MACRI: «With a Little Help from My Friends»

Cómo es el plan de Macri para controlar la justicia porteña: El macrismo logró imponer retoques a 3 normas centrales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad. 

La remoción de magistrados "díscolos" y el control sobre los fiscales, en la agenda del alcalde. 

Los ideólogos del plan.



El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró reformar una serie de leyes clave que le permitirán tener bajo control al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Sin sobresaltos y disimulado dentro del paquete de leyes aprobadas en la Legislatura en un maratónico fin de año previo al recambio de bancas, los legisladores del PRO consiguieron introducir cambios en tres normas que regulan el servicio de justicia con las que el oficialismo ahora podrá promover la remoción de jueces díscolos y tendrá el control disciplinario directo sobre los fiscales. Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara podrían ser los primeros magistrados cuestionados por sus fallos adversos al gobierno porteño.

En la sesión del 6 de diciembre pasado, la bancada macrista se aseguró contar con un número holgado de voluntades –aportadas en parte por el kirchnerismo porteño– para modificar la Ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la Ley Nº 31 que reforma el Consejo de la Magistratura local, y la Ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En rigor, se trata de una reforma más profunda que la intentada por el gobierno nacional, que encontró su límite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una oleada de críticas a la iniciativa de elección popular de consejeros para el órgano de promoción y remoción de jueces, incluidas las del macrismo. Para las organizaciones vinculadas al derecho y los cuerpos colegiados de la justicia, la implementación de estos cambios en la Ciudad no pasó desapercibida y ya alzaron la voz por sus implicancias en la independencia judicial.

Con 48 votos a favor se aprobó un proyecto diseñado por el diputado del PRO y ex subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, para reorganizar el cuerpo normativo en la Ciudad a partir de retoques en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital Federal. Presti fue uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada, pero en paralelo el proyecto de su autoría, que antes habían naufragado por falta de acuerdo, comenzó a ser revitalizado. Ya en 2012, el PRO había buscado disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Según fuentes judiciales el principal objetivo está en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) donde el gobierno cosechó los principales reveses.

La Ley Nº 31 que regula al Consejo de la Magistratura local cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al PRO una reforma cuyo objetivo era "mejorar su funcionalidad", pero que implicaba el cambio de mayorías para la toma de decisión, y también en la integración necesaria del quórum para llevar a cabo los plenarios. En síntesis, un cambio que le permitirá a la representación del PRO impulsar no sólo la postulación de jueces, sino promover su remoción a voluntad.

En la propuesta de modificar la norma y derogar la Ley Nº 1988, intervinieron como autores el diputado del Frente para la Victoria Alejandro Amor –cuyo destino final fue ocupar la cabeza de la Defensoría del Pueblo en un cuestionado acuerdo entre las fuerzas políticas para ocupar los cargos a renovar– y Francisco Quintana, del PRO. Además, se creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, que actuará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y regulará los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificaciones en los métodos para su selección.

CONSEJO. La clave de los cambios en el Consejo de la Magistratura está dada por la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros sólo será necesaria la presencia "de cinco (5) miembros que componen el Consejo" para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia ocupada por el ex legislador Juan Manuel Olmos tendrá la definición.

Pero para el proceso de acusación de un juez y su envío posterior a un jury de enjuiciamiento en el que es requerida una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a "2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros". Significa que, para remover a un juez, deben estar presentes sólo seis consejeros en el plenario, incluyendo un representante del Poder Judicial, uno en nombre de la Legislatura o uno del estamento de los abogados.

Con sólo cinco votos afirmativos (la mitad más uno del total de los miembros) se lo podrá enviar a juicio político. El mismo número será el que necesite el PRO para definir los candidatos a ocupar vacantes de jueces, fiscales, defensores o asesores tutelares.
Hoy responden al macrismo seis miembros del Consejo, con lo que luego de esta reforma tendrá aun mayor margen para imponer sus postulantes a los cargos judiciales y de ministerios públicos, pero también para desplazarlos de su cargo.

A principios de diciembre, Tiempo Argentino adelantó que con esta reforma, tampoco serían necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos de jueces. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir los 31 votos con los que el macrismo pretende "rodear" a los magistrados más resistidos por la administración PRO, como Gallardo, Liberatori y López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, enfrentado con la vicejefa, María Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel que ocupará la titularidad de la Asesoría General Tutelar. Esta nueva estructura permitirá obturar el poder de defensores y asesores tutelares para impulsar acciones colectivas que, durante toda su gestión, le quitaron el sueño al líder del PRO. La lista de antecedentes incluye los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.

FISCALES. La Ley Nº 1903 obtuvo 47 votos a favor de parte del PRO, el FPV y algunos opositores y cuatro abstenciones. Su objetivo era "dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado". Pero en realidad significó quitarle ese poder disciplinario sobre fiscales, defensores y asesores al Consejo de la Magistratura, para traspasarlo a la órbita de cada jefe del Ministerio Público.

En el caso de los fiscales, su cabeza será por los próximos siete años el legislador macrista Martín Ocampo, objetado por su falta de antecedentes para el cargo y su dependencia directa con el presidente de Boca Juniors y hombre fuerte de Macri en la justicia, Daniel "El Tano" Angelici. El expediente Nº 2782-D-2013 fue de autoría del diputado Enzo Pagani (PRO) y supone también que las sanciones no sean sólo correctivas sino que puedan agravarse, llegando incluso a la separación del cargo.

TRIBUNAL. El 12 de diciembre, en sesión especial, fueron designados los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con mayoría del PRO. Los diputados macristas Cristian Ritondo, Helio Rebot, Héctor Huici y Cecilia de la Torre lo integrarán, junto a Jorge Taiana, Edgardo Form y Claudia Neira del interbloque kirchnerista, e Inés Gorbea de UNEN.

RECHAZO. Cuando esta reforma era apenas un proyecto, la Corte Suprema recibió el reclamo por escrito de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudiaron los cambios y consideraron que estas iniciativas representan "un avasallamiento inconstitucional de la independencia del Poder Judicial".

"Si estas normas son promulgadas, los poderes políticos podrán acusar, suspender y separar a magistrados que se estimen 'molestos' con menos garantías, conforme los arrebatos de mayorías circunstanciales", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso Tiempo. "Dejarlos sometidos al arbitrio de las mayorías, sin adecuadas garantías, importa propender a la suma del poder público y dar por tierra con la división de poderes. Importa, además, la adopción de un curso de acción similar al que tanto se ha criticado desde el gobierno local en relación con medidas adoptadas en el ámbito nacional", sostuvieron los magistrados en la carta dirigida a Macri.

Dos antecedentes polémicos

El afán del oficialismo porteño por controlar a la Justicia de la Ciudad no es novedoso. Durante varios meses, el alcalde porteño, Mauricio Macri, intentó que la fiscal de Cámara Daniela Bruno Ugolini integrara el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ugolini cobró fama por sus dictámenes siempre favorables al Ejecutivo PRO y resoluciones tales como pronunciarse en contra de remover las placas con nombres de represores de calles, plazas y escuelas.

Más cerca en el tiempo, el actual fiscal general, Germán Garavano, designó como fiscal a Martín García Berro. Fue el 25 de julio de 2013 y por 90 días. Su actuación en la causa que investigaba una "campaña sucia" encabezada por el gurú del PRO Jaime Durán Barba contra Daniel Filmus fue, al menos, curiosa. García Berro se dedicó a realizar pesquisas sobre Salomón Filmus, padre del por entonces candidato a jefe de gobierno. Por eso, envió requerimientos en los que pidió los antecedentes de Filmus padre al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, para ver si se encontraba matriculado, y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para chequear si había sido empleado allí.

Los jueces en la mira del Pro

Roberto Andrés Gallardo. Es el juez que más dolores de cabeza le ocasionó a Macri. Declaró la inconstitucionalidad del veto sobre la ley de abortos no punibles en hospitales porteños y multó a varios funcionarios PRO por irregularidades. Además, inició una investigación sobre cadáveres faltantes en las morgues de la Ciudad, lo que le valió una recusación por parte del gobierno PRO por su supuesta simpatía con Justicia Legítima. Lleva en su haber múltiples fallos en contra del macrismo por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa, sobre todo en las villas.

Patricia López Vergara. Frenó el protocolo macrista contra los abortos no punibles y multó al ex ministro Diego Santilli por haber avanzado en una obra con un fallo judicial en contra. También paró el proyecto del Centro Cívico con una cautelar por violatorio a varias leyes de protección y porque no hubo estudio de impacto ambiental. Dio de baja el 0800 para la delación de actividades políticas ideado por la cartera de Educación y obligó al PRO a recibir los fondos del gobierno nacional para el traspaso del subte que estaban en el Banco Nación y transferírselos a Metrovías.

María Elena Liberatori. Estuvo a cargo del censo a los ocupantes del Parque Indoamericano para atender las necesidades habitacionales y sociales durante la ocupación. Ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, dialogar con los estudiantes que llevaron a cabo las tomas en los secundarios y mandó restituir a los docentes echados por parodiar a Mauricio Macri. Exigió reglamentar una ley para asistir a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. También dictaminó la reapertura de los Talleres Protegidos del Borda demolidos por el PRO.

Los ideólogos del nuevo esquema

Martín Ocampo. El legislador del PRO Martín Ocampo consiguió acceder a la jefatura de todos los fiscales porteños luego de sortear siete impugnaciones a su nominación provenientes de ONG ligadas a la justicia, como la Asociación Americana de Juristas, ACIJ, ADC, Directorio Legislativo, INECIP, Poder Ciudadano, y REDI. Le reprocharon que el abogado ligado a Angelici carece de "sólidos antecedentes" para ser la cabeza del Ministerio Público y "tiene fuertes compromisos partidarios". En su defensa, el ex legislador macrista sostuvo que no está afiliado al PRO.

Daniel Presti. Durante cuatro años fue subsecretario de Justicia bajo la gestión de Guillermo Montenegro hasta que, en 2011, fue electo para la Legislatura. El año pasado diseñó el proyecto de modificación de las mayorías y el quórum para el Consejo de la Magistratura que finalmente se aprobó un año después. Es uno de los hombres clave del PRO en materia judicial y fue el principal crítico de los proyectos de reforma impulsados por el gobierno nacional. Dijo que en la Ciudad "hay jueces que entorpecen la gestión" y que "si un juez quiere hacer política, que renuncie al cargo".

gabriel morini

LOS VECINOS DENUNCIAN A CAMPAGNOLI Y LA METROPOLITANA

Niños del Barrio Presidente Mitre en peligro porque había un fiscal que daba permiso para matar según dónde vivas...




Los fiscales Cristina Caamaño y Jorge Di Lello compartieron un encuentro con vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra.

Los fiscales participaron de un debate sobre prácticas de violencia cometidas por la Policía Metropolitana. En el encuentro, los vecinos manifestaron haber realizado varias denuncias en la fiscalía de Saavedra, entonces a cargo del Fiscal Campagnoli, que no fueron tramitadas.

La fiscal Cristina Caamaño y el fiscal Jorge Di Lello escucharon reclamos de los vecinos del Barrio Mitre, quienes manifestaron ser perseguidos y estigmatizados por efectivos de la Policía Metropolitana, por el simple hecho de vivir en ese lugar.

En la reunión se hizo hincapié en los hechos ocurridos el pasado 29 de enero, en las inmediaciones del centro comercial Dot Baires Shopping, cuando efectivos de la Metropolitana reprimieron “violentamente” e “injustificadamente” a jóvenes y vecinos del barrio.

Durante el desarrollo del encuentro, en el que también estuvo presente el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Andrés Elisseche, los vecinos manifestaron vivir procesos de estigmatización porque “cada vez que salís del barrio la policía te para, y siempre a los mismos”.

En ese marco, Caamaño y Di Lello se pusieron a disposición de los vecinos, para orientar y colaborar en las denuncias que éstos quieran realizar en la Fiscalía de Saavedra, actualmente a cargo de la fiscal Caamaño.

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Los peligros de vivir en una villa



Es lamentable, ser pobre es riesgoso. Vivir en una villa y tener patotas con uniformes y fiscales con impunidad no es recomendable para un joven argentino. Alan Tapia lo padeció.

Alan, de 19 años, murió de un balazo disparado en febrero de 2012 por el entonces oficial del GEOF Rodrigo Valente, durante un allanamiento a su vivienda. Buscaban a su hermano por una causa secundaria, en situaciones muy confusas desde la misma gestión de la invasión policial. El CELS consideró que el allanamiento fue realizado en horarios nocturnos, prohibidos para este tipo de acciones. El propio Valente dijo que “no se veía nada, estaba muy oscuro”, aunque sostuvo que vio que Alan intentaba atacarlo con un arma tumbera, arma con la que no le hubiera podido perforar siquiera la tela de su equipo acorazado.

Los jueces consideraron inocente al ex oficial de un cuerpo de elite que mató a Alan Tapia al allanar su casa. El fiscal tampoco lo había acusado: había justificado el accionar policial porque los hechos ocurrieron “en el barrio Mitre, no en las islas Seychelles”.

Si no te mata la inundación, por culpa de un shoping y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te mata un cabo de la Federal y te remata un fiscal en complicidad con jueces: “Tapia no vivía en Puerto Madero, ni en islas Seychelles. Vivía en Villa (por Barrio) Mitre”, recordó el fiscal Eduardo Marazzi a los jueces Enrique Posse, Floreal De Laurentis y Alberto Huarte Petit.

Foto de Milton Tapia, hermano de Alan, quien fue doblemente asesinado por el Estado porteño, por vivir en el Barrio Presidente Mitre, catalogado como barrio privado en el catastro del GCBA y como villa por un fiscal.

CAMPAGNOLI, LA METROPOLITANA Y RIVER PLATE

Las irregularidades detectadas en la fallida investigación por la reventa de entradas en el club River Plate podrán formar parte del cúmulo de pruebas por las que el fiscal José María Campagnoli deba responder cuando se lleve adelante el proceso de juicio político en su contra, acusado de incumplimiento de los deberes y abuso de poder. En un duro fallo, el juez de la causa, Fernando Caunedo, además de advertir las falencias de la pesquisa, puso la lupa en el accionar de la Policía Metropolitana, que actuó sin la autorización judicial correspondiente. Solicitó que se abra una causa penal por las filtraciones del expediente a la prensa que frustró su avance, algo que podría sumarse al sumario disciplinario contra Campagnoli, bajo análisis en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.

Objeto procesal mal delimitado. Hipótesis delictiva sin fundamentación. Investigación paralela a una en curso en otro fuero. Datos incorrectamente recolectados. Imprecisiones en las medidas. Violación de secreto. Es el listado de todas las deficiencias que Caunedo encontró en la causa por reventa de entradas que fue instruida por un año y medio por el fiscal de Nuñez y Saavedra, y que fueron plasmadas en un crítico fallo en el que se anularon entrecruzamientos de llamadas, y se dejaron sin efecto detenciones, allanamientos y escuchas telefónicas, motivo por el cual todo el expediente corre serio riesgo de quedar en vía muerta.

INTERVENCIONES. "Se ha echado mano al resultado de las escuchas para ampliar el objeto procesal de la investigación, tanto desde la Fiscalía cuanto por la dependencia policial que actuó bajo su dirección; se ha procedido a la transcripción de conversaciones que nada tienen que ver con el fraude relativo a las entradas, que con la intercepción se procuraba dilucidar", afirmó Caunedo. La tarea cuestionada por el juez había sido encargada a la división investigaciones de la comisaría de la Comuna 12 de la Policía Metropolitana.

Campagnoli encargó la pesquisa a esa fuerza local a la que pertenecía uno de los imputados, Alejandro Rivaud, un ex agente de Inteligencia de la Policía Federal que desde 2012 reportaba a la Superintendencia de Investigaciones a cargo de Carlos Alberto Kevorkian. El metropolitano, de acuerdo con el expediente, disputaba con los barras de River el negocio de la reventa de entradas.

Caunedo subrayó que Campagnoli "no se ha ocupado de investigar" nada relativo a la mecánica de comercialización de entradas para los socios del club, ni los contratos que la vinculan con empresas para el sistema de canje. Tampoco de verificar la regulación sobre las llamadas "entradas de protocolo", sin constatar en esta etapa si hubo "perjuicio patrimonial" para River, una de las condiciones para evaluar si hubo delito, o si se trató de una contravención. Una causa paralela ya se estaba llevando adelante en un juzgado contravencional local con idénticos imputados.

CELDAS. La Metropolitana recabó para Campagnoli los listados de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos intervenidos, "con indicación de las celdas activadas", violando las disposiciones del Código Procesal Penal, con "el obvio propósito de establecer el lugar desde el que se efectuaban las comunicaciones", algo que no había sido autorizado. "A partir de esa 'información adicional' requerida sin conocimiento ni autorización previa de este tribunal, se han tejido nuevas hipótesis delictivas, para acreditar las cuales se echa mano a esa información indebidamente obtenida", fustigó el juez que las anuló. Caunedo enumeró que no fueron señalados los términos de las imputaciones a los acusados, ni tampoco con qué propósitos se había solicitado su detención, ni las pruebas buscadas en los allanamientos. Sin esas precisiones, para la justicia "habilitaría una excursión de pesca, como parece haberse procurado a través de la interceptación de las comunicaciones telefónicas". Cuando apartó a la fuerza de Mauricio Macri de la causa, el magistrado ordenó que se transcriban las escuchas pendientes para su completo relevamiento "que hasta ahora ha estado bajo control, por cierto discrecional y en varios casos excedido, de la policía o la fiscalía".

Campagnoli "también debía definir a quién encomendaría los registros domiciliarios, teniendo en cuenta el desborde constatado en las tareas encomendadas a la Policía Metropolitana", advirtió el juez entre "los vicios y extralimitaciones" que atravesaron la causa a cargo del fiscal.

DIFUSIÓN. La filtración selectiva de partes de la causa a la prensa, incluida la escucha a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, en la que se le ofrecía un presunto negocio para lavar dinero para Lázaro Báez, que finalmente fue remitida a la justicia federal, fueron las causales de que se dejaran sin efecto las medidas pedidas por el suspendido fiscal. "Los hechos de público conocimiento y la reciente filtración en la prensa del contenido de esta investigación, en la que había dispuesto secreto sumarial, han precipitado este pronunciamiento y frustrado lo que había sido su propósito", apuntó el juez que a mediados de diciembre anticipó que denunciaría a Campagnoli por violación de secreto.

AMPARO. Mientras se sustancia el juicio político en contra de Campagnoli, que ahora podrá incorporar las irregularidades en torno a esta causa, el suspendido fiscal intentó tramitar un amparo durante la feria judicial para que se anule todo el proceso y sea restituido en su cargo. Según se pudo constatar, la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland ordenó que se le dé traslado de la demanda al Tribunal de Enjuiciamiento, que originalmente fue mal dirigida sólo hacia la Procuración General, en una errada maniobra de su defensa encabezada por el ex diputado de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

AUTORIZACIÓN. Entre los fundamentos de su fallo con duros cuestionamientos a Campagnoli, el juez Fernando Caunedo advirtió que la Policía Metropolitana actuó sin la autorización judicial correspondiente.

gabriel morini

«PROGRESAR»

Creación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR). Inclusión social y laboral a jóvenes

Decreto 84/2014
Emitida el 23 de enero de 2014
Boletín Oficial, 27 de enero de 2014
ID infojus NV7026

SUMARIO:

Se crea el “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR), destinado a generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Alcance, Requisitos y condiciones.

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UNA OFRENDA EN EL INFIERNO

Barrio Villa Floresta, Bahía Blanca. Unidad 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense: más de 500 encerrados de toda la provincia de Buenos Aires.

El lunes pasado, mientras inspeccionaba el penal, la preocupación del director de esa cárcel le produjo un pico de presión, por el que debió ser asistido. La inspección encabezada por Procuvin llegó con 3 fiscales, 2 jueces provinciales, se sumó un defensor oficial y 15 abogados de los equipos de trabajo. Recuperado del pico de presión, se le ordenó al director del penal cocinar para los encerrados que llevaban horas y horas sin comer. Y hubo churrasco en el pabellón, a las siete de la tarde. Durante la inspección, presos en calabozos de castigos fueron realojados por disposición de jueces activos en pabellones con régimen de puertas abiertas. Tras la inspección, el director fue removido del cargo.

Durante el procedimiento pregunté varias veces dónde estaba Héctor Cuevas, un detenido que siempre se comunica por teléfono con la Procuraduría. Nos llama él. Nos llama su pareja, Paola. Muchas veces. Y muchas veces con situaciones urgentes.

Pregunté por Cuevas. En qué celda, en qué pabellón.

A las horas de recorrer el penal llegué a un sector de “buzones”. Celdas ciegas, de castigo, donde el encierro es absoluto. Entré a su celda de 2 x 3, inmunda, olor a mierda. Hacía 50 grados de sensación térmica, y los 50 potenciaban el olor, la falta de oxígeno, el espesor del aire. Le di la mano.

–¿Usted es Cuevas?

–Acá está Cuevas.

Y me miraba. Y quería hablar. Y no iba a poder.

Me invitó a sentar. Por silla, una lata de plástico de 20 litros, dada vuelta, mugrienta. Me senté. Cuevas se sentó en una especie asquerosa de colchón, sobre un camastro lleno de bichos. Adentro de esa celda de bloques hacía más de 50 grados. Las rodillas enfrentadas casi se tocaban. Una sola de mis rodillas era más voluminosa que las dos de él. Nunca comió bien. Le calculé entre 28 y 50 años. Una delgadez joven y gastada mezclada con una desnutrición vigente imprecisan su edad. La nitidez de una biografía borroneada, pensé. Lo observé. Parecía haberse revolcado arriba de un rallador de metal: los brazos cortados, las manos rajadas, la cara marcada, un pómulo corrido, la nariz desviada, las orejas tajeadas. El cuerpo agredido.

–Un gusto Cuevas. Soy fiscal federal, estamos inspeccionando condiciones de encierro. ¿Cómo está?

–Mal. Muy mal. Estoy mal –apenas pudo decir: en protesta se había cocido los labios y estaba en huelga de hambre hacía 10 días.

Se paró. Se levantó la remera. Flaquísimo, atravesado por tramos de cicatrices hondas, hernias, operaciones a cuchillazos, un pedazo de intestino a la vista, un globo blando en el abdomen que presionado reaparecía por el costado, una bolsa que funciona de ano contra natura, evidentemente infectada y con sangre. El todo sucio: no tiene modo de bañarse. Se lava con el agua que va al inodoro. Equivale, y sería menos, a tener que limpiarse el culo con las manos. Pero es peor.

–Muy mal estoy –sigue diciendo–. Mire –y me sigue mostrando. Se enoja un poco–. Acá si no fuera por Cipriano** que me ayuda siempre, y si no fuera por Abel Córdoba que también me da una mano, acá nos matan a todos. ¡Mire cómo nos tienen! ¡Mire cómo estoy!

Aproveché una pausa y dije:

–Héctor, yo soy Abel Córdoba. Sabía que estabas acá y vine a verte.

Es indescriptible la emoción que lo ganó. No gana nunca el chango. Perdió siempre, hasta con las emociones, que le ganan cuando se emociona. Le cambió toda la cara, le aparecieron movimientos nuevos, gestos que estaban apagados, y empezó a decir que no lo podía creer, que era a quien admiraba. Miraba para abajo, dejaba la vista fija y los movimientos en su cara no paraban. Se le llenaron de lágrimas los ojos, me abrazó. Lloró.

Un momento intenso, y a esa transferencia, que portaba desesperación y también equívoco, siguió otro muy particular: con la emoción sostenida se empezó a revelar el ademán del anfitrión. Quería dar algo, quiso, necesitó, ofrecerme lo que sea, y tendría que ser lo que no tenía.

Miraba para todos lados. Una bolsa con yerba marrón tirada en el piso era lo único que tenía. Nada más. Al cabo de esa búsqueda, agarró lo único que había en esa celda.

Tendría que haber sido lo que no tenía. Tendría que ser lo que tenía.

Agarró una cosa de trapo que hacía de almohada y me lo ofreció para que me sentara mejor, para que la pusiera sobre la lata. El momento me causó espanto, por percibir, ambos, la presencia de la desposesión más absoluta y tener que echar mano a un trapo como ofrenda, sostener y encontrarle forma a una atención en esas condiciones miserables. El cayó otra vez en su situación inhumana. Yo me di, otra vez, contra la imposición, que él padecía, de no poder encontrar con qué materializar la intención de dar algo.

No tener nada. No tener ni lo único que se tiene.

Hablamos un rato largo. Insistió en que no estaría ahí los 10 años que le habían dado por condena. Que prefería intentar pasar el muro aunque muriera. O ahorcarse en esa misma celda. Pero diez años así, no.

–No se puede. Diez años así, no –repitió–. No me atiende nadie, estoy enfermo, no puedo comer, no me dan comida, no veo a mi familia, no tengo agua, no salgo al patio, me están matando, y me van a matar. Diez años así, no.

Como si se pudiera un día.

Nos despedimos con un abrazo, los ojos brillosos otra vez. Insistía en la gratitud, mencionó una foto. No dije nada, me producía contrariedad, una imagen en ese lugar, con esa condición, se desajusta con la idea que tenemos de una foto de recuerdo. Toda fotografía es tiempo y luz. El tiempo es otra cosa ahí. Lo obturado es el absoluto. Quedó calladamente descartado.

Al salir de la celda supe que me sería imposible cerrar un solo milímetro esa puerta de hierro maciza de su encierro. Salí. No toqué la puerta. Que la cierre quien sea capaz de cerrar esa puerta.

Di unos pasos. Antes de doblar hacia un pasillo miré de reojo. Héctor estaba parado un milímetro atrás de la línea del dintel. Los brazos le buscaban el suelo. Levantó un poco la mano derecha. “Chau, Abel.” Venía la voz desde un milímetro más acá de la línea de los que estamos vivos. Un paso más, y se escuchó el estampido de la puerta de fierro contra el marco de fierro. Y las llaves contra los fierros y los fierros contra el aire. Y el candado contra el fierro. El sonido espamentoso del encierro, obturador de toda vida.

Relaté varias veces esta vivencia. Mi relato patina cada vez sobre la escena en la que me alcanza ese trapo para darme algo. Me conmocionó el ademán de anfitrión durante el tormento.

En charlas con Laura Sobredo, la psiquiatra del equipo de Procuvin, ella insistía: “Esa persona en ese momento, te quiso, y te quiso ahí”. Y convocó a Lacan, de quien viene más precisión acerca de todo esto. Lacan escribió que dar amor es dar lo que no se tiene a la persona equivocada.

Abel Córdoba

Abel Córdoba es titular de la Procuraduría de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, que desde marzo de 2013 realiza inspecciones en lugares de encierro de todo el país, tanto en ámbitos federales como provinciales.

** Roberto Cipriano García es funcionario de la Procuvin.

«HAY QUE HACER LA REFORMA POLICIAL O HACER LA REFORMA POLICIAL»

El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”.

Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”.

De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”.  

Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.

 “Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.”

Arslanian recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.

Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.

–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?

–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.

–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?

–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.

–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.

–La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.

–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.

–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.

–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?

–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.

–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.

–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.

–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?

–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.

–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?

–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.

–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?

–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.

–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?

–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.

Carlos Rodríguez

POLICÍA: NO HAY MIRADA ESTRATÉGICA

El diputado provincial Marcelo Saín es una de las principales voces en materia de seguridad. Fue el primer titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –la única fuerza de seguridad federal creada en democracia– y secundó a León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando se encaró un proceso de reestructuración policial, que quedó finalmente trunco tras su reemplazo por Carlos Stornelli.

El ahora legislador de Nuevo Encuentro aseguró que la crisis desatada en las últimas semanas demostró el colapso “de la modalidad de gestión política de la seguridad”, producto del resquebrajamiento de un “doble pacto”. Por un lado, el “pacto político-policial” y por el otro el “pacto policial-criminal”.

Según Saín, en este contexto se generan las condiciones para avanzar en un proceso de reforma con tres etapas: la reconstrucción de soberanía política sobre la seguridad y las policías, la redefinición del proyecto institucional de policía y, en tercer lugar, la “laboralización del trabajo policial”.



–¿Qué mirada tiene sobre los levantamientos policiales?

–Fue un reclamo salarial y después hay que ver la consecuencia institucional de eso.

–¿Cómo analiza entonces ese reclamo?

–Ha habido un fuerte malestar laboral en las policías. Lo que quedó demostrado a partir de esta crisis es que estas policías conviven fuertemente con bolsones de trabajadores pobres, que a sí mismos no se consideran trabajadores. Y que además no lo son desde el punto de vista jurídico, porque no portan ningún derecho laboral. Eso tiene que ver con la configuración de estas fuerzas fuertemente militarizadas y estructuradas sobre la base de la sumisión al superior. Esto eclosionó. Una de las manifestaciones más fuertes de esta situación de crisis es una suerte de licuación de la estructura de mando tradicional, que ya no es administrable por las cúpulas con el reglamento militarizado en la mano. Uno de los fenómenos que hemos visto en estos días es que no ha habido clandestinidad en la demanda. Es un fenómeno que yo no lo asimilaría a ningún otro tipo de hecho de desestabilización por parte de fuerzas policiales. El segundo aspecto es la existencia de estructuras de conducción policial profundamente anacrónicas y con muy escasa capacidad de gestión de la crisis. Y en esto hay que destacar la ausencia total de estructuras de gestión política. A punto tal es la acefalía y la defección política en las provincias –existan o no ministerios de seguridad–, que en ninguna se vislumbró capacidad política de gestión de la información y de la conflictividad. Eso obligó a que los propios gobernadores de manera directa intercedieran ante la crisis, incluso en algunos casos estableciendo diálogos y negociaciones con los propios sectores que establecieron los reclamos. Le pasó a un gobierno como el de De la Sota, que le concedió a la policía todo el poder, al punto de llevar como ministro de Seguridad a Alejo Paredes, vinculado con la oficialidad de la dictadura militar.

–Precisamente allí es donde se desencadena el conflicto, que después se reproduce en otros distritos...

–Sí, pero es un error decir que en el caso cordobés están reaccionando a la falta de fondos provenientes del crimen. Eso es desconocer que los fondos provenientes del narcotráfico no se distribuyen socialmente de manera equitativa. Hay también policías que reaccionan frente a las cúpulas. En la proclama anónima del 14 de diciembre, los tipos claramente están diciéndoles a los jefes que no protegen a los trabajadores, que son ricos, están vinculados al crimen, y ellos no son delincuentes.

–¿Pero cómo se pasa de un reclamo salarial a esta situación?

–Esta crisis arranca siendo una demanda laboral, pero termina siendo una crisis política por ausencia de gestión política sobre estas cuestiones. Hemos vislumbrado que algunos sectores internos en algunas provincias se montaron sobre muchas de estas cosas que deben ser internas entre ellos. El tipo de Mar del Plata que libera la zona para que saqueen el centro, quizás esté motivado por razones internas con el jefe departamental, que no tiene nada que ver con el conflicto original. Pero hay un contexto donde es funcional la canalización de ese conjunto de conflictos o diferencias internas. Allí sí después hubo lo que la policía sabe hacer: liberación de zonas, pactos con sectores criminales, estímulo a determinados saqueos.

–¿Hubo intencionalidad en los saqueos?

–En algunos era claro. Lo dijo el gobernador de Chaco y es creíble. En Córdoba también por algún sector policial. En Mar del Plata claramente hubo comisarios comprometidos con los saqueos. Pero hay que analizar caso por caso. En Buenos Aires, entre los policías de Adrogué, La Plata y los de algún otro sector más no comprometían más de mil miembros de la institución sobre 60 mil. Pero el grado de repercusión política que eso tiene es enorme, no solamente porque sea fogoneado por algún medio de comunicación, como hizo TN, que claramente alentó a que esto ocurriera y se expandiera. Por fuera de eso el hecho en sí mismo es muy acotado, pero tiene un grado de repercusión política y social muy elevado. En la provincia, los únicos saqueos que ocurrieron fueron claramente fogoneados por la propia policía. Claramente hubo liberación de zonas. ¿A qué respondió? No fue una maniobra de sectores provinciales, quizá responda a factores muy propios del lugar.

–Algunos gobernadores apuntaron que es responsabilidad del gobierno nacional...

–La principal responsabilidad es el desmanejo político de la policía. Esta policía no es resultado del espíritu santo. Es la policía de esta política. Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y éstas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto es lo que se empieza a agrietar. A través del desmanejo de las organizaciones policiales se agrieta el pacto político policial y, a través del crecimiento del crimen más complejo y organizado y su autonomización respecto de la regulación estatal, como hemos visto en los problemas con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se empieza a quebrar el pacto policial-criminal. Es simultáneo, forma parte de lo mismo. Y ahora, cuando se quiebra ese doble pacto, no hay resto político para enfrentar el tema, porque al darle el gobierno de la seguridad a la policía, nunca se construyó capacidad de gestión política. El gran desafío no es tanto el proceso de reforma policial, esa es una segunda etapa, lo más importante es construir capacidad de gestión política.

–¿Y por qué no se avanzó por ese camino?

–Porque la política cree que esto es ingobernable. Y siempre a los gobernantes, que saben que estos procesos son de largo plazo, les cuesta mucho, primero, crear estructuras especializadas de gestión y no ven ningún tipo de beneficio político inmediato. Y al mismo tiempo creen que va a haber contestación de sectores policiales y/o políticos y judiciales contra cualquier impronta de reforma. No hay mirada estratégica. Y un proceso de cambio implicaría acuerdos políticos porque va más allá de la temporalidad de un gobierno. Si acá no hay una reapropiación política de la conducción de la seguridad y de las policías, sucesivas crisis van a ocurrir y se van a comer un pedazo de la soberanía política argentina.

–¿Qué posición tiene sobre la sindicalización?

–Ese debe ser un punto de llegada, la conversión del empleo policial en un trabajo. Hay un abordaje esquizofrénico del Estado y de la política con relación a los policías. No podemos tener policías con doble empleo. Tiene que haber un nivel salarial que imponga la exclusividad. Si no, no hay profesionalización y desempeño eficaz de las tareas. Las condiciones materiales de trabajo hay que revertirlas. Y hay que permitir el derecho a futuro a la agremiación y a la negociación colectiva, no así el derecho a huelga. La sindicalización tiene que ser pensada en el marco de un cambio mucho más integral en la policía.

–¿Cuál sería?

–La reconstrucción de soberanía política y de capacidad de gerenciamiento político de la seguridad y de las policías. Repensar las policías. Hay que tener un nuevo proyecto institucional de policía, que resulte de un debate nacional acerca de para qué está, cómo se debe organizar y cuánto debe costar una policía a la altura de la gestión democrática de los conflictos. Y el tercer punto es el laboralización del trabajo policial.

–¿La creación de las policías municipales es parte de la solución?

–Sí, es un cambio importante. En Buenos Aires, la municipalización de las policías en las grandes ciudades es una de las respuestas que el sistema político bonaerense va a dar a esta crisis, a nivel de seguridad preventiva. Los intendentes se convierten en los jefes de policía y tienen policías totalmente nuevas, con personal capacitado nuevo, a su servicio, para poder gestionar localmente la seguridad. Va a tener funciones solamente abocadas a la seguridad preventiva, al crimen menor en la calle. No va a tener tareas investigativas vinculadas con el crimen organizado, ni con control de grandes manifestaciones, ni con operaciones especiales.

Sebastian Abrevaya

DEMOCRACIA Y POLICÍA

“Desde la época de Rivadavia, tenemos una policía de ocupación territorial. Hemos copiado la constitución de Estados Unidos y la Policía Borbónica francesa. No copiamos la policía de condado. En el siglo XIX unos garantizan recaudación autónoma, otros gobernabilidad. Hoy los policías se han autonomizado”, dice el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.

“Celebramos 30 años de gobiernos constitucionales. Pero en estos 30 años no pensamos en una renovación del modelo policial. Es una deuda de la democracia, pensar cómo renovar el modelo policial, cómo hacer una Policía conforme a un estado de derecho democrático, con las características de nuestro país. Hay que buscar otros modelos”.

Zaffaroni se pronunció en contra de la huelga por parte de la policía ya que se trata de un servicio de primera necesidad y precisó que las negociaciones deben lograrse con mayor celeridad y presteza.

“Si el servicio de seguridad desaparece, siempre va a haber alguien dispuesto a hacer algo. Eso es inevitable”.

“Este tipo de planteos no deben llegar a estos extremos. Hay que resolver y negociar antes. Algún medio de comunicación debe haber”.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky anunció que están trabajando “con los otros sectores que integraron el Acuerdo para una Seguridad Democrática, porque lamentablemente las cosas que están pasando demuestran la exactitud y la certeza de los planteos que nosotros hicimos”.

El periodista aseguró que “había una urgente necesidad de reforma policial y de un enfoque democrático de la seguridad y ese no ha sido el criterio que se ha seguido en la mayoría de las provincias”.

“Ese no ha sido el criterio que se ha seguido en forma constante desde el Estado Nacional tampoco, si bien hay diferencia apreciable entre el Estado Nacional y las provincias y las consecuencias son las que estamos viendo en estos momentos”.

“Nos parece absolutamente oportuno volver a plantear e insistir con todos los criterios que requiere una concepción democrática de la seguridad”.

Respecto a los acuartelamientos, Verbitsky consideró que hay varios elementos significativos y entre ellos detalló: “Uno es la participación de las policías provinciales, de las cúpulas de las policías provinciales en redes de ilegalidad. La participación en negocios ilícitos”.

“Esto se ha manifestado muy claramente en las tres principales provincias, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.

El Presidente del CELS dijo que cada una presenta con procesamiento distinta, “pero con un trasfondo idéntico que es la policía como regulador y como partícipe de los delitos que debería combatir y la relación que esto implica además con el poder político provincial respectivo”.

Detalló que se trata de una relación de negociación permanente, de espacios de poder, de espacios económicos inclusive, que según las circunstancias se van modificando.

Por otro lado hizo referencia a una fractura entre las cúpulas policiales y los trabajadores policiales que no están en las cúpulas.

“Porque quienes participan en esta negociación con el poder político y con las redes de ilegalidad son las cúpulas, no son todos los policías”.

Y resaltó que “en los momentos en que hace crisis el pacto de gobernabilidad entre las cúpulas policiales, el delito organizado y el poder político provincial, se agudiza esa contradicción con las bases policiales”.

Además destacó que existe una relación perversa y grave entre las fuerzas policiales y los varones jóvenes de los barrios marginales, de los barrios pobres, que por un lado “son constantemente reprimidos como medida de control social, sin ninguna relación con el delito, simplemente para impedir que ocupen ciertos espacios urbanos que están reservados para las clases más prósperas y en algunas provincias esto tiene por otra parte un componente racista, como en Córdoba”.

Verbitsky consideró que el Acuerdo para una Seguridad Democrática “tiene cada día más viabilidad porque aquello que nosotros planteamos hace más de tres años, hoy está incorporado a cierto sentido común de la sociedad”.

“En aquel momento había que explicar muchas cosas que no eran claramente percibidas: Hoy son claramente percibidas. Y además, están a la vista las consecuencias del camino contrario, que son verdaderamente trágicas y dolorosas” .

El periodista considero que el mensaje de la nueva Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y el mensaje de anoche de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner toman realmente esas líneas de acción, pero aclaró que el “tema estará en ver cómo se consigue que esa línea de acción que plantea el gobierno nacional sea adoptada por los gobiernos provinciales”.

Consultado sobre el pliego de ascenso del Jefe del Ejército, César Milani, Verbitsky señaló: “Nosotros hemos impugnado ese ascenso y hemos aportado al Senado los elementos que fundamentan la impugnación, como hacemos desde hace 30 años con todos los pliegos de ascensos de personal militar contra el cual haya elementos que permitan presumir su participación en los crímenes del terrorismo de Estado”.

ACTUALIZAR O NO ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS

El Código Civil debe ser una herramienta para la ampliación de derechos


La iniciativa de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación representa una oportunidad única para lograr un cambio legislativo que amplíe derechos e incorpore los estándares y obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.

El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad histórica de no desperdiciar esta oportunidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera indispensable que se contemple y procure resolver y atender la situación de informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país. En su defecto, obtendremos un nuevo código signado por una perspectiva clasista que terminará legislando para los sectores de mayores ingresos y menores necesidades. Algo incongruente con el proceso de ampliación de derechos, a treinta años de la democracia argentina.

En el debate sobre la responsabilidad del Estado, también deberían sopesarse tanto el interés social como los criterios igualitarios de reparación para las personas que reclaman y que la regulación de daños civiles no sea disuasoria del ejercicio de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público.


Se debe incluir la función social de la propiedad

La supresión en el dictamen de Comisión de la función social de la propiedad es un grave retroceso que desprotege a los sectores más necesitados de la sociedad. El reconocimiento de este principio es imprescindible para la constitucionalización y modernización del Código, que lo ubique en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Su incorporación no afectaría el derecho de propiedad sino que lo armonizaría con el interés social, a tono con países de la región que poseen este principio con rango constitucional como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador.

Este principio debe ser acompañado de nuevos instrumentos de adquisición del dominio, que ofrezcan alternativas de regularización para las formas de habitar popular y herramientas de intervención estatal para resolver el acceso al suelo y al territorio que afectan a cientos de miles familias pobres en áreas urbanas y rurales.

Como está planteado, el dictamen de la Comisión Bicameral contempla sólo formas jurídicas que permiten regularizar los actuales modos de vivir de los sectores de altos ingresos (barrios privados) y excluye la regularización de las maneras de vivir (villas y asentamientos urbanos) y producir (tierras rurales para los campesinos) de los sectores más pobres y vulnerables.


Responsabilidad del Estado

El CELS considera que lo relevante no es si la regulación de la responsabilidad del Estado, por sus actos lícitos o ilícitos, se realiza través de una ley federal específica o a través de la legislación civil de fondo. Sino que antes, es preciso que se incorporen los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano, en caso de responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, se exige: reparación integral, restablecimiento del derecho violado, indemnización -que puede ser pecuniaria-, rehabilitación de los daños ocasionados y no repetición de las situaciones que generaron la afectación y la concreción del proyecto de vida.

Ninguno de estos parámetros está dirigido a asegurar las ganancias de empresas o actores privados, o indemnizar el lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por actividad lícita. Por el contrario, lo que exigen es que se asuma la necesidad de que el Estado pueda reparar adecuadamente ante situaciones como el dictado excesivo de prisiones preventivas o el ejercicio abusivo de la fuerza en manos de funcionarios de fuerzas de seguridad, entre otras. Se trata de casos que en la actualidad, tal como está planteada la regulación, no encuentran una reparación integral, sea por la duración del proceso, por los razonamientos judiciales o por las demoras en ejecutar las sentencias.


Libertad de Expresión

Con respecto a las cuestiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, preocupa que en las modificaciones relacionadas con la protección de la vida privada no se incorpore la mención a los asuntos de interés público como excepción a la posibilidad de reclamar indemnización. Así, el proyecto no brinda protección adecuada a la función periodística, ya que mantiene la potestad del juez de establecer indemnizaciones que, en última instancia, tienen un efecto disuasorio.

El Código Civil debiera contener un mandato, al momento de fijar indemnizaciones que tengan como causa expresiones referidas a asuntos de interés público, que evalúe que el monto de la indemnización no sea de tal entidad que afecte el libre debate propio de una sociedad democrática.

Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS)

OPERACIONES SUCIAS CONTRA LA LEY

Elisa Carrió quiere hacerle juicio político al Presidente de la Corte. Jorge Lanata vende humo desde sus programas. Las operaciones mediáticas de desprestigio siguen a toda máquina.

Lorenzetti: no habló con Zannini por la Ley de Medios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que si bien se comunicó por otros temas con el secretario Legal y Técnico, no lo hizo por esa ley. Y pidió al diario Perfil que aclararan lo que había distorsionado.







1.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó hoy que las reuniones con el Poder Ejecutivo "forman parte de una actividad normal de la República", y defendió la independencia de poderes.

"La democracia necesita un debate robusto de los actos estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación".

"Que en nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional, los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública", concluye el comunicado.

ADJ-0.671898001383661224

2.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional respaldó a la Corte Suprema y pidió "respeto" a los fallos.

A través de un comunicado oficial, la AMFJN pidió el respeto irrestricto a las decisiones judiciales, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el texto, los magistrados señalaron: "Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio".

ADJ-0.565112001383583492

3.
La Corte rechazó el pedido de la oposición para suspender la aplicación de la Ley de Medios

El máximo tribunal de justicia desestimó la presentación realizada por un grupo de diputados para que la Ley 26.522 no fuese aplicada. El planteo fue descartado porque los legisladores no son parte de la causa.
La presentación para reclamar la suspensión de la ley había sido realizada por los diputados del interbloque PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González y Roberto Pradines.



4.
Propuesta de adecuación voluntaria presentadas por el Grupo Clarín, complementaria a la hecha por Fintech Advisory Inc.