martes, 10 de abril de 2018

EL CULEBRÓN DEL CORREO ARGENTINO




Mauricio Macri sigue limpiando el camino judicial para salir bien parado del Escándalo del CORREO ARGENTINO. Ahora logró el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, que interviene en la causa penal iniciada tras el intento de condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial y en la Macri que está imputado. La movida lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, alineado con las directrices del Gobierno, y se produce a los pocos días de que Zoni pidiera una serie de medidas para reimpulsar la investigación.

Zoni interviene en la causa penal que se inició tras conocerse el intento de Macri de CONDONAR más de 70.000 MILLONES de pesos a su familia. Ese día hubo varias denuncias penales en Comodoro Py, que fueron unificadas por el juez Lijo. El fiscal Zoni imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Mocoroa y los directivos de SIDECO, SOCMA y Correo Argentino. A las pocas semanas amplió la imputación a los que aún hoy actúan en la causa por la deuda de la familia presidencial con el Estado y que fueron señalados por la fiscala Gabriela Boquin, la funcionaria judicial que más impulsa las investigaciones sobre este caso, como parte funcional del vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Son la jueza Marta Cirulli y los síndicos del concurso de acreedores de Correo Argentino. Entre ellos, Julio César Rivera, propuesto por Macri para conjuez de la Corte Suprema y para encabezar la reforma al Código Civil y Comercial.




A mediados de marzo, el fiscal Zoni pidió una serie de medidas para intentar que avance la investigación. Lo hizo con pedido de secreto de sumario y aún espera la respuesta del juez Lijo. La intervención de Zoni siempre fue limitada por la sombra latente de este traslado que ahora se concreta y por los manejos del juez ARIEL LIJO, hábil titiritero de expedientes. El resultado: demoras y operaciones cruzadas entre el Gobierno y Lijo, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py. El diario La Nación llegó a publicar que Macri se reunió con el jefe de los espías Gustavo Arribas y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”.




La fiscal Gabriela Boquín denunció un “nuevo intento” del Correo Argentino “para evitar el pago de sus obligaciones, eludir las consecuencias del proceso, dilatar aún más el trámite concursal” –que recordó que lleva 17 años– y “obstaculizar una investigación que no sólo puede hacerse sino que debe efectuarse para respetar el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”. La empresa del grupo Macri busca desde hace meses apartar a la fiscal de una pesquisa sobre maniobras de vaciamiento en favor de Socma y Sideco, también de la familia presidencial, que se habrían producido mientras se cocinaba (e incluso después) el acuerdo con el Estado con el que apostaba a la condonación casi total de su deuda, y que quedó trunco precisamente por la intervención de Boquín. En una presentación del jueves último la fiscal acusó al Correo ante la Cámara Comercial de pretender “obstaculizar” su trabajo al cuestionar sus facultades para buscar pruebas de un posible fraude, desviando “el verdadero foco de atención, es decir, cuál fue la conducta desplegada” por la empresa “y sus controlantes y beneficiarios finales en perjuicio de los acreedores”.

Para entender cómo evolucionó en estos dos últimos años el escándalo del Correo –que en rigor lleva muchos más– hay que recordar que: En febrero de 2017, la fiscal Boquín denunció que a mediados del año anterior la empresa de los Macri había firmado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” con el Estado, al que le debe más de 4.000 millones de pesos, para pagarle un irrisorio uno por ciento y monedas de todo ese paquete con un cómodo plan de pagos hasta 2033.

Era todo tan grosero que el Gobierno tuvo que reconocerlo y dar marcha atrás. Hasta el día de hoy, sin embargo, entre planteos y pedidos de prórroga de la empresa y los representantes estatales, se fue dilatando todo de manera tal que no sólo la deuda sigue impaga sino que tampoco se avanzó en un nuevo acuerdo. En el ínterin, Boquín detectó intentos de vaciamiento en favor de Socma y Sideco Americana, las empresas controlantes del Correo, en los meses anteriores y posteriores al pacto en cuestión. Ella pidió esclarecer aquellos movimientos que podrían implicar conductas fraudulentas en el expediente concursal. Requirió los balances y libros contables de las tres empresas para entender su verdadero estado patrimonial.

El Correo comenzó a atacarla con el argumento de que no tiene facultades supuestamente para investigar ese tipo de cuestiones. La quiere sacar de juego a como dé lugar. Su denuncia, además, había tenido un correlato en los tribunales de Comodoro Py, donde se abrió una causa que en un comienzo apuntó al acuerdo y luego avanzó sobre el vaciamiento. El fiscal que impulsó la causa, Juan Pedro ZONI, y que imputó hasta al presidente Mauricio Macri, fue desplazado el viernes último de su cargo al frente de una fiscalía federal por una resolución del procurador interino, Eduardo Casal, en sintonía con el interés presidencial. Lo mandó a una fiscalía criminal y correccional.

Lo que la Cámara Comercial debe resolver ahora es si hace lugar a un recurso extraordinario del Correo Argentino para que sea la Corte quien opine sobre las potestades de Boquín para indagar en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en medio del concurso de acreedores. La Cámara ya respaldó a la fiscal con anterioridad, pero el Correo insiste en cuestionarla y prolongar la discusión ante la máxima instancia judicial. Si la Cámara hiciera lugar, quedará suspendida toda investigación sobre el vaciamiento hasta que los supremos decidan.


Se suponía que la firma tenía escasa o nula actividad, en incluso figuraba en el registro de sociedades inactivas, mientras negociaba su deuda con el Estado y otros acreedores y, sin embargo, registró movimientos de dinero de las cuentas afectadas al concurso hacia SOCMA y SIDECO. Según recuerda la fiscal en el escrito reciente ante la Cámara la empresa informó sobre “gastos en personal, alquiler y honorarios de directores no justificados ni documentados” para “justificar el retiro de fondos a los que se habría dado un destino incierto”. O, por ejemplo, también aparecieron operaciones llamativas como la compraventa de acciones de la firma Neficor entre Correo y Socma Americana por dos millones de dólares para un negocio automotriz, que no dio dividendos y que –además– tenía nula vinculación con una empresa postal. Lo más impactante es que los retiros de fondo que se concretaron a lo largo de 2016 por cerca de 10 millones de pesos, fueron autorizados por la jueza del concurso, Marta Cirulli, denunciada por Boquín, e investigada también por el fiscal Zoni.


La posición del Correo es que el impulso de la investigación sobre sus manejos presuntamente fraudulentos, sumado a que no se plasmó el acuerdo, le produce un perjuicio patrimonial irreparable. La postura de victimización, la asumió también en un conjunto de demandas donde pretende un resarcimiento por supuestas pérdidas provocadas por la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. El otro eje es que no le reconoce a la fiscal ninguna atribución para impulsar medidas de prueba sobre el vaciamiento que denunció y es un mero “órgano de consulta” y se supone que manda el juez o jueza. Si de este caso se trata, replicó Boquín, la jueza debió hacer cumplir los plazos de la ley y “ello claramente no fue respetado en estos actuados pues el proceso lleva ya cerca de 17 años” y “no debería durar más de dos”. “La concursada -agregó la fiscal-se benefició con una prolongación indebida y extraordinaria de los plazos procesales”. El Correo decía que ella al querer desentrañar el vaciamiento “ocasiona una complejidad al procedimiento sin justificación”.

“Esta fiscal no entorpece el procedimiento sino que la concursada (Correo) pretende obstaculizar la función de la fiscalía”, advirtió Boquín en su presentación. En el escrito, además, enumera todos los tramos de la Ley de Ministerio Público Fiscal que le permiten ofrecer pruebas e investigar posibles anomalías. Algunos párrafos son contundentes: “Con la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal no se pretende defender los intereses del Estado sino el orden público, el interés general y la legalidad (…) ¿Qué pretendía la concursada? Que luego de advertir serias irregularidades denunciadas no actuara y omitiera todo pedido de prueba? Ello es imposible, me lo impide mi responsabilidad funcional, el juramento que realicé en el momento que asumí (…) y mi compromiso con la ley y los intereses generales de la sociedad”. Su “responsabilidad para dilucidar los hechos” surge –según sostiene– de haber notado irregularidades que enumera: “abuso y fraude procesal, incumplimiento del as normas y de la cosa juzgada, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces”. El Correo “pretende que no se investiguen los hechos denunciados por esta Magistrada y apela las medidas de investigación dispuestas trayendo confusión acerca del rol institucional” de los fiscales y sus posibilidades de actuación en este caso.

La fiscal Boquín hace un repaso desde que se presentó el concurso el 19 de septiembre de 2001 hasta el día de hoy en que “todavía no fue homologado un acuerdo ni decretada la quiebra”. La quiebra arrastraría a las controlantes de la familia Macri: SOCMA y SIDECO.

En 2004, la Cámara ordenó abrir el “salvataje”, por lo que concluía el llamado “período de exclusividad” en que la empresa concursada oferta formas de pago de sus deudas. Pero Correo pidió prorrogar el período de “exclusividad”. Lo pidió en julio de 2005 y luego un año después otra vez. En 2007, y a contramano de lo que había dicho la Cámara, la jueza hizo lugar. Lo abrió por 60 días, pero fueron tres años. En 2010, hace lo que ya había ordenado el tribunal de alzada y propicia el salvataje y el Correo apeló. “Durante todo el trámite la representación del Estado consintió las irregularidades”, remarca la fiscal. Todo siguió igual hasta 2016 cuando el Estado aceptó la propuesta del Correo para deshacerse de su deuda casi sin pagar un peso.

Boquín recuerda que no solo el representante estatal, como acreedor, dio conformidad. Aparecieron 354 conformidades presentadas por 14 apoderados, muchos de los cuales eran a la vez directores de Correo Argentino.


Cuando Macri dijo que todo volvería a “foja cero”, lo hizo para transmitir que el acuerdo perjudicial para las arcas públicas sería revisado y la empresa familiar debería saldar su deuda de manera razonable después de tantos años de bicicleta. Pero parece que todo era más literal, porque el proceso está estancado, como si estuviera en cero. Hubo artilugios, como un pedido de prórroga del propio Estado a la espera supuesta de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que recién fue entregado ahora y cuyos tramos críticos quedaron excluidos. El resto es inocuo. Y ahora todo está enfocado a frenar los fiscales que tuvieron expresiones concretas sobre las abrumadoras irregularidades del caso. Zoni, en Comodoro Py, está en la cornisa pero va a cuestionar la decisión de desplazarlo y eso podría derivar en una causa en el fuero contencioso; Boquín intenta pelearla con un dictamen lapidario, que espera respuesta.

Irina Hauser







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