jueves, 26 de diciembre de 2013

UNA OFRENDA EN EL INFIERNO







Barrio Villa Floresta, Bahía Blanca. Unidad 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense: más de 500 encerrados de toda la provincia de Buenos Aires.

El lunes pasado, mientras inspeccionaba el penal, la preocupación del director de esa cárcel le produjo un pico de presión, por el que debió ser asistido. La inspección encabezada por Procuvin llegó con 3 fiscales, 2 jueces provinciales, se sumó un defensor oficial y 15 abogados de los equipos de trabajo. Recuperado del pico de presión, se le ordenó al director del penal cocinar para los encerrados que llevaban horas y horas sin comer. Y hubo churrasco en el pabellón, a las siete de la tarde. Durante la inspección, presos en calabozos de castigos fueron realojados por disposición de jueces activos en pabellones con régimen de puertas abiertas. Tras la inspección, el director fue removido del cargo.

Durante el procedimiento pregunté varias veces dónde estaba Héctor Cuevas, un detenido que siempre se comunica por teléfono con la Procuraduría. Nos llama él. Nos llama su pareja, Paola. Muchas veces. Y muchas veces con situaciones urgentes.

Pregunté por Cuevas. En qué celda, en qué pabellón.

A las horas de recorrer el penal llegué a un sector de “buzones”. Celdas ciegas, de castigo, donde el encierro es absoluto. Entré a su celda de 2 x 3, inmunda, olor a mierda. Hacía 50 grados de sensación térmica, y los 50 potenciaban el olor, la falta de oxígeno, el espesor del aire. Le di la mano.

–¿Usted es Cuevas?

–Acá está Cuevas.

Y me miraba. Y quería hablar. Y no iba a poder.

Me invitó a sentar. Por silla, una lata de plástico de 20 litros, dada vuelta, mugrienta. Me senté. Cuevas se sentó en una especie asquerosa de colchón, sobre un camastro lleno de bichos. Adentro de esa celda de bloques hacía más de 50 grados. Las rodillas enfrentadas casi se tocaban. Una sola de mis rodillas era más voluminosa que las dos de él. Nunca comió bien. Le calculé entre 28 y 50 años. Una delgadez joven y gastada mezclada con una desnutrición vigente imprecisan su edad. La nitidez de una biografía borroneada, pensé. Lo observé. Parecía haberse revolcado arriba de un rallador de metal: los brazos cortados, las manos rajadas, la cara marcada, un pómulo corrido, la nariz desviada, las orejas tajeadas. El cuerpo agredido.

–Un gusto Cuevas. Soy fiscal federal, estamos inspeccionando condiciones de encierro. ¿Cómo está?

–Mal. Muy mal. Estoy mal –apenas pudo decir: en protesta se había cocido los labios y estaba en huelga de hambre hacía 10 días.

Se paró. Se levantó la remera. Flaquísimo, atravesado por tramos de cicatrices hondas, hernias, operaciones a cuchillazos, un pedazo de intestino a la vista, un globo blando en el abdomen que presionado reaparecía por el costado, una bolsa que funciona de ano contra natura, evidentemente infectada y con sangre. El todo sucio: no tiene modo de bañarse. Se lava con el agua que va al inodoro. Equivale, y sería menos, a tener que limpiarse el culo con las manos. Pero es peor.

–Muy mal estoy –sigue diciendo–. Mire –y me sigue mostrando. Se enoja un poco–. Acá si no fuera por Cipriano** que me ayuda siempre, y si no fuera por Abel Córdoba que también me da una mano, acá nos matan a todos. ¡Mire cómo nos tienen! ¡Mire cómo estoy!

Aproveché una pausa y dije:

–Héctor, yo soy Abel Córdoba. Sabía que estabas acá y vine a verte.

Es indescriptible la emoción que lo ganó. No gana nunca el chango. Perdió siempre, hasta con las emociones, que le ganan cuando se emociona. Le cambió toda la cara, le aparecieron movimientos nuevos, gestos que estaban apagados, y empezó a decir que no lo podía creer, que era a quien admiraba. Miraba para abajo, dejaba la vista fija y los movimientos en su cara no paraban. Se le llenaron de lágrimas los ojos, me abrazó. Lloró.

Un momento intenso, y a esa transferencia, que portaba desesperación y también equívoco, siguió otro muy particular: con la emoción sostenida se empezó a revelar el ademán del anfitrión. Quería dar algo, quiso, necesitó, ofrecerme lo que sea, y tendría que ser lo que no tenía.

Miraba para todos lados. Una bolsa con yerba marrón tirada en el piso era lo único que tenía. Nada más. Al cabo de esa búsqueda, agarró lo único que había en esa celda.

Tendría que haber sido lo que no tenía. Tendría que ser lo que tenía.

Agarró una cosa de trapo que hacía de almohada y me lo ofreció para que me sentara mejor, para que la pusiera sobre la lata. El momento me causó espanto, por percibir, ambos, la presencia de la desposesión más absoluta y tener que echar mano a un trapo como ofrenda, sostener y encontrarle forma a una atención en esas condiciones miserables. El cayó otra vez en su situación inhumana. Yo me di, otra vez, contra la imposición, que él padecía, de no poder encontrar con qué materializar la intención de dar algo.

No tener nada. No tener ni lo único que se tiene.

Hablamos un rato largo. Insistió en que no estaría ahí los 10 años que le habían dado por condena. Que prefería intentar pasar el muro aunque muriera. O ahorcarse en esa misma celda. Pero diez años así, no.

–No se puede. Diez años así, no –repitió–. No me atiende nadie, estoy enfermo, no puedo comer, no me dan comida, no veo a mi familia, no tengo agua, no salgo al patio, me están matando, y me van a matar. Diez años así, no.

Como si se pudiera un día.

Nos despedimos con un abrazo, los ojos brillosos otra vez. Insistía en la gratitud, mencionó una foto. No dije nada, me producía contrariedad, una imagen en ese lugar, con esa condición, se desajusta con la idea que tenemos de una foto de recuerdo. Toda fotografía es tiempo y luz. El tiempo es otra cosa ahí. Lo obturado es el absoluto. Quedó calladamente descartado.

Al salir de la celda supe que me sería imposible cerrar un solo milímetro esa puerta de hierro maciza de su encierro. Salí. No toqué la puerta. Que la cierre quien sea capaz de cerrar esa puerta.

Di unos pasos. Antes de doblar hacia un pasillo miré de reojo. Héctor estaba parado un milímetro atrás de la línea del dintel. Los brazos le buscaban el suelo. Levantó un poco la mano derecha. “Chau, Abel.” Venía la voz desde un milímetro más acá de la línea de los que estamos vivos. Un paso más, y se escuchó el estampido de la puerta de fierro contra el marco de fierro. Y las llaves contra los fierros y los fierros contra el aire. Y el candado contra el fierro. El sonido espamentoso del encierro, obturador de toda vida.

Relaté varias veces esta vivencia. Mi relato patina cada vez sobre la escena en la que me alcanza ese trapo para darme algo. Me conmocionó el ademán de anfitrión durante el tormento.

En charlas con Laura Sobredo, la psiquiatra del equipo de Procuvin, ella insistía: “Esa persona en ese momento, te quiso, y te quiso ahí”. Y convocó a Lacan, de quien viene más precisión acerca de todo esto. Lacan escribió que dar amor es dar lo que no se tiene a la persona equivocada.





Abel Córdoba es titular de la Procuraduría de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, que desde marzo de 2013 realiza inspecciones en lugares de encierro de todo el país, tanto en ámbitos federales como provinciales.

** Roberto Cipriano García es funcionario de la Procuvin.









lunes, 16 de diciembre de 2013

«HAY QUE HACER LA REFORMA POLICIAL O HACER LA REFORMA POLICIAL»






El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”.

Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”.

De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”.  

Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.

 “Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.”

Arslanian recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.

Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.

–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?

–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.

–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?

–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.

–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.

La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.

–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.

–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.

–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?

–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.

–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.

–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.

–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?

–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.

–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?

–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.

–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?

–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.

–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?

–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.






domingo, 15 de diciembre de 2013

POLICÍA: NO HAY MIRADA ESTRATÉGICA







El diputado provincial Marcelo Saín es una de las principales voces en materia de seguridad. Fue el primer titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –la única fuerza de seguridad federal creada en democracia– y secundó a León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando se encaró un proceso de reestructuración policial, que quedó finalmente trunco tras su reemplazo por Carlos Stornelli.

El ahora legislador de Nuevo Encuentro aseguró que la crisis desatada en las últimas semanas demostró el colapso “de la modalidad de gestión política de la seguridad”, producto del resquebrajamiento de un “doble pacto”. Por un lado, el “pacto político-policial” y por el otro el “pacto policial-criminal”.

Según Saín, en este contexto se generan las condiciones para avanzar en un proceso de reforma con tres etapas: la reconstrucción de soberanía política sobre la seguridad y las policías, la redefinición del proyecto institucional de policía y, en tercer lugar, la “laboralización del trabajo policial”.



–¿Qué mirada tiene sobre los levantamientos policiales?

–Fue un reclamo salarial y después hay que ver la consecuencia institucional de eso.

–¿Cómo analiza entonces ese reclamo?

–Ha habido un fuerte malestar laboral en las policías. Lo que quedó demostrado a partir de esta crisis es que estas policías conviven fuertemente con bolsones de trabajadores pobres, que a sí mismos no se consideran trabajadores. Y que además no lo son desde el punto de vista jurídico, porque no portan ningún derecho laboral. Eso tiene que ver con la configuración de estas fuerzas fuertemente militarizadas y estructuradas sobre la base de la sumisión al superior. Esto eclosionó. Una de las manifestaciones más fuertes de esta situación de crisis es una suerte de licuación de la estructura de mando tradicional, que ya no es administrable por las cúpulas con el reglamento militarizado en la mano. Uno de los fenómenos que hemos visto en estos días es que no ha habido clandestinidad en la demanda. Es un fenómeno que yo no lo asimilaría a ningún otro tipo de hecho de desestabilización por parte de fuerzas policiales. El segundo aspecto es la existencia de estructuras de conducción policial profundamente anacrónicas y con muy escasa capacidad de gestión de la crisis. Y en esto hay que destacar la ausencia total de estructuras de gestión política. A punto tal es la acefalía y la defección política en las provincias –existan o no ministerios de seguridad–, que en ninguna se vislumbró capacidad política de gestión de la información y de la conflictividad. Eso obligó a que los propios gobernadores de manera directa intercedieran ante la crisis, incluso en algunos casos estableciendo diálogos y negociaciones con los propios sectores que establecieron los reclamos. Le pasó a un gobierno como el de De la Sota, que le concedió a la policía todo el poder, al punto de llevar como ministro de Seguridad a Alejo Paredes, vinculado con la oficialidad de la dictadura militar.

–Precisamente allí es donde se desencadena el conflicto, que después se reproduce en otros distritos...

–Sí, pero es un error decir que en el caso cordobés están reaccionando a la falta de fondos provenientes del crimen. Eso es desconocer que los fondos provenientes del narcotráfico no se distribuyen socialmente de manera equitativa. Hay también policías que reaccionan frente a las cúpulas. En la proclama anónima del 14 de diciembre, los tipos claramente están diciéndoles a los jefes que no protegen a los trabajadores, que son ricos, están vinculados al crimen, y ellos no son delincuentes.

–¿Pero cómo se pasa de un reclamo salarial a esta situación?

–Esta crisis arranca siendo una demanda laboral, pero termina siendo una crisis política por ausencia de gestión política sobre estas cuestiones. Hemos vislumbrado que algunos sectores internos en algunas provincias se montaron sobre muchas de estas cosas que deben ser internas entre ellos. El tipo de Mar del Plata que libera la zona para que saqueen el centro, quizás esté motivado por razones internas con el jefe departamental, que no tiene nada que ver con el conflicto original. Pero hay un contexto donde es funcional la canalización de ese conjunto de conflictos o diferencias internas. Allí sí después hubo lo que la policía sabe hacer: liberación de zonas, pactos con sectores criminales, estímulo a determinados saqueos.

–¿Hubo intencionalidad en los saqueos?

–En algunos era claro. Lo dijo el gobernador de Chaco y es creíble. En Córdoba también por algún sector policial. En Mar del Plata claramente hubo comisarios comprometidos con los saqueos. Pero hay que analizar caso por caso. En Buenos Aires, entre los policías de Adrogué, La Plata y los de algún otro sector más no comprometían más de mil miembros de la institución sobre 60 mil. Pero el grado de repercusión política que eso tiene es enorme, no solamente porque sea fogoneado por algún medio de comunicación, como hizo TN, que claramente alentó a que esto ocurriera y se expandiera. Por fuera de eso el hecho en sí mismo es muy acotado, pero tiene un grado de repercusión política y social muy elevado. En la provincia, los únicos saqueos que ocurrieron fueron claramente fogoneados por la propia policía. Claramente hubo liberación de zonas. ¿A qué respondió? No fue una maniobra de sectores provinciales, quizá responda a factores muy propios del lugar.

–Algunos gobernadores apuntaron que es responsabilidad del gobierno nacional...

–La principal responsabilidad es el desmanejo político de la policía. Esta policía no es resultado del espíritu santo. Es la policía de esta política. Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y éstas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto es lo que se empieza a agrietar. A través del desmanejo de las organizaciones policiales se agrieta el pacto político policial y, a través del crecimiento del crimen más complejo y organizado y su autonomización respecto de la regulación estatal, como hemos visto en los problemas con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se empieza a quebrar el pacto policial-criminal. Es simultáneo, forma parte de lo mismo. Y ahora, cuando se quiebra ese doble pacto, no hay resto político para enfrentar el tema, porque al darle el gobierno de la seguridad a la policía, nunca se construyó capacidad de gestión política. El gran desafío no es tanto el proceso de reforma policial, esa es una segunda etapa, lo más importante es construir capacidad de gestión política.

–¿Y por qué no se avanzó por ese camino?

–Porque la política cree que esto es ingobernable. Y siempre a los gobernantes, que saben que estos procesos son de largo plazo, les cuesta mucho, primero, crear estructuras especializadas de gestión y no ven ningún tipo de beneficio político inmediato. Y al mismo tiempo creen que va a haber contestación de sectores policiales y/o políticos y judiciales contra cualquier impronta de reforma. No hay mirada estratégica. Y un proceso de cambio implicaría acuerdos políticos porque va más allá de la temporalidad de un gobierno. Si acá no hay una reapropiación política de la conducción de la seguridad y de las policías, sucesivas crisis van a ocurrir y se van a comer un pedazo de la soberanía política argentina.

–¿Qué posición tiene sobre la sindicalización?

–Ese debe ser un punto de llegada, la conversión del empleo policial en un trabajo. Hay un abordaje esquizofrénico del Estado y de la política con relación a los policías. No podemos tener policías con doble empleo. Tiene que haber un nivel salarial que imponga la exclusividad. Si no, no hay profesionalización y desempeño eficaz de las tareas. Las condiciones materiales de trabajo hay que revertirlas. Y hay que permitir el derecho a futuro a la agremiación y a la negociación colectiva, no así el derecho a huelga. La sindicalización tiene que ser pensada en el marco de un cambio mucho más integral en la policía.

–¿Cuál sería?

–La reconstrucción de soberanía política y de capacidad de gerenciamiento político de la seguridad y de las policías. Repensar las policías. Hay que tener un nuevo proyecto institucional de policía, que resulte de un debate nacional acerca de para qué está, cómo se debe organizar y cuánto debe costar una policía a la altura de la gestión democrática de los conflictos. Y el tercer punto es el laboralización del trabajo policial.

–¿La creación de las policías municipales es parte de la solución?

–Sí, es un cambio importante. En Buenos Aires, la municipalización de las policías en las grandes ciudades es una de las respuestas que el sistema político bonaerense va a dar a esta crisis, a nivel de seguridad preventiva. Los intendentes se convierten en los jefes de policía y tienen policías totalmente nuevas, con personal capacitado nuevo, a su servicio, para poder gestionar localmente la seguridad. Va a tener funciones solamente abocadas a la seguridad preventiva, al crimen menor en la calle. No va a tener tareas investigativas vinculadas con el crimen organizado, ni con control de grandes manifestaciones, ni con operaciones especiales.











miércoles, 11 de diciembre de 2013

DEMOCRACIA Y POLICÍA









“Desde la época de Rivadavia, tenemos una policía de ocupación territorial. Hemos copiado la constitución de Estados Unidos y la Policía Borbónica francesa. No copiamos la policía de condado. En el siglo XIX unos garantizan recaudación autónoma, otros gobernabilidad. Hoy los policías se han autonomizado”, dice el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.

“Celebramos 30 años de gobiernos constitucionales. Pero en estos 30 años no pensamos en una renovación del modelo policial. Es una deuda de la democracia, pensar cómo renovar el modelo policial, cómo hacer una Policía conforme a un estado de derecho democrático, con las características de nuestro país. Hay que buscar otros modelos”.

Zaffaroni se pronunció en contra de la huelga por parte de la policía ya que se trata de un servicio de primera necesidad y precisó que las negociaciones deben lograrse con mayor celeridad y presteza.

“Si el servicio de seguridad desaparece, siempre va a haber alguien dispuesto a hacer algo. Eso es inevitable”.

“Este tipo de planteos no deben llegar a estos extremos. Hay que resolver y negociar antes. Algún medio de comunicación debe haber”.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky anunció que están trabajando “con los otros sectores que integraron el Acuerdo para una Seguridad Democrática, porque lamentablemente las cosas que están pasando demuestran la exactitud y la certeza de los planteos que nosotros hicimos”.

El periodista aseguró que “había una urgente necesidad de reforma policial y de un enfoque democrático de la seguridad y ese no ha sido el criterio que se ha seguido en la mayoría de las provincias”.

“Ese no ha sido el criterio que se ha seguido en forma constante desde el Estado Nacional tampoco, si bien hay diferencia apreciable entre el Estado Nacional y las provincias y las consecuencias son las que estamos viendo en estos momentos”.

“Nos parece absolutamente oportuno volver a plantear e insistir con todos los criterios que requiere una concepción democrática de la seguridad”.

Respecto a los acuartelamientos, Verbitsky consideró que hay varios elementos significativos y entre ellos detalló: “Uno es la participación de las policías provinciales, de las cúpulas de las policías provinciales en redes de ilegalidad. La participación en negocios ilícitos”.

“Esto se ha manifestado muy claramente en las tres principales provincias, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.

El Presidente del CELS dijo que cada una presenta con procesamiento distinta, “pero con un trasfondo idéntico que es la policía como regulador y como partícipe de los delitos que debería combatir y la relación que esto implica además con el poder político provincial respectivo”.

Detalló que se trata de una relación de negociación permanente, de espacios de poder, de espacios económicos inclusive, que según las circunstancias se van modificando.

Por otro lado hizo referencia a una fractura entre las cúpulas policiales y los trabajadores policiales que no están en las cúpulas.

“Porque quienes participan en esta negociación con el poder político y con las redes de ilegalidad son las cúpulas, no son todos los policías”.

Y resaltó que “en los momentos en que hace crisis el pacto de gobernabilidad entre las cúpulas policiales, el delito organizado y el poder político provincial, se agudiza esa contradicción con las bases policiales”.

Además destacó que existe una relación perversa y grave entre las fuerzas policiales y los varones jóvenes de los barrios marginales, de los barrios pobres, que por un lado “son constantemente reprimidos como medida de control social, sin ninguna relación con el delito, simplemente para impedir que ocupen ciertos espacios urbanos que están reservados para las clases más prósperas y en algunas provincias esto tiene por otra parte un componente racista, como en Córdoba”.

Verbitsky consideró que el Acuerdo para una Seguridad Democrática “tiene cada día más viabilidad porque aquello que nosotros planteamos hace más de tres años, hoy está incorporado a cierto sentido común de la sociedad”.

“En aquel momento había que explicar muchas cosas que no eran claramente percibidas: Hoy son claramente percibidas. Y además, están a la vista las consecuencias del camino contrario, que son verdaderamente trágicas y dolorosas” .

El periodista considero que el mensaje de la nueva Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y el mensaje de anoche de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner toman realmente esas líneas de acción, pero aclaró que el “tema estará en ver cómo se consigue que esa línea de acción que plantea el gobierno nacional sea adoptada por los gobiernos provinciales”.

Consultado sobre el pliego de ascenso del Jefe del Ejército, César Milani, Verbitsky señaló: “Nosotros hemos impugnado ese ascenso y hemos aportado al Senado los elementos que fundamentan la impugnación, como hacemos desde hace 30 años con todos los pliegos de ascensos de personal militar contra el cual haya elementos que permitan presumir su participación en los crímenes del terrorismo de Estado”.













jueves, 28 de noviembre de 2013

ACTUALIZAR O NO ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS









El Código Civil debe ser una herramienta para la ampliación de derechos


La iniciativa de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación representa una oportunidad única para lograr un cambio legislativo que amplíe derechos e incorpore los estándares y obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.

El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad histórica de no desperdiciar esta oportunidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera indispensable que se contemple y procure resolver y atender la situación de informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país. En su defecto, obtendremos un nuevo código signado por una perspectiva clasista que terminará legislando para los sectores de mayores ingresos y menores necesidades. Algo incongruente con el proceso de ampliación de derechos, a treinta años de la democracia argentina.

En el debate sobre la responsabilidad del Estado, también deberían sopesarse tanto el interés social como los criterios igualitarios de reparación para las personas que reclaman y que la regulación de daños civiles no sea disuasoria del ejercicio de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público.


Se debe incluir la función social de la propiedad

La supresión en el dictamen de Comisión de la función social de la propiedad es un grave retroceso que desprotege a los sectores más necesitados de la sociedad. El reconocimiento de este principio es imprescindible para la constitucionalización y modernización del Código, que lo ubique en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Su incorporación no afectaría el derecho de propiedad sino que lo armonizaría con el interés social, a tono con países de la región que poseen este principio con rango constitucional como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador.

Este principio debe ser acompañado de nuevos instrumentos de adquisición del dominio, que ofrezcan alternativas de regularización para las formas de habitar popular y herramientas de intervención estatal para resolver el acceso al suelo y al territorio que afectan a cientos de miles familias pobres en áreas urbanas y rurales.

Como está planteado, el dictamen de la Comisión Bicameral contempla sólo formas jurídicas que permiten regularizar los actuales modos de vivir de los sectores de altos ingresos (barrios privados) y excluye la regularización de las maneras de vivir (villas y asentamientos urbanos) y producir (tierras rurales para los campesinos) de los sectores más pobres y vulnerables.


Responsabilidad del Estado

El CELS considera que lo relevante no es si la regulación de la responsabilidad del Estado, por sus actos lícitos o ilícitos, se realiza través de una ley federal específica o a través de la legislación civil de fondo. Sino que antes, es preciso que se incorporen los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano, en caso de responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, se exige: reparación integral, restablecimiento del derecho violado, indemnización -que puede ser pecuniaria-, rehabilitación de los daños ocasionados y no repetición de las situaciones que generaron la afectación y la concreción del proyecto de vida.

Ninguno de estos parámetros está dirigido a asegurar las ganancias de empresas o actores privados, o indemnizar el lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por actividad lícita. Por el contrario, lo que exigen es que se asuma la necesidad de que el Estado pueda reparar adecuadamente ante situaciones como el dictado excesivo de prisiones preventivas o el ejercicio abusivo de la fuerza en manos de funcionarios de fuerzas de seguridad, entre otras. Se trata de casos que en la actualidad, tal como está planteada la regulación, no encuentran una reparación integral, sea por la duración del proceso, por los razonamientos judiciales o por las demoras en ejecutar las sentencias.


Libertad de Expresión

Con respecto a las cuestiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, preocupa que en las modificaciones relacionadas con la protección de la vida privada no se incorpore la mención a los asuntos de interés público como excepción a la posibilidad de reclamar indemnización. Así, el proyecto no brinda protección adecuada a la función periodística, ya que mantiene la potestad del juez de establecer indemnizaciones que, en última instancia, tienen un efecto disuasorio.

El Código Civil debiera contener un mandato, al momento de fijar indemnizaciones que tengan como causa expresiones referidas a asuntos de interés público, que evalúe que el monto de la indemnización no sea de tal entidad que afecte el libre debate propio de una sociedad democrática.


(CELS)








martes, 5 de noviembre de 2013

OPERACIONES SUCIAS CONTRA LA LEY























Elisa Carrió quiere hacerle juicio político al Presidente de la Corte. Jorge Lanata vende humo desde sus programas. Las operaciones mediáticas de desprestigio siguen a toda máquina.

Lorenzetti: no habló con Zannini por la Ley de Medios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que si bien se comunicó por otros temas con el secretario Legal y Técnico, no lo hizo por esa ley. Y pidió al diario Perfil que aclararan lo que había distorsionado.







1.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó hoy que las reuniones con el Poder Ejecutivo "forman parte de una actividad normal de la República", y defendió la independencia de poderes.

"La democracia necesita un debate robusto de los actos estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación".

"Que en nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional, los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública", concluye el comunicado.










2.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional respaldó a la Corte Suprema y pidió "respeto" a los fallos.

A través de un comunicado oficial, la AMFJN pidió el respeto irrestricto a las decisiones judiciales, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el texto, los magistrados señalaron: "Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio".








3.
La Corte rechazó el pedido de la oposición para suspender la aplicación de la Ley de Medios

El máximo tribunal de justicia desestimó la presentación realizada por un grupo de diputados para que la Ley 26.522 no fuese aplicada. El planteo fue descartado porque los legisladores no son parte de la causa.
La presentación para reclamar la suspensión de la ley había sido realizada por los diputados del interbloque PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González y Roberto Pradines.



4.
Propuesta de adecuación voluntaria presentadas por el Grupo Clarín, complementaria a la hecha por Fintech Advisory Inc.





jueves, 31 de octubre de 2013

LA LEY DE MEDIOS, LA CORTE Y DESPUÉS





La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) continúa avanzando en las reuniones técnicas para afinar los pasos que se aplicarán en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Así, y más allá de que el procedimiento final aún no está definido, la situación del Grupo Clarín para la autoridad de aplicación de la LSCA –norma considerada constitucional y plenamente vigente el martes por la Corte Suprema de Justicia– continúa enmarcada dentro de la adecuación de oficio y con los plazos vencidos. De hecho, la única propuesta oficializada por un accionista minoritario Cablevisión, Fintech, fue presentada "en tiempo y forma" en diciembre del año pasado, pero "no fue ratificada" por el accionista mayoritario, es decir, el Grupo Clarín.

Al cierre de esta edición, dentro del proceso de adecuación de oficio, el monopolio liderado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto sigue enmarcado por el Estado dentro del plazo de quince días para contestar al ente sobre los bienes y servicios registrados a su nombre.

El 17 de diciembre pasado, la cautelar que protegía al Grupo cayó durante unas horas a raíz del fallo en primera instancia del juez federal Horacio Alfonso que avaló la constitucionalidad de la norma, y la AFSCA, con su presidente Martín Sabbatella en persona, notificó al holding del inicio de la adecuación de oficio.

Por estas horas, el organismo evalúa cuál es la mejor opción administrativa para evitar posteriores presentaciones judiciales del Grupo que entorpezcan el procedimiento de adecuación que fija la ley. Una posibilidad es notificarlos nuevamente. "En todo caso, la diferencia consistiría en que, si la notificación es válida, estamos en el día uno. Si no, estaríamos el día cero", aseguró una fuente gubernamental a este diario. Sea como fuere, una vez anoticiado, Clarín tendrá 15 días para responder.

Los pasos correspondientes, según el procedimiento, consisten en la notificación, tasación, selección de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, posteriormente el concurso y adjudicación, y finalmente, el traspaso de licencias del anterior titular al nuevo.

Durante todo este proceso, el titular de las licencias tiene la obligación de cuidar los bienes, mantener el servicio y sostener las fuentes de trabajo. En este último punto, Sabbatella había sido enfático al señalar que "el Estado tiene que garantizar" que los licenciatarios mantengan los puestos de trabajo.

Por su parte, el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, manifestó ante un portal web de noticias que "lamentamos el contenido del fallo porque se aparta de una tradición que había generado la Corte y de algunos estándares internacionales en cuanto a la libertad de expresión". El representante del holding expresó que la norma "regula violando los últimos precedentes de la Corte Interamericana, se aleja de los antecedentes de la ley norteamericana y busca medios dependientes del poder político y fragmentados. Es una norma creada con nombre y apellido, para destruir un grupo", opinó.

El Grupo ya rechazó la posibilidad de la adecuación de oficio. "De ninguna manera se nos puede aplicar, como ayer reiteró el señor Sabbatella, sabiendo que estaba cometiendo un acto nulo. No se le puede aplicar a un grupo que tuvo la ley suspendida. El plazo fue prorrogado por el gobierno por un año, del que han gozado todos los grupos, menos Clarín", sostuvo.

En caso de que la tasación se concrete y se seleccionen las licencias, serán concursadas aquellas "que le causen un perjuicio menor" al licenciatario original. Hoy, habrá más reuniones entre la AFSCA y el resto del gobierno con ese cometido.

Hubo más elogios que críticas al fallo de la Corte

Desde el anuncio del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la Ley de Medios, numerosas voces salieron a pronunciarse en torno a este tema, pero fueron minoritarias las que lo hicieron en contra del pronunciamiento del máximo tribunal.

De un total de 85 voces relevadas por todos los soportes (Web, TV, Radio y medios gráficos) solo 15 se expresaron en contra del fallo que dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De ellas, siete pertenecen al propio Grupo Clarín, sus abogados afines, y ocho son miembros de partidos de la oposición (UNEN y PRO).

De entre todos ellos se destacó la diputada electa del Frente UNEN Elisa Carrió, con su denuncia sobre un supuesto pacto entre el gobierno y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otros políticos que expresaron críticas fueron Fernando "Pino" Solanas y Patricia Bullrich.

El caso del PRO, con Gabriela Michetti, el rabino Sergio Bergman, Laura Alonso, el propio Mauricio Macri y Federico Pinedo a la cabeza de las críticas, plantea una distinción: no se expresaron en contra del fallo, sino que se centraron en el pedido de independencia de la autoridad de aplicación, e interpretaron que sin la renuncia del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, no se puede cumplir con la ley como pide la Corte. Ayer mismo, estos dirigentes anunciaron que presentarán un planteo judicial ante la Corte Suprema para que no se implemente la normativa.

De las 70 voces que valoraron el fallo, solo diez manifestaron críticas centradas en los siguientes ejes: ilegitimidad de la autoridad de aplicación, cercanía del fallo a las elecciones y el supuesto uso discrecional que el Gobierno Nacional supuestamente hace de la ley. En este grupo se inscribieron las declaraciones de Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Julio Cobos, la ex diputada Silvia Vázquez, el intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, Felipe Solá, la diputada Victoria Donda y el académico Martín Becerra.

Adecuación

La adecuación de oficio "no son las Invasiones Bárbaras; es un proceso que está reglado", dijo la abogada Graciana Peñafort, en respuesta a la descalificación de Clarín contra la AFSCA.











“La ley va a enriquecer la discusión pública”

 
La presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, señala que la Corte Suprema tomó “la mejor decisión” y que “se nota en la redacción que han trabajado en el consenso”. También apunta: “El fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde”.




–¿Cuán importante es el fallo?

–Es una sentencia que apuesta a la libertad de expresión y que actúa, sobre todo, sobre el negocio que se construye en torno de la libertad de expresión: la plata alrededor de la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Tras haber dado una primera lectura, con los miembros de la comisión directiva de Justicia Legítima concordamos en analizar este fallo como una convalidación de la garantía de la libertad de expresión que va a tener un significado histórico. A la larga, los efectos que va a producir la puesta en práctica de la distribución de las licencias por fuera del parámetro exclusivamente económico significará la pluralidad de opiniones, una diversidad que nuestra ley pretende, y eso va a enriquecer la discusión pública y de opiniones. La formación de opinión será de otro tenor, más adulta, más elevada, más compleja. La posibilidad de acceso a las licencias de universidades públicas u organizaciones comunitarias va a implicar que opiniones muy diversas entren al espacio público, que las podamos conocer y tener en cuenta al momento de formar nuestra opinión. La complejización de nuestro razonamiento, algo que siempre es una ventaja, se reflejará a la hora de elegir la gente que buscamos para que maneje el gobierno, el apoyo o no de determinados ítem. Y todo esto se transforma en más derechos.

–Pero la puesta en acción del 33 por ciento al sector comunitario no estaba afectada por el litigio en el que Clarín involucró a la ley y por lo tanto, no estaba frenado...

–No, pero tampoco estaba puesto en marcha, porque si no se podía aplicar la desinversión para uno de los oligopolios, no se aplicaba al resto de las empresas fuera de la ley. Así que no están repartidas las licencias todo lo que debían. Pareciera que el fallo, aparentemente, da un puntapié importante para que empiece a repartirse el espacio.

–¿Esperaba que la Corte definiera así la cuestión o la sorprendió?

–Para mí fue sorprendente. No tenía mucha esperanza. Es la mejor decisión, pero no tenía la esperanza de que pudieran obtener la mayoría necesaria para poder salir favorables a la ley todos los artículos cuestionados. Se nota en la redacción que han trabajado en el consenso. Hay algunos párrafos del fallo que no son absolutamente necesarios, pero que parecieran estar allí para obtener el acuerdo de los jueces. Son cosas que son obvias para cualquier juez.

–¿Qué significa su presencia allí? ¿Son mensajes de la Corte hacia afuera?

–A lo mejor son párrafos de consenso. Es una impresión, no tengo ninguna seguridad de todo esto. De todas maneras, cuando los jueces llegan a la misma determinación por diferentes fundamentos, lo dicen claramente en el fallo, se señala que está de acuerdo en cómo se decide, pero por esta otra razón que tal otro juez no tuvo en cuenta. La pluralidad ideológica existe en la Corte: no son todos de la misma tendencia. Está bien, se nota.

–¿Cómo analiza los considerandos que la Corte plantea al Gobierno, relativos a la pauta oficial, la función de los medios públicos, la autonomía de la autoridad de aplicación?

–Eso no estaba en cuestión. Esas son las cosas que no había por qué decirlas, que están de más, pero que creo que tienen que ver con el trabajo de consenso: “Si hacemos esta advertencia, ponemos esta aclaración, llamamos la atención sobre esto, entonces acordaremos en firmar”. El fallo es muy prolijo, está muy bien escrito, tiene muy buena ilación, está en un lenguaje sencillo que cualquiera puede leer; las partes que toma de jurisprudencia son breves, concisas y absolutamente apropiadas; no se excede en citas engorrosas. Incluso es muy diferente del que emitieron sobre la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, cuando se les notó el prejuicio en el idioma, en la forma de redacción. Se han tomado el trabajo de resaltar en negrita las directrices, incluso, pero... por ahí, aparece una obiter sobre el reparto de la pauta oficial y uno dice: “Esto está puesto para que alguien firme acá”.

–¿No considera útil o valedero que aparezcan estas cuestiones?

–No. No creo que los jueces tengamos que dar clases de nada. No me parece bueno como práctica judicial. Tenemos que resolver las cuestiones que nos plantean, no explicar al resto de los poderes o del mundo cómo deben hacer sus propias tareas. Es obvio que la distribución de la pauta oficial está mal, no hace falta que lo diga la Corte. Por supuesto que la pauta oficial mal distribuida puede ser materia de juzgamiento. Cuando eso suceda será el momento de opinar al respecto. No lo era en este caso y sin embargo hablaron de pauta oficial.

–Son posicionamientos políticos, entonces.

–Sí, puede ser.

–¿Cómo ubica políticamente a la Corte este fallo, teniendo en cuenta el debate en torno del rol del Poder Judicial en esa arena?

–La Corte pretende ratificar su independencia. Tanto es así que yo lo escuché a Zaffaroni decir que tuvieron mucho cuidado de no salir con anterioridad al período electoral para no influir en el posible resultado eleccionario. Los jueces sabemos que hay fallos que tienen un impacto que pueden llegar a modificar apreciaciones. Ahí tomaron una decisión: decidieron mantenerse al margen y eligieron salir después. Tal vez, algún politólogo o sociólogo podrían preguntarse por qué no salieron cuatro meses antes, para mantenerse al margen de las PASO, por ejemplo.

–Con un fallo tan esperado, a cuatro años de bloqueo parcial de la ley, ¿no influyeron con su demora de todas maneras?

–Terriblemente. Se puede pensar que el trámite de estudio puede durar seis meses, que las audiencias públicas pudieron haberlo demorado... Pero no cuatro años. Que cualquier fallo, del tenor de éste o de cualquier otro, demore cuatro años es injustificable. El Poder Judicial tiene que hacer su autocrítica. Y de hecho, nosotros en el comunicado de Justicia Legítima sostenemos eso: el fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde.

–Técnicamente esa demora no fue responsabilidad de la Corte.

–No, pero la Corte pudo haber hecho algunas cosas de otra manera. Pudo, por ejemplo, haber fijado las cuestiones de otra manera en diciembre de 2012. De hecho, la Corte sostiene en este fallo, cuando habla del artículo 161, que el plazo venció entonces. Podría haber tomado otra decisión respecto de la medida cautelar. Hay que terminar esta historia de las medidas cautelares: no pueden paralizar las causas. Tampoco puede ser que los jueces dejen que las partes manejen los tiempos de los expedientes, porque los directores de los procesos son los jueces, son ellos los que deben marcar los tiempos de actuación.

–En ese sentido, ¿el fallo de ayer marca algún tipo de límite?

–No, porque nada dice de esto.









domingo, 15 de septiembre de 2013

GRANADOS: MENEMISMO RESIDUAL






En su primera conferencia de prensa, el intendente de Ezeiza y designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, dijo que “tenemos que ir a los bifes lo más rápidamente posible”. Esta puede ser una reminiscencia de sus comienzos profesionales, cuando integraba con su socio Alberto Samid la rama menemista de ganadería ambulante y faena circunspecta, de cuando Carlos Menem premió tales conocimientos designándolo en la Junta Nacional de Carnes, o de cuando el nuevo edificio de su parrilla “El Mangrullo” se construyó sobre terrenos fiscales, con un crédito blando del Banco Ciudad, otorgado a su madre, porque Granados estaba inhibido.

También la estanzuela La Celia, donde ocurrió el recordado tiroteo de 1999, se levanta en terrenos próximos al centro atómico de Ezeiza que pertenecieron al aeropuerto Internacional Pistarini, antes de pasar primero al usufructo y luego a la propiedad de Granados. Su hermana Leonor puso en duda la existencia misma del asalto e implicó sin decirlo que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas societario. La expresión “barones del conurbano”, está inspirada en los “robber barons”, caracterizados así en 1870 por el periodismo estadounidense de investigación y utilizados por Karl Marx como ejemplo del pillaje como base de la acumulación capitalista primitiva. En cualquier caso, la referencia a los bifes no deja de ser llamativa tratándose de un hombre en cuyo distrito la policía ha constituido escuadrones de la muerte financiados por los comerciantes para librarlos de los pibes chorros sin molestos trámites judiciales. Varios de sus integrantes han sido condenados por la justicia (como los asesinos de Emanuel Salafia), otros quedaron a salvo porque sólo pagaron por la muerte lúmpenes reclutados por ellos (como en el caso del adolescente Diego Peralta).
Fiesta en el Módulo

Es de sobra conocido el festejo realizado en El Mangrullo para celebrar el resultado de la elección interna justicialista de 1988, porque allí Alejandro Granados conoció a Carlos Menem, lo cual tornó superflua la afiliación al radicalismo de su padre, el empresario gastronómico Santiago Granados, quien había recibido de la Fuerza Aérea el usufructo de la gastronomía en el Aeropuerto Internacional y temía perderlo con la democracia. Menos se recuerda que El Mangrullo también fue sede de la cena de camaradería de la policía bonaerense en diciembre de 2011, que terminó con una gritería de mutuas recriminaciones entre el jefe saliente, Juan Carlos Paggi, y el entonces director de Investigaciones, Roberto Castronuovo, quien sólo un mes más tarde también pasó a retiro. Los separó el jefe entrante, Hugo Matzkin, a quien el gobernador Daniel Scioli confirmó el viernes, acaso por esa cualidad de pacificador entre las distintas bandas de la gran familia policial. Pero Paggi es el candidato preferido por Granados para ocupar la secretaría de Seguridad de su ministerio, en una profundización del retroceso en el control político de las fuerzas de seguridad iniciado por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, que seguirá como ministro de Justicia.

Granados también reclutó entre sus colaboradores al oficial del Servicio Penitenciario Federal Alfredo Javier Senoff, quien negoció el pase a disponibilidad en el SPF a cambio de no ser acusado ante la justicia por la penetración del narcotráfico. Senoff era director del Módulo 1 de la cárcel federal de Ezeiza, donde estaba alojado en condiciones de privilegio el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia.

La crónica del episodio, firmada en este diario el 29 de septiembre de 2009 por Horacio Cecchi, consigna que en el sector VIP que ocupaba Segovia se secuestraron “microondas, celulares, notebooks, una cantidad de dólares que algunos señalaban que llegaba a 15 mil y una cantidad de mujeres que algunos señalaban que llegaba a dos”. El Servicio sólo reconoció una fémina. La relación entre la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la corrupción de sus integrantes es un clásico de la literatura internacional.

En Nueva York fue acreditada en tres investigaciones realizadas a lo largo de un siglo por la Comisión legislativa presidida por el senador Clarence Lexow, en la década de 1890; la Comisión presidencial encabezada por el juez federal George Wickersham, en la de 1930 y la Comisión municipal Mollen, en la última década del siglo XX. En su investigación “Street Justice”, la académica Marilynn S. Johnson escribió que esas comisiones demostraron que la corrupción y la brutalidad se extendieron en los barrios más pobres, en los que los inmigrantes y los residentes no blancos tenían poca capacidad de resistir. También, que la policía transfería allí a los oficiales abusadores como forma de castigo por sus inconductas. Pero en realidad así “castigaba al vecindario más que al oficial”.


Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe

En la Argentina, Rodolfo J. Walsh describió el mismo fenómeno hace 45 años desde el Semanario CGT con una serie de notas en la que presentó a la policía de Buenos Aires como “una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. La relación promiscua entre el narcotráfico y la policía bonaerense actual fue puesta de relieve en el informe de la comisión senatorial que investigó el crimen de la nena Candela Sol Rodríguez, mientras en Córdoba y Santa Fe las respectivas cúpulas aparecen involucradas como avanzada del delito sobre las instituciones de seguridad. Córdoba era la única provincia que tenía a un policía como ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien al ser designado escogió para sucederlo al frente de la fuerza al comisario Ramón Frías.

Ambos tuvieron vinculación con el servicio de informaciones D2 durante la dictadura, según denunció en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad el ex policía Luis Urquiza, secuestrado y torturado en esa unidad en 1976, y que logró exiliarse tres años después. De regreso al país, en la década de 1990, denunció lo sucedido, pero el Director de Inteligencia Criminal de entonces era el ex D2 Luis Yanicelli, en la actualidad condenado a prisión perpetua, y Paredes era su secretario. Urquiza también denunció que Frías amenazó al comisario Julio César Giménez para que dejara de investigar el asesinato de su padre en el D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. Aunque el gobierno de José De la Sota acusó al gobierno nacional de una maniobra en su contra utilizando al fiscal de la causa (¡sólo porque forma parte de Justicia Legítima!) las pruebas sobre la corrupción en la policía de drogas eran tan abrumadoras que Paredes y Farías debieron presentar la renuncia.

Scioli desoyó las recomendaciones de aquella comisión investigadora, que incluían la exoneración de medio centenar de altos mandos policiales, comenzando por su jefe, Hugo Matzkin. Con Paggi de segundo y Senoff como colaborador, esos contactos espurios ascienden a una pantalla superior.

Mientras, el jefe policial de Ezeiza con el que Granados se presentó por primera vez en público, Francisco Rupnik, reincidió en la periódica propuesta de recrear el Servicio Militar Obligatorio para sacar a los chicos de la calle. Cuando Scioli le tomó juramento ante un crucifijo de madera de medio metro (por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios), Granados respondió a la pregunta con un estridente “¡¡¡¡Síííííí, juro!!!!” al que una claque entusiasta respondió “Olé... olé... ole... Aleeee, Aleeeee”, en un clima festivo que no condice con la presunta emergencia por la cual 4.500 gendarmes fueron sustraídos de la frontera, donde los reemplazan efectivos militares, para realizar tareas cuya confusa descripción no parece encajar en ninguno de los supuestos de las leyes de Defensa Nacional, de 1988, de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, en las que se expresa el mayor consenso multipartidario alcanzado por la democracia argentina en treinta años.

Mientras un centenar de cadetes de la Escuela Vucetich formaban con sus uniformes prusianos y una pluma en el casco plateado, dos camionetas de la confitería más cara de la ciudad, “El Rey del Dulce”, descargaban el servicio para culminar el festejo. Luego de su irónico vaticinio acerca del ruido que hará la gestión de Granados, Casal paladeaba el plato frío de la venganza sobre todos sus críticos, con la satisfecha expresión de “ahora sí van a ver lo que es bueno”. Con apresurado tono presidencial, Scioli dijo que a nadie se le ocurriría cuestionar el progresismo de Lula por haber enviado el Ejército a las favelas, y citó una frase del ex presidente brasileño. “¿Si nos derribaron un helicóptero, con qué quieren que disparemos? ¿Con pétalos de rosas?”. Doble desatino: en Brasil se ordenó a las tropas desalojar varias favelas ocupadas por la estructura militar de los carteles de la droga, en una operación breve y con rápida retirada, para que pudieran hacerse cargo las estructuras de seguridad y de asistencia social. Aquí, el único helicóptero que falta no fue derribado por los narcos con bazucas ni misiles. Se perdió con su piloto, Alejandro Ferzola, el 2 de enero de 2011, en el trayecto entre Coronel Brandsen y Santa Teresita. En un año y medio, la policía de Scioli ni siquiera pudo encontrar sus restos. Y la intervención que se reclama de los militares argentinos no está contemplada en su doctrina, organización, equipamiento ni capacitación.


De armas llevar

El primero que respondió a la convocatoria de Granados fue su colega de Tres de Febrero, el dirigente de la UOM Hugo Curto, quien salió a cazar ladrones durante 18 horas sin dormir, con chaleco antibalas y flanqueado por dos policías no aptos para el horario de protección al menor.




La foto difundida por el propio municipio podría ganar un concurso sobre la inseguridad o ilustrar un debate académico acerca de la vigencia en el siglo XXI de las doctrinas del criminólogo italiano del siglo XIX Cesare Lombroso. Escéptico sobre la utilidad de la Justicia, el ex boxeador Curto encabezó junto con Gerónimo Venegas, Hugo Moyano y Omar Maturano la campaña “No jodán con Perón”, cuando dos jueces citaron a Isabel Martínez en sendas causas sobre los crímenes de la Triple A, en 2007.

“Todo el mundo sabe que esto en lugar de ser una investigación es un hecho político”, reclamó Curto, quien también pidió que se investigaran “los asesinatos de José Ignacio Rucci y de Augusto Timoteo Vandor”. Igual que Granados, Curto dijo que tenía un arma en su casa y aseguró que lo mismo ocurre en casi todos los hogares argentinos. Si esto fuera así, la política de desarme emprendida por Scioli y el gobierno nacional, habría sido un completo fracaso. Sin embargo, el programa argentino, que ya destruyó 193.000 armas de fuego, fue elegido por una organización internacional con sede en Londres como uno de los tres mejores del mundo. Dentro de dos meses se elegirá al ganador del cotejo. Del mismo modo, la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción propuso como modelo para todos los países de la OEA la política de transparencia que Nilda Garré aplicó mientras fue ministra de Seguridad. En una nota al Estado Nacional, la Comisión destacó el desarrollo de cursos de capacitación, análisis de contrataciones públicas y el “examen de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por las personas designadas en los cargos superiores de las mencionadas fuerzas y seguimiento de denuncias de posibles actos de corrupción que derivaron en presentaciones judiciales o sumarios administrativos”, e instó “a implementar ese tipo de experiencias y controles en otros organismos públicos”.

Es obvio que las preocupaciones del gobierno bonaerense discurren por otro andarivel. En mayo, Curto inauguró junto con Scioli la sede descentralizada de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” en Tres de Febrero. “La inseguridad es el flagelo más importante que tenemos”, dijo entonces. Su derrota en las PASO de agosto fue una de las peores del Gran Buenos Aires, lo cual relativiza la idea establecida de que la seguridad fue el principal determinante del voto. Que Curto es un hombre de acción no sorprende a nadie. Hace poco fue sobreseído en el juzgado de instrucción Nº 35 de la Capital, en la causa por violencia doméstica caratulada “Hugo Curto y otros s/amenazas”. Mientras Curto, que fue derrotado, intenta mostrar su rotunda personalidad, Granados, que ya ascendió un casillero, trata de disimular la suya. Con membrete del municipio de Ezeiza distribuyó dos fotos y un comunicado en el que se refiere a sí mismo en maradónica tercera persona con prosa exquisita (como la hubiera calificado Adolfo Bioy Casares): “Un intendente al que se lo tildaba de ‘Mano Dura’, ‘Insensible’. Pero al mejor estilo de un hombre que fue su amigo del alma, ‘Néstor Kirchner’, se salió del protocolo y luego de tomarle juramento el gobernador, Alejandro, inmediatamente se abrazó con su esposa la Diputada Nacional Dulce Granados, su compañera soporte emocional del nuevo ministro”.

La relación entre intendentes y armas no es privativa de ninguno de los sectores que se disputan la hegemonía bonaerense, aunque algunos ponen más el cuerpo que otros. El 31 de agosto fue detenido el barrabrava del club Tigre Cristian Franco Carbonel, cuando circulaba armado junto con Jonatan Walter De Vicenzi y Emanuel Ricardo Luján. Les secuestaron dos armas de guerra (una Beretta .9mm y una Browning 11.25) con un proyectil en cada recámara y cargadores completos. La Beretta tenía la numeración limada y la Browning, la inscripción Aeronáutica Argentina. Carbonel estaba enyesado por una fractura producto de un balazo, tenía una condena a tres años de cárcel por asociación ilícita, de 2006, y otra de diez años por homicidio de 2005. Estuvo detenido desde 2004 hasta 2011, cuando la justicia le concedió la libertad condicional. Pese a estos antecedentes, al salir consiguió empleo en el municipio de Tigre, que conduce Sergio Massa. El fiscal de Rincón de Milberg, Mariano Magaz, no incorporó la actuación al Servicio Informático del Ministerio Público, como ya había hecho con el asalto a la casa del intendente. (En ese sistema SIMP es posible trabajar en borrador, que permite modificar y guardar el documento; a la firma, de modo que sólo puede verlo el fiscal o el defensor que lo realiza, y firmado. Sólo en este tercer caso se puede ver en todas las dependencias conectadas y es imposible modificarlo.)


Mientras en la Legislatura bonaerense las disidencias políticas impiden tratar alguno de los proyectos de creación de policías comunales, Granados avanzaba con su implantación de facto, como corresponde a un hombre rudo. Así, anunció que los intendentes deberán diseñar sus propios planes de seguridad y asumir un papel más activo en la lucha contra el delito. “El jefe de policía del distrito es el intendente, el que tiene que marcar el rumbo, el que debe decir dónde ponemos el patrullero y dónde ponemos la Gendarmería”, llegó a decir. Cada gestión intentó innovar en la confección del mapa del delito. Carlos Arslanian lo encomendó a las direcciones departamentales de la policía. Carlos Stornelli, a la Dirección de “Evaluación de Información para la Prevención del Delito”, un reducto de la guerra fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sistematiza la información centralizada por el Centro de Operaciones Policiales. Con Casal se realizó un chequeo minucioso delito por delito en la departamental Mar del Plata, y se detectó una discordancia sideral. La misma falta de confiabilidad tiene el mapa que confecciona esa Dirección y del que Casal ordenó no informar al Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Granados también dijo que los efectivos de Gendarmería se quedarán para siempre en el conurbano, mientras otras fuentes del gobierno afirman que sólo será hasta fin de año, cuando egresen la misma cantidad de nuevos oficiales de las escuelas de policía. Mejor así. La Gendarmería está capacitada para enfrentar ciertos delitos vinculados con la frontera, como contrabando, trata de personas o tráfico de drogas. Su permanencia en el conurbano es tan inapropiada como el patrullaje de playas en verano por agentes penitenciarios entrenados para el manejo de detenidos. Otro anuncio de Granados fue el incremento del personal a 100.000 efectivos, que “tengan en orden sus chalecos, patrulleros y armas”. De los 55.000 efectivos actuales, sólo 18.000 pertenecen al escalafón de comando y cumplen tareas en la calle. Dadas las condiciones de trabajo pre-industriales vigentes, ante la convocatoria de la Policía Metropolitana, donde cobran al ingreso 15.000 pesos, se presentaron 4.500 bonaerenses. La Metropolitana eligió cerca de un millar, de entre los legajos más limpios. Es obvio así que los prometidos 100.000 efectivos no son soportables por el presupuesto provincial.



jueves, 12 de septiembre de 2013

PUTIN LE PONE LOS PUNTOS A OBAMA





El presidente ruso Vladimir Putin, en un gesto de alta política, dirigió un mensaje directo al pueblo estadounidense por medio del diario The New York Times en el que manifestó que "los recientes eventos ocurridos en Siria me llevaron a hablar directamente con el pueblo norteamericano y sus líderes políticos..."








MOSCOW — RECENT events surrounding Syria have prompted me to speak directly to the American people and their political leaders. It is important to do so at a time of insufficient communication between our societies.

    MOSCÚ - Los recientes acontecimientos que rodean Siria han llevado a que hable directamente con el pueblo estadounidense y sus líderes políticos. Es importante hacerlo en un momento de comunicación insuficiente entre nuestras sociedades.

Relations between us have passed through different stages. We stood against each other during the cold war. But we were also allies once, and defeated the Nazis together. The universal international organization — the United Nations — was then established to prevent such devastation from ever happening again.

    Las relaciones entre nosotros han pasado por diferentes etapas. Nos pusimos de pie unos contra otros durante la guerra fría. Pero también fuimos aliados una vez, y derrotamos a los nazis juntos. La organización internacional universal -las Naciones Unidas- se estableció entonces para evitar que la devastación vuelva a suceder.

The United Nations’ founders understood that decisions affecting war and peace should happen only by consensus, and with America’s consent the veto by Security Council permanent members was enshrined in the United Nations Charter. The profound wisdom of this has underpinned the stability of international relations for decades.

    Los fundadores de las Naciones Unidas entendieron que las decisiones que afectan a la guerra y la paz deben suceder solamente por consenso, y con el consentimiento de los Estados Unidos, el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad fue consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. La profunda sabiduría de éste se ha basado en la estabilidad de las relaciones internacionales desde hace décadas.

No one wants the United Nations to suffer the fate of the League of Nations, which collapsed because it lacked real leverage. This is possible if influential countries bypass the United Nations and take military action without Security Council authorization.

    Nadie quiere que las Naciones Unidas sufra la suerte de la Liga de las Naciones, que se derrumbó porque carecía de influencia real. Esto es posible si los países influyentes eluden las Naciones Unidas y toman una acción militar sin autorización del Consejo de Seguridad.

The potential strike by the United States against Syria, despite strong opposition from many countries and major political and religious leaders, including the pope, will result in more innocent victims and escalation, potentially spreading the conflict far beyond Syria’s borders. A strike would increase violence and unleash a new wave of terrorism. It could undermine multilateral efforts to resolve the Iranian nuclear problem and the Israeli-Palestinian conflict and further destabilize the Middle East and North Africa. It could throw the entire system of international law and order out of balance.

    La posible acción de guerra de los Estados Unidos contra Siria, a pesar de la fuerte oposición de muchos países y los principales líderes políticos y religiosos, incluyendo el Papa, dará lugar a más víctimas inocentes y el potencial crecimiento del conflicto, lo que podría extender la guerra más allá de las fronteras de Siria. Aumentaría la violencia y desencadenaría una nueva ola de terrorismo. Se podría socavar los esfuerzos multilaterales para resolver el problema nuclear de Irán y el conflicto palestino-israelí y desestabilizar aún más el Oriente Medio y el Norte de África. Podría tirar todo el sistema del derecho internacional y el orden fuera de balance.

Syria is not witnessing a battle for democracy, but an armed conflict between government and opposition in a multireligious country. There are few champions of democracy in Syria. But there are more than enough Qaeda fighters and extremists of all stripes battling the government. The United States State Department has designated Al Nusra Front and the Islamic State of Iraq and the Levant, fighting with the opposition, as terrorist organizations. This internal conflict, fueled by foreign weapons supplied to the opposition, is one of the bloodiest in the world.

    Siria no está siendo testigo de una batalla por la democracia, sino un conflicto armado entre el gobierno y la oposición en un país multirreligioso. Hay pocos defensores de la democracia en Siria. Pero hay más que suficientes combatientes de Al Qaeda y los extremistas suficientes de todas las tendencias que luchan por el gobierno. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a Al Frente Nusra y el Estado Islámico de Irak y el Levante, la lucha con la oposición, como organizaciones terroristas. Este conflicto interno, alimentado por las armas extranjeras suministradas a la oposición, es uno de los más sangrientos del mundo.

Mercenaries from Arab countries fighting there, and hundreds of militants from Western countries and even Russia, are an issue of our deep concern. Might they not return to our countries with experience acquired in Syria? After all, after fighting in Libya, extremists moved on to Mali. This threatens us all.

    Hay mercenarios de los países árabes que luchan allí, y cientos de militantes de los países occidentales e incluso de Rusia, son un problema que cuasa nuestra profunda preocupación. ¿No podrían volver a nuestros países con experiencia adquirida en Siria? Después de todo, después de los combates en Libia, los extremistas se trasladaron a Mali. Esto nos amenaza a todos.

From the outset, Russia has advocated peaceful dialogue enabling Syrians to develop a compromise plan for their own future. We are not protecting the Syrian government, but international law. We need to use the United Nations Security Council and believe that preserving law and order in today’s complex and turbulent world is one of the few ways to keep international relations from sliding into chaos. The law is still the law, and we must follow it whether we like it or not. Under current international law, force is permitted only in self-defense or by the decision of the Security Council. Anything else is unacceptable under the United Nations Charter and would constitute an act of aggression.

    Desde el comienzo, Rusia ha abogado por el diálogo pacífico que permita a los sirios desarrollar un plan de compromiso para su propio futuro. No estamos protegiendo al gobierno sirio, sino el derecho internacional. Tenemos que utilizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y creo que la preservación de la ley y el orden en el mundo complejo y turbulento de hoy es una de las pocas maneras de evitar que las relaciones internacionales se deslicen al caos. La ley sigue siendo la ley, y hay que seguirla, nos guste o no. Según el derecho internacional actual, la fuerza sólo se permite en defensa propia o por decisión del Consejo de Seguridad. Cualquier otra cosa es inaceptable en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y constituiría un acto de agresión.

No one doubts that poison gas was used in Syria. But there is every reason to believe it was used not by the Syrian Army, but by opposition forces, to provoke intervention by their powerful foreign patrons, who would be siding with the fundamentalists. Reports that militants are preparing another attack — this time against Israel — cannot be ignored.

    No cabe duda de que se usó gas venenoso en Siria. Pero hay muchas razones para creer que no fue utilizado por el ejército sirio, sino por las fuerzas de la oposición, para provocar la intervención de sus poderosos patrocinadores extranjeros, que estarían del lado de los fundamentalistas. Los informes de que los militantes están preparando otro ataque -esta vez contra Israel- no pueden ser ignorados.

It is alarming that military intervention in internal conflicts in foreign countries has become commonplace for the United States. Is it in America’s long-term interest? I doubt it. Millions around the world increasingly see America not as a model of democracy but as relying solely on brute force, cobbling coalitions together under the slogan “you’re either with us or against us.”

    Es alarmante que la intervención militar en los conflictos internos en el extranjero se ha convertido en algo común para los Estados Unidos. ¿Es en el interés a largo plazo de Estados Unidos? Lo dudo. Millones alrededor del mundo ven cada vez más a Estados Unidos no como un modelo de democracia, sino a quienes confian únicamente en la fuerza bruta, improvisando coaliciones bajo el lema de "o estás con nosotros o contra nosotros".

But force has proved ineffective and pointless. Afghanistan is reeling, and no one can say what will happen after international forces withdraw. Libya is divided into tribes and clans. In Iraq the civil war continues, with dozens killed each day. In the United States, many draw an analogy between Iraq and Syria, and ask why their government would want to repeat recent mistakes.

    Pero la fuerza ha demostrado ser ineficaz e inútil. Afganistán está sufriendo, y nadie puede decir qué va a pasar después de que las fuerzas internacionales se retiren. Libia está dividida en tribus y clanes. En Irak, la guerra civil continúa, con decenas de muertos cada día. En los Estados Unidos, muchos trazar una analogía entre Irak y Siria, y se preguntan por qué su gobierno quiere repetir los errores recientes.

No matter how targeted the strikes or how sophisticated the weapons, civilian casualties are inevitable, including the elderly and children, whom the strikes are meant to protect.

    No importa cómo se dirijan los ataques o la forma sofisticada de las armas, las víctimas civiles son inevitables, como los ancianos y los niños, aquellos que los ataques dicen tener el propósito de proteger.

The world reacts by asking: if you cannot count on international law, then you must find other ways to ensure your security. Thus a growing number of countries seek to acquire weapons of mass destruction. This is logical: if you have the bomb, no one will touch you. We are left with talk of the need to strengthen nonproliferation, when in reality this is being eroded.

    El mundo reacciona al preguntar: si no se puede contar con el derecho internacional, entonces se debe encontrar otras formas de garantizar su seguridad. Así, un número creciente de países tratan de adquirir armas de destrucción masiva. Esto es lógico: si tienes la bomba, nadie va a tocarte. Nos queda hablar de la necesidad de fortalecer la no proliferación, cuando en realidad esto se está erosionando.

We must stop using the language of force and return to the path of civilized diplomatic and political settlement.

    Tenemos que dejar de utilizar el lenguaje de la fuerza y volver a la senda de la civilización, el acuerdo diplomático y político.

A new opportunity to avoid military action has emerged in the past few days. The United States, Russia and all members of the international community must take advantage of the Syrian government’s willingness to place its chemical arsenal under international control for subsequent destruction. Judging by the statements of President Obama, the United States sees this as an alternative to military action.

    Una nueva oportunidad para evitar la acción militar ha aparecido en los últimos días. Los Estados Unidos, Rusia y todos los miembros de la comunidad internacional debe aprovechar la disposición del gobierno sirio para colocar su arsenal químico bajo control internacional para su posterior destrucción. A juzgar por las declaraciones del presidente Obama, Estados Unidos ve esto como una alternativa a la acción militar

I welcome the president’s interest in continuing the dialogue with Russia on Syria. We must work together to keep this hope alive, as we agreed to at the Group of 8 meeting in Lough Erne in Northern Ireland in June, and steer the discussion back toward negotiations.

    Acojo con satisfacción el interés del presidente en continuar el diálogo con Rusia sobre Siria. Tenemos que trabajar juntos para mantener viva esta esperanza, como acordamos en el Grupo de los 8, en la reunión en Lough Erne en Irlanda del Norte en junio, y dirigir la discusión hacia las negociaciones.

If we can avoid force against Syria, this will improve the atmosphere in international affairs and strengthen mutual trust. It will be our shared success and open the door to cooperation on other critical issues.

    Si podemos evitar la fuerza contra Siria, esto mejorará el ambiente en los asuntos internacionales y fortalecerá la confianza mutua. Para nosotros será un éxito compartido y abre la puerta a la cooperación en otras cuestiones fundamentales.

My working and personal relationship with President Obama is marked by growing trust. I appreciate this. I carefully studied his address to the nation on Tuesday. And I would rather disagree with a case he made on American exceptionalism, stating that the United States’ policy is “what makes America different. It’s what makes us exceptional.” It is extremely dangerous to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation. There are big countries and small countries, rich and poor, those with long democratic traditions and those still finding their way to democracy. Their policies differ, too. We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.

    Mi relación laboral y personal con el presidente Obama está marcada por una creciente confianza. Aprecio esta situación. Estudié cuidadosamente su discurso a la nación el martes. Y yo prefiero estar en desacuerdo con un caso que hizo el excepcionalismo estadounidense, afirmando que la política de Estados Unidos es "lo que hace que Estados Unidos sea diferente. Es lo que nos hace excepcionales". Es extremadamente peligroso animar a la gente a verse como algo excepcional, sea cual sea la motivación. Hay países grandes y países pequeños, ricos y pobres, los que tienen una larga tradición democrática y aquellos todavía encontrando su camino a la democracia. Sus políticas son diferentes, también. Todos somos diferentes, pero cuando pedimos las bendiciones del Señor, no debemos olvidar que Dios nos creó iguales.


Vladimir V. Putin
president of Russia.
A Plea for Caution From Russia
What Putin Has to Say to Americans About Syria
By VLADIMIR V. PUTIN
Published: September 11, 2013 1889 Comments







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