CARTA DE PÉREZ ESQUIVEL AL JUEZ GRIESA

PÉREZ ESQUIVEL A GRIESA:  
No es justo pagar una deuda ilegítima e inmoral


Al Sr. Thomas Griesa

Juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU.

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.
Más que dirigirme a usted como juez que interviene en una causa que desde hace tiempo tiene en vilo a nuestro pueblo, quiero hacerlo como persona. Quiero poder aportar más libremente a la reflexión sobre la situación que se ha generado en la República Argentina, por las pretensiones de un grupo de financistas poseedores de unos pocos bonos de la deuda externa. Ellos buscan cobrar el 100 % de los mismos, de manera que tendrá un grave impacto sobre la vida del pueblo argentino, habiéndolos comprado por centavos y sin jamás haber invertido para su bien.

Espero, Sr. Griesa, que Ud. comprende la situación que vive nuestro pueblo y las consecuencias sociales, económicas y políticas que tiene el pago de esta deuda inmoral e injusta para las personas y comunidades más necesitadas.

Debe tener presente que los bonos cuyo pago hoy se discute, están manchados con la sangre de las víctimas de la dictadura militar. Forman parte de una deuda contraída a espaldas del pueblo y que nunca llegó a sus manos. Son parte del endeudamiento que después fue impuesto en los años ´90, incluso renunciando a la soberanía y cediendo jurisdicción de manera inconstitucional a tribunales extranjeros como el suyo, supuestamente para saldar las deudas anteriores.

Por eso afirmamos que es una deuda ilegítima, inmoral e injusta. Detrás de los números existen rostros que nos cuestionan e interpelan, de niños, jóvenes, hombres y mujeres víctimas de la injusticia social y estructural, el empobrecimiento, la miseria y exclusión social que afectan a millones de seres humanos en nuestro país como también en América Latina y el mundo.

Estoy seguro que Ud. no ignora esto ni tampoco, el peso de la especulación financiera en la generación de estas situaciones. Más que una deuda externa, es ya una deuda eterna, matemáticamente impagable por más que se intenta con un alto costo en vidas humanas y sacrificando el desarrollo del país. Nunca puede ser justo que se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos.

Es por esto también que junto a muchos otros, desde hace años venimos luchando contra el pago de estas deudas ilegítimas, exigiendo una auditoria oficial de las mismas, la aplicación de las leyes argentinas, la anulación de la cesión de jurisdicción y que no se continúan estas prácticas inaceptables con los nuevos bonos, contratos y tratados que se siguen firmando.

Sr. Griesa, no quiero poner en duda su acción como juez, pero si me preocupa la justicia ciega. Usted bien sabe que no toda ley es justa y que muchas veces se confunde lo legal con lo justo, o no se tenga en cuenta la situación de los pueblos y se los trate como algo abstracto y lejano. Ud. debe conocer la obra de Henry Thoreau, cuando señala que si bien hay que obedecer la ley, igualmente es necesario resistir la ley injusta hasta lograr su transformación. Me parece una reflexión pertinente con relación a estos poderosos financistas, que para sus políticas de verdadera rapiña, buscan respaldo donde no lo deberían encontrarlo.

Esto no deja a un lado las omisiones y los errores cometidos por los sucesivos gobiernos de la Argentina, el Parlamento y nuestro Poder Judicial, en asumir el tratamiento de esos bonos y de toda la deuda. Pese a reconocer, desde tiempos de la dictadura hace ya más de treinta años, la ilegitimidad e ilicitud de gran parte de la deuda generada, ninguno ha realizado lo necesario  –incluyendo por ejemplo auditarla–  para separar lo legítimo de lo ilegítimo, lo legal de lo ilegal, para evitar que al pueblo argentino se le siga exigiendo el tremendo costo de pagar lo que no se debe.

No sé si Ud. está al tanto de que existe en nuestro país, una decisión judicial del año 2000, que establece la fraudulencia y arbitrariedad de la deuda que dio origen a los bonos hoy en posesión de los fondos especulativos que buscan obtener lo que en justicia, no les corresponde. Existen además denuncias cuya investigación judicial está aún abierta, con relación a esos mismos bonos.

De acuerdo a las leyes de nuestra república y el derecho internacional, son deudas verdaderamente nulas. Los Principios Rectores sobre la Deuda y los Derechos Humanosnos recuerdan que es responsabilidad de cada prestador y prestatario, investigar y no pagar las deudas contraídas de manera injusta.

Esta deuda es una herencia no querida y pesada que arrastra una carga grande de dolor y sacrificios. Se ha transformado en un mecanismo que lleva en si la dominación y el sometimiento de todo un pueblo.

El país quiere y debe cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Por eso es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia. Es necesario además reconocer que según el derecho, tiene prioridad la “deuda interna con el pueblo”: la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales, los desafíos de la educación y salud, que no se mueran los niños de hambre y enfermedades evitables y poder alcanzar una vida digna sin que le roben la esperanza a nuestros jóvenes.

Estoy seguro, Sr. Griesa, que Ud. comprende lo valioso de la oportunidad que tiene para velar por la justicia, y no solo las leyes que algunos tienen más poder que otros para imponer. Es necesario cambiar las leyes en EE.UU., en nuestro país y en muchos otros, para evitar situaciones de esta naturaleza. Mientras tanto, esperamos igual que prime la justicia y que los derechos de quienes no han sido escuchados todavía en los tribunales, tengan la prioridad que merecen.

Gracias por permitirme estas reflexiones. Si en algo pueda contribuir, profundizar sobre cualquier de los elementos señalados, estoy a su disposición.

Adolfo Pérez Esquivel

 Premio Nobel de la Paz y Presidente,

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina y el Servicio Paz y Justicia SERPAJ

Letter to Mr. Griesa in English

LA PROPIEDAD PRIVADA O LA VIDA

Tras los casos de linchamiento en Rosario, la violencia se repitió el sábado 29 de marzo: sucedió en Palermo. Especialistas que cruzan lo social con la criminología y la política aportan las claves de lo que ocurre: el discurso autoritario y del miedo, el Código Penal, Massa y la “inseguridad” como tema de la campaña en 2015...



El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.

La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.

La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.

Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.

La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.

Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.

En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.

En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”

“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.

Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de 9 cada 100.000 habitantes se pasó a 21 cada 100 mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.

Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.

Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.

Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.

Carlos Rodríguez

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LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA

JUNTAN FIRMAS PARA LA REVOCATORIA DE MANDATO DE MACRI Y VIDAL

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán la posibilidad de sumar su firma a las 510 mil que se necesitan para intentar remover al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su vicejefa, María Eugenia Vidal, de sus respectivos cargos.

Con ese objetivo, un grupo de vecinos acusó en mayo pasado graves fallas en la gestión del PRO, e inició el trámite que habilita la Constitución porteña en su ARTICULO 67: "El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente".

Una vez entregadas las planillas a los interesados, la ley establece un plazo de un año para alcanzar el número de firmas necesario y devolverlas al Tribunal. En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el TSJ declara la caducidad del procedimiento. De alcanzar el número, los magistrados tienen 90 días para convocar a un Referéndum revocatorio. La elección es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el 50 por ciento de los inscriptos.

En total, cinco personas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia, dos por un lado, y tres por otro. El pedido se basó en el accionar del Gobierno de Macri durante la represión en el Hospital Borda, la falta de obras necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones en la Ciudad -hubo ocho muertos por la del 2 de abril-, y por el dictado del decreto de necesidad y urgencia que aprobó el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires, contrario a la Ley de Medios. El TSJ resolvió entonces juntar a todos en un mismo expediente y dio curso a la solicitud de revocatoria.

Lucía Medina es una de las vecinas que acudió ante el máximo tribunal porteño junto a Ricardo Pelusa. Ambos son militantes de Aluvión Ciudadano, un partido político joven, pero que ya tuvo su primer participación en las últimas elecciones con sus candidatos a la legislatura porteña que encabezó Carlos Oviedo y que también integró Medina. "Queremos hacer una convocatoria lo más amplia posible, que no esté teñida de partidismo político. Lo hacemos apelando a la participación ciudadana", manifestó.

Medina y Pelusa presentaron el pedido el 17 de mayo pasado. Según establece el ARTICULO 67, el Tribunal tiene 30 días para expedirse. Sin embargo, la resolución del Tribunal, que fue favorable, salió el 21 de febrero. Es decir, nueve meses después. Esto hace que los tiempos administrativos necesarios se acorten y sea aún más ardua la tarea de recolectar las adhesiones, señala la denunciante.

"Nosotros entendemos que la demora en la resolución no es casual, porque nos deja con muy limitados con los tiempos. El Referéndum se tiene que hacer antes de llegar a los últimos seis meses de mandato. Con lo cual tenemos un año para recolectar un poco más de 510 mil firmas, que sería el 20 por ciento del padrón", explica Lucía en diálogo con Infobae.

El Tribunal puso fecha de entrega de las planillas para el 18 de marzo, por lo que la recolección comenzaría el miércoles 19. En pos de organizarse y llegar a todos los barrios de la ciudad, Medina y el resto de los denunciantes se reúnen asiduamente para ajustar detalles y emprender la tarea. En principio, el local de Aluvión Ciudadano que se encuentra ubicado en Riobamba 434 estará preparado para recibir a los vecinos que deseen estampar su nombre en el pedido de revocatoria. Pero la intención es movilizarse, establecer otras sedes y llegar a todos los barrios de la ciudad.
Lucía, quien trabaja como empleada en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostiene que "el problema del Gobierno de Macri no es que sea ineficiente, sino que responde a ciertos intereses. Y tiene un desconocimiento y una negación absoluta por las instituciones. Macri ha vetado leyes indiscriminadamente que fueron aprobadas por la Legislatura, incluso aquellas que surgieron desde su propio espacio".

"Pretendemos que se interpele una gestión de gobierno que durante todos estos años ha vulnerado derechos básicos de la gente", señala Medina, entre ellos el derecho a la Educación -dice- a raíz del "desastre" de la inscripción online.

Más allá de que aún no está habilitada la recolección de firmas, se han acercado a ellos muchos vecinos. Ya recibieron mensajes de gente interesada, algunos afectados por otras problemáticas de la Ciudad, ya sea por vivienda, salud, la falta de vacantes en las escuelas, o la defensa del barrio, como ocurre con los habitantes de Palermo y los de Caballito que se oponen a la instalación de nuevos shoppings.

También han recibido algunas críticas. Muchos se preguntan si esta iniciativa no significaría vulnerar la voluntad popular, o acaso habría que esperar a que termine su período de Gobierno.

"Nosotros entendemos que es al revés, que la posibilidad que nos brinda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos pone en un lugar privilegiado. Es tan democrática la chance de revocar un mandato como la de elegir a un candidato", considera Lucía. Otros plantean dudas sobre el alcance de la medida. También están quienes consultan si esto mismo se puede hacer con la presidente Cristina Kirchner, algo que la Constitución Nacional no contempla.

En cuanto a la evaluación del kirchnerismo que hace su espacio político, Aluvión Ciudadano, Medina explica que la gran mayoría de sus integrantes provienen del peronismo pero también hay representantes de otros sectores, y que, si bien han apoyado algunas medidas y criticado otras, no se definen como oficialistas. Consideran sin embargo que "el gobierno nacional ha realizado una gran cantidad de transformaciones". En ese sentido, remarcan que hay un fuerte contrapunto con el gobierno porteño en cuanto al rol que le da cada administración al Estado. "Esa es una de las cosas que más le cuestionamos al jefe de gobierno", señaló la mujer.

Nota de Infobae

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¿POR QUÉ la REVOCATORIA de MANDATO?

MACRI: «With a Little Help from My Friends»

Cómo es el plan de Macri para controlar la justicia porteña: El macrismo logró imponer retoques a 3 normas centrales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad. 

La remoción de magistrados "díscolos" y el control sobre los fiscales, en la agenda del alcalde. 

Los ideólogos del plan.



El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró reformar una serie de leyes clave que le permitirán tener bajo control al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Sin sobresaltos y disimulado dentro del paquete de leyes aprobadas en la Legislatura en un maratónico fin de año previo al recambio de bancas, los legisladores del PRO consiguieron introducir cambios en tres normas que regulan el servicio de justicia con las que el oficialismo ahora podrá promover la remoción de jueces díscolos y tendrá el control disciplinario directo sobre los fiscales. Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara podrían ser los primeros magistrados cuestionados por sus fallos adversos al gobierno porteño.

En la sesión del 6 de diciembre pasado, la bancada macrista se aseguró contar con un número holgado de voluntades –aportadas en parte por el kirchnerismo porteño– para modificar la Ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la Ley Nº 31 que reforma el Consejo de la Magistratura local, y la Ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En rigor, se trata de una reforma más profunda que la intentada por el gobierno nacional, que encontró su límite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una oleada de críticas a la iniciativa de elección popular de consejeros para el órgano de promoción y remoción de jueces, incluidas las del macrismo. Para las organizaciones vinculadas al derecho y los cuerpos colegiados de la justicia, la implementación de estos cambios en la Ciudad no pasó desapercibida y ya alzaron la voz por sus implicancias en la independencia judicial.

Con 48 votos a favor se aprobó un proyecto diseñado por el diputado del PRO y ex subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, para reorganizar el cuerpo normativo en la Ciudad a partir de retoques en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital Federal. Presti fue uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada, pero en paralelo el proyecto de su autoría, que antes habían naufragado por falta de acuerdo, comenzó a ser revitalizado. Ya en 2012, el PRO había buscado disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Según fuentes judiciales el principal objetivo está en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) donde el gobierno cosechó los principales reveses.

La Ley Nº 31 que regula al Consejo de la Magistratura local cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al PRO una reforma cuyo objetivo era "mejorar su funcionalidad", pero que implicaba el cambio de mayorías para la toma de decisión, y también en la integración necesaria del quórum para llevar a cabo los plenarios. En síntesis, un cambio que le permitirá a la representación del PRO impulsar no sólo la postulación de jueces, sino promover su remoción a voluntad.

En la propuesta de modificar la norma y derogar la Ley Nº 1988, intervinieron como autores el diputado del Frente para la Victoria Alejandro Amor –cuyo destino final fue ocupar la cabeza de la Defensoría del Pueblo en un cuestionado acuerdo entre las fuerzas políticas para ocupar los cargos a renovar– y Francisco Quintana, del PRO. Además, se creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, que actuará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y regulará los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificaciones en los métodos para su selección.

CONSEJO. La clave de los cambios en el Consejo de la Magistratura está dada por la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros sólo será necesaria la presencia "de cinco (5) miembros que componen el Consejo" para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia ocupada por el ex legislador Juan Manuel Olmos tendrá la definición.

Pero para el proceso de acusación de un juez y su envío posterior a un jury de enjuiciamiento en el que es requerida una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a "2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros". Significa que, para remover a un juez, deben estar presentes sólo seis consejeros en el plenario, incluyendo un representante del Poder Judicial, uno en nombre de la Legislatura o uno del estamento de los abogados.

Con sólo cinco votos afirmativos (la mitad más uno del total de los miembros) se lo podrá enviar a juicio político. El mismo número será el que necesite el PRO para definir los candidatos a ocupar vacantes de jueces, fiscales, defensores o asesores tutelares.
Hoy responden al macrismo seis miembros del Consejo, con lo que luego de esta reforma tendrá aun mayor margen para imponer sus postulantes a los cargos judiciales y de ministerios públicos, pero también para desplazarlos de su cargo.

A principios de diciembre, Tiempo Argentino adelantó que con esta reforma, tampoco serían necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos de jueces. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir los 31 votos con los que el macrismo pretende "rodear" a los magistrados más resistidos por la administración PRO, como Gallardo, Liberatori y López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, enfrentado con la vicejefa, María Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel que ocupará la titularidad de la Asesoría General Tutelar. Esta nueva estructura permitirá obturar el poder de defensores y asesores tutelares para impulsar acciones colectivas que, durante toda su gestión, le quitaron el sueño al líder del PRO. La lista de antecedentes incluye los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.

FISCALES. La Ley Nº 1903 obtuvo 47 votos a favor de parte del PRO, el FPV y algunos opositores y cuatro abstenciones. Su objetivo era "dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado". Pero en realidad significó quitarle ese poder disciplinario sobre fiscales, defensores y asesores al Consejo de la Magistratura, para traspasarlo a la órbita de cada jefe del Ministerio Público.

En el caso de los fiscales, su cabeza será por los próximos siete años el legislador macrista Martín Ocampo, objetado por su falta de antecedentes para el cargo y su dependencia directa con el presidente de Boca Juniors y hombre fuerte de Macri en la justicia, Daniel "El Tano" Angelici. El expediente Nº 2782-D-2013 fue de autoría del diputado Enzo Pagani (PRO) y supone también que las sanciones no sean sólo correctivas sino que puedan agravarse, llegando incluso a la separación del cargo.

TRIBUNAL. El 12 de diciembre, en sesión especial, fueron designados los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con mayoría del PRO. Los diputados macristas Cristian Ritondo, Helio Rebot, Héctor Huici y Cecilia de la Torre lo integrarán, junto a Jorge Taiana, Edgardo Form y Claudia Neira del interbloque kirchnerista, e Inés Gorbea de UNEN.

RECHAZO. Cuando esta reforma era apenas un proyecto, la Corte Suprema recibió el reclamo por escrito de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudiaron los cambios y consideraron que estas iniciativas representan "un avasallamiento inconstitucional de la independencia del Poder Judicial".

"Si estas normas son promulgadas, los poderes políticos podrán acusar, suspender y separar a magistrados que se estimen 'molestos' con menos garantías, conforme los arrebatos de mayorías circunstanciales", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso Tiempo. "Dejarlos sometidos al arbitrio de las mayorías, sin adecuadas garantías, importa propender a la suma del poder público y dar por tierra con la división de poderes. Importa, además, la adopción de un curso de acción similar al que tanto se ha criticado desde el gobierno local en relación con medidas adoptadas en el ámbito nacional", sostuvieron los magistrados en la carta dirigida a Macri.

Dos antecedentes polémicos

El afán del oficialismo porteño por controlar a la Justicia de la Ciudad no es novedoso. Durante varios meses, el alcalde porteño, Mauricio Macri, intentó que la fiscal de Cámara Daniela Bruno Ugolini integrara el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ugolini cobró fama por sus dictámenes siempre favorables al Ejecutivo PRO y resoluciones tales como pronunciarse en contra de remover las placas con nombres de represores de calles, plazas y escuelas.

Más cerca en el tiempo, el actual fiscal general, Germán Garavano, designó como fiscal a Martín García Berro. Fue el 25 de julio de 2013 y por 90 días. Su actuación en la causa que investigaba una "campaña sucia" encabezada por el gurú del PRO Jaime Durán Barba contra Daniel Filmus fue, al menos, curiosa. García Berro se dedicó a realizar pesquisas sobre Salomón Filmus, padre del por entonces candidato a jefe de gobierno. Por eso, envió requerimientos en los que pidió los antecedentes de Filmus padre al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, para ver si se encontraba matriculado, y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para chequear si había sido empleado allí.

Los jueces en la mira del Pro

Roberto Andrés Gallardo. Es el juez que más dolores de cabeza le ocasionó a Macri. Declaró la inconstitucionalidad del veto sobre la ley de abortos no punibles en hospitales porteños y multó a varios funcionarios PRO por irregularidades. Además, inició una investigación sobre cadáveres faltantes en las morgues de la Ciudad, lo que le valió una recusación por parte del gobierno PRO por su supuesta simpatía con Justicia Legítima. Lleva en su haber múltiples fallos en contra del macrismo por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa, sobre todo en las villas.

Patricia López Vergara. Frenó el protocolo macrista contra los abortos no punibles y multó al ex ministro Diego Santilli por haber avanzado en una obra con un fallo judicial en contra. También paró el proyecto del Centro Cívico con una cautelar por violatorio a varias leyes de protección y porque no hubo estudio de impacto ambiental. Dio de baja el 0800 para la delación de actividades políticas ideado por la cartera de Educación y obligó al PRO a recibir los fondos del gobierno nacional para el traspaso del subte que estaban en el Banco Nación y transferírselos a Metrovías.

María Elena Liberatori. Estuvo a cargo del censo a los ocupantes del Parque Indoamericano para atender las necesidades habitacionales y sociales durante la ocupación. Ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, dialogar con los estudiantes que llevaron a cabo las tomas en los secundarios y mandó restituir a los docentes echados por parodiar a Mauricio Macri. Exigió reglamentar una ley para asistir a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. También dictaminó la reapertura de los Talleres Protegidos del Borda demolidos por el PRO.

Los ideólogos del nuevo esquema

Martín Ocampo. El legislador del PRO Martín Ocampo consiguió acceder a la jefatura de todos los fiscales porteños luego de sortear siete impugnaciones a su nominación provenientes de ONG ligadas a la justicia, como la Asociación Americana de Juristas, ACIJ, ADC, Directorio Legislativo, INECIP, Poder Ciudadano, y REDI. Le reprocharon que el abogado ligado a Angelici carece de "sólidos antecedentes" para ser la cabeza del Ministerio Público y "tiene fuertes compromisos partidarios". En su defensa, el ex legislador macrista sostuvo que no está afiliado al PRO.

Daniel Presti. Durante cuatro años fue subsecretario de Justicia bajo la gestión de Guillermo Montenegro hasta que, en 2011, fue electo para la Legislatura. El año pasado diseñó el proyecto de modificación de las mayorías y el quórum para el Consejo de la Magistratura que finalmente se aprobó un año después. Es uno de los hombres clave del PRO en materia judicial y fue el principal crítico de los proyectos de reforma impulsados por el gobierno nacional. Dijo que en la Ciudad "hay jueces que entorpecen la gestión" y que "si un juez quiere hacer política, que renuncie al cargo".

gabriel morini

LOS VECINOS DENUNCIAN A CAMPAGNOLI Y LA METROPOLITANA

Niños del Barrio Presidente Mitre en peligro porque había un fiscal que daba permiso para matar según dónde vivas...




Los fiscales Cristina Caamaño y Jorge Di Lello compartieron un encuentro con vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra.

Los fiscales participaron de un debate sobre prácticas de violencia cometidas por la Policía Metropolitana. En el encuentro, los vecinos manifestaron haber realizado varias denuncias en la fiscalía de Saavedra, entonces a cargo del Fiscal Campagnoli, que no fueron tramitadas.

La fiscal Cristina Caamaño y el fiscal Jorge Di Lello escucharon reclamos de los vecinos del Barrio Mitre, quienes manifestaron ser perseguidos y estigmatizados por efectivos de la Policía Metropolitana, por el simple hecho de vivir en ese lugar.

En la reunión se hizo hincapié en los hechos ocurridos el pasado 29 de enero, en las inmediaciones del centro comercial Dot Baires Shopping, cuando efectivos de la Metropolitana reprimieron “violentamente” e “injustificadamente” a jóvenes y vecinos del barrio.

Durante el desarrollo del encuentro, en el que también estuvo presente el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Andrés Elisseche, los vecinos manifestaron vivir procesos de estigmatización porque “cada vez que salís del barrio la policía te para, y siempre a los mismos”.

En ese marco, Caamaño y Di Lello se pusieron a disposición de los vecinos, para orientar y colaborar en las denuncias que éstos quieran realizar en la Fiscalía de Saavedra, actualmente a cargo de la fiscal Caamaño.

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Los peligros de vivir en una villa



Es lamentable, ser pobre es riesgoso. Vivir en una villa y tener patotas con uniformes y fiscales con impunidad no es recomendable para un joven argentino. Alan Tapia lo padeció.

Alan, de 19 años, murió de un balazo disparado en febrero de 2012 por el entonces oficial del GEOF Rodrigo Valente, durante un allanamiento a su vivienda. Buscaban a su hermano por una causa secundaria, en situaciones muy confusas desde la misma gestión de la invasión policial. El CELS consideró que el allanamiento fue realizado en horarios nocturnos, prohibidos para este tipo de acciones. El propio Valente dijo que “no se veía nada, estaba muy oscuro”, aunque sostuvo que vio que Alan intentaba atacarlo con un arma tumbera, arma con la que no le hubiera podido perforar siquiera la tela de su equipo acorazado.

Los jueces consideraron inocente al ex oficial de un cuerpo de elite que mató a Alan Tapia al allanar su casa. El fiscal tampoco lo había acusado: había justificado el accionar policial porque los hechos ocurrieron “en el barrio Mitre, no en las islas Seychelles”.

Si no te mata la inundación, por culpa de un shoping y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te mata un cabo de la Federal y te remata un fiscal en complicidad con jueces: “Tapia no vivía en Puerto Madero, ni en islas Seychelles. Vivía en Villa (por Barrio) Mitre”, recordó el fiscal Eduardo Marazzi a los jueces Enrique Posse, Floreal De Laurentis y Alberto Huarte Petit.

Foto de Milton Tapia, hermano de Alan, quien fue doblemente asesinado por el Estado porteño, por vivir en el Barrio Presidente Mitre, catalogado como barrio privado en el catastro del GCBA y como villa por un fiscal.

CAMPAGNOLI, LA METROPOLITANA Y RIVER PLATE

Las irregularidades detectadas en la fallida investigación por la reventa de entradas en el club River Plate podrán formar parte del cúmulo de pruebas por las que el fiscal José María Campagnoli deba responder cuando se lleve adelante el proceso de juicio político en su contra, acusado de incumplimiento de los deberes y abuso de poder. En un duro fallo, el juez de la causa, Fernando Caunedo, además de advertir las falencias de la pesquisa, puso la lupa en el accionar de la Policía Metropolitana, que actuó sin la autorización judicial correspondiente. Solicitó que se abra una causa penal por las filtraciones del expediente a la prensa que frustró su avance, algo que podría sumarse al sumario disciplinario contra Campagnoli, bajo análisis en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.

Objeto procesal mal delimitado. Hipótesis delictiva sin fundamentación. Investigación paralela a una en curso en otro fuero. Datos incorrectamente recolectados. Imprecisiones en las medidas. Violación de secreto. Es el listado de todas las deficiencias que Caunedo encontró en la causa por reventa de entradas que fue instruida por un año y medio por el fiscal de Nuñez y Saavedra, y que fueron plasmadas en un crítico fallo en el que se anularon entrecruzamientos de llamadas, y se dejaron sin efecto detenciones, allanamientos y escuchas telefónicas, motivo por el cual todo el expediente corre serio riesgo de quedar en vía muerta.

INTERVENCIONES. "Se ha echado mano al resultado de las escuchas para ampliar el objeto procesal de la investigación, tanto desde la Fiscalía cuanto por la dependencia policial que actuó bajo su dirección; se ha procedido a la transcripción de conversaciones que nada tienen que ver con el fraude relativo a las entradas, que con la intercepción se procuraba dilucidar", afirmó Caunedo. La tarea cuestionada por el juez había sido encargada a la división investigaciones de la comisaría de la Comuna 12 de la Policía Metropolitana.

Campagnoli encargó la pesquisa a esa fuerza local a la que pertenecía uno de los imputados, Alejandro Rivaud, un ex agente de Inteligencia de la Policía Federal que desde 2012 reportaba a la Superintendencia de Investigaciones a cargo de Carlos Alberto Kevorkian. El metropolitano, de acuerdo con el expediente, disputaba con los barras de River el negocio de la reventa de entradas.

Caunedo subrayó que Campagnoli "no se ha ocupado de investigar" nada relativo a la mecánica de comercialización de entradas para los socios del club, ni los contratos que la vinculan con empresas para el sistema de canje. Tampoco de verificar la regulación sobre las llamadas "entradas de protocolo", sin constatar en esta etapa si hubo "perjuicio patrimonial" para River, una de las condiciones para evaluar si hubo delito, o si se trató de una contravención. Una causa paralela ya se estaba llevando adelante en un juzgado contravencional local con idénticos imputados.

CELDAS. La Metropolitana recabó para Campagnoli los listados de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos intervenidos, "con indicación de las celdas activadas", violando las disposiciones del Código Procesal Penal, con "el obvio propósito de establecer el lugar desde el que se efectuaban las comunicaciones", algo que no había sido autorizado. "A partir de esa 'información adicional' requerida sin conocimiento ni autorización previa de este tribunal, se han tejido nuevas hipótesis delictivas, para acreditar las cuales se echa mano a esa información indebidamente obtenida", fustigó el juez que las anuló. Caunedo enumeró que no fueron señalados los términos de las imputaciones a los acusados, ni tampoco con qué propósitos se había solicitado su detención, ni las pruebas buscadas en los allanamientos. Sin esas precisiones, para la justicia "habilitaría una excursión de pesca, como parece haberse procurado a través de la interceptación de las comunicaciones telefónicas". Cuando apartó a la fuerza de Mauricio Macri de la causa, el magistrado ordenó que se transcriban las escuchas pendientes para su completo relevamiento "que hasta ahora ha estado bajo control, por cierto discrecional y en varios casos excedido, de la policía o la fiscalía".

Campagnoli "también debía definir a quién encomendaría los registros domiciliarios, teniendo en cuenta el desborde constatado en las tareas encomendadas a la Policía Metropolitana", advirtió el juez entre "los vicios y extralimitaciones" que atravesaron la causa a cargo del fiscal.

DIFUSIÓN. La filtración selectiva de partes de la causa a la prensa, incluida la escucha a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, en la que se le ofrecía un presunto negocio para lavar dinero para Lázaro Báez, que finalmente fue remitida a la justicia federal, fueron las causales de que se dejaran sin efecto las medidas pedidas por el suspendido fiscal. "Los hechos de público conocimiento y la reciente filtración en la prensa del contenido de esta investigación, en la que había dispuesto secreto sumarial, han precipitado este pronunciamiento y frustrado lo que había sido su propósito", apuntó el juez que a mediados de diciembre anticipó que denunciaría a Campagnoli por violación de secreto.

AMPARO. Mientras se sustancia el juicio político en contra de Campagnoli, que ahora podrá incorporar las irregularidades en torno a esta causa, el suspendido fiscal intentó tramitar un amparo durante la feria judicial para que se anule todo el proceso y sea restituido en su cargo. Según se pudo constatar, la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland ordenó que se le dé traslado de la demanda al Tribunal de Enjuiciamiento, que originalmente fue mal dirigida sólo hacia la Procuración General, en una errada maniobra de su defensa encabezada por el ex diputado de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

AUTORIZACIÓN. Entre los fundamentos de su fallo con duros cuestionamientos a Campagnoli, el juez Fernando Caunedo advirtió que la Policía Metropolitana actuó sin la autorización judicial correspondiente.

gabriel morini

«PROGRESAR»

Creación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR). Inclusión social y laboral a jóvenes

Decreto 84/2014
Emitida el 23 de enero de 2014
Boletín Oficial, 27 de enero de 2014
ID infojus NV7026

SUMARIO:

Se crea el “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR), destinado a generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Alcance, Requisitos y condiciones.

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UNA OFRENDA EN EL INFIERNO

Barrio Villa Floresta, Bahía Blanca. Unidad 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense: más de 500 encerrados de toda la provincia de Buenos Aires.

El lunes pasado, mientras inspeccionaba el penal, la preocupación del director de esa cárcel le produjo un pico de presión, por el que debió ser asistido. La inspección encabezada por Procuvin llegó con 3 fiscales, 2 jueces provinciales, se sumó un defensor oficial y 15 abogados de los equipos de trabajo. Recuperado del pico de presión, se le ordenó al director del penal cocinar para los encerrados que llevaban horas y horas sin comer. Y hubo churrasco en el pabellón, a las siete de la tarde. Durante la inspección, presos en calabozos de castigos fueron realojados por disposición de jueces activos en pabellones con régimen de puertas abiertas. Tras la inspección, el director fue removido del cargo.

Durante el procedimiento pregunté varias veces dónde estaba Héctor Cuevas, un detenido que siempre se comunica por teléfono con la Procuraduría. Nos llama él. Nos llama su pareja, Paola. Muchas veces. Y muchas veces con situaciones urgentes.

Pregunté por Cuevas. En qué celda, en qué pabellón.

A las horas de recorrer el penal llegué a un sector de “buzones”. Celdas ciegas, de castigo, donde el encierro es absoluto. Entré a su celda de 2 x 3, inmunda, olor a mierda. Hacía 50 grados de sensación térmica, y los 50 potenciaban el olor, la falta de oxígeno, el espesor del aire. Le di la mano.

–¿Usted es Cuevas?

–Acá está Cuevas.

Y me miraba. Y quería hablar. Y no iba a poder.

Me invitó a sentar. Por silla, una lata de plástico de 20 litros, dada vuelta, mugrienta. Me senté. Cuevas se sentó en una especie asquerosa de colchón, sobre un camastro lleno de bichos. Adentro de esa celda de bloques hacía más de 50 grados. Las rodillas enfrentadas casi se tocaban. Una sola de mis rodillas era más voluminosa que las dos de él. Nunca comió bien. Le calculé entre 28 y 50 años. Una delgadez joven y gastada mezclada con una desnutrición vigente imprecisan su edad. La nitidez de una biografía borroneada, pensé. Lo observé. Parecía haberse revolcado arriba de un rallador de metal: los brazos cortados, las manos rajadas, la cara marcada, un pómulo corrido, la nariz desviada, las orejas tajeadas. El cuerpo agredido.

–Un gusto Cuevas. Soy fiscal federal, estamos inspeccionando condiciones de encierro. ¿Cómo está?

–Mal. Muy mal. Estoy mal –apenas pudo decir: en protesta se había cocido los labios y estaba en huelga de hambre hacía 10 días.

Se paró. Se levantó la remera. Flaquísimo, atravesado por tramos de cicatrices hondas, hernias, operaciones a cuchillazos, un pedazo de intestino a la vista, un globo blando en el abdomen que presionado reaparecía por el costado, una bolsa que funciona de ano contra natura, evidentemente infectada y con sangre. El todo sucio: no tiene modo de bañarse. Se lava con el agua que va al inodoro. Equivale, y sería menos, a tener que limpiarse el culo con las manos. Pero es peor.

–Muy mal estoy –sigue diciendo–. Mire –y me sigue mostrando. Se enoja un poco–. Acá si no fuera por Cipriano** que me ayuda siempre, y si no fuera por Abel Córdoba que también me da una mano, acá nos matan a todos. ¡Mire cómo nos tienen! ¡Mire cómo estoy!

Aproveché una pausa y dije:

–Héctor, yo soy Abel Córdoba. Sabía que estabas acá y vine a verte.

Es indescriptible la emoción que lo ganó. No gana nunca el chango. Perdió siempre, hasta con las emociones, que le ganan cuando se emociona. Le cambió toda la cara, le aparecieron movimientos nuevos, gestos que estaban apagados, y empezó a decir que no lo podía creer, que era a quien admiraba. Miraba para abajo, dejaba la vista fija y los movimientos en su cara no paraban. Se le llenaron de lágrimas los ojos, me abrazó. Lloró.

Un momento intenso, y a esa transferencia, que portaba desesperación y también equívoco, siguió otro muy particular: con la emoción sostenida se empezó a revelar el ademán del anfitrión. Quería dar algo, quiso, necesitó, ofrecerme lo que sea, y tendría que ser lo que no tenía.

Miraba para todos lados. Una bolsa con yerba marrón tirada en el piso era lo único que tenía. Nada más. Al cabo de esa búsqueda, agarró lo único que había en esa celda.

Tendría que haber sido lo que no tenía. Tendría que ser lo que tenía.

Agarró una cosa de trapo que hacía de almohada y me lo ofreció para que me sentara mejor, para que la pusiera sobre la lata. El momento me causó espanto, por percibir, ambos, la presencia de la desposesión más absoluta y tener que echar mano a un trapo como ofrenda, sostener y encontrarle forma a una atención en esas condiciones miserables. El cayó otra vez en su situación inhumana. Yo me di, otra vez, contra la imposición, que él padecía, de no poder encontrar con qué materializar la intención de dar algo.

No tener nada. No tener ni lo único que se tiene.

Hablamos un rato largo. Insistió en que no estaría ahí los 10 años que le habían dado por condena. Que prefería intentar pasar el muro aunque muriera. O ahorcarse en esa misma celda. Pero diez años así, no.

–No se puede. Diez años así, no –repitió–. No me atiende nadie, estoy enfermo, no puedo comer, no me dan comida, no veo a mi familia, no tengo agua, no salgo al patio, me están matando, y me van a matar. Diez años así, no.

Como si se pudiera un día.

Nos despedimos con un abrazo, los ojos brillosos otra vez. Insistía en la gratitud, mencionó una foto. No dije nada, me producía contrariedad, una imagen en ese lugar, con esa condición, se desajusta con la idea que tenemos de una foto de recuerdo. Toda fotografía es tiempo y luz. El tiempo es otra cosa ahí. Lo obturado es el absoluto. Quedó calladamente descartado.

Al salir de la celda supe que me sería imposible cerrar un solo milímetro esa puerta de hierro maciza de su encierro. Salí. No toqué la puerta. Que la cierre quien sea capaz de cerrar esa puerta.

Di unos pasos. Antes de doblar hacia un pasillo miré de reojo. Héctor estaba parado un milímetro atrás de la línea del dintel. Los brazos le buscaban el suelo. Levantó un poco la mano derecha. “Chau, Abel.” Venía la voz desde un milímetro más acá de la línea de los que estamos vivos. Un paso más, y se escuchó el estampido de la puerta de fierro contra el marco de fierro. Y las llaves contra los fierros y los fierros contra el aire. Y el candado contra el fierro. El sonido espamentoso del encierro, obturador de toda vida.

Relaté varias veces esta vivencia. Mi relato patina cada vez sobre la escena en la que me alcanza ese trapo para darme algo. Me conmocionó el ademán de anfitrión durante el tormento.

En charlas con Laura Sobredo, la psiquiatra del equipo de Procuvin, ella insistía: “Esa persona en ese momento, te quiso, y te quiso ahí”. Y convocó a Lacan, de quien viene más precisión acerca de todo esto. Lacan escribió que dar amor es dar lo que no se tiene a la persona equivocada.

Abel Córdoba

Abel Córdoba es titular de la Procuraduría de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, que desde marzo de 2013 realiza inspecciones en lugares de encierro de todo el país, tanto en ámbitos federales como provinciales.

** Roberto Cipriano García es funcionario de la Procuvin.

«HAY QUE HACER LA REFORMA POLICIAL O HACER LA REFORMA POLICIAL»

El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”.

Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”.

De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”.  

Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.

 “Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.”

Arslanian recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.

Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.

–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?

–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.

–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?

–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.

–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.

–La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.

–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.

–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.

–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?

–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.

–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.

–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.

–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?

–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.

–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?

–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.

–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?

–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.

–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?

–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.

Carlos Rodríguez

POLICÍA: NO HAY MIRADA ESTRATÉGICA

El diputado provincial Marcelo Saín es una de las principales voces en materia de seguridad. Fue el primer titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –la única fuerza de seguridad federal creada en democracia– y secundó a León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando se encaró un proceso de reestructuración policial, que quedó finalmente trunco tras su reemplazo por Carlos Stornelli.

El ahora legislador de Nuevo Encuentro aseguró que la crisis desatada en las últimas semanas demostró el colapso “de la modalidad de gestión política de la seguridad”, producto del resquebrajamiento de un “doble pacto”. Por un lado, el “pacto político-policial” y por el otro el “pacto policial-criminal”.

Según Saín, en este contexto se generan las condiciones para avanzar en un proceso de reforma con tres etapas: la reconstrucción de soberanía política sobre la seguridad y las policías, la redefinición del proyecto institucional de policía y, en tercer lugar, la “laboralización del trabajo policial”.



–¿Qué mirada tiene sobre los levantamientos policiales?

–Fue un reclamo salarial y después hay que ver la consecuencia institucional de eso.

–¿Cómo analiza entonces ese reclamo?

–Ha habido un fuerte malestar laboral en las policías. Lo que quedó demostrado a partir de esta crisis es que estas policías conviven fuertemente con bolsones de trabajadores pobres, que a sí mismos no se consideran trabajadores. Y que además no lo son desde el punto de vista jurídico, porque no portan ningún derecho laboral. Eso tiene que ver con la configuración de estas fuerzas fuertemente militarizadas y estructuradas sobre la base de la sumisión al superior. Esto eclosionó. Una de las manifestaciones más fuertes de esta situación de crisis es una suerte de licuación de la estructura de mando tradicional, que ya no es administrable por las cúpulas con el reglamento militarizado en la mano. Uno de los fenómenos que hemos visto en estos días es que no ha habido clandestinidad en la demanda. Es un fenómeno que yo no lo asimilaría a ningún otro tipo de hecho de desestabilización por parte de fuerzas policiales. El segundo aspecto es la existencia de estructuras de conducción policial profundamente anacrónicas y con muy escasa capacidad de gestión de la crisis. Y en esto hay que destacar la ausencia total de estructuras de gestión política. A punto tal es la acefalía y la defección política en las provincias –existan o no ministerios de seguridad–, que en ninguna se vislumbró capacidad política de gestión de la información y de la conflictividad. Eso obligó a que los propios gobernadores de manera directa intercedieran ante la crisis, incluso en algunos casos estableciendo diálogos y negociaciones con los propios sectores que establecieron los reclamos. Le pasó a un gobierno como el de De la Sota, que le concedió a la policía todo el poder, al punto de llevar como ministro de Seguridad a Alejo Paredes, vinculado con la oficialidad de la dictadura militar.

–Precisamente allí es donde se desencadena el conflicto, que después se reproduce en otros distritos...

–Sí, pero es un error decir que en el caso cordobés están reaccionando a la falta de fondos provenientes del crimen. Eso es desconocer que los fondos provenientes del narcotráfico no se distribuyen socialmente de manera equitativa. Hay también policías que reaccionan frente a las cúpulas. En la proclama anónima del 14 de diciembre, los tipos claramente están diciéndoles a los jefes que no protegen a los trabajadores, que son ricos, están vinculados al crimen, y ellos no son delincuentes.

–¿Pero cómo se pasa de un reclamo salarial a esta situación?

–Esta crisis arranca siendo una demanda laboral, pero termina siendo una crisis política por ausencia de gestión política sobre estas cuestiones. Hemos vislumbrado que algunos sectores internos en algunas provincias se montaron sobre muchas de estas cosas que deben ser internas entre ellos. El tipo de Mar del Plata que libera la zona para que saqueen el centro, quizás esté motivado por razones internas con el jefe departamental, que no tiene nada que ver con el conflicto original. Pero hay un contexto donde es funcional la canalización de ese conjunto de conflictos o diferencias internas. Allí sí después hubo lo que la policía sabe hacer: liberación de zonas, pactos con sectores criminales, estímulo a determinados saqueos.

–¿Hubo intencionalidad en los saqueos?

–En algunos era claro. Lo dijo el gobernador de Chaco y es creíble. En Córdoba también por algún sector policial. En Mar del Plata claramente hubo comisarios comprometidos con los saqueos. Pero hay que analizar caso por caso. En Buenos Aires, entre los policías de Adrogué, La Plata y los de algún otro sector más no comprometían más de mil miembros de la institución sobre 60 mil. Pero el grado de repercusión política que eso tiene es enorme, no solamente porque sea fogoneado por algún medio de comunicación, como hizo TN, que claramente alentó a que esto ocurriera y se expandiera. Por fuera de eso el hecho en sí mismo es muy acotado, pero tiene un grado de repercusión política y social muy elevado. En la provincia, los únicos saqueos que ocurrieron fueron claramente fogoneados por la propia policía. Claramente hubo liberación de zonas. ¿A qué respondió? No fue una maniobra de sectores provinciales, quizá responda a factores muy propios del lugar.

–Algunos gobernadores apuntaron que es responsabilidad del gobierno nacional...

–La principal responsabilidad es el desmanejo político de la policía. Esta policía no es resultado del espíritu santo. Es la policía de esta política. Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y éstas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto es lo que se empieza a agrietar. A través del desmanejo de las organizaciones policiales se agrieta el pacto político policial y, a través del crecimiento del crimen más complejo y organizado y su autonomización respecto de la regulación estatal, como hemos visto en los problemas con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se empieza a quebrar el pacto policial-criminal. Es simultáneo, forma parte de lo mismo. Y ahora, cuando se quiebra ese doble pacto, no hay resto político para enfrentar el tema, porque al darle el gobierno de la seguridad a la policía, nunca se construyó capacidad de gestión política. El gran desafío no es tanto el proceso de reforma policial, esa es una segunda etapa, lo más importante es construir capacidad de gestión política.

–¿Y por qué no se avanzó por ese camino?

–Porque la política cree que esto es ingobernable. Y siempre a los gobernantes, que saben que estos procesos son de largo plazo, les cuesta mucho, primero, crear estructuras especializadas de gestión y no ven ningún tipo de beneficio político inmediato. Y al mismo tiempo creen que va a haber contestación de sectores policiales y/o políticos y judiciales contra cualquier impronta de reforma. No hay mirada estratégica. Y un proceso de cambio implicaría acuerdos políticos porque va más allá de la temporalidad de un gobierno. Si acá no hay una reapropiación política de la conducción de la seguridad y de las policías, sucesivas crisis van a ocurrir y se van a comer un pedazo de la soberanía política argentina.

–¿Qué posición tiene sobre la sindicalización?

–Ese debe ser un punto de llegada, la conversión del empleo policial en un trabajo. Hay un abordaje esquizofrénico del Estado y de la política con relación a los policías. No podemos tener policías con doble empleo. Tiene que haber un nivel salarial que imponga la exclusividad. Si no, no hay profesionalización y desempeño eficaz de las tareas. Las condiciones materiales de trabajo hay que revertirlas. Y hay que permitir el derecho a futuro a la agremiación y a la negociación colectiva, no así el derecho a huelga. La sindicalización tiene que ser pensada en el marco de un cambio mucho más integral en la policía.

–¿Cuál sería?

–La reconstrucción de soberanía política y de capacidad de gerenciamiento político de la seguridad y de las policías. Repensar las policías. Hay que tener un nuevo proyecto institucional de policía, que resulte de un debate nacional acerca de para qué está, cómo se debe organizar y cuánto debe costar una policía a la altura de la gestión democrática de los conflictos. Y el tercer punto es el laboralización del trabajo policial.

–¿La creación de las policías municipales es parte de la solución?

–Sí, es un cambio importante. En Buenos Aires, la municipalización de las policías en las grandes ciudades es una de las respuestas que el sistema político bonaerense va a dar a esta crisis, a nivel de seguridad preventiva. Los intendentes se convierten en los jefes de policía y tienen policías totalmente nuevas, con personal capacitado nuevo, a su servicio, para poder gestionar localmente la seguridad. Va a tener funciones solamente abocadas a la seguridad preventiva, al crimen menor en la calle. No va a tener tareas investigativas vinculadas con el crimen organizado, ni con control de grandes manifestaciones, ni con operaciones especiales.

Sebastian Abrevaya