sábado, 10 de marzo de 2018

EL BESO PROHIBIDO




Rocío Girat y su esposa Mariana Gómez

El viernes 9-3, pocas horas después de la movilización y paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans del 8M, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional –integrada por los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida el 2 de octubre pasado en el Centro de Trasbordo del Subte C en Plaza Constitución.

Aquel día, Mariana y su esposa, Rocío Girat, se resguardaron de la lluvia bajo el techo vidriado del Centro de Trasbordo y permanecieron conversando, besándose y fumando. Muchas otras personas fumaban en ese sector. Varios minutos después, el empleado de Metrovías José María Pérez y el policía de la Ciudad Jonatan Rojo le exigieron a Mariana que apagara el cigarrillo. Según declaró Mariana Gómez, el policía la llamó despectivamente “pibe” más de una vez y cuando ella aceptó apagar el cigarrillo, la obligó a permanecer en el lugar mientras le ordenaba: “Pibe, vas a ser detenido”. Los cargos que se le imputan son “resistencia a la autoridad y lesiones graves” por no acatar el arresto y por la pérdida de cabello que sufrió la policía femenina Karen Villareal, quien participó en la detención.

Durante el arresto, Mariana Gómez intentó escapar y defenderse de la violencia física de los oficiales. El policía Jonatan Rojo declaró en el expediente que “le pedí a la señora Gómez que no podía retirarse, ella me contesta que éramos masculinos y no podíamos tocarla y ahí me enfrenta y me da un golpe con su pecho”. Por el contrario, Mariana Gómez señaló que fue el policía quien intentó retenerla tocándole un pecho. Acerca de la pérdida de un mechón de cabello que sufrió la oficial, la defensa sostiene que se produjo cuando el policía Rojo arrojó al piso a la detenida, que intentó sostenerse del primer elemento que encontró a mano, para no caer.

Una vez reducida por los policías, Mariana Gómez fue trasladada a la División Subterráneos de la Policía de la Ciudad, ubicada en la estación Boedo de la línea E. Dentro de un calabozo la obligaron a desnudarse y tres oficiales femeninas la requisaron. Le ordenaron ponerse en cuclillas y exhibirles sus cavidades corporales. Permaneció detenida durante 8 horas.

Pocos días después de este episodio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó –en el programa de Mirtha Legrand– su apoyo a la policía en este procedimiento, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación respondió con un nuevo Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI.

Según denuncia la comunidad LGBTI, este nuevo protocolo avanza contra derechos y libertades civiles. El protocolo prohíbe “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves”. Graves son los que dejan secuelas permanentes. De manera tal que los dolores y sufrimientos que no causan ese tipo de secuelas ahora están permitidos durante la detención. Esos sufrimientos son los que llevan a las personas detenidas a ejercer resistencia al arresto y así se configura fácilmente la figura penal.

Con el fallo dictado ayer, la Sala 6 confirmó el procesamiento dictado el 29 de diciembre por la jueza María Fontbona de Pombo. La defensa de Mariana Gómez, a cargo del abogado Lisandro Teszkiewicz, fue notificada del fallo recién el 1º de febrero. La orden de la jueza era notificar después de la feria judicial. “No tuvimos ese mes para analizar la apelación”, declaró en esa oportunidad Teszkiewicz a Página 12. Ahora será nuevamente la jueza Fontbona de Pombo la encargada de dictar sentencia.

El martes 27-2, tuvo lugar la audiencia de apelación ante la Sala 6. Por la Sala habló solamente el juez Lucini. Los magistrados escucharon los argumentos de la defensa, pero se negaron a aceptar el alegato de la abogada Luciana Sánchez sobre los estereotipos de género que usó en su fallo la jueza Fontbona de Pombo. Sánchez se presentó como amicus curiae por la organización Colectivo para la Diversidad (COPADI). Tampoco escuchó al defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella.

Pero lo que causó estupor entre el público asistente a la audiencia –mayoría absoluta de integrantes de agrupaciones feministas y de lesbianas– es que los jueces no permitieron hablar a Mariana Gómez. “En estas audiencias nunca se escucha a los imputados”, dijo el juez Lucini.

A la salida de la audiencia, Mariana Gómez se abrazó a su hermano y luego declaró al suplemento Soy de Página 12: “No me permitieron hablar en la sala. Entonces voy a compartir con ustedes lo que iba a expresar ante el tribunal. Quería decirles que comparen mi procesamiento con el de mis abusadores (Mariana Gómez fue abusada durante años por su padrastro y el padre de éste). Por esta situación absurda, a mí me procesan en menos de cuatro meses. Yo denuncié a una persona por haberme violado durante 16 años y tardaron un año y medio en procesarlo. Cuando me llevaron a la comisaría del subterráneo, me sentí violada de nuevo. Me hicieron mostrarles mis partes íntimas a tres policías femeninas. Me da bronca, porque desde que tengo conciencia ningún juez me dio oportunidad de nada”.

A horas de la manifestación del #8M y del documento en el que –entre otros puntos– se condena la violencia institucional contra las lesbianas, las palabras de Mariana Gómez sacuden los estantes donde descansan tomos de doctrina y jurisprudencia, y conducen los ecos de la gigantesca marea feminista que llenó de verde y violeta y arcoíris las calles argentinas, a las frías salas de los tribunales.

Ninguna de estas voces se oyen en el fallo judicial. En ningún momento se permite ingresar el argumento del trato discriminatorio desde el primer minuto de la detención. El caso debe volver al despacho de la jueza Fontbona de Pombo, quien no permitió que Rocío Girat –testigo y víctima del accionar policial– declarara en la causa.

Durante la detención de su esposa, y cuando pedía que no lastimaran a su pareja y le dijeran a qué lugar la iban a llevar detenida, los policías le exigieron que les mostrara el certificado de matrimonio, algo que no se exige a ninguna persona heterosexual. En los papeles que llenaban mientras detenían a Mariana Gómez, Rocío pudo ver que consignaban que era “soltera”.

Otro detalle significativo de la audiencia. El abogado Lisandro Teszkiewicz solicitó al tribunal que se permitiera a Rocío Girat asistir a la audiencia cerca de la defensa, en su calidad de esposa. La invitan a ingresar a la sala llamándola “señorita Rocío”. Esta vez la Justicia, en una actitud ambigua, le negó a Rocío Girat el trato de esposa.

Del fallo firmado por los jueces Lucini y González Palazzo se destaca el pasaje donde describen cómo un testigo salía de la estación de trasbordo y, al notar lo que ocurría, lo filmó en parte. El tribunal sostiene que el testigo (de apellido Bertacchini) dijo que no escuchó que explícitamente se refirieran a Mariana Gómez como un varón. “Pero por la forma en que la trataban, me dio esa sensación”, había declarado Bertacchini en la causa. El tribunal desestimó esta apreciación del testigo. “Es carente de todo sustento”, escribieron los jueces de Cámara en el fallo.

De la parte previa a este momento, no hay constancia en video. Y difícilmente podría ser de otra manera. A nadie le llamaría la atención ver a un policía con dos mujeres jóvenes. Sí llaman la atención los gritos durante una detención. Por eso existen documentados en video de esta parte del procedimiento policial. Los jueces dicen que “ninguna prueba sustenta que (el empleado de Metrovías y el policía Rojo) se percataron de su ‘elección sexual’ y no aceptaban que se besaban”. Hasta ahora ningún juez tuvo en cuenta el testimonio de Rocío Girat. “La jueza Fontbona de Pombo se negó a que la esposa de Mariana declare en la causa”, dice el abogado Teszkiewicz.

En otro apartado, Lucini y González Palazzo sostienen que “la pretensión de la defensa en justificar los golpes que propinó Gómez a los policías, a través de una cuestión de género, parece tener como único propósito desviar del foco de atención del no acatamiento de la indicación dada por Pérez y Rojo de cesar con la infracción a la norma que dispone la prohibición de fumar en lugares públicos”. Aquel mediodía del 2 de octubre pasado, decenas de personas atravesaban los molinetes de la línea C en Plaza Constitución y encendían un cigarrillo. La única interpelada fue Mariana Gómez. Lo que diferenciaba a Mariana del resto es que había estado besando a su esposa.













jueves, 8 de marzo de 2018

El Ministro Germán Frankestein y la Justicia en Pedazos






El Gobierno creó por decreto una comisión para reformar el Código Civil y Comercial, a solo dos años de que se haya implementado la nueva norma. Los criterios de selección de los integrantes de esa comisión no dejan de ser llamativos. La integrarán la hija de la camarista que tiene parada la causa por el Correo Argentino, que involucra a la familia del presidente Mauricio Macri, y también un síndico en la causa del Correo que antes fue abogado de empresas del Grupo Macri como Socma. Incluso fue abogado de Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. En su momento, ese abogado fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquin por incompatibilidad en el cargo que ocupa, en el que se supone que debe velar para que el Grupo Macri pague la deuda multimillonaria que sigue teniendo con el Estado.

Con la firma de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, el decreto 182/2018 indicó que se creará una comisión para modificar parcialmente el Código Civil, que generará una anteproyecto en seis meses.

“Se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción”, dice el decreto. En el Ministerio de Justicia no dieron más detalles de cuáles aspectos son los que se buscarán cambiar. “Serán unos 20 artículos”, dijeron, sin más precisiones.

En Tribunales, interpretaron la decisión como una “devolución de gentilezas” al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien impulsó la reforma anterior del Código Civil. En las comisiones que convocó la Corte por la reforma judicial no se hablaba de otra cosa en los coffee break: todos interpretaban que el oficialismo quiere mojarle la oreja a Lorenzetti.

El Gobierno argumentó en el decreto que un grupo de especialistas del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado habían propuesto hacer modificaciones en el Código Civil. Ese programa lo dirige Agustina Díaz Cordero, que formará parte de la comisión de reforma. Se trata de la hija de la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien tiene parado hace tiempo el expediente por la deuda del Grupo Macri con el Correo argentino, como denunció la fiscal Boquin. Es, además, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

La hija de la camarista ya recibió anteriormente las atenciones de Macri: el Presidente la incluyó en una terna en el Senado para jueza civil, pese a que había quedado en el puesto 17 en el concurso (era la peor calificada de la terna, por lejos). Le fue mejor que en otro concurso para ser jueza comercial, en el que quedó en el puesto 32.

En el primer concurso, entre las jurados estaba la camarista Graciela Medina, que es esposa de Julio César Rivera, otro de los que integrará la comisión de redacción del próximo Código Civil. Rivera fue apoderado de diversas empresas del Grupo Macri, entre ellas Transmetro S.A. y Saframa, y patrocinó a Macri en su divorcio con Menditeguy en 2005. Macri lo propuso como conjuez de la Corte Suprema. No obstante, Rivera también es abogado de la Sindicatura General en la causa del Correo Argentino. La fiscal Boquin lo denunció por incompatibilidad, dado que como síndico debía buscar que el Grupo Macri pague: un ex abogado de ese grupo no parecería ser la persona indicada para el trabajo. Boquin indicó que la sindicatura tuvo posturas contradictorias con su deber.

Además de Rivera y Díaz Cordero, la comisión estará integrada por Ramón Daniel Pizarro, Marcelo Alejandro Rufino y Diego Botana. Este último había sido propuesto por el radical Ernesto Sanz para ocupar un puesto en la procuración del Tesoro, pero Carlos Balbín lo rechazó porque detectó posibles conflictos de interés. El otro candidato que proponía Sanz terminó siendo su reemplazante: Bernardo Saravia Frías, quien también fue abogado del Grupo Macri. Entre los antecedentes de Botana figura haber sido “expert witness en los Tribunales de Quiebras de la Ciudad de Nueva York en materia de derecho concursal argentino, en procesos de reestructuración internacional de deuda”, es decir, haber participado en el tribunal de Thomas Griesa. Ahora se ocupará del Código Civil.




MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 182/2018

Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación. Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-34797815-APN-DDMIP#MJ, la Ley N° 26.994, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.994 se aprobó el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015.

Que transcurridos DOS (2) años de la entrada en vigencia del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción.

Que un equipo de especialistas convocados y reunidos en el ámbito del “PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHO PRIVADO”, creado por la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 441 del 24 de junio de 2016, trabajó en la iniciativa “Observatorio del Código Civil y Comercial” del “PROGRAMA JUSTICIA 2020” ambos en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio y concluyó que resulta necesario efectuar ajustes puntuales al Código vigente.

Que atento lo expuesto, resulta necesaria la creación de una Comisión que lleve a cabo la actualización de la legislación nacional en materia de derecho privado, integrada por reconocidos juristas en la actividad académica, doctores Julio César RIVERA, Ramón Daniel PIZARRO, Diego BOTANA, Agustina DIAZ CORDERO, quien se desempeñara como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los mismos desarrollarán su tarea con carácter “ad honorem”.

Que dicha Comisión tendrá como objetivo principal la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Que a su vez, corresponde establecer que la citada Comisión dictará su propio reglamento de funcionamiento, y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital de éste, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad.

Que para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que tendrá a su cargo el dictado de las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten pertinentes.

Que ha tomado intervención el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS la “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN”, la que tendrá a su cargo la elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL de un anteproyecto de ley de modificación parcial del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en el plazo de SEIS (6) meses a contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión.

ARTÍCULO 2°.- La Comisión creada por el artículo 1° estará integrada por los doctores Julio César RIVERA (D.N.I. N° 7.606.530), Ramón Daniel PIZARRO (D.N.I. N° 11.187.062), Diego BOTANA (D.N.I. N° 21.831.349), Agustina DÍAZ CORDERO (D.N.I. N° 25.096.105), quien se desempeñará como Secretaria Académica, y Marcelo Alejandro RUFINO (D.N.I. N° 14.886.709), quien actuará como Secretario “ad hoc”. Los miembros de la Comisión desarrollarán su tarea “ad honorem”.

ARTÍCULO 3°.- La “COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN” dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y deberá articular su accionar con el “PROGRAMA JUSTICIA 2020” que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio, a los fines de hacer uso de la plataforma digital del Programa, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad.

ARTÍCULO 4°.- Para el cumplimiento de su cometido la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el que dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para el cumplimiento del presente acto.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Germán Carlos Garavano.

e. 07/03/2018 N° 13906/18 v. 07/03/2018

Fecha de publicación 07/03/2018





sábado, 10 de febrero de 2018

La prisión sin razones de Carlos Zannini




Estimado Carlos:

Hace algunas semanas publicaste una carta abierta en la que preguntabas: ¿Puede alguien, en derecho, explicar mi prisión? A los pocos días te respondieron Raúl Zaffaroni y luego, Julio Maier. Ambos, aún con sus diferencias, entendían que no había razones fundadas en derecho para tu detención preventiva. Luego otros colegas sumaron sus voces y esta semana lo hizo nuestra querida Estela de Carlotto. Mi intención de contestarte no obedece a la posibilidad de agregar algo a lo que ya han escrito quienes considero mis Maestros, sino en el hecho de sentirme interpelada, por tu carta abierta, como profesional del derecho, como docente de derecho penal y como militante que trabaja de abogada.

No puedo dejar de decirte, a priori, que lamentablemente los operadores judiciales de nuestro país hacen un abuso de la prisión preventiva, transformando —para ciertos delitos y para algunos imputados— la excepción en regla. Un instituto que debería tener como finalidad exclusiva el aseguramiento del proceso y la justicia —que la persona no se fugue, ya que no hay juicio en ausencia, y que no entorpezca la investigación— se utiliza para otros variados fines, según sea el caso. Esta afirmación se puede ver en los guarismos que reflejan que hoy el 49% de las personas detenidas lo están en carácter preventivo [1]. Se trata de un mal endémico del Poder Judicial que tiene múltiples causas, pero todas ellas se encuentran atravesadas por la falta de respeto —y de registro— a/de la dignidad del ser humano de parte de los operadores.

Dicho esto que bien podría explicar —no desde el derecho, por cierto— muchas prisiones preventivas, está claro que ese argumento no alcanza para explicar la tuya, por varias cuestiones. En principio, la grotesca imputación por la que te procesaron [2] —que por razones de extensión no abordaré aquí— es de por sí una de persecución política inédita en la historia del derecho argentino: criminalizar un acto de gobierno en el que intervinieron el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que luego es declarado inconstitucional por el Poder Judicial, subsumiendo esos hechos en el delito de traición a la patria. Pero, como bien expresás en tu carta, posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones modificó la calificación de esos hechos, quitando la imputación de traición a la patria, y dejando la de un encubrimiento agravado —pena de prisión de 1 a 6 años— , de un estorbo funcional —pena de prisión de 15 días a 6 meses— y un abuso de autoridad —pena de prisión de 1 mes a dos años—. El máximo de estos delitos en concurso es el de 6 años y el mínimo 1.

El hecho de que no tengas ningún antecedente previo hace pensar que incluso en un escenario hipotético en el que te pudieran condenar por esos hechos, esa pena podría quedar en suspenso. Es por eso que en estas situaciones, más que en ninguna otra, se debería probar en la causa que la persona imputada ha demostrado de algún modo que intentará profugarse o que amedrentará a testigos o podrá hacerse de prueba necesaria —informes, documentos, etc.—. Sin embargo, ni de la causa ni de las resoluciones judiciales surge fundamento alguno de este tipo para justificar tu prisión preventiva. Hasta aquí podrían ser las razones del derecho.

Y quizás no haya razones del derecho porque, como escribí hace unos meses, lo han matado: “Ya se anunciaron la muerte de dios y la de la Historia, llegó el momento de asistir a la muerte del derecho” [3].

Históricamente, el Poder Judicial ha tenido un rol político —quizás debamos todxs hacer mea culpa de no haber podido develarlo a tiempo—; sin embargo, resultaba inverosímil, en un marco democrático, la activa y decisiva acción judicial en la actual persecución a oponentes políticos, militantes, sindicalistas y dirigentes indígenas. En ese sentido no estás solo. La persecución a Lula, a Cristina, a Milagro y a una larga lista de compañerxs da fe de eso.

Lo que quizás me movió a contestarte fue el hecho de que, entre todas las injusticias que nos atraviesan en estos tiempos hostiles, la tuya tiene una particularidad: vos estuviste cuatro años preso por el terrorismo de Estado, por razones estrictamente políticas. Tu detención dependía del Poder Ejecutivo que, sin descaro ni presunción de legalidad, privaba de la libertad mediante decretos —en el mejor de los casos— a miles de personas. Hoy, cuarenta y tres años después, nuevamente son razones políticas las que te llevan a perder tu libertad. Aquellos que trabajamos en la búsqueda de la Justicia por los hechos más atroces de nuestra reciente historia, nos vemos interpelados por nuevas persecuciones, nuevas privaciones de la libertad y nuevas violaciones a los derechos humanos: otra vez nos quieren llenar de miedo a todos lxs que soñamos “con un mundo mejor, sin exclusión con más igualdad, solidario y protector de familias e individuos” [4], parafraseándote.

No sé si lo que te afecta hoy “quizás ocupe una simple línea en la historia universal de la infamia” [5], pero no tengo dudas de que quienes hoy nos gobiernan, nos persiguen, nos criminalizan, nos ajustan, nos quitan derechos, venden nuestra patria, regalan nuestra soberanía e hipotecan nuestro futuro, tendrán un lugar destacado en esa historia universal.



[1] Datos del año 2016 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: de 76.261 individuos privados de su libertad, más de 35.000  no tenían una condena en su contra – el 49%-.

[2]  Para ver en más detalle: https://www.elcohetealaluna.com/gobierno-los-jueces/

[3] https://www.pagina12.com.ar/75165-la-muerte-del-derecho

[4] Carta de Carlos Zannini a Cristina Fernández de Kirchner escrita desde la cárcel  el 13 de diciembre de 2017.

[5] Ídem.




Carta abierta de Carlos Zannini
18-01-2018

¿Puede alguien, en derecho, explicar mi prisión?

Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública.
En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna.

Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos.

En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva.

El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.

Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado.

¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?

Carlos Zannini
Ex secretario general de la Presidencia

domingo, 31 de diciembre de 2017

Los cuentos del juez ERCOLINI







¿Quienes fueron los autores del supuesto homicidio de Alberto Nisman, uno que habría disparado y otro que lo acompañaba? Desconocidos, no se los pudo identificar. ¿La forma en la que entraron al edificio Le Parc? Desconocida. ¿El método con el que entraron al departamento del fiscal? No se sabe. ¿La forma en la que salieron del baño, sin dejar ni una pisada, sin que hubiera una mancha de sangre? Se ignora. ¿El método con el que salieron del departamento dejando trabas del lado de adentro en la puerta principal y en la de servicio? Tampoco se sabe. ¿La forma en la que salieron del edificio sin cruzarse con nadie, sin que nadie los viera, sin que los capte ninguna de las cien cámaras que sí funcionaban? No hay ni siquiera una hipótesis.

Las 656 páginas del juez federal Julián Ercolini sobre la muerte de Alberto Nisman no aportan ni una prueba ni una evidencia de lo que ocurrió. Lo único que queda en pie son interrogantes y preguntas para las que ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano tiene respuesta alguna.

1 Diego Lagomarsino fue procesado como cómplice del supuesto homicidio. ¿Cómplice de quién? No se sabe. El juez dice que el informático fue parte de un plan criminal, que integró una especie de organización con los supuestos homicidas “que no han podido ser identificados”. En el texto del juez no hay ni siquiera una teoría sobre los asesinos. Y lo más llamativo es que no menciona contactos de Lagomarsino, ni llamadas ni whatsapp con los que podrían ser sus colegas de banda. No hay un testigo que mencione que lo vio en una reunión rara, sospechosa. ¿Lagomarsino era parte de un servicio de inteligencia? El juez no lo afirma para nada. No encuentra ni un vínculo.

2 ¿Cuál fue el móvil del supuesto crimen? Según dicen los teóricos, si un homicidio se produce delante de diez testigos o si hay una filmación, el móvil no tiene la menor importancia: está claro quién fue. Pero si un homicidio tiene un autor dudoso o desconocido, el móvil pasa a tener mucha importancia. Hay que determinar la relación entre el homicida y la víctima. El móvil llena los huecos de una descripción incompleta, afirma la teoría. En las 656 páginas de Ercolini no hay móvil alguno. ¿Por qué Lagomarsino habría de participar del asesinato de Nisman? ¿Porque Nisman denunció a Cristina por el Memorándum? Está claro que no era kirchnerista. Basta mirar sus posteos anti-K en Facebook muchísimo antes de la muerte del fiscal y muchísimo antes de que Nisman pegara la voltereta de estar muy cerca del gobierno de Néstor y Cristina para pasar a denunciar al mismo gobierno que antes elogiaba. ¿Participó del crimen porque era parte de una organización o servicio de inteligencia? No hay una sola prueba del juez en ese sentido. Ni en ningún sentido. Y eso que la investigación está en la justicia federal desde hace 15 meses y, si se suma toda la pesquisa anterior, ya pasaron casi tres años sin que apareciera evidencia alguna de un móvil. De esos tres años, dos fueron bajo administración macrista que se desespera por encontrar alguna prueba que involucre al gobierno anterior.

3 ¿Por qué Lagomarsino aportó su arma? La participación que el magistrado le imputa al informático es haber aportado la pistola, sabiendo que se iba a usar para matar a Nisman. Pero el dato relevante es que se trata de una Bersa que estaba inscripta en el Registro a nombre de Lagomarsino. O sea que entregó el arma inmolándose. En minutos se sabría que estaba a nombre suyo. No tiene el menor sentido ni explicación. Ercolini dice que se necesitaba un arma “amiga” para simular un suicidio, pero si la pistola hubiera sido de origen desconocido, nada cambiaba la situación: se diría que tal vez Nisman compró el arma muchos años antes. Basta mirar la Bersa para ver que se trata de una pistola viejísima. En cualquier caso, nuevamente el juez hace especulaciones y no explica por qué Lagomarsino habría puesto el cuerpo, inmolándose, en el supuesto plan criminal. No hay otro ejemplo igual en el mundo de alguien que deja una pistola a su nombre en un homicidio de repercusión nacional e internacional.

4 ¿Nisman no pidió el arma? El fiscal y el juez sostienen que es inverosímil que Nisman le haya pedido el arma a Lagomarsino. En primer lugar, desconocen un hecho probado: las llamadas, ese sábado, fueron siempre de Nisman a Lagomarsino. Fueron varias llamadas, reiteradas, porque en dos oportunidades el informático no atendió. Exhiben insistencia de Nisman, no voluntad de contacto de Lagomarsino. Pero, además, el custodio Rubén Benítez contó que también a él Nisman le pidió un arma, exactamente con el mismo argumento: que era para defender a sus hijas, que la custodia podía ser interceptada. El magistrado dictamina que no le cree a Benítez, que se contradice en sus versiones y sugiere que él y Lagomarsino fueron parte de un mismo plan. Sin embargo, no hay una sola llamada entre ellos, no hay testigos ni siquiera de un encuentro entre custodio e informático. Ercolini supone que fueron cómplices, no presenta una sola prueba.

5 Simular un suicidio. Ese es el centro de las 656 páginas del fallo de Ercolini. Según él, los homicidas, hicieron todo para armar la escena de un suicidio. Sin embargo, no explica lo más elemental ¿por qué el arma aparece en el hombro de Nisman? ¿por qué no se lo pusieron en la mano o cerca de la mano? No hay mejor indicio de un suicidio que el arma en la mano o al lado.

6 La mecánica. La Gendarmería, fuerza que depende del gobierno de Mauricio Macri y específicamente de Patricia Bullrich, dictaminó que a Nisman le dieron una tremenda paliza, le fracturaron la nariz, casi le partieron el labio, le pegaron en el hígado y en una pierna. Recién después le dieron ketamina, no se sabe cuánto ni cómo, porque no tiene rastros de ninguna inyección. Frente a este diagnóstico disparatado de una fuerza que no tiene la menor experiencia en autopsias, el Cuerpo Médico Forense, que no dependía de Cristina sino de la Corte Suprema, dijo que Nisman no tenía golpes y sólo registraba pequeñas cantidades de clonazepan. Los forenses, con miles de autopsias a sus espaldas, dijeron además de que no hay evidencia científica de accionar homicida ¿Cuál hubiera sido la lógica? Que el juez convocara a todos los profesionales de uno y otro lado, para que abrieran un debate delante de él. Ercolini esquivó esa alternativa. Como la coalición política-mediática-judicial quería apuntar, sí o sí, contra el gobierno anterior, se imponía dictaminar homicidio. Y eso se hizo, en contra de la ciencia.

7 La escena, parte II. Nisman murió de un único disparo en la sien (el lugar habitual de los suicidas), con el arma apoyada. En todo el departamento no hay rastros de pelea, pese a que para el juez y la Gendarmería recibió una tremenda paliza: no se rompió nada, el departamento estaba igual que el día anterior, según testimonió la madre del fiscal. Nisman terminó con la cabeza contra la puerta del baño, lo que impedía abrirla. Nada explica el magistrado sobre cómo se armó esa escena, cómo hicieron los dos supuestos homicidas para pegarle el tiro y salir dejando la cabeza apoyada contra la puerta y sin que hubiera ni una pisada ni se manchara la alfombra del pasillo. Nuevamente, los peritos de la Policía Federal dictaminaron que no había ninguna persona dentro del baño en el momento del disparo, mientras que la Gendarmería sostuvo que hubo dos personas, una sosteniendo a Nisman y la otra disparándole. En lugar de reunir a todos y obligar a un debate, Ercolini simplemente tomó la versión hecha a medida del comité de Cambiemos con sede en Comodoro Py.

8 El complot más grande del mundo. ¿Qué es lo que demuestra que a Nisman lo mataron? Que hubo un complot que se concretó en la desprotección del fiscal. Por ejemplo, la seguridad privada del edificio Le Parc tenía enormes baches: ni se anotaban como correspondía las entradas y salidas ni funcionaban todas las cámaras. Ese estado de cosas no fue producto de la dejadez, de la mala administración o incluso de la voluntad de algunos de los que viven en las torres para que no queden registradas las visitas, tal vez, de amores clandestinos. No, esa situación fue parte del complot. Otra parte del plan fue la presencia de un prefecto, afuera de Le Parc, vigilando. Y también de agentes de inteligencia de la Prefectura, a los que les dicen pasteros, que realizaban rondas. Otra parte del plan fue la ineficiencia de la custodia de la Federal que, como está probado, dirigía el propio Nisman de manera despótica: los usaba de cadetes para que le vayan a comprar comida o a entregar sobres. Más allá de eso, en ninguna parte se aporta una prueba de la relación real, concreta, de todo eso con la muerte del fiscal. El punto culminante del disparate fue la sugerencia de que un puesto de diarios era parte del operativo de espionaje que rodeó el supuesto homicidio. Ercolini dedicó páginas a señalar que el quiosquero era raro, que no vendía diarios, que cerró poco después, que no tenía permiso. En conclusión, que era un espía. El que arruinó todo fue el propio quiosquero que se presentó a declarar. Alfredo Juan Zabaleta le dijo al fiscal Taiano que puso el puesto en 2009, cinco años antes de que Nisman se mudara a Puerto Madero y seis antes de la denuncia del fiscal por el Memorándum. Eso lo saca de la cancha como servicio de inteligencia destinado al plan de vigilancia de Nisman: es que ninguna agencia de espionaje podía prever que el fiscal se separara de su pareja, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la que convivía en Pilar y que se fuera a vivir a Le Parc. Además, en su declaración, Zabaleta dejó entrever que cerró el puesto porque no pagó o se atrasó en el pago a los distribuidores de diarios y le cortaron la provisión. Entonces empezó a pedirle ejemplares a sus colegas, hasta que se fundió. Hoy trabaja en un ministerio, contratado por la administración Macri. La historia del quiosquero-espía exhibe la debilidad de las pruebas que, si se las mira un poco de cerca, no son pruebas.

9 Sin salida. El fallo de Ercolini deja el caso en un callejón sin salida. Es que el juez le hace la venia a los intereses políticos nacionales e internacionales cuyo objetivo es adjudicarle responsabilidad al gobierno “populista” anterior, instalar la idea de una autoría iraní o venezolana o de agentes de inteligencia vinculados al kirchnerismo. Y en ese marco, Lagomarsino es acusado de cómplice de personas que no se pueden encontrar ni identificar. Es que hay un problema: no existen. O por lo menos Ercolini no aporta ni una prueba sobre su existencia.











sábado, 23 de diciembre de 2017

Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos





Ante la necesidad de afrontar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores, en la sede de ATE Capital se presentó un nuevo espacio de participación que tiene como objetivo defender el Estado de Derecho y lograr la libertad de las y los presos políticos: el Foro por la democracia y la libertad de lxs presxs políticxs

En conferencia de prensa, anunciaron la primera actividad el viernes 22 de diciembre coincidiendo con las celebraciones ecuménicas en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz, Alto Comedero y Esquel.




El Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos, que nuclea a organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y sindicales realizó celebraciones ecuménicas en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz, Alto Comedero y Esquel.

“El objetivo es denunciar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores y exigir la libertad de los detenidos por razones políticas”.

La conferencia de prensa de lanzamiento del Foro se realizó en la sede de ATE Capital, donde participaron Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Detenidos por Razones Políticas, la diputada nacional de Unidad Ciudadana Vanesa Siley, el diputado Horacio Pietragalla, la legisladora porteña Victoria Montenegro, el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, familiares de los presos políticos y otros dirigentes políticos, sociales y sindicales.

El padre Francisco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres, explicó que se realizaron las celebraciones interreligiosas en las cárceles donde están detenidos: los cooperativistas Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Graciela López, Javier Nieva y Milagro Sala; Facundo Jones Huala, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Planificación Roberto Baratta, el ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex contador de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner Víctor Manzanares, el ex canciller Héctor Timerman, y los dirigentes sociales Luis D’Elía, Diego Barreto, Fernando Esteche y Jorge Yussuf Khalil.

En esas ceremonias participaron representantes de los cultos judío, evangélico, musulmán, católico y de los pueblos originarios.

Reportaje a TATY ALMEIDA en el Programa A PESAR DE TODO en RLV - RADIO LA VOZ






martes, 12 de diciembre de 2017

LA VOZ de NATALIO ALBERTO





Alberto Nisman, extitular de la UFI-AMIA, en 2011, cuatro años antes de su muerte (aún no esclarecida) y dos años antes de que el acuerdo efectivamente se firmara, desestimaba por completo la posibilidad de un pacto con Irán. En ese entonces, el periodista de Perfil, Pepe Eliaschev, acababa de revelar los planes del gobierno argentino para llegar a un acuerdo con el régimen iraní. Nisman incluso catalogaba de "absurdo" e "imposible" que eso sucediera, en medio de paradójicos elogios para con el gobierno kirchnerista por su rol dentro de la causa que investigaba.

"El hecho que plantea la nota (de Eliaschev) es absurdo, descabellado y de imposible cumplimiento. Hacía tiempo que no leía algo tan disparatado". Así comienza su alocución el fiscal Nisman, con un tono alterado, en la entrevista que le realizó el periodista Hernán Dobry para el mismo diario, el 25 de marzo de 2011.

"Los iraníes no resultan creíbles en nada de lo que dicen y hacen, pero no me sorprende que puedan plantear algo así. Ellos creen que todo se maneja como su gobierno teocrático en donde el líder espiritual dice algo y todo el mundo obedece. Yo ya expliqué que no es así, que el Poder Judicial se maneja por unos carriles, el Poder Ejecutivo por otro y hay una investigación independiente ajena al Poder Ejecutivo más allá de que ese poder ha hecho mucho reclamando las extradiciones y las capturas y juicio en un tercer país", expresaba el fiscal.





→ El entonces fiscal de la UFI AMIA rechazó en este audio toda la investigación que publicaría al día siguiente el periodista Pepe Eliaschev, núcleo clave su posterior denuncia contra la entonces Presidenta. Nisman desmiente que el acuerdo con Irán hiciera caer las alertas y la investigación por el atentado a la AMIA.



Alberto Nisman incluso defendía las gestiones del kirchnerismo en torno a la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, que se cobró la vida de al menos 85 personas: "El Gobierno argentino estoy convencido que no piensa nada de todo esto. Porque me consta y por todo lo que ha hecho. Supongamos por un segundo que el gobierno quisiera dejar de lado la investigación, es absolutamente imposible, no alcanza una orden del poder ejecutivo para que un fiscal deje de investigar y una orden de captura se caiga. Esto podrá ser en Irán. Es absolutamente falso que el gobierno está atrás de esto. Es de locos", argumentaba.

Hernán Dobry, quien entrevistó al fiscal, en diálogo telefónico con Perfil, recordó los detalles de la comunicación y lo que significó en aquel momento: "El audio es la primera vez que se conoce, pero ya habíamos publicado la charla en ese momento y fue republicada cuando Nisman presentó su denuncia contra Cristina", precisó.

Luego recordó cuando Nisman se disculpó con Eliaschev: "Cuando hizo su denuncia, le terminó pidiendo disculpas a Pepe por todo lo que él había dicho en su momento cuando salió la nota".

Por último, Dobry cuestionó las contradicciones del fiscal Nisman a lo largo del tiempo: "Lo que sí no explicó es cómo fue su cambio, porque él es muy vehemente defendiendo al gobierno y después atacándolo. Lo que más me interesa a mí son los fundamentos legales que él da por lo que sería imposible firmar un Pacto. Todo eso se desmorona después. Que las alertas de Interpol las manejaba el Poder Judicial y que de ninguna manera una decisión del Poder Ejecutivo podría cambiar la marcha de su investigación".



lunes, 11 de diciembre de 2017

MM Quiere REFORMAR el CONSEJO de la MAGISTRATURA





Como parte de la estrategia de colonización del Poder Judicial, Mauricio Macri está cerca de firmar y enviar al Congreso un proyecto para Reformar el Consejo de la Magistratura –órgano clave en la designación y remoción de jueces– que tiene como eje el aumento del número de representantes de la corporación judicial entre los integrantes del organismo.

Más jueces y abogados y menor proporción de representantes del estamento político (únicos a los que vota la ciudadanía). Esa es la lógica de la propuesta, que fue redactada en el Ministerio de Justicia, diseñada con el Colegio de Abogados de la Capital Federal y en acuerdo con la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (o colegio de la calle Montevideo), una institución a la que el Gobierno viene utilizando para instrumentar su ofensiva, por ejemplo, contra los jueces federales cuyas sentencias no le agradan y para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Juristas y organizaciones especializadas advierten que los cambios previstos no traerán mejoras o incluso empeorarán el panorama.

La iniciativa forma parte de una reestructuración del sistema judicial con el ostensible objetivo del Gobierno de lograr un control sobre él, algo en lo que Macri trabaja desde los comienzos de su mandato presidencial, como se vio con la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema. De igual modo, se propuso desplazar a Gils Carbó, y lo logró a fuerza de presiones, denuncias y una declaración de inconstitucionalidad del sistema de juicio político para procuradores pensado para sentar las bases de una reforma del Ministerio Público Fiscal. Ese proyecto, que además de flexibilizar las mayorías para designar y echar al jefe o jefa de los fiscales, pretende darle participación al Poder Ejecutivo dentro de la estructura de la Procuración (en concursos, por ejemplo) y al Congreso sobre los fiscales, aún está en plena discusión. El oficialismo no consigue respaldo, pero insiste en que lo logrará. Lo mismo con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, cuestionada hasta por los propios jueces, y que entre una de sus misiones más silenciosas apunta a licuar el fuero laboral, denostado por el Presidente. En tribunales las apuestas dicen que el traspaso –que muchos jueces rechazan–, la posible extensión horaria que impulsa el Gobierno, igual que el achicamiento de la feria judicial, podrían generar vacantes, o sea, más posibilidades de nombramientos para la gestión actual.

El Consejo de la Magistratura nacional es el corazón de la maquinaria para nombrar jueces y sancionarlos o mandarlos a juicio político. En su composición actual tiene 13 integrantes, repartidos entre la representación política y la judicial: hay 3 diputados, 3 senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo, 2 abogados, 3 jueces y 1 académico.

Con este esquema, para el oficialismo no resulta fácil imponer sus decisiones, ya que suele depender de conseguir un voto para llegar a los dos tercios que requieren las decisiones más relevantes, como abrir un juicio político o elegir ternas. Hoy Cambiemos y sus aliados confían en que cuenta con la anuencia de las asociaciones de abogados y jueces que dominan las designaciones de representantes en el Consejo.

El proyecto propone sumar un juez y dos abogados a la integración vigente.

Entre los abogados, llevan la voz cantante el Colegio de Capital, que maneja Jorge Rizzo, además de abogado, un hábil político que suele acomodarse a la conducción de turno y elaboró las bases de esta reforma en ciernes; y también manda el Colegio de Montevideo, que avaló golpes de Estado e integran los estudios más grandes defensores de grandes empresas y represores. Lo dirige Guillermo Lipera, uno de los hombres incluidos en la lista de conjueces de la Corte que envió el Ejecutivo al Senado.

El Colegio de la calle Montevideo tiene un dominio cada vez más extendido en el Poder Judicial. En el Consejo es la institución que planteó y maneja una auditoría sobre los juzgados federales porteños por la que denunció a dos de los jueces que Macri tiene en la mira: Daniel Rafecas y Ariel Lijo. Sobre ellos dijo que cajoneaban causas, algo que ambos refutaron con informes de sus despachos. Pero, en simultáneo, se iniciaron acusaciones con la meta de llevarlos a juicio político. En el caso de Rafecas por su decisión de archivar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el de Lijo por dudas con su patrimonio. En voz baja le atribuyen beneficios a Julio De Vido. La ecuación del Gobierno con los jueces federales suele ser simple: mientras tomen decisiones que les resulten funcionales, nadie los molesta. La orden de Lijo de detener a Boudou fue inmediatamente posterior, de hecho, a la denuncia que le hizo el Colegio de Abogados.

Dar mayor representación en el Consejo al estamento judicial (jueces y abogados) es una concesión a la corporación, pero el Gobierno cuenta hoy con la certeza de que entre ellos, y en especial entre los abogados, tiene aliados. Los consejeros jueces serán elegidos por sistema D’Hont (dos de cámara y dos de primera instancia) y los abogados por voto directo de los matriculados. Uno de los requisitos que pone el proyecto para ser consejero es cumplir con los mismos que se exigen para ser juez de la Corte Suprema. Hasta ahora la ley no definía restricciones, pese a lo cual el senador Ruperto Godoy fue expulsado como consejero por no ser abogado. Eso permitió que se iniciara, con una mayoría circunstancial en el Consejo –que no estaba completo– el juicio político a Eduardo Freiler, impulsado por Cambiemos. Lo que deja a la vista la alianza que hay entre sectores judiciales y el poder político.

El jurista Alberto Binder sostiene que “el proyecto es más de lo mismo y, en realidad, agrava los problemas que ya tiene el Consejo. No se trata de seguir ampliando a más integrantes, lo que torna inoperante al organismo. Se convierte en un centro de negociaciones, en un cambalache”. Binder, referente del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, investiga modelos de “gobierno judicial” en la región para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. “En Inecip elaboramos un documento donde planteamos que debería tener siete miembros, y que deberían ser representantes. Es decir, ni jueces, ni abogados, senadores o diputados en ejercicio. No deben tener funciones duplicadas sino dedicación exclusiva”, señala el especialista.

Según el proyecto no podrán ser consejeros quienes tengan condenas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, contra la seguridad y el orden constitucional. No pueden ser reelegidos por más de un período consecutivo (duran cuatro años). Respecto del llamado a concursos para juzgados o tribunales vacantes, prevé que el plenario pueda instruir a la Comisión de selección que llame a concursos con anterioridad a la producción de vacantes. Este sistema podría aplicarse en la actualidad, pero el Consejo no lo ha hecho. Espera a que se produzca una vacante, lo que desata un aluvión de negociaciones, en especial cuando se trata de cargos con injerencia política. el consejo sigue tomando examen por cada vacante que se elige tarda años en cubrir esas vacantes. “Es indispensable que llame a examen y confeccione una lista de mérito anual, debe ser así, no una opción”, advierte Binder.

En la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que un déficit del proyecto es no preveer modificaciones en el sistema de selección de jueces y juezas. “Actualmente los consejeros tienen un amplio margen de discrecionalidad en la confección de las ternas de candidatos, que desvirtúa el sistema de concurso de oposición y antecedentes. Tampoco ofrece solución al problema crónico de las demoras para cubrir las vacantes, lo que ha posibilitado la proliferación de subrogancias y traspasos”, señala Renzo Lavin. “Tampoco se proyectan modificaciones sobre las facultades de administración del Consejo. El régimen actual mantiene facultades relevantes en materia presupuestaria en cabeza de la Corte Suprema, lo que implica un menoscabo de las funciones que la constitución le reconoce al Consejo”, añade.

En el Ministerio de Justicia señalan que el proyecto enviado a Macri mantiene la mayoría de dos tercios para elegir ternas o iniciar procesos de juicio político. En el texto que está subido a la página del llamado proyecto “Justicia 2020”, que ideó el ministro Germán Garavano con cambios en distintos ámbitos, dice que la mayoría será absoluta, es decir, bastaría con la mitad más unos de los votos para las decisiones de mayor trascendencia.

“No hay en la propuesta ningún criterio, por ejemplo, sobre paridad de género”, observa la jueza María Laura Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima. A su entender, la “suma de abogados incrementa la representación de instituciones que tradicionalmente han sido dirigidas por los grupos menos progresistas”. “Entre los requisitos a nadie se le pide, además de ser abogados, tener alguna experticia o antecedente en administración de Justicia”, advierte. “Creo que el oficialismo está forjando un armado político de favores y coacciones que les va a rendir muchos años –analiza la integrante de la Cámara de Casación porteña–, como en su momento hizo Carlos Corach.”









domingo, 10 de diciembre de 2017

TRAICIÓN A LA PATRIA (Puesta en Escena)





Estaba escrito

Por Horacio Verbitsky

El 3 de enero de 2016, advertí sobre el intento de imputar a CFK por traición a la Patria. El propósito no es detenerla sino ponerla a la defensiva y mellar su liderazgo.

Entre las elecciones de octubre y el pedido de desafuero de CFK transcurrieron 45 días durante los cuales ningún obstáculo formal hubiera impedido su detención. El simultáneo juicio político al juez Daniel Rafecas por haber archivado en 2015 la denuncia el fiscal Natalio A. Nisman y la cuidadosa sobreactuación del gobierno nacional que se declara ajeno a una decisión que dice preocuparlo, completan el cuadro.

La idea no era privarla de la libertad sino acosarla de modo de mellar su liderazgo y colocarla figuradamente a merced del Peornismo Opoficialista que gerencia el senador Miguel Pichetto, el candidato del Frente para la Victoria derrotado por mayor diferencia en las elecciones de 2015. Para los lectores atentos no debería ser novedoso. Lo que sigue fue publicado en el diario Página/12, el 3 de enero de 2016, cuando Maurizio Macrì no había cumplido un mes en la presidencia:

    “Un columnista del Grupo Clarín sostuvo que cuando fue apartado de la causa el juez de Casación Juan Carlos Gemignani se proponía denunciar a Cristina por traición a la patria a raíz del memorando de entendimiento con Irán (…). El mismo día, un boletín electrónico dirigido por dos editores del Grupo Clarín dijo que un ciudadano colombiano, cuya identidad ocultan, escuchó el 16 de enero del año pasado, en una oficina de la Cancillería donde realizaba un trámite personal, que el entonces ministro Héctor Timerman planeaba asesinar al fiscal Alberto Nisman y que el ejecutor sería el nerd informático Diego Lagomarsino (!). Dos días después Nisman apareció con una bala en la cabeza y el colombiano fue a Puerto Madero a verificar los hechos (¡!). Como corresponde, la extravagante denuncia, que nadie con dos dedos de frente podría tomar en serio, cayó en el juzgado de Claudio Bonadío. El 28 de diciembre, el rabino Gustavo Perednik le dijo al aún receptivo Mariano Grondona, que ‘CFK va a ir presa por el asesinato de Nisman’, cuando a casi un año el único elemento a favor de la hipótesis del crimen es la voluntad de la familia y de los amigos políticos de Nisman. 
    En coincidencia con estos episodios, el nuevo gobierno pretende que la Unidad AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora a cargo del exsenador radical Mario Cimadevila, oriente su tarea a la investigación de la muerte del exfiscal y sobre todo a resucitar la denuncia de Nisman contra la exPresidente, que un juez de primera instancia, dos de apelaciones y un fiscal de Casación desestimaron por inexistencia de delito. Incluso se proponía rebautizar a la dependencia como Unidad AMIA-Nisman, lo cual motivó una tajante reacción de familiares de las víctimas del atentado. ‘Si asesinan a un familiar y el fiscal de la causa se gasta en putas los fondos asignados para investigarlo, ¿qué te parecería que lo homenajearan?’ fue la pregunta airada que escuchó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj (…). 
    El fiscal federal Eduardo Taiano dio curso a otra denuncia desopilante por traición a la patria y encubrimiento contra Timerman, por el contenido de una conversación telefónica grabada en forma ilegal, donde dice en privado lo mismo que la justicia y el gobierno afirmaban en público desde 2005: que los autores del atentado eran los iraníes denunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2005 y 2010 por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner y cuya captura internacional solicitó en 2007 el juez Canicoba Corral
    En 2013, cuando el presidente de la AMIA Guillermo Borger le recriminó que negociara con Irán, Timerman le respondió que no podía negociar con Suiza, porque la bomba la pusieron los iraníes. Taiano pidió que se agregara la denuncia de Nisman contra Timerman y Cristina, de modo que confiando en la conocida buena puntería de Bonadio sea posible acertar a la cabeza de la oposición. 
    Los audios forman parte del libro Nisman debe morir, del periodista Daniel Santoro y su divulgación ahora como si revelaran algún secreto descalificatorio, une la utilidad del marketing a lo placentero de la injuria contra el anterior gobierno.  
    Daniel Santoro también fue el vehículo elegido para atribuir carácter de prueba judicial al borrador del juez Gemignani sobre Cristina, cuando no es más que la opinión de un magistrado cuyas afirmaciones no tienen sustento en los documentos de la causa. Según Gemignani, la traición a la Patria habría consistido en la creación de una comisión de la verdad que implicaría transferir la soberanía al ‘estado sospechoso’ de haber ordenado el atentado. También entiende que el tratado restringe ‘la potestad de encarcelamiento’ del juez al ‘dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables’. 
    Pero el memorandum sólo dice que esa comisión que nunca se integró (de cinco juristas de prestigio internacional, que no podía incluir iraníes) revisaría la documentación y transmitiría una opinión a los dos gobiernos, pero no que desplazaría la jurisdicción de los tribunales argentinos. Además está probado en forma contundente que nunca se contempló levantar las alertas rojas. Por el contrario, el entonces director de Interpol, Ronald Noble, declaró que el gobierno argentino le pidió en forma reiterada e insistente que siguieran en vigencia” (…).
    “El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa ‘Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita’, instada por el gobierno militar que tres semanas después fusilaría a decenas de trabajadores y militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para Botet, el delito se había realizado con la sanción de leyes que a su juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades extraordinarias. Botet, que se identificaba como ‘Juez de la Revolución Libertadora’, libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrì: si el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el dictador Juan Carlos Onganía hizo descargar sobre la cabeza de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas”.

    “(…) No es de extrañar que el tema central elegido para acorralar a Cristina y propiciar el surgimiento de un peronismo hermafrodita, que vuelva a acomodarse en el rol de facilitador de políticas contrarias al interés popular que pregona defender, pase por la política internacional. Macrì nunca ocultó que ése era su propósito; (…) antes de las elecciones viajó a Israel, donde coincidió con el halcón presidente Beniamin Netanyahu en su posición contraria a cualquier acuerdo con Irán e incluso contra la política soberana de la Argentina frente a los fondos buitre. 
    Así lo contó en una investigación sobre los fondos no declarados que Nisman recibió de Israel y Estados Unidos, el sociólogo Jorge Elbaum, quien precedió a Claudio Avruj como director ejecutivo de la DAIA. Elbaum reveló que el rabino Perednik fue uno de los principales contactos de Nisman con el partido Likud, de la derecha gobernante israelí, que su vez fue su vía de acceso a Roger Noriega, quien desde que dejó el gobierno de George W. Bush dirige el American Enterprise Institute. Su principal financista es el millonario empresario estadounidense del juego Sheldon Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot y mecenas de la Task Force Argentina, que volcó cuantiosos recursos a difamar a las anteriores autoridades argentinas (…). 
    Elbaum cuenta que Nisman se encontró con Noriega en Buenos Aires en 2010, en un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, coorganizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus Foundation, asidua receptora de aportes provenientes de Adelson, El Rey de Las Vegas. En 2014, Avruj concertó con Nisman la agenda de las reuniones que Maurizio Macrì sostuvo en Tel Aviv y en Jerusalén, vinculadas con temas de seguridad internacional. El entorno de Macri consideraba como referente a Nisman después de sus dictámenes contra la infiltración iraní en Venezuela y América del Sur. A través de los contactos de Nisman, Macrì se reunió con referentes de la derecha israelí y con el primer ministro Netanyahu”.

Hasta aquí, la simpática sección “Yo te lo dije”. Después supimos que Adelson también le pagó 280.000 dólares a Nisman y fue un gran contribuyente a la campaña de Trump, quien junto con Netanyahu pretenden revocar el acuerdo nuclear con Irán. Cuando el premier israelí visitó la Argentina lo acompañó una comitiva de vendedores de equipamiento de defensa, seguridad e inteligencia para el espionaje y el control social. Para superar las restricciones constitucionales (“La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”, artículo 119), el doctor Glock adhirió a la doctrina del Comando Sur sobre las Nuevas Amenazas, por la cual se expande la definición de guerra en múltiples direcciones, de modo de incluir a los atentados de 1992 y 1994. Y para soslayar el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, finge que los diputados y senadores que convirtieron el memorando en ley estaban coaccionados o no sabían de qué se trataba. Pocas veces la definición de mamarracho jurídico estuvo mejor atribuida.

Como sostuvo el CELS el jueves 7, sin debido proceso, no hay justicia: hay persecución. Este es el texto difundido por la organización, que representa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humano a las víctimas del atentado nucleadas en Memoria Activa:

“Desde hace meses, el juez federal Claudio Bonadío impulsa una causa paralela irregular por la firma del memorándum con Irán. Hoy, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y otras cuatro personas, por los delitos de traición a la patria y encubrimiento.

“El juez utiliza como argumento para la prisión preventiva la llamada ‘doctrina Irurzun’: sostiene que los imputados, por haber sido parte del gobierno, pueden entorpecer la investigación o fugarse, o que tendrían ‘nexos’ para hacerlo, sin elementos concretos que den cuenta de que esto sea realmente así.

“Este tipo de argumentación genérica, sin base constitucional, viola lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Loyo Fraire y los estándares de prisión preventiva del sistema interamericano de derechos humanos.

“Si no se cumple con los parámetros objetivos de los riesgos procesales, la prisión preventiva es una medida desproporcionada e ilegal que atenta contra los principios del debido proceso e implica una violación de las garantías constitucionales. Si no hay debido proceso, se trata de una instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos.

“La investigación del atentado a la AMIA es la historia de la degradación de la justicia federal argentina. La construcción de impunidad caracterizó desde el primer momento la respuesta judicial. Veintitrés años después, las víctimas siguen esperando que avance la causa que debe investigar lo que ocurrió mientras el juicio en el que se investiga el encubrimiento trascurre sin que se le preste mayor atención. En 2004, las víctimas aceptaron la nulidad del juicio oral en el que se acusó de forma irregular a un grupo de policías: siempre buscaron justicia con debido proceso. La causa impulsada por Bonadío es una expresión más de la utilización política del atentado y de las arbitrariedades y violaciones al debido proceso que se justifican en una supuesta lucha contra la impunidad”.



► El expediente 8912/10

WHAT'S WRONG, SANTORO?







El ex titular de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ronald Noble (https://twitter.com/RKNGlobal), salió a desmentir al periodista Daniel Santoro por una nota en el diario Clarín en la que lo acusaba de ser cómplice en la escandalosa investigación judicial que lleva el juez Claudio Bonadio por el Memorandum de entendimiento con Irán.



El panelista de Animales Sueltos, aseguró que el juez Bonadio "sospecha" que Ronald Noble ayudó al ex canciller argentino, Hector Timerman a ocultar que se iban a levantar las alertas rojas de su organismo.









También remarcó que la nota es "tendenciosa" y que él estaba dispuesto a responder preguntas y cargó contra el juez Claudio Bonadio: "Un juzgamiento parcializado no puede cambiar la verdad y esa es que Interpol jamás fue interpelado por Argentina o Timerman para dar de baja las alertas rojas".





En su cuenta de Twitter (https://twitter.com/RKNGlobal), Noble reprochó que Santoro no lo contactara siquiera para contrastar la información que le brindó el juez Claudio Bonadio, a quien le atribuye la sospecha.








LAS MENTIRAS DE CLARÍN...



















jueves, 7 de diciembre de 2017

BONADIO: LA ESPADA DE CAMBIEMOS





El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner. Además pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

En una resolución de más de 360 páginas, ordenó las detenciones del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; el dirigente Luis D'Elía, el excanciller Héctor Timerman –dispuso su arresto domiciliario-, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y el exlíder de Quebracho Fernando Esteche.



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“El presidente Macri es el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

Acompañada por legisladores de Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa para responder a la medida judicial dispuesta por el juez Bonadio, quien la procesó con prisión preventiva y pidió su desafuero.





“El cronograma judicial y mediático, apoyado y potenciado por los trollcenters del gobierno, no es inocente, al contrario, es planificado y obsceno”.








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El fallo de Bonadio por el encubrimiento en la causa AMIA


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El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse “como cabeza del revanchismo” iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder.

A todos se los acusa de pretender encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace 23 años durante el gobierno de Carlos Menem, sobre la base de una denuncia por supuesta "traición a la patria" formulada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Para Eugenio Zaffaroni, esta denuncia hecha por el ex titular de la UFI-AMIA “es un disparate”. “Es una aberración decir que hay traición a la patria, si no hay guerra”, que es lo que presupone la Constitución.









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La historia de Claudio Bonadío

En los últimos años, el juez Claudio Bonadio comenzó a ganar protagonismo dentro de las páginas judiciales de los principales diarios y portales de noticias por sus investigaciones al poder político de turno, llevando adelante causas como el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, interviniendo en las multas de Guillermo Moreno a las consultoras privadas que mostraban sus propios índices de inflación, y en estos últimos meses por la famosa causa de las empresas ligadas a la familia presidencial a la que se llamó "Hotesur, pero que incluye varias sociedades más.

Sin embargo, la historia del juez dentro de los pasillos de Tribunales empezó a escribirse mucho antes que la mayoría de la sociedad conociera siquiera su nombre, cuando en el año 1992 se creó el sistema de juicio oral y público y se amplió el número de juzgados de seis a doce.

Su llegada al juzgado federal número 11:

El gobierno menemista decidió designar a jueces que no venían precisamente de las entrañas de los Tribunales, sino a los más cercanos, siendo uno de los beneficiados Claudio Bonadio, quien por ese entonces ya había sabido desempeñar sus funciones dentro de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde hizo muy buenas migas como subsecretario de Carlos Corach, un soldado del entonces presidente, Carlos Saúl Menem.

1996: Cavallo y la famosa "servilleta" de Corach con los jueces menemistas:

Cuatro años más tarde, en 1996, el juez Bonadio afrontaría por primera vez la exposición mediática, cuando el entonces opositor Domingo Cavallo denunció frente a los medios de prensa la existencia de una servilleta escrita a puño y letra por Carlos Corach, donde éste le enumeraba los nombres de los jueces que "jugaban a favor del gobierno".

Por esa denuncia, varios jueces que se encontraban en la lista comenzaron a ser investigados y fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, Bonadio, que acumulaba cuatro denuncias ante el Consejo de la Magistratura, supo resistir en el cargo.

2001: Procesamiento a periodista de Clarín por difundir declaración jurada de funcionario menemista:

El 5 de junio del año 2000, el periodista del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, publicó un artículo en la página 10 del diario titulado "Alderete, en apuros con la DGI: no puede justificar 600 mil pesos", donde se detallaban las inconsistencias de la declaración jurada del ex interventor del PAMI en la última etapa de Carlos Menem.

Un año más tarde, el juez Claudio Bonadio procesó al periodista por el delito de violación del secreto fiscal. Para justificar la decisión, el magistrado planteó una "colisión" entre los derechos de libertad de expresión y la intimidad, señaló que "la libertad de prensa debe ceder" y destacó que "ella no es ilimitada".

Bonelli, en ese entonces, apeló el fallo y afirmó que si la Cámara resolvía en su contra, sentaría precedente y los periodistas no podrían investigar la evasión fiscal de los poderosos de turno. Ya en 2001, la Cámara falló en favor del periodista, quien fue sobreseído gracias al derecho de libertad de expresión y prensa.

2004: Absoluciones y devolución de favores en la causa PAMI:

En el año 2004 y tras sobreseer a varios funcionarios del menemismo vinculados en casos de corrupción, como el ex interventor de PAMI, Víctor Alderete, la Oficina Anticorrupción denunció a Bonadio, tras atribuirle"incumplimiento de deberes, prevaricato y tráfico de influencias" por manejos sospechosos en una causa para favorecer al ex director de PAMI.

La presentación explicaba que el magistrado tuvo a cargo durante más de cinco años una investigación sobre maniobras fraudulentas en el PAMI para favorecer a la firma Fegera con el monopolio de las prestaciones geriátricas y la administración discrecional de fondos, y que omitió citar a un alto funcionario vínculado a Carlos Menem "con el fin de cumplir con la palabra que le habría dado al ex ministro del Interior Carlos Corach, quien a pedido del ex presidente le habría solicitado desvincularlo".

2005: Apartamiento y "cajoneo" de la causa por encubrimiento en AMIA:

Un año más tarde, Bonadio fue apartado de la causa que investigaba el encubrimiento y las pistas falsas plantadas en la causa por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.

Los motivos del apartamiento eran varios, pero la acusación más significativa era por haber estado cinco años sin mover el expediente, beneficiando así a su colega amigo Juan José Galeano y a su ex jefe Carlos Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA.

2014: Seis expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura:

Según publicó la Revista Veintitres en noviembre del año pasado, el juez Bonadio acumula 6 causas en su contra dentro del Consejo de la Magistratura, la mayoría de ellas por "cajonear" causas y demorar injustificadamente los procesos judiciales según el caso.

La más resonante de ellas tiene que ver con una defraudación del Estado en la privatización de la empresa Tandanor. En ella, el letrado Ezequiel Nino, de ACIJ, denuncia a Bonadio por "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", donde "se le cuestiona al magistrado una demora injustificada en el trámite de dichas actuaciones".




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