La globalización comenzó hace 500 años - Parte 3

Cinco siglos igual

La globalización en Argentina (sus causas y consecuencias)
Los militares argentinos asaltaron el poder en 1976 derrocando, otra vez, a un gobierno constitucional. Sin embargo las diferencias fundamentales con otros gobiernos de facto estuvieron dadas por las metodologías y las políticas que se adoptaron para lograr el dis ciplinamiento económico y social de la sociedad argentina.

Según Guillermo O`Donnell en las décadas de 1960 y 1970, la imagen que las FF.AA tenían de la sociedad era organicista: imaginaban a la sociedad como un cuerpo en el que cada parte tenía funciones bien delimitadas y jerárquicamente ordenadas. Las fuerzas armadas se consideraban a sí mismas la cabeza, dotada de una racionalidad de la que carecían las otras partes y que debían orientar al conjunto hacia su bien común.

Esta concepción sostenía que cuando el cuerpo se enfermaba, la cabeza podía aplicar una durísima medicina en la parte afectada: esta parte, por su inferior racionalidad y por el hecho mismo de estar enferma, no tenía conciencia del mal que causaba.

La cabeza tenía no sólo el derecho a proceder sino el deber de hacerlo porque su obligación era cuidar la salud de todo el cuerpo.

Según O`Donnell, esta imagen autoritaria, jerárquica, estamental y ultraelitista -tan difundida entre los militares argentinos- estaba en la base de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Los fundamentos ideológicos de la dictadura propusieron un disciplinamiento generalizado de la sociedad argentina y para ello ejerció dos tipos de violencia sistemática: la violencia del Terrorismo de Estado y la violencia del mercado para lograr la reconversión del Estado de Bienestar y conformar un Estado mínimo desregulador que permita la hegemonía económica de los capitales nacionales/transnacionales más concentrados.

El Terrorismo de Estado significa que el monopolio de la fuerza que los ciudadanos consienten en un Estado de Derecho (para que garanticen la vigencia de sus derechos individuales) se vuelve en su contra.

Libre mercado

Las teorías económicas basadas en el concepto de libre mercado fueron reformuladas hacia fines de la década de 1970 por la corriente conocida como neoliberalismo económico dentro del ámbito de la académica Escuela de Chicago, promovida por Milton Friedman en EE.UU y por sus más dilectos alumnos argentinos, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y Roque Fernández (“los chicago boys”) en nuestro país.

Según estos principios es el mercado y no el Estado el que asigna los recursos a la sociedad: el libre juego de la oferta y la demanda determina qué sectores sociales obtienen los medios concretos para satisfacer sus necesidades básicas o mantener sus niveles de consumo y quiénes no.

Las teorías del libre mercado dejan a la libre asignación no sólo el trabajo, sino también otros bienes como la salud y la educación. En este marco, los individuos que se comporten más eficientemente -ya sean productores, trabajadores o consumidores- serán los que obtengan mayor cantidad y calidad de beneficios.

Los críticos a esta teoría sostienen que en las complejas sociedades contemporáneas la libre competencia nunca existió.

Los opositores a esta doctrina económica explican que en cada sociedad existen ciertas relaciones de poder social y económico que, por lo menos, obstaculizan “la igualdad de oportunidades” que la teoría del libre mercado supone como requisito.

Sostienen que los grupos y los individuos que tienen más recursos (económicos, culturales -como educación- y políticos -como la participación en organizaciones de representación de intereses-, factores de influencias o grupos de presión que conquistan poder en la faz agonal de la política) son los que tienen mayores oportunidades de obtener más y mejores bienes, servicios y beneficios. (Estructura y Superestructura en el Materialismo Histórico de Marx).

Este tipo de políticas deja libradas a una lucha desigual las posibilidades y las condiciones de sobrevivencia de los sectores mayoritarios de la población.

(Equilibrio reflexivo en la Teoría de Justicia de Rawls que explica que las partes aceptarían las desigualdades económicas siempre que beneficien a los menos aventajados y solo esto si es producto de una libertad real de oportunidades).

La aplicación de planes económicos de orientación neoliberal en Gran Bretaña y los EE.UU durante la década de 1980, permiten afirmar que, en esas sociedades, el Estado no dejó de intervenir completamente en la organización de la economía. Dejó de intervenir a favor de unos sectores -los trabajadores y los de menores recursos- pero continuó interviniendo en algunas áreas económicas y sociales consideradas claves por los sectores capitalistas con mayor poder de inversión.

La dictadura

La Junta militar juro fidelidad a un documento titulado Actas y Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional que en la práctica se colocaba por encima de la “Constitución Nacional” (1853/60). Suspendieron las funciones legislativas y las reemplazaron por la “Cámara de Asesoramiento Legislativo” (CAL). Desapareció la división de poderes del sistema republicano. La junta militar concentró, de hecho, las facultades: ejecutiva, legislativa y judicial.

(Monarquía) Dictadura contra Democracia (República). Oligarquía o Democracia.
“No división de poderes” o “división de poderes”. El antagonismo actual, desarrollado desde 1980 -el criterio globalizador- deja de ser Dictadura o Democracia para conformarse el de “Democracia Esencial” o “Democracia Formal”.

A este respecto cabe recordar que la Fundación Plural produjo, en 1984, al arribo de la democracia “alfonsinista” un documental histórico donde en su guión se plantea los acontecimientos políticos que dividieron a los argentinos y llevaron a la perdida de la “República”. La democracia formal (República / división de poderes) se fundamenta en el respeto del ordenamiento jurídico.

El discurso del mercado está fundado en las corrientes más “matematizadas” de la economía neoclásica, la teoría monetarista de la Escuela de Chicago y el liberalismo (una de las tradiciones ideológicas más arraigadas en la cultura occidental).

Los investigadores y economistas que se posicionan detrás de una opción crítica, como Francisco Cholvis explican que: “para la economía liberal el Estado sólo debe tener a su cargo las funciones que le son tradicionales: defensa nacional, seguridad interna, justicia, sanidad y educación (las dos últimas con participación privada). No obstante, aunque las corrientes liberales rechazan la intervención del Estado en economía, no vacilan en apelar a él -en muchas ocasiones con insistencia- en cuanto necesitan de su protección.

Pero lo que no desean es una intervención que pueda trabar su libertad de movimientos; acogen complacidos la intervención cuando los favorece con preferencias, subsidios, exenciones impositivas, crédito barato y otras prebendas. Por ello dicen que la economía liberal moderna no aboga por un estatismo a ultranza ni “niega los derechos sociales” y consiente la intervención del Estado en la economía siempre que estimule la iniciativa individual y no limite el derecho de propiedad ni la libre competencia.

Se oponen a la participación estatal en la programación del desarrollo industrial nacional y sostienen que la industrialización debe ser promovida espontáneamente, según lo aconseje el funcionamiento del mercado y con la guía que proporcionan los precios libremente concertados...”

Los militares

· Anularon garantías constitucionales.
· Suprimieron derechos civiles individuales y libertades públicas.
· Crearon nuevos instrumentos jurídicos.
· Declararon el estado de sitio y pusieron a su disposición una gran cantidad de detenidos.
· Suspendieron la actividad de los partidos políticos y los sindicatos.
· Disolvieron la CGT y la CGE.
· Prohibieron el derecho de huelga con una pena de 10 años de prisión.
· Desarticularon las organizaciones obreras (considerado un punto indispensable para la aplicación de un plan económico inspirado en los principios del libre mercado).
· controlaron e intervinieron los medios de comunicación.
· Vigilaron y persiguieron manifestaciones artísticas.
· Secuestraron, mataron, torturaron y desaparecieron detenidos.
· Robaron bienes de los detenidos.
· Secuestraron y cambiaron la identidad de bebés nacidos en cautiverio.
· Participaron en fraudes públicos utilizando el poder del Estado.

Argentina se convirtió en un país ocupado por sus propias Fuerzas Armadas y sus ciudadanos con todos sus derechos conculcados, transformados en habitantes de una gran cárcel arbitraria, sustentada en la ilegítima legislación de los usurpadores.

Un comunicado oficial del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, que el 4 de noviembre de 1977 salió publicado en los medios, decía que “en las proximidades de Constitución una patrulla de las fuerzas legales sorprendió a un activista que incitaba al cese de las actividades impidiendo la concurrencia al trabajo, siendo abatido por el fuego. Las fuerzas cumplían con la misión impuesta de asegurar la libertad de trabajo.” (1)

José Alfredo Martínez de Hoz fue nombrado ministro de Economía como representante del liberalismo económico ortodoxo y profundamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales.

El Fondo Monetario Internacional aprobó -con sorpresiva rapidez- un crédito de 110 millones de dólares que permitió mejorar el nivel de reservas de divisas disponibles en el Banco Central. Además, el ministro contó con el apoyo de los sectores capitalistas que concentraban el mayor poder económico en la Argentina.

El programa del 2 de abril de 1976 fue denominado “de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. ¿Iría hacia una economía de producción?

“Lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de la economía.

Acelerar la tasa de crecimiento económico.

Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía”

El programa debía dominar lo que llamó “los tres incendios”: la inflación, la deuda externa y la recesión, o sea, la caída en los niveles de producción. El objetivo básico era implantar una economía de producción frente a la economía de especulación preexistente.

Debería llevarse a cabo en un muy corto plazo (como sugeriría, tiempo después, el ministro de Menem de la década del ‘90, Domingo Cavallo para su plan de convertibilidad) y al cabo de los cinco años que duró la gestión de Martínez de Hoz lo que se obtuvo fue una profunda transformación de las bases mismas de la economía y la estructura de la sociedad.

El control de la inflación sería el elemento fundamental para estar en condiciones de avanzar con las metas prefijadas.

Los tecnócratas

El diagnostico del equipo de técnicos del ministerio de Economía era que la crisis no sólo se debía a la acción de la guerrilla, el desborde del poder sindical o del peronismo (efectos de la idea corporativa de las actividades profesionales que proponía teóricamente el sociólogo francés Emile Durkheim y llevaba a la práctica, por esos tiempos, el Pacto Social de Perón y la burguesía nacional de la CGE), sino también aquellos factores que habían servido de causas para estos fenómenos: economía semicerrada que redundó en una subóptima distribución de recursos, industrialización subsidiada que encubrió beneficios a empresarios ineficientes y politización de la transferencia de los recursos que desembocó en crisis de acumulación y violentas luchas por la distribución.

En este marco, el disciplinamiento de los actores sociales en la Argentina debía abarcar a los sectores populares y, necesariamente, a importantes grupos de capitalistas. Si las medidas debían tender a una apertura y desregulación, la precondición para su implementación exitosa era la neutralización de la influencia de las presiones sectoriales tradicionalmente corporizadas en demandas y lobby de las asociaciones empresarias.

Por ello, si bien los capitalistas gozaron de un lugar privilegiado en su papel de empleadores (dada la prioridad que fijó la dictadura en desarticular/reprimir toda forma de organización popular), su capacidad de influir como productores (esto es, medidas que implicasen transferencias de recursos ligadas a contradicciones entre grupos capitalistas) fue mucho menor que la que caracterizó su relación con otros gobiernos militares. (2)

Para alcanzar el control de la inflación, el programa propuso un fuerte y brusco retroceso en el poder adquisitivo de los salarios (achicar la demanda interna en el consumo) lo que significó una pérdida del 30% del poder adquisitivo de los salarios reales frente a la inflación, complementado por otras disposiciones tendientes a garantizar el disciplinamiento de la clase obrera.

La disolución de la CGT, supresión de las actividades gremiales y el derecho de huelga, las reformas de la ley de contrato de trabajo y la eliminación de las convenciones colectivas en materia salarial (se desregula el Estado pero no se permite la libertad contractual) fueron acompañadas con la eliminación del sistema de precios con el propósito de lograr el “sinceramiento” de la economía.

Según Guillermo W. Klein, secretario de Coordinación Económica, se trataba de “un aporte que necesariamente debemos pedirles, ya que no existen alternativas y es por ese motivo que requerimos que contribuyan con generosidad...”

Otra de las claves fue la reducción del gasto público y del déficit fiscal pues eran considerados el causante principal de la inflación argentina.

La eliminación progresiva del personal de la Administración pública y una recuperación de la recaudación tributaria completa el cuadro de situación.

Se estableció la indexación de los recursos provenientes de los impuestos para actualizarlos, a nivel inflacionario, multiplicándolos por un índice determinado.
El equipo económico anunció un plan de privatizaciones de las empresas del Estado que serían saneadas en su administración para tal efecto.

Se fijan dos tipos de cambio -uno financiero y otro comercial- en el precio del dólar (al igual que lo había hecho Krieger Vasena con Onganía) para nivelar la balanza de pagos y “terminar” con la especulación financiera.

También eliminó los derechos que debían pagar los exportadores.
Suspendió la intervención del Estado en la Junta Nacional de Granos quedando a cargo del sector privado la comercialización para impulsar, así, las ventas al exterior.

La especulación en la Bolsa de Comercio, a partir del lanzamiento del programa de Martínez de Hoz, reinició sus operaciones en un clima de euforia. Las oficinas de los agentes e comisionistas tenían desde la mañana largas colas de inversores dispuestos a colocar su dinero.

Gran cantidad de acciones subieron entre un 200 y un 500 % con respecto a sus cotizaciones anteriores. La city porteña fue invadida por una agitada multitud dispuesta a creer que su dinero podría multiplicarse indefinidamente por medio del sencillo acto/experimento de comprar unos papeles a los que se asignaba un futuro casi mágico.

Una de las razones que indujeron a muchos ahorristas a adquirir acciones a precios altos fue la versión difundida por los especuladores de que cada acción debería llegar a valer un dólar. De hecho, el boom, de la Bolsa fue fomentado por el Banco Central y llevado a cabo por las grandes empresas y condujo a una masiva transferencia de ingresos de los ahorristas hacia esas empresas.

Estas empresas, las más grandes, obtenían grandes volúmenes de capital para aplicar a sus negocios. A ese pico le siguió la operación opuesta: hacer bajar el precio de las mismas acciones que habían sido vendidas a cotizaciones elevadísimas. No fue difícil: bastó con dejar de sostener un mercado artificialmente elevado. (3)

El abandono

de la profundizacion industrial: Las bases previstas para la reactivación de la economía del país significaban una reinserción de Argentina en la nueva división del trabajo de la economía capitalista internacional según las ventajas comparativas que ofrecía su sector primario, agropecuario y minero. Como contrapartida correspondía no profundizar la industrialización como núcleo dinámico de la economía. (4)

Martínez de Hoz consideraba a las inversiones extranjeras como un elemento esencial “para reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento”. Esperaban que los capitales foráneos se radicaran en el sector agropecuario y el sector minero y petrolero, intensificando la producción agroindustrial orientada hacia el mercado internacional, al igual que la producción de petróleo, gas y la gran minería.

Se propuso crear un “mercado de capitales” que resultara atractivo a los inversores extranjeros completando la liberalización financiera, o sea, un mercado libre del dinero en el que las tasas de interés se definan a través de la oferta y la demanda, estableciendo una garantía de los depósitos a cargo del Banco Central y facilitando la instalación de nuevas entidades bancarias y financieras.

¿Para qué invertir? en una economía afectada por la recesión si para algunos sectores resultaba mejor negocio especular que producir bienes y servicios.

¿Qué hicieron las empresas con las grandes sumas recaudadas en la Bolsa?. La conducción económica planteó la necesidad de transferir ingresos hacia las empresas para que éstas aumentaran su inversión productiva: no fue asi.

Las empresas usaron la mayor parte de esos fondos para especular. Obtenían más ganancias de sus operaciones financieras que de la venta de los productos que fabricaban. Además las utilidades especulativas estaban desgravadas, la venta de los bienes y servicios debían pagar impuestos.

Resultaba contradictorio sostener una economía de producción sin arbitrar medios para que esa producción fuera consumida. Era imposible pretender inversiones cuando la casi totalidad de las empresas trabajaban con un elevado porcentaje de capacidad productiva ociosa.

A mitad de 1978, el equipo económico buscó crear las condiciones para que aumentaran las tasas de interés: redujo la cantidad de moneda circulante.

Las empresas públicas comenzaron a pedir créditos al sistema bancario y financiero. El aumento de la demanda de dinero originó el incremento de las tasas de interés que no se hizo esperar.

Por lo tanto apareció un efecto recesivo casi instantáneo: las empresas que habían tomado créditos se encontraban con costos crecientes y reaccionaron liquidando sus stocks de mercaderías, y en muchos casos también, sus bienes de capital e instalaciones, lo cual produjo una caída “libre” de la actividad industrial.

Martínez de Hoz llegó a permitir la entrada y salida de capitales extranjeros en un plazo mínimo de 24 horas profundizó la regulación del circulante mediante la Cuenta de Regulación Monetaria que establecía el encaje mínimo.

Sin embargo la inflación había aumentado al 160,4% en relación con Diciembre del ´76 y 169,8% a fines de 1978. Por eso se hizo necesario presentar las “medidas de profundización y ajuste del plan” y el ministro dijo que “La crisis está superada, pero la obra no está terminada. Desde este momento el esfuerzo habrá de concentrarse en transformar las bases mismas de la economía argentina.

José Mercado

El estado nacional, las provincias y las empresas públicas: se encontraban fuertemente endeudadas, lo cual las ubicaba en una posición vulnerable y dependiente del sistema financiero. Las facilidades otorgadas al movimiento internacional de capitales dejaron al Estado sin el control que antes ejercía transfiriéndose de hecho a los grupos privados.

En términos de poder esto significaba que el pequeño sector social que controlaba el sistema financiero disponía de una enorme capacidad para influir sobre el funcionamiento de la economía argentina y, por lo tanto, sobre la sociedad y la política del país entregando un formidable respaldo al exterior para impedir alterar las nuevas reglas de juego impuestas. (5)

La apertura de la economía significa facilitar el ingreso de los productos importados fabricados en el extranjero como una forma de controlar la inflación. Una forma de presionar a los sectores productivos para que mejoraran su competitividad.

La vigencia de un mercado financiero liberalizado y una pauta cambiaría fija produjo un explosivo aumento del endeudamiento externo e incentivó las operaciones financieras a muy corto plazo y alta rentabilidad desalentando las inversiones productivas.

A partir del tercer trimestre de 1979 comenzaron a llegar los capitales extranjeros que provocarían los cambios cuantitativos y cualitativos de la economía argentina. Pero no llegaron para radicarse: eran capitales “golondrinas”.

La sobrevaluación del peso favoreció la realización de viajes de compras al exterior. La película “Plata Dulce” mostraba también los mecanismos de algunos de los delitos económicos muy frecuentes durante esos años (vaciamiento de empresas). Los especuladores a gran escala que integraban la “patria financiera” quedaban libres y sin ser juzgados.

Chau industria

Por su intensidad y por la oportunidad en la que se aplica, la desprotección efectiva actual está llamada a alterar profundamente la estructura económica del país. Nuestra industria está impedida de competir por la recesión en el mercado interno y por el desaliento permanente a las exportaciones industriales. Esta recesión sólo puede ser soportada por empresas con suficiente capacidad financiera. (6)

Durante 1979, el aumento de la inflación y la recesión agudizó la crisis. Un grupo de capitalistas vinculados con el Instituto para el Desarrollo del Empresariado de la Argentina, de orientación neoliberal, expresó su temor de que “el tiempo político no entregue lo suficiente” para implementar las reformas económicas y pidió al ministro que avanzara con más energía.

Las asociaciones representativas de los sectores capitalistas más concentrados habían dado su apoyo activo al golpe militar. Los sectores de la burguesía industrial y la agropecuaria, de mayor poder económico, apoyaron la filosofía de la dictadura militar hasta que surgieron algunos reclamos por temas puntuales, relacionados con luchas por transferencias de recursos entre fuertes grupos de capitalistas.

Por otra parte en un acto organizado por la Convocatoria Nacional de Empresarios, CONAE, algunos ex directivos de la disuelta CGE presentaron sus quejas y pidieron cambios en la orientación económica afirmando que “esta política económica perjudica la rentabilidad de las empresas, reduce el ingreso de los trabajadores, comprime el mercado interno, arbitra sobre la permanencia y desaparición de fuentes productoras, niega así el principio de libertad económica que dice sustentar, mantiene alta la presión tributaria, insiste en un tipo de cambio rezagado, desmantela las economías regionales y se manifiesta impotente para contener la fuga de divisas y capitales y el incremento descontrolado de la deuda externa... ” (7)

Derechos y humanos

El dialogo politico y las propuestas para blanquear: A finales de 1977, el gobierno de facto sugirió varios proyectos que tenían como propósito diseñar las bases del orden político futuro: promover un diálogo político con algunos sectores de la sociedad civil.

Pero para darle inicio, las FF.AA necesitaban que dichos sectores aprobaran pública y manifiestamente lo realizado en la represión y, además, se comprometieran a no revisar el pasado. El tiempo demostraría que así habría de pasar, casi 10 años después, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y un poco mas tarde, aun, con el Indulto de un presidente democrático.

Además, los militares pretendían tener un rol institucional relevante y permanente: Conservarían la capacidad de tutelar los límites del disenso de una futura democracia.

En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) afirmó que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos.
La Comisión considera que esas violaciones han afectado: a) el derecho a la vida, b) el derecho a la libertad personal, c) el derecho a la seguridad e integridad personal, d) el derecho de justicia y proceso regular.

En virtud de sus conclusiones, la CIDH recomendó: 1) en relación a las muertes imputadas a autoridades públicas, enjuiciar y sancionar con todo el rigor de la ley, a los responsables de estas muertes y con respecto a los detenidos - desaparecidos informar sobre la situación de estas personas.

A pesar de este lapidario informe internacional no hubo ningún tipo de represalias económicas como suelen hacer los países del primer mundo.

Los partidos

Un grupo de partidos estaba integrado por las agrupaciones consideradas aliadas y potenciales herederas del gobierno militar: el Partido Demócrata Progresista, el Socialismo Democrático, el Partido Federal, los Partidos Conservadores provinciales y Línea Popular. Otro era un grupo de partidos (dispuestos a participar, al que el gobierno militar consideraba adversarios pero no enemigos) integrado por el MID, el Partido Comunista, la UCR y los grupos de oposiciones internas de carácter conservador de los Partidos Intransigente, Justicialista y Popular Cristiano.
Los que se negaron al dialogo fueron los Peronistas , el PI, el Partido Socialista Popular, el Unificado, de la Confederación Socialista, el FIP, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR.

La crisis

financiera de 1980: El equipo económico retiró la garantía del Estado para los depósitos, en diciembre de 1979. A mitad de 1980 la restableció.
Entre una medida y otra, provocaron un pánico generalizado entre los inversores y una ola de demanda especulativa de divisas.

Cierre de grandes bancos y el retiro de los depósitos de los mismos sumado a la salida del país de cuantiosas sumas. Cuando decidieron restablecer la garantía oficial se utilizó gran parte de las reservas en devolver a los clientes de las entidades quebradas sus depósitos y se adelantaron fondos a los bancos en crisis.

Cuando los intermediarios del dinero no encontraban tomadores a quien prestar (en el sector privado a tazas usurarias) el problema tenía sencilla solución: le prestaban al Estado.
Se formaron y prosperaron empresas fantasmas, sirviéndose de los recursos que les prodigaban los bancos y financieras.

Otras firmas ya existentes usufructuaban esta oportunidad para formar monopolios o holdings que abarcaban diversos tipos de actividades. Se cumplían los postulados de concentración para hacer una economía más eficiente y de escala.
Cuando el Banco Central (finales del ‘79) retiró la garantía a los depósitos, el nerviosismo del público hizo explotar el mercado. (8)

Durante un tiempo, las ruinas y el desconcierto impidieron vislumbrar con claridad las profundas transformaciones que Martínez de Hoz había producido en las relaciones de poder dentro del país. (5)

La junta militar se atribuyó potestad de dictar reformas de la Constitución. Todos los elementos que caracterizaron la relación entre el poder y el derecho se fundamentaban en la invocación de una supralegalidad, la pretensión de impunidad, el poder como potestad sin límites ni responsabilidades. (9)

El sindicalismo
y los partidos politicos: los militares buscaron quebrar las bases de las organizaciones obreras, atomizando sus estructuras y buscando entre la dirigencia sindical colaboradores con los cuales organizar un gremialismo dócil y adicto al régimen.

En marzo de 1977, desde un plenario de trabajadores se dio origen a dos nucleamientos sindicales: la Comisión de los 25 y la Comisión Nacional del Trabajo (CNT).

Esta última núcleo a los dirigentes dialoguistas comprometidos con el gobierno; muchos provenían de los sectores vandoristas y participacionistas, como los de Luz y Fuerza, plásticos, ferroviarios, construcción y metalúrgicos. Se destacaban Oscar Lezcano y Jorge Triaca (quien en el gobierno democrático de Carlos Menem, asesorando al ministro del interior Corach, mantuvo estrechos contactos con el “empresario” Alfredo Yabrán).

Muchos dirigentes de diversos partidos políticos y agrupaciones intentaron un acercamiento con los militares. Procuraron establecer fluidas relaciones e incluso ocuparon cargos diplomáticos y funciones en intendencias de muchas ciudades del país.

Estuvieron algunos hombres “democráticos” del radicalismo, la democracia progresista y del socialismo democrático. (Martínez Raymonda fue embajador en Italia y hoy conduce el programa político “El hombre libre” en un canal de cable y es además diputado nacional).

Desde el golpe de Estado y hasta el momento en que el régimen entró en crisis los partidos políticos tradicionales más importantes (radical y justicialista) no fueron transgresores de las reglas del juego impuestas por las FF.AA.

Tampoco formularon estrategias partidarias alternativas: la expectativa y la espera de un colapso de la dictadura fue lo que privó entre los popes de la política argentina. (10)

En la Unión Cívica Radical, el Movimiento (interno) de Renovación y Cambio, que lideraba Raúl Alfonsín, criticaba a la conducción partidaria de “haber adoptado una posición moderada, en momentos en que la sociedad reclama cambios revolucionarios”. (11)

Fuga de divisas

La crisis economica de 1981 a 1983: Lorenzo Sigaut reemplaza a Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía y conociendo la oposición que existía (dentro de la junta militar) a la orientación de la política económica por parte de algunos oficiales se generaron expectativas de posibles cambios en el rumbo.

Sin embargo, para hacer frente a la entrega de los fondos a los bancos que estaban en dificultades por las corridas y los pagos que se hicieron a los bancos quebrados para devolver los depósitos garantizados, el BCRA recurrió a la emisión monetaria, hecho que contribuyó al aumento de la inflación y que constituía un subsidio no declarado al sistema financiero.

La crisis financiera originó una masiva fuga de divisas hacia el exterior: los capitalistas cambiaban sus pesos por dólares y retiraban sus capitales del país.

Este movimiento también fue realizado por numerosos especuladores que habían cometido
delitos económicos para obtener cuantiosas sumas de dinero.

Frente a esta situación, el equipo económico mantuvo la completa libertad que regía las operaciones financieras y cambiarias y siguió respondiendo con las reservas existentes en el Banco Central a la creciente demanda de dólares. Para contrarrestar la disminución de las reservas, continuó tomando créditos en el exterior. La combinación produjo un explosivo aumento de la “deuda externa”: hacia finales de 1981 la deuda neta del sector público había aumentado cuatro veces su volumen en comparación con el monto registrado a fines de 1979.

El origen de la deuda externa argentina desde el punto de vista de la presión que el sistema financiero internacional ejerció sobre los gobiernos de los piases subdesarrollados fue analizado por un ex director de la CEPAL y especialista en derecho y ciencia política. Según Alfredo Eric Calcagno, hacia fines de la década de 1970, la banca internacional tuvo urgencia en reciclar la avalancha de petrodólares depositados en EE.UU por los piases exportadores de petróleo.

Con ese propósito, generó mecanismos para obtener elevados beneficios, ya que ninguno quiere pagar intereses por depósitos sin cobrar otros mayores por el préstamo de esos mismos fondos.
Empezó así una época en la que los bancos extranjeros presionaron a los gobiernos de los países del Tercer mundo para que se endeudaran, al margen de las normas de seguridad usuales. De este modo, obtuvieron enormes ganancias y en una etapa posterior, los acreedores extranjeros también consiguieron que los Estados nacionales garantizaran las deudas privadas. (12)

La deuda externa

la nacionalizacion de la deuda externa privada que la dictadura transfirió al nuevo gobierno democrático fue una deuda que comprometía al país en su conjunto y “al honor nacional obligado a pagar”.

A través de diferentes mecanismos, la dictadura militar legalizó, incluyendo en la deuda externa pública, enormes sumas que, entre 1976 y 1982, habían servido para la especulación y maniobras fraudulentas; y también nacionalizó la deuda contraída por el sector privado, aunque esta deuda no había beneficiado al conjunto de la sociedad.

La mayoría de las divisas que habían entrado al país a través de créditos tomados por el sector público fueron utilizadas para subsidiar bancos y financieras quebrados o en crisis, en muchos casos por causa de la especulación o por manejos ilícitos de los fondos de los depositantes que alimentaron la fuga de divisas al exterior.

La mayor parte de esa deuda pública no había sido destinada a inversiones públicas o gasto social que beneficiaran a toda la sociedad, sino que lo había hecho con una pequeña porción de los sectores capitalistas de mayor poder económico, especuladores y delincuentes económicos.

Con respecto a la deuda externa privada, la intervención del Estado subvencionando el pago de una gran parte, socializó las pérdidas y apropió las ganancias en pocas manos.

En 1982, el Banco Central, dirigido por el actual diputado de la Nación y ex ministro de la “convertibilidad” Domingo Felipe Cavallo, estableció la vigencia de un régimen de seguros de cambio mediante el cual, con el pago de una prima mensual, se aseguraba a los particulares y a las empresas privadas la venta, en el momento del vencimiento de sus obligaciones externas, de la suma de dólares que tenían que pagar al mismo tipo de cambio que estaba fijado cuando se endeudaron.

Dada la enorme diferencia entre la cotización de la moneda extranjera en el momento de tomarse las deudas y al vencimiento de éstas, el seguro de cambio representaba un importante subsidio a los deudores y les permitía obtener cuantiosas ganancias.

Ex presidente del BCRA (en 1982); ex funcionario de la Fundación Mediterránea; ex ministro de Relaciones Exteriores y Economía; ex acusador público de Alfredo Yabrán; hoy, convertido en diputado y futuro candidato a la presidencia de la Nación, en 1999. Domingo Cavallo endeudó, por varios miles de millones de dólares, a varias generaciones de argentinos

En julio de 1984, el directorio del Banco Central, de acuerdo con instrucciones del gobierno democrático, ordenó investigar las declaraciones de deudas en moneda extranjera al 31/10/83, efectuadas por empresas del sector privado. Esta decisión tenía como objetivo determinar su carácter legítimo o no para, en este último caso, darles de baja entre los compromisos externos del país. Con este propósito, el BCRA determinó los parámetros que permitían diferenciar las deudas legítimas de las otras.

La circular 340/84 estableció que la deuda sería considerada ilegítima en alguno de los siguientes casos:

· Cuando el acreedor externo no confirmara dentro de los 45 días el pedido de solicitud de saldos o negara la existencia de una deuda, ante el pedido de confirmación formulado por la autoridad bancaria
· Cuando por cualquier medio de prueba se confirmare que la calidad de deudor y acreedor podía confundirse (prestarse dinero a sí mismo)
· Cuando la operación se hubiera realizado fuera de las que se llaman prácticas de mercado generalmente aceptadas

Al 31/10/83 el total de la deuda externa ascendía a 43.006 millones de dólares: de estos 25.500 correspondían a la deuda pública y 17.206 a la deuda privada.

Los investigadores demostraron el 11,8% del endeudamiento. Este escaso porcentaje detectó numerosas irregularidades siendo que alrededor del 50%, de esa pequeña cantidad estudiada, resultaba ilegítima. (13)

En enero de 1982, la junta militar decidió retomar las negociaciones diplomáticas con Gran Bretaña y emplear la fuerza armada en el caso de fracaso de la primera opción.
La operación militar prevista inicialmente era incruenta y consistía en el desembarco, la ocupación y el retiro inmediato de las islas.
Buscaban evitar una reacción del gobierno inglés y obligarlo a una negociación.
Pero algo no funcionó. La junta decidió no retirarse de las islas porque advirtió que la campaña militar por la recuperación de la soberanía territorial podía generar importantes beneficios políticos internos a la vez que nueva legitimidad política.
La mayoría de los partidos políticos apoyaron la medida. Sólo Alfonsín expresó rechazo a la idea de la guerra.

Salida concertada
Tras la derrota militar en Malvinas se dio lugar a una moderada liberalización de los controles autoritarios sobre la sociedad civil, debido al desprestigio político, militar y económico de la dictadura.

El gobierno de facto presentó un documento que incluía quince temas sobre los que las FF.AA consideraban necesario negociar para concluir la institucionalización del país.
Entre los 15 puntos para concertar que abarcaban una gama de asuntos de gravitación nacional estaban: el plan económico, deuda externa, Yaciretá, presupuesto de 1984, ley de asociaciones gremiales, ley de obras sociales, diferendo austral, estado de sitio, estabilidad de la justicia y mecanismos y secuencia del acto electoral y entrega del gobierno.
Antonio Tróccoli, de la conservadora Línea Nacional de la UCR, declaraba que “no debemos hacer una revisión política de los problemas ocurridos, porque en definitiva, todos somos responsables del estado en que se encuentra el país... .”

Los políticos estaban dispuestos a canjear olvido, como elemento decisivo de la pacificación interna, a cambio de Constitución: es decir, restablecer la institucionalización democrática a un precio extorsivo.

Malvinas tuvo una consecuencia paradójica: obligó a los partidos políticos a sostener al régimen al que se habían “enfrentado” con el fin de darse tiempo para acceder al gobierno, ordenadamente. (14)

La firmeza de los reclamos de todos los organismos de derechos humanos se constituyó en una barrera que impidió que los militares negociaran con los dirigentes políticos una salida concertada que incluyera la no-revisión de la política represiva.
Estos últimos presentaban una posición moderada con respecto a los militares al igual que un documento de la Iglesia católica que llamaba a la reconciliación nacional.

Sin embargo, luego de la movilización popular del 16 de diciembre de 1982, Alfonsín reclamó que fuera la Justicia y no sólo la historia quien se encargara de revisar el pasado, denunciando, además, la existencia de un pacto sindical-militar para tender un manto de olvido sobre los hechos militares de 1976 a 1983. Al respecto Alfonsín declaró que “tengo noticias, desde luego, sobre acuerdos que se producirían entre el general Nicolaides, el general Suárez Mason y hombres del sindicalismo... .”
Siendo Presidente de la Nación se desdijo con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Los candidatos

De la politica para reemplazar militares: el Radicalismo llevaba a Raúl Alfonsín como presidente, a Víctor Martínez como vice, de la influyente Línea Córdoba, y a Fernando de La Rua como senador por la Capital Federal (quien 15 años después como Jefe de la Ciudad Autónoma de Bs. As. sería abochornado por el diario “Perfil”, al publicarse escuchas telefónicas de sus hijos realizando tráfico de influencias en la Facultad de Derecho de la UBA; y como presidente de la Nación saldría, poco después, desde los techos de la casa rosada con una veintena larga de muertes de argentinos sobre sus espaldas).
Al justicialismo no le iría mejor llevando al “social demócrata” moderado, Antonio Cafiero, Federico Robledo (apoyado por los sindicalistas colaboracionistas de la dictadura como Jorge Triaca y Diego Ibáñez) y Vicente L. Saadi quien tenía su “feudo” en Catamarca consiguiendo, por un tiempo, mantener oculto el asesinato de María Soledad.

investigación:
Antonio Mancuso

NOTAS
(1) El Estado terrorista de Eduardo Luis Duhalde.
(2) Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre autoritarismo y democracia. (1955- 1983) de Carlos H. Acuña.
(3) Papeles indexados. ¿Sólo especulación? en Realidad Económica de Pablo Schneider.
(4) Globalización y Democracia de Ernesto López.
(5) Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica de Jorge Schvarzer.
(6) La apertura de la economía, en Realidad Económica de Ricardo Campero. Marzo de 1979.
(7) Empresariado nacional y cambios sociales de Pablo Castell.
(8) Tomado de IADE, Opción para la Argentina: crisis o desarrollo independiente.
(9) Poder y derecho durante el Proceso de Reorganización Nacional de Enrique Groisman.
(10) A veinte años del golpe de Silvia Dutrénit Bielous.
(11) La Argentina del siglo XX de Alanzo, Elizalde y Vázquez.
(12) La perversa deuda argentina de A. E. Calcagno.
(13) Deuda externa privada. El destino de una investigación de Halliburton, Villalba y Bianco.
(14) Un nuevo pacto político de Carlos Acuña y Catalina Smulovitz.