Por Julio Maier*
Apreciado Raúl:
Me gustaría conocer qué le atribuyen y quién es el “atribuyente” (valga el neologismo). El primer dato es imprescindible, pues cualquier juicio de valor, con mayor razón el que reposa sobre una conducta humana, necesita un objeto y tal objeto debe estar, desde el comienzo, bien descripto. Cuando el objeto es una conducta humana, lo mínimo que podemos exigir consiste en definir la conducta y calificarla; por lo contrario, no resulta idónea la descripción y la calificación que se refiere a la relación de una cosa con una persona, ni a la conducta de otros, salvo que –en idioma penal–, como usted sabe mejor que yo, se establezca una relación de participación en el hecho de otro. La descripción y el significado que, a juicio del “atribuyente”, deben ser analizados, son también imprescindibles en la vida de relación para que usted pueda responder, defenderse de la imputación. Si bien no he leído ni escuchado toda la catarata de dimes y diretes que hoy lo tienen a usted por centro, le confieso que, aun dejando de lado la procacidad y la falta de educación de algunos, no he conseguido conocer qué le atribuyen, si se supone –como algunos esconden con mecanismos increíbles– que ello debe portar el signo del delito o, al menos, de la mala conducta en el ejercicio del cargo. Más me desorienta el hecho de que una imputación formalmente definida como delito, por vía judicial, esto es, fundada en elementos públicos, ha provocado un éxito político sin precedentes hace escasos días a través del voto ciudadano y sido valorada por los porteños tan positivamente, que pudo ser calificada así por el mismo imputado.
La pregunta por el quién se relaciona con la advertencia anterior: algunos proclaman la necesidad de un juicio político en su contra o le recomiendan que renuncie a su cargo de juez de nuestra Corte. Me gustaría poder preguntarles a ellos por qué toleran en cargos públicos a aquellos sobre los cuales pesan imputaciones delictuales formales y, más aún, los votan como ciudadanos y públicamente para ejercer cargos electivos, mientras pretenden crucificar a otros sin conocimiento alguno. Peor aún, varios de los que así se pronunciaron son abogados y hasta creen ser juristas.
No se moleste en contestarme. Usted, en verdad, ya contestó a mis interrogantes en sus libros y escritos, sobre todo cuando explica la relación entre prensa y pena. Con la misma falta de educación que algunos han demostrado para con usted intentaré consolarlo pidiéndole que no se preocupe pues, según la afirmación vulgar, “por interés baila el mono”.
* Amigo y colega como profesor en la Facultad de Derecho de la UBA.
Apreciado Raúl:
Me gustaría conocer qué le atribuyen y quién es el “atribuyente” (valga el neologismo). El primer dato es imprescindible, pues cualquier juicio de valor, con mayor razón el que reposa sobre una conducta humana, necesita un objeto y tal objeto debe estar, desde el comienzo, bien descripto. Cuando el objeto es una conducta humana, lo mínimo que podemos exigir consiste en definir la conducta y calificarla; por lo contrario, no resulta idónea la descripción y la calificación que se refiere a la relación de una cosa con una persona, ni a la conducta de otros, salvo que –en idioma penal–, como usted sabe mejor que yo, se establezca una relación de participación en el hecho de otro. La descripción y el significado que, a juicio del “atribuyente”, deben ser analizados, son también imprescindibles en la vida de relación para que usted pueda responder, defenderse de la imputación. Si bien no he leído ni escuchado toda la catarata de dimes y diretes que hoy lo tienen a usted por centro, le confieso que, aun dejando de lado la procacidad y la falta de educación de algunos, no he conseguido conocer qué le atribuyen, si se supone –como algunos esconden con mecanismos increíbles– que ello debe portar el signo del delito o, al menos, de la mala conducta en el ejercicio del cargo. Más me desorienta el hecho de que una imputación formalmente definida como delito, por vía judicial, esto es, fundada en elementos públicos, ha provocado un éxito político sin precedentes hace escasos días a través del voto ciudadano y sido valorada por los porteños tan positivamente, que pudo ser calificada así por el mismo imputado.
La pregunta por el quién se relaciona con la advertencia anterior: algunos proclaman la necesidad de un juicio político en su contra o le recomiendan que renuncie a su cargo de juez de nuestra Corte. Me gustaría poder preguntarles a ellos por qué toleran en cargos públicos a aquellos sobre los cuales pesan imputaciones delictuales formales y, más aún, los votan como ciudadanos y públicamente para ejercer cargos electivos, mientras pretenden crucificar a otros sin conocimiento alguno. Peor aún, varios de los que así se pronunciaron son abogados y hasta creen ser juristas.
No se moleste en contestarme. Usted, en verdad, ya contestó a mis interrogantes en sus libros y escritos, sobre todo cuando explica la relación entre prensa y pena. Con la misma falta de educación que algunos han demostrado para con usted intentaré consolarlo pidiéndole que no se preocupe pues, según la afirmación vulgar, “por interés baila el mono”.
* Amigo y colega como profesor en la Facultad de Derecho de la UBA.
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