martes, 25 de junio de 2013

EL SEÑOR LORENZETTI









RICARDO LORENZETTI PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, OFRECIÓ COIMAS E HIZO SECUESTRAR Y CENSURAR UNA EDICIÓN COMPLETA DE 2.000 EJEMPLARES DE UN LIBRO QUE LO COMPROMETE EN EL AÑO 2010, ESOS LIBROS PERMANECEN HASTA LA ACTUALIDAD EN LA ASOCIACIÓN MEDICA DE RAFAELA SANTA FE.








domingo, 23 de junio de 2013

TIEMBLA EL STATU QUO






“La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo”, es la conclusión a la que llegó el jurista Alejandro Slokar sobre la declaración de inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura. El juez de la Cámara de Casación y miembro de “Justicia legítima” afirmó que la posibilidad de modificar el Consejo y de elegir con el voto popular a sus integrantes “es un debate clausurado” por la reciente decisión del máximo tribunal, que sólo podría revertirse con una reforma de la Constitución. Sin embargo, enfatiza que “la ruptura adentro del Poder Judicial está planteada, y aunque no será inmediata es una transformación, casi un choque cultural, que no se detiene más”.



–¿Cuál es el destino de la reforma del Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema?

–Acá está en juego la relación del Poder Judicial con la sociedad y con el poder político. La sociedad lo ve como un poder no igualitario, autoritario, con privilegios, como estar eximido del pago del Impuesto a las Ganancias, y poco abierto a escuchar. En ese contexto, el fallo no contribuye a achicar ese aislamiento, va en contra de una democracia expansiva, y revela una vocación contrademocrática. Al interior del Poder Judicial pone en evidencia la fractura que existe, no sólo dentro de la propia Corte, sino también dentro de ese propio poder. Y pone en evidencia la pérdida del liderazgo de la Corte para las transformaciones en el orden interno. La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo, pero también marca un quiebre. No quiero hablar de fin de ciclo, pero sí de otro punto de análisis de la apreciación que se tenía desde afuera respecto de la capacidad de la Corte de liderar esas transformaciones. Lo que llama a la reflexión es que durante todo el proceso legislativo hubo un diálogo interpoderes, y la Corte sólo reaccionó para recuperar los fondos y administración de esos fondos, pero nunca puso en consideración la posibilidad de algún ajuste que diera lugar a un cambio de lo que se modifica en las leyes, por ejemplo, respecto de la conformación de la Magistratura. No hay gestos, no hay apertura en favor a alguna transformación. Lo único que les preocupó fue el control de la caja.

–¿Era una ocasión para que el Poder Judicial aportara su impronta al cambio?

–En un diálogo interinstitucional de poderes, en una relación seria, era el momento para ofrecer una opción superadora, si acaso esto era decididamente inconstitucional. No lo hicieron, lo único que hicieron fue recuperar la caja. El fallo no evaluó la implicancia institucional de lo que estaba en juego, o si se evaluó, optaron por mantener este estado de cosas donde nada cambia, todo se consolida y parece que la Justicia funcionara fantásticamente.

–Entonces, ¿el debate sobre el Consejo quedó clausurado?

–El debate quedó clausurado con la decisión de la Corte, al menos desde el punto de vista interno tal como había sido pensada la reforma. El Judicial pudo haber ofrecido alternativas posibles y no lo hizo. Hay reformas que están vigentes que lamentablemente no se materializan, no entiendo por qué no se hizo efectivo hasta ahora el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, falta la reglamentación de la Corte a una ley vigente. Las designaciones siguen siendo a dedo y sin concurso. Otros aspectos tienen que ver con la transparencia en las declaraciones juradas patrimoniales, y aún en eso hay demoras. Fíjese lo que revelan las formas y los modos: esto se resolvió en tiempo record. No hubo audiencias públicas como se implementan en otras causas, no hubo apertura en favor de la incorporación de los amicus curiae, frente a un tema trascendente porque está en juego la condición democrática de un Poder Judicial, que es el derecho a sufragio. En Brasil se transmiten las deliberaciones del Tribunal por un canal de televisión, debaten de cara al público. Si no querés la reforma del sufragio, al menos consolidá hacia adentro algunas formas democráticas que impliquen una modificación del estado de cosas.

–Si el debate está cerrado, ¿por qué la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama a dar la gran batalla por la reforma judicial?

–En los otros aspectos sólo puede haber un retroceso en un caso concreto de algún expediente que alguien plantee en Casación, que la creación de una nueva instancia produce una afectación al derecho a un juicio en los plazos razonables. Y que la Corte termine transformando eso en un caso. Lo mismo respecto de las cautelares, donde tenés que tener un caso para que se expidan si es inconstitucional o no. Pero en relación con la modificación del Consejo y con el sufragio universal de los integrantes ya está zanjado, lo único que cabe es cambiar la Constitución.

–¿No se estará refiriendo a eso la Presidenta?

–No lo creo, porque en su discurso aclaró que lo que enviaba era constitucionalmente posible, sin necesidad de modificar la Constitución. El valor de la disidencia en este fallo es que se trató de un constituyente que fue parte de la redacción del artículo 114, que creó el Consejo. Siete jueces le dicen a él que el planteo es inconstitucional. Algo hace ruido ahí. Rescato el valor de la disidencia porque dice “a mí no me gusta pero no puedo decir que todo lo que no me gusta sea inconstitucional”. La mayoría le dice que sí, él con razón replica que no, que como redactor del 114 sabe lo que representa y el debate que lo precedió. El otro punto de vista tiene que ver con el problema propio de la declaración de inconstitucionalidad, que es un recurso extremo, sólo se da cuando es evidente la colisión con la Constitución, por eso Zaffaroni salió a decir “tengamos cuidado”. Me parece que banalizar la declaración de inconstitucionalidad es un problema, porque por más que los ministros digan que tienen las facultades para hacerlo, la banalizan cuando la aplican a un caso como éste, que comprometen al propio cuerpo. Para fundar su facultad invocaron el antecedente de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y nadie puede trazar un parangón entre eso y esta ley, porque hacerlo implica bastardear toda la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. En el plano local eso está clausurado, el reclamo internacional no tiene sentido para producir consecuencias en lo inmediato. No queda otro camino que desafiar todo esto con una reforma constitucional, que dependerá de coyunturas electorales con resultados que deben superar el 60 por ciento, con el tema del tercer senador. Es una cuenta que debe hacer un político.

–Así las cosas, la fiscalización de la elección de los miembros del Consejo seguirá en manos de la Asociación de Magistrados.

–Sí, pero se ha producido un cisma, hay un antes y un después que ya se venía insinuando. Hay sectores que seguirán conservando su poder, la elección se va a plantear dentro del diseño actual, que habilita que sólo la Asociación de Magistrados tiene la facultad y el poder de fiscalización. Es un reglamento que dictó el Consejo. Se debería modificar por otro reglamento, pero como eso es poco probable, quizá haya algún amparo que lo propicie. Quedan puntos de tensión, hay una disposición final en la ley del Consejo que dice que la Corte y la jefatura de Gabinete tienen que reglamentar la ley respecto del manejo presupuestario. Esta co-reglamentación es un escenario complicado a la hora de sentarse en un diálogo interpoder.

–¿Es acertada la estrategia de la Presidenta de confrontar tan abiertamente con la Corte?

–Sí, definitivamente. Porque se da un escenario como el de la Resolución 125 (de las retenciones agropecuarias) donde la tensión entre el poder político y corporación es evidente y esto va a llevar a redoblar la apuesta. Adentro del Poder Judicial está planteada una ruptura evidente, la transformación no será inmediata, pero no se detiene jamás. Es casi un choque cultural en términos de entender el derecho, del control de constitucionalidad, de la relación con la sociedad.

–¿La familia judicial entró en crisis, dejó de ser intocable?

–Claro, y eso cambió por la presión del afuera, si no la tuvieras enfrente a Estela de Carlotto, a Susana Trimarco, a Pablo Ferreyra la situación sería distinta, más allá del diseño y la estrategia política del Poder Ejecutivo. Desde el adentro esto no tiene retorno. Hay un punto en que más allá de las relaciones puntuales que se dieron ahora, a la larga el escenario es de reforma. Lo otro es aceptar definitivamente que el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular del Consejo de la Magistratura es óptimo, lo cual es moralmente inaceptable.

–En este contexto, ¿cómo evalúa las amenazas que el ministro Juan Carlos Maqueda denunció haber recibido por parte de La Cámpora?

–No sé qué entidad tuvo el episodio, si fue un grupo de personas o si se trata de un transeúnte que envuelto en una camiseta de La Cámpora le inquirió acerca de lo que iba a votar. Desde la función publica uno tiene que tener la capacidad de soportar hasta ese tipo de presiones. La situación que vivió (Axel) Kicillof en Buquebús, nadie la comparó, pero lo que para un sector fue un escándalo, para el otro era válido. Es condición del funcionario resistir a ese tipo de presiones. Además, estamos muy lejos del escenario que dejó la crisis del 2001, cuando los caceroleros se desplazaban hasta la casa de (Antonio) Boggiano y a la de (Julio) Nazareno, reclamándoles la renuncia. La pancarta decía “menú justicia, hoy suprema a la cacerola”. Tampoco creo que, como algunos suponen, el fallo de la Corte vaya a dar lugar a una caza de brujas hacia adentro respecto de quienes piensan diferente de lo que votó la mayoría. Esto es así porque el Poder Judicial hoy es algo heterogéneo, con infinidad de variantes y actores, y hay que respetar el margen de diferencias internas. El fallo no clausura el debate interno en el Poder Judicial.

–¿En cuánto cambia la modificación del número de miembros del Consejo la eficiencia o independencia del organismo?

–La historia del cuerpo demuestra que no cambió nada, que el número de integrantes no garantiza nada, que las mayorías se conforman según las circunstancias. Pero no siempre responden al Poder Ejecutivo, hoy el Consejo está bloqueado por la corporación judicial. Y así no puede funcionar, los sectores corporativos se suman a la oposición. Lo que define la tendencia es la política de alianzas y los entramados que se conforman.

–¿Y acaso el sistema electoral hubiera garantizado que el votante eligiera a conciencia a su representante en el Consejo?

–Eso es otra cuestión. Acá lo valioso es el protagonismo y la participación ciudadana en todos los estamentos de gobierno. La Constitución dejó abierta la posibilidad del voto popular para la elección de los diferentes estamentos del Consejo. La Corte pudo haber evitado la confrontación con la corporación, pero habilitar al menos el sufragio para los cargos de científicos y académicos, pero tampoco abrió esa puerta. Hubo la vocación de estrellarse, de confrontar. Lo que sí es cierto es que el tema no mueve la aguja del interés electoral. No hubo un trabajo previo en la sociedad para la búsqueda de consenso como se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esto sigue, el debate político no se clausura con esta sentencia porque la fractura está planteada.






miércoles, 19 de junio de 2013

TRIBULACIONES DEL 114









«El pueblo pierde ante la justicia, como ante el poder»


He tomado el título de un ensayo de Dominique Lecourt ("La Crisis del Estado Capitalista"; Recopilación de Nikos Poulantzas; ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1982), donde el autor afirma que "…desde el mítico proceso de Edipo hasta nuestros días, el pueblo siempre ha perdido en sus enfrentamientos ante la justicia como ante el poder…"



El fallo (de mayoría) de la Corte Suprema de Justicia ha hecho prevalecer los intereses de las corporaciones –particularmente la de los jueces–, por sobre la soberanía popular (art. 33, C.N.), sustento de todo derecho, explícito e implícito. Recordemos que la Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno (art. 1, C.N.), por lo que todo poder emana del pueblo y si ese pueblo no puede gobernar por sí sino a través de sus representantes, por qué privarle de la posibilidad de elegir sus representantes en un órgano esencialmente político, como es el Consejo de la Magistratura, que no dicta pronunciamientos sobre causa alguna, toda vez que no integra el Poder Judicial.

Paradojalmente, el voto de mayoría de la Corte Suprema, ve en el voto popular una extralimitación del Poder Legislativo que convoca a que ejerza el poder supremo de erigirse contra una ley de la Nación, disponiendo esa Corte Suprema que todo siga como está; esto es, estancado por diferencias políticas y sin cumplir cometido alguno que se corresponda con las incumbencias constitucionales que le asigna la Ley de Leyes al Consejo de la Magistratura (art. 114, C.N.).

Peor aún, el voto de mayoría de la Corte Suprema se erige en intérprete de los debates de la Convención Constituyente (año 1994), haciendo caso omiso de la clara delegación que el art. 114 de la C.N. establece para que la ley del Congreso determine la forma de la representación de los estamentos y su integración equilibrada.

El voto en disidencia del Dr. Raúl Zaffaroni, que participó activamente del debate en Comisión del proyecto de creación del Consejo de la Magistratura, deja señalado que la delegación efectuada por la Constitución a favor de la futura ley del Poder Legislativo, impide considerar inconstitucional que esa representación se ejerza por el voto popular, y hace propias las consideraciones del Dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se pronunció a favor del voto popular de las respectivas representaciones.

El fallo deja señalado que el camino para establecer la representación popular pasa por una Reforma Constitucional, haciendo ver –lo que es así–, que no hay mecanismo institucional de revisión de su decisorio.

Por ello, el pueblo de la Nación Argentina, en la futura convocatoria electoral de agosto y octubre de 2013, para renovar mandatos de senadores y diputados, deberá pensar en dotar al Congreso de la Nación de las mayorías necesarias para posibilitar una Reforma Constitucional que no sólo revise el deficiente funcionamiento de la administración de justicia, sino que dicte una Constitución que sea marco y soporte normativo/institucional de las transformaciones que viven los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y que se sintetizan en el enunciado ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, con independencia económica.






sábado, 8 de junio de 2013

EN EL NOMBRE DE HITLER






El nombre de Hitler tiene una densidad que convierte en monigote al que lo banaliza. No se le puede decir Hitler o hitleriano a cualquiera. Y eso fue lo que le pasó a Federico Sturzenegger, un hombre con más chapa que la Villa 1.11.14. El fantasma del feroz genocida ya había rondado los editoriales del diario La Nación. Para el presidente del Banco Ciudad y funcionario de Mauricio Macri, la equivalencia entre Alemania nazi y la Argentina actual estaba dada por la participación de movimientos juveniles (“juventudes hitlerianas”) de la política, de grupos religiosos y de los movimientos sociales en el control del acuerdo de precios que hizo el Gobierno. En realidad se refería a La Cámpora que, junto con Carta Abierta, se han convertido en los blancos preferidos de la oposición. Para La Nación, la referencia al Tercer Reich apuntaba a las actitudes “autoritarias del Gobierno”, pero el editorial se hacía sentir en el contexto del debate por la reforma judicial.

De la misma manera la izquierda ha usado hasta el abuso el término fascista como proyectil ideológico. Aunque casi podría decirse que en ese caso el término fascista aparece por lo menos un escalón del horror más bajo que Hitler. La Alemania nazi, Adolf Hitler, representan el exterminio, el límite mismo del espanto. Más allá no hay nada. Esta figura espectral ejerce una seducción especial sobre la derecha. La derecha no usa el término “fascista”, usa a Hitler porque la tranquiliza. Hitler les permite sentir que no son tan de derecha.

Un gobierno de derecha, conservador o de centroderecha puede reprimir, provocar despidos, excluir a importantes sectores de la sociedad. Y no es lo mismo que los campos de concentración y las duchas de gases de la “solución final”. Un gobierno de ese signo puede bajar los salarios, anular las jubilaciones para los más humildes y hasta apropiarse del ahorro de las capas medias con corralitos o flexibilizar el trabajo, pero no es lo mismo que el trabajo esclavo que el nazismo proveía a sus empresarios. Por supuesto, un caso aparte han sido las dictaduras militares, que en la Argentina han desarrollado siempre políticas económicas neoliberales. Julio Scherer García, un prestigioso periodista mexicano, fue secuestrado cuando viajó en los años ‘70 a Guatemala para investigar violaciones a los derechos humanos. Una gran campaña internacional logró que lo liberaran y contó que, en la sala de torturas, los militares guatemaltecos tenían una foto del dictador argentino Jorge Videla y otra de Hitler. La paradoja está en que el diario La Nación apoyó a Videla y nunca lo equiparó a Hitler como sí lo hizo ahora con este gobierno. El paradigma del horror en Argentina fue Videla, como lo es Hitler para el mundo y el mismo diario que apoyó a Videla equipara a este gobierno con Hitler.

“Lo único que yo dije –explicó Sturzenegger– fue que Hitler mandó a las juventudes hitlerianas a controlar los precios y que este gobierno hace lo mismo.” El hombre del MIT, el director de la escuela de negocios de la Di Tella, el supuesto economista brillante del neoliberalismo queda reducido así a sus prejuicios, los que nunca son inteligentes por más chapa intelectual que lleven sus portadores.

Más allá de los controles de precios, existen paralelismos que no son prejuiciosos y que ponen al neoliberalismo más cerca del nazismo que este gobierno. Porque la teoría del nacionalsocialismo se basó en la supremacía racial, los arios son los superiores según dijo Hitler, porque son los más fuertes, lo cual incluye fuerza física e inteligencia. La esencia de ese pensamiento casi darwiniano es la supremacía del más fuerte.

Esa “proximidad” teórica con el nacionalsocialismo estaría en que esa doctrina económica también plantea la supremacía del más fuerte. El neoliberalismo respeta la lógica de un mercado donde el que tiene más capital juega con ventaja sobre los demás y termina doblegándolos y subsumiéndolos. Una teoría que tiende a que los fuertes desde el punto de vista económico, lo sean cada vez más, y los más chicos tiendan a sucumbir o a ser engullidos. Una teoría que cuando se aplicó, destruyó a la clase media y condenó a la miseria a millones de personas a ser excluidas de la posibilidad de trabajar y de cualquier otro beneficio social.

Sturzenegger fue secretario de Políticas Económicas primero con Ricardo López Murphy y luego con Domingo Cavallo como ministros de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Acusarlo de nazi, ni siquiera usando el mismo eufemismo que La Nación: “salvando las enormes distancias”, sería caer en la misma banalidad política que cayó el titular del Banco Ciudad. De todos modos nunca estará de más recordar el tremendo daño que le causaron a tanta gente las políticas de las que Sturzenegger fue uno de los ejecutores.

El diario La Nación, que respaldó a la dictadura pero equipara a este gobierno con el Tercer Reich, lo hizo en el marco de su rechazo “republicano” a las leyes de la reforma judicial impulsadas por el Gobierno. Tiene que haber alguna trampa en esos sentidos que se cruzan. Los hermanos del nacionalsocialismo: el falangismo y el fascismo, son esencialmente corporativos. Y la esencia de la reforma judicial es anticorporativa. Tiende a abrir la participación ciudadana para romper el manejo cerrado de un poder de la República.

Para hacer efectivo un pedido de amparo ante una ley, la Justicia estima que lo debe presentar un damnificado. Prácticamente ninguno de las decenas de amparos presentados para impedir la elección popular de los consejeros de la Magistratura son ciudadanos comunes. Casi todos ellos son representantes de asociaciones de jueces y abogados. La contradicción está en que si realmente la que estuviera amenazada o resultara damnificada por esa ley fuera la “República”, cualquier ciudadano podría presentar el amparo. Sin embargo, la misma Justicia estaría considerando que las damnificadas en cuestión son las corporaciones de abogados y jueces. El mecanismo que están usando para rechazar esa norma termina por demostrar la necesidad de que esa ley se aplique para romper ese esquema corporativo.

Los pedidos de amparo se pueden describir de la siguiente manera: Son abogados y jueces que se presentan ante otros jueces para que los abogados y jueces elijan a los abogados y jueces que integrarán el Consejo de la Magistratura. Se confunde a este organismo con un sindicato de abogados y jueces. Por el contrario, la Magistratura no está para resolver los intereses de los abogados y jueces, ni tiene por qué representarlos. Sí tiene que haber abogados y jueces, pero para resolver los aspectos más políticos de los requerimientos de justicia de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto es la sociedad, a través del voto popular, la que tiene que elegir a los abogados y jueces que mejor representen sus intereses en esa función.

La idea de que los abogados y jueces que van a estar en el Consejo de la Magistratura tengan que ser elegidos exclusivamente por las asociaciones de abogados y jueces, confunde a la Magistratura con un sindicato. Es una idea corporativa. Se trata de dos corporaciones, los colegios de abogados y la asociación de magistrados que, bien o mal, representan a los intereses de quienes las integran. Pero al avanzar sobre la Magistratura usurpan una institución que debe representar al interés común. En ese traspaso de funciones se trata de hacer prevalecer los intereses de un sector por sobre el interés común. Eso es corporativo.

La derecha, sea Sturzenegger o el diario La Nación, tiene que ser más cuidadosa para hablar de Hitler, porque el nazismo proviene de la derecha y en sus raíces ideológicas surgen lazos y parentescos que no tienen los movimientos que buscan ampliar derechos tanto de las mayorías como de las minorías. El nazismo discrimina a las minorías y a los más débiles. Puede haber derechas democráticas que no discriminen por raza o religión, pero desde el punto de vista económico siempre están con el más fuerte. Que en este país se consolide una derecha democrática es un verdadero desafío porque en Argentina todas las dictaduras han sido de derecha y neoliberales.






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