LOS JUECES TEMEN A VICENTE MASSOT

El pasado 16 de mayo, el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño del diario pro golpista La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud, encabezada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. E intenta profundizar en el verdadero papel que cumplió La Nueva Provincia en aquellos años, cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de "enfrentamientos con la subversión", y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes.

Hugo Cañón fue fiscal general de Bahía, y el primero, en 1987, que relacionó a la familia Massot con el genocidio. Resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y uno de los preferidos del diario en eso de eliminar a los apátridas.

"Lo que hicieron Nebbia y Palazzani no sólo está muy bien fundamentado en sus 137 fojas –dice–, sino que además incorpora pruebas y documentos reunidos a lo largo de muchos años, que demuestran la connivencia de La Nueva Provincia con sectores del Ejército en la época de la represión. Sobre todo con la Inteligencia militar, en tiempos de Vilas. En lo peor de la dictadura en Bahía, las notas publicadas por el diario eran cosas sólo conocidas por los sectores de Inteligencia. Y a eso hay que agregar los montajes, las fotos inventadas, los comunicados falsos y las teatralizaciones, para hacer pasar los asesinatos como supuestos enfrentamientos. También hay que resaltar que en la sentencia que el tribunal dio a conocer en septiembre del año pasado por la represión ocurrida en la región, allí se ordenó investigar por separado la complicidad del diario en esa época. Fue el puntapié inicial para el actual pedido de detención de Massot, y la investigación sobre lo hecho por el sacerdote Aldo Vara, al que yo imputé en 1999 durante los Juicios por la Verdad."

–Hablás de teatralizaciones reflejadas por La Nueva Provincia. ¿Qué tipo de montajes?

–Los secuestros, pero sobre todo las operaciones que se hacían en el V Cuerpo para asesinar a militantes en la calle, en una casa o en un cruce de caminos, tenían un increíble despliegue escénico y teatral, para simular tiroteos. Los militares hablaban de "abatimiento de subversivos por enfrentamientos". Eran enfrentamientos fraguados, se trataba de escenarios montados para matar personas con total impunidad. La Nueva Provincia publicaba notas que describían balaceras y "caídos". Una vez, el Ejército fusiló a un grupo, y después sacó camillas con soldados "muertos" para que el diario tomara fotos. Los soldados actuaban. Durante un juicio le pregunté a Vilas por qué hacían eso. Y me contestó que era "para despistar al enemigo y confundir a la población". En otra oportunidad hubo un gran despliegue de autos, armamento, camiones con comida supuestamente secuestrados a la "subversión". Fue en la Cueva de los Leones, a la salida de Bahía, 15 kilómetros hacia Tornquist. La dictadura sembró el campo con cadáveres y llamaron a los Massot para que "contaran" qué había pasado. El diario, por supuesto, también habló de enfrentamiento. Otro lugar elegido para ese tipo de montaje era el camino La Carrindanga, a unos 2000 metros de la entrada principal del V Cuerpo. Un viejo tambo después utilizado como centro clandestino de detención. Cuando en la década del '80 comenzábamos a investigar aquel genocidio, el relato de un detenido me hizo acordar a las veces que La Nueva Provincia mentía sobre los secuestros y las desapariciones en la zona. Por las terribles condiciones de detención, las mujeres no podían menstruar, y entre la alimentación espantosa y la presión psicológica, era común que los secuestrados tampoco defecaran. Este hombre me contó que un guardia le dio un purgante, y al acompañarlo al baño, salió a un patio después de varias semanas. Su impresión era como si lo estuvieran metiendo en un horno. Era el calor del sol.

–Fuiste fiscal general de Bahía durante mucho tiempo. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que significaba La Nueva Provincia en la región?

–Ocupé la fiscalía entre abril de 1986 y mayo de 2009, y siempre tuve conciencia de la vinculación entre el diario y la Marina, como la mayoría de los habitantes de Bahía. Massot padre era un marino que murió en un accidente de armas, y había ocupado un consulado durante el peronismo, hasta que lo separaron por manejos de dinero bastante confusos. Pero el origen del diario, fundado por Enrique Julio en 1898, es radical. Su línea editorial repudió el golpe de Estado de 1930, hasta que tomó el mando Diana Julio de Massot, y la publicación se corrió al liberalismo económico. Bahía Blanca fue un verdadero bastión del golpe de Estado de 1955, la Marina bombardeó el puente Las Oscuras para que no llegaran las tropas leales, y la empresa hizo sonar una enorme sirena que utiliza para lo que considera grandes acontecimientos. Sus editoriales llamaban a la rebelión de La Libertadora, a desobedecer los principios democráticos. Exactamente como ahora, que estimulan a la violencia y aplauden cada vez que muere alguien en la calle. Ante un asalto, por ejemplo, el mensaje es directo: "Es preferible que al delincuente lo maten antes de ser detenido por un policía corrupto, y después soltado por jueces garantistas liberadores de presos." Hoy, el edificio histórico del diario lo ocupa el Colegio de Abogados, nada menos. Y para la redacción construyeron un verdadero búnker justo al lado, de cemento, inaccesible.

–¿Cómo está la empresa?

–Redujeron mucho la planta, si la comparamos con los años sesenta. En ese tiempo el monopolio era fuerte, con el diario, LU 2 y Cable Total. El nombre del canal estaba bien elegido, por lo totalitario. Se vendían muchos ejemplares cuando no llegaban los diarios de Buenos Aires, pero después, la realidad cambió. Además, el diario de Río Negro comenzó a tener más protagonismo no sólo en Bahía, sino además en Neuquén, Bariloche y la zona del Alto Valle. Es sabido que dentro de la redacción se vive un régimen de oscurantismo terrible en el que nadie se anima a decir lo que piensa, todos hablan en voz baja y nunca se critica nada.

–¿En qué momento La Nueva Provincia aparece mencionado en causas de lesa humanidad por primera vez?

–En la indagatoria que le hicimos a Vilas en 1987, cuando declaró 13 días seguidos. Vilas manifestó con naturalidad el vínculo del Ejército con el diario. Y dijo que eran muy comunes sus reuniones en el barrio Palihue con Juan Ramón Cachero, uno de los periodistas más importantes de la empresa. A esos encuentros también asistían el juez Guillermo Madueño y el camarista Ricardo Rojo, nexo del Ejército con la Cámara Federal. Hay una anécdota que se relaciona con lo que hoy se denominan "zócalos" en televisión. Durante aquellos años, los Massot administraban en la ciudad el Canal 9. En la parte inferior de la pantalla, en lugar de la hora y la temperatura, la familia mostraba un teléfono para que la gente llamara y denunciara a "subversivos", contara dónde los habían visto, y diera datos para ir a secuestrarlos. La anécdota es que muchos se comunicaban por cualquier cosa. Un empresario que quería echar a un empleado, por ejemplo, lo mandaba al frente. Y lo terrible es que ese hombre no aparecía nunca más. Vilas tuvo que armar una especie de "comisión evaluadora", para filtrar llamados y decidir dónde ir y dónde no.

–Bahía Blanca marcó un antecedente importante en la historia de los juicios por causas de lesa humanidad, en tiempos en que los procesos no eran tan comunes como ahora.

–Sí, se puede decir que fuimos los primeros, a pesar de las trabas y los problemas. En 1985 la directiva del alfonsinismo era someter a proceso sólo a las cúpulas militares, pero más allá de eso, ninguna cámara del país hacía nada. Cuando me nombraron fiscal empecé a pedir colaboración en todos lados. La Ley 23.049 establecía que los juicios serían por Cuerpo de Ejército, y tuvimos que organizar la modalidad, porque la región de Bahía se subdividía a su vez en tres subzonas. Reclamé expedientes al Consejo Supremo, que investigaba más a las víctimas que a los represores; pedí datos a jueces federales; exigí que los jueces militares mostraran lo que tenían; y con ese conjunto de cosas solicitamos el abocamiento de la Cámara.

–Y aparece la Ley de Punto Final...

–Claro, pero no nos complicó, porque daba un plazo de dos meses para ponerse en vigencia. Trabajamos a destajo, incluso dentro de la feria judicial, y alcanzamos a citar a todos los implicados. Eso permitió detener a varios militares, como Vilas, (José Luis) Sexton, (Abel) Catuzzi o Bernardino Páez. Lo peor fue la Obediencia Debida, que frenó todo. Por eso planteamos su inconstitucionalidad.

–¿Se hablaba de Massot y de su complicidad con el genocidio?

–Hay que poner las cosas en contexto. Esa colaboración del grupo se respiraba en el ambiente, pero gracias que podíamos juzgar a los militares, a algunos. Considerar las complicidades de la Iglesia, de los civiles y de los empresarios con la dictadura no era tan común como en la actualidad. Uno de los que asistió a mi juramento como fiscal fue el general Dante Caridi. Lo primero que me dijo fue: "Bienvenido doctor, lo felicito. Estamos a disposición, y si necesita algo, cuente con mis colaboradores." Se acercó para cerrar el paquete, para que no hiciéramos ruido con el pasado. "Cómo no, general –le contesté–, vamos a hacer lo que tengamos que hacer." Nunca imaginó que los investigaríamos por genocidas. Los militares estaban tan seguros de que no les pasaría nada, que Vilas, para quedar bien, nos contaba que hacía sumarios a sus cabos y oficiales cada vez que se robaban una carpita de mochilero o una bolsa de papas. Gracias a una bolsa de papas descubrimos la identidad de una de las patotas de secuestradores más importantes de Bahía, que La Nueva Provincia hacía pasar por salvadores de la patria.

–¿Cómo fue el caso?

–Un cabo robó algunas papas en el medio de un secuestro, y un coronel, en un arranque de rectitud, lo sumarió. Firmó una constancia con el nombre del ladrón, pero también con cada uno de los que había integrado la banda. Al investigar el secuestro, dentro de una de las causas, saltaron las identidades de los secuestradores. Para ellos, llevarse un kilo de papas era ilegal, pero estaba bien asesinar, secuestrar y arrastrar a la gente de su casa para torturarla. Pero, volviendo a Massot, y a si se consideraba su papel, también desde lo alto del poder se bajaba línea para limitar los procesos únicamente al generalato, y no tocar nada de ahí para abajo. El mismo (Luis) Moreno Ocampo decía que con solamente 800 casos bastaba para hacer un muestreo de lo hecho por la dictadura. Los Juicios por la Verdad fueron uno de los primeros aportes para que la gente supiera que los militares no habían estado solos en la represión. Allí, por ejemplo, desenmascaramos las listas que Carlos Ruckauf y José Rodríguez, de SMATA, elaboraban con los delegados gremiales de Mercedes Benz que después serían secuestrados.

–Más allá de reivindicar a la dictadura, La Nueva Provincia sigue hoy haciendo una permanente apología del delito. Sin embargo, después de tantos años no hay acciones penales que cuestionen eso. ¿Por qué?

–La impronta de la familia Massot en Bahía es muy fuerte, y romper con ese mandato cultural es casi imposible. No hay intendente de la región que se atreva a quitar la publicidad oficial de los medios del grupo, o limitar el vínculo con el diario. Y por supuesto, ningún juez se anima a ordenar la detención del empresario. Hace pocos días, un ex funcionario radical dijo que el pedido de encarcelamiento de Massot podía discutirse, pero no entendía por qué se lo acusaba a Mario Gabrielli, un "simple empleado". Gabrielli era el editorialista que hacía panegíricos de la tortura y el exterminio, no era un "simple empleado". El tema es que a Massot no se le animan. Y ya algunos empezaron a decir que detenerlo significaría un ataque a la libertad de expresión. Si hasta están intentando que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) proteste con algún comunicado.



Ulpiano, el peor de la clase

Los dos tribunales federales de Bahía Blanca están vacantes. Santiago Ulpiano Martínez, el juez subrogante de la ciudad que se negó a detener a Vicente Massot, a pesar de las pruebas que lo vinculan con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, en realidad no es juez, sino secretario, sin concurso para ejercer la magistratura.

Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, llegó a ese lugar de la mano de Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía destituido durante la fiesta menemista de los noventa, y condenado a prisión por estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de que nunca puso un solo peso. Pero lo que no se puede negar es que el secretario tenga coherencia: hace un tiempo también rechazó guardar entre rejas al ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado de complicidad con los genocidas de la región.

Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, una familia bastante particular. Muy cercano a la línea de Eduardo Tentoni, juez apartado de la causa que salpicaba a la Marina debido a su declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él, caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados que formaba parte de ese club era Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios genocidas. Epoca en la que según él, a razón de 5000 dólares por reo, cobró la mayor cantidad de plata de su vida.

No hace mucho, Ulpiano se presentó para cubrir el cargo de fiscal de Cámara. Su examen oral fue muy bajo. Quedó entre los últimos.

Daniel Enzetti

UN LAVADO DE DINERO IMPUNE

La justicia remitió un pedido a la cancillería para que reclame a la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos información sobre presunto lavado de dinero en cuentas del JP Morgan Chase Bank NA sucursal Buenos Aires y JP Morgan Chase SA. Se trata de la causa en la que el ex ejecutivo de esa entidad bancaria Hernán Arbizu denunció hace cuatro años una serie de operaciones de más de 400 personas físicas y jurídicas que habrían sacado grandes cantidades de dinero desde la Argentina al exterior.

Arbizu reapareció en los medios de comunicación en las últimas horas, a propósito de la denuncia mediática y la causa judicial contra el empresario Lázaro Báez. Fue él quien, en el marco de la crisis financiera de las subprimes, huyó de Estados Unidos (que lo reclama en extradición), se autodenunció en la Argentina y describió operaciones presuntamente irregulares de empresarios y empresas, entre ellas varias vinculadas con el Grupo Clarín.

Pese a los reiterados pedidos de información –en el marco de los tratados internacionales de colaboración contra el lavado de dinero–, el juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la investigación, nunca consiguió respuestas satisfactorias. Por eso resolvió "insistir ante el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que a través de las vías diplomáticas correspondientes se exhorte y urja nuevamente a las autoridades del Departamento de Justicia… el envío de una respuesta concreta vinculada con los informes de clientes y de cuentas radicadas en el JP Morgan". El magistrado reclamó "encarecidamente un trato prioritario y preferencial tanto a la reiteración a las autoridades como en la obtención de la respuesta".

La medida fue dispuesta mucho antes de que estallara la causa originada en las denuncias televisivas del programa Periodismo Para Todos, que conduce el periodista Jorge Lanata. El 14 de marzo pasado, cuando el ciclo televisivo de Canal 13 ni siquiera estaba en el aire, la Cancillería argentina informó al juez que Estados Unidos persistía en su silencio ante los reclamos de cooperación para la investigación sobre presunto lavado denunciado por Arbizu. "El coordinador de Cooperación Internacional en materia penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Dr. Diego Martín Solernó, ante el reclamo de falta de respuesta por parte de las autoridades norteamericanas, informó al tribunal que había procedido a reiterar diplomáticamente la solicitud. Sin embargo, hasta el día de la fecha, de aquella petición no se ha obtenido ningún resultado", explica la fundamentación del nuevo pedido a la Cancillería.

No es cierto que Estados Unidos nunca haya respondido. Pero lo hizo de una forma considerada incompleta e ineficaz para la pesquisa. "El exhorto original tuvo una respuesta por parte de las autoridades del Departamento de Justicia de aquel país que no se compadecía con lo pedido por el juzgado, por lo cual se debió reiterar la diligencia", señala la documentación, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino.

La falta de colaboración del Departamento de Justicia de Washington mantuvo virtualmente paralizado el expediente, ya que –según considera el juez Torres– "la información procedente de las autoridades norteamericanas resulta crucial para la correcta prosecución de la investigación".

No obstante, ante la presunción de que esa ayuda internacional nunca llegará, el juez podría ordenar en las próximas horas medidas para avanzar localmente en el expediente.

Néstor Espósito

MALA INTENCIÓN Y FETICHISMO CONSTITUCIONAL

El jueves pasado miles de personas desfilaron por la Ciudad de Buenos Aires para demostrar su descontento y su rencor con el gobierno nacional. Entre las decenas de consignas difusas, rencorosas, contradictorias, había una que lideraba los reclamos relativamente serios y consistía en un latiguillo como mantra: "La Constitución no se toca". Se trata, claro, de una letanía, de frase arrojada desde el sentido común más engañoso de todos. Pero ¿qué significa que una Constitución no se toca? ¿Qué óleo sagrado impide a un pueblo reformar cuantas veces quiera el pacto político y social de interrelación? ¿Quién redactó el texto constitucional? ¿Jesús, Mahoma? ¿De dónde proviene esa sacralidad conservadora y reaccionaria que asegura que no se pueden reformar los pactos de convivencia?

Lo curioso es que ese mismo día estaba dando una charla en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y para cerrar mis palabras pregunté a los presentes: ¿Quién cree que "la Constitución no se toca"? Para mi sorpresa, la mayoría del auditorio levantó la mano para sostener esa consigna. Y mi extrañeza consistió en que tanto oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la Constitución es un texto sagrado. Eso es, exactamente, hegemonía cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una clase o un sector –de una facción, como les gusta llamar a algunos políticos pseudo progresistas que retoman palabras utilizadas contra Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen, entre otros– son sagrados y deben ser respetados por la totalidad de la sociedad.

Pero en qué se basa ese "sentido común", esa "verdad sagrada", esa intocabilidad de la Constitución Nacional. Sencillo: en el mayor de los engaños, en una operación política magistral por parte del Liberalismo Conservador que nos hace creer a todos los argentinos que la Carta Magna es el producto del consenso, el acuerdo, la puesta en común de la mayoría de los ciudadanos. Y es una absoluta mentira. La Constitución Nacional es el resultado de una imposición militar que un determinado sector impuso a las mayorías. Y a través de la educación –gran aparato ideológico del Estado– y de la prédica de políticos, juristas, intelectuales y publicistas del liberalismo más rancio se ha impuesto como verdad absoluta que "la Constitución es un acto de autodeterminación, un acuerdo de convivencia, un pacto entre iguales, el cúlmine de la reconciliación entre los argentinos". La historia demuestra que no hay nada más alejado de eso.

¿Es la Carta Magna argentina el resultado de un proceso de consenso entre los representantes de la Nación y las provincias o se trata en realidad de una imposición surgida de la batalla de Caseros? Los procesos históricos nunca son lineales, impolutos y perfectos; la mayoría de las veces se ven enturbiados por contradicciones, bajezas, errores y miserias. En la historia de nuestra Constitución Nacional, esos elementos no podían estar ausentes. Sin duda, la Carta Magna de 1853 está escrita con la tinta de los legisladores del Congreso, con la pasión de las ideas de Juan Bautista Alberdi y con la sangre de los rosistas derrotados en la batalla de Caseros. Pero también con el texto de la Constitución estadounidense –en la versión de Manuel García de la Sena, acusada de pésima traducción por el historiador José María Rosa– que sirvió de modelo para nuestro país. La Constitución de la Nación no fue el resultado de un consenso democrático pleno y plural. Sin embargo, fue un hito fundamental en la profundización de la calidad institucional del país.

Es hija del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852, en esa ciudad. En esa oportunidad se reunieron Justo José de Urquiza –el vencedor de la batalla de Caseros– y los gobernadores de 13 provincias, y determinaron que: se convocaría a un Congreso General Constituyente para el mes de agosto de ese año para sancionar una Constitución, que la elección de diputados se realizaría de la misma forma en que se elegían las legislaturas provinciales, que todas las provincias acercaban el mismo número de diputados –se desechaba la forma de representación proporcional a la población–, que el Congreso se realizaría en la ciudad de Santa Fe, y por último que Urquiza sería el Director Provisorio de la Confederación Argentina. Es decir, los constituyentes no fueron elegidos por el sufragio libre de los ciudadanos, cosa que no ocurría muy a menudo para ser justos.

Posteriormente, la provincia de Buenos Aires rechazó el Acuerdo y protagonizó la revolución del 11 de septiembre de 1852 por la cual se separó de la Confederación Argentina. Las principales críticas al Tratado fueron la elección de Urquiza como virtual presidente, la elección de Santa Fe como sede y no Buenos Aires y la cuestión de la representatividad, ya que con el sistema proporcional, la ciudad puerto habría tenido casi el mismo número de diputados que la totalidad de las provincias.

Parte del acuerdo comenzó a cumplirse en agosto de ese año, cuando los legisladores iniciaron los arreglos en la ciudad de Santa Fe. Presididas por Domingo Crespo, gobernador de la provincia anfitriona, en ausencia de Urquiza, inauguró las sesiones oficiales el 20 de noviembre con estas palabras: "Augustos diputados de la Nación. Saludo en vosotros a la Nación Argentina con toda la emoción con que es capaz mi alma. El deseo de muchos años se cumple en este día: los gobiernos del litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde 1831." Lo escuchaban atentamente todos los representantes, excepto los dos de Buenos Aires, que se habían retirado por el conflicto de secesión. Había entre ellos, federales doctrinarios, liberales y unitarios. Pero no había federales rosistas. Es más, habían sido claramente marginados de la convención constituyente.

El libro Las Bases, como se lo conoce, está formado por 36 capítulos y un proyecto de Constitución al final de la obra. Como explica el propio Alberdi, lo escribió en abril de 1852 para que sea tomado como ejemplo por los constituyentes: "Es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera... Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso; es la obra de las cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley."

En su texto, Alberdi compara el derecho constitucional sudamericano con las constituciones de la época, como la californiana, a la que pone como ejemplo de su punto de vista constitucional. Plantea, además, una solución para la cultura política del continente. Ni monarquía ni parlamentarismo con líderes débiles: las naciones latinoamericanas necesitan un presidente fuerte.

La idea de Alberdi consistía en construir una nación de 50 millones de personas, producto de la inmigración europea atraída por las garantías que ofrecía la nueva Constitución a la propiedad privada, la libertad de movimiento, la tolerancia religiosa y cultural, y un reparto generoso de tierras.

Y también zanja la cuestión federal: "Una provincia en sí es la impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir, pequeño, obscuro, miserable, provincial, en fin, aunque la provincia se apellide Estado. Sólo es grande lo que es nacional o federal." Por esa razón, propone lo que él llama un "federalismo atenuado”.

La Convención encargó a una comisión integrada por Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré la redacción del proyecto de la Constitución Nacional. El debate fue arduo y áspero y los puntos más difíciles: la relación entre Buenos Aires y las provincias, y la separación de la Iglesia del Estado. Finalmente, el 20 de abril de 1853 el Proyecto fue girado al Congreso Constituyente para que, en lo que se conoce como las Diez Noches Históricas, se debatiera, se aprobara y se sancionara la Constitución de la República Argentina. Como usted podrá darse cuenta, estimado lector, en los próximos días, usted podrá ir viviendo día a día de qué manera se gestó hace exactamente 160 años nuestra Carta Magna.

¿Fue un proceso perfecto y luminoso? ¿Sin "vencedores ni vencidos"? Evidentemente no. La exclusión de los viejos federales rosistas y el enfrentamiento armado que se desencadenó con Buenos Aires demuestran que las constituciones son más el resultado de procesos políticos y militares que de Grandes Acuerdos Nacionales. Así lo demuestran, también, las reformas de 1860, 1866 y 1880, que son hijas de las victorias militares de Cepeda, Pavón –obtenida por el mitrismo porteño contra las provincias– y del aplastamiento de la sublevación de Carlos Tejedor que concluyó con la federalización por la fuerza de la ciudad de Buenos Aires.

La historia constitucional del siglo XX fue más triste aun, ya que estuvo plagada de autoritarismos, de imposiciones militares, de desmanejos de la Carta Magna por parte de las dictaduras de turno. El inicio de la desventura fue la sanción de la Constitución Nacional del 1949, cuando en pleno proceso del primer gobierno peronista una mayoría abrumadora del pueblo votó a una asamblea constituyente para que incluyera los derechos sociales de la niñez, la ancianidad y los trabajadores entre otros tópicos que incluían, claro, la reelección presidencial.

Desde los aspectos formales e incluso estructurales, esa Constitución, creada por Arturo Sampay, fue un hito democrático aun cuando el radicalismo intentó quitarle legitimidad no participando de las sesiones de la Constituyente. Como se sabe, la Carta Magna sancionada en 1949 fue abolida con decreto facto por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y, en 1957, una Constituyente que excluyó al peronismo, y que fue deslegitimada por la ausencia de la UCR Intransigente repuso con las reformas del artículo 14 bis, la Constitución de 1853. Una vergüenza desde todo punto de vista jurídico y político. Para que quede claro: la del '49, votada democráticamente por las mayorías, fue suprimida por un golpe de Estado criminal como el de la autodenominada "Revolución Libertadora".

Con las dictaduras de 1966 y de 1976 no le fue demasiado bien a la Constitución Nacional. Juan Carlos Onganía sancionó por decreto un Estatuto de la Revolución Argentina, y Alejandro Lanusse en 1972 reformó a su antojo el sistema electoral previsto por la Constitución Nacional para impedir que el peronismo regresara al poder por la vía democrática. La dictadura de Jorge Rafael Videla y los suyos dejó sin efecto, incluso, la constitución sancionada por la dictadura aramburista.

En los albores de la democracia, el presidente democrático Raúl Alfonsín decidió, finalmente, poner en funcionamiento la Constitución Nacional reformada por la dictadura de Aramburu y Rojas e intentó reformarla en 1987 –también quiso buscar su reelección– pero no se lo permitió el apoyo popular que comenzó a serle esquivo desde la crisis del Plan Primavera. Finalmente, en 1994, se produjo –después de las de 1949– la única reforma democrática de la CN de 1853. Se la realizó tras un contubernio radical-peronista en el que los referentes fueron el propio Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem.

La historia de nuestra Constitución demuestra que una Carta Magna es más producto de una imposición de una facción por otra que del consenso. Esto seguramente lo saben Jorge Yoma, Elisa Carrió, Mauricio Macri, y se hacen los distraídos. Porque es preferible que sean hipócritas antes que ignorantes. Es el resultado de la voluntad de un sector de la sociedad argentina –el Liberalismo Conservador– de someter a los vencidos a las propias reglas de juego del vencedor. Uno puede celebrar muchas virtudes que tiene nuestra Carta Magna –que de hecho tiene muchas–, pero no puede desconocer que es el resultado de la violencia y la sangre de millones de argentinos que fueron sometidos en los golpes de Estado de 1852-1955, las batallas de 1860-80 y las dictaduras militares de 1966 y 1976.

Seguramente, el kirchnerismo no reformará la CN en los próximos dos años. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de dos cosas: 1) que quienes agitan la infalibilidad sacra y la perennidad de la Carta Magna están defendiendo –por complicidad o ignorancia– los pilares del Liberalismo Conservador en la Argentina; 2) Que las mayorías nos merecemos alguna vez en la historia de nuestro país una Constitución verdaderamente democrática por su contenido y por su forma. No comprender el contenido histórico e ideológico de nuestra Carta Magna es puro fetichismo constitucional. O mala intención, claro.

Hernán Brienza

CLAROSCUROS JUDICIALES

En contraste con la saludable iniciativa que el Poder Ejecutivo denomina de democratización de la Justicia, el oficialismo nacional y el de dos provincias, promueven la destitución de jueces y funcionarios que superan con creces el test de legitimidad democrática, mientras no avanzan los procedimientos contra otros que son emblema de los vicios y complicidades que se deberían desterrar.


.I

La destitución del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias y del defensor oficial ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil Julián Axat, ambos de La Plata, es promovida por un grupo de legisladores para quienes las órdenes del ministro Ricardo Casal son deseos, como su ex Subsecretario de Relaciones Económicas con la Policía, Guido Lorenzino, quien no tiene parentesco con el honorable ministro de Economía de la Nación.

Afirman que ambos actuaron en la causa de los muertos durante la inundación por fuera de su competencia, lo cual no es cierto. Axat realizó la presentación luego de recibir llamados sobre menores desaparecidos o muertos durante el desastre y de recorrer las zonas afectadas, donde distintos testigos le dijeron haber visto bebés y niños arrastrados por el agua. Como no han sido cubiertos los cargos creados por ley de Defensor provincial de Niños y de Defensor Público en lo contencioso sobre derechos económicos, sociales y culturales, debe actuar un defensor penal. La ley 14442 lo pone a salvo de “influencias o presiones de las autoridades”, para procurar que se cumpla para sus defendidos con los tratados de protección a los derechos humanos, la Constitución y las leyes. La competencia contencioso administrativa está fijada por el artículo 4º de la ley provincial 14.214 de hábeas data, cuando se trata como en este caso de averiguar datos en registros y archivos.

Por orden del ministro Casal, Axat y Arias no pudieron ingresar a la morgue, lo cual reforzó su curiosidad. Así comenzaron a encontrar cuerpos de personas muertas como consecuencia del temporal, que eran computadas como casos no traumáticos y excluidas del listado.

Dos declaraciones bajo reserva de identidad, una ante el fiscal Juan Condomí, del Opus Dei y La Cámpora (sic), y otra ante una instructora de la oficina de denuncias penales, indican que entre la morgue judicial y el Registro de las Personas, ambos dependientes de Casal, se acordó una operatoria ilegítima para ocultar el número de víctimas. Un médico de la morgue narró que se alteraron los protocolos establecidos, de modo que las víctimas pasaran a identificarse por un número y no con la carátula correspondiente a una investigación penal. Un abogado del Registro provincial de las Personas narró que su directora, Natalia Panella, ordenó que las defunciones traumáticas se inscribieran sin la intervención judicial que marca la ley y sin tomar las huellas digitales de aquellos no identificados. Médico y abogado, que no se conocen entre sí y trabajan en dos lugares distintos, coincidieron que en la morgue había sesenta cadáveres. Otro testimonio mencionó un alto número de cuerpos que se hallarían en el hospital naval, cosa que hasta el cierre de esta nota nadie había verificado o desmentido. Con los procedimientos descriptos, es posible la rotación de cadáveres en los mismos sesenta casilleros numerados, mientras se sepultan o creman otros, lo cual tornaría imposible determinar el número real de víctimas. La hostilidad del gobierno provincial hacia el juez y el defensor no es nueva. Axat y Arias denunciaron que la policía provincial extorsiona a jóvenes y si no roban para ellos los matan.

Como abogado del estudio de Héctor Granillo Fernández, Condomí defendió hace una década en una causa penal al ahora intendente viajero Pablo Bruera, quien fue sobreseído por el juez Guillermo Atencio, el mismo al que ahora acudió Casal para que desplazara a Arias. Sobre Atencio penden tres juries de enjuiciamiento, el último por un allanamiento irregular a la casa de la ex pareja del Secretario de Fiscalía Leandro Rubio, que litigaba por alimentos, del que también participó Condomí. Aquí también, la familia judicial.


.II

Al mismo tiempo, en Mendoza, se inició el proceso de destitución contra el juez de Menores Ramón Pérez Pesce, por haber concedido “un inusitada cantidad de hábeas corpus preventivos”, en favor de “jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada”. En una comisaría de San Rafael todos los detenidos por “averiguación de identidad” eran albañiles, changarines o desocupados, y ningún profesional. Esto demuestra “la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales, y el alto nivel de discriminación”. La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y una serie de organismos defensores de los derechos humanos sostienen que el desplazamiento del juez constituiría “una muestra más de un Poder Judicial subordinado a los intereses de minorías corporativas”.


.III

La misma amenaza pende sobre el juez federal Daniel Rafecas, en este caso por los mensajes que intercambió con el abogado de José Núñez Carmona, Nachito Ignacio Danuzzo Iturraspe. Esa imprudencia merece una sanción disciplinaria, pero no la destitución. El procedimiento fue impulsado por el oficialismo y apoyado por la UCR, que no perdona la rigurosa instrucción del juez en la causa contra el ex presidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado. Desde la Procuración General, Rafecas coordinó hace una década la comisión de fiscales que comprobó cien procedimientos policiales fraguados. Gracias a ese trabajo fueron dados de baja 150 jefes, oficiales y suboficiales de la Policía Federal y se desterró esa práctica vil de maquillar estadísticas deteniendo sin causa a personas vulnerables. Parte de esa experiencia fue volcada en su tesis doctoral “La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos”. Juez desde 2004, es el que mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad. En el Cuerpo de Ejército I relevó más de veinte centros clandestinos por los cuales pasaron 1200 víctimas y detuvo a un centenar y medio de represores. La semana pasada arrestó al ex jefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, absuelto en el juicio de 1985, en cuyo domicilio secuestró actas secretas de la Junta Militar y material de Inteligencia. Entre sus líneas actuales de investigación está el secuestro de empresarios que fueron torturados en Campo de Mayo para despojarlos de sus bienes. También procesó al jefe y subjefe de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo, por el espionaje político que fue denunciado por un funcionario de la Inteligencia naval en 2006. En 2010 logró la recuperación pacífica del intrusado Club Albariños, y detuvo, procesó y envió a juicio oral a nueve responsables del delito. Rafecas es uno de los asistentes a los encuentros de Justicia Legítima.



.IV

Al mismo tiempo, sigue en funciones el juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi, cuyo juicio político fue solicitado como consecuencia de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra. José Pedraza, el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, el agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid fueron procesados por digitar el sorteo de modo que la causa recayera en la sala que presidía Riggi, de modo de conseguir la libertad de los miembros de la patota e impedir el arresto de Pedraza, que aún estaba en libertad. Aráoz fue relator de Riggi hace más de veinte años en el fuero penal económico y su primer acto como juez federal subrogante fue nombrar como secretaria a Laura Riggi, la hija de su protector. Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. El viernes 19 se anunciará el fallo por el asesinato de Ferreyra, mientras el juez que estuvo a punto de impedirlo sigue en funciones.

Horacio Verbitsky

Luis María Cabral preside la Asociación de Magistrados. En ese carácter opinó que la reforma judicial que impulsa el gobierno es inconstitucional porque se propone “eliminar el sistema de un poder que controla la legitimidad de los actos de los otros poderes”, cosa que no se desprende de ninguno de los proyectos oficiales. Cabral es juez subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal, donde fue designado con un procedimiento escandaloso, emblemático de los que han sumido a la Justicia en el descrédito y abierto espacio para las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo: sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias, según denunció el fiscal general Jorge Auat, quien lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum. Pero la Cámara lo confirmó luego de un áspero proceso de discusión interna, del que Cabral participó en defensa de sí mismo, en vez de excusarse, como es de estilo. Las posiciones se dividieron, cinco a cinco, dado que Cabral opinó pero no llegó a tanto como votar. Sin embargo, él fue quien propuso la salida que se adoptó: que se rechazara el planteo pero se limitara su subrogancia al primer semestre de 2013 y se diluyera el caso con una acordada que también tocara otros casos por completo distintos. “De otro modo, me estarían echando por la puerta trasera”, dijo, en un diálogo de extrema franqueza corporativa. Sólo el juez Alejandro Slokar mantuvo su posición adversa y se pronunció por la conclusión inmediata de la subrogancia ilegal de Cabral. Auat y Slokar integran Justicia Legítima.

Horacio Verbitsky

JUSTICA POPULAR O CORPORATIVA

Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.

Luis Bruschtein

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JUECES Y FISCALES POR + DEMOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL

LOS DERECHOS ORIGINARIOS

Después de postergar su aprobación el año pasado, el Congreso retomó la actividad en torno a la reforma de los Códigos Civil y Comercial. En ese contexto, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo) presentó ayer en el Senado sus propuestas para modificar el proyecto elaborado por la comisión de juristas encabezada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

La presentación del Enotpo, una de las entidades más representativas de los pueblos originarios, contó con la participación del jurista español Baltasar Garzón, quien respaldó el documento consensuado entre más de 40 organizaciones que representan a 27 pueblos y más de mil comunidades en todo el país. El texto se divide en ocho ejes y propone modificar una veintena de artículos del nuevo Código Civil y Comercial.

“Nuestro primer paso es decir sí a la reforma porque es un código de 140 años hecho a puertas cerradas, pensado desde la discriminación y con un pensamiento individualista, el pensamiento de los que gobernaban: Mitre, Sarmiento y Roca”, explica a Página/12 uno de los integrantes del Enotpo, que trabajará con los legisladores para convencerlos de sus modificaciones.

El edificio anexo de la Cámara Alta contaba ayer con la presencia de múltiples representantes de los pueblos originarios, el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, la senadora del peronismo disidente salteño Sonia Escudero y el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita. “Han manifestado sus reivindicaciones en un documento suscripto por 40 organizaciones donde establecen la reivindicación sobre la tierra y sus derechos colectivos y su desacuerdo con algunas decisiones judiciales y la queja de la falta de atención de un sector judicial a sus demandas”, aseguró Baltasar Garzón, que fue invitado en su calidad de miembro del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de la Unesco.

Los ejes de la presentación del Enotpo son el derecho indígena, el derecho colectivo, el derecho a la preexistencia, el carácter de la personalidad jurídica de los pueblos originarios, el territorio, la posesión y la propiedad comunitaria indígena y por último la consulta y participación.

Los referentes de la entidad hicieron particular énfasis en la necesidad de no considerar a los pueblos como sujetos de derecho privado. “La personería de las comunidades tiene reconocimiento de la Constitución de 1994, la cual le otorga carácter público no estatal, como estructura institucional propia, de carácter político económico, cultural y social”, explica el proyecto del Enotpo. Hasta ahora, la Iglesia Católica es la única institución reconocida como persona jurídica de carácter público no estatal, mientras que el resto son de carácter privado como las mutuales, cooperativas y asociaciones.

Otro punto central es el vinculado con la incorporación de un proceso de consulta libre, previo e informado sobre cuestiones territoriales, basado en el Derecho a la Consulta fijado en la Constitución Nacional, en las disposiciones de Naciones Unidas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El proyecto aclara que el consentimiento libre previo e informado consiste en “la manifestación colectiva de los pueblos originarios a decidir acerca de la utilización, administración y conservación de los bienes y recursos naturales en territorio indígena”. Desde esa óptica, plantean que el territorio sea contemplado en el Código como parte de la vida indígena, abarcando tanto la tierra como el agua y los recursos naturales, en una cosmovisión mucho más amplia que la actual.

Sebastian Abrevaya

¡¡¡Fuerza Cumpa, Carajo.... (unidad, lucha, batalla y victoria)!!!

“Tango 01. El martes pasado, no bien me avisaron lo de Hugo, decidí viajar de inmediato a Caracas. Florencia me acompaña. No podía esperar, infinita tristeza: nuestro compañero, el amigo de Argentina, había emprendido la partida. Al menos, eso creí. Llama Evo, pregunta cuándo viajo: ¡ya! Le noto la voz muy triste. Llama Pepe, pregunta si vamos juntos. Claro. Viene con su compañera Lucía. ”Llegamos miércoles a la madrugada. Elías Jaua, canciller venezolano, me avisa que a las 11, saldrá el cortejo desde el hospital rumbo a la Academia Militar, a la que piensan arribar a las 16. SU ACADEMIA.

Allí donde cenamos en la Cumbre de países africanos y la Celac. El acto protocolar para presidentes será el viernes. Le aviso que en esta ocasión lo mío no es protocolar y me iré el jueves. ”No vine a despedir a un presidente, sino a un compañero y un amigo. El mejor amigo que tuvo la Argentina cuando todos le soltaron la mano. Le guste a quien le guste. Pepe me dijo en el avión, cuando viajábamos, que no recordaba en la historia un gobernante tan generoso. ”Miércoles al mediodía. Veo a Evo acompañando a Hugo, Nicolás y todo el gobierno en medio de una marea roja y tricolor. ¡Cómo me gustaría estar ahí! No puedo: el calor, la hipotensión crónica y el médico me lo prohíben. ”No aguanto más en el hotel, voy a esperarlo a la Academia. Luego de horas finalmente llega. En la entrada un tumulto indescriptible.

Pido permiso a los soldados y subimos con mi hija a un banco de madera para verlo llegar. Cuánto dolor. Siento que me alcanzan otros momentos. Cuando hacemos con Evo, Pepe y Lucía la primera Guardia de Honor del féretro, no lo miro. Sólo quiero recordarlo vivo. Porque está vivo. ”Lo compruebo definitivamente el jueves por la mañana. Cuando miles y miles comienzan a acercarse a la capilla ardiente. Niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, discapacitados, soldados, trabajadores, médicos, docentes, familias.

SU VENEZUELA. Algunos lo lloran, lo saludan, muchos se cuadran, gritan que nunca morirá. Estoy allí, frente a ellos, me saludan con el puño en el corazón o con un beso, me llaman por mi nombre, me extienden su mano. No se necesita más para entenderse, hay un código en común.

”Hombres como Chávez no mueren nunca. Vive y vivirá en cada venezolano y venezolana que dejó de ser invisible y se tornó protagonista. Este hombre les abrió la cabeza. Ya nadie se las podrá cerrar, jamás. ”Antes de partir me acerco y sin mirarlo toco la bandera que está sobre el féretro. Me despido, por ahora. Nicolás Maduro y Cilia, su mujer, me acompañan hasta la puerta de la Academia. Miles y miles de hombres y mujeres que saludan. Otra vez la marea roja y tricolor que grita. ¡Queremos ver a Chávez!, repiten una y otra vez. ¿No les dije? Chávez está Vivo. Para siempre.” (gracias Compañera Cristina por tu relato,los Presidentes de América Latina se parecen a sus pueblos,y por eso sienten y hablan como el pueblo siente y dice: Porque ustedes son nuestros compañeros de militancia por la vida, son lo mejor de nosotros.

Hasta la Victoria,Siempre...

CHÁVEZ, PEDAGOGÍA VIVIENTE

Le gustaba jugar con los grandes nombres de la historia. Fue capaz de sacar a Bolívar de su efigie escolar, con calmas rememoraciones administradas por el Estado, para convertirlo en lo que fue su “moderno príncipe”, para él, para millones de venezolanos, y para todos quienes seguimos su trayectoria con simpatía y que recibimos con tristeza su momento agónico. Revivió leyendas, retomó historias perdidas que tenían libretos opacos o profesorales, y expuso de nuevo los nudos del pasado con otros énfasis y otra voz. Golpea ahora con un repentino estrépito saber que no volveremos a escuchar esas frases que tenían remotos énfasis de cuarteles, pero infinitamente entreveradas con el asombro ante un mundo intelectual que brindaba palabras inesperadas, a la vez nunca desprendidas de una alegre rimbombancia con cadencia de bolero. Se lo podía escuchar citando a Gramsci con un candor de estudiante y luego percibir que sin abandonar las napas profundas del habla popular caribeña, dejaba saber que hacía flotar sobre la contemporaneidad venezolana la antigua palabra socialismo.

La vestía nuevamente, le daba una y otra vez aspectos cambiantes que ni resignaban cierto aire evangélico ni el uso de la lengua bañada de un gracioso desafío –admirablemente divertida–, como cuando se refería a los dueños del poder mundial con desenfadados exorcizos. No es fácil decir en este momento, absortos por este brusco manotazo con que los caprichos de la historia nos anotician de nuestra absurda fragilidad, qué lugar le dejamos a la zozobra pública, aunque no ha de ser la del culto resignado, sino el de la pregunta por el carácter que irá adquiriendo su legado. Chávez escribió el capítulo donde su mensaje se presentaba siempre amigo de las grandes celebraciones épicas; tendrá su nombre asociado a ellas. No se privó de abrir el ataúd de Bolívar para buscar explicaciones señeras, pues las que había le aparecían bajo señales que consideraba falsas. Quizás un cristianismo que no había perdido su dramatismo originario podía inspirarle un horizonte escénico donde lo que se escuchaban no eran plegarias pueriles, sino una vibración extraña y contundente, cual era la de las masas populares que cargaban, en otros idiomas y con otros conjuros, solicitaciones políticas que grandes líderes de las izquierdas mundiales habían ya pronunciado. Sin habérselo propuesto, o a lo menos, nunca lo dijo así, encarnó con su idioma no militarista, aunque sí de una juvenilia militar, la reconciliación de Bolívar con Marx.

Un ocurrente collage presidía sus discursos extensos, y él mismo era el fruto de una pedagogía donde reinaban, como en los mitos vivientes de la política, la inagotable recomposición de piezas arcaicas, memorias independentistas del siglo XIX e insondables desafíos de este siglo que exigía descifrar con inteligencia suprema un nuevo rompecabezas. Chávez pudo ser desdeñado por quienes pensaban que la política son trazados conservadores, primero, y una división de trabajo entre economistas y políticos timoratos, después. Ni aceptó ver la historia bajo su luz conservadora –al contrario, la vio como fuente permanente de inquietudes– ni aceptó ninguna división conceptual entre economía y política. A su manera, mientras citaba a figuras de la cultura popular venezolana como el cantante Alí Primera, escribió las líneas latinoamericanas primerizas de una nueva crítica de la economía política. No fue jeque petrolero, coronel fragotista o conspirador profesional. Pensó el petróleo con frases de Oscar Varsasky, el profesor argentino que innovó en el pensamiento tecnológico y Chávez escuchó como aprendiz avanzado, y pensó las frases sobre la cuestión intelectual que había escuchado en las clases que había tomado sobre la obra gramsciana, casi como un ingeniero de petróleo.

Ni nos será alcanzable la posibilidad de ignorar esta ausencia que duele, ni nos será inapropiado mantener una serena preocupación que también nos inspire para mantener esta vibración promesante que exige la prosecución de los procesos democráticos que escapan de las rutinas preestablecidas, no para vulnerar instituciones, sino para renovarlas bajo nuevas sensibilidades colectivas. Chávez fue un demócrata cabal. De ahí su condición polémica. Como se lo veía siempre ante un abismo, y no poco contribuía a ello su constante desafío a los poderes mundiales, sostenido en su amotinada ínfula oratoria –esta sí, verdaderamente heredada de las menciones del propio Bolívar sobre su ensueño al subir al Chimborazo–, fue blanco persistente de una cosmovisión política fatigada o caduca, que lo veía peligroso, fuera de cuajo. Chávez gozaba con su interesante intuición teatral, en esos momentos en que aparecía envuelto en polémicas y altercados, que enfrentaba como un dotado comediante de plaza pública. No autócrata. No tapando los poros de la sociedad. No envolviéndolo todo con su nombre. Al contrario, su nombre era un gran juego panteítico. Se cansó de dar, tomar, devolver e invocar nombres ajenos. Tomó muchos de la Argentina. Los libros que citaba, incesantes citas, por cierto, los convertía en “libros vivientes”, como decía también su reverenciado Gramsci, el encarcelado italiano que había escrito unas pocas líneas sobre Argentina y ninguna sobre Venezuela.

Chávez ha muerto. Interpeló a muchos poco, a otros nada y a muchos mucho. La política es muchas cosas, pero también una interpelación silenciosa sobre la muerte. Quizá no se notaba en su estilo proclamativo, en su activismo, que no se permitía menos que altisonancias fundadas en floridos fraseos. Pero si algunos pudieron disgustarse o hasta manifestar con sigilos ominosos alguna alegría por su enfermedad, harían bien en reparar en que actuó como un gran personaje trágico. Indicó a su sucesor con una dying voice, la voz moribunda de los grandes momentos funestos de la literatura. Ahora esperamos que su legado, como todo gran legado, sepa que en el combate hay porciones rituales necesarias, pero siempre abriéndose a los temas renovados, a la severa vida que sigue, y que reclama fidelidades no de rutina sino abiertas a lo que aun no conocemos, abiertas también al “o inventamos o erramos” de Simón Rodríguez, otro de los maestros errantes que inspiraron su latinoamericanismo de pedagogo popular.

Horacio González

JUSTICIA LEGÍTIMA

Alrededor de un millar de personas se dieron cita ayer en la Biblioteca Nacional en la jornada inaugural de la convocatoria por una Justicia Legítima, con un fuerte cuestionamiento y denuncia hacia la postura "corporativa" de un sector del Poder Judicial...

No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo.

El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario.

Se llenaron el hall, el café, la explanada.

El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”.

Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica”.

“No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.

–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.

“justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.

La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó.

Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.

La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz.

El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.

La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.

Hoy siguió el encuentro con 4 talleres de los que surjieron propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.

Irina Hauser

JUSTICIA EN GRAGEAS

Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.

Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.

Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.


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Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.

Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.

La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.

En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.



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Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.

A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.



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Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.


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Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.

Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.

Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.

En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.



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Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.



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A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.

Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?

Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.

Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.

Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.

Mario Wainfeld