Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal y por apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo: Por todo ello, compañero Néstor Kirchner, Hasta la Victoria, SIEMPRE...

LAS AVENTURAS DE RICARDO RECONDO

Para el juez consejero Ricardo Recondo fue una derrota y quizá lo admitió de manera implícita al no firmar la resolución de la Cámara que integra. Porque esa resolución firmada por otros cinco camaristas implicó un cuestionamiento a su de-sempeño. Hay una crítica al procedimiento que había impuesto el consejero de la Magistratura. Y cuando están relacionadas con causas muy sensibles, como la resistencia de un grupo monopólico a desinvertir, esas críticas o esos errores subrayados, tan obvios, no pueden menos que dejar un manto de sospecha.



El Grupo Clarín tardó bastante en digerir la derrota de Recondo y la designación de un juez subrogante –diferente del que quería el consejero– para el tribunal que debe decidir sobre la vigencia del artículo 161 de la ley de medios. Recién varias horas después de que los demás portales ya la hubieran incluido, el jueves, la noticia apareció en el de Clarín.

Recondo tuvo mucha actividad en las últimas semanas. Su principal argumento para rechazar los concursos reglamentarios que se hicieron para ocupar los tribunales acéfalos fue denigrar a una de las aspirantes porque había sido funcionaria pública. Recondo hizo una gira por todos los programas periodísticos de los medios del grupo Clarín denigrando a esa abogada. Pero no aplicó la misma regla ética cuando se trató de su persona. Con más argumentos de los que tuvo él para rechazar esos concursos, se podría señalar que el juez Recondo tiene un expediente abierto en la Magistratura por un fallo a favor de la empresa Fibertel, de Clarín, que firmó junto con la jueza Graciela Medina. Cualquiera puede fallar a favor de cualquier empresa, el problema es que el esposo de Medina es uno de los principales abogados de Cablevisión, y en esas situaciones lo que se estila desde el punto de vista ético es que los magistrados se excusen y no se hagan cargo de esas causas.

Finalmente, ayer se conoció que Recondo fue socio entre 1999 y 2005 de los hermanos Hugo y Jorge Anzorreguy. El primero fue titular de la SIDE durante el menemismo. El segundo es uno de los abogados más destacados del Grupo Clarín. Todos estos puntos de contacto son mucho más comprometidos que haber sido funcionaria pública. Esa fue la excusa del juez para, como integrante de la Magistratura, frenar el procedimiento natural y, a su vez, como miembro de la Cámara en lo Civil y Comercial, tratar de elegir él mismo al juez subrogante que debía hacerse cargo de la causa Clarín. Fue un procedimiento irregular, realizado en tiempo record y de manera también irregular. Tuvo todo el aspecto de una trampa.

Pero la Corte convocó a los jueces y aunque no trascendió lo que se trató en la reunión, al otro día la Cámara descartó el procedimiento que había impulsado Recondo y eligió a un juez subrogante de acuerdo con los reglamentos.

Los dos artículos de la ley de medios cuestionados por el grupo mediático son el 161, que establece los plazos para desinvertir, y el 45, que plantea los límites a la cantidad de medios que pueden tener.

Ninguno de los dos artículos está referido a la libertad de expresión o de prensa, sino a cuestiones patrimoniales, es decir, al negocio y no a los contenidos. Lo que está haciendo el Grupo Clarín es defender su poder ante una comunidad, representada por el Congreso de la Nación, que aprobó una ley para regular el desarrollo monopólico o situaciones dominantes en el mercado por parte de empresas de medios. Estas normas existen en todo el mundo y en algunos países son todavía más estrictas.

Cuando se aplique la ley, el diario Clarín seguirá saliendo como siempre, lo mismo Radio Mitre. El grupo tendrá que decidir si vende Canal 13 o Cablevisión. Y además tendrá que desprenderse de una gran cantidad de señales de cable. Aun así seguiría siendo el grupo mediático más poderoso del país, aunque la situación será menos desigual.

El lugar que fue ocupando a medida que se levantaron las regulaciones que existían se potenció en cada paso, desde la dictadura en adelante. Cada espacio que ocupó incrementó su capacidad de presión, con lo que ningún gobierno se atrevió a ponerle un límite. Con la aparición de nuevas tecnologías, esa capacidad de presión le sirvió no solamente para blindarse sino también para arrancar más concesiones y ganar nuevos espacios, hasta convertirse en una megaempresa que controlaba desde la fabricación del papel hasta las señales de cable que se emiten en todo el país. Es contradictorio defender en nombre de la libertad de expresión un aparato desproporcionado que en realidad la ahoga.

Hasta ahora, los gobiernos no sólo no se habían atrevido a ponerle un freno sino que concedían todo lo que el grupo les exigía, sobre todo en términos de negocios. Todos los gobiernos se relacionaron con el grupo desde un lugar de debilidad, con temor al gran poder de fuego mediático. Incluso este gobierno tuvo esa estrategia en los primeros años. Por eso, decir que este emporio de medios es el lado débil frente a un Estado como el de Argentina, que históricamente ha sido subordinado a las grandes empresas, es simplemente reconocer que ya se tomó partido por el más fuerte.

Rechazar el proceso de desmonopolización porque se sospecha de las intenciones del kirchnerismo, ya sea porque avanzó sobre esa situación después de consentirla o porque querría acallar una voz opositora, es absolutamente secundario. En primer lugar, porque el kirchnerismo demostró que elige las circunstancias y el momento para avanzar sobre cada situación, como lo hizo con YPF o con las AFJP. Y en segundo lugar, porque no se trata de que desaparezca ningún medio, ninguna voz, ya sea opositora u oficialista. Lo que se está discutiendo es una cuestión patrimonial, empresaria, que en términos de mercado se puede expresar como generar condiciones para permitir la libre competencia. Si en cualquier área de la economía este tema tiene importancia, cuando se trata del flujo de la información esa valoración se multiplica.

La historia ha demostrado que los gobiernos anteriores no pudieron o no se atrevieron a regular la actividad de los medios de comunicación, con lo que se fue generando un forúnculo no democrático. Si este gobierno decidió asumir los costos altísimos de confrontar con las empresas que monopolizan la información, en realidad le está haciendo un favor a la democracia en general, incluyendo a una oposición que está sometida a las mismas reglas cuando quiere tener prensa. Una oposición que fue crucificada cada vez que no actuó como lo demandaban los medios. Una cosa es la capacidad de crítica y la mirada particular de una empresa particular y otra cosa es el poder para imponer políticas públicas por parte de empresas privadas cuyo fin primero es el lucro privado. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la conformación de un supergrupo que, desde una situación dominante, tiene capacidad de controlar todos los niveles del flujo informativo.

Todo el despliegue del Grupo Clarín y de sus operadores judiciales ha sido para impedir que se aplique una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la República. Ellos se plantean como oposición al Congreso.

En la reunión de la SIP que se realizó esta semana en San Pablo, fue muy ilustrativo el discurso de Julio César Mesquita, del Grupo Estado de ese país, cuando recordó que ya “a principios de los ’90 la SIP anticipaba que dos nuevos enemigos surgirían: el narcotráfico y los congresos latinoamericanos con proyectos de ley para impedir el trabajo de los periodistas”. En un nivel de absurdo, las grandes empresas que integran la SIP ponen a los congresos al mismo nivel que el narcotráfico. Lo primero que obstruyen las dictaduras son las elecciones y los congresos. Estas grandes empresas nunca fueron cerradas por ninguna dictadura. Por el contrario, apoyaron a las más autoritarias que asolaron a la región. Y ahora critican a los congresos democráticos que aprueban leyes antimonopólicas.

Luis Bruschtein

CORRUPCIÓN JUDICIAL

Una red de corrupción obtenía miles de amparos, en juzgados amigos. Así, las autoridades políticas perdieron el control de la política salarial. Una jueza de Corrientes ya fue destituida por ello y avanzan las investigaciones en todo el país, sobre otros magistrados, abogados y altos jefes contables y jurídicos de las propias fuerzas. Con la algarada de Retiro, se instrumentó a las jerarquías inferiores en defensa de esta situación escandalosa.



El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas.

De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”.

El intento de retomar ese control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior. Aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, disponía en su artículo 6 que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto. Una vez practicada la liquidación y de- soyendo la orden de la ministra Nilda Garré y del Secretario de Seguridad Sergio Berni de detenerla antes de que se depositaran los fondos en las cuentas individuales, los jefes de Prefectura responsables se alejaron de sus puestos, algunos de vacaciones y otro en una inverosímil gira de inspección contable, de modo de estar bien lejos de las esquirlas en el momento del estallido. Por eso, es tan cierto que los gendarmes y prefectos que acamparon frente a las sedes de sus fuerzas sólo reclamaban por sus salarios, como que el desbarajuste fue inducido con deliberación, en defensa de los ingresos siderales de las respectivas cúpulas y, una vez producido, lo aprovecharon los distintos sectores interesados en deslegitimar, carcomer y destituir al gobierno de CFK, justamente aquel que está blanqueando las distorsiones salariales iniciadas durante la gestión de Carlos Menem y Domingo Cavallo y continuadas por todos los gobiernos anteriores al actual. Esta es la historia de cómo se incubó la crisis y se preparó el estallido y de todas aquellas contradicciones que dificultan la comprensión del episodio.


Mingo y minga

En 1993, como parte del proceso de ajuste de gastos estatales, el gobierno comenzó a pagar los incrementos salariales al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mediante suplementos y compensaciones no remunerativas, de modo de que no fueran percibidos también por los retirados, cuya capacidad de presión era reducida. Esto invirtió la relación histórica entre los componentes remunerativos y no remunerativos de los haberes. Estos suplementos, cuya modalidad desfinancia los sistemas de previsión y de Obras Sociales llegaron a constituir el 65 por ciento de los ingresos del personal en actividad, al mismo tiempo que se desfasaban de los haberes de retirados y pensionados. Este fue el sustento objetivo de la creciente litigiosidad, para que los suplementos se incorporaran al haber remunerativo.

Sobre esta base se montaron los negocios ilegales. El cuadro 1 muestra el altísimo porcentaje de gendarmes que cobran sus haberes por medidas judiciales, sobre todo en los niveles jerárquicos más altos, y el cuadro 2 exhibe la gran dispersión salarial producida por la intervención judicial. Ambos cuadros se refieren a la Gendarmería, pero el panorama es similar en la Prefectura.

La Asociación de Magistrados declaró en su descargo que los jueces resuelven los conflictos individuales, según una antigua jurisprudencia del derecho del trabajo, “declaran que el pago de los adicionales no remunerativos son ilegales, establecen la doctrina para los futuros fallos, pero nunca fijan una política salarial de carácter general, ya que se trata de una atribución que corresponde a los poderes políticos del Estado Nacional”. Cierto, pero en muchos casos se llegó a este resultado por caminos turbios y su efecto fue una gran dispersión salarial, sobre todo entre quienes cuentan o no con alguna medida judicial que determine su remuneración, y en muchos casos difiere el tratamiento de casos similares, según los distintos criterios de los jueces intervinientes. Esto rompió las relaciones entre niveles jerárquicos y amplió las desviaciones entre integrantes de un mismo grado. También se llegó a una desproporción flagrante entre el haber básico y algunos suplementos (como la compensanción por vivienda, que puede representar hasta el 232 por ciento del sueldo).

La connivencia entre estudios jurídicos, jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad condujo a irregularidades e incumplimientos de distintos pasos procesales e incluso de disposiciones judiciales.

Esto elevó en forma significativa los honorarios, costas, tasas de justicia e intereses y el costo del servicio de Justicia para la tramitación de miles de casos y redundó en un fuerte incremento de los gastos en personal para satisfacer medidas judiciales que deformaron la pirámide remunerativa en contra de los niveles inferiores.

DASQUETES

Al detectar esta situación, la ministra ordenó que la Auditoría Interna revisara el comportamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, que demoraba el cumplimiento de aquelas órdenes judiciales que disponían cesar el pago de grandes sumas por medidas cautelares. El estudio concluyó el viernes con la intervención ministerial a esa Dirección. En la primera reunión con los auditores, las autoridades de asuntos jurídicos explicaron esas demoras por un presunto exceso de trabajo, porque además tenían que defender personal acusado en causas por apremios ilegales o torturas a detenidos, “gracias a Dios, con ninguna condena”. Uno de los funcionarios que recibieron a los auditores fue el sonriente comandante Manuel Barros, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, después pasó al Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur. Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, también integra el estudio jurídico Dasque, Tes y Asociados.

El curioso logotipo de esa empresa dice, con viriles mayúsculas ESTUDIO DASQUETES, denominación que surge de los apellidos de los abogados Fernando Dasque (especialista en derecho civil, aeronáutico y empresarial) y Fernando Tes. Dasque es comandante mayor retirado y autor de un estudio sobre El régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional. Igual que Barros, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gendarmería.

Otro de los socios del estudio es el Comandante Mayor Estanis Drebnieks (que no es abogado sino licenciado en administración de empresas). Se graduó en la Universidad Católica de Salta, cuya denominada Subsede Buenos Aires es controlada por la Gendarmería desde su creación en septiembre de 1989 y se maneja en forma autónoma del Arzobispado del que depende. Las carreras y cursos que ofrece incluyen abogacía, administración de empresas y de consorcios, informática, comercialización, cortesía verbal, oratoria moderna y esteticista (sic). Drebnieks cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y había sido propuesto para dirigirlo.

Ante la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Seguridad, Drebnieks negó ser socio del estudio DASQUETES y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó un currículo a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro de su staff.

El Comandante Mayor Drebnieks es uno de los beneficiarios de una medida cautelar en el expediente “Tosoroni, Mario y otros con Estado Nacional”, concedida por el juez de Paraná, Entre Ríos, Daniel Edgardo Alonso, hoy ascendido a camarista. El magistrado es otro camarada de Barros, Estanis y Desque: ingresó en 1985 como primer alférez de Justicia y llegó hasta oficial auditor de la Agrupación VI, Formosa, de Gendarmería, donde permaneció hasta 1999. El juez federal subrogante Gustavo Zonis dispuso la caducidad de la instancia en septiembre de 2009 y ordenó dar por decaída la medida cautelar en Tosoroni y otros. Sin embargo, la Gendarmería continuó realizando los pagos indebidos. Recién el 25 de abril de este año, el Comandante Mayor Drebnieks hizo la consulta a Jurídicos pero hasta el día de hoy sigue cobrando 53.000 pesos por mes que no corresponden.

La Unidad de Coordinación de Políticas de Transparencia del Ministerio de Seguridad solicitó a Gendarmería copia del expediente Aj2-401 732, pero no obtuvo respuesta. En la Prefectura cobra sus haberes con una medida cautelar el Asesor Jurídico de esa fuerza, prefecto mayor Domingo Nicolás Rotondaro. El amparo fue presentado en el juzgado federal de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a que Rotondaro tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez concedida la medida por el tribunal, la Asesoría Jurídica de la Prefectura instruyó a la delegada del cuerpo de abogados del Estado en la provincia, que no apelara la decisión a favor de su titular. Experto en la materia, Rotondaro es coautor del libro Medidas cautelares y bloqueo registral.


Los 7000

La tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes, Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury. Al acusarla, el Fiscal General de Justicia de Corrientes, César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), “y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país.

El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”. Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Las dependencias estatales debían pagar lo solicitado, hasta que no llegara una orden en contrario. Pero esa orden nunca llegaba, porque una vez ordenado el pago, la jueza dejaba dormir los expedientes en su juzgado. El personal que trabajaba con ella describió con asombro ese boom de los amparos, a los que la jueza prestaba una atención especial. Aunque todas las demandas eran por “reajuste salarial”, Duarte les imprimía el trámite sumarísimo, que no está previsto para asuntos patrimoniales, sino sólo en casos urgentes que provoquen un perjuicio irreparable y en consecuencia exigen una respuesta inmediata excepcional. Secretarios y otros empleados del tribunal declararon que la jueza guardaba esas causas en su propio despacho, les otorgaba prioridad de ingreso y las tramitaba por un canal distinto de ingreso y registración dentro del tribunal. “Conseguido el propósito de la acción, se desentendía de dichos expedientes, tal como se demostró con la no remisión a su debido tiempo, es decir inmediatamente después de declararse incompetente, a los Juzgados Federales”, se lee en la sentencia de destitución.

Una inspección ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en diciembre de 2009, encontró gran cantidad de cajas de embalaje que contenían “múltiples causas de amparos, que aún no habían sido remitidas al Juzgado Federal de Paso de los Libres o al de Corrientes, Capital”. También se demostró que la jueza tenía conversaciones privadas frecuentes con los abogados que presentaban esos amparos, el matrimonio Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán. La investigación determinó que cuando ellos intervenían, la medida cautelar se concedía en un lapso brevísimo y no se les exigían los trámites y recaudos previos a los que estaban sometidos los litigantes minoristas. Según el fiscal Sotelo, Serial y Milán obtuvieron ganancias por unos veinte millones de dólares, en complicidad con la jueza, “estafando escandalosamente al Estado Nacional”.

De acuerdo con datos de la Dirección de Transparencia, otro juez de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría, dictó un amparo similar a favor del padre de la ex jueza Duarte, quien solicitó “un recálculo de su haber como jubilado de la Prefectura”. En realidad, De Biase Echeverría fue el juez pionero en el circuito amparo-incompetencia-y-al-cajón que Duarte hizo propio. En febrero, el Superior Tribunal de Justicia sancionó a De Biase Echeverría con una multa de 30.000 pesos y le ordenó que se abstuviera de emitir resoluciones que involucraran a entes u organismos nacionales. También en los miles de casos de este juzgado intervino el estudio Serial & Milán.

Se calcula que el perjuicio de estas maniobras para el Estado en los dos tribunales oscilaría entre 80 y 200 millones de pesos. Según el titular del Ministerio Público de Corrientes, entre el 9 y el 10 de febrero de este año, Serial & Milán obtuvo 43 medidas cautelares a favor de 11.000 miembros de la Gendarmería, en un Juzgado de El Colorado, en la provincia de Formosa, que ordenó “liquidar diferencias salariales de acuerdo a la petición de los actores”.

 Esta es la mayor concentración de cautelares de todo el país y abarca a casi la mitad de los efectivos de la fuerza. Once mil amparos concedidos en dos días por un juez subrogante en una ciudad de trece mil habitantes constituye un indiscutible record.

Un caso similar culminó con la renuncia, hace un año, del juez en lo civil y comercial de Sáenz Peña, Chaco, Luis Alberto Pintos, cuando el Consejo de la Magistratura analizaba iniciarle un jury de enjuiciamiento por haber concedido más de 7000 medidas cautelares contra el Ejército y la Gendarmería. La Procuración del Tesoro de la Nación, que analizó los casos de Santo Tomé, el Colorado y Sáenz Peña no descarta que la misma mecánica se haya utilizado en otros lugares del país y que además se hayan cometido otros delitos, como asociación ilícita y tráfico de influencias. El caso del prefecturiano Rotondaro en Río Gallegos parece confirmarlo.

Horacio Verbitsky

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Debe haber muy pocas cosas que diferencien a los dirigentes del “balonpié” argentino ─y a los funcionarios republicanos “institucionalizados”─, con sus "amigos" de las "barras bravas" de todos y cada uno de los equipos de distintas categorías del fútbol organizado. Sólo que los primeros son blancos, ilustrados y, también presiden alguna que otra cofradía, y por ello ─y alguna otra cosa más─, tienen derechos. Los integrantes de las “barras” (los Borrachos…, los de la 12, los de la Buteller, los de la Guardia…, la 14, la 3 de Febrero, y tantos otros etc...) son negros.

Y de esto se trata: es una cuestión entre blancos y negros; entre pobres y ricos; entre los que "saben" y los "idiotas útiles". Es, claro, una lucha de clases.

La conducta de los dirigentes y ciertos políticos no se nota o se nota poco. Al menos sólo se la sospecha y se la insulta, pero nada más, algún que otro juicio que atravesará con mayor o menor suerte. Sus movimientos son parcos, tranquilos, elegantes, irresistibles, para algunos, soberbios.

"Ellos", los malos, son delincuentes, violentos, patovicas, barras bravas y, también, asesinos. En cambio, Patti fue diputado; Martínez de Hoz, economista preso en su casa del Cavanagh de Retiro, después de muchos años; y Videla, preso vip; Massera, marino que pudo morir enfermo pero sin que lo alcance la domiciliaria. Menem, en cambio, senador; Cavallo, otro economista, libre y asesor de otros hombres poderosos, blancos e ilustrados y también libres.

Los manejos que realizan los "malos" no pueden ocultarse, saltan a la vista porque son negros, porque no son inteligentes, ni educados. Son avaros: no saben repartirse el botín "conquistado" sin abrir la boca, calmos, en su momento y armoniosamente. Por ello se matan, se pelean, se disparan y acuchillan a la vista de quien quiera verlos. Por caso, también, se amenazan y delatan por donde sea. ¡Son negros! Qué esperar de esos.

Acaso, esa sea la única diferencia entre el ex presidente Aguilar y los "Borrachos del Tablón", entre el actual presidente Cantero y “Bebote” Álvarez: estos últimos de ambas relaciones dicotómicas son más primitivamente genuinos. Acaso, más "honestos" ya que se dicen y muestran cómo son. No se lo ocultan a nadie. Y, sin embargo, la sociedad mediatizada prefiere a los que tapan y esconden sus hechos y disfrazan con oropeles sus peores acciones. Incluso, son capaces de poseer argumentos delicados que permiten justificarlas.

Claro, llegado el hastío, los inteligentes tiran a sus “De la Ruas” a la basura y los entregan. Le sueltan la mano. Nadie los defiende desde el poder y la sociedad republicana se satisface de la caída. “Culpabilidad por vulnerabilidad”. Pero el orden establecido continúa: Impertérrito, más consolidado que nunca hasta que tengan que perder a otro de los suyos por no haber hecho buenos deberes.

Los negros, los malos, los violentos, los pobres, los barras brava no tienen, siquiera voz. A veces, sí. Cuentan con un par de horas en sórdidas entrevistas televisivas, o algunas líneas periodísticas en “amarillentos” papeles de diario que rápidamente sólo sirven para envolver el mismo pescado podrido que surge de estos. Y muy poco más.

Ciertamente, los negros, los chabacanos y los brutos, sucios, feos y malos, los que no son Aguilar, Angelici, Leo Rodríguez o Cantero -que dicho sea de paso mientras denunciaba a su barra brava triangulaba tres jugadores de su primer equipo profesional, evadiendo entre todos ellos divisas útiles para los sectores de donde provienen muchos de sus mismos “perseguidos”-, sólo sirven como entretenimiento menor para la raza elevada.

Pensar por sí mismo es una aplastante responsabilidad, pero es, primordialmente, "buscar la suprema piedra de toque de la verdad en sí misma, esto es, la propia razón"; comprendemos así que orientarse en el pensamiento es tener por oriente la razón, o, de otro modo, la "libertad misma". El hombre desorientado, y la desorientación vivida en el sordo y corrosivo disgusto de quien huye de sí mismo es el hombre alienado en el sentido de la irrescatabilidad definitiva de sus propias posibilidades.

Sin embargo, como veremos con la vida misma, las "pesadillas" más terribles no siempre han sido imaginadas por artistas o profetas. La siniestra ventaja que poseen lo hombres de razón, -todos los que pertenecen a la membrecía de los “bien intencionados” que se han mencionado en estas líneas, por caso-, es que en contubernio con los poderosos se encuentran capacitados para ejecutarlas.

Entonces, es bueno que la razón la usemos para llevar adelante una relectura de la violencia estructural, comenzando desde el pasado histórico argentino, también mediato y, por qué no, concluyendo con la inmediatez diaria.

El devenir nuestro a lo largo de nuestros años nos ha permitido oír acerca de la tortura y los torturadores en distintas materias. Tanto es así que, incluso, en un tema de índole muchísimo menor, los amantes del fútbol semanal podríamos decir que, útilmente, viendo jugar a nuestros equipos amados nos "duelen los ojos". También, sabemos del rol que cumple el Estado según quien lo comanda. Y conocemos de clases sociales, tanto que sin ir muy lejos nosotros formamos parte de alguna de ellas.

"Mi querido amigo: ayer se despachó una comisión para usted dándole instrucciones sobre el modo que debe proceder como Comisionado Nacional (...) Mi idea se resume en dos palabras: quiero hacer en la provincia una "guerra de policía". Declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos (...) lo que hay que hacer es muy sencillo...", le escribía Bartolomé Mitre a Domingo Faustino Sarmiento en 1863. Y, aún, nada terminó.

Sarmiento acompañaba la bravata, del original dueño del corporativo diario La Nación, sosteniendo que "Cuando a ciertos hombres no se les concede los ´derechos de la guerra´" -(los cuales serían hoy los derechos de la corrupción ilustrada o el derecho de los poderosos)- "entran en el género de los vándalos, de los piratas, es decir de los que no tienen ´comisión´ ni derecho para hacer la guerra y la hacen contra los usos de todas las naciones, y es por la propia seguridad de estos usos que es permitido quitarles la vida donde se los encuentre".

Y tiene razón el sanjuanino maestro, los negros, los pobres, los "borrachos", los barra molestan a los buenos modales. No saben "hacer las cosas". Los usan eso, sí. Pero a pesar de ello, y como si fuera por un capricho que no lo es, le quieren discutir el poder a los poderosos.

En su propio territorio, en sus mismos negocios y sus desaguisados corrientes. Sin inteligencia, sin sumar poder político. A cómo dé lugar. En cualquier sitio. A puño limpio, y dejando las huellas como obra tosca. A merced del sistema punitivo estatal.

Solo que para mal de aquellos "usos" sarmientinos hoy prevalece la dignidad de las garantías constitucionales y deben llevarse a cabo los procesos judiciales como Alberdi manda, con la gente acusada manteniendo la libertad, ya que ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en sentencia firme. Incluso aplicando -las garantías- en contra del parecer de aquellos para los cuales la revolución francesa las creó en salvaguarda de sus vidas, su honor y sus haciendas contra un posible Estado autoritario, y que hoy protestan y, sin embargo, no aguantarían un solo minuto encarcelados sin clamar por su buena conducta a grito pelado.

Lamentablemente, los negros, los pobres, los marginados, los "borrachos", los barra, a veces, en tiempos del post-modernismo, pelean individualmente, sólo por ellos. Pero, a la postre, están disputando el poder a los poderosos. Con malas armas, es cierto, pero pelean, no quieren dar el brazo a torcer. No quieren lamentarse de haber nacido negros, pobres, "borrachos" e iletrados. También le están discutiendo el poder a todos los dirigentes y a algunos políticos desorientados y a su arrogancia universitaria, hueca e incontinente.

Pelean como no lo hacen los dirigentes y funcionarios opositores, empresarios, intermediarios y algún otro que se pasó de este lado del proyecto nacional y popular, que vieron lo que vino pasando pero hicieron y hacen de cuenta que nada ven. Quizá porque desean continuar el orden establecido y que el alejamiento de algún indeseable resulte con el menor daño posible, la menor cantidad de esquirlas posibles, no sea cosa que alguna deje heridas incurables a propios y extraños.

Hoy la pelea está desarrollándose colectivamente en la Nación y sobre todo con los jóvenes transvasados, e individualmente en las canchas o por medio de "corporaciones" en el sector del poder real. No tiene los ribetes estratégicos de los 70. Pareciera que faltan los fines de semana deportivos los ideales trascendentes. Apenas existen mezquindades, pero, muy a pesar de ello, son las mismas luchas, por otros caminos, entre los poderosos del poder y los desposeídos. Por supuesto, en los estadios, una confrontación menos aglutinadora y con menor cantidad de éxito posible.

El Padre Hernán Benítez, confesor de la compañera Evita, a quien se rinde homenaje denominando con su nombre al torneo inicial de fútbol, se preguntó alguna vez, en referencia a los "subversivos" de aquellas épocas: "¿Qué los lleva a reaccionar violentamente contra el medio social en que acunaron? A mi entender, -se respondía-, la convicción de que sólo la violencia barrerá con la injusticia social. Por las buenas jamás los privilegiados han cedido uno solo de sus privilegios. Estos jóvenes sienten, con un fuerza que no sentimos los viejos, la monstruosidad de que un quince por ciento posea más bienes que el ochenta y cinco por ciento restante. Viven en un estado de indignación y de irritación del que apenas podemos formarnos una idea. Por eso ven con buenos ojos al peronismo y reaccionan en contra de las pestes oídas contra él".

Para estos casos, convendría recordar a otra mujer, a Simone de Beauvoir cuando bella, también, en su inmortalidad, citaba: "Sería inútil indignarse. Protestar hoy en nombre de la moral" -y a favor de la república- "contra `excesos´ o ´abusos´ es una aberración. En ninguna parte hay abuso o exceso; lo que reina en todas partes es un sistema".

Por suerte, para este escriba existe y suena hoy la más maravillosa música que puede resonar en los oídos del pueblo argentino: un proyecto nacional, popular y liberador que permite dar batalla afuera y adentro, por nosotros mismos, por nuestros “dioses paganos” y, sobretodo por nuestra juventud maravillosa, la de ayer, la de hoy y la de ¡¡¡Hasta la victoria siempre !!!

Antonio Mancuso

abogado

CLARÍN Y EL JP MORGAN

El ex ejecutivo de la banca estadounidense JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autodenunció ante la justicia argentina como autor del delito de lavado de activos y evasión tributaria a favor de grandes grupos económicos, reclamó que la Corte Suprema investigue, como tribunal originario, una supuesta intromisión de la entidad financiera y la mismísima embajada estadounidense en una maniobra para "silenciarlo".

"Acá todo el mundo se confunde, únicamente se enfocaron en el lavado de dinero del Grupo Clarín y el problema de las AFJP, y se olvidaron –sugestivamente– de lo más importante, que es la responsabilidad penal del Banco JP Morgan Chase en las operatorias de lavado de dinero, evasión tributaria, violaciones a las normas del Banco Central de la República Argentina, entre muchas otras, relacionadas con la operatoria en sí de dicha institución bancaria y su necesidad de captar clientes en el país, para ayudarlos a sacar fuera del control estatal su dinero", disparó Arbizu en un escrito de apelación contra el cierre de la investigación por parte de la Cámara Federal, y la recusación contra todos los jueces por presunto "prejuzgamiento".

Arbizu, quien denunció ante la justicia la supuesta maniobra mediante la cual el Grupo Clarín se habría capitalizado con fondos de las AFJP en una operación financiera que perjudicó los intereses de los jubilados y pensionados, explicó que en 2008 fue detenido de manera ilegal en virtud de un pedido de las autoridades norteamericanas, canalizado de manera irregular a través de la embajada estadounidense, la cancillería argentina y la Justicia Federal. Las irregularidades, según el escrito presentado por el imputado –reclamado en extradición por la justicia estadounidense– se produjeron en una secuencia en la que "el Ministerio de Relaciones Exteriores dio curso a un pedido de detención preventiva pese a saber y reconocer la faltante de requisitos exigidos en la norma sustantiva... en cuanto al Tribunal, dio curso a la detención preventiva solicitada por las Autoridades de Estados Unidos también conociendo la faltante de requisitos exigidos en la ley".

Arbizu denunció que dos funcionarios del FBI amparados por la Embajada de Estados Unidos se entrometieron en una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos económicos a través del JP Morgan. El 23 de junio de 2008 los agregados jurídicos de la embajada estadounidense William D. Godoy y Frank Oliva, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Federal Bureau of Investigation (FBI), se presentaron ante el juez federal Sergio Torres para informar que existía una orden de detención contra el ex funcionario de la organización financiera. Pero según el escrito presentado ahora, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, la documentación presentada –más allá de la poco usual forma de hacerlo– sería "ideológicamente falsa".

El "arrepentido" Arbizu explicó: "Nadie ha visto ni ha querido señalar que el juez que emitió esa supuesta orden de captura, indicada por los agregados diplomáticos de la Embajada y los abogados del Banco, no es el mismo ni siquiera se asemeja en su apellido y nombre, ni siquiera se trata del mismo expediente judicial, por el cual la embajada de Estados Unidos solicitó mi detención preventiva. Son dos casos aparentemente totalmente distintos. Cuando se dispuso en el marco del proceso de extradición que ese país requirente debía informar sobre la diferencia de ambas causas, es la Embajada de Estados Unidos la que se niega a informar ello, alegando que el pedido de extradición estaba correctamente efectuado y que no es obligación de dicho Estado incorporar nuevos elementos".

A través del estudio Argibay Molina, que lo defiende, Arbizu insistió ante la Cámara de Casación con la nulidad del proceso, la intervención directa de la Corte Suprema (a raíz de la presencia de diplomáticos norteamericanos a quienes imputa delitos) y la recusación contra los camaristas federales que intervinieron hasta ahora. "La intervención de la embajada en este expediente en forma directa no tenía como objetivo colaborar con la justicia argentina, sino impedir, al igual que los representantes del Banco JP Morgan Chase, que yo expresara al mundo la inminente caída del sistema bancario en 2008 y el posterior ataque contra el euro por parte del Sistema Bancario de Estados Unidos y algunos funcionarios de EE UU complacientes con el Banco JP Morgan Chase”, resume el escrito.

Néstor Espósito

«LIDIA PAPALEO DICE LA VERDAD»

El abogado PABLO ARGIBAY MOLINA, exdefensor de Alfredo Yabrán, es un posible testigo en la causa PAPEL PRENSA. Él revela datos de su historia personal vinculados con la venta fraudulenta de la empresa Papel Prensa, y sobre el rol del subsecretario de Hacienda de José Alfredo Martínez de Hoz, el doctor Miguel Tobías Padilla.

Pablo Argibay Molina se sienta ante una mesa redonda de vidrio en una pequeña habitación de su estudio jurídico. En la sala casi no hay adornos, pero en un mueble de madera hay un libro rojo editado por el diario Clarín en ocasión de su 50º aniversario. El abogado dice que está ahí por casualidad o que habrá quedado de la mudanza, después de su ruptura con “el otro”, en referencia a su ex socio Carlos Fontán Balestra (h), actual representante de La Nación en la causa Papel Prensa. El detalle es curioso porque Argibay Molina habla, justamente, de Clarín y Papel Prensa. Asegura que existe un personaje clave que ha pasado inadvertido: “Miguel Tobías Padilla (subsecretario de José Alfredo Martínez de Hoz) manejaba la información de todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas. Y fue el que manejó los tiempos del negocio”.

Argibay Molina fue representante del empresario Alfredo Yabrán, de la funcionaria menemista María Julia Alsogaray y del comisario Néstor Espósito, acusado del asesinato de Walter Bulacio. Actualmente tiene entre sus clientes a Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, “el arrepentido” por cuyas declaraciones están siendo investigados directivos del Grupo Clarín. Pero en este diálogo, el abogado no se presenta como defensor, sino como testigo. Y espera que la Justicia lo convoque para serlo formalmente en tribunales.

“Cuando me recibo de abogado, a mediados del ’70, me fui a la Comisión Nacional de Valores. Era un organismo nuevo... y era un embole. Descubrí que era más divertido hacer inspecciones. Había muchos conflictos con las inspecciones, la gente escondía los libros y demoraban el trabajo. Me inventé el trabajo de asistente de los contadores y les hacía las actas. Entonces se empezó a emprolijar el tema. En una de las inspecciones me toca la empresa Berlingieri (una concesionaria de autos). Yo empiezo a pedir los papeles en Berlingieri. Ahí me atendía el doctor Miguel Tobías Padilla. Y un día aparece Fontán Balestra de abogado, aunque el tema era todavía administrativo, no tenía connotaciones penales. Tal vez lo pusieron porque yo ya lo conocía. Un día le dije a Padilla: ‘Los vamos a hacer mierda. Si esta empresa no sirve ¿para qué siguen en la Bolsa? Bajo control’. Le expliqué que entre las penas estaba pagar el máximo de la multa e irse de la oferta pública voluntariamente y que con eso se extinguía la acción. El problema que tenían era que contemporáneamente había aparecido una norma sobre personas jurídicas que establecía que los sancionados por la Comisión de Valores no podían ser directores de empresas. ¿Y quién estaba acá? El contador de Berlingieri. ¿Y quién era? El Tío Héctor (Magnetto)... Conclusión: se arregla el tema con mi propuesta y yo gentilmente aparezco de socio del otro... Yo llego en marzo de 1972, que coincide con una fecha que hay acá en el libro –señala y busca El Hombre de Clarín, de José Ignacio López. Lo hojea hasta que encuentra el dato–. En marzo de 1972 Héctor Magnetto entró a Clarín.”

–Así empieza su vínculo con Fontán Balestra.

–Y con Miguel Tobías Padilla. El estaba en el estudio Sáenz Valiente Padilla. Tuvimos algunos trabajos más con él, hizo una consulta en un momento dado, una charla informal, porque tenía problemas con los gremios y con la Confederación Económica. Pero en el ’76 Miguel Tobías Padilla aparece como subsecretario de Martínez de Hoz. Un tipo inteligentísimo. Yo me pregunto por qué no figura Padilla en el libro. Y es porque es el que lo vincula con Papel Prensa.

–¿De qué forma?

–Primero le explico por qué estoy yo metido en esto. Porque (el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis) Duhalde dice que yo declaré en Papel Prensa, pero yo nunca declaré. Mi estudio había intervenido en dos temas vinculados con Papel Prensa. Uno era el de Julio Broner, el presidente de la Confederación General Económica, y otro era el de Manuel Madanes, de Aluar. A la mujer de Madanes, Matilde Matraj de Madanes, se la llevan presa. Nosotros la canjeamos. Bueno, el grupo empresario, yo era un pibe, pero habíamos hecho el hábeas corpus que dio negativo. Como Aluar era un tema de Fuerza Aérea, se hizo una presión y se hizo el canje que se iba a materializar con el retorno de Manuel Madanes al país y la soltura de ella. La sacamos y nunca nadie habló de esto hasta que (el jefe de la policía Bonaerense Ramón) Camps saca su libro y aparece Matilde Matraj de Madanes. También vinculado con esto está el tema de Broner. Yo lo seguí en Conarepa (Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, creada por la dictadura para “investigar” y apropiarse de bienes de empresarios). El tema es que el canje y las actuaciones anteriores me dejaron ver que el lío entre las Fuerzas Armadas era terrible, era un factor determinante. Entonces, ¿por qué firma Lidia Papaleo el 2 de noviembre? ¿Por qué en esa fecha (Magnetto) le dice ‘si no me firmás te van a matar a vos y a tus hijos’? Porque tenían la información de que iba a pasar eso. De que en la pelea se los iban a chupar a todos los duros. El tenía la información por Miguel Tobías Padilla. Se apuró a manotearlo porque si esto entraba en manos de la Junta se lo comía (Emilio) Massera, que es el que mata a Miguel Tobías Padilla en abril de 1978. Se apuran porque querían evitar que vengan los duros, que eran Ramón Camps, (Guillermo) Suárez Mason y los que estaban con la Marina. La clave es Miguel Tobías Padilla, que era el tipo que manejaba la información de Martínez de Hoz y todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas. Era el abogado personal de Magnetto. Fue el que manejó los tiempos del negocio. ¿Por qué ese día tenían que firmar sí o sí o los iban a matar? Eran ciertas esas cosas. Por eso ella no miente, Lidia Papaleo está diciendo la verdad. Es la situación de coacción que sufrió.

–Le podrían decir que usted ahora tiene intereses contra Clarín porque entre sus clientes hay personas que tienen causas contra el grupo, como Arbizu...

–Si hubiera tenido interés habría hecho esto antes.

–¿Y por qué no lo hizo?

–Porque no se me ocurrió. Nace cuando Duhalde me pregunta por qué estaba en la Conarepa. Yo le expliqué de Broner. Y él escribe que yo declaré y cuando se muere publican todo lo que había escrito y aparezco otra vez yo. Pero no lo iba a dejar colgado... Ahí nace el compromiso.

–¿Cómo pasó usted de socio de Fontán Balestra, abogado de La Nación, a contar estas cosas? ¿Se pelaron por Yabrán?

–Esa es la excusa de él. Pero para llevarse la plata, bien que se la llevó.

–Pero usted pasó de ser defensor a acusador.

–El destino lo quiso.

Victoria Ginzberg

LOS CRÍMENES DE LA CNU

Roberto Atilio Falcone es marplatense de pura cepa. Estudió y se recibió de abogado en la Unmp y fue nombrado juez federal en 1994, “en pleno menemismo”, como le gusta remarcar. Es integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que investiga los crímenes cometidos por la CNU en esa ciudad. A diferencia de la pobre actuación del Juzgado Federal 3 de La Plata, que pese a la abundancia testimonial ha dictado solamente dos procesamientos de miembros de la CNU local, el tribunal marplatense ha avanzado decididamente en la causa, con una veintena de procesados –algunos cumpliendo prisión preventiva– por homicidios calificados y asociación ilícita.

–En el año 2009, usted afirmó que había poco progreso en los juicios por el terrorismo de Estado por falta de compromiso, o de compromiso ético de los jueces. ¿Cómo ve esa situación hoy, se ha avanzado, se ha retrocedido?

–Se ha avanzado mucho, pero por esfuerzos individuales. Sigue existiendo un freno, en algunos sectores del Poder Judicial de Mar del Plata, a la investigación de los crímenes de la CNU. Por una cuestión lógica: la Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a funcionar en octubre de 1974 y fue armada con cuadros de la CNU. Más aún, integraban la administración de Justicia personajes que habían estado detenidos por el asesinato de Silvia Filler en 1971. La Justicia Federal de Mar del Plata, por más compromiso progresista que pueda existir de parte de algunos jueces, no ha conseguido liberarse del todo de los sectores de extrema derecha.

–A partir de la investigación de Miradas sobre la CNU, hemos comprobado que en La Plata hay importantes demoras en la investigación y el eventual juzgamiento de estos crímenes. ¿A qué lo atribuye?

–Es mucho más fácil hoy investigar el terrorismo de Estado cometido luego del golpe, porque en un aparato organizado de poder, cuyo funcionamiento ha sido acreditado ya en la sentencia de la causa de los ex comandantes, hay una especie de responsabilidad de tipo funcional. Eso es mucho más sencillo que llevar a juicio a personajes que han venido escalando posiciones en la sociedad o que detentaron y detentan posiciones expectantes. Eso lo que ha generado es una mayor dificultad, porque no son personajes que se han quedado quietos. Articulan desde muchos sectores. Usted fíjese que los jueces que investigan a la derecha son los jueces más vilipendiados, los jueces más calumniados, donde hay campañas de todo tipo, porque estos imputados no se van a entregar fácilmente. Van a poner todo lo que haya que poner para poder eludir la persecución penal.

–Esa demora y esa morosidad de algunos jueces, ¿usted las ve más como una cuestión corporativa, un reflejo de temor o una complicidad ideológica con respecto a los hechos?

–En algún caso hay algún componente ideológico, y no necesariamente porque tengan vínculos con estos personajes, sino que las designaciones que se han hecho durante todos estos años no son, en su mayoría, designaciones que puedan acompañar el tipo de revisionismo judicial que se está haciendo en este momento. Y si bien el Consejo de la Magistratura ha apoyado estas investigaciones, a mi criterio no ha seguido de cerca las denuncias que han hecho las víctimas por las paralizaciones y por las contramarchas que se producen.

–Volviendo a la CNU, hay una gran diferencia en cuanto a la dinámica de investigación y procesamiento: en Mar del Plata hay una veintena de procesados y en La Plata hay dos…

–Sin duda. Es que en el año 2000, en el mes de septiembre, presentamos el Juicio por la Verdad. Pero nosotros no dispusimos la agenda. A nosotros nos hizo una demanda colectiva toda la sociedad de Mar del Plata: Universidad, Colegio de Abogados, gremios, ONG, organismos de Derechos Humanos, etc., etc., y empezamos el Juicio por la Verdad, y los testigos, los primeros testigos, venían a relatar los horrores sufridos durante la dictadura, pero también la persecución y los asesinatos de la CNU. Entonces, desde el primer día empezamos nuestras averiguaciones acerca de lo que había acontecido en el terrorismo de Estado, pero sin poner ese mojón en el 24 de marzo del ’76, porque para nosotros también todos los crímenes de la CNU son delitos de lesa humanidad y fueron cometidos al amparo del poder del Estado.

–Es una diferencia notoria, porque en La Plata, en el caso específico de la CNU, nunca hubo una presentación colectiva, y recién ahora un puñado de militantes y de abogados junto a familiares de las víctimas, están empezando a presentar querellas...

–Lo que ocurrió en Mar del Plata es que venían muchos testigos... familiares, esposas, hijos que nos contaban todo lo que habían sufrido. Cuando solicitamos los expedientes vimos que estaban anémicos de diligencias probatorias, que no se había hecho nada. Empezamos a colectar testimonios, documentos. Hemos secuestrado documentos que tienen 35 años, con un valor incriminatorio grave. Y luego, todos esos elementos de juicio, el tribunal no se los derivó al juez federal de Primera Instancia. El tribunal los clasificó, los relacionó con cada uno de los hechos delictivos, hizo una valoración provisional y mandó al juez federal de primera instancia una instrucción casi completa. Con lo cual el juez federal de primera instancia lo único que tuvo que hacer fue seguir el camino que se había iniciado. Hay que sentarse frente a las víctimas que hace 30 años están reclamando justicia y creen que usted los puede ayudar. Entonces, uno adquiere un compromiso, sin violar ninguna garantía, sin torcer ningún elemento de prueba, sin valorarlo arbitrariamente, pero uno asume un compromiso que muchos no han querido tomar. Esa es la diferencia.

Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal

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INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA / LA CNU

EL PLAN SISTEMÁTICO DE ROBO DE BEBÉS

REPORTAJE A LA JUEZA
MARIA DEL CARMEN ROQUETA,
PRESIDENTA DEL TOF 6

“Nosotros lo que estamos diciendo es que no hubo dos planes. Es un solo plan, que fue todo”, dice la juez María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral Federal 6, que el viernes pasado condenó a Videla y a otros represores por el robo de bebés. “En la causa 13 (del Juicio a las Juntas), no llegaron a esto, es lo que faltó. Pero acá nosotros sí pudimos probar que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desaparición del niño.”

El Tribunal que definió por primera vez el robo de niños durante la dictadura como “práctica generalizada y sistemática” acaba de completar lo que el Juicio a las Juntas de Comandantes de 1985 no hizo y dejó pendiente. Es decir, incluyó “la desaparición de niños” como parte del plan sistemático de desaparición de personas. En esa misma definición describe de forma subsidiaria el robo de bebés como práctica sistemática, pero dentro del plan general.

En diálogo con Página/12, Roqueta subraya otro de los elementos fundamentales del fallo, que es otra diferencia fundamental con el fallo de 1985, que no tomó como casos a los niños no aparecidos y consideró que no había delito. Esta sentencia acusó a los represores por cada uno de esos casos: “Uno de los motivos complicados de este juicio era qué pasaba con los chicos que no aparecieron. El tema era probar y quedó probado que nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la mamá, que se los sacaron enseguida, que los tuvieron quince días. O sea, que el niño nació vivo y el niño está. Punto. Dónde está, no se sabe”.

Roqueta integró el Tribunal con Julio Luis Panelo y Domingo Altieri. En esta entrevista habla sobre el acuerdo y las diferencias de la condena de 50 años para el dictador Videla, su voto por Reynaldo Bignone y Rubén Franco, a quien ella en disidencia condenó por 40 años. También los criterios por los que los apropiadores directos y varios acusados terminaron con menos penas de lo que esperaba la querella y la fiscalía.

–¿Hubo acuerdos sobre la idea de la sistematicidad? ¿Discutieron? ¿Por qué práctica y no plan?

–La definición fue pensada. Cuando pusimos “sustracción, ocultación y retención” (de niños) fue porque quisimos poner todos los verbos posibles. Y luego tomamos otro artículo: “alterando, suprimiendo” y pusimos todas las posibilidades de lo que pasó, con todas las mujeres que teníamos en este juicio, pero también en (otros) posibles. De acuerdo con lo que vimos fuimos pensando en abarcar todo: fueron secuestradas, estuvieron en cautiverio, están desaparecidas, o están muertas. Y esto último también fue pensado: yo sé que era doloroso decirlo, pero había que decirlo. Porque la mamá de Clara Anahí Mariani está muerta. El tema es que siempre aparecía la palabra “Plan sistemático de robo de bebés”. Nosotros lo que estamos diciendo es que no hubo dos planes, es un solo plan. Que fue todo. En la causa 13 (del Juicio a las Juntas), no llegaron a esto, es lo que faltó. Pero fue por las circunstancias, por lo que se pensó, por lo que no pudieron probar. Pero acá nosotros sí pudimos probar que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desa-parición del niño.

–¿Qué se discutió más?

–Lo discutimos. Y fue el tema que estuvo presente durante todo el debate. Nosotros tenemos 35 casos, suficientes para poder hablar si hubo una práctica sistematizada, continua, pensada. ¿Cómo llegaron a eso? Al no tener documentos, las pruebas se van construyendo durante el juicio, pero no: no nos quedó ninguna duda. Ninguna duda, a ninguno de los tres. La duda era porque, a veces, la frase “plan sistemático de robo de bebés” genera confusiones. Creo que la defensa atacó por ahí. Y hay un error. Más allá de que periodísticamente esa frase pueda entenderse, acá la pregunta era ver si lo pensaron, lo trabajaron antes. Si dieron el golpe de Estado y dijeron “nos vamos a robar los pibes”. No. Creo que a partir de que se da la sistematización, también se da lo otro. Yo le pregunté a Ballester cuando declaró: ¿se pensó en algún momento que podía haber mujeres detenidas? “No”, dijo. Entonces, la realidad fue que todas las organizaciones políticas, político-militares o armadas, estaban llenas de mujeres y ésa es una realidad que también se les vino encima, si bien no voy a ver pensar que no lo supieran. Las chicas eran jóvenes y estaban embarazadas. Entonces, no fue una cosa distinta. Esa cosa tan inhumana que se generó, llegó al punto tal de pensar que la madre embarazada, esa mujer, era un objeto, que la iban a matar. No sé si es por conceptos religiosos, pensaron que tenga al chico, después la mataron. Habrán pasado mil cosas en el pensamiento. Pero la estructura clara que nosotros probamos es: determinado que esta mujer iba a morir, esperaron que pariera y después el traslado. Y la desaparición era la de la madre, y del niño. Porque hacer aparecer ese niño –como ellos lo han dicho– iba a dar información, iba a generar preguntas. Bueno, es terrible. De solo pensar, como persona y como mujer, no sólo en las chicas, sino en los bebés. Los veo a los chicos cuando vinieron a declarar o cómo estaban el viernes en la sala. Yo pensaba en el terror, en el abismo. En esa cosa tan oscura donde han nacido. Alejandro Sandoval, cuando hicimos el juicio de Rei, vino un día y me dijo (como enojado) ¡me hicieron un allanamiento en la madrugada! Y yo lo miraba y yo decía, pensar que en un lugar tan oscuro habrás estado.

–¿Ustedes dicen, entonces, que fue un plan? Si dicen que el “plan sistemático” general incluyó la desaparición de menores, la primera redefinición de lo sistemático que así incluye a los bebés, permitiría leerlo en ese sentido.

–Sí, está bien. Es así.

Los no aparecidos

–La causa 13 descartó cinco de los seis casos por los que se imputaba a Videla porque, como los chicos no habían aparecido, no probaron el delito. Los abogados dicen que aunque no lo dijeron textualmente, fue como si se los diera por muertos. Ustedes condenaron a los acusados también por esos casos.

–Uno de los motivos complicados de este juicio era qué pasaba con los chicos que no aparecieron. A medida que avanzó el juicio fueron apareciendo varios, pero otros no. El tema era probar y quedó probado que nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la mamá, que se los sacaron enseguida, que los tuvieron quince días. O sea el niño nació vivo y el niño está. Punto. Dónde está, no se sabe. A quienes juzgamos ahora, los juzgamos por esos casos. Ahora, esto no cierra si mañana aparece el hijo de Laura Carlotto...

–¿No podrían volver a ser condenados?

–No. Videla está condenado, no se puede condenar dos veces. Y esto es importante porque acá es la diferencia con la causa 13. Nosotros decimos: Fulano, usted hizo esto, el chico nació, lo ocultó, dio ordenes para esto, por este caso lo condeno. Si mañana aparece, el que lo tenga, irá a juicio. Pero el autor mediato por estos casos ya está juzgado.

Condenas

–¿Hubo discusión sobre la condena de 50 años a Videla?

–Sí, fue muy debatido, tal es así que Altieri salió en disidencia. El va a hacer un voto distinto a partir de la tendencia de Zaffaroni, pero nosotros dijimos no. Videla está condenado por 20 casos. Si uno suma los máximos, porque estos hechos concurren realmente (ver aparte), la cuenta da más de 50 años, obvio. Pero usamos la (nueva) ley (llamada Blumberg, polémica pero que habilita ese máximo como lo pidieron las querellas). Las defensas pidieron la inconstitucionalidad según la ley, pero les dijimos que no lo era. La ley se aplica.

–Otro de mayor condena fue Vañek: habían pedido 50, ustedes condenaron por 40.

–Tratamos de ver los grados de responsabilidad. Y también se valoran los hechos. Vañek tenía diez hechos (de la ESMA) y Videla veinte. Lo que hay que hacer es un razonamiento para que haya una mayor coherencia entre la cantidad de hechos y la responsabilidad. (Jorge) Acosta tiene un hecho más que Vañek, pero también una jerarquía menor. Le dimos 30 años. A Riveros le dimos menos, 20, pero eran solo dos hechos.

–Qué pasó con Franco y Bignone. A Bignone lo condenaron sólo a 15 años y a Franco lo absolvieron. ¿En este punto usted planteó disidencias?

–Yo los condeno a 40 años, porque hago una construcción distinta (a los otros dos jueces). Para mí son autores mediatos de la ocultación, pero los delitos concurren realmente entre sí (dos hechos con penas que se suman). Mis colegas condenan sólo a Bignone por un hecho: la ley de autoamnistía pero que es una unidad de acción, entonces es concurso ideal (no se suman). Por eso, llegan a la pena de 15 años (que es el máximo previsto para la ocultación).

–Los dos llegaron acusados por haber intervenido en la firma de dos documentos, durante la última Junta. Una la autoamnistía. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo explican ellos que uno sí quedó acusado y el otro no?

–Para mí son autores mediatos los dos. Las acciones que positivamente hicieron fueron varias. Yo interpreto que el documento final que da lugar a la ley de autoamnistía son acciones legales, puestas a la vista de la sociedad, pero la ilegalidad seguía porque lo clandestino seguía: aunque no hubiera más detenciones, pero tratándose de los niños la clandestinidad continuaba y entonces para mí los dos son autores mediatos. Pero son opiniones y ésa es mi disidencia.

–¿Por qué absuelven a Franco?

–Porque el presidente era Bignone y entonces la responsabilidad era de Bignone, pero no quiero hablar por ellos.

–¿Para condenar a Bignone fue importante la declaración de Abrams?

–Para mí fue muy importante, pero también lo fue el mismo defensor. Cuando empezó a leer diarios y titulares de diarios de la época, uno advierte que el tema está clarísimo. No se puede negar. Y se sabía. Y si bien es probable que hayan buscado alguna manera, y la Iglesia haya intentado colaborar (como dijo Abrams), (no podían) iban a volver a lo mismo: volver a aparecer lo que había que desaparecer.

La subjetividad

–¿Hubo momentos particularmente movilizantes? Los vimos llorar.

–Sí, claro. Por ejemplo, cuando pusimos la grabación de Cecilia Viñas (un llamado desde lo que se presume como un centro clandestino ya en democracia). Pero además, todos los chicos. Las declaraciones, las fuerzas, las ganas cuando se quebraban porque uno tiene que preguntarles por los padres. No por perversión, sino porque uno tiene que cerrar los casos tratando de ver qué pasó. Yo creo que hubo muchos momentos pero eso no quita que cuando uno va a resolver, se despegue.

–Alguna imagen

–Probablemente la del jueves. Si bien no podía ver detenidamente, cuando miraba veía a algunas personas, y la verdad es que sí. Te puedo decir que lo que más que queda grabado es ver el paso del tiempo y la constancia, esa cosa de las Abuelas de estar y estar. Elsa Pavón por ejemplo. Volviendo a las Abuelas, al saludarlas, esas manos calientes que tienen las viejas. Y esas manos frías que tienen los nietos todavía porque vienen de ese lugar tan triste, tan de abismo a pesar de que muchos están bárbaros y están bien, pero ¡hay que cargar con esa historia! Hay que ser muy fuerte para cargar con esa historia. Eso es lo que más ha quedado, que es la vida. La diferencia de este juicio con otros es que a pesar de todo el dolor, de lo siniestro de lo perverso, de lo más miserable del ser humano, nosotros trabajamos con la vida porque por lo menos, los chicos que vinieron están vivos y se pudieron recuperar. Y lo que estamos esperando es que los otros aparezcan. Y esto es apostar a la vida, no a la muerte. Esto es lo mejor del juicio. El resto todo es discutible. Trabajamos muchísimo. Firmamos esto convencidos de que era así. Y manteniendo aquello que no queremos que vuelva a pasar: respetar las garantías procesales, judiciales, como corresponde, que es eso.

Alejandra Dandan

REFORMA A CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

El nuevo Código Civil (que se unirá con el Comercial) presenta novedosas variantes que cambiarán de acá en más la vida de los argentinos. Así planteado aparece como exagerado, pero si nos detenemos en varios de los artículos del anteproyecto veremos que muchas modificaciones son de avanzada y que vienen a regular situaciones que se dan de hecho y que no están contempladas en el viejo Código. Es más, como lo plantea Lorenzetti, se trata de una adecuación de la ley a situaciones privadas que suceden en forma cotidiana.

Mientras la discusión política de fondo se dará en el recinto del Congreso cuando se debata el proyecto, bien vale la pena repasar los artículos que regirán la vida de los argentinos una vez que se sancione el nuevo Código Civil y Comercial.

Divorcio. Lo que rige hasta hoy es una ley votada en 1987, que tuvo bastante resistencia principalmente de la Iglesia Católica. En ese entonces se hicieron concesiones que tienden a hacer engorroso el trámite de divorcio. El artículo 215 del Código Civil habla de tres años de matrimonio transcurridos antes de pedir su disolución. También, de una presentación conjunta de ambos cónyuges ante un juez siempre y cuando las causas de la solicitud fueran graves. La ley 23.515 de divorcio vincular sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, entre otras modificaciones, bajó a dos años dicho plazo. El nuevo Código facilitará las cosas y facultará a que uno solo de los cónyuges pueda iniciar el trámite sin tiempos de convivencia mínimos requeridos. Los desacuerdos en el convenio entre las partes no podrán condicionar la sentencia, que fallará según la premisa de que ninguna ley puede determinar si una persona debe vivir o no con otra. Como dijo Lorenzetti, “ninguna ley puede restituir lo que ya está roto”.

Adopción. Según datos del año 2010, en la Argentina existen más de 10 mil chicos en condiciones de ser adoptados y un número similar de parejas que quieren adoptar. El problema parece de fácil solución; sin embargo, adoptar suele ser un calvario para las parejas que lo intentan, hasta que incluso muchas de ellas desisten de hacerlo. La licenciada Aurora Martínez, coordinadora del Foro de Adopción para Padres Adoptantes e Hijos Adoptivos, reconoce que “hay parejas que esperan hasta diez años” para adoptar. “Lo que no se puede olvidar uno –plantea Martínez– es que hay una niñez atravesada por la pobreza. Mi lectura es que la asignación universal modificó bastante la situación y mejoró mucho, pero hay mucho por hacer porque los que entregan a sus hijos son de clases pobres”. Para Martínez, la traba que existe hoy es la Justicia y la falta de formación. Hoy en día existen trabas, como que los menores de 30 años no son sujetos pasibles de ser adoptantes. El proyecto que deberá tratarse en el Congreso está dirigido a que los adoptantes no deban pasar años a la espera de una resolución favorable y a sortear obstáculos en cuanto a los requisitos. Niños, niñas y adolescentes podrán ser adoptados por personas solas, convivientes y parejas del mismo sexo.

Maternidad subrogada o alquiler de vientres. Se trata de una real novedad y que también contará con alguna oposición de sectores conservadores y eclesiásticos. Lo concreto es que hasta hoy esa práctica no está permitida en el país. Como quedó dicho, Flor de la V debió realizarlo en Estados Unidos. Una pareja que hoy no puede concebir, por el motivo que fuere, debe visitar a un médico que haga el contacto en Estados Unidos (donde sí es legal en algunos estados) y desembolsar una cantidad importante de dinero que puede llegar a los 140 mil dólares. Eso restringe, y mucho, el acceso a esta práctica. En la Argentina, una de cada seis personas tiene problemas de fertilidad, lo que explica que en el último año se hayan incrementado las consultas por el alquiler de vientres, a pesar de que no es una práctica legal en el país. El nuevo Código regulará este sistema de maternidad subrogada, pero no permitirá que se transforme en una transacción comercial. Es decir, no podrá hacerse por dinero y las personas que lo realicen no podrán ofrecer su vientre más de dos veces.

Reproducción asistida. La legislación es relativamente nueva en este tema. En la provincia de Buenos Aires se ha hecho un gran avance con la sanción de una ley, que rige a partir de enero de este año, que permite a las parejas con problemas de infertilidad someterse de manera gratuita a un tratamiento. Respecto de la filiación, la reforma apunta al reconocimiento de la maternidad y paternidad como resultados de actos de voluntad procreacional, es decir, el implante de un embrión conlleva esa aceptación. La reproducción asistida es uno de los agregados más polémicos de la iniciativa. Será tomada como válida la existencia de una persona si tiene comienzo con la concepción en la mujer sea cual fuere el método, natural o por medio de material genético.

Contratos prenupciales. No existen en el país este tipo de contratos, y su vacío legal ha dado lugar a infinidad de maniobras que rozan incluso el delito. Empresarios que vacían sus empresas, testaferros, todo vale para evitar compartir bienes adquiridos con anterioridad a la unión conyugal. El régimen admitido en el país es el de bienes gananciales, que divide en partes iguales lo adquirido durante los años de matrimonio. Los contratos prenupciales no tienen ninguna validez legal. Con la sanción del nuevo Código, quienes vayan a contraer matrimonio podrán dejar los números en limpio en la escribanía antes de estampar su firma en el registro civil. Podrán designarse los bienes, su valuación, las deudas que pueda tener cada uno. Como facilidad y a fin de continuar con las cuentas claras, el patrimonio individual o conjunto podrá modificarse pasado el año de la boda.

Unión convivencial. Mucha agua ha tenido que correr bajo el puente para que se reconozcan los derechos de los concubinos. Años atrás, ni siquiera tenían derecho a una pensión jubilatoria, aun acreditando muchos años de convivencia. La legislación fue cambiando y resolviendo esos problemas, pero aun así existen vacíos legales que el nuevo Código intentará subsanar. Lo que propone el anteproyecto es que las parejas que hayan convivido dos o más años y que hayan formalizado dicha convivencia van a gozar de derechos comunes como la asistencia y de protección de la vivienda. Sea o no del mismo sexo, será considerada la pareja estable unida por el afecto. Ante la ruptura del vínculo, los beneficios obtenidos en común podrán dividirse.

Herencia. Si bien se mantiene, aunque flexibilizado, el régimen actual de sucesiones, se modifica la porción de herencia de la que se podrá disponer libremente. Hoy en día sólo un quinto de la herencia que no va a los herederos “forzosos” se puede dejar en un testamento. El nuevo Código aumenta a un tercio esa porción de bienes de la que se puede disponer.

Comunidades indígenas. Fueron despojados de sus tierras, asesinados y pisoteados sus derechos. Con los años y la lucha de quienes sobrevivieron al genocidio de los pueblos originarios se fueron restituyendo derechos. El proyecto tiende a dar cobertura a esas minorías para reconocerles la propiedad de sus tierras, la explotación de sus posesiones y los recursos naturales.

Comercial. Se incorpora al nuevo Código la defensa de los derechos de los consumidores. Es innegable la importancia que tienen los consumidores en el mundo moderno, no sólo son el motor de desarrollo de la economía, sino que se han transformado en un sujeto político importante, capaz de hacer tambalear gobiernos ante alguna medida injusta que los perjudica. El nuevo Código no sólo los incorpora sino que define el concepto de consumidor de bienes y servicios y les adjudica derechos para que no sean pasibles de prácticas abusivas.

Los consumidores han ido avanzando en la conquista de derechos, pero aun así todavía desconocen cómo se elabora un resumen de tarjeta de crédito o cómo se calculan los intereses sobre las compras. El anteproyecto plantea que las entidades bancarias estarán obligadas a ser más transparentes con las obligaciones contractuales y deberán brindar información periódica a sus clientes. El nuevo Código establece también que las disposiciones relativas a los contratos de consumo serán aplicadas también a los contratos bancarios.

Medios electrónicos. Ha ido en aumento la modalidad de compra por Internet sin que exista una regulación efectiva sobre esta práctica. Una encuesta revela que el 85 por ciento de la población mundial ha realizado al menos una vez una compra por Internet. En la Argentina esa cifra está en el 74 por ciento. La nueva normativa intentará regular y proteger al consumidor que utilice este medio, que tendrá 10 días para revocar un contrato realizado mediante un soporte electrónico.

Sociedades anónimas. Otra modificación que hace al desarrollo cotidiano de la actividad económica tiene que ver con las sociedades anónimas. El anteproyecto permite la constitución de sociedades de una sola persona, lo que facilitará la inversión y formación de pequeñas empresas, que son las que ocupan la mayor parte de la mano de obra del país.

En definitiva, de lo que se trata es de la ampliación de derechos y de protección legal de las minorías. No se trata, como se reflejó con las discusiones sobre el divorcio y el matrimonio igualitario, de promover los divorcios en masa ni dejar de procrear y empezar a alquilar vientres. Se trata de que las minorías que decidan hacerlo tengan una protección legal. Se trata, ni más ni menos, de adecuar la ley a situaciones que se dan de hecho.

Dalmacio Vélez Sarsfield redactó el anterior Código Civil en 1871. Duró hasta hoy. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci entrarán en la historia como la comisión que redactó el nuevo Código en 2012. Es de esperar que la nueva norma esté a la altura de los tiempos que corren.

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Texto Completo del Anteproyecto del Código Civil y Comercial argentino

FELIZ CUMPLEAÑOS EVITA

Hoy cumplís jóvenes 93 años. Qué hermoso sería tenerte acá. Podrías estar con nosotros, acompañando este momento histórico de lucha, de conquista y recuperación nacional y social, pero un cáncer muy cruel te llevó muy joven, con apenas 33.

Hoy te recordamos porque cada promesa tuya se está haciendo realidad, y es verdad que volviste y sos millones.

Millones de puestos de trabajos, millones de jubilados, millones de pibes y pibas que tendrán un país más justo y solidario. Es cierto que todavía falta mucho, es mucha la desidia, la traición y la rapiña que sufrimos durante tantos años. Seguiremos adelante, compañera, con tu imagen, tu memoria, tu voz despertando conciencias y tu ejemplo sin par.

Constancia y sacrificio, compromiso militante, audacia y desenfado, amor inconmensurable. Todo te devolvió la vida, todo lo que diste, y a pesar de que te fuiste hace más de medio siglo, casi 60 años, estás más fresca, más linda que nunca.

Felicidades cumpa, hasta la victoria siempre...