EL DERECHO A LA DEFENSA

El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantía de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.

La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, perdería su legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga delante y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso. La condición social de los imputados no debería condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es así. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que están a muchos kilómetros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayoría, tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten maltratados por ello.

Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras leyes ni -a veces- nuestro idioma están terriblemente limitadas para ejercer sus derechos. Necesitarían de una mayor atención justamente por ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos parecía mucho más difícil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantías que deben proteger su presunción de inocencia.

Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.

Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.

Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayoría de los abogados, como la mayoría de los jueces y de los policías, incluyendo a sus máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jurídicos saben que serían imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraísos fiscales, de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que –en ocasiones- acaba situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.

Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en las más altas instancias. En las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor reverencial a entrar en determinados ámbitos. Otros porque dudan de ser respaldados en ese empeño. Hay demasiados intereses en juego y demasiado poderosos. También existe el miedo. El miedo físico, incluso.

Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la trama Gürtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.

Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.

Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien debería pensar sobre esto.

Mercedes Gallizo Llamas

(ex secretaria general y ex directora general de Instituciones Penitenciarias
cuando se produjeron las escuchas)

Respuesta pública a Julio Maier, sobre la Justicia

PRIMERO EMPEZÓ MEMPO GIARDINELLI, LUEGO LE CONTESTÓ JULIO MAIER, PERO MEMPO SIGUE INSISTIENDO.

EL DEBATE SOBRE LA JUSTICIA SIGUE...





Estimado Dr. Maier:

La verdad es que me honra su Carta abierta, a la vez que me hace soltar un suspiro de alivio porque ya me parecía extraño que mi artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, publicado en Página 12 el pasado viernes 20, tuviera por toda respuesta pública el silencio. Y digo “pública” porque en privado sí he recibido comentarios, y eso mismo es parte de mi cuestionamiento.

Soy consciente de que esa nota fue provocativa, aunque no por serlo nomás, sino porque pienso –sigo pensando– que el estado de la Justicia en la Argentina es penoso y amerita un debate sincero, público y profundo. No es con silencios o negaciones como nuestro país mejorará al Poder Judicial, que es uno de los pilares de la democracia y de nuestro sistema constitucional.

Entiendo, respeto y acepto la validez de sus argumentos, máxime por ser fruto de su larga experiencia tribunalicia y docente. No obstante lo cual, y parafraseando a Galileo Galilei, insistiré en que la Justicia argentina está en coma o casi. Y no creo, como usted dice, que se trate de “una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución”. Todo lo contrario: es una simplificación para que en efecto se ataque el problema en busca de soluciones. Me disculpará usted, pero a veces acusar de “simplificación” a un argumento, como acusarlo de “generalización”, es un recurso nulificador de la posibilidad de empezar un debate.

Lo que propuse debatir es el sistema judicial. Tómelo como otra simplificación, si quiere, pero es el sistema el que hace agua. Por eso me parece que ya es hora de que los hombres y mujeres que se formaron en Derecho y tienen en sus manos y en su labor cotidiana la impartición de justicia en nuestro país, comiencen por aceptar públicamente lo que sólo aceptan en privado: que la administración de Justicia argentina es un desastre. Con honrosas excepciones, que siempre hay que subrayar, pero un desastre.

Sé que de ninguna manera es su caso, estimado Doctor, pero la mayoría de sus colegas eluden aceptar el pésimo estado de la Justicia, y mucho menos se plantean discutir e implementar las urgentes y profundas correcciones necesarias. Maestros de la elusión, la elipsis, el manejo de los plazos y las prescripciones, la mayoría siempre elude. Y muchos se ofenden demasiado fácilmente.

Por supuesto que comparto con usted la idea de que “los pobres sufren todo de mala calidad”. Así es. Pero si la vulnerabilidad de los pobres hace que para ellos todo sea de mala calidad, entonces ésa es la razón fundamental para que de una vez se modifique el sistema que hace que la Justicia sea de tan injusta específicamente para ellos.

De hecho, usted mismo está aceptando y coincidiendo conmigo en que hay una Justicia –degradada– para los pobres, y otra para los acomodados. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar. Para lo cual hay que empezar a debatir eso, y no mi pertinencia o simplificación o generalización. Que yo soy Nadie y en esto lo que verdaderamente importa es que la impunidad existe de manera abrumadora y es sistema. Sobre todo esto último.

Por eso hay temor en la así llamada “familia judicial”, y es un temor grande. Me lo dicen amigos y amigas abogados, tenaces litigantes que llevan años pateando juzgados. Conozco bien a muchos de ellos, fueron mis compañeros en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, y de algunos tengo el más elevado concepto, como lo tengo de usted. Y sé que ellos tienen miedo, como lo tienen algunos secretarios, oficiales de justicia, escribientes y hasta cosedores de expedientes que también conozco. Todos me dicen que es cierto lo que digo, y qué bueno que lo digo yo que no estoy en el sistema.

Para decirlo shakespearianamente, algo huele mal en Dinamarca. Y es claro que no sé con exactitud cómo se arregla, pero de lo que no tengo dudas es de que la Justicia en la Argentina es un enfermo grave que disimula sus males mediante pactos implícitos de silencio. Porque todos y todas saben que hay coimas y corrupción, y genuflexiones de todo tipo. Pero de eso nunca hablan en público. Y mientras tanto el Poder Judicial, como corporación, zafa de las críticas y las desautoriza.

El sistema está armado para que mediática y popularmente sea más fácil darle palos al Poder Legislativo. Los legisladores, se sabe, están desprestigiados casi irreversiblemente y cualquier senador o diputado está bajo sospecha per se.

Y ni se diga del Poder Ejecutivo: presidentes, ministros y gobernadores siempre están en cuestión y existe la presunción (muchas veces autoconfirmada, desde ya) de que son todos corruptos e ineptos.

Pero el Poder Judicial siempre zafa, quizá por ese estilo acartonado y solemne que distingue a la mayoría de los miembros de la corporación. Doctorísimos y ceñudos, muchísimos jueces y abogados de la “familia judicial” argentina, la federal y la de todas las provincias incluidas, miran para otro lado y hacen silencio, como si el “secreto de sumario” fuese una garantía más de impunidad.

Si a veces hasta pareciera que no son tan argentinos como cualquier otro funcionario, legislador o ciudadano.

Por eso, Dr. Maier, mi pregunta sigue en pie aunque le parezca una simplificación: ¿de qué hablamos, en este país nuestro, cuando hablamos de Justicia?

Reciba mi saludo más respetuoso y cordial.

Mempo Giardinelli

LEA LOS ANTECEDENTES:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

(INICIO)

Carta pública a Mempo Giardinelli

(RESPUESTA)


La presente nota es la respuesta de MG a la "Carta pública..."

Carta pública a Mempo Giardinelli

Estimado Mempo:

Perdóneme la confianza de tratarlo por su nombre o apodo, pero él siempre me resultó simpático y fue uno de los factores para que siempre lo lea con gusto cuando opina. Sospecho que, si yo lo conociera y tuviera el gusto de charlar con Ud., estaríamos de acuerdo en muchos de nuestros juicios y valores. Al menos así lo sentí desde la polémica con Osvaldo Bayer por el homicidio del jefe de policía Falcón por intermedio de Página/12. Yo, humildemente dicho, estaba de su lado y algo escribí sobre ello, que hoy no hallo.

Pero me parece que su opinión (“¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, Página/12, 19/1/2012), es, cuanto menos, una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución.

Para que conozca a quien le escribe: en lo que al tema concierne, soy jurista, jurista anciano y creo –no me concierne ni me gusta juzgarme a mí mismo– que he sido honorable en el ejercicio de mi profesión en todos sus aspectos: docencia, abogacía y función judicial.

Por lo demás, a pesar de haber sido juez durante muchos años de mi vida, siempre critiqué la labor de los jueces, el lenguaje de los jueces, las creencias de los jueces en sus decisiones. Puedo dar fe de lo que digo, pero me consumiría demasiado espacio y, además, Ud., seguramente, encontrará quien no lo crea así o me critique.

Su opinión puede sintetizarse por la denuncia de que la justicia de los pobres es de mucho menor calidad que aquella que experimentan los ricos o pudientes (en varios sentidos). Y yo creo que Ud. tiene razón o se aproxima a la verdad pero, en cambio, no creo que esta advertencia sea distinta a la misma afirmación en otros campos del conocimiento.

Ud. mismo trata el caso de la niña embarazada por violación que no consigue interrumpir su embarazo. En realidad –según lo expone en Página/12, un día antes de su opinión, alguien con mayor prestigio– ése no debería ser un caso judicial. Al menos podemos concordar en que, mucho antes de la intervención de un juez –innecesaria–, el problema corresponde al ámbito de la salud. Y el mismo caso nos ilustra acerca de algo que ya sabemos: el ejercicio de la medicina no es idéntico para los pobres que para otros más poderosos, sobre todo, económicamente. Los pobres sufren todo de mala calidad; el problema se repite cada vez que ellos deben acudir al auxilio ajeno, sobre todo estatal. Esto es aquello que se invoca, en primer lugar, con la palabra “vulnerable”.

Pero, por otro lado, Ud. revela, a mi juicio, una exagerada confianza –a través de una crítica exagerada de su aplicación real– en el Derecho Penal como sinónimo de justicia, o en la solución de la pena estatal, mejor aún, de la privación de libertad, mejor, de la prisión, pues, según intuyo, los casos que critica tienen de común la llamada “impunidad”, tanto en su iniciación como en su final.

Según yo opino, no resulta argumentablemente justificable que unos seres humanos encierren a otros. La prisión como castigo no soluciona problema alguno, sino que crea al margen otros problemas. Debo admitir que culturalmente no toleramos que algunos hechos graves, como el homicidio y el ejercicio de diversas violencias graves, no sean provocadores del encierro, tanto para sospechosos inmediatos como para juzgados. Y también que la regla cultural le es aplicable directamente a los vulnerables, mientras que los que pueden defenderse con idoneidad consiguen esquivarla, al menos durante el comienzo y la tramitación del juicio. Pero seamos también justos y digamos que esta última aplicación es la correcta, en el sentido republicano, pues antes del juicio y de la sentencia todos gozamos de la presunción de ser inocentes. El problema, según creo, es la solución inútil e injusta que representa la prisión para cualquiera y que sólo es tolerable ligada a una aplicación mínima, igualitaria para todos, pero mínima.

Julio Maier
Profesor titular consulto de Derecho Penal, UBA.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.

Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.

Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en Página 12.

Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.

Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.

Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.

Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011, había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2.433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009, hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.

Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.

Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.

Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.

Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (...). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.

Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.

En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.

La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en Página 12 por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia... de silencio e ineptitud.

¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

Mempo Giardinelli

UNA EXTORSIÓN DEL GAFI

El ministro de la Corte Suprema le apunta al GAFI por reclamar una ley que considera innecesaria. Se preocupa por las “futuras extorsiones” que podría hacer el organismo, y dice que el GAFI busca “monitorear” la economía.





–Usted ha sido muy duro en sus críticas a la llamada ley antiterrorista. ¿Cree que es un error del Gobierno?

–No lo sé. Yo no tengo el panorama completo del daño que el GAFI puede hacernos. Presumo que el Gobierno, que seguramente lo puede valorar más que yo, lo habrá evaluado. Lo que sé es que la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?

–¿Qué es el GAFI?

–Es un organismo cuyo interés consiste en monitorear toda la actividad financiera de los países del sur. No tiene nada que ver con el terrorismo, ni la ley que nos extorsionaron sirve para prevenir el terrorismo, ni tampoco el lavado. Nosotros, desde siempre, por lo menos desde 1921, tenemos las más severas penas contra cualquier acto terrorista o de cooperación o instigación. Ahora resulta que el derecho penal argentino será omnipotente, los terroristas serán nuevos “Lázaro”, los resucitaremos para ponerles otra prisión perpetua. Nadie me supo decir jamás cuál es la pretendida laguna de punibilidad en materia de terrorismo, porque no la había. En cuanto al lavado, tampoco tiene relevancia, porque nuestro mercado es muy pequeño, cualquier operación grande llama la atención; aquí sólo se puede lavar alguna prenda interior y nada más. Lo que les interesa es monitorear toda nuestra actividad financiera, enterarse de todo, controlar todo. Es un organismo que sólo puede hacer “recomendaciones”, pero que se toma la atribución de calificar a los países, hacer listas negras, promover sanciones económicas. Para ello cuenta con una serie de burócratas que promueven estas leyes porque tienen que justificar sus sueldos en euros y dólares. Son sus “técnicos” o, mejor dicho, sus “escribas”.

–¿Para qué quieren controlar nuestra actividad financiera?

–Para, seguritos, conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor. No se olvide que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren.

–¿Lo considera un peligro cercano y grave?

–No lo sé; un peligro es, cuán cercano, no sé. Sé que como todo extorsionador vendrá por más, no se conformará con esto, es inevitable porque es la mentalidad del extorsionador y de los “yuppies”. Llegará un momento en que será necesario decirles basta, no sé si nosotros solos o en bloque, porque los otros países del sur también sufren las mismas extorsiones.

–De lo que dice se deduce que fue un error político acceder a esa exigencia.

–Insisto en que eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si en este momento estamos en condiciones de arrostrar los daños que nos podrían causar. De cualquier modo creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que se trata de una extorsión, en especial para sacar la cuestión del juego político y encararla como una cuestión nacional, en la que todos, Gobierno y oposición, deberían estar de acuerdo y actuar en consecuencia. No es una broma ni una nueva oportunidad para que nadie saque partido, es una amenaza común a la nación. Aquí se debe en el futuro operar con consenso de todos, no jugar con nuestra soberanía.

–¿Considera que se podría abusar de la ley para sancionar la protesta social, la crítica pública o algo parecido?

–De momento nadie jugará con esta ley, y si a alguien se le ocurriese la peregrina idea de valerse de sus defectos, para eso estamos los jueces, para ponerle los frenos que correspondan conforme a la Constitución Nacional. Si alguien quisiera filtrar alguna limitación a los derechos ciudadanos, lo pararemos en seco. Pero no es ésta la cuestión, sino ponernos a pensar todos juntos, Gobierno, oposición, técnicos, economistas, juristas, diplomáticos, qué diablos vamos a hacer con las futuras extorsiones de este organismo. Esta es una amenaza clarísima a nuestra soberanía nacional por parte de un organismo que se atribuye más poder que la ONU. Aquí tenemos que demostrar madurez, o sea, que somos una nación y no un montón de grupos en pelea constante. Está en juego el bien común de la población, no lo olvidemos. Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos.

Página 12

OTRA VEZ UNA LEY ANTITERRORISTA

Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas. Por eso cuando se trata de violencia que habilita una ley el principio que ha de seguirse es la cautela. Pero los diputados del pueblo han servido un banquete para satisfacción de la ilusión punitiva.

Leemos el lenguaje de castigo del nuevo art. 41 que se quiere en el Código Penal: finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. La pena máxima se aumenta el doble si con el peligrosómetro normativo el juez detecta en cualquier delito una disposición subjetiva como la que la ley describe.

La ley no aumenta las penas únicamente cuando la población se aterroriza o a una autoridad se le impide hacer o no hacer algo. Lo que produce escalofrío es el mayor castigo por meras disposiciones internas que el juez observa como síntomas de un potencial enemigo. Puro derecho penal de ánimo y de peligro. Una variante normativa del viejo peligrosismo racista. Sólo una minoría de fundamentalistas del castigo tiene a esta doctrina por verdadera.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos.

Ningún organismo internacional ha podido definir conceptualmente al terrorismo. Tampoco los sociólogos y criminólogos pueden. Los juristas menos. La voracidad punitiva no lo logró con el delincuente subversivo, el demonio o las brujas. Quizá podríamos ofrecerle algo para que se lleve a la boca, lo que la mayoría reconoce como terrorismo: los delitos de lesa humanidad y genocidio.

Alejandro Alagia
Profesor titular de Derecho Penal, UBA

A partir de hoy morirá la imperial doctrina Monroe

DECLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II CALC, en la Riviera Maya, los días 22 y 23 de febrero de 2010, Reafirmando nuestra convicción de avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe;

Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social;

Ratificando nuestra decisión de promover la articulación y la convergencia de acciones, por medio del intercambio de experiencias y la identificación de áreas de cooperación entre los distintos mecanismos de integración, sobre la base de los principios de solidaridad, flexibilidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones y participación voluntaria en las iniciativas consideradas.

Renovando nuestro compromiso con el desarrollo regional integrado, no excluyente y equitativo, teniendo en cuenta la importancia de asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y vulnerables, a los países en desarrollo sin litoral marítimo e insulares.

Reiterando asimismo nuestro compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos.

Subrayando la necesidad de contar con un espacio regional propio que consolide y proyecte la identidad latinoamericana y caribeña con base en principios y valores comunes, y en los ideales de unidad y democracia de nuestros pueblos;

Teniendo el convencimiento de que la concertación política sobre la base de la confianza recíproca entre nuestros gobiernos es indispensable para la construcción de soluciones propias, para promover la paz; para la defensa, fortalecimiento y consolidación de nuestras instituciones democráticas; para el impulso al diálogo político con otros Estados y grupos de Estados; y para el fortalecimiento del multilateralismo y de la democratización en la adopción de las decisiones internacionales;

Reconociendo la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- en los temas centrales de la agenda regional y global y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países;

Destacando al mismo tiempo el significado histórico para nuestra región de la Primera Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la importancia de su agenda para profundizar la integración regional y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sustentable de los países de la región;

Refrendando nuestro compromiso con la preservación de los valores democráticos en la región y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y el Estado de Derecho, así como con el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos, que constituyen, todos ellos, objetivos esenciales promovidos por nuestros países. Manifestando al mismo tiempo la convicción de que la democracia es una de las más preciadas conquistas de nuestra región, y que la transmisión pacífica del poder por vías constitucionales y con apego a los preceptos constitucionales de cada uno de nuestros Estados es producto de un proceso continuo e irreversible sobre el que la región no admite interrupciones ni retrocesos;

Compartiendo la convicción de que es preciso establecer compromisos efectivos de acción conjunta para profundizar la integración regional y promover el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y el bienestar social en todos nuestros Estados; Resueltos a promover la sinergia y la articulación y complementariedad de acciones de cooperación entre los distintos mecanismos de integración,

Hemos decidido:

1. Constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional propio que reúna a todos los Estados latinoamericanos y caribeños.

2. Consolidar y proyectar, a nivel global, mediante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la identidad latinoamericana y caribeña con fundamento, entre otros, de los siguientes principios y valores comunes:

• El respeto al derecho internacional.

• La igualdad soberana de los Estados.

• El no uso ni la amenaza del uso de la fuerza.

• La democracia.

• El respeto a los derechos humanos.

• El respeto al medio ambiente, tomando en cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo sustentable.

• La cooperación internacional para el desarrollo sustentable.

• La unidad e integración de los Estados de América Latina y el Caribe.

• Un diálogo permanente que promueva la paz y la seguridad regionales...

NUEVOS JUECES, FISCALES Y DEFENSORES

Los 36 pliegos fueron firmados por la presidenta Cristina Fernández y permite que ya asuman en sus cargos. Se había aprobado por el Senado el 2 de noviembre, en la primera sesión tras las elecciones generales. Quiénes son los nuevos integrantes de la Justicia.




La presidenta Cristina Fernández firmó en las últimas horas los pliegos de los nuevos integrantes de la Justicia que permite que ya asuman en sus cargos. Habían sido aprobados por el Senado el 2 de noviembre, en la primera sesión tras las elecciones generales.

Se trata de 30 jueces, cuatro fiscales y dos defensores, cuyos pliegos fueron firmados anoche por la primera mandataria. La información fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

Entre los jueces designados se encuentran dos futuros miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal (que pasará a llamarse Cámara Federal de Casación Penal), Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani. Los otros funcionarios designados son once jueces de Cámara, 17 jueces de primera instancia, dos defensores oficiales y cuatro fiscales.

Además de Figueroa y Gemignani, la nómina incluye a los magistrados Carlos Fernández, Federico Salvá, Julián Falcucci, Mario Juárez Almaraz, Juan Carlos Reynaga, Fernando Klappenbach, Santiago Zavalía, Hernán López, Pablo Ormaechea, Jorge De Santo, Diego Slupski, y Fabiana Palmaghini.

También a Yamine Bernan, Osvaldo Rappa, Santiago Inchausti, Pablo Seró, Noemí Berros, Gustavo Villanueva, Fernando Poviña, María Morgese Martín, Alberto Recondo, Omar Peralta, Karina Zucconi, Alicia Vence, Mariano Lozano, Mateo Busaniche, Pablo Candisano Mera y Julia Villanueva.

Los fiscales designados son Walter Rodríguez, Carlos Cearras, Roberto Salum y Patricio Sabadini, mientras los defensores públicos son Enzo Di Tella y Patricio Varela.

el argentino

ALFREDO ASTIZ

ALFREDO ASTIZ

Los ex marinos Alfredo Astiz y su jefe, Jorge "Tigre" Acosta, fueron condenados a prisión perpetua junto a otros 10 acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.


1
Pensemos en José de San Martín, que llegó de España con todos los honores y se puso a organizar el ejército para la Independencia de la patria, cruzó Los Andes para liberar a la Argentina, Chile, Perú...

... y después pensemos en ALFREDO ASTIZ, retengamos las arcadas y repasemos: un joven militar argentino que se especializó en espiar, infiltrarse en un grupo de madres que buscan a sus hijos secuestrados y asesinados por los militares colegas suyos, mentir, aparecer con una detenida obligándola a pasar por su hermana, secuestrar a militantes populares y torturarlos para que confiesen y delaten a sus compañeros, matar a civiles desarmados, invadir un islote despoblado y entregarse, rendirse a los ingleses sin pelear, cobardemente, amenazar con su talento de asesino de periodistas o políticos…


2
El Grupo de Tareas 3.3.2.

El apoyo de los altos mandos de la Marina al GT fue expreso. El almirante Emilio Massera asistió a su conformación y dictó una conferencia inaugural a los oficiales designados, concluyendo con una exhortación a los mismos de 'responder al enemigo con la máxima violencia, sin trepidar en los medios'.

El mismo Massera participó en los primeros operativos clandestinos del GT con el nombre de guerra 'Negro' o 'Cero' para demostrar su compromiso con la tarea asignada a sus oficiales. Este grupo estaba integrado originariamente por una docena de oficiales. Su actividad fue aumentando en forma paulatina y en el breve período de siete meses se produjo simultáneamente el crecimiento numérico del personal del GT y el choque y rompimiento con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), logrando una autonomía operativa al pasar a depender en forma directa del Comandante en Jefe del Arma a través del Director de la ESMA, el entonces Capitán de Navío -luego ascendido a contraalmirante- Rubén Jacinto Chamorro (a) 'Delfín' o 'Máximo' "

JORGE "TIGRE" ACOSTA

Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, Alfredo Astiz fue asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Astiz estaba bajo el mando del capitán de corbeta Jorge Eduardo "el Tigre" Acosta, cerebro del GT 3.3.2.

En el marco de la represión ilegal, en la ESMA se organizó un centro clandestino de detención y el GT realizaba operaciones ilegales encubiertas.

El Grupo de Tareas 3.3.2 realizó gran cantidad de secuestros ilegales, llevando a los detenidos-desparecidos a la ESMA, donde se estima fueron detenidos y secuestrados alrededor de 5.000 personas, de las cuales menos de un 5% sobrevivieron. Como fue contado en detalle por otro represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, el modo básico de hacer desaparecer definitivamente a los detenidos, era a través de los denominados "vuelos de la muerte", mediante los cuales se sedaba a los detenidos-desaparecidos y se los tiraba vivos al mar mediante aviones militares.


3
1977: El grupo de la iglesia Santa Cruz

A Alfredo Astiz se le encomendó la tarea especial de infiltrarse en las organizaciones de Derechos Humanos y en especial en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Para ello adoptó el nombre falso de Gustavo Niño, simulando ser familiar de un detenido-desaparecido. Cierto día, apareció en una de las runiones con "su hermana", una chica delgada y rubia (después se supo que era una detenida que estaba en la ESMA y era obligada a colaborar en el plan de Astiz).

Las madres solían referirse a él cariñosamente como "el rubito", debido al tono rubio de su cabello y sus ojos azules. En ese caracter Astiz se desempeñó activamente y su nombre supuesto llegó a figurar en la solicitada reclamando la libertad de una lista de detenidos-desaparecidos que las organizaciones de derechos humanos publicaron en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977.

Nadie podía imaginar que "Gustavo Niño" era en realidad el Capitán de Fragata Alfredo Astiz, y que dirigía el grupo de tareas e inteligencia GT 3-3-2, de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de tortura y muerte de la dictadura militar en Argentina.

Engañadas, las madres estaban preocupadas por la vida de Gustavo, el amable. "Por favor, cuidate mucho, es muy peligroso para vos venir a estas reuniones, sos tan joven todavía", le aconsejaban. Astiz también participaba todos los jueves de los encuentros y rondas de las "Madres" en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Las "Madres" manifestaban pacíficamente con sus vueltas a la Plaza , para reclamar la aparición de sus hijos y el castigo a los culpables. Astiz pasaba obedientemente toda información a sus superiores.

"Gustavo Niño", también solía acompañar a las madres y otros activistas de los derechos humanos, en sus reuniones y actividades en la iglesia Santa Cruz perteneciente a los padres pasionistas, en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires y jugar con las niñas y niños que integraban la agrupación de boy scouts de la parroquia.

ALICE DOMON y LEONIE DUQUET
fotografiadas en la ESMA
En diciembre de 1977 se tomó la decisión de hacer desaparecer al grupo de derechos humanos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, en gran medida debido a que la exposición de Astiz había sido muy alta. Entre el 8 y el 10 de diciembre el "Grupo de Tareas 3.3.2" secuestro y detuvo clandestinamente al grupo de Santa Cruz,
bajo el mando de Alfredo Astiz. El GT secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo:

Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Durante el operativo Astiz siguió aparentando ser un familiar y fue señalando con un abrazo en el atrio de la iglesia a quienes debían ser secuestrados. Durante varios años se consideró que Gustavo Niño era un desaparecido y se lo incluyó en las listas por cuyas vidas se reclamaba.

La mayor parte del grupo fue secuestrado en la Iglesia Santa Cruz ubicada en el barrio de San Cristóbal (calle Mexico y 24 de noviembre) de la ciudad de Buenos Aires, donde solían reunirse.

Los doce miembros de la iglesia Santa Cruz fueron torturados y asesinados al ser arrojados al mar en un vuelo de la muerte. En 2005 algunos de sus cuerpos serían hallados enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, cercano a las playas a las que las corrientes marinas los habían arrojado en 1977.

4
El Caso HAGELIN

El 27 de enero de 1977, la ciudadana sueco-argentina Dagmar Ingrid Hagelin de tan sólo 17 años, salía de su domicilio para ir a visitar a su amiga Norma Susana Burgos en la localidad de El Palomar.

Esa mañana, al cruzar el portal de la casa de Burgos, dos hombres aparecieron saltando por un pasillo lateral, y la encañonaron, momento en el cual dio media vuelta y empezó a correr, mientras los dos hombres que salieron por el costado, salían tras ella. Uno era un teniente de corbeta rubio de ojos celestes, llamado Alfredo Astíz, y el otro era un cabo de la subcomisaría de El Palomar de apellido Peralta.
Según testimonios, Dagmar corrió lo más rápido posible e incluso ganaba terreno (era una atleta avanzada) a sus perseguidores y cuando se aprestaba a doblar en la esquina para perderlos de vista, Alfredo Astíz al grito de: “¡Parate flaca si no te tiro! ¡Parate flaca si no te tiro!” Puso su rodilla izquierda en la calle, apunto su pistola con ambas manos y gatilló una sola vez. El impulso que llevaba Dagmar, más el impacto de la bala, hizo que cayera de bruces. Su cara pegó contra una doble hilera de ladrillos que oficiaban de vereda, y ya no pudo reincorporarse. Ahí sus perseguidores se dividieron. El marino continuó su carrera hacia ella y se detuvo junto al cuerpo caído, aún apuntándole con su pistola…

El día anterior, 26 de enero, Norma Susana Burgos había sido detenida, la habían interceptado en plena calle, se la acusaba de pertenecer a la organización Montoneros, y en su legajo había un hecho incontrastable: había sido la esposa de Carlos Caride, un dirigente de esa organización, muerto en combate con las fuerzas represivas. Sus captores pertenecían al Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

5
1982: SOLDADO COBARDE

Durante la guerra en el Atlántico Sur con el Reino Unido por la posesión de las Malvinas en 1982, Alfredo Astiz dirigió un grupo de marinos denominado "Los lagartos" que ocupaban una guarnición en el archipiélago de las Georgias del Sur.

Astiz cobró notoriedad al rendirse ante las tropas inglesas en las Islas Georgias del Sur, donde comandaba las fuerzas argentinas y por ello la prensa le recuerda como un cobarde que se rindió "sin disparar un solo tiro".

Fue hecho prisionero por el ejército británico, el 25 de abril, tras la rendición argentina en Malvinas y fue trasladado a Gran Bretaña para ser interrogado por los gobiernos de Francia y Suecia. Ambos países y la Comisión Argentina de Derechos Humanos le responsabilizaron de la muerte en 1977 de la ciudadana sueco-argentina, Dagmar Hagelin, de 17 años.

En junio de 1982, Astiz fue puesto en libertad porque al amparo de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra impedía su interrogatorio. La prensa afirmó que fue canjeado por tres periodistas o por el avión inglés "Vulcán".

En febrero de 1984, cuando se disponía a viajar a Roma, el entonces ministro de Interior Antonio Troccoli ordenó que se le impidiese salir del país, por haber sido acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos. El 9 de diciembre de 1984, la Justicia Civil, presionada por países europeos, ordenó su detención y procesamiento por la desaparición en 1977 de la ciudadana sueca y las monjas francesas.

El problema llegó a ser político más que jurídico y amenazó el equilibrio entre el gobierno y el ejército argentino. En principio salió victoriosa la Marina y el 5 de marzo de 1985, Astiz fue puesto en libertad.


1987: OBEDIENCIA DEBIDA Y ASCENSO

Astiz se vio beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, dictada en 1987 por el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Acogido a esta ley, fue puesto en libertad y el 22 de diciembre de 1987 fue ascendido a capitán de corbeta.

1988: ABSUELTO

En febrero de 1988, la Corte Suprema argentina lo absolvió, por prescripción del posible delito de estar implicado en la desaparición de Dagmar Hagelin.

Astiz fue el primer ex oficial del régimen de facto juzgado y condenado en el exterior. En 1990,
el 16 de marzo, la justicia de Francia lo condenó en rebeldía a reclusión perpetua por el secuestro, torturas y desaparición de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, quienes también estuvieron cautivas en la bonaerense Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la más grande cárcel ilegal que había montado el régimen dictatorial argentino.

En septiembre y octubre de 1995, Alfredo Astiz sufrió agresiones por parte de un ex detenido en un centro ilegal de detención y torturas y posteriormente por dos jóvenes que le insultaron por su papel represor. Estas agresiones obligaron a la Policía a asignarle una "custodia personal".

1998: SOY EL MEJOR PARA MATAR...

El 15 de enero de 1998, admitió en una entrevista que publicó el semanario "Tres Puntos", que la Marina le enseñó "a destruir, a poner bombas, a infiltrarme y a matar" y afirmó que era "el mejor preparado" en el país "para matar a un político o un periodista". Primero fue destituído y luego fue condenado a tres meses de prisión en suspenso por apología del delito.


2007: CAUSA WALSH

El ex capitán de la Armada, Alfredo Astiz, fue indagado el 7 de marzo, en los tribunales federales de Comodoro Py, por el juez Sergio Torres en la causa que investiga el secuestro, desaparición y posterior apoderamiento de los bienes del escritor y periodista Rodolfo Walsh.


a ampliación de indagatoria se produjo en el marco de la megacausa ESMA, que investiga los crímenes de lesa humananidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar. El represor fue conducido a los tribunales desde el Destacamento Naval, donde cumple prisión preventiva, ante el magistrado, quien tramita esta causa, desprendimiento de la megacausa ESMA. Alfredo Astiz, que es asistido por el abogado: Juan Aberg Cobo (h).


El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que el ex marino Alfredo Astiz y otros nueve agentes que se desempeñaron en la ESMA durante la última dictadura sean sometidos a juicio oral por el secuestro y la desaparición forzada del escritor Rodolfo Walsh, en marzo de 1977.


El requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal alcanza (además de a Astiz) a los ex militares Jorge Acosta, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Julio César Coronel. También, al ex comisario Ernesto Weber, al prefecto retirado Héctor Febres y al ex oficial penitenciario Carlos Generoso. Todos ellos fueron procesados por el juez federal Sergio Torres y están presos en el marco de esta causa desde octubre de 2005.

El expediente por la desaparición de Walsh es un desprendimiento de la megacausa ESMA, que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, del barrio de Nuñez. De acuerdo con las constancias del expediente, Rodolfo Walsh fue baleado a plena luz del día, en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977. Había llegado hasta allí para reunirse con José María Salgado, que -como el escritor- militaba en Montoneros.


Esa cita, según las conclusiones del juez, había sido arreglada por integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, al que pertenecían los diez procesados que el fiscal pidió someter a juicio. Tras el grito de alto, dicen los testimonios reunidos en la causa, Walsh se escondió detrás de un árbol e intentó defenderse a los tiros. "Walsh resistió enérgicamente su captura, en razón de lo cual recibió numerosos disparos de armas de fuego que le provocaron heridas de gravedad -relató Taiano en su presentación-. Inmediatamente después, Walsh fue trasladado a la Escuela de Mecánica de la Armada y, hasta el día de la fecha, permanece en calidad de desaparecido."


Astiz y sus cómplices están acusados también de haberse apoderado de los bienes que Walsh llevaba consigo cuando lo detuvieron y de haber saqueado la casa del escritor en San Vicente.

LOS TRANSFUGAS

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó a indagatoria a los dueños y presidentes de 6 casas de cambio de moneda y empresas de turismo por venderle dólares a los llamados "coleros" sin advertir que la maniobra podría encubrir lavado de dinero.

La magistrada también citó a indagatoria a 9 "coleros", como se llama en la jerga a quienes compran dólares para otras personas, por haber realizado operaciones por más de 30 mil pesos sin que se registrara el nombre del verdadero comprador de las divisas, informaron fuentes judiciales.

Entre los citados está Alfredo Piano, presidente de Banco Piano, una de las casas de cambio más conocidas, y la medida fue dictada en momentos en que se aplica la resolución de la AFIP que impuso el control del origen de los fondos para comprar dólares.

En su resolución la jueza sostuvo que las compras de dólares por parte de los coleros se hizo "sin declarar el origen de los fondos con los que se efectuó la operación evadiendo de esta forma las normas de previsión de lavado de dinero".

Las indagatorias comenzarán el próximo 14 de noviembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre, todas a las 10 de la mañana, y se realizarán por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento.

La denuncia fue confirmada en la instrucción de la causa por la jueza Servini que acusó a los dueños de las casas de cambio porque "no podían desconocer las transacciones llevadas a cabo en la entidad por las personas que comúnmente se denominan en la jerga bancaria como 'coleros', teniendo en cuenta el cúmulo de personas que ingresaban a ese establecimiento".

Junto a Piano fueron citados a indagatoria Carlos Mateu, presidente de "Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo"; Eduardo Dante Roig, de "Antonio Di Giogio S.A.C. y T."; Hugo Paz, de "Italtur S.A."; y Carlos Alberto Reynier, de "París cambio, agencia de cambio y Turismo".

En tanto, los nueve coleros fueron citados por "haber concertado operaciones de cambio no genuinas, en los diferentes bancos o entidades cambiarias por importes superiores a los $ 30.000 en un mismo mes calendario".

Para la magistrada lo hicieron "sin que quedara registrado el verdadero titular de la transacción" y "mediante la negociación de una suma de dinero" a cambio de poner sus datos en la declaración jurada para comprar los dólares.

Así "quedó el real adquiriente de los dólares en el anonimato y sin declarar el origen de los fondos con los que se efectuó la operación evadiendo de esta forma las normas de previsión de lavado de dinero", concluyó la jueza.