Roberto Atilio Falcone es marplatense de pura cepa. Estudió y se recibió de abogado en la Unmp y fue nombrado juez federal en 1994, “en pleno menemismo”, como le gusta remarcar. Es integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que investiga los crímenes cometidos por la CNU en esa ciudad. A diferencia de la pobre actuación del Juzgado Federal 3 de La Plata, que pese a la abundancia testimonial ha dictado solamente dos procesamientos de miembros de la CNU local, el tribunal marplatense ha avanzado decididamente en la causa, con una veintena de procesados –algunos cumpliendo prisión preventiva– por homicidios calificados y asociación ilícita.
–En el año 2009, usted afirmó que había poco progreso en los juicios por el terrorismo de Estado por falta de compromiso, o de compromiso ético de los jueces. ¿Cómo ve esa situación hoy, se ha avanzado, se ha retrocedido?
–Se ha avanzado mucho, pero por esfuerzos individuales. Sigue existiendo un freno, en algunos sectores del Poder Judicial de Mar del Plata, a la investigación de los crímenes de la CNU. Por una cuestión lógica: la Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a funcionar en octubre de 1974 y fue armada con cuadros de la CNU. Más aún, integraban la administración de Justicia personajes que habían estado detenidos por el asesinato de Silvia Filler en 1971. La Justicia Federal de Mar del Plata, por más compromiso progresista que pueda existir de parte de algunos jueces, no ha conseguido liberarse del todo de los sectores de extrema derecha.
–A partir de la investigación de Miradas sobre la CNU, hemos comprobado que en La Plata hay importantes demoras en la investigación y el eventual juzgamiento de estos crímenes. ¿A qué lo atribuye?
–Es mucho más fácil hoy investigar el terrorismo de Estado cometido luego del golpe, porque en un aparato organizado de poder, cuyo funcionamiento ha sido acreditado ya en la sentencia de la causa de los ex comandantes, hay una especie de responsabilidad de tipo funcional. Eso es mucho más sencillo que llevar a juicio a personajes que han venido escalando posiciones en la sociedad o que detentaron y detentan posiciones expectantes. Eso lo que ha generado es una mayor dificultad, porque no son personajes que se han quedado quietos. Articulan desde muchos sectores. Usted fíjese que los jueces que investigan a la derecha son los jueces más vilipendiados, los jueces más calumniados, donde hay campañas de todo tipo, porque estos imputados no se van a entregar fácilmente. Van a poner todo lo que haya que poner para poder eludir la persecución penal.
–Esa demora y esa morosidad de algunos jueces, ¿usted las ve más como una cuestión corporativa, un reflejo de temor o una complicidad ideológica con respecto a los hechos?
–En algún caso hay algún componente ideológico, y no necesariamente porque tengan vínculos con estos personajes, sino que las designaciones que se han hecho durante todos estos años no son, en su mayoría, designaciones que puedan acompañar el tipo de revisionismo judicial que se está haciendo en este momento. Y si bien el Consejo de la Magistratura ha apoyado estas investigaciones, a mi criterio no ha seguido de cerca las denuncias que han hecho las víctimas por las paralizaciones y por las contramarchas que se producen.
–Volviendo a la CNU, hay una gran diferencia en cuanto a la dinámica de investigación y procesamiento: en Mar del Plata hay una veintena de procesados y en La Plata hay dos…
–Sin duda. Es que en el año 2000, en el mes de septiembre, presentamos el Juicio por la Verdad. Pero nosotros no dispusimos la agenda. A nosotros nos hizo una demanda colectiva toda la sociedad de Mar del Plata: Universidad, Colegio de Abogados, gremios, ONG, organismos de Derechos Humanos, etc., etc., y empezamos el Juicio por la Verdad, y los testigos, los primeros testigos, venían a relatar los horrores sufridos durante la dictadura, pero también la persecución y los asesinatos de la CNU. Entonces, desde el primer día empezamos nuestras averiguaciones acerca de lo que había acontecido en el terrorismo de Estado, pero sin poner ese mojón en el 24 de marzo del ’76, porque para nosotros también todos los crímenes de la CNU son delitos de lesa humanidad y fueron cometidos al amparo del poder del Estado.
–Es una diferencia notoria, porque en La Plata, en el caso específico de la CNU, nunca hubo una presentación colectiva, y recién ahora un puñado de militantes y de abogados junto a familiares de las víctimas, están empezando a presentar querellas...
–Lo que ocurrió en Mar del Plata es que venían muchos testigos... familiares, esposas, hijos que nos contaban todo lo que habían sufrido. Cuando solicitamos los expedientes vimos que estaban anémicos de diligencias probatorias, que no se había hecho nada. Empezamos a colectar testimonios, documentos. Hemos secuestrado documentos que tienen 35 años, con un valor incriminatorio grave. Y luego, todos esos elementos de juicio, el tribunal no se los derivó al juez federal de Primera Instancia. El tribunal los clasificó, los relacionó con cada uno de los hechos delictivos, hizo una valoración provisional y mandó al juez federal de primera instancia una instrucción casi completa. Con lo cual el juez federal de primera instancia lo único que tuvo que hacer fue seguir el camino que se había iniciado. Hay que sentarse frente a las víctimas que hace 30 años están reclamando justicia y creen que usted los puede ayudar. Entonces, uno adquiere un compromiso, sin violar ninguna garantía, sin torcer ningún elemento de prueba, sin valorarlo arbitrariamente, pero uno asume un compromiso que muchos no han querido tomar. Esa es la diferencia.
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