“Papel Prensa-La Verdad”

En las próximas horas, la presidenta Cristina Kirchner tendrá en su poder el informe “Papel Prensa-La Verdad”, una investigación oficial que impulsó la Secretaría de Comercio Interior sobre cómo los diarios Clarín y La Nación se apropiaron de la empresa en clara connivencia con las tres Fuerzas Armadas, cuando en el país imperaba el terrorismo de Estado.

De esas 22 mil fojas se desprenden pruebas irrefutables de la expoliación que padecieron la familia Graiver y otros miembros de la compañía para entregar sus acciones a los cómplices civiles de la última dictadura.

El informe de las 22 mil fojas, de las cuales una síntesis de 400 será distribuida a los medios, inquieta a los que ya descuentan su paso por los tribunales en los meses venideros para explicar a la justicia de la democracia cuál fue el rol que les cupo o el silencio salpicado de sangre que mantuvieron durante las últimas tres décadas, ante las gravísimas imputaciones que surgen de la investigación y que no son otra cosa que imprescriptibles delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que ante la inminente aparición del informe, la verdad los arrincona y el pacto de silencio que urdieron durante años amenaza con romperse.

Cerca del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, descartan que Videla, Massera, y Martínez de Hoz quiebren la ormertá a la que se consagraron desde siempre. A la vez, no tienen la mínima esperanza en que aporten alguna información los principales beneficiarios del saqueo: Héctor Magnetto –Ceo de Clarín– o los representantes de La Nación en Papel Prensa.

Tampoco los gerentes históricos que ambos diarios colocaron en el directorio y que manejaron los destinos de la empresa. Distinta, analizan, es la situación de la secretaria Alicia Carrera, una empleada leal a sus jefes, que ingresó a la compañía a comienzo de los ’70, cuando César Civita creó Papel Prensa, y que, desde entonces, conoce a cada uno de los protagonistas de esta historia.

Esa cercanía la ha convertido en una pieza clave para reconstruir esta trama que incluye no sólo el saqueo comercial que padeció la familia Graiver, sino también las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y muertes, como la de Jorge Rubinstein, el contador de Graiver quien falleció en una sala de torturas. Esos tres últimos delitos serán parte de las acciones judiciales que se iniciarán tras la presentación oficial de “Papel Prensa-La Verdad” y luego de que la presidenta gire la investigación al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha.

Además Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver, denunciará penalmente a Magnetto.

El pasado viernes 6, Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, afirmó: “Lo va a hacer contra las autoridades que intervinieron en la operación, concretamente contra Magnetto, y la gente de La Nación.”

La mujer fue víctima de presiones y amenazas para que se desprendiese, a fines de 1976, de las acciones de Papel Prensa. La propia Papaleo recordó en un escrito que presentó ante la Secretaría de Comercio Interior, hace una semana, la “sugerencia” indeleble del Ceo de Clarín: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya.” Luego sería secuestrada y torturada.

La situación judicial arrincona a los socios privados de Papel Prensa. Y la relación entre ellos se resquebraja. Dos semanas atrás Fernán Saguier, subdirector de diario La Nación, estuvo frente a Moreno, en su oficina de la Secretaría de Comercio Interior. No fue la iconografía peronista que cubre las paredes y cada rincón del despacho lo que inquietó a Saguier sino la frustración que experimentó ante el fallido intento por disuadir al funcionario para que no sea la presidenta quien anuncie “Papel Prensa-La Verdad”.

En la conversación, el ejecutivo habría reconocido ante Moreno lo exorbitante que resultaban los sueldos de los directivos de la empresa, llegaban hasta los 145 mil pesos mensuales. La fuerte discusión posterior a ese encuentro que habría mantenido Saguier con Jorge Rendo, director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, no hace más que confirmar el malestar que impera entre los socios. Un quiebre que, desde el oficialismo, también perciben por haber sido el matutino de los Mitre el que difundió la sugestiva cena de Magnetto, en su casa, con los presidenciables del peronismo disidente.

Gustavo Cirelli

¡¡¡Guarda con los contreras!!!

"Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria".

RODOLFO ORTEGA PEÑA MODELO PARA ARMAR

Las nuevas generaciones argentinas no conocen a Rodolfo Ortega Peña. Es lógico que así sea, aunque ello evidencia la profunda ruptura social con el propio proceso histórico. Este desconocimiento sobre Ortega Peña se inscribe en un desconocimiento más amplio y general.

El ejercicio del olvido al que han sido condenados los argentinos desde el 24 de marzo de 1976 hasta el presente y los artilugios desarrollados para obliterar el pasado con el ejercicio interesado de la desmemoria forman parte del esfuerzo por ocultar dos décadas intensas. A su vez, el olvido no es sólo derogación de la memoria. Tiende a colocar en su lugar una mítica narración del pasado: el silencio ha dado lugar a formas de normalización falsificadas, a través de una unívoca interpretación oficial.

Las nuevas generaciones argentinas no conocen a Rodolfo Ortega Peña. Salvo para los jóvenes especialmente interesados en conocer la historia de los años 60 y 70, para la mayoría es un nombre desconocido o en lo mejor de los casos, una víctima de la Triple-A, un escritor citado o una plazoleta en la avenida 9 de Julio.

Es lógico que así sea, aunque ello evidencia la profunda ruptura social con el propio proceso histórico. Este desconocimiento sobre Ortega Peña se inscribe en un desconocimiento más amplio y general. El ejercicio del olvido al que han sido condenados los argentinos desde el 24 de marzo de 1976 hasta el presente y los artilugios desarrollados para obliterar el pasado con el ejercicio interesado de la desmemoria forman parte del esfuerzo por ocultar dos décadas intensas y profundas durante las que los jóvenes de entonces (entre los que me incluyo) se plantearon con profundo sentido solidario y colectivo ligar sus vidas con la búsqueda de un mundo mejor, más justo e igualitario, aun a costa de los mayores sacrificios.

A su vez, el olvido no es sólo derogación de la memoria. Tiende a colocar en su lugar una mítica narración del pasado: el silencio ha dado lugar a formas de normalización falsificadas, a través de una unívoca interpretación oficial. Se sustituye la cultura social -que actúa como conciencia crítica- deslizándose el sentido conceptual del pasado a través de la opacidad del presente, resignificando la temporalidad rica y múltiple del saber crítico hasta llegar a la clausura de su significación: ninguna cuestión que pudiese plantearse carece de respuesta dentro del propio sistema articulado por la teoría de los dos demonios como eje de una suerte de fundamentalismo democrático.

Rodolfo Ortega Peña pertenece a esa generación que hace cuatro décadas -recogiendo los legados históricos- soñó la revolución cultural, política, económica y social como un hecho posible y actuó consecuentemente, convencida de la irrelevancia ingrávida de toda otra tarea que no fuera promover aquel cambio -de acortar los tiempos a una victoria que pensábamos inevitable por el decurso de la historia-, abandonando en muchos casos la tranquila existencia personal (sentida por unos como opacidad triste, y por otros, pese a su éxito biográfico, como una situación de complicidad con un sistema injusto): dispuestos a ofrendar su propia vida si ello resultare una contingencia inevitable.

Estos proyectos revolucionarios de los años 60 y 70, no siempre se expresaron mediante el ejercicio de la violencia, aunque todos por igual sufrieron la violencia represiva del terrorismo de Estado. En la mayoría de los casos, aquellos portadores de la ilusión se habían acercado a la política huyendo de la inmovilidad del pensamiento, para pasar a la acción -en todas sus variantes- abjurando tanto del revolucionarismo de café de una izquierda tradicional con la que pretendían romper y superar, como del burocratismo peronista entrampado en los pliegos del poder proscriptivo.

Esta instancia política, fuertemente vital, no fue una mera contingencia de un deslizarse crispante del tiempo social en que estaba inmersos sus actores sino el intento de una relectura de la historia argentina, en acto de con-tinuidad y cuestión al mismo tiempo, en una instancia fundante de un devenir diferente. Al mismo tiempo, traducía en el campo nacional el peso de las experiencias universales y contenía en su multiplicidad dicursiva el plexo de aquella herencia inmediata y mediata. Tenía un claro sentido reparador y regeneracionista.

Ningún sector social ni estamento profesional o laboral quedó al margen de esta interpelación convocante de los años 60 y 70. Aquellas generaciones existieron sobradamente y fueron muchísimo más que aisladas ínsulas. La opción revolucionaria recorrió medularmente la sociedad hasta convencerse a sí misma de la factibilidad de la victoria. Más: estas generaciones fracasaron en su intento, y la mayor parte de quienes encamaron aquellos propósitos transformadores fueron aniquilados por el terrorismo de Estado, en sus formas para estatales antes del 24 de marzo de 1976, y luego por la acción directa de las Fuerzas Armadas.

La revolución quedó como una utopía incumplida, como un sueño desvanecido, transformado en un estallido de dolor y sangre. Llegaron los tiempos de derrota y muerte, que no sólo sesgaron la vida de aquellos que estaban animados por el fuego sagrado de sus convicciones sino que hicieron añicos esos proyectos concretos, personales y organizativos.

Y aquellos programas, con “el tesoro" ideológico revolucionario y emocional que le dio su encarnadura, quedaron allí perdidos, bajo un pesado manto de silencio, carente de toda resonancia y haciendo incomprensible para las generaciones futuras la densa textualidad de sus proyectos, la capacidad cuestionadora y movilizadora de su palabra y el profundo sentido político de su accionar. Tan incomprensible la acción como su respuesta represiva.

Escamoteo interesado, evitante de las preguntas: ¿Qué estaba en juego esos años? ¿Qué y por qué se peleaba? Es decir, cuál fue el entramado de sueños, ideas, análisis teóricos, compromisos vitales y prácticas germinadoras de un hombre nuevo como constructor de un mundo diferente que fue el signo distintivo de aquellos "olvidados y proscriptos" desde el silencio y la
descalificación.

Rodolfo Ortega Peña es una figura paradigmática de aquellos jóvenes intelectuales de la generación del 60, que vivió el influjo sartreano de la vida como compromiso existencial, desde sus primeros pasos como estudiante hasta el cargo de diputado nacional que ejercía a la hora de su muerte (con su unipersonal Bloque de Base, conformado tras separarse del frente justicialista por el que había sido elegido). El 31 de julio de 1974, cuando los sicarios de la Triple-A comenzaron su cadena de muertes quitándole la vida a los 38 años de edad, sin duda, en su criminalidad, coincidían en el reconocimiento del carácter paradigmático y la proyección de aquel que comenzaba a trascender los propios planos de la militancia para adquirir una dimensión nacional.

En distintas instancias de estos veinticuatro años transcurridos desde aquel crimen he abordado el análisis de quien fue mi hermano entrañable y compañero en la militancia y en la actividad cultural y profesional. Lo hice en su accidentado entierro, en el homenaje a los diez años del crimen a los veinte años, al inaugurarse la plazoleta que lleva su nombre, y en otras oportunidades, de manera escrita, en algunas publicaciones.

Cada vez que debí evocar a Rodolfo públicamente, fui completando mi visión de sus múltiples y riquísimos perfiles. De aquellos trabajos rescato especialmente dos, que hoy reproduzco parcialmente.

En una extensa nota hace doce años, decía yo: "¿Desde dónde aproximarnos al recuerdo de Rodolfo? Desde el rechazo de todo encasillamiento, reconociendo que él, como todo ser humano, fue una presencia abierta en sus significaciones, que su vida admite plurales lecturas y que no es posible abarcarlo en su totalidad, ni aquella es reproducible sintéticamente con un puñado de anécdotas o juicios de valor”.

Urgencia vital preparación Intelectual

"En 1962 en la revista Ficción, que dirigía Juan Goyanarte, Ortega Peña publicó un largo análisis de la novela Sobre héroes y tumbas. En esa nota, escrita poco antes de que tomáramos la decisión política de elaborar y firmar conjuntamente todos nuestros trabajos, analiza el tema de la muerte (aun era tiempo de que nuestra generación la visualizara a través de las obras literarias) y dice: Lavalle, Alejandra, Fernando, muertos. ¿Sus muertes tienen algún sentido o carecen absolutamente de él? ¿Por qué ir a Jujuy? ¿ Por qué morir en "El Mirador"? ¿Azar de una partida que dispara? ¿Libre determinación en incendiar la casa, su propia vida? La muerte, ¿tiene realmente un sentido que no es posible delimitar en lo orgánico?

Allí quedan los restos lacerados de Lavalle. Malolientes. Ahí va su corazón con sus hombres. ¿Llevaba Lavalle dentro, muy dentro, su muerte como Alejandra o Fernando? ¿Fue creciendo esta muerte día a día con su vida, hasta surgir galopando desesperadamente? ¿O, por el contrario, la muerte se cruza en el camino inesperadamente? ¿Es realmente un elemento irracional que no se puede reducir? Quizá no estamos preparados para responder. Pero la existencia sigue su curso: y allí va Martín, como nosotros, proyectando su vida, abierto a lo inesperado.

“Ortega a los 26 años reflexionaba antropológicamente sobre el sentido de la muerte, que es lo mismo que decir que analizaba el sentido de la vida. Y lo hacía desde su propia proyección vital totalmente comprometida, que llevaría -doce años después de esas meditaciones- a que convergieran las balas sobre su cabeza y a que hoy, transcurridos otros doce años, yo rescate este texto y lo repiense no sobre Lavalle sino sobre Rodolfo mismo.

Ya que, quienes lo conocimos, sabemos bien con qué urgencia vivió, prodigando su inteligencia tan fuera del nivel común y su cultura de límites incomprobables, con tal vertiginosidad como si llevara "dentro, muy dentro su muerte" y ésta fuera "creciendo día a día con su vida".

"Pareciera -la historia está llena de ejemplos variados- que hay seres que viven presentidamente su muerte joven y que para ellos, los tiempos de ser y hacer, son como una carrera contra el reloj sin resuello ni descanso. Y Ortega Peña no escapaba a esta característica.

"Recibido de abogado a los 20 años, haciendo al mismo tiempo la carrera de Filosofía, estudiando luego Ciencias Económicas; polemizando con Julián Marías sobre la ontología de Unamuno; con Carlos Cossío sobre la teoría ontológica del derecho; con Tulio Halperín Donghi sobre la significación del Facundo: con Marechal y Sabato sobre la estructura de la novela; con Córdova Iturburu sobre las pinturas rupestres de Cerro Colorado; pocos casos debe haber en nuestro país de un intelectual con tanta capacidad y actividad interdisciplinaria. Al mismo tiempo, con tan poco interés en dedicar su vida prioritariamente a cualquiera de esas disciplinas, pese a haber sido hasta el fin, un ávido y obsesivo lector de todas ellas, en castellano, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, latín y griego.

"Urgencia por saber, para hacer: es decir el conocimiento como arma transformadora. Es que para Rodolfo no había actividad científica abstracta, había sólo una práctica teórica, absolutamente enraizada con las tareas de la liberación nacional y social. De él sí que, siguiendo Gramsci, puede decirse era un intelectual orgánico ligado al destino de la clase obrera y del pueblo. Porque toda su actividad estaba puesta al servicio del desarrollo político, del avance en la lucha de las clases postergadas: a las que se había integrado por una firme convicción, saltando por encima de su origen social, tratando de darles lo mejor de sí mismo.

"Pero esta urgencia vital no devenía en un sentimiento trágico de la misma. Todo lo contrario, sólo desde el optimismo esperanzador se puede actuar de ese modo. Por otra parte, Ortega Peña era la contraimagen de la solemnidad, un chico grande con una calidez y una ternura que muchas veces con infantil vergüenza por mostrarse desnudo en sus sentimientos, pretendía sepultar con su aplastante racionalidad, esa que se convertía en un arma implacable sólo con los enemigos de los intereses colectivos.

"De esta manera su vida cotidiana no aparecía escindida entre la alegría de los hechos menores y una solemne y grave actitud ante las grandes perspectivas de su existencia, las que integraba en un continuo sin contradictorias percepciones".

Su humanismo ético y revolucionario Nace cuatro años, cuando se inauguró por disposición del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires la plazoleta Rodolfo Ortega Peña en la Avda. 9 de Julio, allí donde le mataron, volví a precisar los rasgos de Rodolfo.

Decía entonces: “¿Cuál es el legado de Ortega Peña, su valor paradigmático, lo históricamente rescatable? Cuáles son los grandes trazos de su personalidad, aquellos que aspiramos a que queden indelebles en el tiempo. Porque la historia con sabiduría olvida la crónica política concreta para abstraer y esencializar los valores ejemplarizantes, dejando aquella, para los estudiosos e investigadores.

"¿Es posible ya, señalar, los valores perdurables de una figura como Rodolfo Ortega Peña que laboró con igual fervor, la política como la historia, el periodismo como el ejercicio de la abogacía aplicada en función social? ¿Es posible hacerlo pese a la complejidad de su postura ideológico-política, de este hombre visceralmente peronista, pero intelectualmente un obstinado gramsciano, que heredó la pasión argentina de su abuelo David Peña y como aquél, tributario del sueño alberdiano de construir una gran nación sobre bases jurídicas y económicas sólidas?

"Estoy convencido de que sí es posible. Sin ánimo de hablar ex-cátedra, apunto aquí algunos rasgos a mi juicio definitorios: fue antes que nada un humanista, en el más puro sentido ontológico del término. Sus estudios de filosofía, su búsqueda del saber de los saberes, no era otra cosa que la búsqueda del hombre, de todos los hombres. Su primer compromiso era entonces con el destino del ser humano como tal.

"De este compromiso fundante, nacieron sus quehaceres: la política como servicio a los demás, asumida con el rigor de quien para ejercerla, no consideró suficiente su formación jurídica y filosófica, sino que estudió con igual dedicación las ciencias económicas. Su casi infinita cultura, fue también parte de su aprendizaje para la acción política. Porque sin estas herramientas jamás Rodolfo se hubiera considerado en condiciones de acceder a algo que consideraba absolutamente serio y responsable: la práctica política.

"De aquélla deriva también su irrenunciable compromiso con los derechos humanos, que lo llevó desde el inicio de su profesión al ejercicio de la defensa de los pre-sos políticos, aun y en muchos casos, de quienes estaban en sus antípodas ideológicas y políticas. Un compromiso racionalmente asumido que le hizo transitar el camino de la muerte, porque éste fue lo que más incomodó a quienes planearon el crimen.

"Necesariamente, también allí, radica su inclaudicable postura a favor de las causas populares, saltando sobre el prefijado destino familiar que le hubiera permitido fácilmente ser un brillante abogado de minorías privilegiadas.

"Otro rasgo esencial -y que en estas épocas aparece mucho más destacable - es la honestidad de este hombre que murió pobre, sin más patrimonio que su biblioteca, no por falta de oportunidad de quien asesoró a encumbrados dirigentes sindicales y que pasó por el Congreso de la Nación, rechazando las ofertas altamente beneficiosas en lo económico con que le tentaron para acallar su voz disidente.

"Es que Rodolfo Ortega Peña fue esencialmente un hombre ético, de una profunda eticidad, que lo llevó a soñar con un Hombre Nuevo capaz de construir revolucionariamente un mundo mejor. Revolucionar, como enseña el Diccionario del uso del español de María Moliner, es imprimir un giro diferente a un tiempo determinado o preconizar un cambio radical de las cosas. Y Ortega Peña desde su ética absoluta, jamás se resignó a aceptar el mundo en que le tocó vivir como algo con lo que debía conformarse. Siempre creyó que la humanidad, y en el caso, los argentinos, nos merecíamos un mundo mejor, mucho más justo e igualitario y luchó apasionadamente para que despuntara el alba.

"Pero no nos confundamos, Ortega Peña, no se planteó para sí, tomar el cielo por asalto, y por el contrario, fue un ferviente partidiario de la lucha de posiciones, en el marco de las instituciones republicanas. Por ello este hombre que no pertenecía a organización alguna, aceptó ser diputado de la Nación conformando un bloque unipersonal, para luchar por una democracia auténtica, fiel al mandato recibido. Y porque creía en los valores de la democracia participativa no usó su banca para convertirla en tribuna del petardismo sino que trabajó con ahínco en mejorar las leyes tanto en las comisiones como en el recinto, dando memorables aportes a los debates y convirtiéndose en un fiscal insobornable. Paralelamente llevó su banca a la calle y allí donde hubo una necesidad o una injusticia, lo encontró presente".

24 años después Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario del crimen, quisiera agregar, un hecho sustancial, implícito en todo lo antes dicho.

Poco a poco, y por la fuerza de los acontecimientos, el campo popular y revolucionario estaba encontrando la figura capaz de unirlo y liderarlo, en aquel hombre que hizo del antisectarismo y de la unidad, un estilo de vida.

Junto a Agustín Tosco, Rodolfo Ortega Peña, aparecía en el escenario político argentino con la capacidad para convertirse en la amalgama que superara las dicotomías y las obstinaciones, y de conducir en el campo de las instituciones republicanas, ese gran movimiento transformador que agitaba la Argentina.

No fue casual entonces que su prematura muerte inaugurara la etapa sangrienta del último terrorismo de Estado padecido en el país.

Eduardo Luis Duhalde

Para citar este artículo:

Duhalde, Eduardo Luis (03-04-2006).
RODOLFO ORTEGA PEÑA MODELO PARA ARMAR.
HOLOGRAMÁTICA - Facultad de Ciencias Sociales UNLZ
Número 6, V6, pp.3-12
ISSN 1668-5024

EL PELADO ORTEGA PEÑA

El 31 de julio de 1974, el diputado nacional Rodolfo Ortega peña fue acribillado por la Alianza Anticomunista Argentina en pleno centro porteño. Ahora, mientras avanzan las causas para que los crímenes de la Triple A sean considerados de lesa humanidad, dos periodistas editaron La ley y las armas, una investigación sobre la vida de este intelectual y abogado defensor de presos políticos, obreros y militantes que juró en el Congreso con la famosa frase "La sangre derramada no será negociada".

Rodolfo Ortega Peña (1936-1974) conformó un bloque unipersonal en el Congreso de la Nación. Asumió como diputado en marzo del 74, cuando ya estaba peleado con Perón.

BLOGUEROS EN EL SENADO

El Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Eric Calcagno, del Frente para la Victoria, junto a la Juventud Platense Para la Victoria y el Movimiento Peronista Bloguero (MPB) invitan a participar de la charla abierta:

“Hacia la independencia de las palabras: jóvenes, participación y discurso político”

que se realizará el jueves 08 de julio, a partir de las 18.00 horas, en el Salón de Lectura del Honorable Senado de la Nación (sito en Hipólito Yrigoyen 1849, 1º piso, Capital).

Además del Senador Eric Calgcagno, estarán en la disertación los siguientes compañeros: la Directora Nacional de Juventud, Mariana Gras; el Periodista, Jorge Dorio; el Subsecretario de Juventud de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Carreras; y los periodistas radiales y blogueros Gonzalo Navarro, Gonzalo Santos, Diego González (MPB) y Diego Richiusa.

Compañero/a, esperamos contar con vuestra presencia y aporte.
abrazo grande

LA ÚLTIMA PALABRA

La Corte Suprema admitió la apelación que el Estado nacional presentó contra la suspensión de la nueva ley 26522: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El tribunal, en una decisión que le tomó unas pocas líneas, solicitó al procurador General de la Nación, Esteban Righi, que diera su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Si bien se trata de un paso en apariencia formal, un rechazo del máximo tribunal al pedido del Gobierno hubiera significado la convalidación de las decisiones que frenan la norma y la imposibilidad de aplicarla por un largo tiempo. Mientras el amparo siga vigente, rige la vieja Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura.

“Creo que es una decisión importante porque al haber admitido la apelación, la Corte está diciendo que hay gravedad institucional”, dijo a Página/12 el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el funcionario que llevó el reclamo del Gobierno ante el máximo tribunal.

En su escrito, justamente, Da Rocha planteó que había “gravedad institucional” porque se estaba privando al sistema de medios del régimen jurídico aprobado por el Congreso. Si bien los integrantes del máximo tribunal no dijeron nada al respecto, en el Gobierno destacaban que los Supremos suelen oponerse a admitir el tratamiento de medidas cautelares porque no son sentencias definitivas. Ocurre que, en este caso, la resolución de la Justicia mendocina implica la parálisis íntegra de una ley. “Se está jugando un tiempo político institucional. Está paralizada una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo”, agregó Da Rocha al reclamar que el máximo tribunal no estire los tiempos para tomar una decisión de fondo.

La decisión de los jueces de la Corte, que fue unánime, no significa un aval o rechazo al contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que está en juego es la medida tomada por la Justicia mendocina, que congeló la aplicación de la norma por pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. Pero, ayer, la Corte tampoco se pronunció sobre el amparo, sino sobre la posibilidad de analizarlo. Por ese motivo, la ley seguirá suspendida hasta que los jueces se expidan sobre la medida cautelar.

Thomas impugnó el proceso de sanción de la ley por supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal avaló su reclamo y luego lo respaldó la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Otilio Romano. Este último magistrado intentó instalar que había sido presionado por organismos de derechos humanos para avalar la ley de medios, cuando, en realidad, estas agrupaciones lo habían denunciado antes por su actuación durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal.

El próximo paso de este expediente estará a cargo del procurador Esteban Righi, quien, en quince días, se expediría contra la medida cautelar y pediría que se levante la suspensión de la ley. Luego, deberá pronunciarse la Corte.

Aunque en esa instancia no hay plazos para tomar una decisión, en el tribunal esperan poder fallar antes de la feria judicial de invierno. Entre otros aspectos, los supremos deben resolver si Thomas estaba legitimado o no para llevar adelante esa acción judicial y si el proceso de formación de las leyes es una cuestión “judiciable”.

Esas fueron algunas de las cuestiones planteadas por el Gobierno en su escrito. En caso de que el amparo mendocino sufra un revés en el máximo tribunal, tampoco estará dicha la última palabra. Es que hay otras suspensiones en danza, aunque en la mayoría de los casos se trata de impugnaciones parciales a la norma que reemplazó la Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura militar. En Salta, un juez frenó la norma íntegra al estilo mendocino y el caso está siendo estudiado por la Cámara Federal local. En tribunales se especula con que esperarán el guiño de la Corte para resolver. Si, en cambio, la Cámara salteña se expide antes, avala la suspensión y el Gobierno vuelve a apelar, el máximo tribunal deberá analizar si trata ambos casos en el mismo fallo.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, celebró la medida de la Corte y dijo que la ley 26522: de Servicios de Comunicación Audiovisual está “irregularmente suspendida, ya que los jueces no sólo no eran competentes, sino que además era el primer caso en la historia del derecho argentino que la Justicia suspende la aplicación de una ley en todo el país”.

También, aguarda que en las próximas semanas se pueda “aplicar la primera ley de los últimos 26 años de democracia” en materia de medios de comunicación. La resolución del máximo tribunal también fue bien recibida por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

El dirigente de la Asociación Argentina de Actores Norberto Gonzalo señaló que “la Coalición no sólo quiere festejar la decisión de la Corte sino revalidar la metodología del debate horizontal que nos permitió elaborar los 21 puntos y contribuir a la elaboración de la ley con la participación de todos los sectores involucrados”.

Victoria Ginzberg

fallo de cámara

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló la medida cautelar que frenó el uso de las reservas e hizo lugar a la apelación del Gobierno. El tribunal consideró que hubo defectos procesales en el fallo que suspendió la aplicación del DNU 298/10. (¿ahora dirán que la justicia es K?)

clarín, magneto devuelvan a los nietos... (la opinión del ex juez Marquevich)

CARTA ABIERTA DE RODOLFO WALSH A LA JUNTA MILITAR

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivtas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.¹

Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el soplete de las actualizaciones contemporáneas.²

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia,incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos.³

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y Ios partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.
Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.⁴

El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.⁵
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.⁶
Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces dc atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea ⁷, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre "violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.⁸

La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Boliva y Uruguay.⁹

La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de "Prensa Libre" Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales.
A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal".¹⁰

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar¹¹, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisioncs internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%¹² prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.¹³

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subtérráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortutunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.

6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos".¹⁴

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideologia que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán dcsaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.

Rodolfo Walsh

C.I. 2845022

Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

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¹ Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de "liberados" que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.

² El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: "Picana en Ios brazos, las manos, los muslos, cerca de Ia boca cada vez que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba".

³ "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.

⁴ Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga".

⁵ En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios. 100. Total: 4.000.

⁶ Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.

⁷ "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.

⁸ El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió que "el terrorismo de derecha no es tal" sino "un anticuerpo".

⁹ El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy, lo acusó de "simular" su secuestro.

¹⁰ Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.

¹¹ Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.

¹² Diario "Clarín".

¹³ Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.

¹⁴ Prensa Libre, 16-12-76.

LOS JUECES DE LA DICTADURA GOZAN DE BUENA SALUD

Algunos renunciaron. Unos pocos intentaron resistir y fueron cesanteados. La inmensa mayoría juró acatar los objetivos fijados en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional que sancionó la Junta Militar tras el golpe del 24 de marzo del 76.

Sus responsabilidades no son homogéneas y, aunque el regreso de la democracia significó para los más notorios el fin de sus funciones en los poderes judiciales de la Nación y las provincias, no son pocos los que pudieron reciclarse recostados en sus contactos con el poder político y económico, o gracias al silencio cómplice de sus colegas.

La situación no es nueva, pero cobró vigencia desde que un nutrido grupo de magistrados, ubicados en posiciones claves, cuestionó las decisiones del poder surgido de las urnas en temas claves como la ley de medios, el pago de la deuda en default y la aceleración de las causas por crímenes de lesa humanidad.

“Desde 1930, cuando la Corte Suprema reconoció por acordada como legítimo a un gobierno de facto, los jueces jamás se plantearon la posibilidad de enfrentar a los grupos que decidieron la suerte del país a espaldas de la voluntad popular”, reconoció a Miradas al Sur un ex magistrado que se inició como meritorio en la década del sesenta en el fuero comercial.

El perfil se acentuó cuando el terrorismo de Estado arrasó con la disidencia. Un proceso que terminó por distanciar a sus integrantes de las demandas sociales. El informe final de la CONADEP es ilustrativo: “Hubo jueces que, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también es real que hubo quienes, teniendo el deber jurídico de proteger a las personas y sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros y las desapariciones”.

Un pasado que condena. Reciclados como adalides del estado de derecho, muchos jueces integran una intrincada trama que los vincula –por comunidad de intereses y afinidad ideológica– con los sectores transnacionalizados de la economía; un lugar donde abrevan los estudios jurídicos más influyentes del país. Un verdadero poder que comenzó a constituirse a la sombra de la dictadura, se reconvirtió durante la década del menemismo, y aflora hoy para defender a sus patrocinadores en cuestiones comerciales, políticas y penales.

Un ejemplo de la supervivencia de esos sectores es el caso de cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Formosa.

• Manuel Hang –ex presidente del Tribunal– es el más comprometido. Tras el golpe militar, integró el Tribunal como juez subrogante, para desempeñarse luego en la Asesoría General de Gobierno, donde compartió funciones con el ex capitán Carlos Domínguez Linares –imputado por tormentos agravados–. Una carrera en la judicatura castrense que lo elevó al cargo de fiscal de Estado cuando el general (R) Juan Carlos Colombo –acusado de delitos de lesa humanidad– regía los destinos de la provincia.

Los organismos de derechos humanos de la provincia destacan que no pueden impartir justicia quienes fueron cómplices de la dictadura y agregan los casos de otros 3 miembros del Tribunal:

• Carlos Gerardo González –designado fiscal en Las Lomitas en plena represión–,

• Ariel Coll –ingresó al Poder Judicial de la provincia en 1978 y se desempeñó como juez en Las Lomitas y Clorinda– y

• Arminda del Carmen Colman –ascendida de secretaria a jueza de mayor cuantía de Formosa por la dictadura–...

¡Aunque recusados y denunciados infinidad de veces, todos siguen en sus cargos!

Similares acusaciones pesan sobre los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: René Mario Goane y Alberto José Brito:

• René Mario Goane se desempeñó en la Fiscalía del Estado provincial entre 1976 y 1983 –además fue director del Registro Civil entre mayo y julio del 76–.

• Alberto José Brito juró dos meses después del golpe para asumir como secretario en el fuero civil y comercial, desde donde escaló posiciones hasta acceder en octubre del 77 a una secretaría en la Corte, antes de ser designado juez en lo civil y comercial. Desde septiembre del año pasado, los organismos de derechos humanos esperan que la Legislatura se haga cargo del tema y no dejan de señalar que los sucesivos gobiernos mantuvieron en la judicatura provincial a jueces vinculados con la dictadura.

La situación no es mejor en Mendoza. “La Cámara de Apelaciones tiene una posición tomada, y es claramente a favor de los represores”, denunció Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la provincia todavía genera críticas la catarata de excarcelaciones que benefició a un grupo de represores que actuó en la región. Las denuncias apuntan a los jueces Otilio Romano, Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitinio y Luis Miret.

Sus resoluciones permitieron que Tamer Yapur –ex interventor provincial durante la dictadura– y el coronel (R) Oscar Orlando Dopazo –ex jefe de inteligencia del G2– esperaran en libertad, al igual que los ex comisarios Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, el inicio del postergado juicio oral en el marco de una megacausa que investiga unos 200 casos de desaparición y tortura, además del asesinato de Francisco “Paco” Urondo.

Otro ejemplo de supervivencia lo constituyen:

• Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, y

• Conrado Bergesio, juez federal de San Martín que debe dilucidar si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos.

Ambos magistrados se desempeñaron en la Cámara Federal en lo Penal, una jurisdicción extraordinaria creada por EL DICTADOR Alejandro Agustín Lanusse en 1971 para juzgar delitos calificados como “subversivos” y que fuera disuelta por el Congreso en 1973.

Más recordado como “El Camarón”, el tribunal acumuló en su breve vida un sinnúmero de denuncias sobre apremios ilegales que –en muchos de los casos– se habrían producido con el conocimiento de sus integrantes.

Algunos miembros del Poder Judicial, sin levantar la voz, consideran que Basavilbaso y otros integrantes del Tribunal debería seguir los pasos de Alfredo Horacio Bisordi, quien renunció cuando se desempeñaba como presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal antes de enfrentar un juicio político por las persistentes demoras que registraban las causas por delitos de lesa humanidad. Su trayectoria –dicen en Tribunales– no dista mucho de la que pueden exhibir algunos de sus colegas. Secretario de la Corte Suprema en los años 90, ingresó en la Justicia en 1967 y se mantuvo como secretario de un juzgado penal antes y después del golpe de marzo del 76.

A diferencia de Bisordi, proclive a los exabruptos, Basavilbaso mantiene el apoyo de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, quien no dudó en reiteradas ocasiones en acusar al Gobierno de presionar a los jueces, pero olvida que su protegido promovió los sobreseimientos de Ramón Camps y Miguel Echecolatz en una causa en la que intervino cuando se desempañaba como fiscal del fuero penal.

“Oscuro e ineficiente”. A veintisiete años (27) del regreso de la democracia, la resistencia del Poder Judicial a realizar una autocrítica sigue tan vigente como su opción por las posiciones conservadoras.

“Basta detenerse en las persistentes denuncias por torturas que se registran en muchas jurisdicciones, o la aplicación de la prisión preventiva bajo condiciones inhumanas de detención, para darse cuenta del consenso que reina entre la mayoría de los jueces”, confió a Miradas al Sur un ex secretario del fuero penal.

Aunque a partir de 1983 se registraron avances, muchos abogados destacan que “la criminalización de las protestas sociales” y “los desalojos de familias ordenados sabiendo que no existen soluciones habitacionales desde el Estado” son pruebas del posicionamiento ideológico de muchos de sus integrantes.

Quienes transitan desde hace muchos años los pasillos de los Tribunales en busca de justicia para sus clientes, no dudan en afrmar que hoy, al igual que en el pasado, muchas causas que se tramitan en los fueros federal y comercial avanzan o se frenan al compás de las pujas que desatan los intereses políticos y económicos en juego.

Aunque existen excepciones, la encrucijada convierte a los jueces en reguladores del conflicto. “La situación se agrava en las provincias, donde los grupos más reaccionarios tienen representantes en el poder político con capacidad para presionar a los jueces inferiores ante la mirada impasible de los tribunales superiores”, afirmó otro de los consultados.

Según la visión aportada por el Centro de Estudios Legal y Social (CELS), la situación “ha ido delineando en la Argentina un Poder Judicial con fuertes tendencias corporativas y burocráticas, permeable a las pujas de poder, oscuro e ineficiente, acostumbrado a no rendir cuentas, alejado de los conflictos sociales y con escasa legitimidad”.

Un retrato que no ayuda a mejorar la defensa que realizó la jueza María José Sarmiento de su padre, el coronel Luis Alberto SARMIENTO, acusado de torturar hasta la muerte en 1972 al estudiante Ángel Enrique Brandazza.

fuente
La dictadura sigue presente en la familia judicial