martes, 7 de noviembre de 2017

GARAVANO: El Ministro TUERTO







El ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó como “legal” la detención de Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito, a pesar de que el ex vicepresidente ni siquiera fue procesado en la causa y que, incluso, su indagatoria fue llevada a cabo una vez que fue detenido.

El ministro rechazó que el exvicepresidente atraviese esta situación por el solo hecho de haber integrado el gobierno anterior, aunque se excusó de analizar el fallo judicial que lo llevó a prisión, al considerar que no le corresponde. “Es una detención legal”, insistió el funcionario nacional.

En diálogo por radio La Red, Garavano dijo que la legalidad de la detención de Boudou es independiente de "la difusión de las imágenes” de su arresto, y aseguró que “el juez y el Ministerio de Seguridad están investigando" cómo trascendieron las imágenes. "Las fuerzas de seguridad y la Justicia lo deben evitar”, sostuvo.

En cuanto a la presencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en los denominados Paradise Papers, Garavano dijo que "la información que tenemos es parcial" y que, por lo que trascendió a través de la prensa se trata de "actividades previas a la función" pública.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió este fin de semana una nueva filtración de sociedades offshore creadas con el estudio de abogados Appleby en las que aparecen Caputo y también el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como director de una sociedad offshore radicada en Barbados que se benefició con más de 150 millones de dólares por la compra de gasoil por parte del Estado argentino en los últimos dos años.











lunes, 6 de noviembre de 2017

Condenaron a 4 años de prisión a Luís D'Elía







El Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años de prisión al ex funcionario y titular del partido Miles, Luís D’Elía, por la protesta en la comisaría de La Boca en 2004 para denunciar la complicidad policial con el asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros. Seguirá en libertad hasta que quede firme la sentencia.


Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron al ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social Luis D'Elía por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Recibió una pena de cuatro años de prisión, que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas.

Minutos antes de que se leyera la sentencia, el titular del partido MILES denunció que estaba siendo juzgado "a expreso pedido" del presidente Mauricio Macri y advirtió que, si tenía que ir preso, lo haría "con orgullo y dignidad", "Si tengo que ir a la cárcel 4 años y 8 meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara", añadió en sus últimas palabras ante el tribunal.

Al ex funcionario y dirigente social se lo juzga por la toma de la comisaría 24, a raíz de una pueblada que pedía justicia por el asesinato de Martín “El Oso" Cisneros, un militante barrial cercano a D’Elía. El artífice del crimen fue el narcotraficante Juan Carlos Duarte, quien había sido denunciado en varias oportunidades y que según los referentes barriales actuó luego de que la policía liberara la zona.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos están prescriptos y no corresponde ningún tipo de pena. El tribunal rechazó todos estos planteos, aunque los argumentos serán leídos recién el 5 de diciembre.

D’Elía, por su parte, argumentó que junto a militantes de la Federación Tierra y Vivienda no tomaron la comisaría, sino que los policías abandonaron el edificio ante la protesta vecinal. Hoy, al hablar ante el Tribunal, el ex funcionario destacó que volvería a hacer lo mismo si "narcopolicías" cometieran un crimen igual. "Se busca castigar la protesta social, soy un símbolo de la resistencia de los 90 y este juicio está hecho a expreso pedido de Macri, al sólo efecto de ponerme preso a mi", dijo a los jueces en sus últimas palabras.

Tras la sentencia, el ex funcionario nacional y actual dirigente del partido Miles, Luis D’Elía, ya anticipó que apelará la condena porque denunció que fue “todo un circo armado” desde el Poder Ejecutivo. “Mauricio Macri me condenó para poder implementar su plan de muerte, porque necesita meter miedo”, advirtió en referencia a las futuras reformas previsional y laboral. “Lo hace para que volvamos a ver la película que ya vimos en los 90”, añadió.

El dirigente social, que hoy fue sentenciado a cuatro años de prisión con una inhabilitación a ejercer cargos públicos por ocho años, enmarcó el fallo de los jueces Panelo, Martínez Sobrino y Canero en la embestida del Poder Judicial contra ex funcionarios de la gestión anterior. “Estás usando el Poder Judicial como fuerza de choque del Poder Ejecutivo", denunció el dirigente social. “Este no es un problema solamente mío, porque es de todos los opositores que integran su lista negra”, añadió.

Su abogado defensor, Adrían Albor, también advirtió que el fallo representa “una manito del Poder Judicial a Macri”, en momentos en que “necesitaba una mano dura contra la protesta social”. “Es una parodia, buscaban condenarlo”, subrayó el abogado. “Si vamos a buscar justicia en el Poder Judicial estamos al horno, con suerte podemos aspirar a que se aplique la ley, más no”, agregó.

D’Elía afirmó que recurrirán la sentencia porque lo “condenaron sin ningún fundamento”, a pesar de que quienes estuvieron aquella tarde en la comisaría de la Boca “saben que yo trabajé para que el conflicto terminara y para que se relajaran los ánimos”.

“A Macri le decimos claramente que no hay condena que nos pare ni nos saque del camino”, aseguró, y exhortó a todo el arco opositor y a los trabajadores sindicalizados a defender la democracia y "un país vivible, un país para todos”: "Viva Néstor y viva Cristina", concluyó.









domingo, 5 de noviembre de 2017

Presos políticos





¿Quién conoce algún dirigente opositor preso durante el régimen autoritario y populista, anterior a la recuperación de la sagrada república? No los hubo. Difícil de explicar por el alto promedio moral en la cúpula de los partidos que entonces eran oposición y alguno de los cuales forman hoy parte del gobierno. Causas contra algunos de ellos no es lo que falta; la diferencia de velocidad y de orientación con las que las trata la “justicia”, comparadas con las que se dirigen hoy contra los ex funcionarios kirchneristas es enorme. Es decir, hoy en la Argentina hay presos políticos. En la Argentina no asistimos al tránsito normal de la alternancia en el ejercicio del gobierno. Es un cambio de régimen.

La literatura politológica ortodoxa y formalista del neoliberalismo no autorizaría el anterior enunciado: en la Argentina no se ha modificado drásticamente el sistema institucional ni se han establecido leyes de excepción ni están formalmente suprimidas o afectadas las libertades públicas e individuales. Sin embargo, la misma politología fantasmal se usaba para fundar el llanto por la república perdida en tiempos en que el noventa por ciento de la palabra circulante en el país estaba en manos de grupos poderosos y furibundos antagonistas del gobierno, que no se privaban de nada en su política desestabilizadora; “periodismo de guerra” lo definió uno de sus periodistas. Todo el sonsonete del debilitamiento de la división de poderes, la confusión del partido con el Estado y el pathos autoritario de los gobiernos anteriores devino hoy en una exaltación de la fuerte voluntad del actual gobierno por terminar con la corrupción y el autoritarismo, no importa a qué costo. No faltan en este coro infernal voces de intelectuales que presumen de compromisos con las causas populares y construyen una descripción increíblemente complaciente del gobierno y del presidente, atribuyéndole a éste dotes de gran estadista y proclamándolo como un gran hombre de Estado, mientras sostienen que el único lugar habitable para los que defienden el rumbo de los gobiernos anteriores es la autocrítica.

Los presos políticos no son producto de decisiones formales del Poder Ejecutivo, como era habitual en los tiempos de los gobiernos militares y los “democráticos” de minoría y basados sobre la proscripción. El mecanismo actual evolucionó –como corresponde a una derecha moderna y democrática– hacia un automatismo autoritario: a los enemigos del gobierno los bombardean los medios, los estigmatizan los funcionarios del gobierno y los mete presos “preventivamente” el Poder Judicial. Se dirá que es una parte del Poder Judicial: es así, pero a eso hay que sumar el avance sobre los jueces independientes sostenidos por consejos de la Magistratura controlados por el gobierno, que se verifica sistemáticamente y tuvo en el juez platense Arias su última víctima. Es decir, el avance hacia un Estado autoritario es sistemático y no deja casilleros en blanco; la línea divisoria entre lo legal-constitucional y lo arbitrario y autoritario se va diluyendo todos los días.

Alguna vez se dijo en esta columna que no era cierto que en los tiempos del kirchnerismo las derechas argentinas no tuvieran un programa. Lo tenían. Pero no estaba escrito en documentos partidarios sino que debían ser buscados en sitios que funcionaban y funcionan como los verdaderos partidos del establishment: en la Sociedad Rural, en Idea, en alguna convergencia empresaria heredera de la Apege (surgida a fines de 1975 y que puso a su referente principal, Martínez de Hoz, en el lugar central del gabinete de Videla). También en el diario La Nación. No así en Clarín, cuya línea consiste en juntar a todo el mundo ideológico que, por las razones más diversas, enfrenta a quienes el grupo considera sus enemigos principales. Ese programa nunca lo ha formulado ningún dirigente de Cambiemos. Pero es muy conocido. Y es muy antiguo: cualquiera que haga una mínima y muy económica investigación puede encontrar sus huellas en discursos de Martínez de Hoz, de Cavallo, de López Murphy… Es el pliego de demandas que le acercó Escribano a Kirchner. Es toda una literatura política que en este país se escribe desde hace muchas décadas. Su santo y seña es la “libertad de mercado”, sus prioridades la flexibilización laboral, la apertura de la economía, el orden en las calles y, como telón de fondo, la lectura de la historia como combate recurrente entre república y populismo. Hoy la derecha se viste moderna, usa coach y focus group, fatiga redes sociales con una maquinaria de manipulación que trabaja 24 horas por día por si no alcanzara con el monopolio de la información a través de los medios masivos de comunicación; en eso, claro, es muy distinta a la época de Alsogaray. También se diferencia de sus ancestros en que ganó una elección sin proscripciones y mantuvo su predominio electoral en las elecciones de medio término; eso es innegable, en eso consiste su especificidad.

El menemismo también ganó sin proscripciones, pero el menemismo era neoliberalismo peronista. Y su época –la de la caída del Muro de Berlín y la implosión soviética, la de la euforia globalizadora y la esperanza en el derrame del capitalismo financiero– lo ayudó a presentarse como la pintoresca fusión del nacionalismo popular y el neocolonialismo posmoderno. El triunfo de Macri no pertenece al tiempo de la ilusión neoliberal sino al del dominio mundial de las corporaciones financieras sostenido sobre la extorsión abierta y la violencia punitiva y no sobre la esperanza. Su hoja de ruta no se sostiene sobre la cooptación de los partidos populares sino sobre la generación de una fuerza política propia orientada a imponer las formas y las lógicas de las corporaciones económicas a la vida política cotidiana. Las novedades son innegables, tanto como su condición de continuidad histórica con la plataforma política clásica del viejo conservadorismo y la que pusieron en práctica los golpes cívico-militares del Siglo XX. Cualquiera que dude de todo esto no tiene más que comparar el último discurso “programático” de Macri con los postulados reformistas de la dictadura surgida en 1976. Entonces también se buscaba el privilegio en la clase trabajadora, se postulaba el achicamiento del Estado, la reducción de los salarios y los recortes presupuestarios como camino a una Argentina moderna y próspera.

La herramienta central que hoy pone en juego la derecha es el miedo. ¿Cómo no tener miedo de una fuerza que tiene el dinero, la palabra, la fuerza armada, y el beneplácito de los que mandan en el mundo global? Todo el trabajo consiste en hacer presente ese miedo todo el tiempo. El miedo es vago, impreciso, indefinible. Pero el escape es mucho más claro: hay que evitar todo contacto con los malos. Si hay 562 pasajeros de un futuro viaje a la luna, es decir a la desaparición, la norma de prudencia más elemental aconseja apartarse de ellos. ¿Quiénes son? Si se supiera, la estrategia del miedo sería un juego de chicos. No se sabe. El número es deliberadamente pequeño: no hace falta que sean 30.000. Alcanza con establecer un cordón sanitario imaginario sobre cualquiera que pudiera ser incluido en la lista. Y ya se sabe en qué grupo político hay que contar a los futuros navegantes, de modo que la mira de la contaminación se reduce considerablemente. Quienes han aceptado este pacto reductor de la incertidumbre y el miedo que es la alianza Cambiemos tienen y tendrán modos de explicarse a sí mismos esta elección. La que ocupa, lejos, el lugar más importante entre las que pueden tomarse con interés y con preocupación es la consideración de que cualquier alternativa a esto que estamos empezando a vivir es riesgosa, improbable, tiene enemigos poderosos y por lo tanto no vale la pena intentarla. Una rápida mirada del mundo que habitamos tiende a darle la razón a quienes sostienen esa tesis. Tal vez otra más profunda pudiera poner esto en discusión. Ojalá la perspectiva conservadora y temerosa no se escondiera en los rincones del odio enfermizo e irracional, no se pusiera las ropas de la lapidación y el festejo del atropello, ni las de la justificación moderada y autocrítica.

Estamos yendo como sociedad en una dirección muy peligrosa. Cada vez que hemos transitado este camino hemos llegado a situaciones desastrosas. Y no hay el más mínimo indicio de que esta vez podría ser diferente. La cuestión –una vez más– es la verdad. Y la verdad es el arma de combate en los tiempos que corren. Cualquiera que lea y estudie los argumentos para la prisión de Boudou, no desde el respeto que merece el prisionero por su conducta política, sino desde las más elementales normas del decoro judicial, tiene que inferir que se ha cruzado una frontera muy peligrosa, abismal. O, mejor, que se sigue profundizando un rumbo iniciado por la detención ilegal de Milagro Sala y continuada por el encubrimiento oficial de la brutal represión de la Gendarmería que costó la vida de Santiago Maldonado y el espectáculo de linchamiento público a Julio De Vido. Detrás de estos episodios solamente puede esperarse un progresivo oscurecimiento de la vida colectiva de los argentinos o una respuesta efectiva y eficaz, que para serlo no puede limitarse a quienes sostengan una determinada bandera política sino que debe abarcar a todos los que no quieren repetir aciagas experiencias de nuestro pasado reciente. La situación muestra un espacio vacío en la política argentina, el del liberalismo democrático. Esa corriente, esas personas que sin defender ningún proyecto alternativo al neoliberalismo, sin sostener nacionalismos ni populismos a los que consideran fenómenos arcaicos e indeseables, al mismo tiempo sostienen la vigencia de los derechos individuales y sociales prescriptos por la Constitución. Es toda una tradición jurídica y política que rechaza al Estado policial, y se toma en serio la cuestión de la república que para otros es un mero recurso retórico contra gobiernos populares.


Edgardo Mocca









¡¿Qué República?!






He opinado en contra del verdadero acoso a la Sra. Gils Carbó como Procuradora General de la Nación para que renuncie a su cargo, acción en la que se destacan el actual presidente de la Nación y su ministro de Justicia, pero en la que intervinieron también legisladores nacionales y colegas de oficio a quienes, según entiendo, poco les interesan las instituciones que, con cierto grado de reconocimiento universal, ha desarrollado pacientemente la república en la cual vivimos, hoy casi tan sólo un nombre propio que no se vincula a su vida política interna ni externa. Me explico sintéticamente: la historia del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en materia penal, depende de su nacimiento napoleónico como órgano de la administración y de su desarrollo por Estados democráticos hasta alcanzar un grado de autonomía y autarquía propios de la función judicial; precisamente le cabe a la crítica académica de nuestro país y a su legislación constitucional el gran mérito de haber elevado a regla constitucional esa autonomía del oficio, una de las bases argentinas y, por extensión, hispanoamericana del sistema republicano.

No soy amigo de la Sra. Gils Carbó ni la conocía antes de que asumiera el cargo de Procuradora General de la Nación, por ende, como jefa del Ministerio Público federal. Sólo la conocí en una reunión social, invitada a raíz de ese cargo, que -recuerdo para los desmemoriados- no se trató de un nombramiento originario, por decirlo de algún modo, sino, antes bien, de una designación en lugar de otra persona que no consiguió la aprobación legislativa (Senado de la Nación) del nombramiento del gobierno anterior, aparentemente en razón de que su curriculum vitae no alcanzaba el rango adecuado para el cargo. Me consta, sin embargo, que la Sra. Gils Carbó no militó políticamente y, menos aún, en la alianza que gobernaba antes de la actual y que su vida laboral transcurrió en el Poder Judicial. Me consta, entonces, que lo afirmado por el Sr. presidente de la Nación, su ministro y algún legislador es un verdadero embuste, impropio, al menos éticamente, de la función que cumplen.

Dicho esto, debo también decir que la renuncia de la Sra. Gils Carbó me lastima. Ello no se refiere a su persona, pues comprendo su conmoción y saturación frente al ataque que, por diferentes medios, ya alcanza a dos años, su cansancio ante imputaciones diarias de toda índole que no merecen respuesta y a las que la condición de ciudadana común, de a pie, pueden responder y sobrellevar sin sacrificios extremos. Mi queja se vincula al cargo que ella aceptó, que en ciertas ocasiones exige sacrificios personales y que no es posible abandonar sin justificación alguna. En efecto, la mentada esperanza de que el Ministerio Público Fiscal que contribuyó a formar sobreviva sin reformas de su autonomía conforme a la Constitución no sólo es una falsedad piadosa, pero mentira al fin y al cabo, sino que ha sido desmentida por la voz presidencial y por el ministro del ramo (¿?) aun antes de la renuncia.

No deseo unir esta queja a otros acontecimientos que lastiman aún más el tramo final de mi vida, pero no puedo menos que preguntarme, entre signos de admiración, qué tipo de Estado estamos viviendo, qué tipo de Estado nos espera y espera a nuestros hijos y nietos, y dónde quedaron las virtudes republicanas.







viernes, 15 de agosto de 2014

CABLEVISIÓN SE BURLA DE LA LEY Y LOS JUECES





Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (afsca), , sostuvo hoy que la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, “está obligada a cumplir la grilla y tiene una multa por incumplimiento que no paga”.

En declaraciones a CN23, Sabbatella se refirió a las denuncias presentadas por desobediencia y estafa procesal contra la empresa de Clarín. Esta última denuncia llegó luego de que, de acuerdo al organismo oficial, Cablevisión falseara documentación ante la justicia para decir que en la actualidad cumple la grilla. “Están obligados a cumplir la grilla y decimos que hay estafa procesal porque están engañando a la Justicia”, remarcó el funcionario.

“Un juzgado de la Ciudad dijo que hay que cumplir la grilla y estableció que tienen que pagar 20.000 pesos por día, después la Cámara lo ratificó”, dijo Sabbatella.

A Cablevisión S.A. se lo denuncia por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y tentativa de estafa procesal. La denuncia penal es fruto del incumplimiento por parte de esa compañía de una parte sustancial de la grilla de señales televisivas establecida por AFSCA en el marco del cumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La empresa, con capital mayoritario del Grupo Clarín y que aún detenta más de dos tercios del mercado argentino de televisión por suscripción, no acató totalmente las resoluciones del organismo, aún cuando el 16 de mayo de 2012 el Juzgado Contencioso Administrativo n° 9 ordenó el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el art. 65 inc. 3 b del Decreto 1225/10 y artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la resolución 296-AFSCA/10. Esas normas son las que establecen qué señales televisivas y en qué ubicación de la grilla deben ser incluidas obligatoriamente por los prestadores de servicios de televisión por suscripción.





Ante la negativa reiterada por parte de Cablevisión S.A. a cumplir con la grilla establecida, la Cámara de Apelaciones de ese fuero fijó, el 6 de junio de 2013, una sanción conminatoria, conocida como astreintes, de $ 2.000 de multa por cada día de incumplimiento de la orden judicial.

En la denuncia presentada hoy se señala que “Cablevisión S.A. deliberadamente incumple la Ley nº 26.522 y su Decreto Reglamentario nº 1225/10 en cuanto al ordenamiento de su grilla de programación; deliberadamente incumple las resoluciones de esta Autoridad Federal que regulan la actividad (Resolución 296-AFSCA/10); deliberadamente incumple una medida cautelar dispuesta por un juez de la Nación que la obliga a respetar la ley y sus resoluciones, ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y por la mismísima Corte Suprema; y deliberadamente incumple la sanción conminatoria que le ha impuesto el juez de la causa para que sea respetada su decisión".





domingo, 27 de julio de 2014

LOS MUERTOS DE OBAMA EN GAZA





Obama must be held accountable for Gaza atrocities
"Obama debe responder por el genocidio palestino"

(exembajador de Sudáfrica en Cuba)


The world must hold the President of the USA Barrack Obama accountable for the barbaric acts of genocide against the people of Palestine.

The world nation states have a moral obligation to hold the President of the USA Barrack Obama accountable to the barbaric acts of genocide against the people of Palestine. We have to challenge the hypocritical and treacherous leadership role of the US led imperialism in the arena of the international politics.

    "Los Estados nación del mundo tienen la obligación moral de cuestionar al Presidente de los EE.UU., Barack Obama, como responsable ante los actos de barbarie de genocidio contra el pueblo de Palestina. Tenemos que cuestionar el papel de liderazgo hipócrita y traidor de los EE.UU. que condujo al imperialismo en el ámbito de la política internacional".

The people of the world can no more be spectators when a handful leaders of the superpowers are violating fundamental laws which are a guarantee to international peace and stability. The truth is that President Barrack Obama has the skeletons of the innocent lifes of the Palestinians massacred by the vicious racist state of Israel in his cupboard.

    "Los pueblos del mundo no deberían continuar siendo simples espectadores cuando un puñado de líderes de las superpotencias están violando las leyes fundamentales que garantizan la paz y la estabilidad internacionales. La verdad es que el presidente Barack Obama tiene en su armario los cadáveres de los inocentes palestinos masacrados por el Estado racista y despiadado de Israel"

The President of the USA has all the powers vested in him to stop the carnage of reign of terror and manslaughter of innocent people in the occupied territories of the GAZA strip. The fascist government of Israel is the colonial outpost of the US led imperialism in the middle east.

    "Los poderes que le han sido otorgados al presidente de EE.UU. le permiten detener la carnicería del régimen de terror [israelí] y el homicidio de personas inocentes en los territorios ocupados de la Franja de Gaza. El Gobierno fascista de Israel es el puesto avanzado colonial de EE.UU., que llevó el imperialismo en Oriente Medio"

When he was elected the first black President ever in the history of the American politics, the millions of our suffering people became overwhelmingly hopeful that the world would no more be the same again. Little did we appreciate that his was just an election of another chief operation officer of the US led imperialism.

The people of the world were naive to assume that his election was a turning point and the beginning of a new era for the transformation of the USA into a modern state of the 21th century. A modern state of our times whose its foundations are based on the fundamental values of the respect of human rights.

We thought that the descendant of the african slaves in the American hemisphere, President Barrack Obama, would equal the task of making the world a better place for humanity. We thought his foremost task would advance to bring humanity together in the building of a new world social order.

The US administration under President Obama has become worst than ever before. It is even worse than the times when the world was plunged into the first and the second world wars.

The continuing ground and aerial bombardment of the innocent population in the GAZA strip by the fascist regime of Israel is the declaration of war to the peace loving people of the world. It has indeed a catastrophic consequences on the immediate possibilities for international peace and stability.

    "la ofensiva terrestre y los bombardeos aéreos contra la población inocente en la Franja de Gaza por parte del régimen fascista de Israel, patrocinado por el Gobierno de Obama, son una declaración de guerra para las personas amantes de la paz en el mundo. De hecho, tiene unas consecuencias catastróficas sobre las posibilidades inmediatas de paz y estabilidad internacionales".

Indeed historical events have proven that by its nature and character imperialism is the most hostile and aggressive against human life. It is gruesomely awesome, it kills without mercy and has no regard to the respect of human life.

The Obama administration is sponsoring the fascist government of Israel with massive financial support to sustain the implacable acts of genocide against the people of Palestine. His administration is responsible for the starvation, degradation and humiliation of the millions of innocent people of the independent state of Israel.

    "El gobierno de Obama está patrocinando el gobierno fascista de Israel, con el apoyo financiero masivo para sostener los actos implacables de genocidio contra el pueblo de Palestina. Su administración es responsable de la hambruna, la degradación y la humillación de los millones de personas inocentes del Estado independiente de Israel"

The reason why the world must hold the sitting President of the USA Barrack Obama accountable to the atrocities and crimes against humanity perpetuated against the innocent people of Palestine.

In 1860 the American Republican convention included in their electoral platform, on which Abraham Lincoln ran for President, the following statement

    En 1860 la convención republicana estadounidense incluyó en su programa electoral, en el que Abraham Lincoln se postuló para presidente, la siguiente declaración...

"We brand the recent re-opening of the African slave trade, under the cover of our national flag, aided by the perversions of judicial power, as a crime against humanity".

    "Nos Marca la reciente reapertura del comercio de esclavos africanos, bajo el manto de nuestra bandera nacional, con la ayuda de las perversiones del poder judicial, como un crimen contra la humanidad".

In 1890, George Washington Williams used the phrase "a crime against humanity" describing the treatment of the Africans in the Congo basin under King Leopold II of Belgium.

    En 1890, George Washington Williams usó la frase "un crimen contra la humanidad", que describe el tratamiento de los africanos en la cuenca del Congo por el rey Leopoldo II de Bélgica.

During the first world war, the allied powers issued a joint statement announcing for the first time a commission of the crime against humanity in response to the Armenian genocide. The Ottoman government was warned of the personal responsibility of the acts of crime against humanity during the war.

    Durante la primera guerra mundial, las potencias aliadas emitieron un comunicado conjunto anunciando por primera vez una comisión del delito contra la humanidad en respuesta al genocidio armenio. El gobierno otomano fue advertido de la responsabilidad personal de los actos de crimen contra la humanidad durante la guerra.

In the year 1976, the united nation general assembly declared the systematic persecution of one racial group by the other, such as the one perpetuated by the Apartheid South Africa, a crime against humanity.

    En el año 1976, la asamblea general de las Naciones Unidas declaró que la persecución sistemática de un grupo racial por otro, como el que se perpetúa por la Sudáfrica del apartheid, es un crimen contra la humanidad.

This historic declaration come into being against the background of the USA sponsoring the vicious racist Apartheid regime to unleash a civil war against the innocent people in the Southern tip of our continent.

Millions of people were massacred in Angola, Namibia, Zambia, Mozambique, Lesotho, Botswana as the USA led imperialist forces fought against the liberation movement in the region.

The Rome Statute of the International criminal court defines crimes against humanity as:

    El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los crímenes contra la humanidad como:

Particularly odious offenses in that they constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part of either of a government policy or a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or a de facto authority.

    Delitos particularmente odiosos en que constituyen un grave atentado a la dignidad humana o la grave humillación o degradación de los seres humanos. No son hechos aislados o esporádicos, sino que forman parte de una política gubernamental o una amplia práctica de atrocidades toleradas o condonadas por un gobierno o una autoridad de facto.

Murder, extermination,torture,rape, political, racial, or religious persecutions and other inhumane acts reach a threshold of crime against humanity only if they are part of a widespread systematic practice".

    Asesinato, el exterminio, la tortura, la violación, las persecuciones políticas, raciales o religiosas y otros actos inhumanos alcanzan un umbral de crimen contra la humanidad sólo si forman parte de una práctica sistemática generalizada.

Even if the USA is not a signatory to the Rome Statute, in solidarity with the people of Palestine, Cuba, SAHARAWI, and many of the victims of the US led imperialism across the world, the world nation states must hold the President of the USA, Barrack Obama accountable for crimes against humanity.

    Aún si los EE.UU. no es signatario del Estatuto de Roma ─en solidaridad con el pueblo de Palestina, Cuba, SAHARAUIS, y muchas de las víctimas que los EE.UU. llevó con el imperialismo en todo el mundo─, los Estados nacionales del mundo deben mantener al Presidente de los EE.UU., Barack Obama, como responsable de crímenes de lesa humanidad.

The horrible acts of genocide by the Israel government is a systematic violations of the fundamental rights of the people of Palestine. The President of the USA is obliged to protect the dignity and the fundamental rights of the Palestinian people.

    Los horribles actos de genocidio por parte del gobierno de Israel son violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los habitantes de Palestina. El Presidente de los EE.UU. tiene la obligación de proteger la dignidad y los derechos fundamentales de la población palestina.

President Obama still has an opportunity to rewrite a new chapter in the history of the world. He still has a moral responsibility to give the people of Palestine and many others across the world the freedom and dignity they deserve.

    El presidente Obama todavía tiene una oportunidad de volver a escribir un nuevo capítulo en la historia del mundo. Él todavía tiene la responsabilidad moral de dar al pueblo de Palestina y muchos otros en todo el mundo la libertad y la dignidad que se merecen.


Phatse Justice Piitso is the former Ambassador to the republic of Cuba and the former provincial secretary of the SACP writing this article on his personal capacity. (exembajador de Sudáfrica en Cuba)



al centro, Phatse Justice Piitso, exembajador de Sudáfrica en Cuba











lunes, 7 de julio de 2014

LA NOCHE DE LAS CORBATAS







En plena dictadura cívico militar, abogados laboralistas que asumían la defensa de detenidos políticos en Mar del Plata fueron secuestrados, torturados y muchos de ellos desaparecidos en la llamada "Noche de las corbatas", que se extendió entre el 6 y 13 de junio de 1977.

Junto a “La noche de los lápices”, "El apagón de Ledesma”, y otras tantas masacres, ocurrieron en la impunidad de la noche, una noche tenebrosa que se abatíó sobre la Argentina durante siete años.

En la "Noche de las Corbatas", de la que se acaban de cumplir 37 años, fueron secuestradas 11 personas, en distintos procedimientos de los grupos de tareas, entre ellas 7 prestigiosos abogados marplatenses del fuero laboral.

Fueron llevados a "La Cueva", el viejo radar de la Base Aérea de Camet, ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata y reconvertida en centro clandestino de detención.

Entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977 fueron secuestrados los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Aláiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, y Tomás J. Fresneda. A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de junio en Neuquén, y llevados a Mar del Plata.

Además se secuestró a la esposa de Fresneda, Mercedes Argañaraz, embarazada de cuatro meses, a María Esther Vázquez de García, a su esposo Néstor Enrique García Mantica, y a José Verde y su esposa.

Todos fueron torturados y sólo sobrevivieron Ricci y Bozzi, Martha García -esposa de Candeloro-, Julio Verde y su esposa.

Centeno, de 60 años, era uno de los más prestigiosos abogados laboralistas de la ciudad y había sido el artífice de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, era peronista ortodoxo y militante de la resistencia de los años 50. Murió en la mesa de torturas y su cuerpo fue arrojado en un camino vecinal. El resto permanecen desaparecidos.

Candeloro, socio de Centeno, estaba en la mira de los militares por su conocida trayectoria de izquierda y Fresneda se encargaba de las presentaciones de habeas corpus, por las numerosas desapariciones, además de defender los derechos de los trabajadores.

En 1977, el manejo de la represión en Mar del Plata estaba a cargo del entonces coronel Alfredo Manuel Arrillaga, jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601.

El comodoro Ernesto Alejandro Agustoni era entonces Comandante de la Base Aérea, y fue quien cedió al ejército el uso de las instalaciones del radar.

El coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la Subzona XV, dentro del sistema represivo del Primer Cuerpo de Ejército, era el responsable de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata, como La Cueva, el de la Base Naval, el de la Comisaría 4ª, el Destacamento de Batán, y el Destacamento de Suboficiales de Infantería de Mar.

El suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue subjefe de la Base Aérea donde funcionó "La Cueva" y era el encargado de torturar a los detenidos, a él se le imputaron las muertes de Centeno y Candeloro.

Fue el primer condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.

En un testimonio titulado "La larga Noche de las Corbatas", Carlos Bozzi, uno de los sobrevivientes -que declaró en los Juicios por la Verdad en 2005- afirmó que "hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia apelando a la memoria como a un arma de larga duración".

"Siempre que estamos ante hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda
tentación de acomodar las cosas al presente", señaló.

"Tras casi 28 años (Bossi declaró en 2005) se hacia dificultoso rebatir la primera plana del diario La Capital que aquel 21 de julio anunciaba con grandes letras: "Confirmó el Ejército la liberación del doctor Bozzi y la muerte de 3 sediciosos".

A partir de 2004 y por una iniciativa del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se estableció el 6 de julio en todo el país como el "Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado", que suman cerca de 120 profesionales.















sábado, 28 de junio de 2014

CARTA DE PÉREZ ESQUIVEL AL JUEZ GRIESA








PÉREZ ESQUIVEL A GRIESA:  
No es justo pagar una deuda ilegítima e inmoral


Al Sr. Thomas Griesa

Juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU.

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.
Más que dirigirme a usted como juez que interviene en una causa que desde hace tiempo tiene en vilo a nuestro pueblo, quiero hacerlo como persona. Quiero poder aportar más libremente a la reflexión sobre la situación que se ha generado en la República Argentina, por las pretensiones de un grupo de financistas poseedores de unos pocos bonos de la deuda externa. Ellos buscan cobrar el 100 % de los mismos, de manera que tendrá un grave impacto sobre la vida del pueblo argentino, habiéndolos comprado por centavos y sin jamás haber invertido para su bien.

Espero, Sr. Griesa, que Ud. comprende la situación que vive nuestro pueblo y las consecuencias sociales, económicas y políticas que tiene el pago de esta deuda inmoral e injusta para las personas y comunidades más necesitadas.

Debe tener presente que los bonos cuyo pago hoy se discute, están manchados con la sangre de las víctimas de la dictadura militar. Forman parte de una deuda contraída a espaldas del pueblo y que nunca llegó a sus manos. Son parte del endeudamiento que después fue impuesto en los años ´90, incluso renunciando a la soberanía y cediendo jurisdicción de manera inconstitucional a tribunales extranjeros como el suyo, supuestamente para saldar las deudas anteriores.

Por eso afirmamos que es una deuda ilegítima, inmoral e injusta. Detrás de los números existen rostros que nos cuestionan e interpelan, de niños, jóvenes, hombres y mujeres víctimas de la injusticia social y estructural, el empobrecimiento, la miseria y exclusión social que afectan a millones de seres humanos en nuestro país como también en América Latina y el mundo.

Estoy seguro que Ud. no ignora esto ni tampoco, el peso de la especulación financiera en la generación de estas situaciones. Más que una deuda externa, es ya una deuda eterna, matemáticamente impagable por más que se intenta con un alto costo en vidas humanas y sacrificando el desarrollo del país. Nunca puede ser justo que se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos.

Es por esto también que junto a muchos otros, desde hace años venimos luchando contra el pago de estas deudas ilegítimas, exigiendo una auditoria oficial de las mismas, la aplicación de las leyes argentinas, la anulación de la cesión de jurisdicción y que no se continúan estas prácticas inaceptables con los nuevos bonos, contratos y tratados que se siguen firmando.

Sr. Griesa, no quiero poner en duda su acción como juez, pero si me preocupa la justicia ciega. Usted bien sabe que no toda ley es justa y que muchas veces se confunde lo legal con lo justo, o no se tenga en cuenta la situación de los pueblos y se los trate como algo abstracto y lejano. Ud. debe conocer la obra de Henry Thoreau, cuando señala que si bien hay que obedecer la ley, igualmente es necesario resistir la ley injusta hasta lograr su transformación. Me parece una reflexión pertinente con relación a estos poderosos financistas, que para sus políticas de verdadera rapiña, buscan respaldo donde no lo deberían encontrarlo.

Esto no deja a un lado las omisiones y los errores cometidos por los sucesivos gobiernos de la Argentina, el Parlamento y nuestro Poder Judicial, en asumir el tratamiento de esos bonos y de toda la deuda. Pese a reconocer, desde tiempos de la dictadura hace ya más de treinta años, la ilegitimidad e ilicitud de gran parte de la deuda generada, ninguno ha realizado lo necesario  –incluyendo por ejemplo auditarla–  para separar lo legítimo de lo ilegítimo, lo legal de lo ilegal, para evitar que al pueblo argentino se le siga exigiendo el tremendo costo de pagar lo que no se debe.

No sé si Ud. está al tanto de que existe en nuestro país, una decisión judicial del año 2000, que establece la fraudulencia y arbitrariedad de la deuda que dio origen a los bonos hoy en posesión de los fondos especulativos que buscan obtener lo que en justicia, no les corresponde. Existen además denuncias cuya investigación judicial está aún abierta, con relación a esos mismos bonos.

De acuerdo a las leyes de nuestra república y el derecho internacional, son deudas verdaderamente nulas. Los Principios Rectores sobre la Deuda y los Derechos Humanosnos recuerdan que es responsabilidad de cada prestador y prestatario, investigar y no pagar las deudas contraídas de manera injusta.

Esta deuda es una herencia no querida y pesada que arrastra una carga grande de dolor y sacrificios. Se ha transformado en un mecanismo que lleva en si la dominación y el sometimiento de todo un pueblo.

El país quiere y debe cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Por eso es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia. Es necesario además reconocer que según el derecho, tiene prioridad la “deuda interna con el pueblo”: la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales, los desafíos de la educación y salud, que no se mueran los niños de hambre y enfermedades evitables y poder alcanzar una vida digna sin que le roben la esperanza a nuestros jóvenes.

Estoy seguro, Sr. Griesa, que Ud. comprende lo valioso de la oportunidad que tiene para velar por la justicia, y no solo las leyes que algunos tienen más poder que otros para imponer. Es necesario cambiar las leyes en EE.UU., en nuestro país y en muchos otros, para evitar situaciones de esta naturaleza. Mientras tanto, esperamos igual que prime la justicia y que los derechos de quienes no han sido escuchados todavía en los tribunales, tengan la prioridad que merecen.

Gracias por permitirme estas reflexiones. Si en algo pueda contribuir, profundizar sobre cualquier de los elementos señalados, estoy a su disposición.

 Premio Nobel de la Paz y Presidente,
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina y el Servicio Paz y Justicia SERPAJ





Letter to Mr. Griesa in English





















lunes, 31 de marzo de 2014

LA PROPIEDAD PRIVADA O LA VIDA






Tras los casos de linchamiento en Rosario, la violencia se repitió el sábado 29 de marzo: sucedió en Palermo. Especialistas que cruzan lo social con la criminología y la política aportan las claves de lo que ocurre: el discurso autoritario y del miedo, el Código Penal, Massa y la “inseguridad” como tema de la campaña en 2015...



El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.

La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.

La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.

Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.

La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.

Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.

En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.

En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”

“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.

Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de 9 cada 100.000 habitantes se pasó a 21 cada 100 mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.

Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.

Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.

Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.






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LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA




viernes, 14 de marzo de 2014

JUNTAN FIRMAS PARA LA REVOCATORIA DE MANDATO DE MACRI Y VIDAL







Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán la posibilidad de sumar su firma a las 510 mil que se necesitan para intentar remover al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su vicejefa, María Eugenia Vidal, de sus respectivos cargos.

Con ese objetivo, un grupo de vecinos acusó en mayo pasado graves fallas en la gestión del PRO, e inició el trámite que habilita la Constitución porteña en su ARTICULO 67: "El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente".

Una vez entregadas las planillas a los interesados, la ley establece un plazo de un año para alcanzar el número de firmas necesario y devolverlas al Tribunal. En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el TSJ declara la caducidad del procedimiento. De alcanzar el número, los magistrados tienen 90 días para convocar a un Referéndum revocatorio. La elección es de participación obligatoria y tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el 50 por ciento de los inscriptos.

En total, cinco personas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia, dos por un lado, y tres por otro. El pedido se basó en el accionar del Gobierno de Macri durante la represión en el Hospital Borda, la falta de obras necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones en la Ciudad -hubo ocho muertos por la del 2 de abril-, y por el dictado del decreto de necesidad y urgencia que aprobó el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires, contrario a la Ley de Medios. El TSJ resolvió entonces juntar a todos en un mismo expediente y dio curso a la solicitud de revocatoria.

Lucía Medina es una de las vecinas que acudió ante el máximo tribunal porteño junto a Ricardo Pelusa. Ambos son militantes de Aluvión Ciudadano, un partido político joven, pero que ya tuvo su primer participación en las últimas elecciones con sus candidatos a la legislatura porteña que encabezó Carlos Oviedo y que también integró Medina. "Queremos hacer una convocatoria lo más amplia posible, que no esté teñida de partidismo político. Lo hacemos apelando a la participación ciudadana", manifestó.

Medina y Pelusa presentaron el pedido el 17 de mayo pasado. Según establece el ARTICULO 67, el Tribunal tiene 30 días para expedirse. Sin embargo, la resolución del Tribunal, que fue favorable, salió el 21 de febrero. Es decir, nueve meses después. Esto hace que los tiempos administrativos necesarios se acorten y sea aún más ardua la tarea de recolectar las adhesiones, señala la denunciante.

"Nosotros entendemos que la demora en la resolución no es casual, porque nos deja con muy limitados con los tiempos. El Referéndum se tiene que hacer antes de llegar a los últimos seis meses de mandato. Con lo cual tenemos un año para recolectar un poco más de 510 mil firmas, que sería el 20 por ciento del padrón", explica Lucía en diálogo con Infobae.

El Tribunal puso fecha de entrega de las planillas para el 18 de marzo, por lo que la recolección comenzaría el miércoles 19. En pos de organizarse y llegar a todos los barrios de la ciudad, Medina y el resto de los denunciantes se reúnen asiduamente para ajustar detalles y emprender la tarea. En principio, el local de Aluvión Ciudadano que se encuentra ubicado en Riobamba 434 estará preparado para recibir a los vecinos que deseen estampar su nombre en el pedido de revocatoria. Pero la intención es movilizarse, establecer otras sedes y llegar a todos los barrios de la ciudad.
Lucía, quien trabaja como empleada en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostiene que "el problema del Gobierno de Macri no es que sea ineficiente, sino que responde a ciertos intereses. Y tiene un desconocimiento y una negación absoluta por las instituciones. Macri ha vetado leyes indiscriminadamente que fueron aprobadas por la Legislatura, incluso aquellas que surgieron desde su propio espacio".

"Pretendemos que se interpele una gestión de gobierno que durante todos estos años ha vulnerado derechos básicos de la gente", señala Medina, entre ellos el derecho a la Educación -dice- a raíz del "desastre" de la inscripción online.

Más allá de que aún no está habilitada la recolección de firmas, se han acercado a ellos muchos vecinos. Ya recibieron mensajes de gente interesada, algunos afectados por otras problemáticas de la Ciudad, ya sea por vivienda, salud, la falta de vacantes en las escuelas, o la defensa del barrio, como ocurre con los habitantes de Palermo y los de Caballito que se oponen a la instalación de nuevos shoppings.

También han recibido algunas críticas. Muchos se preguntan si esta iniciativa no significaría vulnerar la voluntad popular, o acaso habría que esperar a que termine su período de Gobierno.

"Nosotros entendemos que es al revés, que la posibilidad que nos brinda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos pone en un lugar privilegiado. Es tan democrática la chance de revocar un mandato como la de elegir a un candidato", considera Lucía. Otros plantean dudas sobre el alcance de la medida. También están quienes consultan si esto mismo se puede hacer con la presidente Cristina Kirchner, algo que la Constitución Nacional no contempla.

En cuanto a la evaluación del kirchnerismo que hace su espacio político, Aluvión Ciudadano, Medina explica que la gran mayoría de sus integrantes provienen del peronismo pero también hay representantes de otros sectores, y que, si bien han apoyado algunas medidas y criticado otras, no se definen como oficialistas. Consideran sin embargo que "el gobierno nacional ha realizado una gran cantidad de transformaciones". En ese sentido, remarcan que hay un fuerte contrapunto con el gobierno porteño en cuanto al rol que le da cada administración al Estado. "Esa es una de las cosas que más le cuestionamos al jefe de gobierno", señaló la mujer.


Nota de Infobae


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