageración, amasan con placer los distintos componentes que supuestamente harían falta para que de una vez por todas una tormenta purificadora se lleve puesto al Gobierno. Mientras lanzan a los cuatro vientos sus anuncios y sus descripciones, son transformados por la corporación mediática en pacíficos corderos hondamente preocupados por la injusticia y la desigualdad. Para acentuar su inclinación altruista tienen a su lado las voces de una Iglesia que prácticamente se ha convertido en partido político de oposición (en verdad, daría la impresión de que en Argentina, la Iglesia, la de Bergoglio, y la corporación mediática constituyen el eje alrededor del cual gira una oposición desmadrada e incapaz de aprovechar su “triunfo” del 28 de junio)... ».


Ricardo Forster en: "De profetas, augures, adivinos y otros anunciadores del Apocalipsis"



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