DEMOCRACIA Y POLICÍA

“Desde la época de Rivadavia, tenemos una policía de ocupación territorial. Hemos copiado la constitución de Estados Unidos y la Policía Borbónica francesa. No copiamos la policía de condado. En el siglo XIX unos garantizan recaudación autónoma, otros gobernabilidad. Hoy los policías se han autonomizado”, dice el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.

“Celebramos 30 años de gobiernos constitucionales. Pero en estos 30 años no pensamos en una renovación del modelo policial. Es una deuda de la democracia, pensar cómo renovar el modelo policial, cómo hacer una Policía conforme a un estado de derecho democrático, con las características de nuestro país. Hay que buscar otros modelos”.

Zaffaroni se pronunció en contra de la huelga por parte de la policía ya que se trata de un servicio de primera necesidad y precisó que las negociaciones deben lograrse con mayor celeridad y presteza.

“Si el servicio de seguridad desaparece, siempre va a haber alguien dispuesto a hacer algo. Eso es inevitable”.

“Este tipo de planteos no deben llegar a estos extremos. Hay que resolver y negociar antes. Algún medio de comunicación debe haber”.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky anunció que están trabajando “con los otros sectores que integraron el Acuerdo para una Seguridad Democrática, porque lamentablemente las cosas que están pasando demuestran la exactitud y la certeza de los planteos que nosotros hicimos”.

El periodista aseguró que “había una urgente necesidad de reforma policial y de un enfoque democrático de la seguridad y ese no ha sido el criterio que se ha seguido en la mayoría de las provincias”.

“Ese no ha sido el criterio que se ha seguido en forma constante desde el Estado Nacional tampoco, si bien hay diferencia apreciable entre el Estado Nacional y las provincias y las consecuencias son las que estamos viendo en estos momentos”.

“Nos parece absolutamente oportuno volver a plantear e insistir con todos los criterios que requiere una concepción democrática de la seguridad”.

Respecto a los acuartelamientos, Verbitsky consideró que hay varios elementos significativos y entre ellos detalló: “Uno es la participación de las policías provinciales, de las cúpulas de las policías provinciales en redes de ilegalidad. La participación en negocios ilícitos”.

“Esto se ha manifestado muy claramente en las tres principales provincias, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.

El Presidente del CELS dijo que cada una presenta con procesamiento distinta, “pero con un trasfondo idéntico que es la policía como regulador y como partícipe de los delitos que debería combatir y la relación que esto implica además con el poder político provincial respectivo”.

Detalló que se trata de una relación de negociación permanente, de espacios de poder, de espacios económicos inclusive, que según las circunstancias se van modificando.

Por otro lado hizo referencia a una fractura entre las cúpulas policiales y los trabajadores policiales que no están en las cúpulas.

“Porque quienes participan en esta negociación con el poder político y con las redes de ilegalidad son las cúpulas, no son todos los policías”.

Y resaltó que “en los momentos en que hace crisis el pacto de gobernabilidad entre las cúpulas policiales, el delito organizado y el poder político provincial, se agudiza esa contradicción con las bases policiales”.

Además destacó que existe una relación perversa y grave entre las fuerzas policiales y los varones jóvenes de los barrios marginales, de los barrios pobres, que por un lado “son constantemente reprimidos como medida de control social, sin ninguna relación con el delito, simplemente para impedir que ocupen ciertos espacios urbanos que están reservados para las clases más prósperas y en algunas provincias esto tiene por otra parte un componente racista, como en Córdoba”.

Verbitsky consideró que el Acuerdo para una Seguridad Democrática “tiene cada día más viabilidad porque aquello que nosotros planteamos hace más de tres años, hoy está incorporado a cierto sentido común de la sociedad”.

“En aquel momento había que explicar muchas cosas que no eran claramente percibidas: Hoy son claramente percibidas. Y además, están a la vista las consecuencias del camino contrario, que son verdaderamente trágicas y dolorosas” .

El periodista considero que el mensaje de la nueva Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y el mensaje de anoche de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner toman realmente esas líneas de acción, pero aclaró que el “tema estará en ver cómo se consigue que esa línea de acción que plantea el gobierno nacional sea adoptada por los gobiernos provinciales”.

Consultado sobre el pliego de ascenso del Jefe del Ejército, César Milani, Verbitsky señaló: “Nosotros hemos impugnado ese ascenso y hemos aportado al Senado los elementos que fundamentan la impugnación, como hacemos desde hace 30 años con todos los pliegos de ascensos de personal militar contra el cual haya elementos que permitan presumir su participación en los crímenes del terrorismo de Estado”.

ACTUALIZAR O NO ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS

El Código Civil debe ser una herramienta para la ampliación de derechos


La iniciativa de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación representa una oportunidad única para lograr un cambio legislativo que amplíe derechos e incorpore los estándares y obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.

El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad histórica de no desperdiciar esta oportunidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera indispensable que se contemple y procure resolver y atender la situación de informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país. En su defecto, obtendremos un nuevo código signado por una perspectiva clasista que terminará legislando para los sectores de mayores ingresos y menores necesidades. Algo incongruente con el proceso de ampliación de derechos, a treinta años de la democracia argentina.

En el debate sobre la responsabilidad del Estado, también deberían sopesarse tanto el interés social como los criterios igualitarios de reparación para las personas que reclaman y que la regulación de daños civiles no sea disuasoria del ejercicio de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público.


Se debe incluir la función social de la propiedad

La supresión en el dictamen de Comisión de la función social de la propiedad es un grave retroceso que desprotege a los sectores más necesitados de la sociedad. El reconocimiento de este principio es imprescindible para la constitucionalización y modernización del Código, que lo ubique en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Su incorporación no afectaría el derecho de propiedad sino que lo armonizaría con el interés social, a tono con países de la región que poseen este principio con rango constitucional como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador.

Este principio debe ser acompañado de nuevos instrumentos de adquisición del dominio, que ofrezcan alternativas de regularización para las formas de habitar popular y herramientas de intervención estatal para resolver el acceso al suelo y al territorio que afectan a cientos de miles familias pobres en áreas urbanas y rurales.

Como está planteado, el dictamen de la Comisión Bicameral contempla sólo formas jurídicas que permiten regularizar los actuales modos de vivir de los sectores de altos ingresos (barrios privados) y excluye la regularización de las maneras de vivir (villas y asentamientos urbanos) y producir (tierras rurales para los campesinos) de los sectores más pobres y vulnerables.


Responsabilidad del Estado

El CELS considera que lo relevante no es si la regulación de la responsabilidad del Estado, por sus actos lícitos o ilícitos, se realiza través de una ley federal específica o a través de la legislación civil de fondo. Sino que antes, es preciso que se incorporen los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano, en caso de responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, se exige: reparación integral, restablecimiento del derecho violado, indemnización -que puede ser pecuniaria-, rehabilitación de los daños ocasionados y no repetición de las situaciones que generaron la afectación y la concreción del proyecto de vida.

Ninguno de estos parámetros está dirigido a asegurar las ganancias de empresas o actores privados, o indemnizar el lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por actividad lícita. Por el contrario, lo que exigen es que se asuma la necesidad de que el Estado pueda reparar adecuadamente ante situaciones como el dictado excesivo de prisiones preventivas o el ejercicio abusivo de la fuerza en manos de funcionarios de fuerzas de seguridad, entre otras. Se trata de casos que en la actualidad, tal como está planteada la regulación, no encuentran una reparación integral, sea por la duración del proceso, por los razonamientos judiciales o por las demoras en ejecutar las sentencias.


Libertad de Expresión

Con respecto a las cuestiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, preocupa que en las modificaciones relacionadas con la protección de la vida privada no se incorpore la mención a los asuntos de interés público como excepción a la posibilidad de reclamar indemnización. Así, el proyecto no brinda protección adecuada a la función periodística, ya que mantiene la potestad del juez de establecer indemnizaciones que, en última instancia, tienen un efecto disuasorio.

El Código Civil debiera contener un mandato, al momento de fijar indemnizaciones que tengan como causa expresiones referidas a asuntos de interés público, que evalúe que el monto de la indemnización no sea de tal entidad que afecte el libre debate propio de una sociedad democrática.

Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS)

OPERACIONES SUCIAS CONTRA LA LEY

Elisa Carrió quiere hacerle juicio político al Presidente de la Corte. Jorge Lanata vende humo desde sus programas. Las operaciones mediáticas de desprestigio siguen a toda máquina.

Lorenzetti: no habló con Zannini por la Ley de Medios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que si bien se comunicó por otros temas con el secretario Legal y Técnico, no lo hizo por esa ley. Y pidió al diario Perfil que aclararan lo que había distorsionado.







1.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó hoy que las reuniones con el Poder Ejecutivo "forman parte de una actividad normal de la República", y defendió la independencia de poderes.

"La democracia necesita un debate robusto de los actos estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación".

"Que en nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional, los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública", concluye el comunicado.

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2.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional respaldó a la Corte Suprema y pidió "respeto" a los fallos.

A través de un comunicado oficial, la AMFJN pidió el respeto irrestricto a las decisiones judiciales, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el texto, los magistrados señalaron: "Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio".

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3.
La Corte rechazó el pedido de la oposición para suspender la aplicación de la Ley de Medios

El máximo tribunal de justicia desestimó la presentación realizada por un grupo de diputados para que la Ley 26.522 no fuese aplicada. El planteo fue descartado porque los legisladores no son parte de la causa.
La presentación para reclamar la suspensión de la ley había sido realizada por los diputados del interbloque PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González y Roberto Pradines.



4.
Propuesta de adecuación voluntaria presentadas por el Grupo Clarín, complementaria a la hecha por Fintech Advisory Inc.

LA LEY DE MEDIOS, LA CORTE Y DESPUÉS

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) continúa avanzando en las reuniones técnicas para afinar los pasos que se aplicarán en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Así, y más allá de que el procedimiento final aún no está definido, la situación del Grupo Clarín para la autoridad de aplicación de la LSCA –norma considerada constitucional y plenamente vigente el martes por la Corte Suprema de Justicia– continúa enmarcada dentro de la adecuación de oficio y con los plazos vencidos. De hecho, la única propuesta oficializada por un accionista minoritario Cablevisión, Fintech, fue presentada "en tiempo y forma" en diciembre del año pasado, pero "no fue ratificada" por el accionista mayoritario, es decir, el Grupo Clarín.

Al cierre de esta edición, dentro del proceso de adecuación de oficio, el monopolio liderado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto sigue enmarcado por el Estado dentro del plazo de quince días para contestar al ente sobre los bienes y servicios registrados a su nombre.

El 17 de diciembre pasado, la cautelar que protegía al Grupo cayó durante unas horas a raíz del fallo en primera instancia del juez federal Horacio Alfonso que avaló la constitucionalidad de la norma, y la AFSCA, con su presidente Martín Sabbatella en persona, notificó al holding del inicio de la adecuación de oficio.

Por estas horas, el organismo evalúa cuál es la mejor opción administrativa para evitar posteriores presentaciones judiciales del Grupo que entorpezcan el procedimiento de adecuación que fija la ley. Una posibilidad es notificarlos nuevamente. "En todo caso, la diferencia consistiría en que, si la notificación es válida, estamos en el día uno. Si no, estaríamos el día cero", aseguró una fuente gubernamental a este diario. Sea como fuere, una vez anoticiado, Clarín tendrá 15 días para responder.

Los pasos correspondientes, según el procedimiento, consisten en la notificación, tasación, selección de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, posteriormente el concurso y adjudicación, y finalmente, el traspaso de licencias del anterior titular al nuevo.

Durante todo este proceso, el titular de las licencias tiene la obligación de cuidar los bienes, mantener el servicio y sostener las fuentes de trabajo. En este último punto, Sabbatella había sido enfático al señalar que "el Estado tiene que garantizar" que los licenciatarios mantengan los puestos de trabajo.

Por su parte, el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, manifestó ante un portal web de noticias que "lamentamos el contenido del fallo porque se aparta de una tradición que había generado la Corte y de algunos estándares internacionales en cuanto a la libertad de expresión". El representante del holding expresó que la norma "regula violando los últimos precedentes de la Corte Interamericana, se aleja de los antecedentes de la ley norteamericana y busca medios dependientes del poder político y fragmentados. Es una norma creada con nombre y apellido, para destruir un grupo", opinó.

El Grupo ya rechazó la posibilidad de la adecuación de oficio. "De ninguna manera se nos puede aplicar, como ayer reiteró el señor Sabbatella, sabiendo que estaba cometiendo un acto nulo. No se le puede aplicar a un grupo que tuvo la ley suspendida. El plazo fue prorrogado por el gobierno por un año, del que han gozado todos los grupos, menos Clarín", sostuvo.

En caso de que la tasación se concrete y se seleccionen las licencias, serán concursadas aquellas "que le causen un perjuicio menor" al licenciatario original. Hoy, habrá más reuniones entre la AFSCA y el resto del gobierno con ese cometido.

Hubo más elogios que críticas al fallo de la Corte

Desde el anuncio del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la Ley de Medios, numerosas voces salieron a pronunciarse en torno a este tema, pero fueron minoritarias las que lo hicieron en contra del pronunciamiento del máximo tribunal.

De un total de 85 voces relevadas por todos los soportes (Web, TV, Radio y medios gráficos) solo 15 se expresaron en contra del fallo que dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De ellas, siete pertenecen al propio Grupo Clarín, sus abogados afines, y ocho son miembros de partidos de la oposición (UNEN y PRO).

De entre todos ellos se destacó la diputada electa del Frente UNEN Elisa Carrió, con su denuncia sobre un supuesto pacto entre el gobierno y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otros políticos que expresaron críticas fueron Fernando "Pino" Solanas y Patricia Bullrich.

El caso del PRO, con Gabriela Michetti, el rabino Sergio Bergman, Laura Alonso, el propio Mauricio Macri y Federico Pinedo a la cabeza de las críticas, plantea una distinción: no se expresaron en contra del fallo, sino que se centraron en el pedido de independencia de la autoridad de aplicación, e interpretaron que sin la renuncia del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, no se puede cumplir con la ley como pide la Corte. Ayer mismo, estos dirigentes anunciaron que presentarán un planteo judicial ante la Corte Suprema para que no se implemente la normativa.

De las 70 voces que valoraron el fallo, solo diez manifestaron críticas centradas en los siguientes ejes: ilegitimidad de la autoridad de aplicación, cercanía del fallo a las elecciones y el supuesto uso discrecional que el Gobierno Nacional supuestamente hace de la ley. En este grupo se inscribieron las declaraciones de Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Julio Cobos, la ex diputada Silvia Vázquez, el intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, Felipe Solá, la diputada Victoria Donda y el académico Martín Becerra.

Adecuación

La adecuación de oficio "no son las Invasiones Bárbaras; es un proceso que está reglado", dijo la abogada Graciana Peñafort, en respuesta a la descalificación de Clarín contra la AFSCA.

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“La ley va a enriquecer la discusión pública”
 
La presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, señala que la Corte Suprema tomó “la mejor decisión” y que “se nota en la redacción que han trabajado en el consenso”. También apunta: “El fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde”.




–¿Cuán importante es el fallo?

–Es una sentencia que apuesta a la libertad de expresión y que actúa, sobre todo, sobre el negocio que se construye en torno de la libertad de expresión: la plata alrededor de la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Tras haber dado una primera lectura, con los miembros de la comisión directiva de Justicia Legítima concordamos en analizar este fallo como una convalidación de la garantía de la libertad de expresión que va a tener un significado histórico. A la larga, los efectos que va a producir la puesta en práctica de la distribución de las licencias por fuera del parámetro exclusivamente económico significará la pluralidad de opiniones, una diversidad que nuestra ley pretende, y eso va a enriquecer la discusión pública y de opiniones. La formación de opinión será de otro tenor, más adulta, más elevada, más compleja. La posibilidad de acceso a las licencias de universidades públicas u organizaciones comunitarias va a implicar que opiniones muy diversas entren al espacio público, que las podamos conocer y tener en cuenta al momento de formar nuestra opinión. La complejización de nuestro razonamiento, algo que siempre es una ventaja, se reflejará a la hora de elegir la gente que buscamos para que maneje el gobierno, el apoyo o no de determinados ítem. Y todo esto se transforma en más derechos.

–Pero la puesta en acción del 33 por ciento al sector comunitario no estaba afectada por el litigio en el que Clarín involucró a la ley y por lo tanto, no estaba frenado...

–No, pero tampoco estaba puesto en marcha, porque si no se podía aplicar la desinversión para uno de los oligopolios, no se aplicaba al resto de las empresas fuera de la ley. Así que no están repartidas las licencias todo lo que debían. Pareciera que el fallo, aparentemente, da un puntapié importante para que empiece a repartirse el espacio.

–¿Esperaba que la Corte definiera así la cuestión o la sorprendió?

–Para mí fue sorprendente. No tenía mucha esperanza. Es la mejor decisión, pero no tenía la esperanza de que pudieran obtener la mayoría necesaria para poder salir favorables a la ley todos los artículos cuestionados. Se nota en la redacción que han trabajado en el consenso. Hay algunos párrafos del fallo que no son absolutamente necesarios, pero que parecieran estar allí para obtener el acuerdo de los jueces. Son cosas que son obvias para cualquier juez.

–¿Qué significa su presencia allí? ¿Son mensajes de la Corte hacia afuera?

–A lo mejor son párrafos de consenso. Es una impresión, no tengo ninguna seguridad de todo esto. De todas maneras, cuando los jueces llegan a la misma determinación por diferentes fundamentos, lo dicen claramente en el fallo, se señala que está de acuerdo en cómo se decide, pero por esta otra razón que tal otro juez no tuvo en cuenta. La pluralidad ideológica existe en la Corte: no son todos de la misma tendencia. Está bien, se nota.

–¿Cómo analiza los considerandos que la Corte plantea al Gobierno, relativos a la pauta oficial, la función de los medios públicos, la autonomía de la autoridad de aplicación?

–Eso no estaba en cuestión. Esas son las cosas que no había por qué decirlas, que están de más, pero que creo que tienen que ver con el trabajo de consenso: “Si hacemos esta advertencia, ponemos esta aclaración, llamamos la atención sobre esto, entonces acordaremos en firmar”. El fallo es muy prolijo, está muy bien escrito, tiene muy buena ilación, está en un lenguaje sencillo que cualquiera puede leer; las partes que toma de jurisprudencia son breves, concisas y absolutamente apropiadas; no se excede en citas engorrosas. Incluso es muy diferente del que emitieron sobre la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, cuando se les notó el prejuicio en el idioma, en la forma de redacción. Se han tomado el trabajo de resaltar en negrita las directrices, incluso, pero... por ahí, aparece una obiter sobre el reparto de la pauta oficial y uno dice: “Esto está puesto para que alguien firme acá”.

–¿No considera útil o valedero que aparezcan estas cuestiones?

–No. No creo que los jueces tengamos que dar clases de nada. No me parece bueno como práctica judicial. Tenemos que resolver las cuestiones que nos plantean, no explicar al resto de los poderes o del mundo cómo deben hacer sus propias tareas. Es obvio que la distribución de la pauta oficial está mal, no hace falta que lo diga la Corte. Por supuesto que la pauta oficial mal distribuida puede ser materia de juzgamiento. Cuando eso suceda será el momento de opinar al respecto. No lo era en este caso y sin embargo hablaron de pauta oficial.

–Son posicionamientos políticos, entonces.

–Sí, puede ser.

–¿Cómo ubica políticamente a la Corte este fallo, teniendo en cuenta el debate en torno del rol del Poder Judicial en esa arena?

–La Corte pretende ratificar su independencia. Tanto es así que yo lo escuché a Zaffaroni decir que tuvieron mucho cuidado de no salir con anterioridad al período electoral para no influir en el posible resultado eleccionario. Los jueces sabemos que hay fallos que tienen un impacto que pueden llegar a modificar apreciaciones. Ahí tomaron una decisión: decidieron mantenerse al margen y eligieron salir después. Tal vez, algún politólogo o sociólogo podrían preguntarse por qué no salieron cuatro meses antes, para mantenerse al margen de las PASO, por ejemplo.

–Con un fallo tan esperado, a cuatro años de bloqueo parcial de la ley, ¿no influyeron con su demora de todas maneras?

–Terriblemente. Se puede pensar que el trámite de estudio puede durar seis meses, que las audiencias públicas pudieron haberlo demorado... Pero no cuatro años. Que cualquier fallo, del tenor de éste o de cualquier otro, demore cuatro años es injustificable. El Poder Judicial tiene que hacer su autocrítica. Y de hecho, nosotros en el comunicado de Justicia Legítima sostenemos eso: el fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde.

–Técnicamente esa demora no fue responsabilidad de la Corte.

–No, pero la Corte pudo haber hecho algunas cosas de otra manera. Pudo, por ejemplo, haber fijado las cuestiones de otra manera en diciembre de 2012. De hecho, la Corte sostiene en este fallo, cuando habla del artículo 161, que el plazo venció entonces. Podría haber tomado otra decisión respecto de la medida cautelar. Hay que terminar esta historia de las medidas cautelares: no pueden paralizar las causas. Tampoco puede ser que los jueces dejen que las partes manejen los tiempos de los expedientes, porque los directores de los procesos son los jueces, son ellos los que deben marcar los tiempos de actuación.

–En ese sentido, ¿el fallo de ayer marca algún tipo de límite?

–No, porque nada dice de esto.

Ailín Bullentini

GRANADOS: MENEMISMO RESIDUAL

En su primera conferencia de prensa, el intendente de Ezeiza y designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, dijo que “tenemos que ir a los bifes lo más rápidamente posible”. Esta puede ser una reminiscencia de sus comienzos profesionales, cuando integraba con su socio Alberto Samid la rama menemista de ganadería ambulante y faena circunspecta, de cuando Carlos Menem premió tales conocimientos designándolo en la Junta Nacional de Carnes, o de cuando el nuevo edificio de su parrilla “El Mangrullo” se construyó sobre terrenos fiscales, con un crédito blando del Banco Ciudad, otorgado a su madre, porque Granados estaba inhibido.

También la estanzuela La Celia, donde ocurrió el recordado tiroteo de 1999, se levanta en terrenos próximos al centro atómico de Ezeiza que pertenecieron al aeropuerto Internacional Pistarini, antes de pasar primero al usufructo y luego a la propiedad de Granados. Su hermana Leonor puso en duda la existencia misma del asalto e implicó sin decirlo que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas societario. La expresión “barones del conurbano”, está inspirada en los “robber barons”, caracterizados así en 1870 por el periodismo estadounidense de investigación y utilizados por Karl Marx como ejemplo del pillaje como base de la acumulación capitalista primitiva. En cualquier caso, la referencia a los bifes no deja de ser llamativa tratándose de un hombre en cuyo distrito la policía ha constituido escuadrones de la muerte financiados por los comerciantes para librarlos de los pibes chorros sin molestos trámites judiciales. Varios de sus integrantes han sido condenados por la justicia (como los asesinos de Emanuel Salafia), otros quedaron a salvo porque sólo pagaron por la muerte lúmpenes reclutados por ellos (como en el caso del adolescente Diego Peralta).
Fiesta en el Módulo

Es de sobra conocido el festejo realizado en El Mangrullo para celebrar el resultado de la elección interna justicialista de 1988, porque allí Alejandro Granados conoció a Carlos Menem, lo cual tornó superflua la afiliación al radicalismo de su padre, el empresario gastronómico Santiago Granados, quien había recibido de la Fuerza Aérea el usufructo de la gastronomía en el Aeropuerto Internacional y temía perderlo con la democracia. Menos se recuerda que El Mangrullo también fue sede de la cena de camaradería de la policía bonaerense en diciembre de 2011, que terminó con una gritería de mutuas recriminaciones entre el jefe saliente, Juan Carlos Paggi, y el entonces director de Investigaciones, Roberto Castronuovo, quien sólo un mes más tarde también pasó a retiro. Los separó el jefe entrante, Hugo Matzkin, a quien el gobernador Daniel Scioli confirmó el viernes, acaso por esa cualidad de pacificador entre las distintas bandas de la gran familia policial. Pero Paggi es el candidato preferido por Granados para ocupar la secretaría de Seguridad de su ministerio, en una profundización del retroceso en el control político de las fuerzas de seguridad iniciado por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, que seguirá como ministro de Justicia.

Granados también reclutó entre sus colaboradores al oficial del Servicio Penitenciario Federal Alfredo Javier Senoff, quien negoció el pase a disponibilidad en el SPF a cambio de no ser acusado ante la justicia por la penetración del narcotráfico. Senoff era director del Módulo 1 de la cárcel federal de Ezeiza, donde estaba alojado en condiciones de privilegio el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia.

La crónica del episodio, firmada en este diario el 29 de septiembre de 2009 por Horacio Cecchi, consigna que en el sector VIP que ocupaba Segovia se secuestraron “microondas, celulares, notebooks, una cantidad de dólares que algunos señalaban que llegaba a 15 mil y una cantidad de mujeres que algunos señalaban que llegaba a dos”. El Servicio sólo reconoció una fémina. La relación entre la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la corrupción de sus integrantes es un clásico de la literatura internacional.

En Nueva York fue acreditada en tres investigaciones realizadas a lo largo de un siglo por la Comisión legislativa presidida por el senador Clarence Lexow, en la década de 1890; la Comisión presidencial encabezada por el juez federal George Wickersham, en la de 1930 y la Comisión municipal Mollen, en la última década del siglo XX. En su investigación “Street Justice”, la académica Marilynn S. Johnson escribió que esas comisiones demostraron que la corrupción y la brutalidad se extendieron en los barrios más pobres, en los que los inmigrantes y los residentes no blancos tenían poca capacidad de resistir. También, que la policía transfería allí a los oficiales abusadores como forma de castigo por sus inconductas. Pero en realidad así “castigaba al vecindario más que al oficial”.


Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe

En la Argentina, Rodolfo J. Walsh describió el mismo fenómeno hace 45 años desde el Semanario CGT con una serie de notas en la que presentó a la policía de Buenos Aires como “una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. La relación promiscua entre el narcotráfico y la policía bonaerense actual fue puesta de relieve en el informe de la comisión senatorial que investigó el crimen de la nena Candela Sol Rodríguez, mientras en Córdoba y Santa Fe las respectivas cúpulas aparecen involucradas como avanzada del delito sobre las instituciones de seguridad. Córdoba era la única provincia que tenía a un policía como ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien al ser designado escogió para sucederlo al frente de la fuerza al comisario Ramón Frías.

Ambos tuvieron vinculación con el servicio de informaciones D2 durante la dictadura, según denunció en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad el ex policía Luis Urquiza, secuestrado y torturado en esa unidad en 1976, y que logró exiliarse tres años después. De regreso al país, en la década de 1990, denunció lo sucedido, pero el Director de Inteligencia Criminal de entonces era el ex D2 Luis Yanicelli, en la actualidad condenado a prisión perpetua, y Paredes era su secretario. Urquiza también denunció que Frías amenazó al comisario Julio César Giménez para que dejara de investigar el asesinato de su padre en el D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. Aunque el gobierno de José De la Sota acusó al gobierno nacional de una maniobra en su contra utilizando al fiscal de la causa (¡sólo porque forma parte de Justicia Legítima!) las pruebas sobre la corrupción en la policía de drogas eran tan abrumadoras que Paredes y Farías debieron presentar la renuncia.

Scioli desoyó las recomendaciones de aquella comisión investigadora, que incluían la exoneración de medio centenar de altos mandos policiales, comenzando por su jefe, Hugo Matzkin. Con Paggi de segundo y Senoff como colaborador, esos contactos espurios ascienden a una pantalla superior.

Mientras, el jefe policial de Ezeiza con el que Granados se presentó por primera vez en público, Francisco Rupnik, reincidió en la periódica propuesta de recrear el Servicio Militar Obligatorio para sacar a los chicos de la calle. Cuando Scioli le tomó juramento ante un crucifijo de madera de medio metro (por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios), Granados respondió a la pregunta con un estridente “¡¡¡¡Síííííí, juro!!!!” al que una claque entusiasta respondió “Olé... olé... ole... Aleeee, Aleeeee”, en un clima festivo que no condice con la presunta emergencia por la cual 4.500 gendarmes fueron sustraídos de la frontera, donde los reemplazan efectivos militares, para realizar tareas cuya confusa descripción no parece encajar en ninguno de los supuestos de las leyes de Defensa Nacional, de 1988, de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, en las que se expresa el mayor consenso multipartidario alcanzado por la democracia argentina en treinta años.

Mientras un centenar de cadetes de la Escuela Vucetich formaban con sus uniformes prusianos y una pluma en el casco plateado, dos camionetas de la confitería más cara de la ciudad, “El Rey del Dulce”, descargaban el servicio para culminar el festejo. Luego de su irónico vaticinio acerca del ruido que hará la gestión de Granados, Casal paladeaba el plato frío de la venganza sobre todos sus críticos, con la satisfecha expresión de “ahora sí van a ver lo que es bueno”. Con apresurado tono presidencial, Scioli dijo que a nadie se le ocurriría cuestionar el progresismo de Lula por haber enviado el Ejército a las favelas, y citó una frase del ex presidente brasileño. “¿Si nos derribaron un helicóptero, con qué quieren que disparemos? ¿Con pétalos de rosas?”. Doble desatino: en Brasil se ordenó a las tropas desalojar varias favelas ocupadas por la estructura militar de los carteles de la droga, en una operación breve y con rápida retirada, para que pudieran hacerse cargo las estructuras de seguridad y de asistencia social. Aquí, el único helicóptero que falta no fue derribado por los narcos con bazucas ni misiles. Se perdió con su piloto, Alejandro Ferzola, el 2 de enero de 2011, en el trayecto entre Coronel Brandsen y Santa Teresita. En un año y medio, la policía de Scioli ni siquiera pudo encontrar sus restos. Y la intervención que se reclama de los militares argentinos no está contemplada en su doctrina, organización, equipamiento ni capacitación.


De armas llevar

El primero que respondió a la convocatoria de Granados fue su colega de Tres de Febrero, el dirigente de la UOM Hugo Curto, quien salió a cazar ladrones durante 18 horas sin dormir, con chaleco antibalas y flanqueado por dos policías no aptos para el horario de protección al menor.

La foto difundida por el propio municipio podría ganar un concurso sobre la inseguridad o ilustrar un debate académico acerca de la vigencia en el siglo XXI de las doctrinas del criminólogo italiano del siglo XIX Cesare Lombroso. Escéptico sobre la utilidad de la Justicia, el ex boxeador Curto encabezó junto con Gerónimo Venegas, Hugo Moyano y Omar Maturano la campaña “No jodán con Perón”, cuando dos jueces citaron a Isabel Martínez en sendas causas sobre los crímenes de la Triple A, en 2007.

“Todo el mundo sabe que esto en lugar de ser una investigación es un hecho político”, reclamó Curto, quien también pidió que se investigaran “los asesinatos de José Ignacio Rucci y de Augusto Timoteo Vandor”. Igual que Granados, Curto dijo que tenía un arma en su casa y aseguró que lo mismo ocurre en casi todos los hogares argentinos. Si esto fuera así, la política de desarme emprendida por Scioli y el gobierno nacional, habría sido un completo fracaso. Sin embargo, el programa argentino, que ya destruyó 193.000 armas de fuego, fue elegido por una organización internacional con sede en Londres como uno de los tres mejores del mundo. Dentro de dos meses se elegirá al ganador del cotejo. Del mismo modo, la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción propuso como modelo para todos los países de la OEA la política de transparencia que Nilda Garré aplicó mientras fue ministra de Seguridad. En una nota al Estado Nacional, la Comisión destacó el desarrollo de cursos de capacitación, análisis de contrataciones públicas y el “examen de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por las personas designadas en los cargos superiores de las mencionadas fuerzas y seguimiento de denuncias de posibles actos de corrupción que derivaron en presentaciones judiciales o sumarios administrativos”, e instó “a implementar ese tipo de experiencias y controles en otros organismos públicos”.

Es obvio que las preocupaciones del gobierno bonaerense discurren por otro andarivel. En mayo, Curto inauguró junto con Scioli la sede descentralizada de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” en Tres de Febrero. “La inseguridad es el flagelo más importante que tenemos”, dijo entonces. Su derrota en las PASO de agosto fue una de las peores del Gran Buenos Aires, lo cual relativiza la idea establecida de que la seguridad fue el principal determinante del voto. Que Curto es un hombre de acción no sorprende a nadie. Hace poco fue sobreseído en el juzgado de instrucción Nº 35 de la Capital, en la causa por violencia doméstica caratulada “Hugo Curto y otros s/amenazas”. Mientras Curto, que fue derrotado, intenta mostrar su rotunda personalidad, Granados, que ya ascendió un casillero, trata de disimular la suya. Con membrete del municipio de Ezeiza distribuyó dos fotos y un comunicado en el que se refiere a sí mismo en maradónica tercera persona con prosa exquisita (como la hubiera calificado Adolfo Bioy Casares): “Un intendente al que se lo tildaba de ‘Mano Dura’, ‘Insensible’. Pero al mejor estilo de un hombre que fue su amigo del alma, ‘Néstor Kirchner’, se salió del protocolo y luego de tomarle juramento el gobernador, Alejandro, inmediatamente se abrazó con su esposa la Diputada Nacional Dulce Granados, su compañera soporte emocional del nuevo ministro”.

La relación entre intendentes y armas no es privativa de ninguno de los sectores que se disputan la hegemonía bonaerense, aunque algunos ponen más el cuerpo que otros. El 31 de agosto fue detenido el barrabrava del club Tigre Cristian Franco Carbonel, cuando circulaba armado junto con Jonatan Walter De Vicenzi y Emanuel Ricardo Luján. Les secuestaron dos armas de guerra (una Beretta .9mm y una Browning 11.25) con un proyectil en cada recámara y cargadores completos. La Beretta tenía la numeración limada y la Browning, la inscripción Aeronáutica Argentina. Carbonel estaba enyesado por una fractura producto de un balazo, tenía una condena a tres años de cárcel por asociación ilícita, de 2006, y otra de diez años por homicidio de 2005. Estuvo detenido desde 2004 hasta 2011, cuando la justicia le concedió la libertad condicional. Pese a estos antecedentes, al salir consiguió empleo en el municipio de Tigre, que conduce Sergio Massa. El fiscal de Rincón de Milberg, Mariano Magaz, no incorporó la actuación al Servicio Informático del Ministerio Público, como ya había hecho con el asalto a la casa del intendente. (En ese sistema SIMP es posible trabajar en borrador, que permite modificar y guardar el documento; a la firma, de modo que sólo puede verlo el fiscal o el defensor que lo realiza, y firmado. Sólo en este tercer caso se puede ver en todas las dependencias conectadas y es imposible modificarlo.)


Mientras en la Legislatura bonaerense las disidencias políticas impiden tratar alguno de los proyectos de creación de policías comunales, Granados avanzaba con su implantación de facto, como corresponde a un hombre rudo. Así, anunció que los intendentes deberán diseñar sus propios planes de seguridad y asumir un papel más activo en la lucha contra el delito. “El jefe de policía del distrito es el intendente, el que tiene que marcar el rumbo, el que debe decir dónde ponemos el patrullero y dónde ponemos la Gendarmería”, llegó a decir. Cada gestión intentó innovar en la confección del mapa del delito. Carlos Arslanian lo encomendó a las direcciones departamentales de la policía. Carlos Stornelli, a la Dirección de “Evaluación de Información para la Prevención del Delito”, un reducto de la guerra fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sistematiza la información centralizada por el Centro de Operaciones Policiales. Con Casal se realizó un chequeo minucioso delito por delito en la departamental Mar del Plata, y se detectó una discordancia sideral. La misma falta de confiabilidad tiene el mapa que confecciona esa Dirección y del que Casal ordenó no informar al Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Granados también dijo que los efectivos de Gendarmería se quedarán para siempre en el conurbano, mientras otras fuentes del gobierno afirman que sólo será hasta fin de año, cuando egresen la misma cantidad de nuevos oficiales de las escuelas de policía. Mejor así. La Gendarmería está capacitada para enfrentar ciertos delitos vinculados con la frontera, como contrabando, trata de personas o tráfico de drogas. Su permanencia en el conurbano es tan inapropiada como el patrullaje de playas en verano por agentes penitenciarios entrenados para el manejo de detenidos. Otro anuncio de Granados fue el incremento del personal a 100.000 efectivos, que “tengan en orden sus chalecos, patrulleros y armas”. De los 55.000 efectivos actuales, sólo 18.000 pertenecen al escalafón de comando y cumplen tareas en la calle. Dadas las condiciones de trabajo pre-industriales vigentes, ante la convocatoria de la Policía Metropolitana, donde cobran al ingreso 15.000 pesos, se presentaron 4.500 bonaerenses. La Metropolitana eligió cerca de un millar, de entre los legajos más limpios. Es obvio así que los prometidos 100.000 efectivos no son soportables por el presupuesto provincial.

Horacio Verbitsky

PUTIN LE PONE LOS PUNTOS A OBAMA

El presidente ruso Vladimir Putin, en un gesto de alta política, dirigió un mensaje directo al pueblo estadounidense por medio del diario The New York Times en el que manifestó que "los recientes eventos ocurridos en Siria me llevaron a hablar directamente con el pueblo norteamericano y sus líderes políticos..."

MOSCOW — RECENT events surrounding Syria have prompted me to speak directly to the American people and their political leaders. It is important to do so at a time of insufficient communication between our societies.

MOSCÚ - Los recientes acontecimientos que rodean Siria han llevado a que hable directamente con el pueblo estadounidense y sus líderes políticos. Es importante hacerlo en un momento de comunicación insuficiente entre nuestras sociedades.

Relations between us have passed through different stages. We stood against each other during the cold war. But we were also allies once, and defeated the Nazis together. The universal international organization — the United Nations — was then established to prevent such devastation from ever happening again.

Las relaciones entre nosotros han pasado por diferentes etapas. Nos pusimos de pie unos contra otros durante la guerra fría. Pero también fuimos aliados una vez, y derrotamos a los nazis juntos. La organización internacional universal -las Naciones Unidas- se estableció entonces para evitar que la devastación vuelva a suceder.

The United Nations’ founders understood that decisions affecting war and peace should happen only by consensus, and with America’s consent the veto by Security Council permanent members was enshrined in the United Nations Charter. The profound wisdom of this has underpinned the stability of international relations for decades.

Los fundadores de las Naciones Unidas entendieron que las decisiones que afectan a la guerra y la paz deben suceder solamente por consenso, y con el consentimiento de los Estados Unidos, el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad fue consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. La profunda sabiduría de éste se ha basado en la estabilidad de las relaciones internacionales desde hace décadas.

No one wants the United Nations to suffer the fate of the League of Nations, which collapsed because it lacked real leverage. This is possible if influential countries bypass the United Nations and take military action without Security Council authorization.

Nadie quiere que las Naciones Unidas sufra la suerte de la Liga de las Naciones, que se derrumbó porque carecía de influencia real. Esto es posible si los países influyentes eluden las Naciones Unidas y toman una acción militar sin autorización del Consejo de Seguridad.

The potential strike by the United States against Syria, despite strong opposition from many countries and major political and religious leaders, including the pope, will result in more innocent victims and escalation, potentially spreading the conflict far beyond Syria’s borders. A strike would increase violence and unleash a new wave of terrorism. It could undermine multilateral efforts to resolve the Iranian nuclear problem and the Israeli-Palestinian conflict and further destabilize the Middle East and North Africa. It could throw the entire system of international law and order out of balance.

La posible acción de guerra de los Estados Unidos contra Siria, a pesar de la fuerte oposición de muchos países y los principales líderes políticos y religiosos, incluyendo el Papa, dará lugar a más víctimas inocentes y el potencial crecimiento del conflicto, lo que podría extender la guerra más allá de las fronteras de Siria. Aumentaría la violencia y desencadenaría una nueva ola de terrorismo. Se podría socavar los esfuerzos multilaterales para resolver el problema nuclear de Irán y el conflicto palestino-israelí y desestabilizar aún más el Oriente Medio y el Norte de África. Podría tirar todo el sistema del derecho internacional y el orden fuera de balance.

Syria is not witnessing a battle for democracy, but an armed conflict between government and opposition in a multireligious country. There are few champions of democracy in Syria. But there are more than enough Qaeda fighters and extremists of all stripes battling the government. The United States State Department has designated Al Nusra Front and the Islamic State of Iraq and the Levant, fighting with the opposition, as terrorist organizations. This internal conflict, fueled by foreign weapons supplied to the opposition, is one of the bloodiest in the world.

Siria no está siendo testigo de una batalla por la democracia, sino un conflicto armado entre el gobierno y la oposición en un país multirreligioso. Hay pocos defensores de la democracia en Siria. Pero hay más que suficientes combatientes de Al Qaeda y los extremistas suficientes de todas las tendencias que luchan por el gobierno. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a Al Frente Nusra y el Estado Islámico de Irak y el Levante, la lucha con la oposición, como organizaciones terroristas. Este conflicto interno, alimentado por las armas extranjeras suministradas a la oposición, es uno de los más sangrientos del mundo.

Mercenaries from Arab countries fighting there, and hundreds of militants from Western countries and even Russia, are an issue of our deep concern. Might they not return to our countries with experience acquired in Syria? After all, after fighting in Libya, extremists moved on to Mali. This threatens us all.

Hay mercenarios de los países árabes que luchan allí, y cientos de militantes de los países occidentales e incluso de Rusia, son un problema que cuasa nuestra profunda preocupación. ¿No podrían volver a nuestros países con experiencia adquirida en Siria? Después de todo, después de los combates en Libia, los extremistas se trasladaron a Mali. Esto nos amenaza a todos.

From the outset, Russia has advocated peaceful dialogue enabling Syrians to develop a compromise plan for their own future. We are not protecting the Syrian government, but international law. We need to use the United Nations Security Council and believe that preserving law and order in today’s complex and turbulent world is one of the few ways to keep international relations from sliding into chaos. The law is still the law, and we must follow it whether we like it or not. Under current international law, force is permitted only in self-defense or by the decision of the Security Council. Anything else is unacceptable under the United Nations Charter and would constitute an act of aggression.

Desde el comienzo, Rusia ha abogado por el diálogo pacífico que permita a los sirios desarrollar un plan de compromiso para su propio futuro. No estamos protegiendo al gobierno sirio, sino el derecho internacional. Tenemos que utilizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y creo que la preservación de la ley y el orden en el mundo complejo y turbulento de hoy es una de las pocas maneras de evitar que las relaciones internacionales se deslicen al caos. La ley sigue siendo la ley, y hay que seguirla, nos guste o no. Según el derecho internacional actual, la fuerza sólo se permite en defensa propia o por decisión del Consejo de Seguridad. Cualquier otra cosa es inaceptable en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y constituiría un acto de agresión.

No one doubts that poison gas was used in Syria. But there is every reason to believe it was used not by the Syrian Army, but by opposition forces, to provoke intervention by their powerful foreign patrons, who would be siding with the fundamentalists. Reports that militants are preparing another attack — this time against Israel — cannot be ignored.

No cabe duda de que se usó gas venenoso en Siria. Pero hay muchas razones para creer que no fue utilizado por el ejército sirio, sino por las fuerzas de la oposición, para provocar la intervención de sus poderosos patrocinadores extranjeros, que estarían del lado de los fundamentalistas. Los informes de que los militantes están preparando otro ataque -esta vez contra Israel- no pueden ser ignorados.

It is alarming that military intervention in internal conflicts in foreign countries has become commonplace for the United States. Is it in America’s long-term interest? I doubt it. Millions around the world increasingly see America not as a model of democracy but as relying solely on brute force, cobbling coalitions together under the slogan “you’re either with us or against us.”

Es alarmante que la intervención militar en los conflictos internos en el extranjero se ha convertido en algo común para los Estados Unidos. ¿Es en el interés a largo plazo de Estados Unidos? Lo dudo. Millones alrededor del mundo ven cada vez más a Estados Unidos no como un modelo de democracia, sino a quienes confian únicamente en la fuerza bruta, improvisando coaliciones bajo el lema de "o estás con nosotros o contra nosotros".

But force has proved ineffective and pointless. Afghanistan is reeling, and no one can say what will happen after international forces withdraw. Libya is divided into tribes and clans. In Iraq the civil war continues, with dozens killed each day. In the United States, many draw an analogy between Iraq and Syria, and ask why their government would want to repeat recent mistakes.

Pero la fuerza ha demostrado ser ineficaz e inútil. Afganistán está sufriendo, y nadie puede decir qué va a pasar después de que las fuerzas internacionales se retiren. Libia está dividida en tribus y clanes. En Irak, la guerra civil continúa, con decenas de muertos cada día. En los Estados Unidos, muchos trazar una analogía entre Irak y Siria, y se preguntan por qué su gobierno quiere repetir los errores recientes.

No matter how targeted the strikes or how sophisticated the weapons, civilian casualties are inevitable, including the elderly and children, whom the strikes are meant to protect.

No importa cómo se dirijan los ataques o la forma sofisticada de las armas, las víctimas civiles son inevitables, como los ancianos y los niños, aquellos que los ataques dicen tener el propósito de proteger.

The world reacts by asking: if you cannot count on international law, then you must find other ways to ensure your security. Thus a growing number of countries seek to acquire weapons of mass destruction. This is logical: if you have the bomb, no one will touch you. We are left with talk of the need to strengthen nonproliferation, when in reality this is being eroded.

El mundo reacciona al preguntar: si no se puede contar con el derecho internacional, entonces se debe encontrar otras formas de garantizar su seguridad. Así, un número creciente de países tratan de adquirir armas de destrucción masiva. Esto es lógico: si tienes la bomba, nadie va a tocarte. Nos queda hablar de la necesidad de fortalecer la no proliferación, cuando en realidad esto se está erosionando.

We must stop using the language of force and return to the path of civilized diplomatic and political settlement.

Tenemos que dejar de utilizar el lenguaje de la fuerza y volver a la senda de la civilización, el acuerdo diplomático y político.

A new opportunity to avoid military action has emerged in the past few days. The United States, Russia and all members of the international community must take advantage of the Syrian government’s willingness to place its chemical arsenal under international control for subsequent destruction. Judging by the statements of President Obama, the United States sees this as an alternative to military action.

Una nueva oportunidad para evitar la acción militar ha aparecido en los últimos días. Los Estados Unidos, Rusia y todos los miembros de la comunidad internacional debe aprovechar la disposición del gobierno sirio para colocar su arsenal químico bajo control internacional para su posterior destrucción. A juzgar por las declaraciones del presidente Obama, Estados Unidos ve esto como una alternativa a la acción militar

I welcome the president’s interest in continuing the dialogue with Russia on Syria. We must work together to keep this hope alive, as we agreed to at the Group of 8 meeting in Lough Erne in Northern Ireland in June, and steer the discussion back toward negotiations.

Acojo con satisfacción el interés del presidente en continuar el diálogo con Rusia sobre Siria. Tenemos que trabajar juntos para mantener viva esta esperanza, como acordamos en el Grupo de los 8, en la reunión en Lough Erne en Irlanda del Norte en junio, y dirigir la discusión hacia las negociaciones.

If we can avoid force against Syria, this will improve the atmosphere in international affairs and strengthen mutual trust. It will be our shared success and open the door to cooperation on other critical issues.

Si podemos evitar la fuerza contra Siria, esto mejorará el ambiente en los asuntos internacionales y fortalecerá la confianza mutua. Para nosotros será un éxito compartido y abre la puerta a la cooperación en otras cuestiones fundamentales.

My working and personal relationship with President Obama is marked by growing trust. I appreciate this. I carefully studied his address to the nation on Tuesday. And I would rather disagree with a case he made on American exceptionalism, stating that the United States’ policy is “what makes America different. It’s what makes us exceptional.” It is extremely dangerous to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation. There are big countries and small countries, rich and poor, those with long democratic traditions and those still finding their way to democracy. Their policies differ, too. We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.

Mi relación laboral y personal con el presidente Obama está marcada por una creciente confianza. Aprecio esta situación. Estudié cuidadosamente su discurso a la nación el martes. Y yo prefiero estar en desacuerdo con un caso que hizo el excepcionalismo estadounidense, afirmando que la política de Estados Unidos es "lo que hace que Estados Unidos sea diferente. Es lo que nos hace excepcionales". Es extremadamente peligroso animar a la gente a verse como algo excepcional, sea cual sea la motivación. Hay países grandes y países pequeños, ricos y pobres, los que tienen una larga tradición democrática y aquellos todavía encontrando su camino a la democracia. Sus políticas son diferentes, también. Todos somos diferentes, pero cuando pedimos las bendiciones del Señor, no debemos olvidar que Dios nos creó iguales.

Vladimir V. Putin

president of Russia.

The New York Times

A Plea for Caution From Russia
What Putin Has to Say to Americans About Syria
By VLADIMIR V. PUTIN
Published: September 11, 2013 1889 Comments

VIOLENCIA DE CLASE

Cada norma tiene efectos más allá de los márgenes del texto. La Ley de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844), sancionada en marzo de este año, fue el primer paso en la regulación de una labor que, durante años, parecía invisible.

Ayer, en Córdoba, un fiscal tomó una decisión sin precedentes, al imputar por los delitos de extorsión y privación ilegítima de la libertad a Teresa Beatriz Nourikhan, una mujer acusada de maltratar a su empleada de origen peruano, y forzarla a renunciar bajo la amenaza de quedarse con su pasaporte. "Esta medida inaugura una etapa de respeto a la dignidad de las trabajadoras y también hacia los hermanos de otros países. Es una condena a nuestra propia xenofobia", reflexionó Gustavo Núñez, abogado querellante.

Nourikhan vive en el barrio cerrado «La Reserva» y está imputada por extorsión y privación ilegítima de libertad, agravada por violencia. Fue detenida el jueves pasado y el viernes fue trasladada a su hogar para cumplir la detención de manera domiciliaria, beneficio previsto por ley que se otorga a personas que tienen a cargo hijos menores de 5 años.


"Ella me acusó de robarle 300 pesos. Vino a mi cuarto, tomó mi bolso, me tiró las pertenencias y me retuvo el documento. Me gritó y me dijo ladrona, mentirosa, caradura, sinvergüenza, que iba a llamar a la policía. Como yo no hacía nada, me llevó a la pieza, me revisó los bolsillos y me hizo sacar las zapatillas. Me dijo que me quite la remera, el corpiño. Me bajó los pantalones. Me tocó para buscarme si tenía la plata en la bombacha. Y al final, estaba en el placard de los hijos. Yo le dije en ese momento que la iba a denunciar y, burlándose, me contestó: '¿Qué pruebas tenés?'", relató B. a Tiempo Argentino, quien llegó al país en 2011, junto a sus dos hijos.

Según pudo constatar el fiscal, la empleadora luego llevó a B. al correo, la obligó a firmar la renuncia, la condujo hasta la puerta de la casa y arrojó todas sus pertenencias a la calle. Con esos datos, se decidió la detención de Nourikhan, en su domicilio en un barrio cerrado cordobés, por ser madre de un niño menor de cinco años.

El abogado defensor, Carlos Hairabedian, aseguró que todo es falso, que se trató de "los típicos problemas que suelen suscitar las relaciones entre dos mujeres con comportamientos, modos de vida y estilos de conducta distintos", y que "Nourikhan la acompañó en el automóvil porque la chica no sabe desenvolverse sola en la ciudad".

En el Sindicato de Personal de Casas de Familia de Córdoba festejaron la decisión del fiscal como un hecho histórico. "Tenemos muchísimas denuncias de este tipo. Entre este año y el pasado, recibimos 10 relatos de golpes y patadas. Hace poco llegó una mujer con una piña en el ojo, el empleador la acusó de tender mal la cama. Pero nunca pudimos hacer nada en el fuero penal, no teníamos derechos. Para nosotros esto es demasiado grande. En 50 años que va a cumplir el sindicato, esta es la primera vez que podemos hacer justicia", expresó Nélida Sosa, secretaria general del Sinpecaf.

OTILIO ROMANO Y LOS JUECES QUE FALTAN ENCANAR

Otilio Romano era juez. Huyó a Chile en agosto de 2011, un día antes de ser destituido por el Consejo de la Magistratura para ser juzgado por su complicidad en 102 delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuando era fiscal.

Entre enero y febrero de este año, Romano, quien permaneció en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.

Todavía hay mucha dictadura respirando en los tribunales. La democracia avanza a pesar de todo.

MÁS AGROTÓXICOS, MENOS LEGISLACIÓN

El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.

En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.

Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2.000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.

En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.

Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.

El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.

Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.

Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.

La Red de Salud Popular también recordó el “principio de no regresión en materia ambiental” presente en la Constitución nacional (artículo 75) y en la Ley General del Ambiente (artículo 4), que establece que no podrán modificarse los pisos de resguardo ambiental vigentes. “Siempre deben mejorarse las medidas de precaución, pero nunca cambiarlas para peor”, afirmó Gómez.

Mar del Plata contaba con una ordenanza desde 2011 que prohibía fumigar a 1.000 metros de lugares poblados, pero en mayo pasado, sin lugar a participación de vecinos ni organizaciones sociales, el intendente Gustavo Pulti envió al Concejo Deliberante una nueva ordenanza. Votada afirmativamente por Acción Marplatense y la UCR, fue rechaza por la Agrupación Atlántica y el Frente para la Victoria se abstuvo.

La ordenanza, que permite fumigar hasta 100 metros de las viviendas y a 25 metros de escuelas, fue celebrada por empresarios y productores agropecuarios y rechazada por vecinos de zonas afectadas y organizaciones socioambientalistas, que denunciaron la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

Darío Aranda