El pasado 16 de mayo, el juez subrogante de Bahía Blanca,
Santiago Ulpiano Martínez, negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño del diario pro golpista La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud, encabezada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. E intenta profundizar en el verdadero papel que cumplió La Nueva Provincia en aquellos años, cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de "enfrentamientos con la subversión", y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes.
Hugo Cañón fue fiscal general de Bahía, y el primero, en 1987, que relacionó a la familia Massot con el genocidio. Resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y uno de los preferidos del diario en eso de eliminar a los apátridas.
"Lo que hicieron Nebbia y Palazzani no sólo está muy bien fundamentado en sus 137 fojas –dice–, sino que además incorpora pruebas y documentos reunidos a lo largo de muchos años, que demuestran la connivencia de La Nueva Provincia con sectores del Ejército en la época de la represión. Sobre todo con la Inteligencia militar, en tiempos de Vilas. En lo peor de la dictadura en Bahía, las notas publicadas por el diario eran cosas sólo conocidas por los sectores de Inteligencia. Y a eso hay que agregar los montajes, las fotos inventadas, los comunicados falsos y las teatralizaciones, para hacer pasar los asesinatos como supuestos enfrentamientos. También hay que resaltar que en la sentencia que el tribunal dio a conocer en septiembre del año pasado por la represión ocurrida en la región, allí se ordenó investigar por separado la complicidad del diario en esa época. Fue el puntapié inicial para el actual pedido de detención de Massot, y la investigación sobre lo hecho por el sacerdote Aldo Vara, al que yo imputé en 1999 durante los Juicios por la Verdad."
–Hablás de teatralizaciones reflejadas por La Nueva Provincia. ¿Qué tipo de montajes?
–Los secuestros, pero sobre todo las operaciones que se hacían en el V Cuerpo para asesinar a militantes en la calle, en una casa o en un cruce de caminos, tenían un increíble despliegue escénico y teatral, para simular tiroteos. Los militares hablaban de "abatimiento de subversivos por enfrentamientos". Eran enfrentamientos fraguados, se trataba de escenarios montados para matar personas con total impunidad.
La Nueva Provincia publicaba notas que describían balaceras y "caídos". Una vez, el Ejército fusiló a un grupo, y después sacó camillas con soldados "muertos" para que el diario tomara fotos. Los soldados actuaban. Durante un juicio le pregunté a Vilas por qué hacían eso. Y me contestó que era "para despistar al enemigo y confundir a la población". En otra oportunidad hubo un gran despliegue de autos, armamento, camiones con comida supuestamente secuestrados a la "subversión". Fue en la Cueva de los Leones, a la salida de Bahía, 15 kilómetros hacia Tornquist. La dictadura sembró el campo con cadáveres y llamaron a los Massot para que "contaran" qué había pasado. El diario, por supuesto, también habló de enfrentamiento. Otro lugar elegido para ese tipo de montaje era el camino La Carrindanga, a unos 2000 metros de la entrada principal del V Cuerpo. Un viejo tambo después utilizado como centro clandestino de detención. Cuando en la década del '80 comenzábamos a investigar aquel genocidio, el relato de un detenido me hizo acordar a las veces que
La Nueva Provincia mentía sobre los secuestros y las desapariciones en la zona. Por las terribles condiciones de detención, las mujeres no podían menstruar, y entre la alimentación espantosa y la presión psicológica, era común que los secuestrados tampoco defecaran. Este hombre me contó que un guardia le dio un purgante, y al acompañarlo al baño, salió a un patio después de varias semanas. Su impresión era como si lo estuvieran metiendo en un horno. Era el calor del sol.
–Fuiste fiscal general de Bahía durante mucho tiempo. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que significaba
La Nueva Provincia en la región?
–Ocupé la fiscalía entre abril de 1986 y mayo de 2009, y siempre tuve conciencia de la vinculación entre el diario y la Marina, como la mayoría de los habitantes de Bahía. Massot padre era un marino que murió en un accidente de armas, y había ocupado un consulado durante el peronismo, hasta que lo separaron por manejos de dinero bastante confusos. Pero el origen del diario, fundado por Enrique Julio en 1898, es radical. Su línea editorial repudió el golpe de Estado de 1930, hasta que tomó el mando Diana Julio de Massot, y la publicación se corrió al liberalismo económico. Bahía Blanca fue un verdadero bastión del golpe de Estado de 1955, la Marina bombardeó el puente Las Oscuras para que no llegaran las tropas leales, y la empresa hizo sonar una enorme sirena que utiliza para lo que considera grandes acontecimientos. Sus editoriales llamaban a la rebelión de La Libertadora, a desobedecer los principios democráticos. Exactamente como ahora, que estimulan a la violencia y aplauden cada vez que muere alguien en la calle. Ante un asalto, por ejemplo, el mensaje es directo: "Es preferible que al delincuente lo maten antes de ser detenido por un policía corrupto, y después soltado por jueces garantistas liberadores de presos." Hoy, el edificio histórico del diario lo ocupa el Colegio de Abogados, nada menos. Y para la redacción construyeron un verdadero búnker justo al lado, de cemento, inaccesible.
–¿Cómo está la empresa?
–Redujeron mucho la planta, si la comparamos con los años sesenta. En ese tiempo el monopolio era fuerte, con el diario, LU 2 y Cable Total. El nombre del canal estaba bien elegido, por lo totalitario. Se vendían muchos ejemplares cuando no llegaban los diarios de Buenos Aires, pero después, la realidad cambió. Además, el diario de Río Negro comenzó a tener más protagonismo no sólo en Bahía, sino además en Neuquén, Bariloche y la zona del Alto Valle. Es sabido que dentro de la redacción se vive un régimen de oscurantismo terrible en el que nadie se anima a decir lo que piensa, todos hablan en voz baja y nunca se critica nada.
–¿En qué momento
La Nueva Provincia aparece mencionado en causas de lesa humanidad por primera vez?
–En la indagatoria que le hicimos a Vilas en 1987, cuando declaró 13 días seguidos. Vilas manifestó con naturalidad el vínculo del Ejército con el diario. Y dijo que eran muy comunes sus reuniones en el barrio Palihue con Juan Ramón Cachero, uno de los periodistas más importantes de la empresa. A esos encuentros también asistían el juez Guillermo Madueño y el camarista Ricardo Rojo, nexo del Ejército con la Cámara Federal. Hay una anécdota que se relaciona con lo que hoy se denominan "zócalos" en televisión. Durante aquellos años, los Massot administraban en la ciudad el Canal 9. En la parte inferior de la pantalla, en lugar de la hora y la temperatura, la familia mostraba un teléfono para que la gente llamara y denunciara a "subversivos", contara dónde los habían visto, y diera datos para ir a secuestrarlos. La anécdota es que muchos se comunicaban por cualquier cosa. Un empresario que quería echar a un empleado, por ejemplo, lo mandaba al frente. Y lo terrible es que ese hombre no aparecía nunca más. Vilas tuvo que armar una especie de "comisión evaluadora", para filtrar llamados y decidir dónde ir y dónde no.
–Bahía Blanca marcó un antecedente importante en la historia de los juicios por causas de lesa humanidad, en tiempos en que los procesos no eran tan comunes como ahora.
–Sí, se puede decir que fuimos los primeros, a pesar de las trabas y los problemas. En 1985 la directiva del alfonsinismo era someter a proceso sólo a las cúpulas militares, pero más allá de eso, ninguna cámara del país hacía nada. Cuando me nombraron fiscal empecé a pedir colaboración en todos lados. La Ley 23.049 establecía que los juicios serían por Cuerpo de Ejército, y tuvimos que organizar la modalidad, porque la región de Bahía se subdividía a su vez en tres subzonas. Reclamé expedientes al Consejo Supremo, que investigaba más a las víctimas que a los represores; pedí datos a jueces federales; exigí que los jueces militares mostraran lo que tenían; y con ese conjunto de cosas solicitamos el abocamiento de la Cámara.
–Y aparece la Ley de Punto Final...
–Claro, pero no nos complicó, porque daba un plazo de dos meses para ponerse en vigencia. Trabajamos a destajo, incluso dentro de la feria judicial, y alcanzamos a citar a todos los implicados. Eso permitió detener a varios militares, como Vilas, (José Luis) Sexton, (Abel) Catuzzi o Bernardino Páez. Lo peor fue la Obediencia Debida, que frenó todo. Por eso planteamos su inconstitucionalidad.
–¿Se hablaba de
Massot y de su complicidad con el genocidio?
–Hay que poner las cosas en contexto. Esa colaboración del grupo se respiraba en el ambiente, pero gracias que podíamos juzgar a los militares, a algunos. Considerar las complicidades de la Iglesia, de los civiles y de los empresarios con la dictadura no era tan común como en la actualidad. Uno de los que asistió a mi juramento como fiscal fue el general Dante Caridi. Lo primero que me dijo fue: "Bienvenido doctor, lo felicito. Estamos a disposición, y si necesita algo, cuente con mis colaboradores." Se acercó para cerrar el paquete, para que no hiciéramos ruido con el pasado. "Cómo no, general –le contesté–, vamos a hacer lo que tengamos que hacer." Nunca imaginó que los investigaríamos por genocidas. Los militares estaban tan seguros de que no les pasaría nada, que Vilas, para quedar bien, nos contaba que hacía sumarios a sus cabos y oficiales cada vez que se robaban una carpita de mochilero o una bolsa de papas. Gracias a una bolsa de papas descubrimos la identidad de una de las patotas de secuestradores más importantes de Bahía, que La Nueva Provincia hacía pasar por salvadores de la patria.
–¿Cómo fue el caso?
–Un cabo robó algunas papas en el medio de un secuestro, y un coronel, en un arranque de rectitud, lo sumarió. Firmó una constancia con el nombre del ladrón, pero también con cada uno de los que había integrado la banda. Al investigar el secuestro, dentro de una de las causas, saltaron las identidades de los secuestradores. Para ellos, llevarse un kilo de papas era ilegal, pero estaba bien asesinar, secuestrar y arrastrar a la gente de su casa para torturarla. Pero, volviendo a Massot, y a si se consideraba su papel, también desde lo alto del poder se bajaba línea para limitar los procesos únicamente al generalato, y no tocar nada de ahí para abajo. El mismo (Luis) Moreno Ocampo decía que con solamente 800 casos bastaba para hacer un muestreo de lo hecho por la dictadura. Los Juicios por la Verdad fueron uno de los primeros aportes para que la gente supiera que los militares no habían estado solos en la represión. Allí, por ejemplo, desenmascaramos las listas que Carlos Ruckauf y José Rodríguez, de SMATA, elaboraban con los delegados gremiales de Mercedes Benz que después serían secuestrados.
–Más allá de reivindicar a la dictadura,
La Nueva Provincia sigue hoy haciendo una permanente apología del delito. Sin embargo, después de tantos años no hay acciones penales que cuestionen eso. ¿Por qué?
–La impronta de la familia
Massot en Bahía es muy fuerte, y romper con ese mandato cultural es casi imposible. No hay intendente de la región que se atreva a quitar la publicidad oficial de los medios del grupo, o limitar el vínculo con el diario. Y por supuesto, ningún juez se anima a ordenar la detención del empresario. Hace pocos días, un ex funcionario radical dijo que el pedido de encarcelamiento de Massot podía discutirse, pero no entendía por qué se lo acusaba a Mario Gabrielli, un "simple empleado". Gabrielli era el editorialista que hacía panegíricos de la tortura y el exterminio, no era un "simple empleado". El tema es que a Massot no se le animan. Y ya algunos empezaron a decir que detenerlo significaría un ataque a la libertad de expresión. Si hasta están intentando que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) proteste con algún comunicado.
Ulpiano, el peor de la clase
Los dos tribunales federales de Bahía Blanca están vacantes.
Santiago Ulpiano Martínez, el juez subrogante de la ciudad que se negó a detener a Vicente Massot, a pesar de las pruebas que lo vinculan con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, en realidad no es juez, sino secretario, sin concurso para ejercer la magistratura.
Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, llegó a ese lugar de la mano de Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía destituido durante la fiesta menemista de los noventa, y condenado a prisión por estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de que nunca puso un solo peso. Pero lo que no se puede negar es que el secretario tenga coherencia: hace un tiempo también rechazó guardar entre rejas al ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado de complicidad con los genocidas de la región.
Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, una familia bastante particular. Muy cercano a la línea de Eduardo Tentoni, juez apartado de la causa que salpicaba a la Marina debido a su declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él, caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados que formaba parte de ese club era Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios genocidas. Epoca en la que según él, a razón de 5000 dólares por reo, cobró la mayor cantidad de plata de su vida.
No hace mucho, Ulpiano se presentó para cubrir el cargo de fiscal de Cámara. Su examen oral fue muy bajo. Quedó entre los últimos.
