jueves, 28 de febrero de 2013

JUSTICIA LEGÍTIMA




Alrededor de un millar de personas se dieron cita ayer en la Biblioteca Nacional en la jornada inaugural de la convocatoria por una Justicia Legítima, con un fuerte cuestionamiento y denuncia hacia la postura "corporativa" de un sector del Poder Judicial...


No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo.

El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario.

Se llenaron el hall, el café, la explanada.

El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”.

Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica”.

“No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.

–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.

justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.

La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó.

Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.

La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz.

El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.

La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.

Hoy siguió el encuentro con 4 talleres de los que surjieron propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.





domingo, 24 de febrero de 2013

JUSTICIA EN GRAGEAS






Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.

Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.

Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.


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Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.

Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.

La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.

En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.



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Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.

A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.



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Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.


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Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.

Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.

Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.

En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.



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Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.



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A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.

Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?

Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.

Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.

Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.




sábado, 16 de febrero de 2013

MANOTAZOS EN MAR DEL PLATA









La Corte Suprema de Justicia tendrá otra vez en sus manos una causa vinculada con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de un planteo realizado por Cablevisión ante la Justicia federal de Mar del Plata, en el que pidió una medida cautelar para que no se le aplique el artículo 161 de la ley. En primera instancia, el juez Alfredo López se declaró incompetente ya que en los tribunales de Capital Federal tramita una causa similar, pendiente de resolución en la célebre Cámara Civil y Comercial. Sin embargo, a contramano del fallo de López y del dictamen del fiscal general Daniel Adler, la Cámara Federal marplatense resolvió aceptar la competencia y ordenó al juez definir si concede o no la cautelar. En un contexto de irregularidades en el manejo del expediente, el fiscal Adler presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando que se rectifique el criterio de los magistrados Jorge Ferro y Alejandro Tazza.

Cuando veía peligrar la medida cautelar que desde hace tres años lo exime de la obligación de adecuarse a la ley de medios, el Grupo Clarín decidió poner en funcionamiento un Plan B. El 27 de noviembre de 2012, poco antes del famoso 7D, presentó su pedido en la Justicia marplatense, con pequeñas diferencias respecto de la causa existente en el fuero Civil y Comercial nacional. Lo hizo a través de su empresa de TV por cable, Cablevisión, con el argumento de una supuesta afectación de la libertad de expresión. El fiscal y el juez de primera instancia entendieron que no correspondía aceptar el caso, igual que Adler.

Tras rechazar el criterio de López, los camaristas Ferro y Tazza alteraron los procedimientos de notificación y le enviaron su resolución al fiscal general en un sobre cerrado, sin trasladarle el expediente. Eso le impedía a Adler trabajar sobre el expediente para redactar el recurso extraordinario ante la Corte. En dos oportunidades solicitó que se lo enviaran, pedido que no fue aceptado. El fiscal general tuvo que consultar el expediente en la Secretaría de la Cámara de Apelaciones. El ministerio público fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó, está al tanto de esta situación.

En su momento, el actual embajador argentino en Venezuela y ex candidato a intendente de Mar del Plata, Carlos Cheppi, denunció que el Grupo Clarín es socio de Florencio Aldrey Iglesias, uno de los empresarios más influyentes de esa ciudad, asociado allí a Cablevisión, propietario del multimedios La Capital y de hoteles como el Hermitage. Fuentes del kirchnerismo advirtieron sobre eventuales vínculos de Aldrey Iglesias con el Poder Judicial.

Finalmente, el miércoles 13 de febrero Adler presentó el recurso extraordinario. Ahora la Cámara debe decidir si lo acepta y eleva a la Corte o si lo rechaza. En este último caso, el fiscal puede ir en queja al máximo tribunal. Más allá de que la aplicación de la ley está paralizada por la cautelar otorgada por la Cámara Civil y Comercial, la intervención de la Corte puede ser clave para otros planteos que el multimedio ya habría presentado en otras jurisdicciones. Si bien no es obligatorio para un juez seguir el criterio fijado por el máximo tribunal, por un principio de economía procesal sus fallos son acatados: se supone que el caso llegaría en algún momento a la Corte y ésta mantendrá su propio criterio.

En la apelación, Adler argumenta que la Cámara Federal incurre en lo que se denomina “sentencia arbitraria” porque “se funda en constancias ajenas a la causa” y omite que Cablevisión forma parte del Grupo Clarín y que el grupo ya interpuso una acción declarativa de certeza con medidas cautelares que buscan el mismo objetivo. Por este motivo, sostiene que la Justicia marplatense es “notoriamente incompetente, pues ya intervienen en este asunto otros jueces”, lo que podría afectar la seguridad jurídica en caso de sentencias contradictorias.  

Adler advierte entonces que la prórroga de competencia puede volverse “ilegítima” si “un grupo económico abusa del proceso para lograr en Mar del Plata lo que, al momento de la interposición de esta acción, no había obtenido en Capital Federal”. En definitiva, es una empresa del Grupo Clarín que persigue el mismo objetivo: impedir la aplicación de la ley.

Los camaristas Ferro y Tazza tienen cinco días para aceptar y elevar el recurso o rechazarlo. El plazo no es obligatorio, pero la respuesta no debería demorarse mucho más. Según fuentes judiciales, el expediente llegará a la Corte Suprema, que debería resolver el tema antes de que le toque opinar en la causa principal que tramita en Capital Federal.





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