El ex ejecutivo de la banca estadounidense JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autodenunció ante la justicia argentina como autor del delito de lavado de activos y evasión tributaria a favor de grandes grupos económicos, reclamó que la Corte Suprema investigue, como tribunal originario, una supuesta intromisión de la entidad financiera y la mismísima embajada estadounidense en una maniobra para "silenciarlo".
"Acá todo el mundo se confunde, únicamente se enfocaron en el lavado de dinero del Grupo Clarín y el problema de las AFJP, y se olvidaron –sugestivamente– de lo más importante, que es la responsabilidad penal del Banco JP Morgan Chase en las operatorias de lavado de dinero, evasión tributaria, violaciones a las normas del Banco Central de la República Argentina, entre muchas otras, relacionadas con la operatoria en sí de dicha institución bancaria y su necesidad de captar clientes en el país, para ayudarlos a sacar fuera del control estatal su dinero", disparó Arbizu en un escrito de apelación contra el cierre de la investigación por parte de la Cámara Federal, y la recusación contra todos los jueces por presunto "prejuzgamiento".
Arbizu, quien denunció ante la justicia la supuesta maniobra mediante la cual el Grupo Clarín se habría capitalizado con fondos de las AFJP en una operación financiera que perjudicó los intereses de los jubilados y pensionados, explicó que en 2008 fue detenido de manera ilegal en virtud de un pedido de las autoridades norteamericanas, canalizado de manera irregular a través de la embajada estadounidense, la cancillería argentina y la Justicia Federal. Las irregularidades, según el escrito presentado por el imputado –reclamado en extradición por la justicia estadounidense– se produjeron en una secuencia en la que "el Ministerio de Relaciones Exteriores dio curso a un pedido de detención preventiva pese a saber y reconocer la faltante de requisitos exigidos en la norma sustantiva... en cuanto al Tribunal, dio curso a la detención preventiva solicitada por las Autoridades de Estados Unidos también conociendo la faltante de requisitos exigidos en la ley".
Arbizu denunció que dos funcionarios del FBI amparados por la Embajada de Estados Unidos se entrometieron en una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos económicos a través del JP Morgan. El 23 de junio de 2008 los agregados jurídicos de la embajada estadounidense William D. Godoy y Frank Oliva, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Federal Bureau of Investigation (FBI), se presentaron ante el juez federal Sergio Torres para informar que existía una orden de detención contra el ex funcionario de la organización financiera. Pero según el escrito presentado ahora, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, la documentación presentada –más allá de la poco usual forma de hacerlo– sería "ideológicamente falsa".
El "arrepentido" Arbizu explicó: "Nadie ha visto ni ha querido señalar que el juez que emitió esa supuesta orden de captura, indicada por los agregados diplomáticos de la Embajada y los abogados del Banco, no es el mismo ni siquiera se asemeja en su apellido y nombre, ni siquiera se trata del mismo expediente judicial, por el cual la embajada de Estados Unidos solicitó mi detención preventiva. Son dos casos aparentemente totalmente distintos. Cuando se dispuso en el marco del proceso de extradición que ese país requirente debía informar sobre la diferencia de ambas causas, es la Embajada de Estados Unidos la que se niega a informar ello, alegando que el pedido de extradición estaba correctamente efectuado y que no es obligación de dicho Estado incorporar nuevos elementos".
A través del estudio Argibay Molina, que lo defiende, Arbizu insistió ante la Cámara de Casación con la nulidad del proceso, la intervención directa de la Corte Suprema (a raíz de la presencia de diplomáticos norteamericanos a quienes imputa delitos) y la recusación contra los camaristas federales que intervinieron hasta ahora. "La intervención de la embajada en este expediente en forma directa no tenía como objetivo colaborar con la justicia argentina, sino impedir, al igual que los representantes del Banco JP Morgan Chase, que yo expresara al mundo la inminente caída del sistema bancario en 2008 y el posterior ataque contra el euro por parte del Sistema Bancario de Estados Unidos y algunos funcionarios de EE UU complacientes con el Banco JP Morgan Chase”, resume el escrito.
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