lunes, 31 de marzo de 2014

LA PROPIEDAD PRIVADA O LA VIDA






Tras los casos de linchamiento en Rosario, la violencia se repitió el sábado 29 de marzo: sucedió en Palermo. Especialistas que cruzan lo social con la criminología y la política aportan las claves de lo que ocurre: el discurso autoritario y del miedo, el Código Penal, Massa y la “inseguridad” como tema de la campaña en 2015...



El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.

La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.

La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.

Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.

La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.

Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.

En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.

En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”

“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.

Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de 9 cada 100.000 habitantes se pasó a 21 cada 100 mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.

Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.

Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.

Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.






LEA TAMBIÉN

LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA




viernes, 14 de marzo de 2014

JUNTAN FIRMAS PARA LA REVOCATORIA DE MANDATO DE MACRI Y VIDAL







Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán la posibilidad de sumar su firma a las 510 mil que se necesitan para intentar remover al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su vicejefa, María Eugenia Vidal, de sus respectivos cargos.

Con ese objetivo, un grupo de vecinos acusó en mayo pasado graves fallas en la gestión del PRO, e inició el trámite que habilita la Constitución porteña en su ARTICULO 67: "El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente".

Una vez entregadas las planillas a los interesados, la ley establece un plazo de un año para alcanzar el número de firmas necesario y devolverlas al Tribunal. En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el TSJ declara la caducidad del procedimiento. De alcanzar el número, los magistrados tienen 90 días para convocar a un Referéndum revocatorio. La elección es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el 50 por ciento de los inscriptos.

En total, cinco personas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia, dos por un lado, y tres por otro. El pedido se basó en el accionar del Gobierno de Macri durante la represión en el Hospital Borda, la falta de obras necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones en la Ciudad -hubo ocho muertos por la del 2 de abril-, y por el dictado del decreto de necesidad y urgencia que aprobó el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires, contrario a la Ley de Medios. El TSJ resolvió entonces juntar a todos en un mismo expediente y dio curso a la solicitud de revocatoria.

Lucía Medina es una de las vecinas que acudió ante el máximo tribunal porteño junto a Ricardo Pelusa. Ambos son militantes de Aluvión Ciudadano, un partido político joven, pero que ya tuvo su primer participación en las últimas elecciones con sus candidatos a la legislatura porteña que encabezó Carlos Oviedo y que también integró Medina. "Queremos hacer una convocatoria lo más amplia posible, que no esté teñida de partidismo político. Lo hacemos apelando a la participación ciudadana", manifestó.

Medina y Pelusa presentaron el pedido el 17 de mayo pasado. Según establece el ARTICULO 67, el Tribunal tiene 30 días para expedirse. Sin embargo, la resolución del Tribunal, que fue favorable, salió el 21 de febrero. Es decir, nueve meses después. Esto hace que los tiempos administrativos necesarios se acorten y sea aún más ardua la tarea de recolectar las adhesiones, señala la denunciante.

"Nosotros entendemos que la demora en la resolución no es casual, porque nos deja con muy limitados con los tiempos. El Referéndum se tiene que hacer antes de llegar a los últimos seis meses de mandato. Con lo cual tenemos un año para recolectar un poco más de 510 mil firmas, que sería el 20 por ciento del padrón", explica Lucía en diálogo con Infobae.

El Tribunal puso fecha de entrega de las planillas para el 18 de marzo, por lo que la recolección comenzaría el miércoles 19. En pos de organizarse y llegar a todos los barrios de la ciudad, Medina y el resto de los denunciantes se reúnen asiduamente para ajustar detalles y emprender la tarea. En principio, el local de Aluvión Ciudadano que se encuentra ubicado en Riobamba 434 estará preparado para recibir a los vecinos que deseen estampar su nombre en el pedido de revocatoria. Pero la intención es movilizarse, establecer otras sedes y llegar a todos los barrios de la ciudad.
Lucía, quien trabaja como empleada en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostiene que "el problema del Gobierno de Macri no es que sea ineficiente, sino que responde a ciertos intereses. Y tiene un desconocimiento y una negación absoluta por las instituciones. Macri ha vetado leyes indiscriminadamente que fueron aprobadas por la Legislatura, incluso aquellas que surgieron desde su propio espacio".

"Pretendemos que se interpele una gestión de gobierno que durante todos estos años ha vulnerado derechos básicos de la gente", señala Medina, entre ellos el derecho a la Educación -dice- a raíz del "desastre" de la inscripción online.

Más allá de que aún no está habilitada la recolección de firmas, se han acercado a ellos muchos vecinos. Ya recibieron mensajes de gente interesada, algunos afectados por otras problemáticas de la Ciudad, ya sea por vivienda, salud, la falta de vacantes en las escuelas, o la defensa del barrio, como ocurre con los habitantes de Palermo y los de Caballito que se oponen a la instalación de nuevos shoppings.

También han recibido algunas críticas. Muchos se preguntan si esta iniciativa no significaría vulnerar la voluntad popular, o acaso habría que esperar a que termine su período de Gobierno.

"Nosotros entendemos que es al revés, que la posibilidad que nos brinda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos pone en un lugar privilegiado. Es tan democrática la chance de revocar un mandato como la de elegir a un candidato", considera Lucía. Otros plantean dudas sobre el alcance de la medida. También están quienes consultan si esto mismo se puede hacer con la presidente Cristina Kirchner, algo que la Constitución Nacional no contempla.

En cuanto a la evaluación del kirchnerismo que hace su espacio político, Aluvión Ciudadano, Medina explica que la gran mayoría de sus integrantes provienen del peronismo pero también hay representantes de otros sectores, y que, si bien han apoyado algunas medidas y criticado otras, no se definen como oficialistas. Consideran sin embargo que "el gobierno nacional ha realizado una gran cantidad de transformaciones". En ese sentido, remarcan que hay un fuerte contrapunto con el gobierno porteño en cuanto al rol que le da cada administración al Estado. "Esa es una de las cosas que más le cuestionamos al jefe de gobierno", señaló la mujer.


Nota de Infobae


LEA TAMBIEN...

¿POR QUÉ la REVOCATORIA de MANDATO?



viernes, 7 de marzo de 2014

MACRI: «With a Little Help from My Friends»





Cómo es el plan de Macri para controlar la justicia porteña: El macrismo logró imponer retoques a 3 normas centrales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad. 

La remoción de magistrados "díscolos" y el control sobre los fiscales, en la agenda del alcalde. 

Los ideólogos del plan.



El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró reformar una serie de leyes clave que le permitirán tener bajo control al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Sin sobresaltos y disimulado dentro del paquete de leyes aprobadas en la Legislatura en un maratónico fin de año previo al recambio de bancas, los legisladores del PRO consiguieron introducir cambios en tres normas que regulan el servicio de justicia con las que el oficialismo ahora podrá promover la remoción de jueces díscolos y tendrá el control disciplinario directo sobre los fiscales. Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara podrían ser los primeros magistrados cuestionados por sus fallos adversos al gobierno porteño.

En la sesión del 6 de diciembre pasado, la bancada macrista se aseguró contar con un número holgado de voluntades –aportadas en parte por el kirchnerismo porteño– para modificar la Ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la Ley Nº 31 que reforma el Consejo de la Magistratura local, y la Ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En rigor, se trata de una reforma más profunda que la intentada por el gobierno nacional, que encontró su límite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una oleada de críticas a la iniciativa de elección popular de consejeros para el órgano de promoción y remoción de jueces, incluidas las del macrismo. Para las organizaciones vinculadas al derecho y los cuerpos colegiados de la justicia, la implementación de estos cambios en la Ciudad no pasó desapercibida y ya alzaron la voz por sus implicancias en la independencia judicial.

Con 48 votos a favor se aprobó un proyecto diseñado por el diputado del PRO y ex subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, para reorganizar el cuerpo normativo en la Ciudad a partir de retoques en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital Federal. Presti fue uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada, pero en paralelo el proyecto de su autoría, que antes habían naufragado por falta de acuerdo, comenzó a ser revitalizado. Ya en 2012, el PRO había buscado disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Según fuentes judiciales el principal objetivo está en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) donde el gobierno cosechó los principales reveses.

La Ley Nº 31 que regula al Consejo de la Magistratura local cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al PRO una reforma cuyo objetivo era "mejorar su funcionalidad", pero que implicaba el cambio de mayorías para la toma de decisión, y también en la integración necesaria del quórum para llevar a cabo los plenarios. En síntesis, un cambio que le permitirá a la representación del PRO impulsar no sólo la postulación de jueces, sino promover su remoción a voluntad.

En la propuesta de modificar la norma y derogar la Ley Nº 1988, intervinieron como autores el diputado del Frente para la Victoria Alejandro Amor –cuyo destino final fue ocupar la cabeza de la Defensoría del Pueblo en un cuestionado acuerdo entre las fuerzas políticas para ocupar los cargos a renovar– y Francisco Quintana, del PRO. Además, se creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, que actuará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y regulará los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificaciones en los métodos para su selección.

CONSEJO. La clave de los cambios en el Consejo de la Magistratura está dada por la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros sólo será necesaria la presencia "de cinco (5) miembros que componen el Consejo" para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia ocupada por el ex legislador Juan Manuel Olmos tendrá la definición.

Pero para el proceso de acusación de un juez y su envío posterior a un jury de enjuiciamiento en el que es requerida una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a "2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros". Significa que, para remover a un juez, deben estar presentes sólo seis consejeros en el plenario, incluyendo un representante del Poder Judicial, uno en nombre de la Legislatura o uno del estamento de los abogados.

Con sólo cinco votos afirmativos (la mitad más uno del total de los miembros) se lo podrá enviar a juicio político. El mismo número será el que necesite el PRO para definir los candidatos a ocupar vacantes de jueces, fiscales, defensores o asesores tutelares.
Hoy responden al macrismo seis miembros del Consejo, con lo que luego de esta reforma tendrá aun mayor margen para imponer sus postulantes a los cargos judiciales y de ministerios públicos, pero también para desplazarlos de su cargo.

A principios de diciembre, Tiempo Argentino adelantó que con esta reforma, tampoco serían necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos de jueces. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir los 31 votos con los que el macrismo pretende "rodear" a los magistrados más resistidos por la administración PRO, como Gallardo, Liberatori y López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, enfrentado con la vicejefa, María Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel que ocupará la titularidad de la Asesoría General Tutelar. Esta nueva estructura permitirá obturar el poder de defensores y asesores tutelares para impulsar acciones colectivas que, durante toda su gestión, le quitaron el sueño al líder del PRO. La lista de antecedentes incluye los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.

FISCALES. La Ley Nº 1903 obtuvo 47 votos a favor de parte del PRO, el FPV y algunos opositores y cuatro abstenciones. Su objetivo era "dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado". Pero en realidad significó quitarle ese poder disciplinario sobre fiscales, defensores y asesores al Consejo de la Magistratura, para traspasarlo a la órbita de cada jefe del Ministerio Público.

En el caso de los fiscales, su cabeza será por los próximos siete años el legislador macrista Martín Ocampo, objetado por su falta de antecedentes para el cargo y su dependencia directa con el presidente de Boca Juniors y hombre fuerte de Macri en la justicia, Daniel "El Tano" Angelici. El expediente Nº 2782-D-2013 fue de autoría del diputado Enzo Pagani (PRO) y supone también que las sanciones no sean sólo correctivas sino que puedan agravarse, llegando incluso a la separación del cargo.

TRIBUNAL. El 12 de diciembre, en sesión especial, fueron designados los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con mayoría del PRO. Los diputados macristas Cristian Ritondo, Helio Rebot, Héctor Huici y Cecilia de la Torre lo integrarán, junto a Jorge Taiana, Edgardo Form y Claudia Neira del interbloque kirchnerista, e Inés Gorbea de UNEN.

RECHAZO. Cuando esta reforma era apenas un proyecto, la Corte Suprema recibió el reclamo por escrito de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudiaron los cambios y consideraron que estas iniciativas representan "un avasallamiento inconstitucional de la independencia del Poder Judicial".

"Si estas normas son promulgadas, los poderes políticos podrán acusar, suspender y separar a magistrados que se estimen 'molestos' con menos garantías, conforme los arrebatos de mayorías circunstanciales", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso Tiempo. "Dejarlos sometidos al arbitrio de las mayorías, sin adecuadas garantías, importa propender a la suma del poder público y dar por tierra con la división de poderes. Importa, además, la adopción de un curso de acción similar al que tanto se ha criticado desde el gobierno local en relación con medidas adoptadas en el ámbito nacional", sostuvieron los magistrados en la carta dirigida a Macri.

Dos antecedentes polémicos

El afán del oficialismo porteño por controlar a la Justicia de la Ciudad no es novedoso. Durante varios meses, el alcalde porteño, Mauricio Macri, intentó que la fiscal de Cámara Daniela Bruno Ugolini integrara el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ugolini cobró fama por sus dictámenes siempre favorables al Ejecutivo PRO y resoluciones tales como pronunciarse en contra de remover las placas con nombres de represores de calles, plazas y escuelas.

Más cerca en el tiempo, el actual fiscal general, Germán Garavano, designó como fiscal a Martín García Berro. Fue el 25 de julio de 2013 y por 90 días. Su actuación en la causa que investigaba una "campaña sucia" encabezada por el gurú del PRO Jaime Durán Barba contra Daniel Filmus fue, al menos, curiosa. García Berro se dedicó a realizar pesquisas sobre Salomón Filmus, padre del por entonces candidato a jefe de gobierno. Por eso, envió requerimientos en los que pidió los antecedentes de Filmus padre al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, para ver si se encontraba matriculado, y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para chequear si había sido empleado allí.

Los jueces en la mira del Pro

Roberto Andrés Gallardo. Es el juez que más dolores de cabeza le ocasionó a Macri. Declaró la inconstitucionalidad del veto sobre la ley de abortos no punibles en hospitales porteños y multó a varios funcionarios PRO por irregularidades. Además, inició una investigación sobre cadáveres faltantes en las morgues de la Ciudad, lo que le valió una recusación por parte del gobierno PRO por su supuesta simpatía con Justicia Legítima. Lleva en su haber múltiples fallos en contra del macrismo por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa, sobre todo en las villas.

Patricia López Vergara. Frenó el protocolo macrista contra los abortos no punibles y multó al ex ministro Diego Santilli por haber avanzado en una obra con un fallo judicial en contra. También paró el proyecto del Centro Cívico con una cautelar por violatorio a varias leyes de protección y porque no hubo estudio de impacto ambiental. Dio de baja el 0800 para la delación de actividades políticas ideado por la cartera de Educación y obligó al PRO a recibir los fondos del gobierno nacional para el traspaso del subte que estaban en el Banco Nación y transferírselos a Metrovías.

María Elena Liberatori. Estuvo a cargo del censo a los ocupantes del Parque Indoamericano para atender las necesidades habitacionales y sociales durante la ocupación. Ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, dialogar con los estudiantes que llevaron a cabo las tomas en los secundarios y mandó restituir a los docentes echados por parodiar a Mauricio Macri. Exigió reglamentar una ley para asistir a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. También dictaminó la reapertura de los Talleres Protegidos del Borda demolidos por el PRO.

Los ideólogos del nuevo esquema

Martín Ocampo. El legislador del PRO Martín Ocampo consiguió acceder a la jefatura de todos los fiscales porteños luego de sortear siete impugnaciones a su nominación provenientes de ONG ligadas a la justicia, como la Asociación Americana de Juristas, ACIJ, ADC, Directorio Legislativo, INECIP, Poder Ciudadano, y REDI. Le reprocharon que el abogado ligado a Angelici carece de "sólidos antecedentes" para ser la cabeza del Ministerio Público y "tiene fuertes compromisos partidarios". En su defensa, el ex legislador macrista sostuvo que no está afiliado al PRO.

Daniel Presti. Durante cuatro años fue subsecretario de Justicia bajo la gestión de Guillermo Montenegro hasta que, en 2011, fue electo para la Legislatura. El año pasado diseñó el proyecto de modificación de las mayorías y el quórum para el Consejo de la Magistratura que finalmente se aprobó un año después. Es uno de los hombres clave del PRO en materia judicial y fue el principal crítico de los proyectos de reforma impulsados por el gobierno nacional. Dijo que en la Ciudad "hay jueces que entorpecen la gestión" y que "si un juez quiere hacer política, que renuncie al cargo".








LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...