El hecho protagonizado por Baby Etchecopar reavivó la psicosis de la inseguridad. La lectura política del caso...
El de la inseguridad es un debate sobre un campo minado: depende del factor sorpresa y de algún estruendo que sacuda la buena conciencia del espíritu público. En ello consiste una buena parte de la dialéctica del asunto. Al respecto, en esta semana nada fue comparable al episodio en la casa del conductor radial Ángel Pedro Etchecopar.
Pero el largo brazo de la violencia urbana también zamarreó a una Madre de Plaza de Mayo y a la familia de un altísimo funcionario parlamentario. Como para dejar en claro que tal flagelo no tiene ideología ni descanso. Apenas 24 horas después de ese inolvidable martes 13, los diarios de mayor tiraje relegaron esos hitos a un segundo plano por una tragedia inmediatamente posterior: el asesinato de un hombre para robar su vehículo. Es curioso que aquella noticia mereciera hasta sus tapas cuando, en las semanas anteriores, incidentes exactamente iguales sólo ocupaban un modesto recuadro en la segunda mitad de la edición. Lo cierto es que, tras unos meses de quietud –con los delitos contra la propiedad opacados por una seguidilla de crímenes íntimos–, la máquina del miedo ha vuelto a funcionar.
La casa del Ángel. Le pudo pasar a cualquier ciudadano. Pero le tocó a Etchecopar, el famoso Baby. Y es precisamente su celebridad, anudada al dramático atraco del cual fue víctima, la que hace de él un símbolo social. La imprecisa masa anónima se pone en su lugar. Y teoriza sobre los beneficios e inconvenientes de desatar en una pequeña habitación un tiroteo entre cinco personas armadas. Una discusión que, en última instancia, podría liquidarse con la siguiente pregunta: ¿sería de su agrado ser asaltado en compañía del señor Etchecopar?
Sin embargo, sobre esta cuestión corre un río de tinta. En un país en el que la mayoría de los homicidios dolosos causados por armas de fuego no ocurre en ocasión de otros delitos, la polémica sobre su tenencia con fines defensivos está al rojo vivo. Una polémica en la que intervienen especialistas, opinadores de televisión y hasta taxistas. Una polémica, en definitiva, política. Tan política como la reaparición del no ingeniero Juan Carlos Blumberg y del ex funcionario menemista Alberto Kohan, cuya rodilla, por cierto, algo sabe del tema.
El choque de opiniones sobre la autoprotección armada no es novedosa. Ya en el remoto invierno de 1990 esta problemática estuvo en boga, cuando el 16 de junio de aquel año el ingeniero Horacio Santos persiguió a dos ladrones de poca monta hasta matarlos a tiros. No era un tiempo signado por una alarmante tasa de delitos; pero sobre la conciencia colectiva ya aleteaba el buitre de la inseguridad. A 22 años de aquellos días, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, esgrimiría su parecer: “En un estado de desesperación, el ciudadano utiliza los recursos que tiene a mano”.
¿Un Estado de desesperación?
En paralelo al asalto a Etchecopar, en la localidad de Ituzaingó sería liberada por sus secuestradores –a cambio de 50 mil dólares– la ex mujer y dos hijos adolescentes del secretario administrativo del Senado nacional, Juan Zabaleta.
En esas mismas horas, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Centeno era golpeada brutalmente por sujetos que habían ingresado a su casa de La Plata, presumiblemente con fines de robo.
En el primer caso, ¿que resortes del azar intervinieron para que una banda de pistoleros transitara por cuatro horas a través del oeste del conurbano, con tres personas en su poder y sin contratiempos?
En el segundo, es notable que, después del ataque, la anciana víctima haya descripto a sus agresores como “gente sin apariencia marginal”. Según su relato, los asaltantes se habrían ofuscado con ella al ser anoticiados sobre su pertenencia a Madres?
¿Un Estado de desesperación?
Recientemente, la vidriosa situación que impera en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense –que incluyó una golpiza de patovicas a sus empleados– se suma a otras inestabilidades provinciales, tanto en el ámbito penitenciario como policial. De hecho, el estrepitoso derrumbe de las tres pesquisas más mediáticas de la Bonaerense –el cuádruple crimen de La Plata, el asesinato del niño Gastón Bustamante y el caso Candela– forman parte de esta situación de zozobra. En tal sentido, esta última pesquisa terminó por convertirse en un manual de estilo: un expediente laboriosamente cincelado con datos ficticios, comediantes de identidad reservada, pruebas plantadas y el arresto de personas inocentes. Todo ello, sin otro propósito que el de mantener en secreto los lazos comerciales de la policía con los narcos y piratas del asfalto de Villa Tesei. A seis meses del hecho, el expediente hace agua por todos los costados. No se demostró la relación entre el supuesto autor intelectual y el ejecutor. El móvil jamás se aclaró. Y ya fueron puestos en libertad la mitad de los sospechosos.
Sí. Un Estado de desesperación.
Desesperación que se extiende como una enorme mancha venenosa sobre el cuerpo social. Pero que disocia su naturaleza de las manifestaciones que provoca.
¿Tiene la violencia urbana el carácter inexorable de las catástrofes meteorológicas?
¿Los piratas del asfalto, por caso, brotan de la nada como hongos o son el eslabón más visible de una cadena formada por uniformados, comerciantes y punteros?
¿Los menores que delinquen no son acaso reclutados por el servicio de calle de algunas seccionales?
¿Las zonas liberadas son un mito suburbano? No importa saberlo. Se exige más presencia policial en la calle, a pesar de que ya es de conocimiento público que en ciertos efectivos de la Fuerza anida el huevo de la serpente.
Primera plana. El miércoles a la madrugada fue asesinado en Lanús el peluquero Alex Ayala, de 31 años, mientras intentaba evitar el robo de su flamante Peugeot 207.
Durante aquella misma semana, hubo tres homicidios de género, uno de ellos cometido luego de que la víctima fuera violada. Ninguno de tales martirios mereció más de un suelto en los medios. Y en las señales televisivas de noticias, ni siquiera fueron tomados en cuenta.
En cambio, la sangrienta muerte de Ayala fue para los diarios Clarín y La Nación la noticia del jueves más importante del mundo. Más importante que la ofensiva represiva contra la oposición siria. Más importante que la quita de conseciones a YPF de yacimientos en Chubut y Santa Cruz. Más importante que la reforma en el Banco Central. Y del histórico pronunciamiento de la Corte sobre el status legal del aborto en casos de violación. Tanto es así, que los dos diarios encararon un protocolo similar, con una fotografía de la madre del difunto con títulos y epígrafes a tono.
Lo cierto es que durante los robos de vehículos se suele cometer más homicidios que en otros delitos contra la propiedad. Tal vez, en ello incidan dos factores por igual desafortunados: la propensión del damnificado a resitirse y la peligrosa inexperiencia de quienes se dedican a esta modalidad. Sin embargo, hacía ya 28 días que no ocurría una muerte en tales circunstancias.
No menos cierto es que los homicidios intrafamiliares o protagonizados por personas conocidas entre sí arañan el 51% en la Ciudad de Buenos Aires y el 63% en el resto del país.
Según un informe de las Organización de las Naciones Unidas, la Argentina posee una de las tasas más bajas de homicios de la región: apenas 5,4 casos por cada 100 mil habitantes. Cuando Brasil tiene 23,1 y la turbulenta Guatemala, el 60,6%.
Sin embargo, nuevamente suenan las alarmas del pánico social.
Sin embargo, nuevamente corre por el imaginario nacional la fiebre de la autoprotección.
Y todos podemos ser Baby Etchecopar.
En tanto, la excarcelación del Topo Moreyra puso la impunidad del caso Candela al desnudo. Pero eso ya no importa.
