martes, 27 de diciembre de 2011

UNA EXTORSIÓN DEL GAFI





El ministro de la Corte Suprema le apunta al GAFI por reclamar una ley que considera innecesaria. Se preocupa por las “futuras extorsiones” que podría hacer el organismo, y dice que el GAFI busca “monitorear” la economía.





–Usted ha sido muy duro en sus críticas a la llamada ley antiterrorista. ¿Cree que es un error del Gobierno?

–No lo sé. Yo no tengo el panorama completo del daño que el GAFI puede hacernos. Presumo que el Gobierno, que seguramente lo puede valorar más que yo, lo habrá evaluado. Lo que sé es que la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?

–¿Qué es el GAFI?

Es un organismo cuyo interés consiste en monitorear toda la actividad financiera de los países del sur. No tiene nada que ver con el terrorismo, ni la ley que nos extorsionaron sirve para prevenir el terrorismo, ni tampoco el lavado. Nosotros, desde siempre, por lo menos desde 1921, tenemos las más severas penas contra cualquier acto terrorista o de cooperación o instigación. Ahora resulta que el derecho penal argentino será omnipotente, los terroristas serán nuevos “Lázaro”, los resucitaremos para ponerles otra prisión perpetua. Nadie me supo decir jamás cuál es la pretendida laguna de punibilidad en materia de terrorismo, porque no la había. En cuanto al lavado, tampoco tiene relevancia, porque nuestro mercado es muy pequeño, cualquier operación grande llama la atención; aquí sólo se puede lavar alguna prenda interior y nada más. Lo que les interesa es monitorear toda nuestra actividad financiera, enterarse de todo, controlar todo. Es un organismo que sólo puede hacer “recomendaciones”, pero que se toma la atribución de calificar a los países, hacer listas negras, promover sanciones económicas. Para ello cuenta con una serie de burócratas que promueven estas leyes porque tienen que justificar sus sueldos en euros y dólares. Son sus “técnicos” o, mejor dicho, sus “escribas”.

–¿Para qué quieren controlar nuestra actividad financiera?

–Para, seguritos, conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor. No se olvide que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren.

–¿Lo considera un peligro cercano y grave?

–No lo sé; un peligro es, cuán cercano, no sé. Sé que como todo extorsionador vendrá por más, no se conformará con esto, es inevitable porque es la mentalidad del extorsionador y de los “yuppies”. Llegará un momento en que será necesario decirles basta, no sé si nosotros solos o en bloque, porque los otros países del sur también sufren las mismas extorsiones.

–De lo que dice se deduce que fue un error político acceder a esa exigencia.

–Insisto en que eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si en este momento estamos en condiciones de arrostrar los daños que nos podrían causar. De cualquier modo creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que se trata de una extorsión, en especial para sacar la cuestión del juego político y encararla como una cuestión nacional, en la que todos, Gobierno y oposición, deberían estar de acuerdo y actuar en consecuencia. No es una broma ni una nueva oportunidad para que nadie saque partido, es una amenaza común a la nación. Aquí se debe en el futuro operar con consenso de todos, no jugar con nuestra soberanía.

–¿Considera que se podría abusar de la ley para sancionar la protesta social, la crítica pública o algo parecido?

–De momento nadie jugará con esta ley, y si a alguien se le ocurriese la peregrina idea de valerse de sus defectos, para eso estamos los jueces, para ponerle los frenos que correspondan conforme a la Constitución Nacional. Si alguien quisiera filtrar alguna limitación a los derechos ciudadanos, lo pararemos en seco. Pero no es ésta la cuestión, sino ponernos a pensar todos juntos, Gobierno, oposición, técnicos, economistas, juristas, diplomáticos, qué diablos vamos a hacer con las futuras extorsiones de este organismo. Esta es una amenaza clarísima a nuestra soberanía nacional por parte de un organismo que se atribuye más poder que la ONU. Aquí tenemos que demostrar madurez, o sea, que somos una nación y no un montón de grupos en pelea constante. Está en juego el bien común de la población, no lo olvidemos. Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos.



jueves, 22 de diciembre de 2011

OTRA VEZ UNA LEY ANTITERRORISTA





Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas. Por eso cuando se trata de violencia que habilita una ley el principio que ha de seguirse es la cautela. Pero los diputados del pueblo han servido un banquete para satisfacción de la ilusión punitiva.

Leemos el lenguaje de castigo del nuevo art. 41 que se quiere en el Código Penal: finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. La pena máxima se aumenta el doble si con el peligrosómetro normativo el juez detecta en cualquier delito una disposición subjetiva como la que la ley describe.

La ley no aumenta las penas únicamente cuando la población se aterroriza o a una autoridad se le impide hacer o no hacer algo. Lo que produce escalofrío es el mayor castigo por meras disposiciones internas que el juez observa como síntomas de un potencial enemigo. Puro derecho penal de ánimo y de peligro. Una variante normativa del viejo peligrosismo racista. Sólo una minoría de fundamentalistas del castigo tiene a esta doctrina por verdadera.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos.

Ningún organismo internacional ha podido definir conceptualmente al terrorismo. Tampoco los sociólogos y criminólogos pueden. Los juristas menos. La voracidad punitiva no lo logró con el delincuente subversivo, el demonio o las brujas. Quizá podríamos ofrecerle algo para que se lleve a la boca, lo que la mayoría reconoce como terrorismo: los delitos de lesa humanidad y genocidio.



Alejandro Alagia
Profesor titular de Derecho Penal, UBA



viernes, 2 de diciembre de 2011

A partir de hoy morirá la imperial doctrina Monroe







DECLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS


Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II CALC, en la Riviera Maya, los días 22 y 23 de febrero de 2010, Reafirmando nuestra convicción de avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe;

Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social;

Ratificando nuestra decisión de promover la articulación y la convergencia de acciones, por medio del intercambio de experiencias y la identificación de áreas de cooperación entre los distintos mecanismos de integración, sobre la base de los principios de solidaridad, flexibilidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones y participación voluntaria en las iniciativas consideradas.

Renovando nuestro compromiso con el desarrollo regional integrado, no excluyente y equitativo, teniendo en cuenta la importancia de asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y vulnerables, a los países en desarrollo sin litoral marítimo e insulares.

Reiterando asimismo nuestro compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos.

Subrayando la necesidad de contar con un espacio regional propio que consolide y proyecte la identidad latinoamericana y caribeña con base en principios y valores comunes, y en los ideales de unidad y democracia de nuestros pueblos;

Teniendo el convencimiento de que la concertación política sobre la base de la confianza recíproca entre nuestros gobiernos es indispensable para la construcción de soluciones propias, para promover la paz; para la defensa, fortalecimiento y consolidación de nuestras instituciones democráticas; para el impulso al diálogo político con otros Estados y grupos de Estados; y para el fortalecimiento del multilateralismo y de la democratización en la adopción de las decisiones internacionales;

Reconociendo la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- en los temas centrales de la agenda regional y global y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países;

Destacando al mismo tiempo el significado histórico para nuestra región de la Primera Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la importancia de su agenda para profundizar la integración regional y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sustentable de los países de la región;

Refrendando nuestro compromiso con la preservación de los valores democráticos en la región y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y el Estado de Derecho, así como con el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos, que constituyen, todos ellos, objetivos esenciales promovidos por nuestros países. Manifestando al mismo tiempo la convicción de que la democracia es una de las más preciadas conquistas de nuestra región, y que la transmisión pacífica del poder por vías constitucionales y con apego a los preceptos constitucionales de cada uno de nuestros Estados es producto de un proceso continuo e irreversible sobre el que la región no admite interrupciones ni retrocesos;

Compartiendo la convicción de que es preciso establecer compromisos efectivos de acción conjunta para profundizar la integración regional y promover el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y el bienestar social en todos nuestros Estados; Resueltos a promover la sinergia y la articulación y complementariedad de acciones de cooperación entre los distintos mecanismos de integración,

Hemos decidido:

1. Constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional propio que reúna a todos los Estados latinoamericanos y caribeños.

2. Consolidar y proyectar, a nivel global, mediante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la identidad latinoamericana y caribeña con fundamento, entre otros, de los siguientes principios y valores comunes:


  • El respeto al derecho internacional.

  • La igualdad soberana de los Estados.

  • El no uso ni la amenaza del uso de la fuerza.

  • La democracia.

  • El respeto a los derechos humanos.

  • El respeto al medio ambiente, tomando en cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo sustentable.

  • La cooperación internacional para el desarrollo sustentable.

  • La unidad e integración de los Estados de América Latina y el Caribe.

  • Un diálogo permanente que promueva la paz y la seguridad regionales...

martes, 22 de noviembre de 2011

NUEVOS JUECES, FISCALES Y DEFENSORES





Los 36 pliegos fueron firmados por la presidenta Cristina Fernández y permite que ya asuman en sus cargos. Se había aprobado por el Senado el 2 de noviembre, en la primera sesión tras las elecciones generales. Quiénes son los nuevos integrantes de la Justicia.




La presidenta Cristina Fernández firmó en las últimas horas los pliegos de los nuevos integrantes de la Justicia que permite que ya asuman en sus cargos. Habían sido aprobados por el Senado el 2 de noviembre, en la primera sesión tras las elecciones generales.

Se trata de 30 jueces, cuatro fiscales y dos defensores, cuyos pliegos fueron firmados anoche por la primera mandataria. La información fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

Entre los jueces designados se encuentran dos futuros miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal (que pasará a llamarse Cámara Federal de Casación Penal), Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani. Los otros funcionarios designados son once jueces de Cámara, 17 jueces de primera instancia, dos defensores oficiales y cuatro fiscales.

Además de Figueroa y Gemignani, la nómina incluye a los magistrados Carlos Fernández, Federico Salvá, Julián Falcucci, Mario Juárez Almaraz, Juan Carlos Reynaga, Fernando Klappenbach, Santiago Zavalía, Hernán López, Pablo Ormaechea, Jorge De Santo, Diego Slupski, y Fabiana Palmaghini.

También a Yamine Bernan, Osvaldo Rappa, Santiago Inchausti, Pablo Seró, Noemí Berros, Gustavo Villanueva, Fernando Poviña, María Morgese Martín, Alberto Recondo, Omar Peralta, Karina Zucconi, Alicia Vence, Mariano Lozano, Mateo Busaniche, Pablo Candisano Mera y Julia Villanueva.

Los fiscales designados son Walter Rodríguez, Carlos Cearras, Roberto Salum y Patricio Sabadini, mientras los defensores públicos son Enzo Di Tella y Patricio Varela.




sábado, 5 de noviembre de 2011

ALFREDO ASTIZ



ALFREDO ASTIZ

Los ex marinos Alfredo Astiz y su jefe, Jorge "Tigre" Acosta, fueron condenados a prisión perpetua junto a otros 10 acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.


1
Pensemos en José de San Martín, que llegó de España con todos los honores y se puso a organizar el ejército para la Independencia de la patria, cruzó Los Andes para liberar a la Argentina, Chile, Perú...

... y después pensemos en ALFREDO ASTIZ, retengamos las arcadas y repasemos: un joven militar argentino que se especializó en espiar, infiltrarse en un grupo de madres que buscan a sus hijos secuestrados y asesinados por los militares colegas suyos, mentir, aparecer con una detenida obligándola a pasar por su hermana, secuestrar a militantes populares y torturarlos para que confiesen y delaten a sus compañeros, matar a civiles desarmados, invadir un islote despoblado y entregarse, rendirse a los ingleses sin pelear, cobardemente, amenazar con su talento de asesino de periodistas o políticos…


2
El Grupo de Tareas 3.3.2.

El apoyo de los altos mandos de la Marina al GT fue expreso. El almirante Emilio Massera asistió a su conformación y dictó una conferencia inaugural a los oficiales designados, concluyendo con una exhortación a los mismos de 'responder al enemigo con la máxima violencia, sin trepidar en los medios'.

El mismo Massera participó en los primeros operativos clandestinos del GT con el nombre de guerra 'Negro' o 'Cero' para demostrar su compromiso con la tarea asignada a sus oficiales. Este grupo estaba integrado originariamente por una docena de oficiales. Su actividad fue aumentando en forma paulatina y en el breve período de siete meses se produjo simultáneamente el crecimiento numérico del personal del GT y el choque y rompimiento con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), logrando una autonomía operativa al pasar a depender en forma directa del Comandante en Jefe del Arma a través del Director de la ESMA, el entonces Capitán de Navío -luego ascendido a contraalmirante- Rubén Jacinto Chamorro (a) 'Delfín' o 'Máximo' "

JORGE "TIGRE" ACOSTA

Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, Alfredo Astiz fue asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Astiz estaba bajo el mando del capitán de corbeta Jorge Eduardo "el Tigre" Acosta, cerebro del GT 3.3.2.

En el marco de la represión ilegal, en la ESMA se organizó un centro clandestino de detención y el GT realizaba operaciones ilegales encubiertas.

El Grupo de Tareas 3.3.2 realizó gran cantidad de secuestros ilegales, llevando a los detenidos-desparecidos a la ESMA, donde se estima fueron detenidos y secuestrados alrededor de 5.000 personas, de las cuales menos de un 5% sobrevivieron. Como fue contado en detalle por otro represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, el modo básico de hacer desaparecer definitivamente a los detenidos, era a través de los denominados "vuelos de la muerte", mediante los cuales se sedaba a los detenidos-desaparecidos y se los tiraba vivos al mar mediante aviones militares.


3
1977: El grupo de la iglesia Santa Cruz

A Alfredo Astiz se le encomendó la tarea especial de infiltrarse en las organizaciones de Derechos Humanos y en especial en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Para ello adoptó el nombre falso de Gustavo Niño, simulando ser familiar de un detenido-desaparecido. Cierto día, apareció en una de las runiones con "su hermana", una chica delgada y rubia (después se supo que era una detenida que estaba en la ESMA y era obligada a colaborar en el plan de Astiz).

Las madres solían referirse a él cariñosamente como "el rubito", debido al tono rubio de su cabello y sus ojos azules. En ese caracter Astiz se desempeñó activamente y su nombre supuesto llegó a figurar en la solicitada reclamando la libertad de una lista de detenidos-desaparecidos que las organizaciones de derechos humanos publicaron en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977.

Nadie podía imaginar que "Gustavo Niño" era en realidad el Capitán de Fragata Alfredo Astiz, y que dirigía el grupo de tareas e inteligencia GT 3-3-2, de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de tortura y muerte de la dictadura militar en Argentina.

Engañadas, las madres estaban preocupadas por la vida de Gustavo, el amable. "Por favor, cuidate mucho, es muy peligroso para vos venir a estas reuniones, sos tan joven todavía", le aconsejaban. Astiz también participaba todos los jueves de los encuentros y rondas de las "Madres" en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Las "Madres" manifestaban pacíficamente con sus vueltas a la Plaza , para reclamar la aparición de sus hijos y el castigo a los culpables. Astiz pasaba obedientemente toda información a sus superiores.

"Gustavo Niño", también solía acompañar a las madres y otros activistas de los derechos humanos, en sus reuniones y actividades en la iglesia Santa Cruz perteneciente a los padres pasionistas, en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires y jugar con las niñas y niños que integraban la agrupación de boy scouts de la parroquia.

ALICE DOMON y LEONIE DUQUET
fotografiadas en la ESMA

En diciembre de 1977 se tomó la decisión de hacer desaparecer al grupo de derechos humanos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, en gran medida debido a que la exposición de Astiz había sido muy alta. Entre el 8 y el 10 de diciembre el "Grupo de Tareas 3.3.2" secuestro y detuvo clandestinamente al grupo de Santa Cruz,
bajo el mando de Alfredo Astiz. El GT secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo:

Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Durante el operativo Astiz siguió aparentando ser un familiar y fue señalando con un abrazo en el atrio de la iglesia a quienes debían ser secuestrados. Durante varios años se consideró que Gustavo Niño era un desaparecido y se lo incluyó en las listas por cuyas vidas se reclamaba.


La mayor parte del grupo fue secuestrado en la Iglesia Santa Cruz ubicada en el barrio de San Cristóbal (calle Mexico y 24 de noviembre) de la ciudad de Buenos Aires, donde solían reunirse.

Los doce miembros de la iglesia Santa Cruz fueron torturados y asesinados al ser arrojados al mar en un vuelo de la muerte. En 2005 algunos de sus cuerpos serían hallados enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, cercano a las playas a las que las corrientes marinas los habían arrojado en 1977.

4
El Caso HAGELIN

El 27 de enero de 1977, la ciudadana sueco-argentina Dagmar Ingrid Hagelin de tan sólo 17 años, salía de su domicilio para ir a visitar a su amiga Norma Susana Burgos en la localidad de El Palomar.

Esa mañana, al cruzar el portal de la casa de Burgos, dos hombres aparecieron saltando por un pasillo lateral, y la encañonaron, momento en el cual dio media vuelta y empezó a correr, mientras los dos hombres que salieron por el costado, salían tras ella. Uno era un teniente de corbeta rubio de ojos celestes, llamado Alfredo Astíz, y el otro era un cabo de la subcomisaría de El Palomar de apellido Peralta.
Según testimonios, Dagmar corrió lo más rápido posible e incluso ganaba terreno (era una atleta avanzada) a sus perseguidores y cuando se aprestaba a doblar en la esquina para perderlos de vista, Alfredo Astíz al grito de: “¡Parate flaca si no te tiro! ¡Parate flaca si no te tiro!” Puso su rodilla izquierda en la calle, apunto su pistola con ambas manos y gatilló una sola vez. El impulso que llevaba Dagmar, más el impacto de la bala, hizo que cayera de bruces. Su cara pegó contra una doble hilera de ladrillos que oficiaban de vereda, y ya no pudo reincorporarse. Ahí sus perseguidores se dividieron. El marino continuó su carrera hacia ella y se detuvo junto al cuerpo caído, aún apuntándole con su pistola…

El día anterior, 26 de enero, Norma Susana Burgos había sido detenida, la habían interceptado en plena calle, se la acusaba de pertenecer a la organización Montoneros, y en su legajo había un hecho incontrastable: había sido la esposa de Carlos Caride, un dirigente de esa organización, muerto en combate con las fuerzas represivas. Sus captores pertenecían al Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

5
1982: SOLDADO COBARDE

Durante la guerra en el Atlántico Sur con el Reino Unido por la posesión de las Malvinas en 1982, Alfredo Astiz dirigió un grupo de marinos denominado "Los lagartos" que ocupaban una guarnición en el archipiélago de las Georgias del Sur.

Astiz cobró notoriedad al rendirse ante las tropas inglesas en las Islas Georgias del Sur, donde comandaba las fuerzas argentinas y por ello la prensa le recuerda como un cobarde que se rindió "sin disparar un solo tiro".

Fue hecho prisionero por el ejército británico, el 25 de abril, tras la rendición argentina en Malvinas y fue trasladado a Gran Bretaña para ser interrogado por los gobiernos de Francia y Suecia. Ambos países y la Comisión Argentina de Derechos Humanos le responsabilizaron de la muerte en 1977 de la ciudadana sueco-argentina, Dagmar Hagelin, de 17 años.

En junio de 1982, Astiz fue puesto en libertad porque al amparo de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra impedía su interrogatorio. La prensa afirmó que fue canjeado por tres periodistas o por el avión inglés "Vulcán".

En febrero de 1984, cuando se disponía a viajar a Roma, el entonces ministro de Interior Antonio Troccoli ordenó que se le impidiese salir del país, por haber sido acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos. El 9 de diciembre de 1984, la Justicia Civil, presionada por países europeos, ordenó su detención y procesamiento por la desaparición en 1977 de la ciudadana sueca y las monjas francesas.

El problema llegó a ser político más que jurídico y amenazó el equilibrio entre el gobierno y el ejército argentino. En principio salió victoriosa la Marina y el 5 de marzo de 1985, Astiz fue puesto en libertad.


1987: OBEDIENCIA DEBIDA Y ASCENSO

Astiz se vio beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, dictada en 1987 por el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Acogido a esta ley, fue puesto en libertad y el 22 de diciembre de 1987 fue ascendido a capitán de corbeta.

1988: ABSUELTO

En febrero de 1988, la Corte Suprema argentina lo absolvió, por prescripción del posible delito de estar implicado en la desaparición de Dagmar Hagelin.

Astiz fue el primer ex oficial del régimen de facto juzgado y condenado en el exterior. En 1990,
el 16 de marzo, la justicia de Francia lo condenó en rebeldía a reclusión perpetua por el secuestro, torturas y desaparición de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, quienes también estuvieron cautivas en la bonaerense Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la más grande cárcel ilegal que había montado el régimen dictatorial argentino.

En septiembre y octubre de 1995, Alfredo Astiz sufrió agresiones por parte de un ex detenido en un centro ilegal de detención y torturas y posteriormente por dos jóvenes que le insultaron por su papel represor. Estas agresiones obligaron a la Policía a asignarle una "custodia personal".

1998: SOY EL MEJOR PARA MATAR...

El 15 de enero de 1998, admitió en una entrevista que publicó el semanario "Tres Puntos", que la Marina le enseñó "a destruir, a poner bombas, a infiltrarme y a matar" y afirmó que era "el mejor preparado" en el país "para matar a un político o un periodista". Primero fue destituído y luego fue condenado a tres meses de prisión en suspenso por apología del delito.


2007: CAUSA WALSH

El ex capitán de la Armada, Alfredo Astiz, fue indagado el 7 de marzo, en los tribunales federales de Comodoro Py, por el juez Sergio Torres en la causa que investiga el secuestro, desaparición y posterior apoderamiento de los bienes del escritor y periodista Rodolfo Walsh.


a ampliación de indagatoria se produjo en el marco de la megacausa ESMA, que investiga los crímenes de lesa humananidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar. El represor fue conducido a los tribunales desde el Destacamento Naval, donde cumple prisión preventiva, ante el magistrado, quien tramita esta causa, desprendimiento de la megacausa ESMA. Alfredo Astiz, que es asistido por el abogado: Juan Aberg Cobo (h).


El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que el ex marino Alfredo Astiz y otros nueve agentes que se desempeñaron en la ESMA durante la última dictadura sean sometidos a juicio oral por el secuestro y la desaparición forzada del escritor Rodolfo Walsh, en marzo de 1977.


El requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal alcanza (además de a Astiz) a los ex militares Jorge Acosta, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Julio César Coronel. También, al ex comisario Ernesto Weber, al prefecto retirado Héctor Febres y al ex oficial penitenciario Carlos Generoso. Todos ellos fueron procesados por el juez federal Sergio Torres y están presos en el marco de esta causa desde octubre de 2005.

El expediente por la desaparición de Walsh es un desprendimiento de la megacausa ESMA, que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, del barrio de Nuñez. De acuerdo con las constancias del expediente, Rodolfo Walsh fue baleado a plena luz del día, en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977. Había llegado hasta allí para reunirse con José María Salgado, que -como el escritor- militaba en Montoneros.


Esa cita, según las conclusiones del juez, había sido arreglada por integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, al que pertenecían los diez procesados que el fiscal pidió someter a juicio. Tras el grito de alto, dicen los testimonios reunidos en la causa, Walsh se escondió detrás de un árbol e intentó defenderse a los tiros. "Walsh resistió enérgicamente su captura, en razón de lo cual recibió numerosos disparos de armas de fuego que le provocaron heridas de gravedad -relató Taiano en su presentación-. Inmediatamente después, Walsh fue trasladado a la Escuela de Mecánica de la Armada y, hasta el día de la fecha, permanece en calidad de desaparecido."


Astiz y sus cómplices están acusados también de haberse apoderado de los bienes que Walsh llevaba consigo cuando lo detuvieron y de haber saqueado la casa del escritor en San Vicente.







jueves, 3 de noviembre de 2011

LOS TRANSFUGAS





La jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó a indagatoria a los dueños y presidentes de 6 casas de cambio de moneda y empresas de turismo por venderle dólares a los llamados "coleros" sin advertir que la maniobra podría encubrir lavado de dinero.

La magistrada también citó a indagatoria a 9 "coleros", como se llama en la jerga a quienes compran dólares para otras personas, por haber realizado operaciones por más de 30 mil pesos sin que se registrara el nombre del verdadero comprador de las divisas, informaron fuentes judiciales.

Entre los citados está Alfredo Piano, presidente de Banco Piano, una de las casas de cambio más conocidas, y la medida fue dictada en momentos en que se aplica la resolución de la AFIP que impuso el control del origen de los fondos para comprar dólares.

En su resolución la jueza sostuvo que las compras de dólares por parte de los coleros se hizo "sin declarar el origen de los fondos con los que se efectuó la operación evadiendo de esta forma las normas de previsión de lavado de dinero".

Las indagatorias comenzarán el próximo 14 de noviembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre, todas a las 10 de la mañana, y se realizarán por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento.

La denuncia fue confirmada en la instrucción de la causa por la jueza Servini que acusó a los dueños de las casas de cambio porque "no podían desconocer las transacciones llevadas a cabo en la entidad por las personas que comúnmente se denominan en la jerga bancaria como 'coleros', teniendo en cuenta el cúmulo de personas que ingresaban a ese establecimiento".

Junto a Piano fueron citados a indagatoria Carlos Mateu, presidente de "Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo"; Eduardo Dante Roig, de "Antonio Di Giogio S.A.C. y T."; Hugo Paz, de "Italtur S.A."; y Carlos Alberto Reynier, de "París cambio, agencia de cambio y Turismo".

En tanto, los nueve coleros fueron citados por "haber concertado operaciones de cambio no genuinas, en los diferentes bancos o entidades cambiarias por importes superiores a los $ 30.000 en un mismo mes calendario".

Para la magistrada lo hicieron "sin que quedara registrado el verdadero titular de la transacción" y "mediante la negociación de una suma de dinero" a cambio de poner sus datos en la declaración jurada para comprar los dólares.

Así "quedó el real adquiriente de los dólares en el anonimato y sin declarar el origen de los fondos con los que se efectuó la operación evadiendo de esta forma las normas de previsión de lavado de dinero", concluyó la jueza.


miércoles, 10 de agosto de 2011

apunten, fuego (en defensa del maestro Zaffaroni)

Por Julio Maier*


Apreciado Raúl:
Me gustaría conocer qué le atribuyen y quién es el “atribuyente” (valga el neologismo). El primer dato es imprescindible, pues cualquier juicio de valor, con mayor razón el que reposa sobre una conducta humana, necesita un objeto y tal objeto debe estar, desde el comienzo, bien descripto. Cuando el objeto es una conducta humana, lo mínimo que podemos exigir consiste en definir la conducta y calificarla; por lo contrario, no resulta idónea la descripción y la calificación que se refiere a la relación de una cosa con una persona, ni a la conducta de otros, salvo que –en idioma penal–, como usted sabe mejor que yo, se establezca una relación de participación en el hecho de otro. La descripción y el significado que, a juicio del “atribuyente”, deben ser analizados, son también imprescindibles en la vida de relación para que usted pueda responder, defenderse de la imputación. Si bien no he leído ni escuchado toda la catarata de dimes y diretes que hoy lo tienen a usted por centro, le confieso que, aun dejando de lado la procacidad y la falta de educación de algunos, no he conseguido conocer qué le atribuyen, si se supone –como algunos esconden con mecanismos increíbles– que ello debe portar el signo del delito o, al menos, de la mala conducta en el ejercicio del cargo. Más me desorienta el hecho de que una imputación formalmente definida como delito, por vía judicial, esto es, fundada en elementos públicos, ha provocado un éxito político sin precedentes hace escasos días a través del voto ciudadano y sido valorada por los porteños tan positivamente, que pudo ser calificada así por el mismo imputado.
La pregunta por el quién se relaciona con la advertencia anterior: algunos proclaman la necesidad de un juicio político en su contra o le recomiendan que renuncie a su cargo de juez de nuestra Corte. Me gustaría poder preguntarles a ellos por qué toleran en cargos públicos a aquellos sobre los cuales pesan imputaciones delictuales formales y, más aún, los votan como ciudadanos y públicamente para ejercer cargos electivos, mientras pretenden crucificar a otros sin conocimiento alguno. Peor aún, varios de los que así se pronunciaron son abogados y hasta creen ser juristas.
No se moleste en contestarme. Usted, en verdad, ya contestó a mis interrogantes en sus libros y escritos, sobre todo cuando explica la relación entre prensa y pena. Con la misma falta de educación que algunos han demostrado para con usted intentaré consolarlo pidiéndole que no se preocupe pues, según la afirmación vulgar, “por interés baila el mono”.
* Amigo y colega como profesor en la Facultad de Derecho de la UBA.

lunes, 25 de julio de 2011

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